Doce médanos del litoral, sobre todo en La Huerta, ya no tienen acceso, mientras el resto se privatiza aceleradamente, sin que municipios actúen. Foto, las residencias de la élite internacional se han apoderado de la zona de Careyes
Agustín del Castillo / Costa de Jalisco. MILENIO JALISCO
Los pescadores son los primeros que padecen el problema de la privatización de facto de las playas que está realizando el sector turístico, sobre todo en el municipio de La Huerta. Primero les ponen una puerta para impedir que los autos lleguen a la playa. Luego impiden el acceso a pie, y ya al final, incluso los policías privados ahuyentan a los que llegan por mar, pistola en mano.
Las influencias del lobby turístico también se reflejan en el otorgamiento de las concesiones. El caso de la Cooperativa de Ribera de Punta Pérula o Careyes, que denunció despojo de su concesión pesquera a favor de un inversionista en 2007, es emblemático, y sin duda también está el caso de Tenacatita. Lo cierto es que los pescadores y otros intereses pequeños en fuerza política padecen el proceso en la parte más codiciada del litoral, que es ese municipio lleno de caletas y pequeñas ensenadas entre un mar de montañas que le dan a su paisaje características únicas en México.
“Lo vemos en la práctica, el gobierno maneja que quiere desarrollo para los municipios, pero nunca se han puesto a ver la necesidad que tiene una cooperativa o un grupo de pescadores de tener una pequeña concesión, y en cambio, al empresario [turístico] le dan todo […] y qué pasa, que llegan con el desalojo, sin tomar en cuenta el darle una oportunidad a un grupo pequeño o a una cooperativa, y es lo que han pasado con Careyes, Careyitos, la Cruz de Loreto [ésta, en el caso de los esteros], hasta ha habido pescadores desaparecidos o suicidios, por defender algo que creemos es nuestro, y éstas son las consecuencias”, exclama irritado el presidente de Federación de Cooperativas Pesqueras de Jalisco, la principal organización de pescadores de la Costa Sur, Alejandro Trujillo Hernández.
- Es decir, ¿la presión es muy fuerte?
- Sí, la presión está muy fuerte, donde el gobierno debe poner más atención; lo que sucedió en Tenacatita, que fue la opción de liberar la carretera para entrar a la playa, debe hacerse por el gobierno del estado en todas partes; ojalá sean compartidas, para que se pueda beneficiar a todos, y no que al pescador o al jodido se le tenga con la pata en el pescuezo.
- En el tema de las concesiones, el primero en tiempo es primero en derecho, pero ustedes ven cómo les quitan las concesiones, como pasó en Careyes.
- Sí, desgraciadamente la ley no se aplica como debe ser, igual para todos; y no es así, si yo tengo mi concesión en la playa o el humedal para los aprovechamientos desde hace mucho tiempo, pues el mejor derecho es para mí que al que está a un lado y llegó luego, la ley así lo señala, pero no lo hacen, o si no, como que te dan la concesión, como en Careyitos, y al poco tiempo te la revocan.
- Y se la dieron a los empresarios…
- Así es, y está todo bien documentado, sabemos que se va a desarrollar Careyes y Careyitos, pero la parte de la concesión tiene que respetarse, así como la entrada a la playa; ahorita está cerrada y tienes que entrar con tus cosas al hombro.
- Esto es sistemático, la privatización general de las playas.
- Sí, así es; en el caso de Chamela está mejor porque los empresarios actuaron atinadamente y parece que están apoyando a los pescadores, que les dieron un espacio y parece que les van a mejorar las viviendas, ojalá eso se haga en otros lados.
Los guardias armados impiden al pescador o al visitante entrar en playas como El Negrito, o en Cuixmala, “ni en lancha puedes llegar ya, te sacan los vigilantes a punta de rifles”, asegura un investigador de la Universidad de Guadalajara.
“Ahorita El Tamarindo está controlado, tiene seguridad, y Espíritu Santo, que está adelante de Careyes; yo cuando fui de pescador fui a playa Paraíso, me dijeron, a ver qué traes, estás pescando, tienes ahí unas redes; fui con la ingenuidad de que cree uno que las playas son propiedad de la nación y se puede ir allá, me detuve a reparar mis cosas para la pesca, y con pistola en mano me dijeron: haga el favor de retirarse”, añade Trujillo Hernández.
En contraste con La Huerta, “los grandes playones existentes en los municipios de Tomatlán y de Cabo Corrientes aún no experimentan estas restricciones, sin embargo los desarrollos turísticos e inmobiliarios futuros podrían estar contemplando esta tendencia. En los Ordenamientos Ecológicos Locales vigentes de los municipios de Cabo Corrientes, de Tomatlán y de Cihuatlán, existen criterios ecológicos que en papel deben evitar que el acceso libre a la playa se restrinja. Sin embargo, los ayuntamientos deben ser los principales actores para impedirlo, ya que los desarrollos deben de presentar al ayuntamiento planes parciales de desarrollo urbano, en los cuales éste debe obligar a no restringir al acceso a las playas”, señala una tarjeta informativa sobre el tema elaborada por investigadores de la UdeG a solicitud de la federación de pescadores.
Según información pública de la delegación Jalisco de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat), hasta 2009, 1,238 usuarios tenían el control sobre 280 kilómetros del litoral, 82 por ciento del espacio de las playas de Jalisco; la dependencia insiste en que se trata de terrenos sólo susceptibles de aprovechamientos concesionados, a condición de que se respete el carácter público. De 1,238 usuarios registrados, 819 pagaban derechos y 412 tenían concesión.
“Si de por sí los desarrollos que hay aquí como Careyes, con turismo europeo y toda la cosa, se han metido tanto para proteger, uno dice uno, bueno, está bien, está todo virgen para el desarrollo, pero la verdad ya se han tardado mucho […] no nos dejan entrar, ni a los pueblos crecer, y se oponían a que se hiciera la carretera porque nos decían que iba a venir más gente, que porque querían proyectos de baja densidad, o como del famoso aeropuerto, que pintaba muy bien, y está ahí todo parado”, señala Ariel Mendoza, presidente de la federación vecina, enclavada en Punta Pérula, de La Huerta.
Las playas “son bienes de dominio público de la Federación, inalienables e imprescriptibles”, dice el artículo 5 del Reglamento para el uso y aprovechamiento del mar territorial, vías navegables, playas, zona federal marítimo-terrestre y terrenos ganados al mar.
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Pescadores, dos crímenes no aclarados
MILENIO JALISCO solicita información de estos asuntos en la Fiscalía General del estado, sucesora en competencias de la Procuraduría General de Justicia del estado. “Primero habría que encontrar al responsable de desaparecidos, que también suele andar desaparecido”, explica con sincero humor negro un funcionario consultado.
¿Existen averiguaciones previas, expedientes que hayan sido archivados, líneas de trabajo que se sigan? No hay respuestas, la transición de gobierno dejó perdidos muchos papeles.
Sánchez Ruiz presidía la cooperativa de la Ribera de Punta Pérula, y la federación que ahora encabeza Alejandro Trujillo; se había enfrentado con empresarios turísticos que pretendían la privatización de la zona donde sus socios extraían pescados y mariscos, además de ser uno de los críticos más sistemáticos del proceso de privatización de los bienes públicos del litoral.
“Yo tampoco entiendo por qué el gobierno les permite tener elementos de seguridad que no respetan los derechos de los pescadores, que obligadamente debemos ir porque es nuestra actividad; al grado que cuando ves a un uniformado, mejor te das la vuelta y te regresas”, señalaba irritado Sánchez Ruiz en entrevista con este diario, publicada el 11 de mayo de 2007. A los pescadores de la Cooperativa de Producción Pesquera de la Ribera de Punta Pérula (o Careyes) se les despojó de una concesión que tenían desde 2005, para utilizar 4,160 metros cuadrados de la playa de Careyes, lo cual los enfrentó con los intereses de la familia Brignone, a favor de los cuales se procedió a cancelar el documento. Después del asesinato, una de las líneas de investigación fue un presunto problema pasional, y no se indagó demasiado en la línea del enfrentamiento político.
Los socios de la cooperativa, que fueron desaparecidos, tuvieron enfrentamientos con el empresario de origen italiano Giuliano Gasparotto, administrador de El hotelito desconocido, en una disputa por la zona federal en el estero El Ermitaño.
Para estos dos caso, se abrieron las averiguaciones previas 42/2011, en la agencia 12 de desaparecidos, y la 887/2011 en su oficina regional de la Costa Sur, en Autlán, por el asesinato del dirigente de los pescadores, y de ambas no se sabe nada.
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