Agustín del castillo/Guadalalara. Milenio Jalisco.
El gobierno de Jalisco deberá esperar los meses o años que demore el juicio de amparo 1093/2014 -pues el juez primero de Distrito en Materia Administrativa y del Trabajo notificó que mantendrá respecto a esas autoridades la suspensión , que asume el carácter de "definitiva"- para emprender cualquier acción tendiente a sobreelevar de los 80 metros la presa El Zapotillo.
Y aunque el discurso de la Administración que preside Aristóteles Sandoval Díaz es de que se trata de un proyecto federal, la realidad es que Jalisco fue el que solicitó la sobreelevación por convenirle a sus intereses en relación con el abastecimiento de agua de la zona metropolitana de Guadalajara, según se encuentra debidamente plasmado en el convenio de 2007 que lleva la firma del entonces gobernador Emilio González Márquez.
El juez también señaló que lo que atañe a las autoridades federales involucradas, fundamentalmente la Comisión Nacional del Agua y la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales, su audiencia para determinar si pasa de suspensión provisional a definitiva, o no, será el próximo 20 de junio.
La resolución es a favor de un grupo de “hijos ausentes” de la localidad de Temacapulín, con el efecto de que no se puede continuar en la construcción de la cortina de El Zapotillo por arriba de 80 metros; el expediente es el 1093/2014.
La resolución judicial para la suspensión provisional se determinó el pasado 20 de mayo; la de la suspensión definitiva emanó de la audiencia de ayer. En el caso del gobierno federal, la suspensión provisional se mantiene al menos hasta la fecha de la siguiente audiencia, por lo que la Comisión Nacional del Agua debe haber suspendido el proyecto, dado que su ejecución podría poner en peligro la vida o la integridad de los bienes de los quejosos.
El procedimiento fue interpuesto por un grupo de ciudadanos originarios de Temaca: Ana Martina, Miguel, Victoria, Marta, María Socorro, José de Jesús, Eduarda y Amada, de apellidos Jáuregui Martínez; Consuelo Martínez Ibarra, María Refugio y Ana María, ambas García Guzmán, a favor de quienes se concede “la suspensión provisional, para el efecto de que las [autoridades] responsables se abstengan de construir una cortina que sobrepase la altura originalmente autorizada de 80 metros de la presa El Zapotillo, que se construye en el río Verde en Los Altos de Jalisco, hasta en tanto se dicte la suspensión definitiva”. Y una vez dictada esta, sólo en el fondo del juicio se puede atacar.
Esto debería retrasar por meses la edificación, si se considera que las partes suelen presentar recursos e incidentes que retrasan la entrada en el “juicio principal”.
Con base en el artículo 136 de la Ley de Amparo, el juez advierte que los efectos señalados se dan “siempre y cuando los actos reclamados no se hayan consumado para efectos suspensionales, la presente medida cautelar no surte efecto si el acto reclamado no deriva de autoridades señaladas como responsables”; también obliga a cada uno de los quejosos a depositar una fianza de 500 pesos para que se sostenga la medida cautelar.
Las autoridades a las que reclaman la violación, y por ende, están obligadas a respetar la suspensión provisional, son: el presidente de la república; el secretario de Medio Ambiente y Recursos Naturales; el director de la Comisión Nacional del Agua, el director del organismo de cuenca Lerma-Santiago-Pacífico; el gobernador de Jalisco, el director de la Comisión Estatal del Agua (CEA); como terceros interesados se menciona a las constructoras Hermes y Peninsular, al gobierno del estado de Guanajuato, al Ayuntamiento de León y al Congreso de Jalisco, así como a los ayuntamientos jaliscienses de Mexticacán, Cañadas de Obregón y Yahualica, que tienen territorio en el vaso de la presa.
La suspensión surte efectos de inmediato. El próximo domingo, una misión de observadores convocada por los defensores de Temaca acudirá a la cortina de la presa a revisar su posible incumplimiento.
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