Dos ejidos y un propietario quieren más poder de decisión; El argumento central es que se violan sus derechos de propiedad con un organismo presuntamente “impuesto”
Agustín del Castillo / Guadalajara. MILENIO JALISCO
El triunfo legal que logró el ejido Santa Ana Tepetitlán en 2008 —un juicio de amparo confirmado por un Colegiado que separó sus 640 hectáreas de bosque del decreto protegido de La Primavera— mantiene a la ofensiva a un nutrido grupo de propietarios y ejidatarios, en posición de exigir más espacios y más poder de decisión en el nuevo organismo operador estatal que regiría los destinos en la zona a partir de la aprobación de la ley por los diputados locales.
El ejido separado, junto con miembros del ejido La Primavera y un propietario privado, el cónsul de Austria Eric Coufal, son identificados por el sector oficial como cabezas visibles de esa oposición, en que aluden que se les pretende aplicar una regulación legal similar a la expropiación, argumento que por cierto sostuvo Santa Ana para sacar adelante su juicio (revisión 465/2007 del amparo 413/2001), en el cual tanto el juez Tercero de Distrito como el Primer Tribunal Colegiado del Tercer Circuito consideraron que el decreto viola la propiedad privada.
“La superficie de terreno reclamada fue afectada por el decreto reclamado, lo que sin duda afecta su interés jurídico, en razón de que si bien dicho decreto no cancela los derechos de propiedad del ejido respecto de la superficie dotada, lo cierto es que le impide libremente gozar, disfrutar y disponer de la misma —características de la propiedad—, toda vez que prohíbe explotar de forma desmedida los recursos naturales que contiene, así como emplearla para fines urbanísticos…”, dijo entonces el juez (ver Público-MILENIO, 7 de junio de 2007 y 7 de julio de 2008).
Paradójicamente, Santa Ana Tepetitlán encabeza el reclamo de más asientos y poder de decisión para los ejidos, cuando por voluntad propia se separó de la reserva protegida. Otro núcleo de oposición importante está en los líderes del ejido La Primavera. En ambos casos se han canalizado millonarios apoyos en los últimos años en aspectos como pago de servicios ambientales, reforestación y restauración ambiental.
Pero mientras el caos urbano desatado en las tierras “liberadas” de Santa Ana suscitó el mayor incendio registrado desde 2005 (8,177 hectáreas en abril de 2012), algunos ejidatarios de La Primavera han instalado núcleos de recreo en abierta violación del decreto y su programa de manejo, como lo es un carril para carreras de caballos en el interior del bosque.
En el caso de Eric Coufal, hijo del famoso arquitecto austriaco cofundador de la escuela de Arquitectura de la UdeG, adquirió un paño de terrenos que pertenecieron al finado Jorge Dipp Murad, antaño el gran propietario de La Primavera. Su idea de lo que necesita el bosque protegido la esbozó claramente en la sesión en que se eligió a José Luis Gámez como actual director ejecutivo del bosque, el 9 de mayo de 2008: darle a propietarios y ejidatarios 50 por ciento de la representación de voz y voto en el órgano de gobierno, y establecer negocios “ecoturísticos” para compensar lo perdido con el decreto de 1980 (Público-MILENIO, 10 de mayo de 2008).
De manera que sí hay oposición, pese al optimismo de los diputados. Y en un mes se sabrá si son capaces de frenar o alterar la nueva ley para el órgano de gobierno del bosque.
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