Desarrollo territorial, “buenas” intenciones

La reingeniería que hizo el Ejecutivo para ligar el tema ambiental al de la gestión territorial ha creado atribuciones dispersas en tres secretarías que poco inciden en el tema, señalan expertos.

Agustín del Castillo / Guadalajara. MILENIO JALISCO. 

El entramado institucional creado por el gobierno de Jalisco en 2013 para dar vida a las secretarías de Medio Ambiente y Desarrollo Territorial (Semadet), de Infraestructura y Obras Públicas (SIOP) y de Planeación, Administración y Finanzas (Sepaf), pudo tener muy buenas intenciones, pero no mejoró la gestión del territorio metropolitano, advierten expertos consultados por MILENIO JALISCO.

“Cuando se crea la Semadet y se reforma la ley orgánica del Poder Ejecutivo para regular territorio y medio ambiente, vi la pertinencia de ello. Sin embargo, la reforma se quedó a medias ya que no se dotó de fortaleza y capacidad institucional a la Semadet. De igual manera es una secretaría de bajo perfil que tiene un presupuesto de menos de 0.3 por ciento del presupuesto total del gobierno estatal; además, sigue existiendo la Prodeur (Procuraduría de Desarrollo Urbano) y no se homologaron las instituciones derivadas de Código Urbano con la ley estatal ambiental; me parece que faltó liderazgo para que Semadet asumiera realmente el manejo del territorio”, explica la doctora en derecho ambiental, Raquel Gutiérrez Nájera.

Es por eso que al tratar de sacar adelante un expediente de protección en la barranca del río Santiago, la presidente del Instituto de Derecho Ambiental (Idea) ha planteado la necesidad de construirlo desde el ámbito del control territorial real: los municipios, “una reserva estatal puede proteger valores ambientales pero no nos garantiza controlar la mayor amenaza que tenemos al norte de Guadalajara, que es la expansión de la mancha urbana”, añade.

El consultor Jesús García Rojas detalla el problema: “El tema de fondo y una observación relevante es que al darse los cambios organizacionales estatales la hoy SIOP desincorporó todas sus facultades en materia de desarrollo urbano que se asignaron a la Semadet, quedando una débil área de desarrollo territorial, ordenamiento ecológico y planeación urbana en dos direcciones generales, una de planeación y gestión urbana y otra de planeación y ordenamiento territorial, con funciones y objetivos poco claros, y sin facultades sobre la materia ya que son de los municipios; su existencia se supone es solo para darles información y asistencia mediante convenios de colaboración”.

No obstante, la Secretaría de Infraestructura y Obras Públicas, “si bien jurídicamente y administrativamente quedó desvinculada del ordenamiento territorial, desarrollo urbano y vivienda, su titular es el secretario técnico del multitudinario CEDU (Consejo Estatal de Desarrollo Urbano) no la Semadet que sí es miembro propietario del mismo (…) la nueva Secretaría de Planeación, Administración y Finanzas en materia de planeación, quedó como una subsecretaría, que cuenta con una Dirección de Planeación Regional y Metropolitana. De este modo, “existe una evidente dispersión de funciones, desarticulación y se generaron vacíos y pérdida de control producto de la reestructuración (…) quedando prácticamente descoordinado el sector de ordenamiento territorial y ecológico, la planeación urbana, la coordinación metropolitana y la coordinación de vivienda en Jalisco”.

No es casual que los empresarios de la vivienda aglutinados en su cámara (Canadevi) soliciten la creación de la Secretaría de Vivienda estatal, “pienso se quedan cortos, y si me atrevo sugerir que es necesario poner orden y reorganizarse (…) esta dispersión de facultades y responsabilidades y desorden organizacional solo beneficia a que continúe el caos en la materia”.

Fragmentación

4.8 millones de habitantes del área metropolitana de Guadalajara son regulados en términos de desarrollo urbano por 90 a 100 instancias de los tres niveles de gobierno y de la sociedad civil, lo que explica una enorme fragmentación

A esto se agrega la desarmonía entre leyes estatales y federales, y normas municipales, así como proyectos políticos de corto plazo

Defensores de Temaca acusan a López Lara de "infundir miedo"

Los colectivos reaccionaron a las declaraciones sobre el inminente desalojo de los pueblos alteños por el llenado de la presa El Zapotillo.

Agustín del Castillo / Guadalajara. MILENIO JALISCO. 

Las declaraciones de la pasada semana del secretario General de Gobierno, Roberto López Lara, confirmadas parcialmente por el gobernador Aristóteles Sandoval Díaz, "en relación a su intención de desalojar a las personas que supuestamente ya vendieron y han sido indemnizadas, por haber llegado a acuerdos con el gobierno federal y estatal", en Temacapulín, suscitó hoy un enérgico posicionamiento del Comité Salvemos Temacapulín, Acasico y Palmarejo.

"Las declaraciones son parte de una estrategia de hostigamiento contra los habitantes de Temacapulín, Acasico y Palmarejo [...] son sumamente preocupantes, desafortunadas y violatorias de los derechos humanos, pues se trata de un caso que se encuentra en juicio y que cuenta con suspensiones definitivas que no pueden ser violadas por las autoridades federales y estatales. Además, de que se lleva a cabo, en su etapa inicial, el estudio de Naciones Unidas contratado por el gobernador sobre el río Verde y la presa El Zapotillo, estudio que concluirá hasta el 2017".

Agregan: "consideramos contradictorio y amenazante lo señalado por Roberto López Lara, en relación a la posibilidad del llenado de la presa, obra que según en el imaginario del funcionario ya está terminada. Sus declaraciones contradicen lo manifestado por el Gobierno del estado a través de la titular de la Secretaría de Medio Ambiente y Desarrollo Territorial, Magdalena Ruiz y del equipo de Naciones Unidas de la UNOPS-PNUMA contratado por el gobernador, para realizar el estudio Proyecto Jalisco Sostenible Cuenca Río Verde, en donde se invierten 4.3 millones de dólares recursos que pagaremos entre todos los habitantes de Jalisco". Recuerdan que "la Semadet y la Unops-PNUMA negaron rotundamente que el citado estudio considerara el posible llenado de la presa en el temporal y establecieron el compromiso con el Comité Salvemos Temacapulín, Acasico y Palmarejo, de realizar las modificaciones necesarias al convenio –adenda- y eliminar  el producto temprano que contempla el posible llenado de la presa. Acuerdo que no se ha cumplido aún".

Como señaló el ex relator especial de Naciones Unidas sobre el Derecho a la Vivienda Adecuada, Miloon Kothari, "los desalojos implican “[…] graves violaciones de una serie de derechos internacionalmente reconocidos, en particular los derechos humanos a una vivienda adecuada, a la alimentación, al agua, a la salud, a la educación, al trabajo, a la seguridad de la persona, a la seguridad de hogar, a la libertad de tratos crueles, inhumanos y degradantes y a la libertad de circulación […] intensificando la desigualdad, los conflictos sociales, la segregación y la creación de guetos, que invariablemente afectan a los sectores de la sociedad más pobres, más vulnerables social y económicamente y a los marginados, especialmente mujeres, niños, y pueblos indígenas”.

Así, "al ser los desalojos, procesos que implican graves violaciones a los derechos humanos, es necesario que se hagan en consulta con los pueblos afectados, cumpliendo los principios de necesidad y proporcionalidad y como última instancia, antes de haber agotado todo el estudio de posibles alternativas y todo esto no ha ocurrido en el caso de las comunidades afectadas por la presa El Zapotillo".

Para el caso del reasentamiento, "no existe un lugar de reubicación que sea aceptado por la comunidad, incluso la reubicación fue declarada nula por el Tribunal Administrativo del Estado y se determinó como no adecuada por el Relator Especial de la ONU sobre el Derecho a la Alimentación, Olivier de Schutter, en su informe de visita a México y Temacapulín en junio de 2011, resaltando que la reubicación y la presa El Zapotillo violan una serie de derechos, entre ellos el derecho a la alimentación, al agua, a vivienda adecuada, al medio ambiente, a la consulta y a la información  de los habitantes de Temacapulín".

Según peritajes de expertos del Instituto Nacional de Antropología e Historia y de la Dirección de Patrimonio Histórico y Artístico de la Secretaría de Cultura del Gobierno del Estado, "más de 70 por ciento de las casas de la comunidad de Temacapulín deben ser consideradas Patrimonio Histórico, por lo que la única acción posible en relación con estas edificaciones es la de restauración y conservación; no así la de demolición que sería contraria a los derechos culturales de los pueblos", recuerdan.

Por si fuera poco, "actualmente, están sub judice, varios expedientes de juicio de amparo: 1045/2014, 1046/2014 y 1093/2014, radicados en el Juzgado Primero de Distrito en Materia Administrativa y del Trabajo del Tercer Circuito con sede en Zapopan, Jalisco, suspensiones que ha ratificado la II Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación".

En ese contexto, "en Asamblea Comunitaria de Temacapulín se acordó no permitir desalojos, ni demoliciones de casas, ni ocupación de terrenos para lo que se tomarán las medidas necesarias, ya que el desalojo y destrucción de nuestra comunidad no es justificado, pues existe el fallo del 7 de agosto de 2013 de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en la Controversia constitucional expediente 93/2012, en la que se determina que la altura de la cortina de la presa El Zapotillo deberá ajustarse al proyecto original (80 metros)".

Los colectivos que luchan por esos poblados "queremos manifestar que seguimos construyendo alternativas y posibilidades de un mejor manejo del agua, que nos permita a todos tener condiciones de vida digna, como siempre hemos dicho: agua para todos, agua para siempre, por lo que se nos hace inaudito que el gobierno de Jalisco y la Conagua hayan hecho este tipo de declaraciones tendientes a confundir a la opinión pública, crear conflictos intercomunitarios e infundir miedo".

Muchas instituciones de dudosa utilidad pública

Los contextos jurídicos y los tiempos políticos poco ayudan a tener una eficaz gestión del territorio urbano y esto genera baja calidad de vida, advierten expertos.

Agustín del Castillo / Guadalajara. MILENIO JALISCO. 

Al panorama de la fragmentación institucional que tiene la tarea de atender el desarrollo urbano de Guadalajara, se suma un contexto jurídico no armonizado, la existencia de múltiples instancias “meramente simbólicas” y proyectos políticos desconectados en tiempos y prioridades, advierte el consultor Jesús García Rojas.

“Se cuenta con el Código Urbano del Estado de Jalisco y sus Municipios, que erróneamente convocaron a revisar sin que esté aprobada la ya citada nueva Ley General de Ciudades y el Territorio [de carácter federal]; el Programa Estatal De Desarrollo Urbano, que deberá ser revisado cada seis años; los planes regionales de integración urbana y el Ordenamiento Ecológico Regional del Estado [que también] deben ser revisados cada seis años”; en contraste, los programas municipales de desarrollo urbano, los planes de desarrollo urbano de centro de población y los planes parciales de desarrollo urbano se revisan cada tres años.

“Esto es un galimatías, planeación de corto plazo, reinventamos el país y los estados cada seis años y los municipios cada tres años y además agregue los presidentes municipales chapulines que tan solo duran dos años y súmenle a este escenario las malas finanzas públicas y las deudas públicas cada vez a mayor largo plazo, 17.5 años promedio, y sus encubiertas nuevas modalidades como PPS [proyectos de prestación de servicios] y APP [asociaciones público-privadas]”, destaca.

Por otro lado, hay innumerables organismos consultivos auxiliares, “multitudinarios, simbólicos, catárticos” de utilidad "casi nula": “el Consejo Económico y Social del Estado de Jalisco para el Desarrollo y la Competitividad [Cesjal], el Consejo Estatal De Desarrollo Urbano [Cedu], este último derivado del Código Urbano y a que a pesar de su excesiva multirrepresentación [37] e invitados permanentes [17] , y siendo su responsabilidad el desarrollo urbano, curiosamente no hay ningún presidente municipal en su consejo; su concepción parece bien intencionada, mas por lo numeroso de sus miembros y complejidad resultan solamente de gran utilidad política, hacerlos sentirse consultados, estar en la jugada y tomarse la foto, mas no en la práctica, sus resultados medibles son magros”.

García Rojas lamenta lo que ve como un nuevo fracaso: “los municipios metropolitanos cuentan el deseado y cacareado Instituto Metropolitano de Planeación [Imeplan] en el que se tenían muchas esperanzas y expectativas y nació muerto, sin facultades, con muy poca y real participación ciudadana, y su futuro predecible como el de todos los institutos municipales de planeación existentes en el país, inútiles, todas sus recomendaciones son como llamadas a misa”.

Asociado están los efectos de la Ley de Coordinación Metropolitana, de la cual deriva “su cuestionado estatuto orgánico que en el capítulo cuarto, sección segunda, artículo 82, crea el Consejo Metropolitano Ciudadano, a cuyos representantes ciudadanos los elige la comisión edilicia de participación ciudadana o similar de los mismos: en síntesis, a los representantes ciudadanos los escoge el municipio a su gusto”.

También “existe el Consejo Metropolitano de Desarrollo urbano, que lo preside el titular del Ejecutivo, los presidentes municipales de la zona y secretarios de estado vinculados con la materia; sus funciones son ordenar y regular el crecimiento urbano, buscar las fórmulas para operar y administrar con eficiencia los servicios públicos, acordar las formas más eficaces para ejecutar las obras de infraestructura y equipamiento de gran magnitud”.

A este concierto de instituciones cuya utilidad es dudosa, se suma la Procuraduría Del Desarrollo Urbano, a la cual “su titular lo propone el Ejecutivo, lo selecciona el Legislativo, le paga el Ejecutivo, no actúa de oficio y es prácticamente inútil para los ciudadanos y muy útil para los desarrolladores”.

El consultor Alberto Orozco Ochoa, por su parte, destaca: “El entorno urbano en su estado actual debe considerarse para valorar la eficacia de la arquitectura interinstitucional vigente. Otra forma de evaluar es también mediante indicadores básicos que revisan el resultado en su conjunto de las gestiones que desde su medio realizan”.

Un indicador novedoso “que sirve como parámetro para revisar la capacidad de gestión urbana en México son los resultados del más reciente estudio presentado por ONU-Hábitat-México, donde se advierte que los 136 municipios del país con la mayor generación de créditos del Infonavit [Instituto del Indo Nacional de Vivienda para los Trabajadores] obtuvieron un valor promedio de 51.2 [en una escala del 0 al 100], resultado que se califica como ´moderadamente débil’ en su Índice de Prosperidad Urbana. Esta agencia responsable de los programas para los asentamientos humanos en la ONU concluye que ‘México se mantiene bajo la lógica de obra pública y no de desarrollo urbano integral”.

La mayoría de estos casos “van de la mano con el fenómeno de la expansión urbana que fomenta el crecimiento urbano insostenible, espacialmente disperso y fragmentado, además de alentar en buena medida la exclusión social […] lo dicho refuerza la necesidad impostergable de impulsar la tan esperada Ley de Ciudades y Territorio que permitiría posteriormente armonizar la normatividad en los ámbitos estatal y municipal, entiéndase como reforma urbana integral”.

Añade: “El hecho que existan vacíos e inconsistencias legales en materia de desarrollo urbano propicia crecimiento desordenado derivado del incumplimiento de planes y programas, además de anteponer enormes retos para los municipios que terminan proyectando finanzas públicas más deficitarias, al hacer cada vez menos costeable la provisión de sus funciones y servicios en la medida que aumenta la urbanización de sus territorios”.

La gestión de ciudad, en manos de 90 instituciones

El Área Metropolitana de Guadalajara padece una enorme fragmentación de instancias responsables de alguna etapa de la urbanización, lo que explica desarticulación e ineficacia.

Agustín del Castillo / Guadalajara. MILENIO JALISCO. 

La expansión urbana del Área Metropolitana de Guadalajara, la mayor enfermedad del conglomerado de casi 4.8 millones de habitantes, no es un proceso caótico por falta de instituciones; por el contrario, podría pensarse que 90 instancias de los tres niveles de gobierno y de la sociedad civil son tantas, que terminan por generar la misma desarticulación, pero si se considera lo que cuestan al erario, a un precio mayor.

A esta conclusión llegan, por vías diferentes, los consultores Alberto Orozco Ochoa y Jesús García Rojas, quienes entregaron a MILENIO JALISCO sendos análisis del problema.

Orozco Ochoa llevó el detalle hasta enumerar cada una de las instancias que tienen en algún momento la responsabilidad. El resultado de su trabajo está en el recuadro de al lado: 33 instancias municipales, cinco intermunicipales, 22 no gubernamentales, 19 estatales y once federales para un total de 90. Pero los ramales se pueden extender aún más si se consideran que, por ejemplo, el CESJAL (Consejo Económico y Social del Estado de Jalisco) tiene asientos para 20 instituciones distintas, la mitad de las cuales no figuraban en el mapa inicial; o que el Consejo Estatal de Desarrollo Urbano incorpora hasta 37 representaciones, de acuerdo al detalle ofrecido por García Rojas.

“El desajuste entre los límites funcionales y administrativos es un reto para el desarrollo de políticas metropolitanas. Seguramente apenas comenzamos a comprender las consecuencias derivadas de la toma de decisiones que sin duda ha fomentado mayor fragmentación institucional al pretender optimizar mecanismos para una mejor gestión urbana. Cito a Rojas (2008), quien sostiene que ‘los problemas actuales a los que se enfrentan los territorios y las administraciones son la descentralización y fragmentación de la administración metropolitana’. En México, esta tendencia ha sido fomentada por las políticas descentralizadoras que se implementaron en dos momentos trascendentales con las reformas de 1983 y 1999 para los municipios”, apunta Orozco Ochoa.

Agrega: “La tradición por innovar la planeación y la consecuente evolución normativa es algo emblemático en el caso de Jalisco. Esta capacidad innovadora del estado prevalece desde principios de 1970 hasta últimas fechas si hablamos específicamente en materia de desarrollo urbano — lo digo con respecto a la Ciudad de México y otras entidades federativas. Sin embargo, también ha propiciado que Jalisco sea uno de los estados donde identificamos mayor grado de fragmentación institucional en materia de desarrollo urbano. El número de organismos, dependencias y asociaciones es amplio y si los analizamos conforme su objeto, seguramente se confirmen multiplicidades de esfuerzos”.

Ex titular del Imeplan, Orozco Ochoa recuerda que “al momento de diseñar el Régimen de Coordinación Metropolitana del AMG, que sigue vigente, el mapeo institucional realizado sumaba al menos 84 formas de representación (pública, privada y de la sociedad civil) que han participado activamente en la gestión metropolitana en los últimos años”, pero creció al menos en cuatro al sumarse en 2015 el Ayuntamiento de Zapotlanejo a la conurbación.

A partir de este diagnóstico “surgió la pertinencia de crear un órgano colegiado denominado Consejo Consultivo de Planeación Metropolitana con el objeto de integrar las dependencias de los municipios, integrantes del gobierno del Estado y del Imeplan, para apoyar en la planeación, promoción y gestión del desarrollo metropolitano, además de contribuir a una adecuada coordinación intergubernamental para armonizar las políticas metropolitanas con las políticas municipales, estatales y federales”, subraya.

García Rojas ve las cosas desde afuera: “la planeación urbana en México es de corto plazo, federal y estatal de seis años, municipal de tres años, los planes y estudios de gran visión o de largo plazo son ejercicios optativos con vigencia indefinida, pero no obligatorios. Vivimos una anarquía urbana desde 1993, cuando se modificó la Ley General de Asentamientos Humanos y se delegó a todos los municipios del país sin estar preparados para ello la facultad del ordenamiento territorial, la planeación y usos del suelo de sus municipios (...) desatándose un gran desorden y corrupción generalizada que aún persiste”.

En esos mismos años “se dio un paquete de reformas que tenía como objetivo la ya no intervención del estado y fomentar gobiernos facilitadores, que incluía a los institutos de vivienda que se convirtieron en hipotecarias, se privatizo la oferta de vivienda, pasando a un mercado libre e integrado de vivienda que se convirtió en libertinaje, se dejó de hacer ciudades para hacer simplemente casas, cada vez más lejos de los centros urbanos para hacerlas asequibles a ingresos que perdieron su poder adquisitivo originado por salarios congelados por más de 32 años, consecuencia de esto es la pérdida de la superficie promedio construida de la vivienda de 24 m² entre 1997 y el 2006 y sigue a la fecha, la facultad de elegir donde vivir quedo y sigue secuestrada por la condición de pobreza de los trabajadores, que han pretendido mitigar con subsidios mal diseñados que solo benefician a los constructores para desplazar sus inventarios y que no llegan a las entidades y localidades con mayor grado de marginación”.

El efecto: “la indeseable expansión urbana, las cuatro desarrolladoras más grandes del país en concurso mercantil y cinco millones de viviendas abandonadas por diversas causas”, más de 70 mil de estas en la conurbación tapatía.

Al ruido generado por la delirante existencia de instituciones de todos los ámbitos, se agrega el tema de la judicialización del desarrollo urbano.

“Los municipios, si bien suscriben acuerdos de coordinación con la federación y los estados, como lo señala el artículo 115 constitucional son libres y soberanos, en consecuencia, revisan y cambian sus planes de desarrollo urbano cada tres años y basta una mayoría simple en cabildo para cambiar un uso de suelo; o en su defecto si se niega, el interesado recurre al Tribunal Administrativo del Estado (TAE), para que le otorgue los cambios de uso de suelo que los municipios le negaron, de tal suerte que coloquialmente se comenta que el TAE autoriza más cambios de usos de suelo que los municipios”, puntualiza García Rojas.

Metrópolis, la gestión fragmentada

Instancias municipales
9 comisiones Edilicias de Desarrollo Urbano
1 comisiones Edilicias de Asuntos Metropolitanos
1 Comisión de Planeación Urbana (COPLAUR-GDL)
1 Patronato del Centro Histórico de Guadalajara
9 Dependencias de Planeación (Municipal)
9 Dependencias de Obras Públicas (Municipal)
3 Dependencias de Ordenamiento Territorial (Municipal)

Instancias intermunicipales
1 Junta de Coordinación Metropolitana AMG
1 Instituto Metropolitano de Planeación AMG (Imeplan)
1 Consejo Ciudadano Metropolitano AMG (Órgano Consultivo)
1Consejo Consultivo de Planeación Metropolitana AMG (Órgano Técnico Colegiado)
1 OPD Sistema Intermunicipal de Agua Potable y Alcantarillado (SIAPA)

Instancias No Gubernamentales
1 Cámara Nacional de Desarrolladores de Vivienda de Jalisco (Canadevi)
1 Asociación de desarrolladores Inmobiliarios (ADI-Occidente)
1 Consejo Cámaras Industriales de Jalisco (CCIJ)
1 Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción en Jalisco (CMIC)
1 Cámara Nacional de Comercio de Guadalajara (Canaco)
1 Confederación Patronal de la República Mexicana en Jalisco (Coparmex)
1 Sociedad Mexicana de Ingenieros en Jalisco (SMI-Jalisco)
1 Cámara Nacional Empresas de Consultoría en Jalisco (CNEC-Jalisco)
1 Asociación Civil Guadalajara Ciudad Creativa Digital AC
1 Benemérita Sociedad de Geografía y Estadística del Estado de Jalisco
4 Instituciones Académicas que participan activamente en la gestión metropolitana AMG
3 Colegios Profesionales en Jalisco que Participan activamente en la gestión metropolitana AMG
5 Organizaciones de la Sociedad Civil que participan activamente en la gestión metropolitana AMG
Total: 22

Instancias Estatales
1 Consejería del Ejecutivo (Gobierno del Estado)
1 Dirección General Planeación y Gestión Urbana (Semadet)
1 Instituto de Movilidad y Transporte de Jalisco (Semov)
1 Dirección General de Gestión y Fomento Urbano (SIOP)
1 Dirección General de Planeación (Sedeco)
1 Dirección General de Ciencia y Desarrollo Tecnológico (SICT)
1 Procuraduría de Desarrollo Urbano (Prodeur)
1 Subsecretaría de Planeación (Sepaf)
1 Consejo Estatal de Desarrollo Urbano (CEDU- Órgano Consultivo)
1 Comisión Estatal del Agua (CEA)
1 Comisión de Desarrollo Urbano del Congreso del Estado de Jalisco
1Comisión de Asuntos Metropolitanos del Congreso del Estado de Jalisco
1 Instituto de Información Estadística y Geográfica de Jalisco (IIEG)
1 Instituto Jalisciense de la Vivienda (Ijalvi)
1 Fideicomiso para el Desarrollo Urbano de Jalisco (Fideur)
1 Fideicomiso Maestro Ciudad Creativa Digital (SICT)
1 OPD Bosque La Primavera (Semadet)
1 Consejo Económico y Social de Jalisco (CESJAL)
1 Tribunal Administrativo del estado (TAE )
Total: 19

Instancias Federales
1 INEGI Dirección Regional de Occidente
1 Sedatu Delegación Federal en Jalisco
1 SCT Delegación Federal en Jalisco
1 Semarnat Delegación Federal en Jalisco
1 Organismo de cuenca Lerma Santiago Pacífico de la Comisión Nacional del Agua (Conagua)
1 Dirección de Coordinación Metropolitana (Sedatu)
1 Subsecretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda (Sedatu)
1 Subsecretaria de Ordenamiento Territorial (Sedatu)
1 CIESAS-Jalisco
1 INAH-Jalisco
1 tribunales federales (juzgados y colegiados)
Total: 11

Gran Total: 90

Fuente: Alberto Orozco/ consultora Plannung/ archivo Milenio Jalisco

Guanajuato contra Jalisco: El Zapotillo, “conflicto intratable”

El agua se ha transformado en “recurso político” debido a la escasez, y el conflicto se acentúa ante la percepción de “injusticia” a favor del estado de El Bajío, señala investigador del CIDE.

Agustín del Castillo / Guadalajara. MILENIO JALISCO. 

El agua y sus disputas como elemento esencial de la política en regiones de escasez y gran desarrollo es una de las premisas centrales del trabajo de Raúl Pacheco Vega, especialista del Centro de Investigación y Docencia Económica (CIDE), quien aborda, en el caso El Zapotillo, un conflicto que se ha convertido en “intratable”.

“El agua, originalmente un recurso natural, ha comenzado a transformarse en años recientes en un recurso político. La distribución inequitativa del vital líquido no solamente de forma aleatoria, por la ubicación geográfica de cada urbe, sino también debido a intervenciones antropogénicas, es uno de los elementos de organización social que puede convertirse en detonadores de conflicto entre individuos al seno de comunidades y organizaciones”, destaca al abordar una de las agendas más notorias del país.

“Cuando una disputa por recursos naturales se vuelve sumamente difícil de resolver, dura un periodo sumamente largo y hay un grado alto de divergencia en las posiciones de los actores involucrados en el enfrentamiento, se dice que estamos frente a un conflicto intratable”, subraya en “El caso de la disputa por presa El Zapotillo entre Guanajuato y Jalisco” artículo publicado por la revista Waterlat-Gobacit Network, working papers (con fecha julio de 2015).

“Es característico de un conflicto intratable el que la pugna por el recurso hídrico permanezca en un estado álgido. Tal es el caso del proyecto río Verde, del que la construcción de la presa El Zapotillo forma parte […] este tipo de propuestas de trasvases interestatales e intermunicipales presentan elementos que generan discordias, tensiones y contrapuntos entre diversos actores. Hay quienes consideran que es injusto que un proyecto de esta magnitud y naturaleza beneficie a León en mayor medida que a Guadalajara. Las disparidades y asimetrías en cuanto a disponibilidad del recurso hídrico se hacen más patentes al analizar casos en los cuales se comparten cuerpos de agua, con fórmulas distribucionales inequitativas, o aquellos en los cuales se deteriora la calidad de vida”, destaca.

Entre las diversas definiciones que el autor usa, una resume bien los elementos: “los conflictos intratables se caracterizan por ser prolongados, irreconciliables, en ocasiones violentos, de naturaleza suma-cero [disputas en las cuales hay ganadores y perdedores, contrariamente a una situación de tipo ganar-ganar], centralizados, y en el que al menos una de las partes tiene un interés en continuarlo. Son también demandantes, estresantes, en ocasiones dolorosos, agotadores y costosos en términos materiales y humanos”.
Por el contrario, “los problemas más tratables son aquellos en los cuales las reglas de organización e interacción [es decir, las instituciones] son mejor diseñadas. Al igual que los conflictos en los cuales los participantes pueden llegar a un acuerdo consensuado, y donde el proceso de confrontación se reduce en escala en lugar de crecer; más aún, cuando las partes en discordia tienen roles definidos y es fácil determinar quién participa en la disputa”.

De qué modo se desarrolló el conflicto para llegar a “un estado de intratabilidad”, es parte este análisis. “La mayor parte de los conflictos intratables por agua en México son por la construcción de presas […] por los impactos ambientales negativos que pudiera tener sobre las poblaciones. En este caso, el grado de intratabilidad está directamente correlacionado con el grado de escalamiento del conflicto y la incapacidad de los actores de alcanzar un acuerdo en sus marcos de referencia”.

La evolución demuestra que entre 2005 y 2015: “La posición de los gobernadores de Jalisco ha sido fluctuante. El actuar de Guillermo Cosío Vidaurri, Carlos Rivera Aceves y Alberto Cárdenas Jiménez nos hace pensar que estaban a favor de la construcción de presas que contribuyeran al abasto de agua tanto de Guadalajara como de León […] durante el gobierno de Francisco Ramírez Acuña se proyectó construir la presa en el municipio alteño de Jalostotitlán, inundando a los pueblos de San Nicolás y San Gaspar, pero como el gobernador no tenía una buena relación con su similar de Guanajuato, Juan Carlos Romero Hicks, decidió apoyar la movilización de los habitantes de San Gaspar y canceló el proyecto de presa”.

Es a partir de este momento “en el que se empezó a considerar la ubicación actual […] su sucesor, Emilio González Márquez se mostró a favor del proyecto, incluso pretendía que se aumentara la altura de la cortina a 105 metros para que Guadalajara recibiera más agua, aunque esto significara la inundación de Temacapulín […] El actual gobernador, Aristóteles Sandoval, aparentemente está a favor de construir la presa pero en contra de que se inunde el pueblo de Temacapulín, pues en enero de 2013 anunció en su cuenta de Twitter que este pueblo no se inundaría, lo que significa volver al proyecto original de la cortina con una altura de 80 metros”.

Al tiempo, la posición de la sociedad civil en Jalisco “pasó de ser neutral a estar mayoritariamente en contra, pues gracias a las movilizaciones de las organizaciones antes descritas se enteraron que la construcción de esta presa afectaría a su estado y beneficiaría más a Guanajuato. En cambio, da la impresión de que hay uniformidad de criterios del lado de este último estado. La gran mayoría de los actores involucrados, el gobierno estatal, el ayuntamiento de León y la sociedad civil están a favor de que se construya la presa, pues aseguraría el abasto de agua potable en León, se dejarían descansar los mantos acuíferos para lograr su recarga y más luego de los años 2011 y 2012 en los que las lluvias fueron insuficientes”.

¿Cómo se resuelven los conflictos intratables?  “…el agua es una fuente de conflicto político, que en ocasiones se torna incluso violento. Su calidad de recurso natural se ha transformado, haciéndose un recurso más bien político […] es importante buscar maneras para resolver conflictos por recursos naturales, y de modo muy específico, por el agua. Una percepción de inequidad por la desigual distribución de agua al seno de una cuenca puede ser un factor que incrementa la polarización”.

CLAVES

Escasez, el motor de conflictos

“México se encuentra dentro de los países con mayor disparidad y divergencia en volumen de agua disponible per cápita en el mundo, y algunas de las zonas en el país se consideran como de alto estrés hídrico”

“El incremento de la población en zonas urbanas y la frecuente migración en búsqueda de oportunidades hacia los centros urbanos incrementan el grado de presión sobre el recurso”

México “recibe aproximadamente 1,489 miles de millones de metros cúbicos de agua de precipitación: 73.1% se evapotranspira y regresa a la atmósfera; 21.1% escurre por los ríos y arroyos, y 4.8% restante se infiltra al subsuelo de forma natural y recarga los acuíferos

El artículo completo en http://www.scielo.org.mx/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0187-57952014000100009

Alerta en Temaca por “aviso” de López Lara

Secretario de Gobierno señala que tendrá que desalojarse el pueblo para comenzar llenado de la presa El Zapotillo.

Agustín del Castillo / Guadalajara. MILENIO JALISCO. 

Los colectivos de apoyo a Temacapulín están desde ayer en sesión permanente para responder a las declaraciones del secretario General de Gobierno, Roberto López Lara, recogidas por un par de medios locales, en las que el funcionario asegura que deberá desalojarse la población de Temacapulín ante el comienzo del llenado de la presa El Zapotillo, en el siguiente temporal.

“Desde el momento en que se ha adquirido una casa, como ya no es propiedad de un particular sino es por parte del estado, en este caso, ya de acuerdo al interés que se tenga del estado y sobre todo al tema de seguridad, porque ya la presa ya está construida; entonces la presa ya va a empezar a almacenar y yo creo que en este caso, los poblados de Acasico y Temacapulín yo creo que ya se tiene que empezar a desalojar a la gente”, señala el político, en versión coincidente publicada ayer por Noticias MVS y Página 24.

MILENIO JALISCO buscó una confirmación en la dependencia estatal, pero no hubo respuesta. Quién sí abordó el caso fue el presidente de la Fundación Cuenca Lerma Lago de Chapala Santiago Pacífico, Manuel Villagómez Rodríguez, entrevistado en MILENIO RADIO.

“Yo respeto la opinión del secretario de gobierno, pero no la comparto […] están apostando a que llegue el temporal para empezar a almacenar agua en la presa, y efectivamente, la cortina está ya a 80 metros de altura, pero eso no quiere decir que todo lo que está suspendido en términos judiciales se pueda hacer de lado; ahorita no se puede usar esta presa, no hay agua, ni hay acueducto; hay un amparo de ejidatarios de San Juan de los Lagos que impide que se construya ese acueducto, y hay muchos recursos de habitantes de Temaca; el secretario de gobierno no puede decir a la ligera ya no hay juicios que impidan el llenado de la presa, o permitan el envío de agua a León, es muy difícil que eso se pueda realizar”, detalló.

Fuentes de los colectivos que defienden los pueblos enclavados en la barranca del Verde, confirmaron que se entró en sesión desde la tarde de ayer y se emitirá alguna comunicación en los próximos días, ante lo que juzgan un “grave desliz” de López Lara que contradice la postura del gobernador, Aristóteles Sandoval, de no definir el asunto hasta que culmine el trabajo contratado con la Agencia de Naciones Unidas para el Desarrollo de Proyectos (Unops), con apoyo del Programa de Naciones Unidas para el Medio Ambiente (PNUMA), en el primer semestre de 2017.

Los colectivos recuerdan que desde diciembre, la Unops se ha negado a clarificar su presunto interés en validar el “comienzo del llenado” de la presa, que juzgan inaceptable (ver edición de este diario, del 23 de marzo de 2016).

Modificaciones de uso de suelo, la gran amenaza

Construir una área protegida desde los nueve municipios permite enfrentar las presiones inmobiliarias, señala la presidente del Instituto de Derecho Ambiental, Raquel Gutiérrez Nájera.

Agustín del Castillo / Guadalajara. MILENIO JALISCO. 

La protección de la barranca del Río Santiago que proponen los colectivos del norte de la ciudad pretende la construcción "desde abajo" de un esquema que garantice hacer frente a la mayor amenaza de la zona que es el cambio de uso de suelo hacia la urbanización, advierte la presidente del Instituto de Derecho Ambiental (Idea), Raquel Gutiérrez Nájera.

La abogada ambientalista pone en relieve que una reserva estatal o federal no presenta esta opción, porque de acuerdo al artículo 115 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, los municipios son los que regulan el uso de suelo de los centros de población.

"Mi argumento es que el modelo debe ser a la inversa, porque si se hace estatal, se va a quedar como todas las áreas protegidas estatales, sin un manejo efectivo, no hay una ONG detrás, y siguen haciendo lo mismo las comunidades y pueblos. Lo único que tienen es un decreto, que cuando hay una ONG preocupada en un ecosistema, eso nos sirve para llevar todo eso a juicio, pero no tienen un manejo efectivo de campo", detalla.

Gutiérrez Nájera destaca los múltiples esfuerzos que se han desplegado en los últimos veinte años para tratar de defender en parte o completa esta gran falla con la que colinda el Área Metropolitana de Guadalajara. Sin embargo, ha sido infructuoso porque se ha carecido de voluntad política, y cuando se ha logrado emitir decretos, como en el caso de Zapopan y Guadalajara, hay un nulo interés de las administraciones en asignar directores y recursos para un manejo de los recursos naturales que sea justificable. A esto se agrega que se sigue viendo a la barranca como un gran basurero y por eso se instalan rellenos sanitarios, plantas de tratamiento de aguas residuales y se vierten miles de litros por segundo de aguas negras, desde la conurbación tapatía.

Respecto a la amenaza del desarrollo urbano, no solo la ciudad ha tomado de forma desordenada la ceja de la barranca en los municipios de Tonalá, Guadalajara y Zapopan, sino que existe la posibilidad de que la especulación inmobiliaria "brinque" hacia el otro lado a través del puente del camino a Matatlán, pues está documentado que Zapotlanejo tiene por ese lado más de 8,000 áreas de reserva urbana.

"De hecho es un riesgo grande, por eso nuestra propuesta parte de los municipios, para con ellos reconocer el crecimiento urbano y como éste debe ser limitado hacia la barranca. En la reunión que tuvimos ayer, el director de Ecología de Zapotlanejo manifestaba buena voluntad de que trabajáramos con él y sacáramos el decreto, así que coincido en estas amenazas, que hay que detener a nivel municipal".

La gestión municipal tiene la ventaja de que ha contado con el visto bueno de los directores de Ecología de varios de estos municipios, que son Guadalajara, Zapopan, Tonalá, Juanacatlán, Ixtlahuacán de los Membrillos, Zapotlanejo, Ixtlahuacán del Río y San Cristóbal de la Barranca.

"Hemos tenido una recepción muy buena de parte de la dirección de Ecología de Zapotlanejo, me llama la atención porque ahí hay muchos intereses inmobiliarios, sin embargo debemos de aprovechar la circunstancia para tratar de sacar pronto adelante la nueva área natural protegida. Esta innovación obligada por las circunstancias, también nos lleva a tratar de sacar pronto el expediente debido a que no se puede pasar más tiempo con solo propuestas y diagnósticos mientras la amenazas siguen destruyendo la naturaleza del lugar", puntualiza.

Claves

Reserva federal

A partir de 2001, cuando empezó a generarse el proyecto Arcediano, el gobierno estatal se vio obligado a establecer como "medida de mitigación" el área natural protegida de las barrancas de los ríos Santiago y Verde

La Comisión Nacional de áreas Naturales Protegidas la sometió a consulta en los años 2008 y 2009 bajo la categoría de "área de protección hidrológica"

El proyecto se frustró en 2009 cuando la Conagua y el gobierno de Jalisco cancelaron la construcción de la presa