jueves, 16 de junio de 2016

No es un hecho el cambio de trazo en carretera costera



“Serán tomadas en cuenta todas las voces”, asegura el funcionario federal, Ruiz Esparza; la secretaria Ruiz Mejía señala que el proceso no está concluido.

Agustín del Castillo / Guadalajara. MILENIO JALISCO. 

Tener una autorización de impacto ambiental para cambiar el trazo en los nueve kilómetros más codiciados de la carretera federal 200, en la costa de Jalisco, no hace ineludible que la obra se vaya a ejecutar, aseguraron ayer, por separado, el secretario de Comunicaciones y Transportes (SCT) del gobierno de la república, Gerardo Ruiz Esparza, y la secretaria de Medio Ambiente y Desarrollo Territorial de Jalisco (Semadet), Magdalena Ruiz Mejía.

En relación al escándalo por la posible privatización de facto de la ruta pavimentada en la parte sur de la bahía de Chamela, justo frente a los desarrollos inmobiliarios y hoteleros más exclusivos de esta zona del país, Ruiz Esparza, de gira ayer por Guadalajara, aseguró que antes de decidir “se tomará la opinión de todos”.

“Estamos en el análisis. En un momento dado, si el trazo debe de tener una adecuación o no, se está analizando; hay que escuchar también a las diversas voces que se ven afectadas por la obra (…) Está en análisis. Estamos viendo qué es lo mejor y no se ha tomado una definición todavía”. Respecto a la posible privatización, añadió: “Esto de que se entregue a alguien no tengo conocimiento, es una propiedad federal, que necesariamente tiene que seguir bajo la jurisdicción federal. Lo que sí, es que se está analizando qué es lo mejor”.

Por su parte, Ruiz Mejía aseguró: “Nosotros no pudiéramos concluir, ni la propia Semarnat [Secretaría de Medio Ambiente federal, la instancia que autorizó la manifestación de impacto ambiental de la obra] podría, que está autorizado un cambio de uso de suelo, todavía falta ese procedimiento y se debe requerir en él a la Semadet y al Consejo Estatal Forestal y de Suelos, y si bien no es un proceso vinculante, nos tienen que escuchar, tenemos una selva baja caducifolia y varias unidades de gestión ambiental con un alto nivel de fragilidad ambiental, de características de área natural protegida, con especies en peligro de extinción”.

Sin explicar por qué no intervino la dependencia en el proceso de la MIA [Manifestación de Impacto Ambiental], consideró que el estudio técnico justificativo es “el trámite más fuerte de la Federación, donde nosotros estaremos tomando todos estos elementos […] ya le hicimos del conocimiento de la Federación un trámite posterior [la ruta completa del km 0 al 87] justamente que son unidades de gestión ambiental con características de conservación; allí le pedimos a la Semarnat no interrumpir los corredores biológicos, solicitamos estudios especializados para puntos críticos, así como todas las medidas de alto nivel de mitigación, condicionantes y supervisión ambiental”, sin aceptar un cambio de trazo, aclaró.

Por ello, en los trámites posteriores, “de entrada estaremos al pendiente […] Esto no es nada más de sentido común; en el trazo que nos presentó la Semarnat hay contradicciones, tenemos dos instrumentos, uno pequeño [el de los 9.2 km] y el general; nosotros en el general le hacemos esta serie de recomendaciones, que no son tomadas en cuenta en el pequeño cambio de trazo, entonces la contradicción la tiene que resolver la Semarnat, y en ese inter todavía falta el cambio de uso de suelo, y en ese, estaremos siempre en la postura de salvaguardar los ecosistemas y los lugares de alta diversidad biológica”.

Del tema de la privatización de un bien público, la obra que construyó en 1973 el gobierno de Luis Echeverría Álvarez, “es una situación que no estaría en mis manos […] se debe de resolver con un alto nivel de transparencia, hablamos de uno de los polígonos de más alto nivel de conservación, a la par de la fragilidad, y uno de los más conocidos e inventariados, no solo en el estado sino a nivel nacional; así que vale la pena que Jalisco junto a la Federación resuelva de manera positiva como se deben de hacer bien las cosas, en relación al tema del manejo del territorio, así que nosotros estaremos actuando en consecuencia”.

miércoles, 15 de junio de 2016

Jalisco fue notificado del cambio de trazo



La Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales asegura que consultó a la Semadet, sin embargo no recibió ninguna opinión a favor o en contra.

Agustín del Castillo / Guadalajara. MILENIO JALISCO. 

La Dirección General de Impacto y Riesgo Ambiental de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat) asegura que el gobierno de Jalisco fue notificado del proyecto de desvío de 9.2 kilómetros de la carretera federal 200 en la parte sur de la bahía de Chamela, pero no recibió ninguna opinión a favor o en contra de la Secretaría de Medio Ambiente y Desarrollo Territorial (Semadet).

Tampoco emitió opinión la dirección de la reserva de la biósfera Chamela-Cuixmala, pero en ese caso, no medió notificación alguna, pese a que existía un acuerdo con los responsables del área natural protegida para involucrarlos en la discusión, ante la necesidad de conciliar los intereses de la conservación con los del desarrollo turístico.

Estos son datos que señala el oficio SGPA/DGIRA/DG/03903 emitido por la dependencia el 28 de mayo de 2015 para autorizar el desvío de la carretera original, que data de 1973, en aproximadamente 9.2 km de longitud. El proyecto de impacto ambiental fue recibido el 10 de noviembre de 2014 y se le asignó la clave 14JA2014V0024 15 días después; el proyecto se denomina “modernización de la carretera federal 200, entre los cadenamientos del km 61+734 al km 70+929, mediante la construcción de un nuevo tramo de 9.206 km de longitud en el municipio de La Huerta, estado de Jalisco” (sic).

El texto señala que el 9 de enero de 2015 fueron notificados el gobierno de La Huerta, la Semadet (oficio SGPA/DGIRA/DG/0064), “para que manifestaran lo que a su derecho conviniera”; también, la Dirección General de Vida Silvestre y la Dirección General Forestal y de Suelos de la propia Sermarnat, así como a la Comisión Nacional del Agua, “para que emitieran su opinión técnica”.

“A la fecha de la emisión del presente oficio resolutivo, no se recibió opinión técnica alguna de la presidencia municipal de La Huerta ni de la Semadet de Jalisco”, subraya (página 3 del resolutivo).

Quien sí dio su opinión, añade el documento, es el Instituto de Ecología de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), que opera la estación de biología de Chamela (oficio DIE-058/15, del 3 de marzo de 2015), pero en ningún punto de las 58 páginas del resolutivo se señala alguna contribución expresa de ese organismo para consolidar o cuestionar el proyecto carretero.

La obra está planteada para un ancho de derecho de vía de 40 m, con una superficie de 36.82 ha, y tres puentes sobre corrientes superficiales que atraviesan la zona; esto obligará a remover 18.26 ha de selva baja caducifolia secundaria y 14.27 ha de selva baja caducifolia íntegra.

“El tramo actual de la carretera federal 200 quedará para uso local entre las comunidades de San Mateo y el Arroyo Chamela; sin embargo, describe la necesidad de actuar para llevar a cabo la restauración del sistema estuarino que se presenta en la región...” (página 14).

De la longitud total del trazo nuevo, casi dos tercios atraviesan una zona con política de conservación de acuerdo al ordenamiento ecológico territorial de la Costa de Jalisco. Lo que “vende” como beneficio ambiental es que los humedales serán restaurados, aunque ello contraste con la opinión que la misma DGIRA emitió en la autorización de ampliación de la misma carretera (del km 0 al 87), en que indicaba que era mínimo el daño a los esteros como efecto del trazo original de la carretera de los años setenta.

Impacto ambiental

La nueva carretera tiene un impacto al patrimonio natural considerable; si bien, no se analiza el efecto sobre los polígonos protegidos de Chamela-Cuixmala (lo que es inexplicable, pues reconoce que pasa a menos de un km de este), reconoce que la zona a afectar tiene registros de 109 especies de fauna “distribuidas en dos especies de anfibios, 12 especies de reptiles, 72 especies de aves y 23 especies de mamíferos”. Quince están protegidas oficialmente por el gobierno mexicano (norma oficial 059), pues cuatro están en peligro de extinción (entre ellas, el jaguar, el ocelote y el tigrillo), cuatro amenazadas y siete bajo protección especial.

Hay 230% más inundaciones



En comparación con la década de 1990, en que se registraban 19 eventos severos por ciclo, los que van de este siglo, dispararon el promedio a 66 eventos en la ciudad.

Agustín del Castillo / Guadalajara. MILENIO JALISCO. 

Vivir en el área metropolitana es afrontar el peligro creciente de una inundación. La base de datos del Departamento de Geografía y Ordenación Territorial de la Universidad de Guadalajara lo refleja claramente: en los años 90 del siglo XX, la frecuencia anual de desastres era un poco superior a 19 eventos, pero en el siglo en curso ha pasado a 66, un crecimiento de 230 por ciento que convierte al fenómeno en el de mayor incidencia en la ciudad.

“En Guadalajara se han juntado dos aspectos principales para que tengamos el problema de las inundaciones, un clima donde se concentran lluvias con fuerte intensidad horaria y un crecimiento de la ciudad que ha alterado las condiciones de los sistemas más importantes que existían, previos al crecimiento urbano más fuerte, que se dio a partir de la década de los años setenta, hay una combinación entre crecimiento urbano, transformaciones hidráulicas en los sistemas, combinado con lluvias muy intensas”, destaca el investigador de la Universidad de Guadalajara, Luis Valdivia Ornelas, director del departamento.

“Hemos hecho un recuento de Guadalajara desde finales del siglo XIX; tenemos una radiografía de cómo ha evolucionado el tema y nos encontramos que el problema inicia en la década de los cincuenta, cuando comienzan las transformaciones más importantes de los elementos que regulaban el manejo del agua en el valle: el Agua Azul, el río San Juan de Dios, y el arroyo de El Arenal; a partir de ahí se da una expansión, se modifican las condiciones del ciclo del agua, y empieza el problema severo de inundaciones, que se ha vuelto crónico a partir de los años noventa, y dependiendo de la cantidad de lluvia que se presenta es la cantidad de zonas que registran inundaciones; en 2006 que es el periodo de lluvia con más precipitaciones; hemos documentado 160 eventos de inundaciones severas, pero el promedio anual se acerca a 80”, señala en entrevista para MILENIO JALISCO.

El experto destaca que si bien hay obras costosas que se deben empreder, hay todo un abanico de posibilidades para afrontar el reto.
“Se pueden emprender acciones en corto , mediano y largo plazo; a corto plazo con mitigación, darle un mejor uso al sistema hidráulico, destapar las bocas de tormenta, la limpieza es muy importante para que la inundación no alcance alturas peligrosas, así como el tema de información, que es fundamental para la población, para que sepamos cómo actuar frente a una tormenta de fuerte intensidad; se trata de un mejoramiento de las condiciones de la captación de una fracción de agua que escurre por superficie, y que como lo indica el SIAPA, solo 30 por ciento del agua que se precipita puede ser llevada por los colectores, y el resto se va por las calles, lo cual es tema muy peligroso, ya que se han convertido en los canales que se perdieron o en colectores que no existen”, agrega.
A mediano y largo plazo, “tiene que ver con el tema de planeación urbana, y también con el tema económico, porque si mejoramos la captación de los colectores, pero sigue creciendo la ciudad, y empieza a haber más escurrimiento, es imposible que los colectores tengan la capacidad frente a un ritmo tan acelerado de crecimiento […] se necesita también acompañar otras estrategias a mediano plazo, por ejemplo el tema de la vegetación; hay estudios que dicen que dependiendo del tipo de vegetación, entre el 10 y 28 por ciento de una tormenta de agua puede ser captada, y eso no es algo que implique altos costos”.

En general, se requiere un diagnóstico único y totalmente confiable como base parta la toma de decisión, e insistir que no todo es obras de ingeniería, y que proteger las zonas altas de las cuencas, las zonas de recarga, y mejorar la circulación del agua suele ser tan importante como los grandes colectores pluviales.

“Recuperar las zonas federales es algo fundamental: Atemajac, Colomos, la zona de Osorio, mejorar las condiciones hidráulicas de El Dean; las partes altas deben ser zonas de captación, y es precisamente lo que se está urbanizando: Bugambilias, Cerro del Cuatro, Cerro del Tesoro, La Coronilla; allí deben permanecer libres como zonas de captación y retención del agua”, agrega.

Admite que la existencia de seis mil lotes baldíos son un factor que pueden vertebrar una política pública de dotación de áreas verdes y de zonas de captación y regulación de escorrentía. “Debe haber un control del crecimiento urbano, y recuperar las condiciones de los principales ejes drenantes, esto es, los viejos ríos”, puntualiza.



Dato

Desde finales del siglo XIX, la UdeG ha hecho una radiografía de cómo ha evolucionado el tema de la inundaciones por la temporada de lluvias


martes, 14 de junio de 2016

Cambio de trazo “privatiza” 9 km de carretera costera



La Semarnat autoriza desvío de la carretera 200 en las inmediaciones de la reserva de la biosfera Chamela-Cuixmala, la zona de turismo más exclusivo del Pacífico de Jalisco.

Agustín del Castillo / Guadalajara. MILENIO JALISCO. 

La Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat), sacó adelante en octubre pasado una difícil negociación con instancias ambientales como el Instituto de Ecología de la UNAM, la reserva de la biosfera Chamela-Cuixmala y la Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas (Conanp), para garantizar la ampliación y modernización del tramo sur de la carretera federal 200, entre Melaque y Tomatlán (87 kilómetros), construida en el gobierno de Luis Echeverría, en busca de impactos acumulativos mínimos al entorno natural.

El compromiso central fue no modificar el trazo ante el grave perjuicio que suele acarrear una carretera nueva sobre todo en el área más rica y frágil biológicamente: las selvas secas de Chamela-Cuixmala, decretadas reserva de la biosfera en 1993 y que forman parte de la red El Hombre y la biosfera de la Unesco desde 2006, como “reserva mundial”.

Sin embargo, el resolutivo firmado por la Dirección General de Impacto y Riesgo Ambiental (DGIRA) de la Semarnat, con fecha 14 de octubre de 2015 (oficio SGPA/DGIRA/DG/07126) con anuencia de todas las partes, nunca refiere que desde el 28 de mayo del mismo año, la propia dependencia ya había autorizado un cambio de trazo justo en esa zona de alta fragilidad (oficio SGPA/DGIRA/DG/03903), la cual coincide con los terrenos inmobiliarios más costosos del Pacífico jalisciense: los codiciados acantilados, caletas y esteros entre el sur de la bahía de Chamela y el norte del río Cuitzmala, donde se ubican desarrollos inmobiliarios consolidados o en proyecto como Costa Careyes, Careyitos, Rancho don Andrés y Zafiro, frecuentados por el jet set internacional.

La DGIRA se contradice, según la lectura de ambos resolutivos. En el primero, correspondiente al tramo de 87.1 km, señala que desplazar el trazo “plantea varios inconvenientes, no solamente de índole económica sino además ambiental, pues el proceso de clausurar la carretera existente, levantar el pavimento y transportar los residuos puede generar impactos adversos de considerable magnitud, lo cual tendría que añadirse al proceso de realizar el desmonte, despalme, excavaciones y nivelaciones, además de la construcción del terraplén y tendido de bases que implicaría el nuevo trazo. Debido a que el despalme, las excavaciones y nivelaciones pueden generar material no consolidado que podría ser transportado a los esteros, lo cual provocaría riesgo de depositación y afectación en la calidad del agua. Por lo anterior esa alternativa se desechó”.

Por ello, “se proyecta realizar la ampliación sobre el lado opuesto a los esteros […] la operación de la carretera durante 40 años no ha afectado de manera perceptible la composición ni desarrollo de la vegetación de manglar ni la hidrodinámica del sistema, por lo que se considera que la ampliación es compatible con la conservación”.

En esta decisión influyeron de forma decisiva la UNAM y la reserva de la biosfera, quienes incluyeron el tema del monitoreo biológico, antes, durante y después de la obra; la inclusión de la administración de la reserva como “testigo social”, y uno fundamental: “garantizar el trazo propuesto y que no surja modificación sobre la marcha…” (ver página 87 del resolutivo).

Lo que no sabían, aparentemente, estos actores, es que el cambio de trazo ya se había dado, pues nunca fueron notificados de que estaba abierta otra manifestación de impacto ambiental: SGPA/DGIRA/DG/03903, de casi cinco meses antes.

En ese documento se atiende lo relativo al tramo 61.374 a 70.93 km de la misma carretera. Sin sonrojo, el texto señala en la página 13: “se identificó la necesidad de considerar este desvío del trazo actual en un segmento de 9.206 kilómetros con la intensión [sic] de poder minimizar todos aquellos impactos acumulativos que eventualmente puedan presentarse en la ampliación de la carretera federal 200 y alterar así las condiciones ambientales de la región que de por sí ya presentan una fuerte presión que ha provocado la alteración ecológica (…) es importante señalar que el primer benefactor (sic) de este proyecto será el medio ambiente debido a que los desarrolladores inmobiliarios que se beneficiarán indirectamente por la construcción de este tramo (…) se sumarán a los esfuerzos de desarrollar e implementar programas de rehabilitación que reviva los humedales y su función ambiental en la zona”.

También lo justifica porque asegura que la distancia al polígono protegido es de 980 metros, sin entrar a analizar la posibilidad de impactos que trae una carretera nueva adyacente a una reserva de la biosfera.

¿En qué sentido es el beneficio “indirecto” de los desarrolladores inmobiliarios? El tramo de la vieja carretera no será destruido ni removido, quedará para comunicar los predios existentes. Si se agrega que se trata del tramo más espectacular de la carretera –el automovilista tiene avistamientos de bahías, esteros, montañas y el mar-, la posibilidad de negocio sobre predios de la parte alta, con esta vista, se multiplicarán.



Los intereses

La región Careyes-Chamela es la zona más exclusiva del litoral jalisciense, con presencia de inversionistas extranjeros desde hace más de medio siglo, entre ellos, el español Luis de Rivera; el italiano Giorgio Brignone y el inglés James Goldsmith

Goldsmith, un acaudalado petrolero y extractor mineral, adquirió 10 mil hectáreas y las sumó a poco más de tres mil ha que posee la UNAM, para crear la reserva de la biosfera Chamela-Cuixmala, uno de los sitios mejor conservados de selva baja y humedales en América Latina

El interés de la conservación ha estado desde antes del decreto de 1993 presente en la zona; los turisteros tratan de abrir desarrollos y los conservacionistas de impedirlo, ante la fragilidad ambiental

El último capítulo es la ampliación de la carretera federal 200, la cual, si se desvía en la parte norte del polígono, traerá considerables presiones a la selva. El proyecto está aprobado pero no se ha ejecutado

Fuente: Archivo MILENIO JALISCO

'Patricia', una restauración que no se aplicó



La Semadet propuso a la Semarnat decretar zona de desastre para obtener apoyos, pero la propuesta "no pasó".

Agustín del Castillo / Guadalajara. MILENIO JALISCO. 

Con 'Patricia' sobre la selva seca de la costa de Jalisco, el desastre ambiental del megahuracán se traduce, ocho meses después, en daño al patrimonio natural: la floresta silvestre más rica en endemismos (especies exclusivas) del país, vive la amenaza de ser desplazada por potreros para ganado o parcelas agrícolas, acciones de oportunistas que aprovechan que no hubo mayor acción gubernamental para generar un proyecto de manejo que evitara los abusos.

La Ley General Forestal de Desarrollo Forestal Sustentable señala en su artículo 117: "...No se podrá otorgar autorización de cambio de uso de suelo en un terreno incendiado sin que hayan pasado 20 años, a menos que se acredite fehacientemente a la Secretaría que el ecosistema se ha regenerado totalmente, mediante los mecanismos que para tal efecto se establezcan en el reglamento correspondiente".

Esto es fruto de un dictamen emitido el 7 de abril pasado, en que los diputados agregaron que para que, una vez transcurridos los dos decenios, proceda el cambio, será necesario "acreditar ante la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales, que el ecosistema se ha regenerado". También sanciona el mal manejo del fuego de 150 hasta 30 mil veces "la unidad de medida, prevista en el párrafo sexto del Apartado B del artículo 26 de la Constitución, al momento de cometerse la infracción", que actualmente son salarios mínimos. La reforma fue promulgada por el presidente de la república, en el Diario Oficial de la Federación, el pasado 10 de mayo de 2016.

Ante las evidencias de estas acciones "oportunistas" al margen de la ley, con las maderas muertas dejadas por el meteoro en miles de hectáreas de la demarcación, MILENIO JALISCO solicitó a la Secretaría de Medio Ambiente y Desarrollo Territorial (Semadet) que explicara por qué no se previó el problema.

"Compete a la Semarnat la declaración de algún estatus de protección sobre terrenos donde ha ocurrido algún fenómeno u acontecimiento. En su momento la Semadet evalúo las condiciones posteriores al paso meteoro y solicitó recurso del Fonden [Fondo Nacional de Desastres Naturales] para dos modalidades: uno, para el desarrollo de tareas de manejo de combustibles a fin de disminuir riesgos de incendios forestales; dos, para el desarrollo de actividades de reforestación y restauración de terrenos impactados por el meteoro. De los recursos solicitados , no se tuvo respuesta favorable y todo quedó en propuesta".

Por su parte, Sergio Hernández, delegado en Jalisco de la Semarnat, dijo a este diario: "se hicieron notificaciones de riesgo en algunas partes, para el retiro de arbolado afectado. En algunos casos para fines de extracción y otros con fines de conservación de suelos, a petición de los dueños de los predios"

En Cuixmala "se complicó porque no querían darle manejo; algunas notificaciones no fueron procedentes porque la Semadet y la Profepa hacían visitas de campo, y les mentían sobre los volúmenes afectados", añadió.

Lo cierto es que apenas comienzan a caer lluvias en la costa. Los cambios de uso de suelo permanecen como amenaza de los polígonos afectados por el megahuracán.

lunes, 13 de junio de 2016

Ayuntamientos apoyan a Observatorio y a trasvase



Piden respetar recomendación de cancelar el trasvase del río Verde a León, pero al tiempo, garantizar un convenio de distribución que da agua a León.

Agustín del Castillo / Guadalajara. MILENIO JALISCO. 

El gazapo de los diputados del Partido Movimiento Ciudadano (PMC) de febrero pasado, con un punto de acuerdo que abrió la puerta a “legalizar” la presa El Zapotillo, tiene un nuevo capítulo: los ayuntamientos metropolitanos que controla el mismo partido, han sacado adelante posicionamientos para pedir que se respete la recomendación del Observatorio del Agua para que no se haga el trasvase de agua a León, pero al mismo tiempo, sin reparar en la contradicción, piden “respetar los convenios de distribución del río Verde” que garantizan justamente ese trasvase.

Son documentos acordados en el seno de las sesiones de ayuntamiento, a propuesta de los respectivos presidentes municipales. Todos tienen el mismo sentido: respaldo político al observatorio que pide defender los derechos de los alteños ante un posible despojo de su agua, pero demanda que se cumpla la distribución acordada durante el gobierno de Ernesto Zedillo Ponce de León, que es la base del proyecto El Zapotillo, justamente el que lesiona los derechos de los casi 900 mil habitantes del altiplano jalisciense, de acuerdo al posicionamiento del grupo ciudadano creado por decreto del gobernador hace poco más de dos años.

En el caso de Guadalajara, el Pleno lo aprobó el pasado 13 de mayo de 2016 (acuerdo 26/08/16), y tiene seis puntos: uno, “El Ayuntamiento de Guadalajara reconoce el trabajo realizado por los integrantes del Observatorio del Agua y solicita a las autoridades correspondientes se atiendan todos y cada uno de sus planteamientos. En específico, este Ayuntamiento asume en el ámbito de su competencia la responsabilidad de participar en las gestiones y actividades para que se analice la construcción del acueducto Zapotillo-León, hasta en tanto no se lleve a cabo un efectivo proceso de información pública veraz y oportuna”.

Dos, “…se pronuncia porque el proyecto de la presa El Zapotillo cumpla cabalmente el convenio de distribución de agua de la cuenca del río Verde, con la finalidad de que Jalisco, la región de Los Altos y el Área Metropolitana de Guadalajara reciban la parte que les corresponda. Por ello le pedimos al Ejecutivo del Estado emprenda las acciones necesarias para garantizar certeza jurídica y técnica, respecto al abastecimiento del agua para nuestra ciudad, evitando la consumación irreparable en la vulneración de los derechos humanos de los jaliscienses”.

Tres, “Se solicite a la Comisión Nacional del Agua que informe al Ayuntamiento de Guadalajara, cuáles son las fuentes de agua probadas que garantizarán el abasto para nuestra ciudad, toda vez que, al haberse cancelado el Proyecto de Arcediano, así como invalidado por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, el convenio de coordinación para llevar a cabo un Programa Especial para los Estudios, Proyectos, Construcción y Operación del Sistema Presa El Zapotillo y Acueducto el Zapotillo-Altos de Jalisco-León Guanajuato suscrito por parte de la Conagua y los Ejecutivos de los Estados de Jalisco y Guanajuato, nos encontramos en estado de incertidumbre técnica y jurídica”.

Cuatro, “Exhortamos a la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat) y a la Comisión Nacional del Agua (Conagua), a que también asuman las recomendaciones realizadas por el Observatorio Ciudadano”. Quinto. “Este cuerpo edilicio solicita a la Conagua haga públicas y se revisen todas las acciones realizadas y proyectadas a la fecha, en cuanto a la ejecución del proyecto de la presa de El Zapotillo, así como del Acueducto el Zapotillo-Los Altos de Jalisco-León Guanajuato, que incluya: a) un proyecto ejecutivo de presa, acueducto y trasvase, así como el estudio de su impacto socioeconómico, y; b) todos los estudios que en torno al proyecto se han llevado a cabo especificando, los que han requerido pago-inversión de los Ejecutivos Federales y Estatales, así como los montos que se han erogado”.

No es distinto lo que aprobó Tlaquepaque el 18 de mayo siguiente, o Zapopan, cuya sesión fue en el mismo mes (no precisa fecha el documento). La ambigüedad del pronunciamiento deja abierta cualquier posibilidad: negociar un acuerdo que “legitime” el trasvase o impedirlo.

Las dudas

La alianza del grupo político de Enrique Alfaro con el Observatorio para la Gestión Integral del Agua de Jalisco, aunque ha dimensionado el conflicto político por las aguas del río Verde, ha derivado en pronunciamientos ambiguos que no terminan de generar confianza en las partes

Tanto los defensores de Temacapulín, Acasico y Palmarejo, poblados amenazados con la inundación de la presa El Zapotillo, como el movimiento a favor de los derechos económicos y sociales de la meseta alteña, no encuentran un aliado sólido para enfrentar a León, Guanajuato, respaldado en una ambigüedad análoga del gobierno de Jalisco, que tampoco ha sido contundente

sábado, 11 de junio de 2016

Deforestación: un retrato de país




Bosques a la mitad y selvas a 20% de lo que había un siglo atrás; el fenómeno de deforestación no ha podido ser detenido. En la foto, el impacto de Patricia sobre la selva seca de la costa de Jalisco, un componente de desastre que genera deforestación

Agustín del Castillo / Guadalajara. MILENIO JALISCO.

A nivel estado, la pérdida bruta anual de bosques y selvas las encabezan Quintana Roo (27,923 hectáreas), Sonora (25,672 ha) y Oaxaca (22,666 ha), seguidos por Yucatán (15,357 ha), Chiapas (13,982 ha).

En ese renglón, Jalisco, que en 2010 ocupaba el segundo casillero, ahora está en el lugar octavo, con 7,554 ha, aunque la Comisión Nacional Forestal lo ha ubicado en "pérdida neta" en el casillero 14 del país, es decir, la resta de bosque recuperado a la cifra de pérdida bruta, aunque esa operación genera alta polémica entre los expertos, que dudan del modo en que lo acredita la medición.

"De acuerdo a lo publicado en el FRA 2015 [evaluación de deforestación entregada a la FAO por el gobierno mexicano], México contaba con una superficie de bosque de 69.7 millones de hectáreas en el año 1990; es importante señalar que ésta área sólo considera las zonas arboladas del país, con una estimación en existencias maderables para ese año de 4,964 millones de metros cúbicos [m3] para coníferas y latifoliadas; para 2015 se reportan 66.04 millones de hectáreas en este mismo rubro y con un estimado de 4,727 millones de m3 de madera en existencia", indica la nota informativa que el organismo entregó a MILENIO JALISCO.

"La tasa de deforestación anual del periodo 2010-2015, se estima en el orden de 91.6 mil hectáreas para bosques a nivel nacional; si bien ha disminuido en los últimos años, no se ha detenido por completo, existen ecosistemas en los que la deforestación aumentó, como en los bosques de latifoliadas y manglares, o bien se mantuvo estable como es el caso de las selvas bajas. Sin embargo, la presión sobre los ecosistemas de selvas altas y medianas ha disminuido en los últimos cinco años, en el caso de los bosques mixtos (coníferas y latifoliadas), se ha detectado un aumento en superficie a diferencia del ciclo pasado (2005-2010), en el que todavía se reflejaba una reducción, lo que nos habla no sólo de la disminución en la deforestación de estos bosques, sino de una recuperación en las mismos", añade.

Las tres principales transiciones "hacia algún uso de suelo, por aumento en superficie, fueron las zonas con agricultura de riego, agricultura de temporal y los asentamientos humanos; el establecimiento de pastizales cultivados y otros usos agropecuarios, han aumentado pero a un ritmo menos acelerado que en el ciclos anteriores".

La metodología para la obtención de las tasas de cambio "sigue las directrices marcadas por la FAO y tiene como base la Cartografía de Uso del Suelo y Vegetación escala 1:250,000 del INEGI, en sus diferentes series. Debido a la escala de trabajo, óptimo para el reporte nacional, no se pueden generalizar las causas primarias que conllevan a la acción del cambio de uso del suelo y la consecuente pérdida de cobertura forestal, dada la complejidad de los factores que la causan".

De este modo, "la tasa de deforestación por entidad federativa, se presenta de manera indicativa, dado que se estima en base a una escala de trabajo 1:250,000, adecuada para el análisis a nivel nacional e implica que el nivel de incertidumbre incremente a nivel estatal", advierte. Cada estado "presenta gran variación de porcentaje de bosque con respecto al total de su territorio [...] el estado con mayor porcentaje de cubierta forestal es Quintana Roo ya que poco más de 80 por ciento de su territorio es bosque y el que menos cuenta con superficie de bosque es Baja California con solo 2.48 por ciento".

En términos de tasa, es decir, relativos, "va de un tasa de hasta -0.64 por ciento en el estado de Sonora hasta una tasa de pérdida 'positiva' [recuperación] de 1.6 por ciento en Morelos".

Claves

Algunas definiciones:

Deforestación: "transformación del bosque en otro uso de la tierra o reducción, a largo plazo, de la cubierta de copa por debajo del umbral mínimo de 10 por ciento"

Pérdida bruta. "Es la superficie que de tener un uso forestal se transforma o se pierde en otro uso de suelo como puede ser agropecuario, zonas urbanas, cuerpos de agua, entre otros, y/o que pasa a un tipo de vegetación herbácea".

Pérdida neta. "... es el resultado de la resta del valor de la superficie con recuperación y el de la pérdida bruta de la vegetación".

Tasa de deforestación. "Es la magnitud proporcional para un período de tiempo dado, que mide la transformación del bosque en otro uso de la tierra o reducción, a largo plazo, de la cubierta de copa por debajo del umbral mínimo del 10 por cierto. Este dato puede estar dado en porcentaje (%) o en superficie (hectáreas/año)"

Fuente: Nota de Conafor a MILENIO JALISCO