Zapotlanejo tiene reserva urbana para alojar 800 mil

“Estamos a tiempo de ordenar”, señala el alcalde. 12 mil ha, la cuarta parte de la reserva urbana disponible en el AMG, en su mayor parte en zona sin infraestructura y con fragilidad ambiental.

Agustín del Castillo / Guadalajara. MILENIO JALISCO. 

La mancha urbana de Zapotlanejo, el noveno municipio que se integró al Área Metropolitana de Guadalajara (AMG), se extiende apenas por poco más de 1,300 hectáreas, es decir, menos de 2 por ciento de la superficie total de la conurbación, pero ha decretado en los últimos 15 años reservas urbanas suficientes para multiplicarse por nueve, una extensión que rebasa 12 mil ha y que podría alojar, con la densidad actual de la metrópolis, casi 800 mil habitantes más.

La historia de esta gestión no tiene que ver con la integración al AMG, pues ésta se dio apenas en 2015 por un decreto del Congreso estatal. Sí se relaciona con la promoción de grandes proyectos por parte de gigantes inmobiliarios, entre los que destaca la firma Urbi, quienes lograron apoyos entre autoridades municipales, diputados y senadores; de esos nombres destacan el senador priista, Arturo Zamora Jiménez, y el alcalde en funciones, quien despachó por primera vez en esos años de crecimiento, Héctor Álvarez Contreras.

“Yo creo que la conurbación representa más oportunidades que riesgos, Zapotlanejo ya colinda con Tonalá, Juanacatlán y El Salto, y se encuentra unido a la ciudad a través de la carretera a Los Altos y de la autopista; podremos acceder a recursos del Fondo Metropolitano y mejorar nuestra infraestructura vial; desde la primera vez que goberné ya habíamos previsto que esto sucedería”, señala el presidente municipal, que entre 2007 y 2009 gobernó bajo la siglas del PAN y ahora lo hace bajo Movimiento Ciudadano.

A su juicio, el crecimiento ha llegado y es importante no permitir que se constituya simplemente una ciudad-dormitorio, por lo cual se plantearon proyectos integrales como el caso de la zona de Matatlán, donde Urbi planteó en 6,300 ha un desarrollo sostenible (con un millón de habitantes), pero se frenó por la falta de respuesta a la solicitud de un puente nuevo que conectara a Colimilla, de Tonalá, y al resto de la urbe. “Creo que las reservas se hicieron muy grandes por el tema de los ejidos, pero estamos a tiempo de prevenir para que no suceda lo que en otros municipios”.

Un ejemplo es la edificación del centro universitario de la Universidad de Guadalajara en Zapotlanejo, así como las gestiones desplegadas para un puente de cuatro carriles con el gobierno estatal vía la Secretaría de Infraestructura y Obra Pública (SIOP). El compromiso asumido ante las nuevas instancias metropolitanas demuestra, a juicio del edil, de que no se trata de albergar negocios urbanos fast track, sino generar auténticos polos de desarrollo autosostenibles.

Los especialistas ven con preocupación el caso, pero no asumen que es una derrota inevitable del modelo de ciudad, que se busca compactar ante el desastre de su expansión. “Incorporar a un municipio a una figura jurídica territorial, no es expandir la ciudad,  es la revés, la ciudad ya está expandida y por lo tanto tiene que incorporar a ese municipio; yo diría que actualmente el ámbito metropolitano no solo llega a Zapotlanejo, llega a El Arenal,  a Tala, a Jocotepec […] el punto no es que al incorporar otros territorios o jurisdicciones municipales la ciudad necesariamente se expanda; es al revés, las incorporas para gestionar ese territorio en forma tal que no resienta los impactos del crecimiento metropolitano”, refiere el consultor Francisco Pérez Arellano.

No obstante, la ley prevé dos figuras complementarias: el AMG y la región metropolitana. “Yo establecería la diferencia entre un AMG con seis municipios, y una región metropolitana de los que sean, tal vez 16, y allí incluiría a Zapotlanejo, a Ixtlahuacán de Los Membrillos, a Juanacatlán, a Ixtlahuacán del Río; y desde luego a Tala, El Arenal, Jocotepec, quizás Chapala […] esa es la región metropolitana desde hace 50 años”.

Con esa diferencia, “perfectamente lo puedes manejar y darle la intensidad de trabajo y de atención que requiera cada uno […] a mí me parece bien que haya un organismo regional metropolitano, porque ahora que los municipios metropolitanos como Tlajomulco, como Tonalá, se están dando cuenta de los problemas de la dispersión urbana, y tratan de controlar, ¿a dónde se van los empresarios a conseguir tierra barata? A esos mismos municipios en la corona exterior del área metropolitana, desde que establecimos el Plan de Desarrollo Urbano de la región metropolitana de Guadalajara, ya se veía esta presión, y ya desde entonces alertábamos de la cantidad enorme de reservas que se estaban creando…”.

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La megaciudad frustada

Valle de Santiago es el proyecto urbano que realizaría en la zona de Matatlán la gigante Urbi, una de las mayores desarrolladoras urbanas del país. Incluye hasta 250 mil casas a habitarse en un lapso de quince años. Valle de Santiago, “es un proyecto de gran visión con una nueva escala de intervención para el sector de la vivienda, a través de la conformación de una comunidad integralmente planeada bajo un escenario de compromiso y conciencia por la problemática urbano-ambiental”, según la empresa. Las dimensiones de este proyecto, parte del esquema de “comunidades planeadas”, empequeñecen cualquier otro que jamás se haya realizado en esta ciudad, y en cualquier otra parte de México. Se trata de un desarrollo urbano integral sustentable (DUIS) que ya se ha detonado en otros puntos del país, caso de Tijuana. Hoy está frenado.

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Reserva sin subsidio y sin aptitud

La política de polígonos de contención urbana de la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano demuestra, en el caso de Guadalajara, que los expertos de la dependencia apenas consideran a Zapotlanejo, no obstante estar ya conurbado, como un espacio para la expansión ordenada de la ciudad

Los últimos polígonos aprobados (2015) por la dependencia para distribuir subsidios federales para vivienda apenas consideran  2% de la zona a subsidiar del área metropolitana, en esa demarcación

Zapotlanejo posee 264.1 hectáreas dentro de los polígonos U1, es decir, subsidio máximo; 542.7 ha en subsidio medio o U2, y 990.9 ha en subsidio bajo o U3. Esto da un total de 1,797.7 ha que pueden ser objeto de subsidio, según un análisis realizado por el consultor Alberto Orozco Ochoa

Si se considera que los subsidios U1 y U2 tienen que ver con áreas consolidadas o en vías de consolidación, la superficie de reservas urbanas allí es mínima, lo que hace que el polígono U3 concentre las reservas de crecimiento que han sido aprobadas por los ayuntamientos

De este modo, apenas 8% de la reserva urbana total aprobada en el municipio estaría dentro de las políticas de subsidio del gobierno federal. Y si bien el municipio, por efecto del artículo 115 constitucional, es la autoridad ordenadora del desarrollo urbano, la política de subsidios trata de inducir que no se mantenga el caos urbano en la expansión de la ciudad

La reserva urbana total de Zapotlanejo estaba en 2013 fijada en 11,950.58 hectáreas, justo antes de ser integrado como el miembro número nueve del Área Metropolitana de Guadalajara

70 por ciento de las reservas urbanas existentes en el AMG, entre las que destacan las de Zapotlanejo (una cuarta parte del total), son “no aptas” para urbanización, dado que están en áreas inundables, con deslizamientos de tierra, con agrietamientos, con microclimas inadecuados y con dificultad para el acceso a la infraestructura

Juez suspende plan urbano de la barranca de Huentitán

El Ayuntamiento de Guadalajara no puede emitir licencias, permisos ni autorizaciones de cambio de uso de suelo en la zona norte de la ciudad, determina el juez V de Distrito.

Agustín del Castillo / Guadalajara. MILENIO JALISCO. 

La “judicialización” en la disputa por el modelo de desarrollo urbano para el municipio de Guadalajara tuvo ayer un día clave: el juez Quinto de Distrito en Materias Administrativa y del Trabajo de esta ciudad, concedió la “suspensión provisional” a vecinos de Huentitán y Oblatos, que se oponen a los grandes proyectos habitacionales que impulsa el ayuntamiento en la zona.

En el marco de la demanda de amparo 119/2015, se abrió un incidente de suspensión para determinar la solicitud de los quejosos y el juzgador decidió conceder la medida cautelar, “para el efecto de que las cosas se mantengan en el estado que guardan, es decir, para que no se ejecute el Plan de Desarrollo Urbano de Centro de Población de Guadalajara, Jalisco, respecto de la zona Huentitán-Oblatos”, en la medida en que el Programa de Ordenamiento Ecológico Territorial (POET) de Jalisco defina sus unidades de gestión ambiental (UGA) como áreas de protección natural, situación en que está el polígono colindante con la barranca del río Santiago.“Lo anterior en tanto se resuelva en definitiva el presente incidente de suspensión”, señala la resolución generada al mediodía de ayer, de la cual, los quejosos entregaron copia a MILENIO JALISCO.

Los particulares habían solicitado también suspender la aprobación del Plan de Desarrollo Urbano de Centro de Población de Guadalajara, Jalisco,  así como de los planes parciales de Desarrollo Urbano del subdistrito urbano 02 “Zoológico, distrito urbano zona 3 Huentitán”, y subdistrito urbano 01 “La Barranca, distrito urbano zona 4 Oblatos”, pues el proceso se había realizado sin evaluación de impacto ambiental  y ponía en riesgo los servicios ambientales de la zona. El juez determinó limitar la suspensión a los efectos presentes o futuros de esos ordenamientos.

Esta medida impacta, al menos de forma temporal, algunos de los más ambiciosos planes de vivienda como es el programa de 2,500 departamentos unifamiliares conocidos como “viviendas huevito”, el megaproyecto de Iconia y nuevas infraestructuras urbanas en terrenos propiedad del propio ayuntamiento y del gobierno de Jalisco, como es el caso de las acciones del fideicomiso Voltea a la barranca.

Los quejosos son vecinos de las colonias Huentitán el Bajo y Panorámica de Huentitán, pero también invocan su carácter de copropietarios, como ciudadanos de Guadalajara y de Jalisco, de las superficies de patrimonio público que consideran en riesgo de ser engullidas por la especulación inmobiliaria que a su juicio está detrás de los proyectos de redensificación de la ciudad. Fueron asesorados por el Instituto de Derechos Ambiental (Idea) que preside la doctora en derecho Raquel Gutiérrez Nájera.

Entre los argumentos, destacan: “el POET […] identifica estas áreas mediante la referenciada como Anp3-209, lo cual corresponde con la clave de uso predominante ANP [Área Natural Protegida], con clave de fragilidad 3 número de UGA 209, con una política de protección, cuyo uso de suelo predominante es compatible con conservación de flora y fauna”, señala la demanda, entregada en el juzgado el pasado lunes 26 de enero.

Añaden: “La autoridad municipal y estatal en varias ocasiones ha tratado de impactar la zona con edificaciones y cambios de usos de suelo para volverla habitacional, cuando su naturaleza es generar los servicios ambientales para la ciudad, sus habitantes, y la recuperación de los ecosistemas […] es de preocuparse que se pretendan desarrollar en esta zona proyectos como Iconia, el recinto ferial para las Fiestas de Octubre o el museo de La Barranca”.

La audiencia constitucional está fijada para el próximo 4 de febrero, “en el entendido de que las autoridades responsables se concretarán a expresar si son o no ciertos los actos reclamados, además de que podrán expresar las razones que estimen pertinentes sobre la procedencia o improcedencia de la suspensión y deberán proporcionar datos que tengan a su alcance que permitan a éste órgano jurisdiccional establecer el monto de la garantía correspondiente”, puntualiza el juez V, Edgar Estuardo Vizcarra Pérez.

CLAVES

REDENSIFICACIÓN

Al menos 60 organizaciones vecinales de la ciudad sostienen actualmente controversias contra el ayuntamiento por el tema de la redensificación urbana: van desde juntas de vecinos hasta ciudadanos inconformes. Se han presentado más de 300 quejas.

La redensificación  se formalizó en el Programa Nacional de Desarrollo Urbano 2012-2018, para revertir las políticas de expansión de las ciudades de la década previa, pero  ha tenido efectos modestos en la zona conurbada de Guadalajara: apenas 5% de la oferta de vivienda nueva es dentro de los perímetros consolidados de la urbe.

Hay más de 300 denuncias por violar normas urbanas

Reclamos por escrito, juicios de amparo y de lesividad, denuncias penales… se “judicializa” la aplicación de normas urbanas ante la permisividad del ayuntamiento a giros ilegales

Agustín del Castillo / Guadalajara. MILENIO JALISCO. 

Hace poco más de dos años, la construcción comenzó. Primero no les dieron ninguna información; después aseguraron que se trataba de un hotel turístico; pero más adelante se enteraron, vía transparencia, de la realidad: era un motel de paso.

Es la historia reciente de la colonia Jardines de los Arcos, enclavada en las inmediaciones de la glorieta Minerva. En realidad, es la historia de todas las colonias residenciales con mayor plusvalía del poniente tapatío, si se comienza en análisis a partir de la Calzada Federalismo. Y de otras colonias más populares, pero que albergan los únicos ecosistemas naturales que le restan a la demarcación: al norte de la ciudad, frente a la barranca de Huentitán.

No menos de 300 denuncias por ilegalidades frente a los planes parciales vigentes y el Reglamento de Zonificación del municipio se han interpuesto ante el Ayuntamiento de Guadalajara. El propio presidente municipal, Ramiro Hernández García, recibió en mano los detalles de cada anomalía y prometió actuar. Pero a todos les pasó lo que a Genaro Rodríguez González, el vecino del motel incómodo: sus casos se quedaron en el limbo. La autoridad ahora responde que está generando planes nuevos para resolver la ilegalidad.

“O sea, van a hacer leyes especiales para que lo ilegal se haga legal, a este paso, nos van a legalizar el robo”, exclama irritado Eduardo Morfín López, uno de los vecinos que resisten la intrusión de restaurantes y cafés que han hecho suya la avenida Libertad, en la colonia Americana. Su vida se ha hecho complicada desde que llegaron diversos negocios que se han hecho populares en ese tramo antaño apacible de la ciudad.

“Parece que es adrede, que quieren que me vaya, porque los de la cafetería de a lado hacen un ruidajal en su cocina desde muy temprano y terminan después de la una de la mañana […] yo les he preguntado si es algo personal y lo niegan, pero pasan demasiadas cosas”, añade el ingeniero de profesión.

En términos generales, es un problema simple de analizar: si se respetara la zonificación vigente, ninguno de esos negocios podrían estar en el sitio que hoy ocupan. Tampoco se podrían levantar los grandes edificios de una veintena de pisos que ya comienzan a invadir el corredor de Chapultepec, de avenida La Paz, de la zona de La Minerva, de avenida México y de todas las calles anchas de Providencia.

La opacidad frente a las denuncias es la misma. Por ejemplo, hay un gran desarrollo en Américas 1,500, en Providencia, contiguo al nodo Colón. Los vecinos pidieron revisar posibles daños estructurales al túnel debido a la profunda cimentación para las torres futuras; pidieron se les mostrara el proyecto de edificación; que se muestre la licencia de construcción y se revoque si se comprueban las anomalías que sospechan; además de indagar la invasión de servidumbre municipal. La petición de los presidentes vecinales data de julio de 2014, pero no ha pasado nada.

“Además de las denuncias hechas por muchas agrupaciones, más de 300 seguramente, hay al menos 20 juicios de amparo o demandas de nulidad, e incluso dos denuncias penales”, explica el presidente del Parlamento de Colonias, Alejandro Cárdenas. Porque los constructores, en algunos casos, no vacilan en amenazar a los quejosos.

Genaro Rodríguez González se ha desgastado en su lucha desigual contra el motel de San Gabriel 3025, esquina con avenida López Mateos. “Nunca nos responden; ni en la constructora, ni en el ayuntamiento; ya tumbaron dos casas, invadieron servidumbre, construyeron una barda de siete metros, y todo sin licencia del municipio, ¿qué están pintados para aplicar la ley?”.

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Las zonas clave

El anverso de redensificar la ciudad es la especulación inmobiliaria. Y las zonas más codiciadas coinciden con las que ahora son objeto de una política “de facto” que favorece edificios de más pisos que los permitidos y usos mixtos en lo que fueron apacibles núcleos habitacionales

En ese sentido, el corredor de La Minerva, desde Plaza del Sol hasta El Country-Providencia, el corredor Chapultepec, desde la glorieta de Niños Héroes hasta avenida México, y zonas aledañas, es donde se concentran las denuncias vecinales

La zona Huentitán es especial porque es la última con una importante cantidad de inmuebles de propiedad pública. Allí, las tentativas para usos inmobiliarios son constantes desde hace al menos seis años

Redensifican con trampas, denuncia Parlamento de Colonias

Sin infraestructura suficiente, ayuntamiento “lo busca imponer”. El organismo señala que negocios inmobiliarios han gestionado cambios en planes parciales que contravienen los intereses de la ciudad

Agustín del Castillo / Guadalajara. MILENIO JALISCO

Un manejo discrecional y arbitrario de las leyes y reglamentos en materia de desarrollo urbano, en busca de inducir la redensificación de diversas zonas del municipio de Guadalajara que no tienen la capacidad de servicios públicos para alojar más habitantes, denunció el Parlamento de Colonias, en relación al proceso de consulta de planeas parciales que concluyó ayer.

Alejandro Cárdenas Ochoa, presidente de la agrupación, advirtió que se “está cocinando” un esquema de negocio para favorecer a grandes desarrolladores inmobiliarios en perjuicio de los intereses de la comunidad, pues si bien el principio de redensificar es positivo, este no se puede dar si no hay capacidad de infraestructura y consulta democrática a los vecinos.

“La realidad es que vemos en los proyectos que presentaron, una serie de omisiones, de falta de reglamentación; dicen que es bajo tales supuestos el modo en que se van a regir los planes parciales, y por otro lado, dejan a la total discrecionalidad de los funcionarios la elaboración de esta reglamentación”, subrayó Cárdenas Ochoa.

“Principalmente la variación se da en el tema de las densidades, en el coeficiente de utilización, en el índice de edificación; las letras no las varían, en las tablas que generan puede haber la misma denominación h3, h2 o h1 pero con diferentes valores, es como hablar de litros de gasolina y que haya litros de 800 o de 700 mililitros en diferentes partes de la ciudad […] están planteando una redensificación exarcebada, en el sentido de que están tendiendo corredores de renovación urbana con intensidades muy altas, más de mil habitantes por hectárea, cuando la máxima en el h4 era de 520 por ha, de acuerdo al Reglamento de Zonificación de Guadalajara. No tiene un fundamento ni técnico ni jurídico, simplemente están dejando la misma clasificación que tenían antes, con la letra, pero el contenido es totalmente diferente”, explicó.

Eso implica vivienda vertical, “en algunos puntos hasta de 28 pisos; 18, 20, 15 […] también nos preocupa mucho la generalización de los usos de suelo, en cuanto a comercios y servicios, se está generalizando en todas las zonas, sean vialidades principales o no”.

- Se requiere primero resolver lo relativo a la infraestructura…

- Hemos comentado que primero se haga la infraestructura y luego se haga el cambio de uso de suelo, así establecería la renovación urbana […] aquí lo están dando ya por hecho, y luego a tratar de generar fondos a través de recaudación para luego hacer las obras, que eso no ha sucedido nunca, una vez que ya han cobrado el dinero lo agarran y lo meten a otras cosas, y nos perjudican a los vecinos.

No es un capricho, “es lo que marca el Código Urbano en el tema de la renovación urbana; lo que hemos planteado: una vez que generaste la infraestructura le das el uso de suelo, con las modificaciones, respecto a esa misma infraestructura, es el planteamiento que hemos hecho, y no lo han tomado en cuenta”.

Los cambios se disfrazan, añadió, bajo la figura de “zonas especiales” que son en realidad espacios de discrecionalidad. El ayuntamiento tiene quince días para responder la impugnación.