sábado, 12 de abril de 2014
La triste historia del puñado de ancianos contra el progreso
Los moradores de Temaca están dolidos porque piensan que el gobernador Aristóteles Sandoval prefirió sacrificarlos a favor de los grandes intereses de un megaproyecto.
Agustín del Castillo / Temacapulín, Cañadas de Obregón. MILENIO JALISCO
En su enfrentamiento de nueve años contra un puñado de ancianos que han defendido, en las condiciones más hostiles, la permanencia del centenario poblado de Temacapulín, el sector oficial del agua parece que esta vez asestó un golpe de nocaut, al dictaminar hace dos días, como si fuera palabra divina, que la presa El Zapotillo se construirá —“para seguridad de los habitantes”— a 105 metros de altura, lo que significa que aún contra la voluntad de los rebeldes, la ley humana reubicará su comunidad y la ley física les inundará este recinto rodeado de imponentes acantilados, de por sí hijos de la paciencia milenaria del agua.
En está versión de la historia, es el adiós a los famosos balnearios de aguas termales y al emblemático Cristo de las Peñas, rinconcitos alteños que sólo sobrevivirán en el inquieto poema del padre Plascencia.
La rudeza de la acción, legitimada en la víspera por un sorpresivo comunicado del gobierno de Jalisco, se advirtió en los rostros cansados y agrios de decenas de moradores que la tarde de ayer, mientras el sol languidecía entre la cantera que será ruinas, se dieron cita en la plaza, a esperar inútilmente a que el gobernador Aristóteles Sandoval —quien alguna vez les prometió, vía Twitter, que Temaca sobreviviría—, abriera un espacio en su apretada agenda, tomara un raudo helicóptero y se presentara por unos minutos, con su traje Hugo Boss, su voz pausada y su peinado engominado, para darles la ansiada explicación, esa verdad que nunca se regatea a los condenados.
En realidad, sabían que no acudiría. Una breve y áspera entrevista entre el mandatario y el vocero de los quejosos, el padre Gabriel Espinoza, por teléfono celular, poco después de las diez de la mañana, frente a la residencia oficial en Guadalajara —esa Casa Jalisco que en días de campaña el candidato prometió que tampoco iba a serlo—, selló el destino. Sandoval les mandó una camioneta e invitó a cuatro de ellos a palacio de gobierno, para platicar, tomarse alguna foto y si los convencía, llevarlos a la rueda de prensa en que explicaría la decisión de la Comisión Nacional del Agua (Conagua), que debía acatar. El cura se negó porque sus representados, indignados, no quisieron prestarse a una especie de “legitimación” de un diálogo que nunca les pareció más inútil.
En esos hechos matutinos, los manifestantes, acompañados de sus fieles aliados de las organizaciones civiles que los respaldan e inyectan juventud a su lucha desigual, hicieron una especie de clausura de la finca de la colonia Providencia, leyeron un comunicado como agraviados por los votos violentados, y emprendieron el regreso a la tierra donde han nacido hace 50, 60, 80 años; ese pueblo empedrado donde la basílica y las arcadas son de cantera rosada, las calles lucen desiertas, las bardas portan recordatorios para la profanación desarrollista, y los muertos duermen en un cementerio enjuto y parduzco elevado en el horizonte, por encima de las vegas de su río Verde, un río que alguna vez albergó historias felices.
Allí en la plaza, la colección de promesas y de fastidios de nueve años: un ex gobernador Ramírez Acuña que pide la presa para León donde no se perturben poblaciones; un Antonio Iglesias (ex Conagua) que ofrece lanchas para que no se ahoguen o se admira de la vieja iglesia y dice como tapatío que qué esperanzas de que la derriben, o por el contrario, que espera que lo hagan —la frase es, a fuerza de revisarla, oscura—; y estelar, la famosa promesa de Aristóteles, no el de Estagira, sino el de la colonia Independencia: “no vamos a inundar Temacapulín”.
Aunque hay dolor, se echan porras: “Temaca vive, la lucha sigue”; “ríos para la vida, no para la muerte”, canta en primera estrofa doña Abigail Agredano, la presidente del Comité Salvemos Temacapulín, Acasico y Palmarejo —los otros dos poblados que acompañan la tragedia—; el coro termina como en la letanía del rosario, apelan al Señor de las Peñas y a la virgen de los Remedios, como si sólo una taumaturgia fuera remedio y coto eficaz para el negocio del agua que se gesta en estas barrancas, y cuyos alcances rebasan ampliamente este paraje olvidado de Cañadas de Obregón, para atentar contra la salud de toda una región productiva: la meseta semidesértica conocida como Los Altos de Jalisco, que encabeza la producción de proteína animal en todo el país, que es pionera en migración a Estados Unidos y que algunas veces ha encendido rebeliones contra sus opresores.
Los postrados se engallan: lamentan la decisión “unilateral” del gobierno de Jalisco y anuncian acciones enérgicas en el ámbito legal y político a nivel nacional e internacional para reclamar los derechos que les niegan. Dos de los extrañamientos principales: ¿por qué Sandoval Díaz fungió como vocero de la Conagua? ¿Por qué arriesga un desacato ante una sentencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación?
Hay otra versión posible de la historia, en que su aferramiento a la tierra se impone, las jaculatorias del viernes de Dolores siguen a los peregrinos del Cristo aparecido en las rocas, las aguas telúricas brotan en los sitios de recreo, y el río fluye silencioso debajo del camposanto a donde muchos acudirán para el sueño eterno.
jueves, 6 de marzo de 2014
La Primavera tiene más de 800 dueños
El gobierno del estado, al menos 421 propietarios privados y cerca de 400 ejidatarios de once núcleos agrarios poseen en sus manos el destino de la zona protegida
Agustín del Castillo / Guadalajara. MILENIO JALISCO
El bosque La Primavera está protegido por un solo decreto presidencial, que data de un día como hoy, hace 34 años. Pero los dueños de la serranía que aporta los más valiosos servicios ambientales para la zona conurbada de Guadalajara son variados y han crecido en número, hasta alrededor de 800, ante la baja del valor especulativo, fundamentalmente inmobiliario, de esta tierra.
Lo contradictorio es que muchos de los nuevos poseedores esperan la oportunidad de establecer al menos una construcción pese a que ello va en contra de la misión fundamental del decreto, de proteger la vida silvestre y los servicios ambientales.
Las tentativas de edificaciones irregulares al interior del bosque podrían andar arriba de 100 por año, sobre todo en el caso de asentamientos humanos irregulares de la periferia, según estimaciones no oficiales. La gran cantidad de detentadores de derechos también permite atisbar la complejidad de los acuerdos necesarios para fortalecer la institucionalidad en la zona protegida, donde se ha estrenado en funciones un organismo público descentralizado (OPD) del gobierno de Jalisco, que es rechazado por voceros de las dos tenencias de la tierra dominantes: ejido y pequeña propiedad, aunque sin la certeza, en el caso de los privados, de que esa vocería tenga el aval de los cientos de propietarios registrados.
Según el decreto de 1980, el polígono protegido abarca 30,500 hectáreas, pero los intentos de ubicar las mojoneras de los linderos se toparon con problemas desde hace más de una década, lo que llevó a afirmar que “no tiene cierre” dicha superficie protegida.
Un ejercicio de la Dirección Ejecutiva del bosque, realizado durante los últimos meses en los archivos e instrumentos públicos disponibles: las direcciones de catastro de los cuatro municipios, el Catastro estatal y el Registro Público de la Propiedad, cuyos resultados fueron solicitados por MILENIO JALISCO, pone nombre y apellido en una parte sustantiva de la tierra, hasta identificar plenamente 126 propiedades que se extienden sobre 7,390 ha, menos de la mitad de la superficie de la pequeña propiedad, y consignar otros 295 nombres que podrían arrojar la nómina casi completa, que totaliza en 421 predios y unos 400 dueños privados.
Históricamente, el gran propietario del bosque fue Jorge Dipp Murad, empresario tapatío ya fallecido, cuya propiedad rústica podía equivaler a una tercera parte del bosque, pero perdió ante deudas fiscales –debió entregar casi 5,500 ha al gobierno federal como pago de esos débitos-, además del fracaso que le significó el decreto federal de protección, que frenó su ambicioso proyecto inmobiliario denominado Ciudad Primavera, con residencias campestres, campos de golf y un pequeño aeropuerto.
No obstante, Dipp Murad, junto con el también fallecido Cástulo Romero, presentaron el frente opositor y crítico de las acciones de conservación en la zona, realizadas primero por la Universidad de Guadalajara, y luego por el gobierno del estado, que recibió la responsabilidad de aplicar el decreto proyectos como efecto de sucesivas firmas de convenios de coadministración con el gobierno federal, el primero de 1995, y que se ha prorrogado hasta la fecha.
En ese enfrentamiento se dio el proceso de “atomización” de la propiedad: a diversos particulares, empresas inmobiliarias, escuelas y universidades, se les dio la opción de poseer un pedazo de tierra en La Primavera para sus ambiciones materiales o sus utopías privadas. “Estos señores, los antes grandes propietarios, fueron fragmentando sus bienes inmuebles con donaciones que en última instancia buscaban aliados para presionar al gobierno a flexibilizar el decreto y permitir usos de la tierra no previstos”, señala un ex funcionario. El resultado es el mapa complicado de dueños que actualmente se trata de completar.
La tenencia ejidal se determina con menos complejidad con los expedientes de los once ejidos ante el Registro Agrario Nacional (RAN), pero por tratarse de propiedad social, hay derechos de un gran núcleo de campesinos cuyo número varía de ejido a ejido, y cuyo total podría andar también en cerca de 400. Los ejidos, como en el resto del país, han sido receptores de buena parte del crecimiento irregular de vivienda en La Primavera.
La tenencia ejidal es la que ha tenido más éxito en la lucha contra el decreto, ante el amparo que logró sacar adelante el ejido Santa Ana Tepetitlán entre 2001 y 2007, con lo que quedó fuera de la zona protegida. Los diez ejidos restantes, que buscan más espacio en la toma de decisiones y que les lleguen los recursos en compensación de su trabajo protector del bosque, se comprometen actualmente a no impugnar el decreto del presidente José López Portillo, sin cesar en su exigencia de coadministrar el área protegida.
Así se llega al único gran propietario que queda en el bosque: el gobierno de Jalisco, beneficiario de los terrenos pagados por Dipp, y comprador del predio Agua Brava hace más de quince años, lo que le da más de 18 por ciento de la propiedad del área. Única zona pública en un laberinto de predios e intereses que el nuevo OPD tiene el deber de ordenar.
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LOS DUEÑOS
El bosque La Primavera sólo posee un propietario de gran superficie: el gobierno de Jalisco, que posee un conjunto de predios que suman 5,736.4 hectáreas, derivados de diversos procesos de adquisición, de los cuales, el más importante es una donación del gobierno federal durante el gobierno de José López Portillo (1976-1982), recibida a su vez en pago de impuestos que adeudaba el propietario Jorge Dipp Murad
La tenencia privada posee 16,507 hectáreas del bosque La Primavera, esto es, 53.88 por ciento de la superficie total, dividida en 421 predios de diversos tamaños, de los cuales, solamente 126 están plenamente identificados con superficie específica en el Registro Público de la Propiedad (RPP), de acuerdo a una investigación exhaustiva realizada por la dirección general ejecutiva del bosque. 295 propietarios más no tienen bien identificada la superficie que detentan en lo individual. Aquí los principales resultados:
Los grandes propietarios. Estos son los que poseen arriba de 500 hectáreas de bosque, con la aclaración de que todos califican legalmente como pequeña propiedad: Esperanza Barragán Pérez y Codueños, 1,112 hectáreas; herederos de Cástulo Romero Valencia, 1,098 hectáreas; Familia Romero Bertrand, 808.9 ha (Guillermo, 542.7 ha, Carlos Alberto, 5.18 ha; Flora, 261 ha); Juan Diego Covarrubias, 696.5 ha
Propietarios de 500 a 100 ha. Margarita Velazco Aceves, 357.8 ha; Marcela Patricia Gallo González, 355.9 ha; Óscar Ohrner Chapa, 317.25 ha; Georgina Isabel Uribe Reyes, 240 ha; Enrique Arellano Muro, 233 ha; Salvador Baeza Anaya, 217 ha; Manuel Pelayo Topete, 163.5 ha; José Luis Merchant Ovando, 160.8 ha; Ramón Sánchez Enríquez, 139 ha; Guillermo de Jesús Padilla Avilés, 136.6 ha; Alejandra Romero de la Rosa, 112.75 ha; Laura Graciela de la Torre Jiménez, 111 ha; María Virgen Godínez, 102 ha
Propietarios de 100 a 20 ha.Ramón Barba Loza, 87.4 ha; Eduardo Damy Gómez, 85.8 ha; José de Jesús Muñoz Gutiérrez, 67.75 ha; María Ramírez Suro, 67 ha; Inmobiliaria y Desarrollos La Prima, 46 ha; Antonio Vázquez Cruz, 40 ha; Apoyo Inmobiliario del Colli SA, 38 ha; Ingeniería Termodinámica SA, 29.32 ha; Salvador Veytia Orozco, 28.3 ha; Eustolia Martínez Ramírez, 28.12 ha; Francisco Rivera, 25.4 ha; Banco Bilbao Vizcaya México, SA, 23.14 ha; Juan García Paniagua, 22.05 ha; Alejandro Covarrubias, 22 ha
De los 295 propietarios cuya superficie registrada no ha sido localizada, destacan los siguientes nombres: Alejandro Gallo González (propietario principal del fraccionamiento El Roble), Eduardo Gallo Valdivia, Eric Coufal, Eva Arce Pérez de Velarca, Fernando Gallo Pérez, Guillermo Romero Valencia, Ignacio Novoa, Jesús Rodríguez Morquecho, J Guadalupe Gallo, Jesús Rodríguez Barba, y varios de los nombres más arriba identificados pero cuyos predios no están determinados en la investigación
El resto de la superficie del bosque, 7,839.71 ha, corresponden a propiedad de régimen social o comunal (ver tabla anexa), más 552.3 ha que fueron excluidas del régimen de protección como resultado del juicio de amparo 413/2001 promovido por autoridades del ejido Santa Ana Tepetitlán, confirmado en la revisión 465/2007 por la justicia federal. De este modo, La Primavera se extiende sobre 3,083 ha, aproximadamente, en la actualidad
Fuente: dirección ejecutiva del Comité Técnico para la Administración del Bosque La Primavera
miércoles, 5 de marzo de 2014
En río Blanco no se tratan 4/5 partes de sus desechos
Un diagnóstico preliminar de la CEA revela la necesidad de construir 127 km de colectores y ampliar plantas de tratamiento existentes en la zona.
Agustín del Castillo / Guadalajara. MILENIO JALISCO
Río Blanco, la cuenca que cubre el norte de la zona conurbada de Guadalajara, en Zapopan, alberga casi 300 mil habitantes y fue el sitio de la primera planta de tratamiento de aguas negras de la ciudad, que data de 1994. Sin embargo, cuatro quintas partes de sus desechos van crudos a la cascada Cola de Caballo y contaminan el río Grande o Santiago.
“Tenemos un problema grande mientras no se resuelva ese tema, tanto por las aguas que vienen sin tratar por el río como toda la contaminación de arroyos y de manantiales como consecuencia del descuido con el vertedero de Picachos; hemos visto cómo árboles se enferman y mueren aunque tienen agua abundante, por lo que pensamos que se trata de aguas contaminadas, se debería revisar todo y hacer un saneamiento integral”, opina Juan Manuel Barrera, pequeño propietario e incipiente empresario ecoturístico en la zona contigua a Ixcatán.
De este modo, de alrededor de 700 litros por segundo generados en los asentamientos humanos en el caso específico de río Blanco, la planta que opera el SIAPA, que fue modernizada entre 2003 y 2005, sólo sanea un máximo de 150 litros, lo que significa una capacidad totalmente rebasada y un problema sanitario para los poblados de la parte final de la cuenca, reconocen Trinidad Martínez Sahagún, superintendente de saneamiento de la unidad ejecutora del proyecto de agua y saneamiento de la ciudad, y Luis Aceves Martínez, director de operación de plantas de tratamiento, ambos de la Comisión Estatal del Agua (CEA).
“Lo que pasa es que esa zona, al igual que El Ahogado, se desarrolló tremendamente, entonces fue un boom poblacional y quedó totalmente rebasada la planta que allí existe; estamos revisando los datos para precisar las obras que hay que realizar para captar toda el agua negra y sanearla”, subraya Aceves Martínez.
De forma preliminar se le pretende inyectar 695 millones de pesos, lo que incluiría construir 127 kilómetros de colectores, ampliar la planta, rehabilitar o construir nuevas como la de la zona de San Isidro, que también está obsoleta, y fortalecer el proyecto de agua de reutilización que tiene el SIAPA en la zona y que entrega aguas tratadas de alta calidad para áreas verdes y usos sanitarios en empresas como Flextronics, el cementerio Recinto de la Paz y el fraccionamiento Valle Real.
Aquí es muy importante no solo resolver una problemática que se tiene, sino llevar un proyecto de manera integral, es decir, no sólo ver la atención a la demanda ciudadana que existe, sino prever cómo se dará el crecimiento a futuro; también se debe buscar resolver varios problemas a la vez, como es el agua para reutilizar la generación de biolodos como mejoramiento de suelos, que es un mercado interesante porque hay crisis de suelo fértil, o la generación de energía eléctrica para operar las plantas, lo que permite reducir costos de saneamiento y además ayuda a evitar emisiones de gases de efecto invernadero en estos tiempos de cambio climático”, añade Martínez Sahagún.
En Zapopan se ha instalado ya un comité para lograr el saneamiento completo de la cuenca. La CEA discute con el SIAPA y las autoridades municipales las obras necesarias y el modo de financiarlas. “Seguimos en la fase de diagnóstico, pero pronto tendremos el mapa completo para definir a detalle las obras que se deberán ejecutar para resolver el problema”, agrega.
La barranca del río Santiago, enclavada en Zapopan, es área natural protegida decretada por el Congreso del Estado desde 2006, pero ese estatus no ha llevado hasta ahora a detener el proceso de deterioro creciente por los vertidos de aguas contaminadas en la zona.
martes, 4 de marzo de 2014
Falta invertir 46% para culminar saneamiento
Prometieron que Aguaprieta y El Ahogado resolvían todo, y casi… a condición de que se invierta casi otro tanto de lo que se aplicó entre 2006 y 2012
Agustín del Castillo / Guadalajara. MILENIO JALISCO
En la Administración de Emilio González Márquez, se hizo una inversión récord en tratamiento de aguas negras para la zona conurbada de Guadalajara: casi 5,900 millones de pesos que permiten tener hoy en operación dos macroplantas, El Ahogado y Aguaprieta (esta última, en fase de estabilización). Fue insuficiente, hoy apenas se rebasa 70 por ciento de agua tratada.
La que falta, alrededor de 30 por ciento, será casi tan caro de sanear como el volumen original, pues quedan pendientes unos 200 kilómetros de colectores, la ampliación de la macroplanta de El Ahogado, edificar nueve plantas al interior de la mancha urbana y unos 36 fuera, además de ciertas modernizaciones para aprovechar que, en El Ahogado, se tiene la oportunidad de reutilizar el agua para industrias, comercios y áreas verdes. De este modo, alcanzar el saneamiento integral para la ciudad y la región circundante, que tributa al río Santiago, obliga al gobierno de Aristóteles Sandoval Díaz a invertir casi lo mismo: 5,109 millones de pesos.
Los colectores, lo principal de esta gran inversión, se distribuyen del siguiente modo (ver mapa anexo): doce kilómetros en la cuenca de El Ahogado, más de 60 km en las cuencas del valle de Atemajac y 127 km en la cuenca del río Blanco, así como al menos cinco sistemas de bombeos.
LOS DETALLES
Esa es la gran estimación de inversión que tiene la Comisión Estatal del Agua (CEA), cuyos detalles ofrecieron a MILENIO JALISCO Trinidad Martínez Sahagún, superintendente de saneamiento de la unidad ejecutora del proyecto de agua y saneamiento de la ciudad, y Luis Aceves Martínez, director de operación de plantas de tratamiento.
La gigantesca inversión, que actualmente está en fase de gestión, se desglosa en grandes cifras del siguiente modo: 547 millones de pesos para rehabilitar, ampliar y construir 36 plantas de tratamiento que limpiarían 940 litros por segundo de aguas negras que hoy caen al Santiago. Las principales localidades son Ocotlán, Arandas, Poncitlán, Atequiza-Atotonilquillo, Santiago Totolimispan, Zapotlán del Rey, San José de Gracia, Ixtlahuacán del Río, Cajititlán (cuenca cerrada) y Tlajomulco de Zúñiga, todas en la ruta del gran río que nace en Chapala y de su primer tributario importante, el río Zula.
De este modo, los otros 4,562 millones se aplican directamente en obras para la capital del estado.
1,561 millones de pesos para la cuenca de El Ahogado, incluidos 300 millones de la ampliación de la planta (que crecerá su capacidad de 2,250 a 3,000 litros por segundo) –ver detalles en la edición de este diario del pasado 1 de marzo de 2014-.
2,306 millones de pesos para la cuenca de San Juan de Dios-Atemajac, el asentamiento original de la ciudad que alberga 80 por ciento de la población. Esto incluye 671 millones para 20.5 kilómetros de colectores y un bombeo de la zona de El Vado, en Tonalá; 229 millones para hacer 30 km de colectores de la zona de la barranca de Oblatos, que va de la colonia Jalisco, al oriente, a Huentitán, al poniente, incluidos cuatro bombeos, y 1,313 millones para la construcción del túnel colector que paralelo al periférico oriente, intercepta las aguas de cuatro subcuencas: Coyula, San Gaspar, Osorio y San Andrés, así como 95 millones de pesos para 900 metros del colector López Mateos, al poniente de la ciudad.
“Aguaprieta limpiará una cuenca donde la densidad de población está al tope, con excepción de la zona de El Vado, una zona donde se ha desarrollado vivienda y sus vertidos van directos al río, y deberemos colectarlos y bombearlos hacia el túnel colector […] y como este túnel va sobre el trazo del periférico, todo lo que se ha desarrollado hasta la ceja de la barranca tiene el mismo problema, todas las descargas se van al río por gravedad, entonces son los 30 km más y los bombeos a que hacemos referencia”, explicó Martínez Sahagún.
El colector de López Mateos es un pequeño tramo pendiente para lograr la interconexión completa la red de colectores del poniente de la ciudad, a la altura del Country Club, poco antes del arroyo de Atemajac.
Finalmente, e deben invertir 695 millones de pesos –el dato todavía es preliminar- para sanear la cuenca de río Blanco, que abarca la parte norte de la metrópoli.
De este modo, el saneamiento total implica una inversión histórica lo largo de dos administraciones de gobierno por al menos 11 mil millones de pesos, y casi 45 por ciento siguen pendiente en la actualidad.
Sin estas obras pendientes, el saneamiento seguirá fallido, pues seguirán con vertidos de casi tres mil litros por segundo de agua negra mientras se tratan poco más de siete mil quinientos, y hay que sumar los casi mil litros de los asentamientos urbanos enclavados aguas arriba en el río. Ese volumen pendiente, de casi cuatro mil litros por segundo, es gigantesco, equivale al gasto de una ciudad de millón y medio de habitantes, y es suficiente para que no mejore de forma integral la cuenca del río Santiago, cuyo pésimo estado en las últimas cuatro décadas ha destruido todos los negocios agrícolas y ecoturísticos, y fomentado la migración desde sus viejos poblados.
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Priorizan el rescate del río Santiago
La CEA pretende que el río Santiago sea un río de verdad limpio durante los siguientes años, por lo que el programa de saneamiento se rige por cinco grandes ejes de prioridad A:
Uno, “establecer el acuerdo de coordinación de funciones de la federación y el estado de Jalisco, del marco normativo estatal en materia de saneamiento, para fortalecer las medidas de vigilancia y control de la calidad del agua”
Dos, “reclasificación del río Santiago a condiciones más estrictas que permitan su saneamiento (cuerpo receptor tipo B a tipo C)”. Actualmente, el arroyo de El Ahogado y un tramo del río donde éste descarga tienen la clasificación más estricta, pero el resto de la corriente tiene márgenes flexibles para los vertidos
Tres, “control, de aguas residuales de las industrias más importantes por ubicación, caudal y tipo de giro”, lo que incluye industrias urbanas de los corredores de la ciudad, tequileras y granjas porcícolas y avícolas
Cuatro, “Programa de manejo y tratamiento de aguas residuales industriales en la zona de la presa y el arroyo de El Ahogado”, lo que incluye hacer pretratamientos y sanear agua no tóxica en la planta de El Ahogado, así como un mercado de reutilización del agua tratada con una red inicial de 25 kilómetros
Cinco, “Control, de descargas municipales”, que es propiamente el eje del plan de inversión señalado en esta publicación
Como prioridad B se marcan tres: el primero, “mejoramiento y fortalecimiento de los organismos operadores municipales y promover en el Congreso tarifas que permitan la operación sustentable de la infraestructura pública de saneamiento”
El segundo, “programa de manejo y control de aguas residuales de granjas porcícolas con núcleos en las poblaciones de La Capilla, Tototlán, La Laja, y la periferia de la zona conurbada
El tercero señala “el establecimiento de una red automática de monitoreo de la calidad del agua en sitios críticos del río Santiago y principales afluentes”
sábado, 1 de marzo de 2014
El Ahogado, un arroyo inmerso en lenta resurrección
Agustín del Castillo / Guadalajara. MILENIO JALISCO
Cuando el niño Miguel Ángel López Rocha bajó del fraccionamiento La Azucena, de El Salto, a la corriente de El Ahogado, tributaria del Santiago, los primeros días de febrero de 2008, y tomó de sus aguas —voluntaria u obligadamente, esa es otra historia—, ese líquido turbio contenía una amplia diversidad de formas de vida y no vida —materia orgánica, química y metales—:
430 mil NPM (literalmente: número más probable) de coliformes fecales por cien mililitros, 0.558 miligramos por litro de fierro, 13.75 mg/l de grasas y aceites, 0.0127 mg/l de arsénico (sustancia que según el forense tuvo que ver con la muerte del menor), 116.4 mg/l de demanda bioquímica de oxígeno (DBO5) y 247 mg/l de demanda química de oxígeno (DQO), entre muchos parámetros más muestreados entre el 10 y el 11 de febrero de ese año por técnicos de la Comisión Estatal del Agua (CEA) y analizados por un laboratorio acreditado, aunque omitió el análisis lo más llamativo de esa corriente contaminada: las sustancias activas al azul de metileno (SAAM; en lengua popular, detergentes): la espuma que flotaba como fantasma entre hedores insoportables en la por mucho tiempo hermosa cascada de El Salto de Juanacatlán, muy cerca de La Azucena. Otro componente de ese estudio permite un buen resumen de la situación del río en febrero de 2009: 0 oxígeno disuelto.
Es decir, no era un río muerto, si se considera la gran cantidad de materia orgánica doméstica que transportaba, pero esos microbios demandan oxígeno en el agua muy por encima de la capacidad de la corriente (llamada por los ecólogos “capacidad de carga”: los parámetros que miden ese fenómeno son el DBO y el DQO), lo que a su vez impide sobrevivir a organismos más complejos, como peces y moluscos, y eso se explica en la ausencia de oxígeno disuelto.
Los metales provenían de los desarrollos fabriles mal controlados de toda la cuenca: desde el corredor industrial de El Salto hasta las zonas de Las Pintas y Agua Blanca. Otras sustancias tenían origen posiblemente natural, como el arsénico, que es abundante en el subsuelo de todo el valle de Toluquilla, pero se ha convertido en demasiado común por la sobreexplotación del acuífero.
La muerte del niño fue un escándalo que detonó el proceso de atención pública al río en la zona por donde, los últimos 20 años, más ha crecido la ciudad. Además de la macrorrecomendación de la Comisión Estatal de Derechos Humanos, el estado estableció un polígono de alta fragilidad ambiental como política general para restaurar la región. El activo más importante fue el saneamiento: la planta de El Ahogado entró en operaciones en mayo de 2012. Sea o no un proceso barato, económicamente adecuado y ambientalmente sustentable (hay muchas opiniones técnicas que lo cuestionan), la calidad del agua cambió. Hoy trata 2,070 litros por segundo de aguas negras.
“Nadie se baña dos veces en el mismo río”, decía el sabio jonio Heráclito. ¿Miguel Ángel López Rocha habría sobrevivido en este nuevo arroyo de El Ahogado? Los análisis de agua en la zona de El Muelle (o el Muey, en lengua coloquial de los moradores de La Azucena), levantados entre el 14 y 16 de enero de 2014, ya con año y medio de saneamiento, indican:
0.0025 mg/l de arsénico, 9,300 NMP de coliformes fecales, 51.9 mg/l de DBO5, 47.23 mg/l de DQO, 0.437 mg/l de fierro, menos de 8.37 mg/l de grasas y aceites, 0.23 mg/l de SAAM… y 4.53 mg/l de oxígeno disuelto, que ya permite algo de vida acuática. Cambio insuficiente, pero el paciente indica mejoría.
lunes, 10 de febrero de 2014
Oriente de Guadalajara: las aguas que seguirán negras
Cerca de 2,800 litros por segundo se seguirán arrojando sin tratamiento al río Santiago por la falta de inversiones en colectores en las cuencas de Atemajac y El Ahogado.
Agustín del Castillo / Guadalajara. MILENIO JALISCO
En 2014, la zona metropolitana de Guadalajara se mantiene como una de las grandes contaminadoras del agua en el país, con un saneamiento que alcanzó sólo 35 por ciento de sus residuos durante 2013, y que con la incorporación de la planta de tratamiento de Aguaprieta podría rebasar 70 por ciento, pero quedará lejos de la meta obligada desde hace tres lustros, de limpiar totalmente sus vertidos.
Así, contra el discurso oficial, es prematuro ir por las comunidades de agricultores y pescadores enclavadas en el río Santiago a anunciar la ansiada buena nueva tras cuatro décadas de daños severos. Resulta que los gobiernos anterior y presente han anunciado reiteradamente que la culminación de Aguaprieta, que ya está en fase de estabilización, es el final de la triste historia del río cloaca, del río muerto. Pero no.
Como “letra chiquita” de un contrato que a primera vista parece ventajoso, los documentos oficiales reconocen que el rezago de inversiones para redes de alcantarillado y colectores ocasionarán que no se limpie el agua de todo el oriente de la ciudad, lo que se suma a las carencias de infraestructuras no resueltas en el caso de la cuenca de El Ahogado, el sur de la urbe, y a los vertidos residuales de la zona norte de la ciudad, pues la urbanización de la cuenca del río Blanco ha rebasado ampliamente la capacidad modesta de la planta de tratamiento de la zona, de apenas 150 litros por segundo.
De este modo, cerca de 2,800 litros de aguas residuales por segundo, volumen generado por más de 1.3 millones de personas, mantendrán por un buen tiempo la mala calidad del Santiago, y pospondrán la posibilidad de que esa amplia cuenca del occidente del país sea finalmente rescatada.
No obstante, los ciudadanos de la zona metropolitana ya pagan el saneamiento que será parcial. De acuerdo con información del SIAPA, organismo operador de los servicios de agua y alcantarillado, el esquema tarifario ya cobra a partir del 1 de enero un monto de 2.90 pesos por cada metro cúbico contaminado por arriba de los seis mil litros mensuales (consultar en periódico oficial **El estado de Jalisco, 26 de diciembre de 2013). Además de que ese monto contrasta con el monto a pagar por m3 a la concesionaria de Aguaprieta, de 98 centavos, y la de El Ahogado, de un peso con 26 centavos por metro cúbico.
DETALLES
En Jalisco, “la contaminación del agua se origina principalmente por descargas residuales sin tratar de origen industrial, doméstico, comercial, agropecuario y de retorno agrícola. Además, hay otras fuentes de contaminación externas, como los tiraderos de basura a cielo abierto, rellenos sanitarios defectuosos, descargas ocasionales e indebidas de materias y sustancias químicas y petroquímicas, subproductos agropecuarios y escombro de construcción, que se hacen sin control en distintos sitios alrededor de la zona metropolitana y en la mayoría de las poblaciones del estado”, señalaba apenas en noviembre pasado el nuevo Plan Estatal de Desarrollo.
“Gran parte de los cuerpos de agua están contaminados, en mayor o menor medida. De acuerdo con la información generada por la Red Nacional de Monitoreo que opera la Comisión Nacional del Agua, las principales corrientes de Jalisco y del lago de Chapala muestran problemas importantes de contaminación, especialmente las zonas industriales: El Salto, la ZMG [zona metropolitana de Guadalajara], Lagos de Moreno en los Altos, y la zona tequilera en Tequila […] el río Santiago se encuentra muy contaminado en su tramo entre la hidroeléctrica Las Juntas y la Derivadora Corona; en varios kilómetros se considera río muerto, con una elevada carga de contaminantes peligrosos como mercurio y cadmio”.
Y hace referencia al bajo nivel de aguas residuales tratadas. “Hasta junio de 2013, se reporta que sólo 32.73 por ciento de las aguas residuales es tratado en Jalisco. Por mencionar un caso, el municipio de Guadalajara solamente trata 2.29 por ciento de sus aguas residuales, situación que ha permanecido así varios años”.
Los otros municipios metropolitanos están mejor: Zapopan pasó de 9.5 por ciento de sus aguas tratadas en 2011 a 21.57 por ciento; Tlaquepaque, de 0 a 51.24 por ciento (es el más beneficiado con la entrada en operación de la planta de El Ahogado); Tonalá, de 0 por ciento en 2009 a 20.42 por ciento en 2013.
La clave para que el impacto de las macroplantas de El Ahogado y Aguaprieta sea menor, es la falta de inversiones por 2,700 millones de pesos en colectores, redes de alcantarillado y el gran túnel-colector San Gaspar-Aguaprieta, de 10.5 kilómetros de longitud.
La memoria publicada a finales de la anterior administración sobre la planta de Aguaprieta (se puede leer en http://www.ceajalisco.gob.mx/publicaciones/pdf/agua_prieta.pdf) detallaba los pendientes: en el caso de Aguaprieta, se requería construir 23 colectores con una longitud de 49.75 kilómetros y una inversión estimada en 2012 de 699.3 millones de pesos; siete cárcamos que demandaban inversión de 101 millones de pesos, y el túnel interceptor San Gaspar-Atemajac, de 1,123.4 millones de pesos.
En el caso de la planta de El Ahogado, los pendientes eran ocho colectores de 39.72 kilómetros de longitud y una inversión de 694.2 millones de pesos, así como un cárcamo con una inversión de 30 millones de pesos.
No se alude, y apenas se ha estudiado, el caso de la cuenca de el río Blanco, en su momento pionera en el tratamiento de aguas urbanas. La planta data de 1993 y genera agua tratada de alta calidad que ya se reutiliza en algunos fraccionamientos residenciales de la ciudad. El problema es que en 20 años, esa zona de la urbe creció de forma desmedida, y como consecuencia, un alto volumen de aguas negras no recibe tratamiento.
La consecuencia es que la cascada Cola de Caballo, uno de los paisajes patrimoniales de la región conurbada, expulsa aguas malolientes y aporta su cuota, de este modo, para que el río Santiago se mantenga prácticamente muerto desde Juanacatlán hasta la presa Santa Rosa, entre Zapopan y Tequila. Hay contaminación para rato.
Claves
La suma de la Universidad de Guadalajara a la exigencia de información técnica y respeto a los derechos de los habitantes de Los Altos, fortalece al movimiento de los propios productores que se niegan a que las aguas de sus cuencas sean entregadas en perjuicio de su estilo de vida y su economía
Es una región de escasez desde siempre. La veda de aguas superficiales es del 22 de agosto de 1931, por tiempo indefinido, y fue ratificada y ampliada el 20 de agosto de 1947. En cuanto a las aguas subterráneas existe una veda del 12 de julio de 1987, que menciona como propósito central, “conservar o proteger a los acuíferos de sobreexplotación”
Además, el Programa Nacional Hídrico desde que existe la CNA (1989), se establece que la región alteña tiene acuíferos sobreexplotados y en fase de abatimiento, lo cual explica que no se otorguen nuevas concesiones para aprovechar las aguas
Los acuerdos el río Verde de 1995 y 1997, firmados por la CNA y los gobiernos de Jalisco y Guanajuato, distribuyen 15.6 m3 por segundo del río del siguiente modo: 9.6 m3 para Guadalajara, 3.8 m3 para León, 1.8 para ciudades alteñas y 0.4 m3 para ganaderos
lunes, 3 de febrero de 2014
Fraccionadores le cercenaron 6 mil ha al bosque La Primavera
Los posesionarios aseguran hoy estar comprometidos con la protección de un bosque cuyo decreto siempre vieron como “camisas de fuerza” para sus intereses económicos. En las fotos, aspectos del bosque. Abajo, un helicóptero vuela durante el megaincendio de 2012, en el cual, se especuló la mano de propietarios como causal (foto cortesía de José Luis Gámez Valdivia)
Agustín del Castillo / Guadalajara. MILENIO JALISCO
El papel a favor de la naturaleza de los pequeños propietarios y los ejidatarios, poseedores de casi 82 por ciento del bosque La Primavera, no resiste bien el examen de la historia de la protección de esta serranía contigua a Guadalajara: entre 1980 y el presente impidieron que se protegieran seis mil hectáreas de la floresta para realizar negocios inmobiliarios regulares e irregulares, pero pudieron ser muchas más.
“Tenemos conciencia de la importancia del bosque para la ciudad, lo vamos a proteger”, señalaron hace quince días dos de los dirigentes de ambas formas de tenencia de la tierra, Juan Diego Covarrubias –él mismo desarrollador inmobiliario- y Francisco Olmos, líder en la Unión de Ejidos y dirigente en el ejido de Jocotán, que ahora pugnan por coadministrar la zona. “Queremos acabar con ese paradigma de que ejidatarios y propietarios somos los peores enemigos del bosque […] queremos hacer un bosque certificado, para que realmente cada día pueda tener más beneficios, en cuanto al pago por servicios ambientales, proyectos sustentables, sostenibles, un plan de manejo real, zonificación real, queremos dejar definido ese polígono, para fortalecerlo”, dijeron en entrevista con este diario.
Pero la relación de los poseedores con el decreto no ha sido precisamente de amor. En los años setenta del siglo XX, cuando comenzaron las tentativas de mantener los ecosistemas, el lobby de propietarios –incluidas buena parte de las élites económicas de Guadalajara- se opuso de forma decidida ante los presidentes Luis Echeverría Álvarez y José López Portillo, pues, en palabras de su cabeza visible, el empresario Jorge Dipp Murad, “un bosque sólo se puede conservar como una casa, si se le habita”.
Dipp sustentaba un proyecto de desarrollo urbano ambicioso: Ciudad La Primavera, que significaba dotar de fincas campestres, campos de golf, aeropista y todo el lujo a quienes compraran allí, bajo el concepto de la cercanía de la ciudad, como se da en muchas zonas de bosque de Estados Unidos.
Muchos años, Jorge Dipp, junto con Cástulo Romero y sus herederos, fueron el frente opositor al decreto. Dipp presumía ser el principal benefactor del bosque, al haber cedido una propiedad de cinco mil hectáreas que forman el núcleo de la propiedad pública del busque, que alcanza hoy 5,736.37 ha (18.7 por ciento de la superficie hoy protegida). Lo que no decía el empresario de origen libanés es que ese terreno en donación fue en realidad un pago que debió hacer a la Secretaría de Hacienda por impuestos atrasados, y que el verdadero donador del terreno fue el presidente José López Portillo.
Ese proyecto fue afectado por el decreto. Pero entre quienes lograron salvar sus inversiones están Vicente Chalita, desarrollador de El Palomar, que con sólo una etapa abierta de su fraccionamiento, logró librar a todo el predio de bosque de su propiedad de ser incluido en el polígono protegido, a pretexto de que ya lo había registrado. Otros negocios salvados milagrosamente fueron las etapas no abiertas de los fraccionamientos Bugambilias, Pinar de la Venta, Rancho Contento, Los Gavilanes, Santa Anita, Bosques de Santa Anita, El Roble, y donde ahora se ubica los fraccionamientos Diana y Hacienda del Astillero. Del lado oriente del bosque, justo donde termina la avenida Mariano Otero, los cerros arbolados que coronan Bugambilias y El Palomar descienden a un valle donde los hermanos Gallo construyeron un autódromo y también evitaron ser afectados por el decreto. Hoy, asociados a la familia Leaño Reyes –otros famosos fraccionadores de la urbe- edifican el fraccionamiento Los Robles.
En el caso de la tenencia social, “en los años de 1950 a 1966 se confirman cuatro ampliaciones ejidales sin haber recibido resoluciones de ellas. En total son 13 los ejidos mencionados, con más de 2,644 beneficiarios dentro del bosque y en sus límites. En la década de los sesenta se inicia el establecimiento de fraccionamientos urbanos”, señala el documento de manejo vigente en la Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas (ver documento en http://bosquelaprimavera.com/new_web/sitio/que_es/index.php?id=7).
Fue de esa tenencia de donde vino el golpe más reciente a la protección del bosque. Al norte de Los Robles, sobre el lindero oriente del polígono, está la “zona de exclusión”, la última victoria legal de los empresarios inmobiliarios: 552.29 hectáreas de bosque del ejido Santa Ana Tepetitlán que fueron excluidas de la zona protegida mediante el amparo 413/2001, confirmado en la revisión 465/2007. La zona es desde entonces objeto de invasiones con fraccionamientos irregulares, un asunto que no ha sabido frenar el Ayuntamiento de Zapopan, y que significa la transmisión ilegal de parcelas (el aparcelamiento de bosque está prohibido en la Ley Agraria) para la “siembra” de fincas por migrantes pobres.
Ese hecho no genera el menor pudor en las autoridades ejidales de ese núcleo agrario, que están sumadas a la impugnación del nuevo organismo público descentralizado… aunque voluntariamente se separaron del área natural protegida.
La construcción de la carretera Guadalajara-Nogales separó del bosque además la zona de El Tepopote, que aún hoy es un importante corredor de fauna aunque hay demanda de cambios de uso de suelo, pues no forma parte del área natural protegida. Incluso el club deportivo de la Universidad de Guadalajara está ubicado en esa área norte hasta donde se extendía el bosque antes de la apertura carretera.
Otra omisión notable en la protección fue el valle de El Bajío del Arenal, importante ecosistema cuya relación con la recarga del acuífero metropolitano ha sido documentada, lo que no impidió a connotados empresarios, entre los que descuellan Jorge Vergara Madrigal y Francisco Cornejo, a diversos instituciones de educación superior, y al propio gobierno estatal (bajo Emilio González Márquez) a realizar acciones de urbanización que además penetran en la floresta protegida.
Si se excluye a El Bajío, que no era parte de la propuesta de decreto que hizo la Universidad de Guadalajara con 33 instituciones de interés social al presidente de la república, en 1976, la superficie cercenada en más de tres décadas redujo a La Primavera de 36 mil hectáreas a las apenas 29,988 ha que ahora permanecen con decreto vigente de protección. Sin contar los ejercicios de “derecho de propiedad” que se dan al interior del polígono, donde grandes fincas son edificadas de forma cotidiana en terrenos privados y sociales. Además de Santa Ana Tepetitlán y algunas propiedades particulares, los casos más notables de invasión hormigas se dan en los ejidos El Colli, La Primavera, La Venta del Astillero, Emiliano Zapata, Huaxtla y San Agustín.
Y si bien la historia no ayuda, el asesor de los ejidos, Martín de la Rosa Campos, ex empleado de la CONANP, asegura que propietarios y ejidatarios han decidido dejar atrás ese lastre. “No se van a ir contra el decreto no quieren hacer fraccionamientos; lo que piden es el legítimo derecho de participar en la toma de decisiones sobre el futuro de sus propios bienes”.
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Antecedentes
En 1934, se declaró como zona de protección forestal un área de aproximadamente 10,000 km2 que bordeaban a Guadalajara, incluido el bosque La Primavera
En 1963, la Comisión Forestal del Estado de Jalisco establece una coordinación para la elaboración de un proyecto para la creación de un “parque estatal” en La Primavera. El 26 de diciembre de 1970 se consideró al Bosque de la Primavera, por el Gobierno del Estado de Jalisco, como de utilidad pública y uso turístico
El 14 de octubre de 1972 se decretó el bosque La Primavera como reserva urbana por el gobernador del estado de Jalisco
El 6 de marzo de 1980, por mandato del presidente José López Portillo, se publicó en el Diario Oficial de la Federación el Decreto por el que por causa de utilidad pública se establecía como zona de protección Forestal y Refugio de la Fauna Silvestre la región conocida como La Primavera dentro de una superficie aproximada de 30,500 has en los municipios de Tala, Arenal, Zapopan y Tlajomulco de Zúñiga
El 25 de septiembre de 1980 se solicitó la derogación de los decretos estatales que declaraban a la zona como área turística y de reserva urbana. En este mismo año el Gobierno del Estado de Jalisco adquirió, mediante contrato de donación, 5,290 has ubicadas al poniente del bosque, viejo predio de Jorge Dipp que entregó en pago de impuestos al gobierno federal
El 7 de diciembre de 1995, se llevó a cabo el primer acuerdo de coordinación entre la Secretaria de Medio Ambiente federal y el gobierno del estado de Jalisco, con el objeto de transferir a este último la administración de la zona
El 7 de junio de 2000 se publicó en el Diario Oficial de la Federación al recategorización de La Primavera como área de protección de flora y fauna
12 de octubre de 2013, comienza la vida del organismo público descentralizado Bosque La Primavera, controvertido por los propietarios con al menos trece juicios de amparo
Fuente: Programa de manejo del bosque La Primavera, 2000
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