Experto urbanista dice que no estamos en guerra o debacle económica como para que un tercio de las viviendas de la entidad estén desoladas, pues hay menos de 1.9 millones de vivienda en Jalisco. Coincidió con el diagnóstico del delegado de la Sedatu del conflicto que se generó con las políticas de vivienda.
Agustín del Castillo / Guadalajara. MILENIO JALISCO
Si en Jalisco hubiera medio millón de casas solas, el estado estaría colapsado. La realidad es que la estadística del Inegi y de la UNAM revela que hay alrededor de 70 mil casas abandonadas, lo cual es un problema de por sí grave, advirtió ayer el consultor en desarrollo urbano, Jesús García Rojas.
El experto cuestionó las estadísticas dadas a conocer en la edición de ayer de este diario por el delegado de la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (Sedatu), José Luis Cuéllar Garza, aunque coincidió con el diagnóstico del problema que se generó con las políticas de vivienda de los gobiernos recientes.
“En el censo de Inegi del 2010 había en Jalisco un millón 735,935 viviendas, es cuestionable que 29 por ciento, medio millón, estén abandonadas, supongo que hay algún error. La información de Inegi y la UNAM señalan que a nivel nacional hay cuatro millones de viviendas deshabitadas y en Jalisco son 70 mil, 60 mil en Tlajomulco y diez mil en Ixtlahuacán de los Membrillos; para tener abandonadas 500 mil viviendas tendríamos que estar en una situación de guerra, en una profunda crisis económica, o en una gran migración, y no es así”, puso en relieve en entrevista con MILENIO JALISCO.
Tampoco “hay fundamentos para pensar que 12.5 por ciento de la viviendas deshabitadas del país estén en Jalisco”, ponderó.
No obstante, al opinar de la postura del nuevo gobierno de echar para abajo las políticas de vivienda previas, consideró que “la decisión que tomó el presidente Peña Nieto es muy valiente, porque si bien las cosas ya estaban enormemente deterioradas, él podría haber permitido que las cosas siguieran igual, y lo digo porque había muchos grupos de interés deseando que las cosas así fueran; dentro de su propio grupo de financiamiento de campaña había desarrolladores muy poderosos, lo que nos hacía pensar que no se daría un cambio tan importante como el que se anuncia”.
Matizó también el diagnóstico que sólo atribuye a los gobiernos panistas el deterioro: “En realidad se tiene un proceso de deterioro de 21 años, se origina en el paquete de las reformas constitucionales de 1992, con equivocadas políticas públicas, como son los planes de choque para contener la inflación, la congelación de salarios, de los créditos hipotecarios de desarrollo mínimo […] esto tuvo como resultado la no intervención gubernamental y la entrada a un proceso de estrategias facilitadoras y de subsidios mal diseñados”, que a la postre dejan en manos de los grandes promotores de vivienda las decisiones sobre el crecimiento de las ciudades.
Y desde esos años, ONU Hábitat y diversos organismos internacionales alertaban sobre la necesidad de impedir el caos en los centros urbanos con la consolidación de los centros y su redensificación.
“Se hablaba de lo que hoy es en Jalisco una novedad, que las ciudades fueran compactas, los cambios de uso del suelo urbano se fijaran como meta la sustentabilidad ambiental, […] la intervención del gobierno para atender a grupos desfavorecidos y vulnerables, desarrollar tierras habilitadas con infraestructura y evitar el crecimiento desequilibrado”, y no dejarlo a las limitaciones de los mecanismos de mercado, que buscan de forma primordial la ganancia.
Este problema se acentuó con las crisis de los años 90 y la pérdida del poder adquisitivo de los trabajadores. Ya en los tiempos panistas “se diseñó un subsidio al frente como enganche, se ofrecieron alrededor de ocho mil millones de pesos anuales, 48 mil millones sexenales, para poder beneficiar a gente en situación de pobreza y de bajos ingresos, y no fue así, los estudios que hemos hecho demuestran que la intención se distorsionó […] la mejor prueba es que no se inundó con ellos estados de la república en extrema pobreza, sino entidades desarrolladas como Jalisco”, apuntó.
— ¿Entonces podemos concluir que ese enorme capital aportado por el gobierno sirvió para engordar las carteras de los grandes vivienderos?
— Sí, y no llegaron a los trabajadores que lo necesitaban.
— El Estado renunció a su responsabilidad de regular el uso del suelo.
— Sí, se perdió la rectoría del Estado.
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EL CAMBIO TARDARÁ
-Jesús García Rojas dice que las buenas intenciones no bastan: se demorará al menos dos años en dar resultados el nuevo esquema de reglas para evitar que la especulación inmobiliaria siga mandando en las ciudades. Y la responsabilidad de los gobiernos municipales es alta.
“Hay que ser honestos y la ley es muy clara, las facultades las tiene el municipio, y uno de los temas que incluyen las reformas constitucionales es la reforma a la Ley General de Vivienda y a la Ley General de Planeación […] en las reformas que pretende hacer la presidencia de la república van a ser fundamental regular el subsidio, ya no dar subsidio que fomente la especulación urbana”.
— ¿No se puede pensar que si un viviendero queda bien con el alcalde puede obtener permisos y autorizaciones y seguir haciendo lo mismo?
— Claro, pero no van a poder seguir de la misma manera, el oligopolio viviendero apostó a comprar tierra barata y obtener subsidios, y ya no va ser tan fácil cuando el gobierno te cierre la llave del subsidio, porque si lo ves de una manera únicamente mercantil, se les acaba el gran negocio […].
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