Seguridad y servicios se mantienen como renglones de baja calidad en los municipios; los vecinos apuestan por remediarlo en núcleos cerrados.
Agustín del Castillo / Guadalajara. MILENIO JALISCO.
El auge explosivo del fenómeno de los desarrollos urbanos cerrados, o "cotos", deriva de la falta de regulación por parte del Estado, y de la explotación por el sector inmobiliario de la búsqueda primaria de seguridad de los ciudadanos, una preocupación tan creciente, que ha derivado en que muchas de esas urbanizaciones ya no existan solamente en las zonas más pudientes de la metrópolis, sino incluso en zonas socialmente deprimidas, como Tonalá, sostiene el geógrafo Bernd Pfannenstein, catedrático e investigador en la escuela de Arquitectura de la Universidad Autónoma de Guadalajara (UAG).
El especialista presentó la tarde de ayer una ponencia sobre el tema, fruto de un trabajo a detalle a nivel de planos para determinar los sitios de los aproximadamente 2,500 fraccionamientos de esas características que se ubican en el área metropolitana de Guadalajara, más de la mitad de los cuales están en Zapopan.
"Como otros municipios del AMG, Zapopan se encuentra en el camino a una ciudad fortificada, además, el grado de marginación muestra un patrón de ciudad socialmente desigual, polarizado y fragmentado, esto como consecuencia de la división territorial y las implicaciones que tiene la interacción social en el mismo [...] se requiere llevar a cabo una regularización del crecimiento de las urbanizaciones cerradas residenciales y un fortalecimiento del concepto de la ciudad abierta pues, la presencia de uno y la ausencia del otro, desarticulan la ciudad oponiéndose a los objetivos de funcionalidad e inclusión que los países latinoamericanos buscan lograr. Las políticas neoliberales que rigen la fase de urbanización actual están impactando en la forma como se ha venido construyendo la ciudad [...] la realidad urbanística que significan no ha sido incluida en el marco normativo", dijo a MILENIO JALISCO en un resumen del trabajo, que también fue presentado en octubre de 2016 en la ciudad de Madrid, España.
Si bien, se trata del análisis más actual del fenómeno, y no abundan estudios de ese tipo, una década y media atrás, los investigadores Luis Felipe Cabrales Barajas, del departamento de Geografía y Ordenación Territorial de la Universidad de Guadalajara, y Elia Canosa Zamora, del Departamento de Geografía de la Universidad Autónoma de Madrid, hicieron un estudio pionero.
"Independientemente del grado de legalidad, el modelo de los fraccionamientos cerrados puede resultar legítimo para los promotores y usuarios de esos espacios. También es perfectamente entendible que resuelva problemas que el Estado no puede enfrentar y por lo tanto se magnifiquen sus beneficios. Los organismos de planeación urbana y la propia ciudadanía deberían hacer un ejercicio de evaluación de costos y beneficios que esta modalidad urbana supone para la ciudad en su conjunto. Se puede argumentar, por ejemplo, que genera espacios de alta calidad ambiental que permiten la infiltración de agua e incrementan la masa forestal, lo cual genera beneficios indirectos para toda la ciudad. Pero al mismo tiempo dificultan la circulación vehicular puesto que los largos muros cerrados entorpecen la fluidez vial y obligan a realizar trayectos más largos con el consiguiente gasto en tiempo y combustible", lo que contribuye a una peor calidad del aire, destacaban.
El análisis se titula "Segregación residencial y heterogeneidad urbana: los fraccionamientos cerrados en Guadalajara". Añaden un aspecto que puede ser medular: "no cabe duda que la expansión de este tipo de espacios puede resultar cómoda para el Estado desde el momento en que se desentiende de una parte de la ciudad, pero también se necesita evaluar sus efectos sobre la fiscalidad municipal [...] aunque esto forma parte de las libres fuerzas del mercado y aun reconociendo que es difícil de corregir, sería pertinente conocer su lógica de funcionamiento".
En 2017, se mantiene como un fenómeno urbano extendido sobre cerca de 10 mil hectáreas citadina, pero precariamente reflejado en la ley y las acciones públicas.
La otra cara
"No dudo que haya casos de cotos mal planeados o que privaticen espacios púbicos, pero creo que hay muchos lugares comunes en torno a este asunto. Por ejemplo, el coto donde vivimos es propiedad privada en condominio, hay seguridad, buena vecindad, un centro comunitario, alberca y jardines para los niños, servicios de limpieza y otros. Es propiedad privada —como la de una escuela, un hospital, un edificio— donde hay 'comunidad', por decirlo en los términos que les gustan a los académicos. No se obstruye ninguna avenida; hay ciclistas dentro y fuera del coto y la mayoría de los vecino nos llevamos bien, hay juntas periódicas para tratar problemas, como la poca ayuda del ayuntamiento de Tlajomulco para mantener camellones y banquetas. Hace falta reflejar la visión de los habitantes de estos lugares [...] creo que estos espacios, si se construyen con acuerdo con la ley y ofrecen ventajas a sus habitantes, son una opción muy válida para enfrentar una ciudad hostil, insegura. Creo que estos académicos exageran cuando dicen que la ciudad se fragmenta, como si fuera un todo orgánico y armonioso". Testimonio de un morador de fraccionamiento Nueva Galicia.
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