La Red Jalisciense de Derechos Humanos ya tiene seis personas que han aceptado integrarse; se busca identificar “verdaderos responsables” de tragedia.
Agustín del Castillo / Guadalajara. MILENIO JALISCO.
La Red Jalisciense de Derechos Humanos ha conformado ya una "comisión de verdad" que, tras 25 años de los acontecimientos trágicos que mataron a más de 200 personas por el estallido de los colectores del sector Reforma, que se cumplen el próximo 22 de abril, defina de forma correcta y documentada los hechos y las responsabilidades, de acuerdo al informe anual de la agrupación, emitido en diciembre pasado.
"Durante la conmemoración del 24 aniversario [...] nos reunimos con un grupo de líderes de la zona siniestrada del Sector Reforma, encabezados por los ciudadanos David Méndez, Ricardo Villarroel, Sonia del Carmen Solórzano y J. Fernando Acosta; nos reunimos y acordamos para la celebración, en abril de 2017, realizar una conmemoración digna y diferente a las anteriores –'amnésicas'-", lo que derivó en reuniones mensuales en el kiosko del templo de San Sebastián de Analco.
El 21 de mayo y 25 de junio se dieron primeras reuniones de trabajo, se instaló un comité organizador "a fin de integrar una Comisión de Verdad que actuando como un comité ciudadano y de conciencia, pudiera esclarecer las causas y responsables de la tragedia provocada por Pemex-SIAPA-Sedue [Secretaría de Desarrollo Urbano y Ecología, federal]-Bomberos Guadalajara, señalando la responsabilidad inocultable del Estado mexicano en su criminogénesis".
Para el efecto, se lanzó convocatoria a una docena de jaliscienses, que conocieran del tema y que tuvieran trayectoria de lucha por derechos humanos. Los convocados: Rosana Reguillo Cruz, Jorge Rocha Quintero y Miguel Baszdrech Parada, del Iteso; Jorge Regalado y Jaime Preciado Coronado, de la UdeG; Raquel Gutiérrez Nájera, presidente del Instituto de Derecho Ambiental (Idea); Manuel Villagómez Rodríguez de la Fundación Lerma Chapala Santiago; el presbítero católico Ignacio Virgen Buenrostro, de las comunidades eclesiales de base; Guadalupe Morfín Otero, ex titular de la Comisión Estatal de Derechos Humanos; Manuel Falcón Morales, periodista, y los ciudadanos Martín Márquez Carpio y Juan Lanzagorta Vallín.
"Hasta la fecha de la realización de este informe contamos con la aceptación de seis convocados [no precisa cuáles]. En el próximo aniversario, presentaremos en asamblea pública o popular a los integrantes de la comisión, protestarán el cargo, y trabajarán en la investigación del caso hasta integrar un veredicto final, que se publicará como libro" en 2018.
La red también integró una comisión de derechos humanos en el seno del Consejo de Abogados del estado de Jalisco; enfrentó problemas políticos internos en la Red Mexicana de Afectados Ambientales (REMA) – de la que fue excluida por influencia "del cacicazgo colimote" que trata de sacar adelante los proyectos mineros en la zona indígena de Manantlán- y se articuló dentro del Grupo de Amigos de Fray Antonio Alcalde, "para impulsar la causa de canonización del actual siervo de Dios, en la óptica dela tradición iberoamericana de derechos humanos".
Otra actividad esencial fue la gira anual que realizan miembros de la agrupación en la zona de los límites en conflicto entre Jalisco y Colima. "La mayor novedad de los brigadistas fue constatar [...] ante la presencia de 1,700 nahuasy líderes de la comunidad, el consenso alcanzado para desactivar el ejido cenecista, creado en agosto de 1963 por el presidente Adolfo López Mateos, con los obvios auspicios del general Marcelino García Barragán y su cacicazgo regional [PRI-Gobierno], a fin de regresar o reconstituir el régimen de usos y costumbres de la comunidad indígena originaria".
Claves
La tragedia del 22 de abril de 1992 no sólo es el mayor desastre registrado en la historia de Guadalajara, sino el parteaguas de cambios políticos decisivos
Si bien, el gobierno federal reconoció tácitamente la responsabilidad de la paraestatal Pemex, y de instancias estatales, nunca se formalizó judicialmente
Los sobrevivientes señalan que los sucesivos gobiernos estatales escatiman recursos pese a que les dejó daños de por vida que los imposibilita laboral y económicamente
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