Coordinadores del blanquiazul y sol azteca acusan a alcaldes de esconderse del costo político; las fracciones del PAN y PRD se oponen completamente; priista ofrece matices
Guadalajara. Agustín del Castillo / Elizabeth Rivera. PÚBLICO-MILENIO
Los legisladores jaliscienses se muestran reacios a perder la atribución que les otorga la Ley del Agua para el Estado de Jalisco y sus Municipios, de tener la última palabra para la aprobación de las tarifas de los servicios de agua, alcantarillado y saneamiento que prestan los organismos operadores, como lo propuso el consejo de administración del SIAPA el pasado 8 de septiembre.
En el caso de la bancada del Partido Acción Nacional (PAN), su coordinador, José María Martínez señaló que ni siquiera están dispuestos a discutir el asunto, pues les parece que se trata de una posición tramposa de los presidentes municipales, de extracción priista, de transferir el costo político de la decisión a un consejo ciudadano, “tratando de hacer olvidar” que prometieron en campaña no aumentar las cuotas por el servicio. Además, consideró que se trata de una agresión a la economía popular que esconde la falta de trabajo suficiente del organismo operador para mejorar sus eficiencias administrativas, comerciales y físicas.
Con él coincidió el diputado coordinador del la fracción del Partido de la Revolución Democrática (PRD), Raúl Vargas López, quien dijo que está en total desacuerdo con la propuesta, pues consideró que la aprobación del esquema de tarifas debe seguir siendo una facultad del Congreso y advirtió harán lo que se requiera para que no pase la propuesta: “Me parece que esta es una forma de eludir una responsabilidad de los presidentes municipales, de trasladarla al Congreso y de andar jugándole a la … ‘este, diría yo que no sea el Congreso, que ahora sea el SIAPA’; esta facultad es del Congreso”.
En cuanto al Partido Revolucionario Institucional (PRI), el diputado Jesús Casillas Jiménez, uno de los más familiarizados con el tema, no desechó la propuesta, pero consideró que tener un consejo consultivo no está reñido con que se informe al Congreso y éste apruebe, en un esquema similar al que se utiliza con las cuentas públicas que entrega la Auditoría Superior del Estado.
José María Martínez dijo que se trata de una petición “inaceptable”. A su juicio, pretender “despolitizar” es un argumento absurdo, “pues estamos en la política y estamos para hacer eso, política; los asuntos de interés público son materia de nuestro trabajo”. Fue enfático: “Lo único que pretenden los alcaldes priistas es esconder la mano, traicionar a los electores e ir en contra de la economía popular […] es muy importante recordar que el director no puede hacer una propuesta de ese tipo a título personal, se le manda en el consejo de administración, donde están los presidentes municipales; es un engaño disfrazado de propuesta técnica y no estaríamos en la disposición de siquiera discutirlo”.
Por su parte, Jesús Casillas tampoco considera necesario que se quite a los legisladores la facultad de aprobar las tarifas. Pero matiza: “Yo estoy muy de acuerdo con un consejo consultivo que no sólo vea lo de tarifas, sino que se meta a temas de eficiencia administrativa, que vea los posibles problemas de corrupción y que cuide mucho el aspecto social, proteger a quienes no pueden pagar el agua a su costo de producción”. Es decir, si se aprueban aumentos, éstos deben estar ligados a compromisos concretos y medibles de mejorar la prestación del servicio, “y no que nos vengan con esos datos que ya nos sabemos, de que en otras partes el agua es más cara […] que garanticen que la gente puede pagarla, eso es más importante”.
La presidenta de la Comisión de Hacienda, la también priista Patricia Retamoza Vega, indicó que ve bien la iniciativa del SIAPA, pero señaló que debe haber equidad en el número de lugares en el consejo, “porque si es uno para el Legislativo y tres del Ejecutivo, entonces ya no hay equidad, debe de haber equidad de los diferentes actores que van a estar en esa representación”. A la par, propuso que se instale una mesa de análisis y discusión para definir cuál es la mejor opción, “porque sólo la conoce de oídas”.
En tanto, Jesús Casillas reconoció las grandes disparidades entre quienes ahora son beneficiados por subsidio. “Por ejemplo, hay personas de la tercera edad que son pobres y lo necesitan, y otras que tienen cinco casas y no lo necesitan; se debe hacer la distinción para generar una tarifa más justa”.
Un buen consejo consultivo, con una representación social adecuada, agregó, puede emitir una propuesta bien soportada técnica y socialmente, y enviarla a los diputados para que éstos la aprueben, “tal como se hace con las auditorías, no se modifica el trabajo de la ASEJ por parte del pleno y no se pierde la facultad que tenemos ante la ley”.
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La propuesta
El SIAPA propone modificar los artículos 101 y 101 bis de la Ley del Agua para el Estado de Jalisco y sus Municipios, para que no sean los ayuntamientos y el Congreso los responsables de aprobar las tarifas, las cuales emanarían de un consejo consultivo.
El consejo contará con quince asientos entre representantes del gobierno del estado, de los municipios y del Congreso, de cámaras empresariales, de sindicatos, de colegios de profesionales, de universidades y de asociaciones vecinales.
La idea es que todos los representantes cubran un perfil técnico y no político, de manera que la discusión de las tarifas se aborde con conocimiento pleno de los problemas y las necesidades que se deben atender.
La propuesta tarifaria que promueve el SIAPA busca para 2011 un “aumento ponderado” de 14%. En los casos de mayor consumo, hay alzas de hasta 55%; pero en el grupo de menos gasto de agua, de cero a nueve mil litros al mes, que incluye más de 260 mil viviendas [39% del total], habría una reducción real del costo a pagar.
El SIAPA propone modificar los artículos 101 y 101 bis de la Ley del Agua para el Estado de Jalisco y sus Municipios, para que no sean los ayuntamientos y el Congreso los responsables de aprobar las tarifas, las cuales emanarían de un consejo consultivo.
El consejo contará con quince asientos entre representantes del gobierno del estado, de los municipios y del Congreso, de cámaras empresariales, de sindicatos, de colegios de profesionales, de universidades y de asociaciones vecinales.
La idea es que todos los representantes cubran un perfil técnico y no político, de manera que la discusión de las tarifas se aborde con conocimiento pleno de los problemas y las necesidades que se deben atender.
La propuesta tarifaria que promueve el SIAPA busca para 2011 un “aumento ponderado” de 14%. En los casos de mayor consumo, hay alzas de hasta 55%; pero en el grupo de menos gasto de agua, de cero a nueve mil litros al mes, que incluye más de 260 mil viviendas [39% del total], habría una reducción real del costo a pagar.
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