Ya se han acordado 26 exclusiones, de 200, en tierras de la comunidad
Guadalajara. Agustín del Castillo. PÚBLICO-MILENIO
Los comuneros de San Juan Tecomatlán confían en la buena fe y la disposición al diálogo de los avecindados mexicanos, y sobre todo, extranjeros, que ocupan más de 100 hectáreas de su superficie titulada. Y la prueba es que se ha logrado llegar a convenios en el caso de 26 solares, de los cuales, trece ya han derivado en sentencia judicial inamovible, advierte la abogada de los campesinos, Marielena Navarro Becerra.
Destaca que ello ha sido posible por la apertura mostrada por la asamblea de comuneros, consciente de la necesidad de regularizar la ocupación de sus vecinos, así como por la aceptación de estos en pagar una indemnización justa por haber construido sobre patrimonio comunal. Hay además una “gran respuesta” del magistrado del Tribunal Unitario Agrario del distrito 16, con sede en Guadalajara, Agustín Hernández González, quien no ha dejado de subrayar la necesidad de conciliar los intereses de las partes.
El pasado sábado 21 de marzo, se celebró la última asamblea de la comunidad. Allí se aprobó finiquitar cinco nuevos convenios, con los cuales se llega a 26. Trece han sido debidamente sentenciados por el magistrado responsable, y trece más están en la fase previa. Son 26 particulares que han aceptado pagar indemnización. “Tratamos los asuntos casos por caso, depende esto de la persona, la calidad y cantidad de terreno que posee, y cómo lo adquirió”, añade la representante jurídica.
Un ejemplo de ese procedimiento se refleja en la escritura 3,875 del notario público número uno de Poncitlán, Carlos Alberto González González, en la que se protocolizan las actas de asamblea de los días seis y 21 de febrero de este año, para regularizar lotes del desarrollo Huerta de Tlachichilco, según copia en poder de este diario.
En esas actas se aprobaron los convenios de Aline Marie Antoinette Miller Ivonne, quien para regularizar los lotes 17 y 21 aceptó pagar 91,766 pesos; de Érika Gertraud Behmke y Werner August Michael Behmke, quienes pagan 72,381 pesos por el lote 23; de John Allan Hunter y Janice Marylin Lichtfield de Hunter, a quienes no se cobra nada por el lote 28, “en virtud de los muchos apoyos que ellos han dado a la comunidad y sus comuneros” (Público, 23 de marzo de 2009); de Justus Hauser Hollatz, quien paga 120 mil pesos por el predio rústico denominado El Zalate; de Helen Louise Nees y Ronald William Jones, que pagan 55 mil pesos por el lote diez; finalmente, el convenio de María de la Luz García Ríos, viuda de Tejeda, e hijos, quienes pagan 120 mil pesos como contraprestación por el predio llamado El Copalito.
Marielena Navarro señala que ese esquema es justo y permite seguridad en la tenencia de los poseedores, y paz con la comunidad. “Estamos toaslmente abiertos a acuerdos pacíficos, siempre y cuando reconozcan que nos deben una pequeña indemnización”, advierte por su parte Juan Manuel Muñoz, miembro de la comisión de Tlachichilco para negociar estos diferendos.
EL GOBIERNO, RESPONSABLE
Entre 1997 y 2002, cuando se llevó a cabo el proceso de reconocimiento comunal, se generaron diversas escrituras privadas, cuyo valor legal es nulo, pero ha permitido cobijar la especulación con la tierra.
Uno de los actores que contribuyó al enrarecimiento de las cosas fue el propio gobierno estatal, que con su programa de regularización de predios rústicos, emitió escrituras sobre superficie comunal. Ahora reconoce que se trata de actos “nulos de pleno derecho”, pues el derecho de las comunidades indígenas no prescribe, y es anterior en tiempo a cualquier enajenación realizada desde la promulgación de las Leyes de Reforma, a mediados del siglo XIX (dado que data de las Leyes de Indias de la época colonial).
Un ejemplo de esos abusos se ve en la escritura de compraventa32,833, emitida por el notariopúblico 1 de Chapala, AntonioBasalto Ruiz, donde una mexicana,Sabrina Razo Camarena, le vende a una extranjera, AlineMiller (mencionada en el convenio reseñado arriba, en este texto) una propiedad de Tlachichilco, sin advertirse la procedencia comunal de los terrenos.
“La parte vendedora adquirió la totalidad del inmueble […] mediante resolución emitida
por el gobernador constitucional a través del Comité Interinstitucional para la Regularización de
Predios Rústicos de la Pequeña Propiedad en el estado de Jalisco, de fecha 19 de noviembre de
1999”, señala el documento.
En esto “se abusó de la buena fe del gobierno”, se defiende un funcionario estatal. Lo cierto es
que sólo contribuyó a crecer un problema donde los compradores finales y la comunidad son
las víctimas. De los intermediarios, ni sus luces.
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CLAVES
Los convenios logrados
Ya tienen sentencia judicial, y por lo tanto, se reconocen como predios de pequeña propiedad, los correspondientes a los siguientes expedientes llevados ante el Tribunal Unitario Agrario del Distrito 16: 616/2006, 657/2006, 735/2006; 307/2007, 310/2007, 315/2007, 317/07, 470/2007, 527/2007, 585/2007, 602/2007, 261/2008 y 315/2008
Ya acordados y pagados a la asamblea de comuneros, y pendientes de sentencia, los siguientes trece expedientes: 471/2007, 614/2007; 162/2008, 206/2008, 288/2008, 306/2008, 308/2008, 309/2008, 311/2008, 312/2008, 313/2008, 402/2008 y 637/2008
Hay todavía, sin embargo, otros 177 juicios por exclusión, todos demandados por los posesionarios de los terrenos, lo que revela que el universo de irregularidad continúa siendo mayor de lo ya conveniado y regularizado
En San Juan Tecomatlán hay 1,946 hectáreas tituladas a favor de 479 comuneros. Sus derechos datas de la época colonial, y solicitaron su reconocimiento en el año 1977, pero la obtuvieron hasta 1997. Como esa resolución los dejó con 300 hectáreas menos, interpusieron un amparo indirecto; la autoridad agraria corrigió la superficie en noviembre de 2002
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