La SIOP amenaza con no dar presupuesto a la obra de restauración de sitios sagrados y camino-jardín, pese a que fue condenado el gobierno por un juez federal a reparar los daños
Agustín del Castillo / Guadalajara. MILENIO JALISCO
La destrucción de 19 kilómetros del viejo camino de Bolaños a Huejuquilla, incluidos sitios sagrados, en territorio comunal de Santa Catarina Cuexcomatitlán (Tuapurie), fue detenida por la comunidad aborigen desde los primeros días de 2008. Nueve años después, el daño generado por el gobierno de Jalisco no se ha reparado.
Esto, no obstante que un largo juicio de garantías fue ganado en todas las instancias por los wixaritari, lo que no hace opcional sino obligatoria la inversión del gobierno estatal para restaurar la zona – si bien la tropelía se cometió durante la administración de Emilio González Márquez (no había permisos dela comunidad ni autorización de impacto ambiental), la responsabilidad es institucional-, y realizar un camino de características ecológicas y culturalmente aceptables para ellos.
Aunque la administración de Aristóteles Sandoval Díaz ha aceptado plenamente la sentencia, y ya existen proyectos de la obra y las restauraciones, esto se ha tropezado en la Secretaría de Infraestructura y Obra Pública (SIOP) con problemas presupuestales, que ponen en riesgo que este año se cuente con recursos, de acuerdo a lo que informó la dependencia a una comitiva de comuneros que asistió a reunión esta misma semana.
Son 39 millones de pesos el costo del camino, de acuerdo a información de los asesores de los huicholes. Un costo relativamente menor si se considera que un paso a desnivel en el área metropolitana de Guadalajara se lleva de 200 a 300 millones de pesos. El compromiso, tras casi siete horas de trabajo en la sede de la SIOP la tarde del 17 de enero, fue definir a finales de este mes si se pudo “priorizar” presupuesto, ambigüedad que irrita a los huicholes, según señalaron fuentes oficiosas a MILENIO JALISCO.
Los comuneros realizarán el próximo 28 de enero una ceremonia en el Paso del Oso, el principal sitio que fue afectado por los contratistas de la entonces Secretaría de Desarrollo Urbano, hoy SIOP. La ceremonia es para despedir a los peregrinos que se encaminan con rumbo al oriente, a Wirikuta, enclavado en el cerro El Quemado, San Luis Potosí, la zona sagrada más simbólica de su cosmovisión. Para el efecto, han invitado personalmente al titular de la SIOP, Netzahualcóyotl Ornelas Plascencia, con la idea de que tome de forma directa el pulso del problema. La falta de un camino en condiciones óptimas genera mayores dificultades en las comunicaciones para los moradores de la sierra, que de por afrontan la marginación histórica más amplia y mejor documentada del estado de Jalisco.
El énfasis de la urgencia de los comuneros tiene tres aspectos esenciales: se trata de una sentencia ya incombatible de un juzgado de distrito, ratificada por un colegiado, y que no puede dejarse de ejecutar; están de por medio además la amplia gama de derechos indígenas que el gobierno mexicano ha reconocido en tratados internacionales como el convenio 169 de la Organización Mundial del Trabajo y la Corte Interamericana de Derechos Humanos; y SIOP representa en última instancia una responsabilidad del gobernador en turno, que tiene “en bandeja” la oportunidad de demostrar que los indígenas no sólo le importan, sino que son prioridad.
LA HISTORIA
En noviembre de 2007, la asamblea de Tuapurie acuerda el rechazo a las obras que ya realizaba la Sedeur. En febrero de 2008, los afectados establecieron un plantón permanente en el paraje conocido como la Ciénega de los Caballos, y detuvieron las obras. En ese contexto, la Sedeur mostró a MILENIO JALISCO actas de asamblea donde se demostraría que los indígenas habían votado a favor de la carretera, pero se trataba de un documento falsificado en las oficinas de la dependencia con firmas de la autoridad comunal a la que se anexaron firmas de asistencia (edición del 16 y 20 de febrero de 2008).
Eso los llevó a reclamar justicia por dos vías: el juicio de amparo y una denuncia penal. En el primer caso, fue hasta el 4 de junio de 2011 que el Tercer Juzgado Auxiliar de Culiacán, que apoyó al juez primero de Guadalajara para aliviar la carga procesal, “emitió sentencia mediante la cual amparó y protegió a la comunidad para el efecto que la Sedeur cancelara efectivamente la carretera en tanto no consultara a la comunidad; asimismo estableció que no se considerará cumplida la sentencia en tanto no regrese todo al estado en el que estaba antes de la violación”.
Tras la sentencia en contra, la todavía Sedeur intentó desconocer los daños que ocasionó a la comunidad; en respuesta, Tuapurie aportó la certificación de daños. El 2 de mayo de 2012 se presentó la solicitud formal al juez de un incidente para determinar los requerimientos técnicos para dar cumplimiento a la sentencia.
El 10 de mayo de 2012 se ofrecieron pruebas testimoniales, documentales, periciales en materia de topografía, antropología y recursos naturales y externalidades, así como la prueba de inspección judicial. El 28 de mayo del 2012 se desahogaron las pruebas testimoniales y el 12 de junio la inspección judicial. El 22 de agosto del 2012 se presentó el peritaje en materia de antropología. El 24 de agosto del 2012 se presentaron y ratificaron las pruebas periciales en materia de topografía y en materia de recursos naturales y externalidades. La Sedeur realizó manifestaciones sobre los peritajes negando competencia al juzgado y alegando “subjetividad” en los reclamos.
No obstante, el 31 de enero de 2012 quedó firme la sentencia de amparo. 20 meses después, el 19 de septiembre de 2013, se determinó cómo será ejecutada. Contra ello, el gobierno de Jalisco ya bajo la responsabilidad de Sandoval Díaz, interpuso un recurso de queja, el 8 de octubre de 2013 ante el Cuarto Tribunal Colegiado de Distrito en materia Administrativa. Ese tribunal determinó, el 14 de mayo de 2014, que no procede la queja, lo que deja la sentencia firme y obliga a reparar el daño a la hoy SIOP del estado.
El 14 de agosto de 2015, se terminó el conflicto. En una ceremonia en el mismo Paso del Oso, las autoridades comunales y la SIOP acordaron retomar un proyecto de camino ecológico muy distinto a la obra que quiso ser impuesta por el gobierno de González Márquez.
“Hemos logrado llegar ya al acuerdo del cumplimiento sustituto de la sentencia 596/2008, que desde el 4 de junio de 2011 condenó a la secretaría a reparar los daños ocasionados por las obras; hubo mucha voluntad de las partes, logramos recuperar la confianza de los comuneros, y el pasado 13 de marzo, en el poblado Pochotita, la asamblea general aprobó de forma unánime el acuerdo de reconstruir los 19 kilómetros con un camino ecológico en piedra ahogada y con huella de concreto en dos franjas que facilitará el tránsito de vehículos; también hemos dado preferencia a dar empleo a personas de la propia comunidad […] la ceremonia es para pedir perdón a la madre Naturaleza, al tiempo de también obtener su permiso para hacer los trabajos, de lo que ellos han llamado un camino-jardín”, dijo ese día la responsable jurídica de la SIOP, Julieta Parra.
Pero a partir de entonces, todo comenzó a retrasarse. La idea era que los trabajos de restauración permitieran reconstruir el Paso del Oso en los siguientes tres meses, y después el trazo completo de la carretera. Han pasado más de 18 meses, y sólo se ha avanzado sobre 1.5 kilómetros, con bastantes problemas en la fidelidad al proyecto aprobado. Ahora les dicen que quizás no haya dinero para terminar con el compromiso.
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CLAVES
Entresijos jurídicos
Amparo, el mandato judicial: “se concedió el amparo y protección de la justicia federal para el efecto de que la autoridad responsable Sedeur del estado de Jalisco deje insubsistente todos los actos inherentes a la ejecución del proyecto carretero Bolaños –Huejuquilla El Alto, específicamente del kilómetro 70 más 400 [metros] al 89 más 580, que afecten la propiedad de la parte quejosa…”, dijo el juez I de Distrito de esta ciudad el 26 de mayo de 2014
Delitos cometidos por funcionarios de la Sedeur por alterar actas comunales. Para el agente del Ministerio Público Federal responsable de combatir los delitos ambientales, en la averiguación previa 2982/2011 no se encontraron evidencias de conductas activas u omisas que acrediten delitos en el tema de la construcción de la carretera Bolaños-Huejuquilla, lo que generó malestar en los comuneros de Tuapurie
Fuente: archivo de MILENIO JALISCO
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