El Ayuntamiento de Tlajomulco de Zúñiga realizará hoy un operativo en la terminal aérea y sus alrededores. Las obras que se estén realizando deberán ser detenidas por inspectores
Guadalajara. Agustín del Castillo. PÚBLICO-MILENIO. Edición del 7 de septiembre de 2010
Esta mañana, personal del Ayuntamiento de Tlajomulco de Zúñiga se presentará en las instalaciones del aeropuerto de Guadalajara para acatar la orden del Tercer Tribunal Colegiado de Distrito, y clausurar cualquier obra que tienda a modificar el estado actual de los terrenos que se le expropiaron al ejido El Zapote del Valle desde el lejano 1975.
Los ejidatarios hicieron valer la imprescriptibilidad de sus derechos y reclamaron, en diciembre de 2009, una expropiación violatoria de sus garantías y la intención de gobierno federal de pagarles las casi 307 hectáreas expropiadas “a valor de atraco”: catorce pesos por metro cuadrado, contra más de mil pesos por metro cuadrado del valor catastral y al menos el doble del comercial.
Si bien, el juez tercero de distrito no les concedió la “suspensión de plano”, que tiende a dejar las cosas en el estado actual que guardan, en lo que se resuelve el fondo del juicio de garantías —lo que significa cero construcciones o movimientos de tierra, cero licencias nuevas para operar negocios, cero movimientos catastrales— fue la segunda instancia la que encontró justificable tal medida, lo que significa que no podrán realizarse obras ni cambios en la superficie aludida, que es aproximadamente el 30 por ciento de la concesión total del aeropuerto y casi la mitad de sus actuales dimensiones construidas.
“Hoy [ayer] no hubo clausura, se completaron documentos, firmas y todo eso; mañana [hoy] se procederá a las clausuras; tenemos identificadas una obra nueva en la zona del estacionamiento —una tienda de conveniencia de la firma Oxxo— y una mezcladora de asfaltos que se ubican dentro de la superficie expropiada”, dijo el síndico de Tlajomulco, Alberto Uribe Camacho.
Si bien, la suspensión no afecta licencias concedidas previamente a la zona comercial, si tenderá a evitar su renovación, dado que son de vigencia anual, si el juicio no ha terminado con el cambio de año a 2011, reconoció el funcionario.
Por su parte, el asesor jurídico de los campesinos, Pedro León Corrales, subrayó que el amparo 1788/2009-8 (revisión principal 106/2010) otorga la suspensión de plano de todos los actos “para que queden las cosas como están”. En ese sentido, “desde hoy [ayer] en la mañana la planta mezcladora de asfalto, que pretendía construirse en las 37 ha donde no se ejerció el decreto de expropiación, no puede continuar porque las autoridades tienen 24 horas a partir del jueves para cumplir con ese mandato judicial; y efectivamente, hoy comprobamos a las 10:30 de la mañana que los trabajos se habían suspendido”.
—¿Por qué se inconformó El Zapote contra esta expropiación?
—En primer lugar, porque nunca fue notificado legalmente; segundo, porque hay una serie de incongruencias e irregularidades en todo el procedimiento, por ejemplo, solicitan 247 ha, pero expropian 306.9, o sea que no coincide lo expropiado con los solicitado; también ordenan la ocupación provisional de 247 ha, pero nunca se levanta un acta para hacer una ocupación legal de esa superficie; y resulta que ahora el aeropuerto, sin tener un acta que compruebe que recibió la tierra de parte del Departamento Agrario, no habla de 247, sino de 306.9 ha… Por último, y probablemente lo más grave: “les pretenden pagar a catorce pesos el metro cuadrado, cuando el valor catastral con la documentación y tabla de valores del ayuntamiento es de mil pesos por metro; por citar un caso, el concesionario cobra 22 pesos la hora por cada vehículo del estacionamiento que está en terrenos de El Zapote, o sea, nada que ver con lo que la ley señala…”
León Corrales enfatizó que en 1975, cuando se hizo la expropiación, estaba vigente la Ley Federal de Reforma Agraria, la cual, en el artículo 121, “dice que es el valor comercial el que se debe pagar, ni siquiera el fiscal, sino el comercial, y a catorce pesos por metro cuadrado en esa zona estamos hablando de un atraco en despoblado”.
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Conflicto de 35 años
El aeropuerto de Guadalajara está enclavado en la zona de Tlajomulco desde hace más de seis décadas; sin embargo, con el crecimiento de la ciudad se hizo necesario ampliar sus instalaciones ante el aumento de la demanda, y el gobierno federal expropió porciones importantes de los ejidos San José del Valle y El Zapote del Valle, además de otros predios contiguos, lo que hace que la actual instalación aeroportuaria y su reserva se extienda sobre más de 600 hectáreas, si bien, la concesión rebasa mil hectáreas.
En el caso de El Zapote del Valle, las tierras que se le afectaron abarcan el poniente y sur del aeropuerto, es decir, abarca la zona comercial, el estacionamiento y las pistas y reservas de tierra pegadas hacia la carretera a Chapala y el cruce con el camino estatal que conecta de esa carretera al poblado de El Zapote.
Los derechos agrarios jamás prescriben; es por eso que es válido interponer un amparo contra un procedimiento expropiatorio mal planeado, peor ejecutado y que, además, significó una indemnización baja considerando el valor comercial que ya tenían esas tierras, pues si bien no existía la autopista a Chapala, ya atravesaba una de las principales rutas de acceso y salida de la ciudad.
El aeropuerto de Guadalajara está enclavado en la zona de Tlajomulco desde hace más de seis décadas; sin embargo, con el crecimiento de la ciudad se hizo necesario ampliar sus instalaciones ante el aumento de la demanda, y el gobierno federal expropió porciones importantes de los ejidos San José del Valle y El Zapote del Valle, además de otros predios contiguos, lo que hace que la actual instalación aeroportuaria y su reserva se extienda sobre más de 600 hectáreas, si bien, la concesión rebasa mil hectáreas.
En el caso de El Zapote del Valle, las tierras que se le afectaron abarcan el poniente y sur del aeropuerto, es decir, abarca la zona comercial, el estacionamiento y las pistas y reservas de tierra pegadas hacia la carretera a Chapala y el cruce con el camino estatal que conecta de esa carretera al poblado de El Zapote.
Los derechos agrarios jamás prescriben; es por eso que es válido interponer un amparo contra un procedimiento expropiatorio mal planeado, peor ejecutado y que, además, significó una indemnización baja considerando el valor comercial que ya tenían esas tierras, pues si bien no existía la autopista a Chapala, ya atravesaba una de las principales rutas de acceso y salida de la ciudad.
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