Exigen a Procuraduría Agraria regreso a la legalidad en el ejido zapopano. Ocupación ilegal de sus tierras, validada a mafia urbanizadora, denunciaron
Guadalajara. Agustín del Castillo. PÚBLICO-MILENIO. Edición del 18 de septiembre de 2010
Ejidatarios de Santa Ana Tepetitlán, en Zapopan, denunciaron la intención de su comisariado ejidal, Santos Sanabria Madrigal, de realizar asambleas ilegales en ese núcleo agrario para legitimar a propietarios que se han quedado con tierras de la comunidad, por lo que han pedido a la delegada de la Procuraduría Agraria (PA), María de la Luz Rodríguez Mendoza, no validar dichas reuniones, que se realizarán los días 19 y 20 de septiembre.
Tranquilino Flores Aguilar, representante común de los ejidatarios quejosos, dijo en un escrito a la delegada de la PA que personal a su cargo estaría entregando información a su contraparte. “Es muy probable que exista fuga de información por parte de algún personaje de esta h. delegación a su cargo respecto de los hechos que hemos venido denunciándole […] es así porque desde el día 5 de los corrientes, cuando el sedicente comisariado [sic] ejidal del poblado arriba citado pretendió celebrar una reunión con tintes de asamblea, ésta no se realizó y no se lanzó nueva convocatoria como lo señala la ley”, dice el escrito entregado a la funcionaria el 14 de septiembre.
Además, “mis compañeros y el suscrito comparecimos ante usted el día 13 de septiembre de 2010 denunciándole situaciones de extrema gravedad que se están sucediendo en nuestro núcleo agrario […] al día siguiente de manera sorpresiva apareció publicada la segunda convocatoria de fecha 5 de septiembre del 2010 para celebrar reunión de personas con apariencia de asamblea para el día 19 de septiembre de 2010 a las 11:00 horas, resultando ilegal dicha publicación”, pues evidentemente emitía a una fecha superada.
Santa Ana Tepetitlán tiene en riesgo más de dos mil hectáreas que antes eran productivas y ahora están invadidas de asentamientos humanos. Los campesinos denuncian que eso se logró gracias a la acción de una “mafia inmobiliaria” que cuenta con complicidades en los gobiernos municipales de Zapopan, Tlaquepaque y Tlajomulco, y en instancias estatales y federales.
En los escritos entregados a la delegación de la PA, abundan sobre cómo, a partir de 1976, comenzó la expropiación fraudulenta de tierras. Ese año se expropiaron casi 270 hectáreas “para regularizar un asentamiento humano” que, después demostraron ante un juez federal, no rebasaba 50 ha de superficie, por lo que se les concedió un amparo en 1981 que a la fecha no ha sido respetado, y se vendió toda la propiedad a terceros como fraccionamientos formales.
A partir del decreto, la estrategia política ha sido dividir a los campesinos y ofrecerles “migajas” por nuevas expropiaciones, mientras crece el fraccionamiento de las tierras productivas, lo que ha derivado en nuevos amparos frente a los grandes intereses económicos que se han apropiado las tierras. Los ejidatarios disidentes plantean la necesidad de regularizar a más de 35 colonias, pero entregando indemnizaciones justas y echando a andar proyectos que hagan viable al ejido.
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