Nuevos planes parciales deberán esperar 4 meses

La Ley de Asentamientos Humanos y el Código Urbano obligan un examen final de la Semadet; áreas verdes y espacio público, "foco de atención".

Agustín del Castillo / Guadalajara. MILENIO JALISCO. 

El pasado 5 de enero se publicaron en la Gaceta Municipal de Guadalajara los 53 nuevos planes parciales de desarrollo urbano que el ayuntamiento local presenta para fundamentar los proyectos inmobiliarios, de equipamiento e infraestructura que se presenten a futuro en la demarcación urbana. Pero este no es el fin de la historia.

Además de que los grupos civiles cuentan con derecho a reclamar por vía judicial lo que consideren un perjuicio u omisión a sus derechos como ciudadanos, en quince días hábiles, la Secretaría de Medio Ambiente y Desarrollo Territorial (Semadet) tiene un plazo de 90 días hábiles, lo que significa casi cuatro meses, para revisar cada documento, en busca de determinar si se garantizan derechos como el acceso equitativo a servicios básicos, el equipamiento suficiente, el fortalecimiento de las áreas públicas y en particular, las áreas verdes.

"Nuestro foco de atención es el tema de los impactos ambientales, que los cambios de uso de suelo que sea ganancia para garantizar un espacio público mínimo aceptable, y la compensación prevista en el tema del equipamiento; nos interesa y vemos muy positivo el tema de la densificación con criterios de sustentabilidad, el tema de desarrollo orientado al transporte, pero solo si se da con criterios suficientes para garantizar servicios, calidad de vida y áreas verdes; es muy positivo que la línea tres detone estos corredores, y se queden muy fundamentados y de forma estratégica para que Guadalajara vuelva a poblarse", advirtió a MILENIO JALISCO la secretaria de Medio Ambiente y Desarrollo Territorial (Semadet), Magdalena Ruiz Mejía.

Trascendió que hubo peticiones extraoficiales a la funcionaria para pasar por alto ese proceso de revisión, pero Ruiz Mejía no lo confirmó. Se limitó a subrayar la obligación de la dependencia a su cargo para garantizar que el proceso de revisión de la planeación sea adecuado y no afecte los derechos de la población.

El artículo 44 de la Ley General de Asentamientos Humanos, del ámbito federal, recientemente reformada, lo señala: "el ayuntamiento, una vez que apruebe el plan o programa de Desarrollo Urbano, y como requisito previo a su inscripción en el Registro Público de la Propiedad, deberá consultar a la autoridad competente de la entidad federativa de que se trate, sobre la apropiada congruencia, coordinación y ajuste de dicho instrumento con la planeación estatal y federal. La autoridad estatal tiene un plazo de noventa días hábiles para dar respuesta, contados a partir de que sea presentada la solicitud señalará con precisión si existe o no la congruencia y ajuste. Ante la omisión de respuesta [en el tiempo determinado] opera la afirmativa ficta".

Por otra parte, el artículo 83 del Código Urbano vigente en Jalisco, también de reciente reforma para adecuarlo a las reformas federales, destaca: " El gobernador del estado y los presidentes municipales en sus respectivos ámbitos de competencia, solamente ordenarán la publicación e inscripción de un programa o plan, si previamente se aprobó con apego a las disposiciones de este código y si existe congruencia con los programas, atlas de riesgo, planes de desarrollo urbano y de ordenamiento ecológico y territorial aplicables en el ámbito federal, estatal, regional, metropolitano y municipal...".

El artículo 84, fracción II, del mismo código, establece: "...deberán ser inscritos [en el Registro Público de la Propiedad] dentro de los 20 días hábiles siguientes a la fecha de la notificación del dictamen de congruencia a que hace referencia el artículo 83".

Hay un debate sobre si entra en vigor el plan con la inscripción en el RPP, pero independientemente, la titular de la Semadet señala enfáticamente que mientras ellos revisan, siguen en vigor los planes anteriores.

Numeralia

53 planes parciales correspondientes a los siete distritos de Guadalajara

2003, en su mayor parte, es el año en que se revisaron los que están vigentes

4 temas bajo la lupa: áreas verdes, equipamientos, infraestructura suficiente e impacto ambiental

90 días hábiles tiene la Semadet, lo que, sumado a días no hábiles, puede llevar el proceso hasta finales de abril

SRN

El Respira sustituirá al Imeca; su énfasis es la salud pública

La Semadet destaca la relevancia de la nueva norma, que construye un índice de contaminación ligado a la salud humana y de comunicación más ágil y precisa.

Agustín del Castillo / Guadalajara. MILENIO JALISCO. 

Ante el promedio de 16 mil muertos al año a nivel nacional, la cuarta parte de los cuales son aportados por el área metropolitana de Guadalajara, las entidades del sector público federal y de los estados, han decidido mejorar el sistema de comunicación de riesgos a la salud, con base en la información emanada de las redes de monitoreo atmosférico de las ciudades. El Respira está llamado a sustituir al Imeca como índice de calidad del aire, y ha entrado a fase de consulta pública.

El componente esencial del nuevo modelo es la comunicación. Los expertos, convocados por el Instituto Nacional de Ecología y Cambio Climático (Inecc) y por el Instituto Nacional de Salud Pública (INSP), lo justifican en la precaria capacidad de los sistemas vigentes para convertir la información en una herramienta eficaz de la toma de decisiones de cada persona.

"Es la construcción de una nueva herramienta que parte de la premisa de que el problema de la contaminación del aire es, fundamentalmente, un problema de salud pública, como hemos insistido, y la calidad de la información de la red debe tener una utilidad preventiva", advierte la titular de la Secretaría de Medio Ambiente y Desarrollo Territorial, Magdalena Ruiz Mejía.

La funcionaria destaca la participación, en la creación de ese nuevo índice de calidad del aire, de la dependencia a su cargo, en busca de que se genere un modelo que sea apto en la generación de datos y oportuno en la entrega de información con la urgencia que un episodio de mala calidad del aire demanda.

Entre las novedades del nuevo índice, se destaca la importancia de generar información "cruzada" de al menos dos contaminantes que puedan incidir en un pico de mala calidad del aire, con la información científica que se disponga sobre lo que implica la exposición de las personas a ese aire contaminado; también, que la información focalice a la población de más alto riesgo –niños, ancianos, enfermos de vías respiratorias o del sistema cardiovascular- para que tenga clara advertencia de lo que puede acarrear exponerse a respirar ese aire. Un tercer aspecto es que se buscará no enfatizar en la geografía de una contingencia, pues eso genera una percepción lejana de riesgo y no lleva a tomar decisiones a favor de la salud personal.

Como la justificación está en "el objetivo de protección a la salud y prevención de los riesgos asociados a la exposición a los contaminantes atmosféricos, se decidió que el índice Respira, correspondería con aquel subíndice que presentara el nivel de máximo riesgo. Esta decisión se basa también en que al proteger a la población de altas concentraciones ambientales de cierto contaminante del aire, también se estará protegiendo ante el resto de ellos, aunque las concentraciones de estos segundos sean menores y no signifiquen un riesgo. Lo anterior considerando que ante situaciones de alto riesgo se darán recomendaciones a la población que les orientan a reducir sus actividades al aire libre, entre otras", señala el informe final del proyecto "Propuesta de norma oficial mexicana y manifestación de impacto regulatorio para el establecimiento del Respira, Índice de Calidad del Aire y Riesgos a la Salud", publicado por el Inecc.



"El Índice Aire y Salud se pondrá a disposición de la población en la página electrónica y cualquier otro medio de difusión que para el efecto establezca la autoridad responsable de cada Sistema de Monitoreo de Calidad del Aire [...] será el o los que representen la peor situación de calidad del aire y de mayor riesgo a la salud humana, para cada una de las estaciones que conforman el Sistema de Monitoreo de la Calidad del Aire. La difusión de riesgos relacionada al índice [...] consistirá en el establecimiento de cinco bandas que estarán asociadas a cinco colores – verde, amarillo, naranja, rojo y morado- como se describe en la Tabla 10 de la presente norma oficial mexicana:

"Buena"; riesgo bajo, "se considera que el riesgo es mínimo o nulo" y color de banda verde. "Aceptable", con riesgo moderado. Para ozono (O3), "las personas sensibles pueden experimentar síntomas respiratorios (asmáticos)"; para partículas suspendidas iguales o menores a 10 micrómetros (PM10) y partículas suspendidas iguales o menores a 2.5 micrómetros (PM2.5) hay un "posible agravamiento de enfermedad pulmonar y cardiaca en personas con enfermedad cardiopulmonar y adultos mayores".Color de banda, amarillo.

"Mala" calidad del aire representa riesgo alto. "Para todos los contaminantes criterio, disminución en la capacidad pulmonar en personas sanas. Incremento en la probabilidad de aparición de síntomas respiratorios en personas sensibles (niños, ancianos, personas con deficiencias nutricionales, personas de bajo nivel socioeconómico, personas que realizan actividades en exteriores, ciclistas, trabajadores). En personas con enfermedades respiratorias (EPOC, asma) y cardiacas (angina de pecho) hay aumento en la probabilidad de agravamiento y disminución en la tolerancia de la actividad física, así como mayor probabilidad de muertes prematuras en personas con enfermedad cardíaca o pulmonar".Banda color naranja.

"Muy mala" conlleva riesgo muy alto, "para todos los contaminantes criterio, mayor probabilidad de presencia de síntomas respiratorios en población general. Agravamiento de síntomas respiratorios en poblaciones sensibles (niños, adultos mayores, personas que trabajan en exteriores, ciclistas, personas con bajo nivel socioeconómico) y en personas con enfermedad pulmonar (EPOC y asma). Incremento en síntomas cardiovasculares, como dolor precordial, en personas enfermas del corazón, así como mayor probabilidad de muertes prematuras en personas con enfermedad cardíaca o pulmonar".Banda color rojo.

El nivel de contaminación "extremadamente mala" conlleva riesgo "extremadamente alto", y para "todos los contaminantes criterio, incremento en la probabilidad de síntomas severos respiratorios en población general. Serios efectos respiratorios y agravamiento de síntomas en personas sensibles (niños, adultos mayores, persona con deficiencias nutricionales, personas de bajo nivel socioeconómico) y en personas con enfermedad pulmonar (asma y EPOC). Agravamiento de síntomas cardiovasculares en enfermos del corazón (como angina de pecho) e incremento en la probabilidad de muerte prematura en personas con enfermedad pulmonar y cardiaca". El color de la banda es morado.

Aunque hubo protestas de empresarios, sobre todo del ámbito industrial, la Cofemer ha dispensado de una manifestación de impacto regulatorio a la norma, pues justifica que es meramente informativa (ver nota anexa). Sólo se espera una fecha para determinar su entrada en vigor, para experimentar si es la estrategia correcta para reducir muertes y enfermos por respirar aire de mala calidad.

Industriales reclaman que es una norma más estricta

Si bien, se supone que esta nueva metodología para elaborar el índice de contaminación es meramente informativa, y no significa responsabilidad directa para los particulares, diversas empresas solicitaron a la Comisión Federal de Mejor Regulatoria (Cofemer) que se le obligara a sus promotores a realizar una manifestación de impacto regulatorio, por su presunto impacto en la economía de las ciudades.

"En relación con este Expediente 004/0093/081217 y de acuerdo con el oficio que le enviamos el 12 de Diciembre, le ratificamos que consideramos que este proyecto tiene un fuerte impacto regulatorio y económico para el país, ya que establece límites máximos permisibles más estrictos de los que establecen las NOM de SSA, para Dióxido de Azufre, Dióxido de Nitrógeno y Monóxido de Carbono, (NOM-021, 022 y 023- SSA1) y que la clasificación de bandas y límites normados se aplican directamente para determinar los índices y el programa de contingencias[...] que restringen la circulación de vehículos y obligan al paro de operaciones de las empresas. Por lo que solicitamos atentamente su apoyo para no se exente [sic] la elaboración de la MIR y que se requiera a la Semarnat que la presente", dijo un particular, según se puede leer en la página donde se aloja el expediente respectivo (http://www.cofemersimir.gob.mx/portales/resumen/43837).

"El proyecto de norma en su apartado 5.3 de clasificación de bandas de calidad del aire y riesgo: 'Las bandas de calidad del aire y riesgo que componen el Índice Aire y Salud se construirán considerando los intervalos de concentración señalados en las tablas 4, 5, 6, 7, 8 y 9 de la presente norma oficial mexicana, según aplique al contaminante criterio', requiere el cumplimiento de límites máximos permisibles de emisión para calidad del aire aceptable o mala, que son más estrictas que las establecidas en las Normas Oficiales Mexicanas de Secretaria de Salud", secunda en el caso, el director de Medio Ambiente, Seguridad e Higiene de la Asociación Nacional de la Industria Química, Javier Pérez Gómez.



En dióxido de azufre "se observa que este proyecto de norma establece límites máximos permisibles más estrictos que la normatividad actual (De 0.200 ppm lo reduce a 0.075 ppm), lo que también sucede para los contaminantes criterio: dióxido de nitrógeno y monóxido de carbono [...] consideramos que tendrán un fuerte impacto económico para esta zona [del Valle de México] y posteriormente para todo el país", agrega.

Un segundo reproche es la presunta invasión de competencias entre Semarnat y Salud, aunque se trata de un proyecto conjunto.

"Las normas oficiales mexicanas serán emitidas por la dependencia que tenga competencia en la materia regulada, con el fin de que su cumplimiento sea exigible y los actos de autoridad derivados de ellas no sean recurribles por los sujetos regulados. Siendo la Secretaría de Salud, conforme a la Ley General de Salud, artículos 3o, 116, 117 y 118 (fracciones. I y VII), la competente en la determinación de intervalos de concentraciones de los contaminantes de la atmósfera criterio (bandas de calidad del aire), la clasificación del riesgo a la salud que ellos implican y su descripción, así como las recomendaciones para los grupos sensibles y la población en general con el fin de prevenir daños en su salud; es evidente que el cumplimiento los propósitos de la mejora regulatoria se pone en duda al gestionar la Semarnat el proyecto de la norma mencionada. Dado lo anterior, solicito respetuosamente a usted, comunicar [...] que, conforme a la Ley General de Salud, artículos 3, 116, 117 y 118 (fracciones I y VII), la materia de la norma de referencia no es competencia de la Semarnat".

Las dos objeciones no fueron suficientes. La nueva norma que da vida al Respira ha sido eximida de la obligación de una manifestación de mejora regulatoria.

SRN

25% de Jalisco está concesionado a minería

Ley General de Biodiversidad aprobada por el Senado no prohibió actividad minera en las ANP, pero los diputados pueden adicionar la prohibición para el texto definitivo

Agustín del Castillo / Guadalajara. MILENIO JALISCO. 

Alrededor de dos millones de hectáreas, 25 por ciento de la superficie total de Jalisco, es la extensión de las 1,567 concesiones mineras que han sido otorgadas por el gobierno federal tan solo para esta entidad. El territorio concesionado se interna en las áreas protegidas (ANP) del estado: Sierra de Quila es el caso más extremo, con 50 por ciento de su superficie concesionada; Manantlán, la más extensa, presenta 8 por ciento de su territorio, pero sobrepoblado de concesiones en su zona de influencia, que ponen en riesgo su viabilidad.

Estos datos provienen de la Dirección General de Regulación Minera de la Secretaría de Economía, la cual advierte que en el caso de las ANP, es necesario cumplir con una regulación para poder aprovecharlas. Desde hace años, ha existido, entre diversos ambientalistas y científicos, la exigencia de que las demarcaciones protegidas, al ser las que albergan la parte más valiosa del patrimonio biológico del país (uno de los ocho más ricos del mundo), queden al margen de este tipo de aprovechamientos, dado que a gran escala, pueden significar un impacto enorme y de largo plazo para los procesos naturales.

No obstante, la última oportunidad para hacerlo se presentó con la iniciativa de la Ley General de Biodiversidad, aprobada en el Senado de la república el 15 de diciembre de 2017, hace menos de un mes. El dictamen original fue objeto de un importante ajuste por la presión de diversas organizaciones sociales, ecologistas y productivas, y en especial, de la reconocida investigadora Julia Carabias Lillo, quien en el marco del reconocimiento Belisario Domínguez que le otorgó la cámara alta, exigió una revisión del texto con miras a fortalecer el papel de la Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas, el del consejo nacional de ANP, y en lo territorial, a que las zonas de influencia de las ANP fueran parte de las políticas de gestión, lo que significa establecer fuertes condicionamientos a actividades de alto impacto, como la extracción de minerales, petróleo y gas natural.

El ansiado artículo que específicamente cancelara la posibilidad de minería en los polígonos protegidos, no llegó. "El dictamen se aprobó en la cámara de origen, y por proceso legislativo se entrega a la cámara baja, con los diputados. Allí es donde se puede presentar más negociaciones en busca de consolidar los cambios que se lograron", señaló a MILENIO JALISCO el consultor de la firma Polea, Iván Zúñiga.

La otra norma que ha estado en juego de forma paralela es la Ley General de Desarrollo Forestal Sustentable; allí, la cámara de origen son los diputados, y debe ser aprobada por el Senado. Este dictamen también ha sido polémico y ha tenido diversas modificaciones: por ejemplo, se impidió la tentativa de la Comisión Nacional Forestal (Conafor) de debilitar a su consejo consultivo y de hacer opaco y discrecional el fondo forestal, una batalla más de los ambientalistas y de los productores organizados.
Una realidad

Las amenazas a la biodiversidad dentro y fuera del sistema de ANP "se han multiplicado e intensificado. Además del potencial incremento de la deforestación relacionada con crecimiento demográfico, existen a lo largo y ancho del territorio nacional numerosos proyectos de gran extensión en áreas rurales que generalmente no obedecen a los intereses de las comunidades locales. Entre los proyectos con mayor extensión territorial sobresalen las miles de concesiones mineras otorgadas por Secretaría de Economía en los últimos años", señalan los investigadores Elisa Jeanneht Armendáriz-Villegas y Alfredo Ortega-Rubio (la primera tiene en línea una extensa tesis de doctorado: Áreas naturales protegidas y minería en México: perspectivas y recomendaciones, publicada en 2016 por el Centro de Investigaciones Biológicas del Noroeste, SC, que es base de la opinión).

Se analizó la superposición que existe entre los polígonos de 24, 715 concesiones mineras otorgadas hasta 2010 [en la actualidad rebasan 27 mil] con las ANP solamente federales. "Se encontró que 1,609 concesiones mineras coinciden con un tercio de las ANP, esto es, 63, sobreponiéndose a casi un millón y medio de hectáreas [...] 30 por ciento de los títulos de concesión minera que coinciden con ANP, mencionan que extraerán metales preciosos [oro y plata], proporción que se eleva a 73 por ciento si se agregan los principales metales industriales [cobre, plomo, zinc, fierro, antimonio, molibdeno, mercurio y manganeso] y los polimetálicos. En contraste, el 9 por ciento de los títulos de concesión pretenden extraer minerales no metálicos, principalmente carbón, fluorita, barita, yeso, sal y dolomita. Adicionalmente, 11 por ciento de los títulos mencionan que extraerán 'toda sustancia posible".

Las ANP con más altos porcentajes de territorio traslapado de concesiones mineras son Rayón, en Michoacán, 100 por ciento; Sierra La Mojonera, en San Luis Potosí, 86 por ciento; El Chico, en Hidalgo, 55 por ciento; Los Mármoles, en Hidalgo, 52 por ciento; Sierra de Quila, en Jalisco, 50 por ciento. "Existen ocho más cuyos porcentajes van del 16 por ciento al 32 por ciento", agregan.

Las superficies protegidas menores son las más vulnerables, "al no tener espacios mínimos de supervivencia y recuperación en caso de aprobarse e iniciarse la extracción minera".

Entre las más extensas que tienen invasión de concesiones, también Jalisco es relevante: las cuencas alimentadoras de los distritos nacionales de riego 004 (Coahuila) y 043 (Durango, Nayarit, Jalisco, Aguascalientes y Zacatecas), Valle de los Cirios y El Vizcaíno, "que juntas sumaron 67 por ciento de superficie de las concesiones mineras en todas las ANP", precisan los autores.

El problema es que las cuencas alimentadoras (la 043 es la que en Jalisco se conoce como área de protección hidrológica, con 354,849 hectáreas) tienen poco tiempo de haber sido recategorizadas, y carecen de programa de gestión y manejo. En específico, este enorme polígono que abarca cuatro estados, contiene más de 336 mil ha de concesiones mineras.

Otras áreas protegidas federales de Jalisco con concesiones mineras son La Primavera (644 ha, para proyectos geotérmicos), Manantlán, con 11,200 ha (sólo 8 por ciento, pero que equivale a más de la extensión concesionada en Quila), pero que en su zona de influencia contiene cuatro aprovechamientos y un territorio concesionado de cerca de 80 mil ha.

Además de las 63 ANP traslapadas con concesiones mineras, "otras 22 presentan concesiones mineras en los 10 km colindantes a su alrededor. En el caso de ANP pequeñas esta situación es preocupante ya que, en proporción, las superficies concesionadas pueden ser hasta miles de veces más extensas que la propia ANP. La mayor parte de las concesiones otorgadas se encuentran en fase de exploración, pero ya existe presión para pasar a la fase de explotación en varias ANP del noroeste, así como en las ANP de Mariposa Monarca [Michoacán y México], sierra de Manantlán [Jalisco y Colima] y El Triunfo [Chiapas], entre otras. En junio de 2014 se otorgó el permiso ambiental al proyecto Los Cardones, para extracción de oro en la ANP sierra La Laguna, en Baja California Sur".

De este modo, existen concesiones mineras principalmente en las categorías de áreas de protección de recursos naturales, reservas de la biosfera y áreas de protección de flora y fauna.

"¿Qué tipo de efectos tienen los proyectos mineros de los que se habla? En México, la actividad minera se ha realizado durante siglos en pulsos de mayor o menor intensidad, bajo modelos socioeconómicos distintos, contribuyendo a la conformación de ciudades, culturas y economías regionales. En los últimos 25 años se ha presentado un nuevo pulso bajo un esquema socioeconómico muy distinto a los anteriores. La minería actual en volumen y producción está centrada en minerales metálicos a gran escala, la cual representa escasos beneficios económicos a nivel regional [corto plazo] y elevados impactos ambientales en estas regiones [corto y largo plazo]". El artículo completo se puede consular en http://otrosmundoschiapas.org/index.php/temas-analisis/32-32-mineria/2042-concesiones-mineras-en-areas-naturales-protegidas-de-mexico.

Claves

Minería y ANP

Ley minera
Artículo 20. "Las obras y trabajos de exploración y explotación de carbón en todas sus variedades, en terrenos amparados por asignaciones petroleras sólo podrán ejecutarse con autorización de la Secretaría, la que solicitará opinión a la Secretaría de Energía para fijar las condiciones técnicas a que deben sujetarse los mismos.

"Las obras y trabajos de exploración y de explotación que se realicen dentro de poblaciones, presas, canales, vías generales de comunicación y otras obras públicas, en los zócalos submarinos de islas, cayos y arrecifes, el lecho marino y el subsuelo de la zona económica exclusiva, en las áreas naturales protegidas, así como las que se efectúen dentro de la zona federal marítimo terrestre, únicamente podrán realizarse con autorización, permiso, o concesión según el caso, de las autoridades que tengan a su cargo los referidos bienes, zócalos, lecho marino, subsuelo, las áreas o las zonas citadas, en los términos que señalen las disposiciones aplicables".

Artículo 27. "Los titulares de concesiones mineras, independientemente de la fecha de su otorgamiento, están obligados a: [...] IV. Sujetarse a las disposiciones generales y a las normas oficiales mexicanas aplicables a la industria minero-metalúrgica en materia de seguridad en las minas y de equilibrio ecológico y protección al ambiente

Artículo 39.- "En las actividades de exploración, explotación y beneficio de minerales o sustancias, los concesionarios mineros deberán procurar el cuidado del medio ambiente y la protección ecológica, de conformidad con la legislación y la normatividad de la materia".
Reglamento de la ley minera

Reglamento de ley minera

Artículo 57.- "Los titulares de concesiones mineras o agrupamiento de éstas o quienes lleven a cabo obras y trabajos mediante contrato, deberán designar como responsable del cumplimiento de las normas de seguridad en las minas a un ingeniero de minas que cuente con cédula profesional, siempre y cuando las obras y trabajos involucren a más de nueve trabajadores en el caso de las minas de carbón y más de cuarenta y nueve trabajadores en los demás casos.

"Para la realización de obras o actividades de exploración, explotación y beneficio de minerales o sustancias, los titulares de concesiones o asignaciones mineras deberán cumplir con las distintas legislaciones federales y estatales que apliquen al tipo de operación de que se trate".

Claves

Territorio y concesiones mineras, por estado

Aguascalientes, 145 concesiones, 96,484.5 hectáreas
Baja California, 659 concesiones, 2 millones 070,093.8 ha
Baja California Sur, 164 concesiones , 800,030.8 ha
Campeche, 14 concesiones, 1,954.4 ha
Coahuila, 1,990 concesiones, 3 millones 196,905.7 ha
Colima, 315 concesiones, 232,291.5 ha
Chihuahua, 3,496 concesiones, 2 millones 591,162.7 ha
Chiapas, 91 concesiones, 1 millón 104,671.2 ha
Durango, 3,642 concesione, 2 millones 975,524.9 ha
Guerrero, 713 concesiones, 1 millón 334,832.5 ha
Guanajuato, 627 concesiones, 337,540.6 ha
Hidalgo, 424 concesiones, 106,867.6 ha
Jalisco 1,567 concesiones, 1 millón 937,984.4 ha
Estado de México, 258 concesiones, 212,779.6 ha
Michoacán, 899 concesiones, 1 millón 096,337.1 ha
Morelos, 49 concesiones, 34,237.4 ha
Nayarit, 458 concesiones, 517,936.4 ha
Nuevo León, 567 concesiones, 644,266.9 ha
Oaxaca, 355 concesiones, 710,563.7 ha
Puebla, 315 concesiones, 259,464.2 h
Querétaro, 379 concesiones, 118,887.5 ha
Sinaloa, 1,572 concesiones, 1 millón 438,841.4 ha
Sonora, 4,590 concesiones, 5 millones 118,566.9 ha
San Luis Potosí, 693 concesiones, 943,070.6 ha
Tabasco, 3 concesiones, 2,413 ha
Tamaulipas, 154 concesiones, 119,010.3 ha
Tlaxcala, 2 concesiones, 4,018 ha
Veracruz, 88 concesiones, 214,691.9 ha
Yucatán, 24 concesiones, 58,435.6 ha
Zacatecas, 2,570 concesiones ,2 millones 826,736.6 ha

TOTAL NACIONAL: 26,823 concesiones 31 millones 106,602.3 ha

Fuente: Secretaría de Economía, con datos a 2014

SNR

Tala clandestina en las faldas del Nevado

La Semarnat Jalisco señala que no ha autorizado ningún cambio de uso de suelo forestal, y que el único predio en aprovechamiento es ejidal.

Agustín del Castillo / Guadalajara. MILENIO JALISCO. 

Un nuevo episodio de la degradación de los bosques que rodean al complejo volcánico Nevado de Colima: en un predio contiguo al ejido San José del Carmen, en Zapotitlán de Vadillo, grupos de desconocidos talan el bosque y extraen madera desde finales de 2017, sin que a la fecha hayan sido detenidos, de acuerdo a una denuncia del núcleo agrario.

La delegación Jalisco de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat) aclara que solamente hay una autorización a diez años, que entrará en su sexta anualidad, precisamente en el ejido denunciante, pero no puede ser ejercida aún por falta de remisiones. Esto significa que la extracción debe ser ilegal incluso si fuera en la demarcación ejidal, al menos en lo tocante a lo que se extrajo en 2018. En el supuesto de que sea un predio propiedad privada, como se denunció entre los vecinos, la ilegalidad es más tajante: no hay una sola autorización de aprovechamiento vecina.

También hay una persistencia en negar permisos de cambio de uso de suelo forestal, lo que evidencia la alta posibilidad de que se trate de una extracción clandestina.

"Ha habido muchas presiones en la zona porque se quieren abrir huertas de aguacate; ese predio en particular, supimos que fue vendido recientemente por una propietaria, pero desconocemos quiénes lo compraron, aunque es más que evidente que quieren cambiar el bosque y meter huerta aguacatera por el gran negocio que representa", dijo un lugareño que pidió la omisión de su nombre, pues hay miedo de que esta actividad pudiera ser un esquema de blanqueo de dinero fruto de actividades delictivas.

Mientras no se conoce si la delegación de la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa), que sería la instancia competente para inspeccionar y eventualmente clausurar y sancionar, ya fue enterada de la denuncia; el gobierno de Jalisco también ha conocido los datos, pues el aprovechamiento se ubica en las inmediaciones del polígono de El Borbollón, uno de los cuatro que conforman el parque estatal Bosques Mesófilos Nevado de Colima.

Se pretende que la procuraduría estatal realice una revisión y aporte elementos para que la autoridad federal tenga elementos para justificar una amplia actuación.

Para la zona de influencia de los volcanes de Colima, los datos oficiales demuestran una relación proporcional entre cambio de uso de suelo y aumento de superficie aguacatera (2002-2016). Se reportan 3,453.7 hectáreas que eran agrícolas en 1996 y cambiaron a huerta. Pero lo interesante son las 1,423.6 ha más que se incorporaron a la producción aguacatera a partir de 2002.

De esa superficie, 1,387.7 ha, es decir, más de 96 por ciento, lo hizo con cambio de uso de suelo forestal. La Semarnat en Jalisco otorgó solamente diez autorizaciones de cambio de uso de suelo forestal entre 2005 y 2010, por 660 ha en conjunto, para toda la región sur del estado, que incluye el Nevado pero sobre 20 tantos más superficie forestal. Es decir, el esquema de crecimiento ilegal no descansa.

SRN

Sistema de alerta temprana llegará a bosque La Primavera

El área protegida será el laboratorio de un moderno sistema de detección que se quiere ampliar a otras ANP de Jalisco.

Agustín del Castillo / Guadalajara. MILENIO JALISCO. 

La Primavera será el espacio piloto para generar un proceso de modernización metodológica y tecnológica en la prevención y el combate de los incendios forestales en Jalisco, que aunque generaron casi 190 mil hectáreas de superficie quemada en 2017, la cifra más alta de la historia en el territorio del estado, su huella en La Primavera fue considerablemente menor a los promedios de registro desde 1990.

De este modo, el área natural protegida contará con un sistema de alerta temprana que solamente existe en áreas protegidas del estado de México y de Puebla; se trata de una estructura robotizada que permite una rápida información para movilizar a los combatientes de forma oportuna y evitar que los siniestros tengan tiempo de crecer y ampliarse. La inversión está estimada en 18.5 millones de pesos y su gestión está avanzada, dijo la titular de la Secretaría de Medio Ambiente y Desarrollo Territorial, Magdalena Ruiz Mejía. La idea es que haya una segunda fase para otras áreas protegidas de Jalisco altamente expuestas al fuego.

Aparejado, está el tema de la prevención. Desde el pasado 8 de enero y hasta el 10 de marzo, se realizarán labores preventivas, lo que significa todas las obras para facilitar combate en tiempos secos (relimpias, apertura de brechas cortafuego y construcción de líneas negras), y de forma esencial, las quemas preventivas de material combustible. Se trata de un proyecto que ha sido coordinado por el investigador de la UdeG, Enrique Jardel Peláez, y en el que participan el Ayuntamiento de Zapopan, la propia Semadet, la Comisión Nacional Forestal, la asociación civil Reforestamos México y el organismo público descentralizado Bosque La Primavera.

Se pide a la población “no alarmarse ante la presencia de humo en las zonas a intervenir: Pinar de La Venta, Mesa del Frijol, Agua Dulce, La Hiedra, Mesa del Carpintero, Mesa del Nopal, Macrolibramiento, Villa Felicidad, La Tecomata, Volcanes, Cerro de la Cuchilla, Bosques de Santa Anita, Bugambilias, San José de la Montaña, Brisas de La Primavera, El Colli, Los Letreros y Villas Panamericanas”, detalló.

“Este año estamos apostándole a tener 107 km entre brechas cortafuego y líneas negras, lo que nos representa en términos de trabajo en campo, un incremento de casi 30 por ciento con respecto al 2017 para atender el tema de prevención”, añadió Marciano Valtierra Azotla, director del OPD.

La fuerza de combate: 121 brigadistas en quince brigadas; quince vehículos de transporte terrestre, dos unimogs, dos vehículos motobomba, una pipa y dos helicópteros.

“En este esquema como ya lo mencioné la inversión la reitero, son mas de 11 millones de pesos que incluye la contratación de un helicóptero: Tláloc, que va a estar disponible a partir del mes de marzo durante 4 meses, es decir, marzo, abril, mayo y junio con 150 horas”, terció Alfredo Martín Ochoa, director de Medio Ambiente de Zapopan.

Por segundo año consecutivo, el OPD Bosque La Primavera cuenta con la aplicación móvil gratuita “Incendios Bosque La Primavera” en versión Android (Play Store) e iOS (Apple Store), con la cual los ciudadanos podrán realizar reportes sobre la existencia de un incendio, delito ambiental o emergencia dentro o en la periferia.

Ante el complejo esquema de causalidades, se pide a los visitantes evitar el uso del fuego dentro del bosque, no tirar basura, no ingresar envases de vidrio, no arrojar colillas de cigarro. Respecto a los productores, la petición es realizar las quemas de caña en horarios establecidos. “Una de las acciones que hemos estado pensando entre todas las instancias es poder tener en el estado una ley de quemas prescritas, no tenemos en el estado un documento normativo legal en donde en base a las condiciones propias de Jalisco nos determine como se deben de hacer las quemas agrícolas”, dijo sobre el caso el gerente estatal de la Conafor, José Manuel Jasso Aguilar.

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Claves

Dos datos

Entre el 1 de noviembre de 2017 y el 9 de enero de 2018 se registraron 5 incendios forestales en La Primavera; el fuego pasó sobre 16 hectáreas de pastos, arbustos y hojarasca, “sin afectación de arbolado”

Aparte, se han combatido 4 incendios en la interfase urbano-forestal, con 19.1 hectáreas siniestradas “a nivel superficial”

Fuente: OPD La Primavera

SRN

El modelo de gestión de aire contaminado “debe cambiar”

Mario Silva sostiene que la verificación importa ahora, pero la ciudad se debe preparar al cambio tecnológico

Agustín del Castillo / Guadalajara. MILENIO JALISCO. 

El aire contaminado que respira el área metropolitana de Guadalajara es uno de los principales temas de su agenda de desarrollo, pero el modelo para afrontarlo es insuficiente y en gran parte, obsoleto, sostiene el director del Instituto Metropolitano de Planeación (Imeplan), Mario Silva Rodríguez.

"El tema es una gran preocupación no sólo del Imeplan, sino de instancias política y social de la coordinación; mi planteamiento es que hay urgencia de cambiar el modelo, tanto la base de la medición como la base tecnológica, que luego deriva en políticas de control y la priorización del gasto para poder garantizar aire limpio; tenemos ausencia de cosas básicas, las cuencas atmosféricas no existen como concepto normativo [...] creo que el modelo se agotó, lo que necesitamos, aprovechando la preocupación real de la metrópoli y sus gobernantes, es no solamente mejorar la tecnología de medición, si no cambiar el planteamiento del problema", dijo, en entrevista con MILENIO JALISCO.

Si bien la autoridad normativa es la Secretaría de Medio Ambiente y Desarrollo Territorial (Semadet), "trabajamos nosotros para que se convierta en asunto de prioridad de junta coordinación para caminar con ellos [...] no basta que funcione la verificación o que se mida bien, aunque es importante como base; de origen este modelo de hace 30 años, fue modelo de la Ciudad de México, pero hoy no funciona, yo no sé cuál sea el mejor modelo, pero queremos trabajar con la Semadet y los gobiernos municipales para cambios de fondo".

- ¿La verificación sirve como base, o hay que descartarla?

- Sin duda, para una ciudad como la nuestra, cuando casi 100 por ciento de autos tienen base energética fósil, el debate de la verificación es importante; pero debemos prepararnos para el cambio tecnológico, no se debe entonces detener esa discusión, pero no basta, hay que meter más variables para que se pueda dar una solución integral [...] la verificación es importante incluso por sentido común, por los beneficios de vida que da a mi auto, aun si no obligara. Pero se puede ver con claridad que el modelo de 1989 a acá para calidad del aire no ha funcionado, entonces, no hay centrarnos en ella.

Silva Rodríguez fue integrante por muchos años del Colectivo Ecologista de Jalisco (CEJ), donde desarrolló hasta la especialización el tema de la movilidad y de la calidad del aire; también fue responsable de esa agenda en el gobierno municipal de Guadalajara, hasta mediados de 2017.

"No tenemos agenda de transición energética, y eso nos debe llamar la atención, porque la tecnología está cambiando a nivel mundial y van a pasar cosas [...] en la actualidad, sólo tenemos algunas agendas cortas, el tema de las electrolineras que ha detonado la Universidad de Guadalajara, lo de las calandrias eléctricas, que aunque sea muy criticado, es una apuesta importante para demostrar que puede haber transporte eléctrico en una ciudad tan grande como la nuestra, pero son demasiado pocos ejemplos", subrayó.

El Imeplan ha estrenado la gerencia técnica de sustentabilidad y cambio climático, que deberá atender estos temas como una agenda metropolitana para Guadalajara.

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Claves

Reina la contaminación

En los diez primeros días de 2017 y 2018, se respiró aire contaminado en la ciudad, es decir, se rebasaron 100 puntos del índice metropolitano de la calidad del aire (Imeca). Sin embargo, a diferencia de 2017, en 2018 ya se tuvo un día con más de 150 puntos Imeca, es decir, "muy mala calidad del aire"

Ayer por la noche, siete de diez estaciones de monitoreo permanecían con valores superiores a los 100 Imeca, es decir, dos tercios de la ciudad respiraban mala calidad del aire

Se trata de las estaciones de Santa Fe, Las Pintas, Miravalle, Tlaquepaque, Las Águilas, Centro y Loma Dorada

SRN

Retoman privatización de carretera; vecinos lo impiden

Empleados de la Red Carretera de Occidente son expulsados por lugareños al pretender confinar el tramo libre de 28 km.

Agustín del Castillo / Guadalajara. MILENIO JALISCO. 

La polémica por el tramo libre de la autopista Guadalajara-Lagos de Moreno, en la zona denominada El Desperdicio, ha vuelto a brotar ocho años después. Pero no fue arbitrario: personal de la empresa concesionaria de la ruta, intentó esta mañana establecer postes y cortinas de lámina para el confinamiento de la carpeta asfáltica, pero sin dejar espacio para la entrada y salida de las fincas contiguas, lo que fue considerado inadmisible por los propietarios, quienes se movilizaron e impidieron los trabajos.

La disputa no pasó de las palabras, entre miembros del personal de Red de Carreteras de Occidente, quienes arguyeron que se limitaban a cumplir órdenes porque el tramo de 28 kilómetros forma parte de la concesión, y los vecinos afectados, que les recordaron que no se puede privatizar un camino público si no se cuenta con uno paralelo a una distancia corta, situación que no se cumplen la zona.

"A nosotros nos mandaron a hacer los trabajos, no tenemos la culpa, dígame cómo le hago", objetaba, suplicante, el responsable de la cuadrilla, quien no se identificó, y los lugareños, que comenzaron a apiñarse en mayor número poco antes del mediodía de ayer. "Si no se van, vamos a bloquear la carretera", les contestaron. Tras unos minutos de desgaste, los trabajadores determinaron irse. Parte del material había sido extraído por los furiosos campesinos, de acuerdo a un video transmitido por la televisora Canal 37, estación que pasa por señal de cable en la región.

En 2006, la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT) integró en el paquete de concesión de la autopista Lagos de Moreno-Zapotlanejo un tramo de 28 kilómetros de carretera federal libre que va de la población de El Desperdicio a la ciudad de Lagos de Moreno; la concesionaria, en 2010, la quiso hacer válida, y ofrecía una serie de compensaciones a los vecinos o los obligaba a rodear por Unión de San Antonio o por San Juan de los Lagos-Encarnación, a más del doble de la distancia.

La concesión la otorgó la Subsecretaría de Infraestructura de la SCT a un consorcio integrado por Constructora ICA; Zwinger Opco 1 BV; GS Infrastructure Advisors 2006 LLC; GS Global Infrastructure Patners I LP; y Controladora de Operaciones de Infraestructura SA de CV, grupo que termina denominándose Red de Carreteras de Occidente (RCO), como resultado del concurso público internacional 00009076-010-06 (MILENIO JALISCO, 4 de enero de 2010).

Este tiene el objetivo de "construir, operar, explotar, conservar y mantener las autopistas Maravatío-Zapotlanejo y Guadalajara-Aguascalientes-León, de 558.05 km de longitud en los estados de Michoacán, Jalisco, Guanajuato y Aguascalientes [...] así como las obras de ampliación que determine la SCT, asociadas a las autopistas señaladas".

La carretera libre El Desperdicio-Lagos "se integra a la red concesionada para su operación, mantenimiento, conservación y explotación", pues "actualmente está en avanzado estado de deterioro, con índices de servicio y seguridad muy bajos para autopista federal". El proyecto "consiste en la reconstrucción completa del pavimento", y adicionalmente "se ha incluido un paquete de mejoras técnicas y de servicio para incrementar la seguridad, accesibilidad, conforto [sic] y velocidad de circulación", explicaba la dependencia. El compromiso es "mantener el tramo bajo las más altas especificaciones de servicio durante 28 años".

En 2010, surgió la resistencia de los alteños. Ocho años no calmaron las cosas: ayer, la irritación volvió a asomarse.