SRA, Procuraduría Agraria y RAN se dedicaron a “fabricar” con abogados actos jurídicos para favorecer intereses ajenos a núcleos agrarios de Jalisco. En la foto, un nuevo fraccionamiento en zona ejidal de Zapopan
Agustín del Castillo / Guadalajara. MILENIO JALISCO
Los ejidos que poseen los predios más codiciados para el desarrollo urbano, turístico o de infraestructura, han sido espacio privilegiado por la mafia agraria, apoyada en personal de la Procuraduría Agraria (PA) y el Registro Agrario Nacional (RAN), para generar documentos y actos jurídicos simulados a favor de intereses ajenos a esas comunidades, según denuncias diversas que ha recibido MILENIO JALISCO.
En la zona conurbada de Guadalajara, destacan los casos del ejido Santa Ana Tepetitlán, donde un acta de asamblea validada con simples firmas de asistencia dio de alta a 108 muertos y facilitó el acceso a derechos agrarios de decenas de particulares ajenos; el del ejido San Juan Evangelista, de Tlajomulco de Zúñiga, donde un ex comisario quiso cobrar 20 millones de pesos que le entregó la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT) para dar anuencia de paso y 44 hectáreas para el proyecto del Macrolibramiento, pero no lo reportó a la asamblea, aunque lo quiso comprobar fabricando documentos; y el del ejido La Capilla, de Ixtlahuacán de los Membrillos, donde el comisariado se robó un dinero de indemnización por el paso de un ducto de Pemex, y quiso hacer lo mismo con el de la SCT para el proyecto del libramiento sur, hasta que le brincaron sus campesinos engañados y asombrados de que presentara… actas y documentos avalados por la PA y el RAN.
En la costa de Jalisco, destacan dos expedientes de Tomatlán: Campo Acosta y José María Morelos. En el primero, se “fabricó” un comisariado ejidal a modo para ceder derechos agrarios en tierras de alta calidad para el turismo; en el segundo, la falta de la firma del secretario del ejido, Bartolo Camarena, se compensó con una rúbrica… que no era de él, pero se estampó como si lo fuera en más de mil documentos oficiales.
En todos los casos, no hubiera sido posible lograrlo sin la activa participación de personal de la PA y el RAN; las evidencias de esas fabricaciones ilícitas están en manos de jueces federales que analizan amparos de las comunidades agraviadas, de tribunales agrarios donde se busca revocación de acuerdos, y de denuncias interpuestas ante la Procuraduría General de la República (PGR) por las nuevas administraciones de los organismos federales.
Algunos detalles. En Santa Ana Tepetitlán está impugnada el acta de asamblea del 9 de abril de 2006, en la cual se aprobó la titulación del ejido a manos del Programa de Certificación de Derechos Ejidales (Procede). Pero no sólo fue falsificada por empleados de la PA, sino que está mal falsificada.
Las siguientes irregularidades son detectables con la sola lectura: 59 ejidatarios fallecidos están presuntamente en posesión de tierras; otros 30 ejidatarios fallecidos, que habían sido privados de sus derechos agrarios, también se encuentran en posesión de tierras; 30 ejidatarios más, vivos, sufrieron en el pasado la privación pero se les reconoció la posesión de sus tierras. “Supuestamente cuatro más, a través del procedimiento de prescripción positiva obtienen posesión y propiedad, lo cual es incongruente e ilegal, ya que el régimen de propiedad comunal que rige en el ejido no admite tales procedimientos porque las tierras del ejido son imprescriptibles”. Once “nuevos ejidatarios” están en el mismo caso. Por si fuera poco, hay 19 usurpadores de certificados agrarios con el nombre de personas muertas. El acta adjudicó tierras a industriales, políticos, comerciantes y profesionistas, incluidos algunos vinculados al narcotráfico (ver ediciones de este diario del 7 y 15 de agosto de 2006).
En San Juan Evangelista, los amparos 147 y 2,500 de 2012 impugnan otra simulación realizada el día de muertos (2 de noviembre de 2012), cuando se eligió sin convocatoria pública un comisariado ejidal, al que se entregaron sus credenciales por el RAN un domingo (día inhábil), mientras el documento de la supuesta asamblea se metió para su inscripción al día siguiente. Es la primera vez que el efecto de la causa es anterior a la causa misma: “El personal del juzgado se moría de la risa de lo burdo”, señala el asesor de los quejosos, Pedro León Corrales. Sólo botones de muestra.
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