Desmienten campesinos de Cerro Grande a la RJDH

Los dirigentes de las comunidades de la montaña que comparten Jalisco y Colima desmienten abusos contra derechos humanos y señalan que su agua no nace en Ayotitlán

Agustín del Castillo / Guadalajara. MILENIO JALISCO. 

El agua que el Cerro Grande provee a Colima-Villa de Álvarez no tiene que ver ni con Toxín, ni mucho menos con el territorio de Ayotitlán, sino que nace justamente en esa montaña de casi 2,550 metros de altura cuya geología calcárea la distingue del resto de los macizos montañosos del Eje Neovolcánico y de la Sierra Madre del Sur, con los que colinda.

Al ser de piedra caliza, es altamente erosiva, por lo que el agua ha abierto más de un centenar de cavernas por donde se da el proceso de recarga de un acuífero que brota en los manantiales de Zacualpan, de donde se envía por acueducto a la zona metropolitana Colima-Villa de Álvarez. Este es en síntesis el argumento con que los ejidatarios poseedores de la montaña desmienten las aseveraciones del presidente de la Red Jalisciense de Derechos Humanos , Óscar González Garí, quien descalificó como “violatorio de derechos humanos” la aprobación por el Congreso de Colima, del mecanismo de pago de servicios ambientales (MILENIO JALISCO, 6 de septiembre de 2018).

“Nosotros, que somos habitantes y dueños de predios en Cerro Grande, en la reserva de la biosfera Sierra de Manantlán, consideramos que el licenciado González Garí está mal informado. Agradecemos a la Red Jalisciense de Derechos Humanos sus esfuerzos para defender los derechos que tenemos pobladores de la Sierra de Manantlán. Coincidimos en que no se debe privatizar el agua y que los legítimos dueños de los territorios que producen agua deben ser consultados sobre proyectos que les afecten. Hubiéramos agradecido que viniera a consultar con nosotros antes de hacer sus manifestaciones. Él no ha venido a nuestras comunidades en Colima para analizar esta situación, y por este motivo sus manifestaciones están equivocadas. En vez de ayudarnos nos perjudica por que confunde a la opinión pública”, dijeron en una misiva a este diario, firmada por Mariano Jiménez, presidente del Subconsejo Intercomunitario de Cerro Grande, y Jesús Flores Carrillo, presidente de la Comunidades Rurales para la Conservación y Desarrollo Sustentable de Cerro Grande, AC.

Y enumeran lo que para ellos son los errores en la crítica del activista: uno, su aseveración de que es ’falso que el mecanismo de pago de servicios ambientales hidrológicos vaya a beneficiar a los dueños de los bosques donde se genera el agua’ es equivocada. El mecanismo abre nuevas oportunidades para beneficiarnos a través de un financiamiento de proyectos de desarrollo comunitario que nosotros mismos hemos estado definiendo. Esto es muy importante para nosotros considerando la contradicción de que en nuestros territorios que producen el agua para la capital de Colima, pero paradójicamente ¡no tiene agua! Por ser piedra caliza no fluyen arroyos ni ríos superficialmente, y nuestra agua se infiltra por cuevas y sale solamente en la parte baja de Cerro Grande”.

Dos, “cuando dice que no ha habido ‘…el mínimo respeto por el derecho humano de la consulta libre, previa e informada’ y que el mecanismo es ‘…violatorio de los derechos humanos de los habitantes de la reserva’, se equivoca. Las comunidades de Cerro Grande sí hemos sido consultadas durante años, y tanto las comunidades ejidales como indígena somos co-responsables en diseñar del Mecanismo como parte del consejo asesor de la RBSM en el Estado de Colima”.

Tres, “sus manifestaciones de que ‘el agua de Cerro Grande viene de El Toxín… y por ende, forma parte sustancial de los recursos naturales de la Comunidad Indígena de Ayotitlán’ y que se manifiesta un ‘… despojo de recursos naturales que única y fundamentalmente le pertenece a la Comunidad Indígena de Ayotitlán, Jalisco’ es incorrecta. El agua en cuestión se genera en los bosques de Cerro Grande donde somos propietarios los ejidos de La Laguna y Toxín en Jalisco; y El Terrero, Campo Cuatro, Platanarillo, Lagunitas y la Comunidad Indígena de Zacualpan en Colima, donde emerge el agua generada en la parte alta. Toxín, además de que no está en el ejido de Ayotitlán, se encuentra en una subcuenca cerrada en la cuenca del Marabasco, y el agua fluye por una cueva debajo de la montaña y emerge en una localidad llamada ‘La Tasa’ que sale al río Ayuquila y por lo tanto no está conectado con el manantial de Zacualpan de donde sale el agua para Colima”. Anexan un mapa elaborado por técnicos de la Universidad de Colima “que muestra que el agua de Cerro Grande, incluyendo la de la comunidad indígena de Zacualpan en la cuenca del Río Armería, no tiene relación alguna con el agua de las cuencas del Río Marabasco que es donde está ubicado Ayotitlán”.

Si bien “hay conflictos de linderos entre Jalisco y Colima en Cerro Grande, en ningún caso tiene que ver con el Ejido de Ayotitlán, donde los conflictos de linderos entre los estados están asociados a la mina de Peña Colorada. Comprendemos el argumento de González Garí sobre los ‘territorios ancestrales’ que algunos mencionan que llegaban hasta la costa del Pacífico, pero debemos respetar los linderos legalmente establecidos. Apoyamos que Ayotitlán reciba los terrenos a los cuales tienen derecho, pero sin afectar los derechos de otras comunidades indígenas y ejidos circundantes”.

En ese tenor, desestiman el argumento de que los consejos asesores han desaparecido, pues ellos participan en el de Colima, y es el que presidirá el mecanismo local en esta zona.

“Creemos que se equivoca cuando describe el Mecanismo como una de las ‘patrañas privatizadoras’ del agua. Estamos en contra de la privatización del agua. El mecanismo es un esquema de financiamiento público para manejo público del agua para beneficio tanto de los dueños de los terrenos donde se produce el agua como de la población donde se recibe el agua. El agua es un derecho humano universal que nunca debe ser privado. Creemos que no es útil que se generen conflictos entre las comunidades de la Sierra de Manantlán cuando más bien nos debemos estar apoyando mutuamente. Esperamos que se respeten nuestros derechos a recibir pago por los servicios ambientales que prestan nuestras comunidades rurales a las ciudades”, concluyen.