Hay 45 actividades además de la reforestación, a las que se debe aplicar gasto público, señalan silvicultores de Jalisco y del país; la pobreza y la destrucción aumentarán si le quitan mil mdp
Guadalajara, Agustín del Castillo. PÚBLICO-MILENIO, edición del 17 de noviembre de 2009 (versión amplia)
El sector forestal del país atisba consecuencias desastrosas si se confirma la reducción presupuestal al ProÁrbol de mil millones de pesos, pues puede generar colapso de actividades productivas en los bosques mexicanos, donde habitan más de trece millones de personas en situación de pobreza, en medio de la mayor riqueza natural, amenazada con desaparecer si la silvicultura pierde estímulos.
Esto piensan distintos actores, como el Consejo Civil Mexicano para la Silvicultura Sostenible (CCMSS), la Unión de Asociaciones de Silvicultores del Estado de Jalisco, y directores de áreas naturales protegidas de esta entidad, ante el anuncio de la reducción del gasto federal en esa área, para dejarla en 3,463 millones de pesos, anunciada por los diputados la semana pasada.
“Puede ser un golpe fuerte al sistema de áreas naturales protegidas, pues al establecerse las reservas se cancelan muchos usos para los dueños del bosque, y estos programas eran los que nos estaban dando posibilidades de compensarlo”, advirtió el director del bosque La Primavera, José Luis Gámez Valdivia.
Por su parte, los silvicultores jaliscienses emitieron un comunicado en el que destacan que “por muchos años, las políticas públicas marginaron al sector forestal de contar con apoyos para el desarrollo, habiéndose privilegiado otros sectores, lo que provocó un fuerte rezago histórico. Casi 70 por ciento de la superficie del país tiene vocación forestal, pero por décadas el sector estuvo en el olvido y sujeto a fuertes procesos de deterioro. Para revertir estos procesos se requiere de políticas de largo plazo e inversiones que permitan garantizar la restauración de ecosistemas, garantizar la provisión de servicios ambientales e impulsar el manejo forestal sustentable de los recursos forestales, todo ello en beneficio de sus dueños y poseedores y de la sociedad en general”.
Añaden: “el gobierno federal ha tomado la decisión de apoyar al sector forestal, y ha sido cuestionado en cuanto a los resultados alcanzados, en ocasiones sin fundamentos y basado en hechos muy particulares, a partir de los cuales se ha generalizado”, lo cual es una alusión a las críticas a la reforestación, programa que es uno de más de 45 que incluye el Proárbol.
A su juicio, el recorte ocasionará “problemas para prevenir y atender presupuestalmente la prevención y combate de incendios forestales”; disminuirán las oportunidades “de fortalecer el desarrollo de ejidos y comunidades forestales”; “se corre el riesgo de afectar la capacidad de captura de carbono y la emisión de gases de efecto invernadero, que agravarán los problemas de cambio climático que estamos viviendo”, y “se contará con menos elementos para atender la problemática de deforestación”.
Además, “se incrementaría el riesgo de perder biodiversidad y no se podrán apoyar acciones de conservación y restauración en áreas naturales protegidas”, lo que deriva también en “incumplir con compromisos internacionales en materia ambiental, tales como los Objetivos de Desarrollo del Milenio, Protocolo de Kioto”.
Otros problemas que se acentuarán es el azolvamiento de infraestructura hidroagrícola, los daños derivados de desastres naturales –pues la naturaleza pierde sus capacidades de amortiguarlos al perderse cobertura natural- y el agravamiento del déficit comercial, por más de seis mil millones de dólares por año, y de la migración, marginación y pobreza.
Coincide el CCMSS, que agrupa a diversas organizaciones del país que impulsan la forestería comunitaria: “Si bien, las evaluaciones efectuadas al Proárbol por la Auditoría Superior de la Federación […] han evidenciado fallas e incumplimiento de metas en el Programa de Conservación y Reforestación (Procoref), algunos otros programas como el Programa de Desarrollo Forestal comunitario (Procymaf), Programa de Desarrollo Forestal (Prodefor) y Pago por Servicios Ambientales (PSA) han logrado en estos últimos años contribuir de manera sustantiva en el manejo sustentable y conservación de los bosques y selvas del país”.
Así, la propuesta de recortar el presupuesto “no es la solución a los problemas de su ejecución ni contribuye a la conservación de los bosques y selvas del país”.
La evaluación hecha al Proárbol “corresponde a ejercicios anteriores, con una administración que privilegió la reforestación de manera inadecuada que en su momento fueron denunciadas por las organizaciones civiles. Los malos resultados de la reforestación no representan los resultados de otros programas incluidos en el Proárbol. El Proárbol no es sólo reforestación sino que incluye un listado de 45 tipos de apoyos que contribuyen a la realización de diferentes actividades a favor del bosque”.
13 millones de personas “que habitan y son dueños de 80 por ciento de los bosques y selvas país, indígenas en su mayoría y con fuertes índices de marginación, se verán afectadas si se efectúa una reducción del presupuesto al sector forestal, lo que seguramente promoverá retrocesos en el manejo sustentable y la conservación de los ecosistemas forestales”.
De por sí, “la crisis económica ha tenido fuertes impactos en los productores forestales, incluyendo las comunidades y ejidos que producen madera certificada -98 por ciento de la producción certificada nacional-. La reducción de recursos disponibles para apoyar la producción forestal comunitaria, además de tener impactos directos en el empleo rural, contribuirá a la disminución de la producción forestal nacional, provocando así un incremento en el déficit comercial y el crecimiento del mercado ilegal de madera”.
La descentralización del sector forestal, añade, “es un aspecto necesario para su desarrollo, sin embargo, los estados no cuentan con la estructura de gestión que garantice la correcta ejecución del presupuesto. Dar los recursos de Proárbol directamente a los gobiernos estatales y los municipios representan un grave riesgo de incrementar la falta de transparencia y los desvíos de recursos, ya que la ASF no podrá evaluarlos”.
Además, “la nueva administración de la Conafor incluye a personas de gran experiencia en el sector forestal, que provienen de la academia y la sociedad civil, que representan la oportunidad de lograr avances importantes en el manejo sustentable y la conservación de los recursos forestales”.
El CCMSS recomienda no disminuir el gasto público, sino “promover cambios en la distribución de los recursos destinados a Proárbol, para privilegiar el ordenamiento del territorio, el desarrollo del manejo forestal sustentable, la certificación, la restauración de los ecosistemas forestales, la producción maderable y la competitividad del sector forestal, en lugar de destinar anualmente más del 40 por ciento de los recursos a la reforestación”.
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