lunes, 2 de junio de 2014
Observatorios, un examen difícil para el gobernador
Cuatro expertos desgranan los desafíos de los dos observatorios ciudadanos y alertan sobre que sean usados para legitimar decisiones ya tomadas.
Agustín del Castillo/Guadalajara. Milenio Jalisco.
En los tiempos del echeverrismo, decían las malas lenguas que si un gobernante no quería resolver un problema, “creaba una comisión”. De preferencia “tripartita” (la santísima Trinidad de ese mundo la conformaban el gobierno, el pueblo trabajador y los empresarios…). Hoy, el tema de la participación de la sociedad se ha debido hacer más serio, ante el descrédito de la clase política.
La gran disyuntiva para los miembros de los grupos sociales está en participar de verdad en la toma de decisiones. Es decir, no ser utilizados para “lavarle la cara” a un sistema cuestionado.
Pero lo cierto es que la participación de la sociedad civil está de moda. Todos los gobiernos de todos los sectores tratan de integrar a representantes ciudadanos ante la erosión de su credibilidad en áreas delicadas como la obra pública, el desarrollo económico y social; la transparencia, la justicia, los derechos humanos y la seguridad; el uso y preservación de los recursos naturales.
Se pasa aceleradamente del despotismo semiilustrado de larga traza –“por causas que guardo en mi real pecho”, les dijo a sus súbditos Carlos III para acallar rebeliones por la expulsión de los jesuitas en los sesenta… del siglo XVIII; “yo sé lo que Jalisco necesita”, gritó a sus críticos un gobernador… apenas en 2008-, a la irrupción de la sociedad, del ejercicio de la ciudadanía y demás derechos democráticos.
“Estamos como en el tema de las cuotas de género, se trata de esquemas de participación en un periodo de transición; en la medida en que los gobiernos respondan a las expectativas ciudadanas y se asoman como sus auténticos representantes, que se supone deberían ser porque para eso tenemos democracia e instituciones públicas, porque hasta ahora, para el ciudadano no lo son”, destaca Mario Silva, del Colectivo Ecologista, integrante del Observatorio Ciudadano de Movilidad, el primero de los dos que están vigentes en el estado.
“En términos generales esto tiene que ver con la calidad de la democracia; muchos temas se intitucionalizaron como es el caso de derechos humanos, medio ambiente, equidad de género, pero ello no lleva garantizado resolverlos; por eso surgen de forma importante, a partir de 1995, los consejos consultivos ciudadanos, la gente quería ser escuchada, y se ponen como prótesis de esas instituciones, pero es difícil hacerlos funcionar cuando ni siquiera tenían atribuciones claras”, añade.
La nueva opción, de observatorios ciudadanos, aprende de esos problemas y ante la magnitud del descrédito del sector público, le obliga a ser concesiones inéditas. “Tenemos que probar el esquema, es un organismo de opiniones vinculantes, no solamente consultivo y el gobierno debe aprender a trabajar con nosotros, porque las inercias son muy fuertes; deben dejar de vernos como enemigos y entender que cualquier asunto público será mejor abordado y saldrá más fortalecido si incluyen otros puntos de vista”, sostiene Silva. A su juicio, se debe dar el espacio y tiempo para demostrar las posibilidades de los observatorios.
En la misma lógica, el presidente del Observatorio del Agua, instalado apenas el pasado 29 de mayo, Juan Guillermo Márquez Gutiérrez, señala que hay posibilidades razonables de que las cosas mejoren.
“En México, pretenden ser el sustituto de las comisiones que se han creado para atender un problema que rebasa la capacidad gubernamental. Sin embargo, éstos pueden ser más eficaces que las dichosas ‘comisiones’ en la medida que sean creadas desde los sectores sociales, técnico-científicos y económicos y mantengan su independencia del sector oficial y un equilibrio entre sectores”.
Dentro de sus objetivos “están recopilar información de las distintas fuentes e instituciones; analizarla; generar informes o reportes que se conviertan en herramientas de trabajo para los tres órdenes de gobierno y por supuesto, difundir ampliamente la información ya procesada –las recomendaciones- para que la sociedad en general la conozca y también, como objetivo central, que dicha información sea verdaderamente tomada en consideración por el sector oficial y tenga injerencia en las políticas públicas, planes de desarrollo y en los proyectos”, añade.
Los observatorios “pueden ser grandes articuladores entre los gobiernos y sectores sociales, ya que no están supeditados al ‘protocolo’ del sector oficial y pueden interactuar con mayor eficacia […] una de las fortalezas de los observatorios será la capacidad que posean para generar una gran red de relaciones públicas y de comunicación, ya que de esta forma mantendrán un fuerte vínculo con los ciudadanos para que puedan constituirse en un organismo, que con sus acciones, trascienda verdaderamente en la sociedad”.
Los observatorios son así garantes de información, de transparencia y de una toma de decisiones mejor articulada, “y por tratarse de organismos que no están sujetos a los ciclos trienales o sexenales como los gobiernos, pueden convertirse en el eslabón que le dé continuidad a los trabajos y planes. Es decir, pueden ser agentes importantes para alcanzar una verdadera gobernanza”.
María del Rayo Calderón, activista ambiental que ha participado en muchos órganos y consejos consultivos, advierte: “Cuando la composición de estos órganos se da sin una verdadera apertura y horizontalidad siempre hay la instrucción oculta de la verticalidad que va bajando hacia todos los sectores que la conforman y que generalmente son personajes que por sentirse congraciados con los convocantes no se animarán a un cuestionamiento real y confrontativo”; la clave es, a su juicio, la incidencia, es decir, que los observatorios provoquen cosas reales en los temas que les corresponden.
El presidente de otro observatorio de diferentes características, Jalisco Cómo Vamos, Augusto Chacón Benavides, señala que la novedad de los dos observatorios instituidos a partir de una iniciativa del gobierno es que se integran algunas de las mejores mentes en los temas de movilidad y agua que tienen Jalisco y el mundo –por el hecho de incluir organismos internacionales de prestigio en el caso del segundo-, que sin duda enriquecerán el debate y ayudarán a los ciudadanos a conocer de forma transparente los problemas. Pero advierte que si las autoridades caen en la tentación de controlar el trabajo de ambos organismos, será contraproducente y la sociedad podría desconfiar aún más.
“Va ser una prueba interesante para medir la apertura del gobernador Aristóteles Sandoval en esos temas, que esté dispuesto a escuchar otras voces y las integre a los proyectos y programas de gobierno más allá del discurso, y no sólo tratar de usarlos y creer que ellos saben todo y lo pueden resolver solos”, sostiene Chacón.
Un nuevo instrumento de los ciudadanos.
En Jalisco se tienen tres observatorios ciudadanos, dos creados a la sombra del poder Ejecutivo y que presentan la novedad de que sus opiniones serán “vinculantes” y su actuación, autónoma, pese a las presiones políticas. El tercero, Jalisco Cómo Vamos, es un observatorio más clásico que no tiene vinculo gubernamental, mide acciones de gobierno y pulsa el sentir ciudadano.
“Una condición necesaria para que en una sociedad se puedan fortalecer los procesos de gobernanza democrática y cohesión social, es institucionalizando mecanismos de observación ciudadana para el monitoreo y control de los recursos públicos. Y la forma tangible de acercarse a dichos mecanismos es a través del estudio de las organizaciones que realizan estas actividades, esto es los denominados observatorios ciudadanos”
El objetivo de un observatorio ciudadano, así, “es observar, vigilar y documentar las diferentes políticas públicas que pone en marcha el Estado, a nivel municipal, estatal y federal”
En México habría 87 observatorios en la actualidad
“Las áreas de política pública más analizadas son las de desarrollo urbano y vivienda, desarrollo económico y protección al ambiente. También se observó que las políticas públicas en desarrollo rural, en infancia y juventud y las aplicables a pueblos y comunidades indígenas son las menos estudiadas y evaluadas.”
El principal aporte de los observatorios “para la gobernabilidad democrática y la cohesión social es la información que generan y que es de utilidad para la toma de decisiones. El presentar al público y a los tomadores de decisión información acerca del estado de las diferentes áreas de política pública a través de indicadores y diversos estudios, ponen de manifiesto el interés en crear una ciudadanía cada vez más informada y con mejores elementos para tomar decisiones dentro del espacio público. Esta información está destinada a incidir en las políticas públicas que diseñan las diferentes dependencias de los distintos órdenes de gobierno.”
Fuente: “Los observatorios ciudadanos como impulsores de la cohesión social y la gobernanza democrática en México”, de Paulo Cantillo Gómez y Beatriz Vázquez Gaspar (http://www.sinergiaciudadana.mx/sinergia/documentos/estudios/impulsorescohesion-social-gobernanzaContorno-IGLOM%202009.pdf)
domingo, 1 de junio de 2014
Expertos dan respaldo para proteger bosque en Talpa
Miembros de la Comisión Forestal de América del Norte acudieron al municipio de la sierra costera de Jalisco, cuyos ecosistemas viven tiempos difíciles.
Agustín del Castillo/Guadalajara. Milenio Jalisco.
Doce años después de la petición firmada por más de la mitad de los ciudadanos de Talpa de Allende, de establecer una reserva de la biosfera para proteger el bosque mesófilo de montaña donde habita una de las escasas comunidades de arce de azúcar o maple (Acer skutchii) en toda la América tropical, el expediente duerme en el olvido, ante la indiferencia de dos sucesivos gobernadores de Jalisco, Francisco Ramírez Acuña y Emilio González Márquez, y el compromiso todavía incumplido del que está en funciones, Aristóteles Sandoval Díaz.
De hecho, apenas se cuenta con la raquítica protección de 150 hectáreas, cuando la necesidad de preservación se extiende a casi 50 mil, pues de otra manera no será viable este bosque de niebla que mantiene relictos vegetales de las glaciaciones que definieron la historia geológica y biológica, así como la presencia humana en este hemisferio.
La amenaza, además de una obra carretera ilegal que abrió el gobierno de Ramírez Acuña en 2003 a escasos metros de la cañada donde ha sobrevivido el arce, está desatada por los crecientes procesos de colonización desde la región Costa Norte de Jalisco, pero sobre todo, por el inquietante expediente del cambio climático, que a nivel global parece condenar a este tipo de ecosistemas que requieren una convergencia especial de sombras, humedad y clima templado.
El ascenso de las superficies dominadas por el calor podría borrar este tipo de florestas —apenas 1 por ciento de la superficie mexicana—, destruir frágiles procesos biológicos y especializaciones propias de un sitio de encuentro de zonas templadas y tropicales, y una diversidad de especies similar a la de una selva húmeda de Guatemala, Indonesia o El Congo.
Dos de los visibles promotores de esta reserva enclavada en el límite norte de la Sierra Madre del Sur, el investigador de la Universidad de Guadalajara (UdeG) José Antonio Vázquez García —codescubridor de ese corredor de arces— y el promotor de desarrollo comunitario Toribio Quintero Moro, junto con el presidente municipal, Héctor Javier Palomera Uribe, recibieron a visitantes del Grupo de Trabajo para los Recursos Genéticos Forestales de la Comisión Forestal de América del Norte, posterior a una reunión en la sede de la Comisión Nacional Forestal (Conafor), en Zapopan.
“Los visitantes quedaron muy impresionados no sólo por este bosque, sino en general, reconocen que Talpa es el municipio con más diversidad biológica de Jalisco y respaldan y recomiendan todas las tareas de protección que se den, y lo dejarán patente en la próxima reunión de la comisión, junto con expertos de la FAO, en este mes de junio”, explicó Quintero Moro a MILENIO JALISCO.
Por su parte, el botánico Vázquez García elaboró un artículo de su exposición en el encuentro realizado el jueves 15 de mayo. “El aspecto más sobresaliente es la vulnerabilidad del bosque de arce al cambio climático global, dada la reducida superficie actualmente protegida por el gobierno del estado; hasta la fecha no se ha logrado consumar la declaratoria de proteger al menos una quinta parte de lo recomendable como parque estatal. Además, la frecuencia de incendios forestales en su entorno y en ausencia de brigadas antiincendios, así como aprovechamientos forestales y actividades productivas en las cercanías acentuarán el efecto de borde, aumentando los riesgos de perder el más sobresaliente relicto del terciario de todo el occidente y norte de México”.
En Jalisco, sólo hay otra comunidad de arces, considerablemente más pequeña, en la Sierra de Manantlán, en la Costa Sur. Y en el país, apenas se ha documentado un bosque pequeño en la reserva de la biosfera El Cielo, de la Sierra Madre Oriental (Tamaulipas). Hay que descender a Chiapas y Guatemala para encontrar de nuevo ecosistemas de este tipo.
Ejidatarios locales conversaron con la misión de expertos mexicanos, estadounidenses y canadienses, liderada por Cuauhtémoc Sáenz Romero y a nivel del subcontinente por Kurt H. Johnson, para que se convenza a los gobiernos mexicanos y de Jalisco de otorgar más apoyos para transitar hacia el uso sostenible de estos bosques.
Diversidad de la cañada del Maple: arce de azúcar (Acer skutchii), podocarpo (Podocarpus reichei), Oyamel jalisciense (Abies guatemalensis variedad jaliscana), helecho arborescente (Cyathea costaricensis), matuda (Matudea trinervia), pino blanco (Pinus ayacahuite variedad novogaliciana), pino de Jalisco (Pinus jaliscana), encino borneo (Quercus insignis), álamo blanco (Populus guzmanantlensis), nogal cimarrón (Juglans major), cirimo (“Tilia mexicana”) y magnolia del Pacífico (Magnolia pacifica)
En los bosques Talpenses nacen los ríos San Nicolás, Macota, San José, Cuale, Pitillal, “que son la parte fundamental para la captación de 95% agua de la presa Cajón de Peñas así como para provisión de 87% del agua para el centro internacional turístico de Puerto Vallarta”, destaca Vázquez García.
sábado, 31 de mayo de 2014
“El estado debe regular” el manejo del agua en Jalisco
Privatización de infraestructura, caso El Zapotillo, debe ser revisada, sostiene Juan Márquez.
Agustín del Castillo/Guadalajara. Milenio Jalisco.
No son pocos los retos que tiene el recién nacido Observatorio Ciudadano para la Gestión del Agua en Jalisco; uno de los puntos medulares será lograr que el estado, en sus tres niveles de gobierno, regrese como regulador del manejo del recurso, pues el mercado ha demostrado sus limitaciones y ha derivado en soluciones inequitativas e injustas, sostuvo el presidente del organismo, Juan Guillermo Márquez Gutiérrez.
“Entre otras cosas, no debe el agua verse como un recurso, no solamente es un bien de vida, tiene un ciclo al que hay que respetar, y es el tratamiento que se dé en esa administración del agua lo que se tiene que tomar muy en cuenta para esos usos que se están dando, […] estamos acostumbrados en México, que cuando no se quiere encarar de lleno un problema, se hace una comisión, para no resolverlo; pero no sería el caso; lo más interesante de todo es que está en nuestras manos, es un ejercicio que vamos a construir todos, habiendo voluntad, un trabajo minucioso, escrupuloso, profesional, y esperamos también de la parte gubernamental una correspondencia”, subrayó en la intervención que hizo ante el gobernador, Aristóteles Sandoval, el pasado jueves 29 de mayo, en palacio de gobierno.
“Aquí tenemos que mencionar al gobierno federal también; tenemos que estar trabajando para que la articulación del agua nos lleve a todas las esferas: económicas, de salud, de desarrollo humano, y no se diga de la naturaleza; esa multidimensionalidad que tiene el agua necesita de una mejor articulación; si seguimos considerando únicamente los aspectos fríos de la ley nos vamos a entrampar, pese a que México ya se obliga por ley a una gestión integral del agua, […] pero en la práctica no hemos llegado aún, estamos atorados en la solución del tema del agua por medio de una oferta voraz, sin medida; y ahí dentro de esa gestión integral debemos revisar hasta dónde se deben crecer las ciudades, crecer en el campo, en la producción, porque hay límites, y todo se agravará con el cambio climático, estamos frente a un recurso que de ese modo es finito, porque su distribución va a cambiar y afectará todo”.
También “los proyectos deben tener seguimiento, no podemos pensar que una fotografía de hace 50 años siga siendo válida en la actualidad, como lo fue hace 30 años; se tienen que cambiar muchas cosas, […] hay una gran desconfianza, y la confianza solo se restablece con transparencia, con trabajo, con cercanía; no creemos que los proyectos tengan que favorecer a unos y sacrificar a otros: se debe generar un beneficio compartido, lo que abre la posibilidad de revisar los proyectos que están en marcha”.
El mercado ya mostró sus límites, la privatización no es la respuesta. “La rectoría del estado sobre los recursos es muy importante, no se puede ceder por 25 o 30 años, para que el mercado, tal vez con una buena intención, lo regule”, enfatizó.
Protegerán los bosques y selvas de región Vallarta
Esencial para conservar los servicios ambientales que le dan al destino jalisciense el tercer lugar nacional en generación de divisas por turismo.
Agustín del Castillo/Guadalajara.Milenio Jalisco.
En busca de mantener la calidad ambiental de Puerto Vallarta, tercer destino turístico del país por captación de divisas, y de preservar la enorme diversidad de las selvas y bosques que le rodean, el gobierno de Jalisco ha decidido encabezar el proceso de creación de un área natural protegida sobre 121,411.6 hectáreas de la zona.
El planteamiento reviste carácter urgente ante la llegada del proyecto de libramiento carretero, de 30 kilómetros de longitud, con que se pretende atravesar una parte del macizo selvático que rodea al puerto, en aras de mejorar la comunicación terrestre y facilitar el acceso de turistas a la zona.
“La propuesta es impulsada no solo desde el espacio e interés de esta secretaría, sino desde hace mucho tiempo y en particular desde la Administración pasada estatal y de múltiples actores sociales, productivos, de desarrollo y autoridades locales de esa región, a través de la Agenda para la Conservación de la Montaña, en donde el establecimiento de un área natural protegida es una de las prioridades señaladas por todos estos actores”, explicó la titular de la Secretaría de Medio Ambiente y Desarrollo Territorial, Magdalena Ruiz Mejía.
El pasado 23 de mayo hubo una reunión en el enclave costero entre representantes de los tres niveles de gobierno para determinar el futuro de la propuesta, impulsada inicialmente por científicos del Centro Universitario de la Costa de la Universidad de Guadalajara.
Los acuerdos: “Como la iniciativa del proyecto de conservación y aprovechamiento sustentable de sus recursos es de interés de los tres niveles de gobierno y de las comisiones de Desarrollo Urbano y de Medio Ambiente del Congreso local, se concertarán reuniones de trabajo con el gobierno federal para definir las siguientes acciones que conduzcan al establecimiento de estas iniciativas de conservación y aprovechamiento sustentable. Es importante tomar en cuenta el trazo del libramiento de Puerto Vallarta, para no afectar la propuesta del área natural protegida”.
El espacio a proteger tiene como núcleo la Sierra de Cuale e incluye territorio de los municipios de Puerto Vallarta, Mascota, Talpa y Cabo Corrientes; es parte de una amplia región terrestre prioritaria para la conservación, según la clasificación de la Comisión Nacional para el Uso y Conservación de la Biodiversidad (Conabio) y la Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas (Conanp), según el Análisis de vacíos y omisiones en conservación de la biodiversidad terrestre de México: espacios y especies (http://www.biodiversidad.gob.mx/pais/pdf/LibroGapTerrestre.pdf, 2007).
“Se estima que 52 por ciento de la riqueza de anfibios, 40 por ciento de reptiles y 36 por ciento de mamíferos en ese sistema montañoso son endémicos [exclusivos] de México”, añadió la funcionaria. Los registros reportan 2,046 especies de plantas —pero es probable que existan más de cuatro mil— 72 especies de mamíferos, más de 314 de aves y 111 de anfibios y reptiles.
Hay 12 tipos de vegetación, además del ecosistema marino: selvas medianas subcaducifolias, selvas bajas caducifolias, bosque de galería, palmar, bosques mesófilos de montaña, bosques de encino, pino —Pinus jaliscana, endémico del occidente mexicano— y oyamel —Abies guatemalensis, en peligro de extinción—, y la famosa comunidad de arce o Maple en Talpa, que es un ecosistema mesófilo o de niebla único en la América tropical, entre otros.
“Las montañas del río Cuale aportan importantes servicios ambientales a la región: la conservación de la biodiversidad, mantenimiento de los procesos ecológicos y evolutivos, regulación del microclima, producción y conservación de agua y suelo, mitigación de la contaminación, mejora de los sistemas de producción agrícola y pecuario, la generación de oportunidades de empleo y de actividades recreativas, mejora de las condiciones de vida en los núcleos urbanos y peri-urbanos y la protección del patrimonio natural y cultural de ciudades como Puerto Vallarta, Mascota, Talpa y El Tuito”, puso en relieve Ruiz Mejía.
“En la región, la actividad más importante es la turística, sin embargo, está constreñida al turismo tradicional [de alto impacto]; un modelo como es la reserva de la biosfera, contribuiría a diversificar la actividad en variantes del turismo alternativo, el ecoturismo, agroturismo, turismo rural y cultural”
La zona reviste importancia por tratarse de un corredor biológico de especies prioritarias para su conservación (caso emblemático del jaguar); es reserva de carbono y de los principales macizos forestales que producen agua para Puerto Vallarta.
jueves, 29 de mayo de 2014
Gobernador pide revisar estudios del trasvase a León
Asumió el nuevo Observatorio del Agua; el mandatario reconoce la necesidad de que el estado regule el recurso y no el libre mercado.
Agustín del Castillo/Guadalajara. Milenio Jalisco.
El gobernador de Jalisco, Aristóteles Sandoval Díaz, se pronunció esta tarde por revisar todos los estudios y fundamentos técnicos que la Comisión Nacional del Agua (Conagua) ha elaborado para el trasvase de agua del río Verde hacia la ciudad de León, Guanajuato, y dijo que si se demuestra que daña a la región de Los Altos y a Guadalajara, que se meta reversa a ese proyecto.
Al tomar protesta a los miembros del Observatorio Ciudadano para Gestión Integral del Agua en Jalisco, el mandatario aseguró estar dispuesto a dar el peso que merece el nuevo organismo en aras de alcanzar la nueva cultura del agua a favor de todos los habitantes del estado y, sobretodo, de los más desprotegidos.
También reconoció que el agua es un tema en el cual el mercado es un regulador deficiente, por lo que el estado debe intervenir para garantizar la equidad y la justicia y permitir soluciones que emanan de la sociedad y las obras de ingeniería solo se realizarían cuando fueran la única opción viable en cada caso.
Sandoval Díaz aseguró que el lago de Chapala como fuente de abastecimiento ya no es seguro para la ciudad de Guadalajara, por lo que consideró ineludible aprovechar el río Verde para evitar crisis de abasto que podrían dañar la economía y la sociedad de la capital jalisciense.
En ese sentido el presidente del nuevo organismo ciudadano, Juan Guillermo Márquez Gutiérrez, consideró que aunque la ley obliga en México a realizar la gestión integral del agua, la Conagua insiste en solamente atender con grandes obras de ingeniería una oferta que favorece a los sectores económicos dominantes, sin considerar el impacto ambiental y social, sobretodo para las regiones que exportan el agua.
En la reunión estuvieron ausentes las cabezas del sector agua en el estado: la titular de la Secretaría de Medio Ambiente y Desarrollo Territorial, Magdalena Ruiz Mejía; el director de la Comisión Estatal del Agua Felipe Tito Lugo Arias, y el asesor del gobernador y líder los ingenieros hidráulicos en el occidente de México, Enrique Dau Flores.
El Zapotillo: Juez emite una suspensión definitiva vs Jalisco
El gobierno insiste en que es proyecto federal, aunque sea para dotar a la ZMG y parta de un convenio de coordinación que firmó el estado.
Agustín del Castillo, Yenzi Velázquez/Guadalajara.
Milenio Jalisco.
Si es cierto que el gobierno de Jalisco no tiene interés en el tema de la presa El Zapotillo a 80 o a 105 metros de altura, pues se trata “de un proyecto federal”, la noticia que ayer dieron a conocer los abogados de Temacapulín debió dejar indiferentes a los miembros del núcleo político que despacha en el palacio de gobierno, en Guadalajara.
La noticia: el juez primero de distrito en Materia Administrativa y del Trabajo concedió “suspensión definitiva” contra ese nivel gubernamental, en el sentido de que no debe apoyar la sobreelevación de la cortina sobre el río Verde.
De hecho, el gobernador del estado, Aristóteles Sandoval Díaz, dijo que serán respetuosos de las decisiones del poder judicial, es decir, que la suspensión se aplicará, en aras de la legalidad, en el marco del juicio de amparo 1093/2014.
“Hay un procedimiento ante la Suprema Corte de Justicia [de la Nación, SCJN]; ésta emitió un fallo y aquí somos garantes del respeto de la ley, y garantes de que no se viole la garantía o derechos humanos de ningún jaliscienses, y en ese sentido nosotros siempre estaremos a favor de eso en el respeto irrestricto a la ley”, destacó en entrevista en la ciudad de Arandas, el mediodía de ayer.
El mandatario insistió en que es competencia del gobierno federal a través de la Comisión Nacional del Agua (Conagua), dar seguimiento y cumplimiento a lo ordenado por los jueces.
Esta suspensión definitiva, que confirma la provisional que se concedió seis días atrás, requiere ser ratificada para las autoridades federales involucradas, en particular, la mencionada Conagua, que es la que autorizó y aporta el dinero para la edificación. Esa audiencia será el 20 de junio próximo, dentro de tres semanas, en las que las presiones para el juez, Joel Fernando Tinajero Jiménez, serán al máximo nivel, pues “se trata de un proyecto federal” e implica inversiones cercanas a 16 mil millones de pesos, según los temores de los defensores deTemaca.
Sin embargo, que Jalisco no tenga que ver en el tema se puede cuestionar a la luz del convenio que en el año 2007 firmó a nombre de los jaliscienses su entonces gobernador, Emilio González Márquez. Dicho convenio con el gobierno de Guanajuato y el federal, cristalizaba el cambio en el proyecto que la Administración estatal había buscado desde marzo de ese año: que la presa fuera a 105 metros para que guardara el doble de agua y ésta se regulara a favor de la Zona Metropolitana de Guadalajara.
El primer documento se llama “acuerdo de entendimiento del 1 de agosto de 2007, que firman el presidente de la república a través de la Conagua y los gobernadores de Jalisco y Guanajuato” y es del 1 de agosto de 2007. El segundo fue el convenio de coordinación que celebraron el ejecutivo federal y los de los estados para “llevar a cabo un programa especial para los estudios, proyectos, construcción y operación del sistema presa El Zapotillo y acueducto El Zapotillo-Los Altos de Jalisco-León”, firmado el 17 de octubre de 2007.
Allí se establece que el costo de la sobreelevación se los repartían la Conagua y Jalisco. De 80 metros hacia abajo (convenio de 2005), era un proyecto financiado por Guanajuato y la Conagua.
Fue Jalisco, entonces, el que cambió las condiciones de El Zapotillo y exacerbó el conflicto con las comunidades que se inundarían; después, el enfrentamiento cambió de escala, pues más de 900 millones de metros cúbicos extraídos de una cuenca deficitaria, como son Los Altos, incorporó como actores del proceso a los sectores productivos de esa cuenca, que genera poco más de la quinta parte de la riqueza de Jalisco.
La resolución judicial es a favor de un grupo de “hijos ausentes” de Temacapulín, sin olvidar que faltan aún dos juicios de amparo más. La suspensión provisional que está firme hasta ahora en el caso de los juicios 1093 y 1046, obligan a que no se trabaje en la construcción de la cortina arriba de 80 m, o se incurre en desacato. El próximo domingo, una misión de observadores convocada por los defensores de Temaca acudirá a la cortina de la presa a revisar su posible incumplimiento.
- La presa El Zapotillo a 80 metros de altura almacenaría poco más de 400 millones de m3;para la ciudad de León, Guanajuato, y quince municipios alteños; a 105 metros, su capacidad sube a 911 millones de m3 y provee a la zona metropolitana de Guadalajara.
- Ese proyecto fue impulsado por el gobierno de Jalisco, y acordado en 2007 con la Conagua y el gobierno de Guanajuato
- Nunca se analizó el impacto ambiental sobre la región de Los Altos de Jalisco, que tiene más de 800 mil habitantes y genera arriba de 23% del PIB estatal, y se ubica en una meseta escasa de agua y con riesgos de agravarse por cambio climático
- La justificación de la Conagua: beneficio para 2.4 millones de habitantes de los cuales 1.3 millones son de Jalisco (950 mil hab. de la zona metropolitana de Guadalajara y 350 mil de Los Altos de Jalisco) y 1.1 millones habitantes de la ciudad de León; ambas zonas metropolitanas pueden padecer serias crisis de agua.
Agustín del Castillo, Yenzi Velázquez/Guadalajara.
Milenio Jalisco.
Si es cierto que el gobierno de Jalisco no tiene interés en el tema de la presa El Zapotillo a 80 o a 105 metros de altura, pues se trata “de un proyecto federal”, la noticia que ayer dieron a conocer los abogados de Temacapulín debió dejar indiferentes a los miembros del núcleo político que despacha en el palacio de gobierno, en Guadalajara.
La noticia: el juez primero de distrito en Materia Administrativa y del Trabajo concedió “suspensión definitiva” contra ese nivel gubernamental, en el sentido de que no debe apoyar la sobreelevación de la cortina sobre el río Verde.
De hecho, el gobernador del estado, Aristóteles Sandoval Díaz, dijo que serán respetuosos de las decisiones del poder judicial, es decir, que la suspensión se aplicará, en aras de la legalidad, en el marco del juicio de amparo 1093/2014.
“Hay un procedimiento ante la Suprema Corte de Justicia [de la Nación, SCJN]; ésta emitió un fallo y aquí somos garantes del respeto de la ley, y garantes de que no se viole la garantía o derechos humanos de ningún jaliscienses, y en ese sentido nosotros siempre estaremos a favor de eso en el respeto irrestricto a la ley”, destacó en entrevista en la ciudad de Arandas, el mediodía de ayer.
El mandatario insistió en que es competencia del gobierno federal a través de la Comisión Nacional del Agua (Conagua), dar seguimiento y cumplimiento a lo ordenado por los jueces.
Esta suspensión definitiva, que confirma la provisional que se concedió seis días atrás, requiere ser ratificada para las autoridades federales involucradas, en particular, la mencionada Conagua, que es la que autorizó y aporta el dinero para la edificación. Esa audiencia será el 20 de junio próximo, dentro de tres semanas, en las que las presiones para el juez, Joel Fernando Tinajero Jiménez, serán al máximo nivel, pues “se trata de un proyecto federal” e implica inversiones cercanas a 16 mil millones de pesos, según los temores de los defensores deTemaca.
Sin embargo, que Jalisco no tenga que ver en el tema se puede cuestionar a la luz del convenio que en el año 2007 firmó a nombre de los jaliscienses su entonces gobernador, Emilio González Márquez. Dicho convenio con el gobierno de Guanajuato y el federal, cristalizaba el cambio en el proyecto que la Administración estatal había buscado desde marzo de ese año: que la presa fuera a 105 metros para que guardara el doble de agua y ésta se regulara a favor de la Zona Metropolitana de Guadalajara.
El primer documento se llama “acuerdo de entendimiento del 1 de agosto de 2007, que firman el presidente de la república a través de la Conagua y los gobernadores de Jalisco y Guanajuato” y es del 1 de agosto de 2007. El segundo fue el convenio de coordinación que celebraron el ejecutivo federal y los de los estados para “llevar a cabo un programa especial para los estudios, proyectos, construcción y operación del sistema presa El Zapotillo y acueducto El Zapotillo-Los Altos de Jalisco-León”, firmado el 17 de octubre de 2007.
Allí se establece que el costo de la sobreelevación se los repartían la Conagua y Jalisco. De 80 metros hacia abajo (convenio de 2005), era un proyecto financiado por Guanajuato y la Conagua.
Fue Jalisco, entonces, el que cambió las condiciones de El Zapotillo y exacerbó el conflicto con las comunidades que se inundarían; después, el enfrentamiento cambió de escala, pues más de 900 millones de metros cúbicos extraídos de una cuenca deficitaria, como son Los Altos, incorporó como actores del proceso a los sectores productivos de esa cuenca, que genera poco más de la quinta parte de la riqueza de Jalisco.
La resolución judicial es a favor de un grupo de “hijos ausentes” de Temacapulín, sin olvidar que faltan aún dos juicios de amparo más. La suspensión provisional que está firme hasta ahora en el caso de los juicios 1093 y 1046, obligan a que no se trabaje en la construcción de la cortina arriba de 80 m, o se incurre en desacato. El próximo domingo, una misión de observadores convocada por los defensores de Temaca acudirá a la cortina de la presa a revisar su posible incumplimiento.
- La presa El Zapotillo a 80 metros de altura almacenaría poco más de 400 millones de m3;para la ciudad de León, Guanajuato, y quince municipios alteños; a 105 metros, su capacidad sube a 911 millones de m3 y provee a la zona metropolitana de Guadalajara.
- Ese proyecto fue impulsado por el gobierno de Jalisco, y acordado en 2007 con la Conagua y el gobierno de Guanajuato
- Nunca se analizó el impacto ambiental sobre la región de Los Altos de Jalisco, que tiene más de 800 mil habitantes y genera arriba de 23% del PIB estatal, y se ubica en una meseta escasa de agua y con riesgos de agravarse por cambio climático
- La justificación de la Conagua: beneficio para 2.4 millones de habitantes de los cuales 1.3 millones son de Jalisco (950 mil hab. de la zona metropolitana de Guadalajara y 350 mil de Los Altos de Jalisco) y 1.1 millones habitantes de la ciudad de León; ambas zonas metropolitanas pueden padecer serias crisis de agua.
Nace Observatorio del Agua; busca cambios drásticos
El gobernador tomará hoy protesta de los observadores, quienes tienen facultades para una reforma integral.
Agustín del Castillo, Yenzi Velázquez/Guadalajara/
Milenio Jalisco.
Entre un estira y afloja hasta la última hora para determinar la nómina de 20 organizaciones que lo integran, el Observatorio Ciudadano para la Gestión Integral del Agua en Jalisco asumirá esta tarde, en un acto que presidirá el gobernador del estado, Aristóteles Sandoval Díaz.
Se trata de un organismo con posibilidades mayores a los consejos consultivos ciudadanos que lo han precedido, y sólo equiparable al de Movilidad que ya opera en el estado, pues sus determinaciones serán “vinculantes”, de acuerdo a las bases para la integración del observatorio que se prevé hoy publique el periódico oficial El estado de Jalisco, de las cuales obtuvo una copia MILENIO JALISCO.
Bajo la presidencia del Consejo Regional de Desarrollo Sustentable, que encabeza Juan Guillermo Márquez Gutiérrez y con la inclusión de dos organizaciones internacionales críticas de las políticas de la Comisión Nacional del Agua (Conagua) y claramente vinculadas al tema de la “gestión integral del agua”: la Fundación Nueva Cultura del Agua, presidida por el premio Goldman 2003, Pedro Arrojo Agudo, y el área de geohidrología de la Universidad Complutense de Madrid, España.
El observatorio tiene como desafío que sus planteamientos sean realmente vinculantes. Y frente a la Conagua, organización que tiene un distinto modelo de afrontar los problemas del recurso, las dificultades se asoman como el principal obstáculo para llevarlo a la práctica: el papel de la Conagua como autoridad en la materia se da en casi todas las aguas subterráneas y superficiales que existen en el estado.
El artículo 2 del instrumento queda del siguiente modo: “Las opiniones, dictámenes, propuestas, criterios y recomendaciones colegiadas emitidas o suscritas por el Observatorio Ciudadano, serán de carácter público, vinculantes, y de obligada consideración y razonamiento para cualquier órgano público del estado de Jalisco y de la federación para su propia toma de decisiones”.
Agrega: “Estos deberán atender dichas determinaciones y aplicarlas cuando sea de su competencia o inclusive cuando impacte de manera concurrente en su toma de decisiones o su ejercicio. Sólo podrán excusarse cuando exista imposibilidad para implementarlas, determinación que se deberá fundar y motivar por escrito, y hacerla pública. En su caso deberán establecer las medidas que se tomarán para crear las condiciones necesarias en el cumplimiento de las recomendaciones”.
Y el artículo 3 desgrana las facultades del observatorio: generar indicadores de sustentabilidad, condición ambiental y gestión integral del agua; solicitar información de otras entidades cuya opinión sea importante conocer en los problemas abordados, promover espacios de discusión y colaboración con entes públicos, sociales y privados; generar propuestas sobre “principios de actuación, estándares de calidad, desarrollo regional, indicadores de gestión, criterios técnicos y metodologías para la gestión de los recursos hídricos en Jalisco”; proponer a las autoridades locales y estatales estrategias para la gestión integral del agua, y aportar en los planes y programas de la materia.
El terreno de actuación también irá hacia las obras privadas o sociales, el impacto ambiental de las obras o actividades económicas y los nuevos asentamientos humanos. De este órgano ciudadano saldrán propuestas de modificación o ajustes al marco legal, y se señalarán los incumplimientos de los actores del sector agua.
El considerando V resume en buena medida la novedad radical que entraña este observatorio: “Que atendiendo al carácter colectivo y social de los recursos hídricos, la naturaleza difusa de sus beneficios y la potencial carga de su preservación y protección por su poseedor, propietario o administrador, las decisiones de gestión integral sobre estos [recursos] deben obedecer a principios de de actuación, entre otros: el de mejor y mayor beneficio colectivo y no mayoritario”, además de “precautorio, de equidad intergeneracional e intrageneracional, de subsidiariedad, de máxima divulgación, acceso a la información y de participación en la toma de decisiones”.
No es menor lo planteado, y aunque hay dudas entre muchos de los que se han sumado respecto a que el poder político y burocrático esté dispuesto a dejarse criticar y democratizar sus decisiones, han decidido concederle el beneficio de la duda. La cita es hoy a las 18.00 horas.
- El observatorio será presidido por la asociación civil Conredes (Consejo Regional para el Desarrollo Sustentable) y tendrá dos secretarías: la técnica y científica, bajo la responsabilidad de la Universidad de Guadalajara, y la social, bajo tutela Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Occidente (ITESO)
- Los 18 miembros locales: la UdeG, el ITESO, la Universidad del Valle de Atemajac (Univa), la diócesis católica de San Juan de los Lagos, Conredes, la Fundación Cuenca Lerma Lago de Chapala-Santiago, el Consejo de Cámaras Industriales de Jalisco, la Cámara Nacional de Comercio de Guadalajara, el Consejo Económico y Social de Jalisco, el Consejo Técnico Ciudadano, el Centro Empresarial de Jalisco, el Foro ganadero de Jalisco; los silvicultores, los avicultores y los porcicultores de Los Altos; el Instituto de Astronomía y Meteorología (IAM) de la UdeG, el Instituto de Limnología del Centro Universitario de Ciencias Biológico Agropecuarias de la misma casa de estudios, y el Parlamento de Colonias de la zona metropolitana de Guadalajara.
- Además, dos observadores internacionales: el área geohidrológica de la Universidad Complutense de Madrid y la Fundación Nueva Cultura del Agua de Zaragoza, España
Agustín del Castillo, Yenzi Velázquez/Guadalajara/
Milenio Jalisco.
Entre un estira y afloja hasta la última hora para determinar la nómina de 20 organizaciones que lo integran, el Observatorio Ciudadano para la Gestión Integral del Agua en Jalisco asumirá esta tarde, en un acto que presidirá el gobernador del estado, Aristóteles Sandoval Díaz.
Se trata de un organismo con posibilidades mayores a los consejos consultivos ciudadanos que lo han precedido, y sólo equiparable al de Movilidad que ya opera en el estado, pues sus determinaciones serán “vinculantes”, de acuerdo a las bases para la integración del observatorio que se prevé hoy publique el periódico oficial El estado de Jalisco, de las cuales obtuvo una copia MILENIO JALISCO.
Bajo la presidencia del Consejo Regional de Desarrollo Sustentable, que encabeza Juan Guillermo Márquez Gutiérrez y con la inclusión de dos organizaciones internacionales críticas de las políticas de la Comisión Nacional del Agua (Conagua) y claramente vinculadas al tema de la “gestión integral del agua”: la Fundación Nueva Cultura del Agua, presidida por el premio Goldman 2003, Pedro Arrojo Agudo, y el área de geohidrología de la Universidad Complutense de Madrid, España.
El observatorio tiene como desafío que sus planteamientos sean realmente vinculantes. Y frente a la Conagua, organización que tiene un distinto modelo de afrontar los problemas del recurso, las dificultades se asoman como el principal obstáculo para llevarlo a la práctica: el papel de la Conagua como autoridad en la materia se da en casi todas las aguas subterráneas y superficiales que existen en el estado.
El artículo 2 del instrumento queda del siguiente modo: “Las opiniones, dictámenes, propuestas, criterios y recomendaciones colegiadas emitidas o suscritas por el Observatorio Ciudadano, serán de carácter público, vinculantes, y de obligada consideración y razonamiento para cualquier órgano público del estado de Jalisco y de la federación para su propia toma de decisiones”.
Agrega: “Estos deberán atender dichas determinaciones y aplicarlas cuando sea de su competencia o inclusive cuando impacte de manera concurrente en su toma de decisiones o su ejercicio. Sólo podrán excusarse cuando exista imposibilidad para implementarlas, determinación que se deberá fundar y motivar por escrito, y hacerla pública. En su caso deberán establecer las medidas que se tomarán para crear las condiciones necesarias en el cumplimiento de las recomendaciones”.
Y el artículo 3 desgrana las facultades del observatorio: generar indicadores de sustentabilidad, condición ambiental y gestión integral del agua; solicitar información de otras entidades cuya opinión sea importante conocer en los problemas abordados, promover espacios de discusión y colaboración con entes públicos, sociales y privados; generar propuestas sobre “principios de actuación, estándares de calidad, desarrollo regional, indicadores de gestión, criterios técnicos y metodologías para la gestión de los recursos hídricos en Jalisco”; proponer a las autoridades locales y estatales estrategias para la gestión integral del agua, y aportar en los planes y programas de la materia.
El terreno de actuación también irá hacia las obras privadas o sociales, el impacto ambiental de las obras o actividades económicas y los nuevos asentamientos humanos. De este órgano ciudadano saldrán propuestas de modificación o ajustes al marco legal, y se señalarán los incumplimientos de los actores del sector agua.
El considerando V resume en buena medida la novedad radical que entraña este observatorio: “Que atendiendo al carácter colectivo y social de los recursos hídricos, la naturaleza difusa de sus beneficios y la potencial carga de su preservación y protección por su poseedor, propietario o administrador, las decisiones de gestión integral sobre estos [recursos] deben obedecer a principios de de actuación, entre otros: el de mejor y mayor beneficio colectivo y no mayoritario”, además de “precautorio, de equidad intergeneracional e intrageneracional, de subsidiariedad, de máxima divulgación, acceso a la información y de participación en la toma de decisiones”.
No es menor lo planteado, y aunque hay dudas entre muchos de los que se han sumado respecto a que el poder político y burocrático esté dispuesto a dejarse criticar y democratizar sus decisiones, han decidido concederle el beneficio de la duda. La cita es hoy a las 18.00 horas.
- El observatorio será presidido por la asociación civil Conredes (Consejo Regional para el Desarrollo Sustentable) y tendrá dos secretarías: la técnica y científica, bajo la responsabilidad de la Universidad de Guadalajara, y la social, bajo tutela Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Occidente (ITESO)
- Los 18 miembros locales: la UdeG, el ITESO, la Universidad del Valle de Atemajac (Univa), la diócesis católica de San Juan de los Lagos, Conredes, la Fundación Cuenca Lerma Lago de Chapala-Santiago, el Consejo de Cámaras Industriales de Jalisco, la Cámara Nacional de Comercio de Guadalajara, el Consejo Económico y Social de Jalisco, el Consejo Técnico Ciudadano, el Centro Empresarial de Jalisco, el Foro ganadero de Jalisco; los silvicultores, los avicultores y los porcicultores de Los Altos; el Instituto de Astronomía y Meteorología (IAM) de la UdeG, el Instituto de Limnología del Centro Universitario de Ciencias Biológico Agropecuarias de la misma casa de estudios, y el Parlamento de Colonias de la zona metropolitana de Guadalajara.
- Además, dos observadores internacionales: el área geohidrológica de la Universidad Complutense de Madrid y la Fundación Nueva Cultura del Agua de Zaragoza, España
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