AGUSTÍN DEL CASTILLO/Guadalajara.Milenio Jalisco.
La construcción del acueducto de 142.2 kilómetros entre la presa El Zapotillo y la ciudad de León mantiene fuertes disensos y divisiones entre los propietarios alteños cuyos terrenos serían afectados por el trazo, al grado que no avanza la adquisición que realiza desde hace más de dos años la empresa Abengoa, filial mexicana del consorcio español y ganadora de la licitación en el año 2011.
La diversidad de casos de quienes han entrado en tratos con la empresa demuestra que ya ha calado hondo la idea de que más allá de hacer un negocio con una empresa privada, se puede tener en riesgo un estilo de vida, dado que el acueducto se llevará nada menos que el agua de Los Altos de Jalisco, una zona deficitaria que sostiene decenas de miles de pequeños negocios agropecuarios, que le dan el primer lugar nacional como productora de proteína animal, pues el río Verde es la parte baja hacia la que fluye el agua que cae de forma cada vez más errática en la meseta enclavada al oriente de Guadalajara.
Las últimas cifras oficiales de las adquisiciones de Abengoa revelan apenas cerca de 30 por ciento de compraventas, pero se trata de muchas operaciones no culminadas aún, limitadas a “promesas” con el “gancho” de entregarles de inmediato 40 mil pesos. La desazón es tal en muchos que no ven para cuándo cobrar, que están dispuestos a romper esas promesas. El problema del negocio personal se mezcla con la amenaza regional.
María Guadalupe Ascencio López es dueña de un terreno en Acasico, que aún no le pagan aunque los tratos ya tienen meses. No ve para cuándo. Roberto González Romo, presidente de la Unión de Cooperativas de Consumo de Jalostotitlán, ex presidente municipal y actual regidor, ya vendió parte de su terreno para el acueducto pero lo hizo sin saber los alcances y consecuencias que tendría la infraestructura. Por su parte, Raúl Martínez Martínez está tan claro del futuro poco promisorio de San Juan de los Lagos, que está decidido en no venderles un solo metro de su tierra. Y otro laguense, don Armando Martínez Díaz, también reitera que no venderá. Importa más el futuro de la región que hacerse de unos pocos centavos, por cierto, raquíticos, explica.
Por eso, desde noviembre de 2013, la asociación civil Consejo Regional para el Desarrollo Sustentable (Conredes) pidió al gobierno de Jalisco y la Comisión Nacional del Agua (Conagua) “la suspensión temporal del proyecto El Zapotillo, incluida la concesión que permitirá llevarse el agua de Los Altos por el acueducto El Zapotillo-León, así como todas las obras relacionadas al pretendido trasvase hasta que se hayan corregido los estudios que le dieron origen al mismo –aplicando para ello el principio 15, de precaución, signado y ratificado por México y contenido en la Declaración de Río sobre Medio Ambiente y el Desarrollo; utilizando series estadísticas no anteriores a los últimos veinte años e incluyendo criterios de cambio climático-. Los estudios hidrológicos en los que se basa el decreto de reserva de aguas nacionales y que sustentan a dicho proyecto -trasvase- son obsoletos y no correspondan a la situación actual”, señala un documento entregado al gobernador Aristóteles Sandoval Díaz el 26 de noviembre de ese año.
“Estos nuevos estudios hidrológicos sólo serán reconocidos si cuentan con la participación, en su elaboración, de los representantes de los sectores productivos y organizaciones civiles de Los Altos de Jalisco […] si dentro de los estudios especificados en el punto anterior, se demuestra que existe un excedente de agua en la cuenca del río Verde y que el desarrollo integral de Los Altos de Jalisco no se verá perjudicado de ninguna manera, menos aún en tiempos de sequía, entonces el proyecto, ya corregido, será avalado. También esperamos, que en caso de evidenciar aún más el déficit hídrico existente en dicha cuenca, éste será reconocido por las dependencias competentes y cancelada la pretensión del referido trasvase”, agrega.
Las autoridades de la ciudad de León esperan ese trasvase que les resolverá su déficit y compromisos por 25 años; los alteños lo ven como una creciente amenaza.
Un contrato sin pérdida
Otro de los prietitos en el arroz de “la privatización de facto” del agua alteña a favor de León, es que la empresa concesionaria, Abengoa, no pierde incluso si la obra no se realiza, de acuerdo a los términos del contrato de concesión que firmó con la Conagua.
Por un lado, porque si se cancelara el proyecto hay una cláusula de recisión que siempre se debe pagar. Pero incluso si la obra se realiza, el contrato de prestación de servicios firmado con el Sistema de Agua Potable y Alcantarillado de León (Sapal); en su página 36, ampara el negocio: plantea pagar una tarifa uno “c”(T1c) incluso si el prestador se atrasa en la ejecución de la infraestructura “o retraso en el inicio de operación del proyecto y prestación del servicio hidráulico imputable al prestador de servicios”, en cuyo caso, el Sapal pagará esa tarifa básica.
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