Llaman a impulsar a las mujeres rurales

Agustín del Castillo/Guadalajara-NTR

Jalisco es un estado peculiar en el contexto nacional: no sólo contiene la segunda conurbación más poblada de la República, Guadalajara, que ha rebasado 5 millones de habitantes, sino que aloja en su interior más de 11 mil localidades de menos de 2 mil 500 habitantes, de ellas, 10 mil con menos de 100 moradores. Ese universo de ruralidad, con elevadas tasas de pobreza y marginación, está dominado por mujeres, efecto de la elevada tasa de migración nacional e internacional que mantiene el estado.

El caso merece ser subrayado porque Jalisco aporta arriba de 12 por ciento del producto interno bruto (PIB) nacional del sector primario, lo que incluye actividades como agricultura, ganadería, pesca y aprovechamientos forestales. Esa riqueza está evidentemente mal repartida: la mayor parte de los moradores de las demarcaciones rurales no tienen sino una fracción menor de esos recursos.

La extinta Secretaría de Desarrollo Rural (Seder) informó, apenas en octubre de 2018, que el valor de la producción femenina en el campo jalisciense correspondiente a 2017, fue de 9 mil 77 millones de pesos, en el contexto del Día Internacional de la Mujer Rural, conmemorado el 15 de octubre.

El reconocimiento a la aportación femenina a la economía rural, y sobre todo, que sus derechos efectivos se consoliden, es la meta que se ha impuesto en su nueva campaña, arrancada esta semana, la Organización de Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación (FAO, por sus siglas en inglés). Es la cuarta en su tipo y se cobija bajo el hashtag #Mujeres Rurales, Mujeres con Derechos.

“La desigualdad de género y la discriminación contra las mujeres es una de las causas estructurales de la pobreza rural y uno de los mayores desafíos para los países de América Latina y el Caribe. Entre 2014 y 2016, la pobreza en las zonas rurales aumentó de 46.7 por ciento a 48.6 por ciento, mientras que la pobreza extrema rural lo hizo de 20 por ciento a 22.5 por ciento, según estudios de FAO. Las cifras actualizadas hasta 2017 estiman que ello significa que 59 millones de personas viven en la pobreza, mientras que 27 millones lo hacen bajo pobreza extrema en las zonas rurales de América Latina”.

El organismo multinacional invitó a los gobiernos, organizaciones de la sociedad civil, academia y sector privado a unirse a la campaña. “El objetivo es compartir información y soluciones innovadoras para visibilizar las actuales conquistas y los futuros desafíos para reducir la pobreza rural y avanzar en la seguridad alimentaria y nutricional de las mujeres rurales, indígenas y afrodescendientes (sic)”.

Las mujeres rurales “trabajan más que los hombres. Además del trabajo remunerado por ejemplo como productora o agricultora familiar, están a cargo de la educación, el cuidado y la alimentación de sus hijos y muchas veces, de personas mayores de edad o en situación de dependencia. Asimismo, muchas de ellas realizan trabajo comunitario o dirigencial para lograr mejoras en su entorno, lo que al final del día constituye hasta tres jornadas laborales, dejándolas sin tiempo libre y de descanso”.

En el área económica “las mujeres rurales tienen un menor acceso a recursos y servicios productivos como tierra, agua, y no productivos, tales como crédito y capacitación. En el caso de las mujeres indígenas y afrodescendientes, la situación es todavía más injusta, pues la brecha es más amplia”, añade

En cuanto a innovación y tecnología, “las tendencias actuales indican que la brecha digital se está ampliando y que las mujeres están insuficientemente representadas en los campos de la ciencia, la tecnología, la ingeniería, las matemáticas y el diseño. Esto les impide desarrollar e influir en el desarrollo de innovaciones sensibles al género que permitan lograr beneficios transformadores. Desde la banca móvil hasta la inteligencia artificial o la Internet de las cosas, es vital que las ideas y las experiencias de las mujeres influyan por igual en el diseño y la aplicación de las innovaciones que conformarán las sociedades del futuro”.
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FRASE

“La desigualdad de género y la discriminación contra las mujeres es una de las causas estructurales de la pobreza rural y uno de los mayores desafíos para los países de América Latina y el Caribe”

Extracto de la información de la FAO

Denuncian calumnias de desarrolladores

Agustín del Castillo/Guadalajara-NTR

El enfrentamiento entre vecinos de diversas zonas de Guadalajara y grupos empresariales que han pretendido establecer desarrollos inmobiliarios, sea directamente a costa de bienes públicos (casos Iconia-Huentitán, El Deán, Arboledas del Sur), en espacios contiguos a áreas naturales protegidas (casos La Primavera, El Bajío, El Nixticuil), o bien, con incremento en las densidades de construcción en barrios y colonias tradicionales (Providencia, Mexicaltzingo, San Rafael) con la anuencia de gobiernos municipales, tiene más de una década.

Sin embargo, desde que el hoy gobernador Enrique Alfaro Ramírez, y el alcalde de Zapopan, Pablo Lemus Navarro,  asumieron como presidentes municipales de Guadalajara y Zapopan, en octubre de 2015, el conflicto se ha desbalanceado políticamente a favor de los intereses empresariales, aseguraron ayer diversos representantes vecinales que se han constituido en la “piedra en el zapato” de ese modelo de negocios.

Abogados, líderes vecinales y miembros de colectivos denunciaron una campaña de calumnias en medios locales y nacionales, con el objetivo de hacerlos parecer como parte de una presunta “mafia del Poder Judicial”; aludieron la legitimidad de su actuación en diversos asuntos en los cuales han logrado fallos favorables para impedir desarrollos porque violaban la norma urbana (casos Villa Panamericana y diversas torres chuecas) y paralizar Planes Parciales que consideran lesivos a los intereses vecinales (como la suspensión vigente contra los de la zona Minerva), y exigieron a los empresarios y gobernantes probar sus dichos, pues de lo contrario, además de calumnias y difamación, se configura el delito de “abuso de poder”.

“Es evidente que pretenden con esto amedrentarnos para que no sigamos adelante, pero no lo van a lograr; por el contrario, vamos a redoblar esfuerzos para defender nuestros derechos e impedir que la ciudad caiga completamente en manos de esos intereses que dañan la calidad de vida de los vecinos”, advirtió el presidente del Parlamento de Colonias, Alejandro Cárdenas Ochoa.

El abogado Alejandro Cárdenas Enríquez señaló que en Imagen TV, en el programa que conduce Ciro Gómez Leyva (jueves 7 de marzo de 2019), “se hicieron señalamientos a mi persona; es importante destacar que soy abogado litigante, me especializo en el derecho urbanístico, administrativo y de amparo, y mis clientes constantes son las asociaciones civiles y vecinales”.

En conferencia de prensa, explicó que ese medio nacional y El Informador han hecho publicaciones en contra de jueces y magistrados locales y federales, “estos ataques constantes han venido por parte de grupos inmobiliarios y autoridades del Poder Ejecutivo, en lo principal por los ayuntamientos de Guadalajara y Zapopan, al igual que por la actual administración de Enrique Alfaro, toda vez que a su parecer existe corrupción y arreglos entre el suscrito y los tribunales, y se afirma de manera ilógica que se controlan las oficialías de partes de los tribunales”.

NIEGA SEÑALAMIENTOS

El abogado se desligó de esas acusaciones y dijo que se busca “deslegitimar las causas y acciones sociales que he venido representado en beneficio de la sociedad”; destaca que en el programa de Gómez Leyva “nunca se menciona ningún proyecto urbanístico contra el cual el suscrito haya planteado alguna defensa, esto es, se mencionan diversos asuntos que tienen relación con World Trade Center, Tequila Centinela, Cosmocrat, Midtown y Americas 1500; sin embargo no he participado en asuntos en contra de esos desarrollos que impliquen suspender o clausurar esas obras constructivas, por lo tanto al no haber planteado el suscrito de manera personal o en representación de alguna persona, demandas en contra de esos desarrollos con la finalidad de clausurar o suspender, todas las acusaciones contra mí son falsas”, advirtió.

En cambio, sí participó para lograr “la suspensión de los Planes Parciales de desarrollo urbano publicados por el Ayuntamiento de Guadalajara en 2018, suspensión (para) todo el distrito 02 (Minerva) que sigue en pie y vigente; esta medida cautelar ha sido combatida tanto por el Ayuntamiento de Guadalajara y alrededor de 20 constructoras, y de esas 20 constructoras la mitad son representadas por José Pablo MinRamos, quien participa en el programa que difama mi nombre”. Otro asunto controversial es el conflicto de vecinos contra el desarrollo Inmobiliario Gran San Rafael, suspendido a favor del Colectivo Jardines de la Paz.

Los líderes de Providencia, de Jardines de la Paz, de San Rafael y el Instituto de Derecho Ambiental respaldaron personalmente la denuncia del litigante.

Crónica de un desencuentro

2015. Durante la campaña para alcalde, Enrique Alfaro y Pablo Lemus y los líderes vecinales se encuentran para tratar de resolver expedientes como Huentitán y la Villa Panamericana, pero no se llega a acuerdos

2016. Los dos alcaldes acusan al Parlamento de Colonias de extorsión, pero ni prueban su dicho, ni abren una denuncia en la entonces Fiscalía General del Esta

2018. El parlamento logra suspender los Planes Parciales del distrito 02 Minerva, con un freno al negocio de decenas de inmobiliarias
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FRASE

“Es evidente que pretenden con esto amedrentarnos para que no sigamos adelante, pero no lo van a lograr; por el contrario, vamos a redoblar esfuerzos”

Alejandro Cárdenas Ochoa, presidente del Parlamento de Colonias

AMLO recibirá a alteños que piden ir vs. trasvase

Agustín del Castillo/Guadalajara-NTR

El presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, recibirá en los próximos días a una comitiva de la Alianza Cívica Alteña para la Defensa del Agua (Alcada) y del Observatorio Ciudadano para la Gestión Integral del Agua en Jalisco, para recibir información “de primera mano” sobre el problema del acueducto El Zapotillo-León. Los activistas reclaman la suspensión definitiva del proyecto.

Juan Guillermo Márquez Gutiérrez, coordinador del observatorio, dijo a NTR que en la visita a Encarnación de Díaz tuvo un acercamiento con el jefe del Ejecutivo, se le entregó el manifiesto publicado ese día (9 de marzo) y una síntesis de la problemática. “El presidente nos manifestó que era necesario hablarlo y propuso la reunión para abordarlo, una vez que conoció que la directora de la Comisión Nacional del Agua, Blanca Jiménez, ya los había escuchado, pero había optado por favorecer los intereses del proyecto y de la ciudad de León”

En el resumen entregado al mandatario, se destaca: “El proyecto de abasto no tiene un sólido sustento técnico, ni social y sólo existe para justificar la privatización del agua bajo el mecanismo de inversiones público-privadas, a pesar de estar ampliamente demostrado que el mercado económico no es el instrumento adecuado para administrar el agua. El acceso al agua constituye un derecho y el recurso como tal es un bien de seguridad nacional, del que no deben apropiarse empresas nacionales y mucho menos extranjeras. Ante cambios en el medio físico y social el concesionario se escudará en su concesión, que le da impunidad por 25 años o más”.

Ni a los Altos, ni a León ni a Guadalajara “se les van a dar agua, como afirman los impulsores del proyecto, se les va a vender. Un ejemplo de los costos innecesarios que implican este proyecto es Lagos de Moreno, que puede complementar su abasto urbano tomando, por gravedad, agua de la Presa del Cuarenta; con El Zapotillo tendría que dejarla correr más de 120 kilómetros y bombearla más de 400 metros de altura para regresarla, además de comprarla y construir un ramal –acueducto- de distribución para la ciudad, solución por demás ineficiente”, añade.

La solución que expresa el documento en poder de López Obrador es la siguiente: “Hoy, el escenario óptimo es cancelar el trasvase y dejar la presa como reserva de agua para el Área Metropolitana de Guadalajara y los Altos, a una altura que no inunde al poblado de Temacapulín. León y Guanajuato pueden aprovechar el potencial de la sierra de Lobos, respetar los volúmenes concesionados, eficientar el riego de sus agricultores y disponer de los ahorros de agua superficial y subterránea”.

Lo más importante, añade, “es que Jalisco –y el país– asuman con seriedad un enfoque de gestión integral del agua atendiendo a las posibilidades sustentadas en la ciencia –donde el manejo sea verdaderamente integral y a nivel de cuencas– realizando un ordenamiento hídrico, reconociendo las múltiples actividades que se desarrollan en un territorio (agrícolas, ganaderas, forestales, servicios, mineras; procesos de urbanización; instalación de industrias, entre otras) y afectan de una u otra forma al ciclo hidrológico. De ahí la necesidad de abarcar varias dimensiones (biofísicas, sociales, económicas, etc.) por estar estrechamente vinculadas entre sí”.

También destacan que “está reservada el agua superficial de la cuenca del río Verde sólo para uso doméstico y público urbano, afectando los derechos de los demás usuarios y el derecho humano a la alimentación”; que la cuenca del río Verde es deficitaria, pues “en esta cuenca la gran mayoría de sus acuíferos están sobreexplotados y se tiene desconocimiento hidrogeológico total de los mismos”. La paradoja es que “simultáneamente se tienen vedas vigentes y un decreto de reserva de ‘agua que sobra’. “El sector agropecuario de los Altos quedaría sin acceso a mayores volúmenes agua para producir alimentos, a diferencia las industrias asentadas en el área conurbada de León, Guanajuato”.

Encuentro, pronto

El presidente Andrés Manuel López Obrador ha designado a personal de su equipo para establecer el contacto con los activistas alteños y ponderar las ventajas y desventajas de su propuesta de cancelar el trasvase El Zapotillo- León. La cita será en los próximos días
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FRASE

“El proyecto de abasto no tiene un sólido sustento técnico, ni social y sólo existe para justificar la privatización del agua bajo el mecanismo de inversiones público-privadas”

Extracto de la información entregada al presidente

Protegen a El Bajío acciones ciudadanas

Agustín del Castillo/Guadalajara-NTR

El Bajío del Arenal, una depresión que funciona como zona de amortiguamiento del Bosque La Primavera entre la vertiente norte del cerro de El Colli y los pasos de las carreteras a Nogales y el Periférico poniente, ha sido afectada en alrededor de un centenar de hectáreas por dos grandes proyectos: el complejo del estado Chivas y la Villa Panamericana, así como pequeños desarrollos inmobiliarios, complejos educativos y comerciales, pero preserva arriba de mil 100 hectáreas en breña en las que se mantiene la función de recarga de agua que ha sido documentada como la más importante de la zona.

No ha sido necesario, hasta ahora, que el gobierno estatal genere decretos de protección similares a los que se disputan en la zona de El Tajo; ha sido un trabajo ciudadano intenso lo que ha detenido la enorme presión transformadora del territorio que detonó el proyecto de Chivas bajo el poder e influencia de Jorge Vergara Madrigal, quien se hizo de derechos ejidales de Jocotán y logró integrar un amplio paño de terrenos donde se albergó el estadio de futbol y amplios estacionamientos entre 2005 y 2010, cuando el magnífico coso deportivo fue inaugurado.

La segunda fase de la transformación de El Bajío sería la Villa Panamericana, cuya construcción se definió en 2009 y culminó en 2011, cuando se hizo la justa deportiva continental con sede en el estadio también conocido como Omnilife o Akron, pero a raíz de las preocupaciones de los vecinos del área, lo que se pensaba como un modelo de negocios que permitiría detonar una zona con altas posibilidades en el poniente de la ciudad, se convirtió en pesadilla para los inversionistas: los colonos y diversas organizaciones han detonado desde entonces cinco juicios de amparo, dos juicios administrativos, un juicio mercantil y dos denuncias penales por las presuntas irregularidades de la Villa Panamericana.

Esto ha congelado casi ocho años cualquier posibilidad de mercantilizar la zona. Para los ambientalistas, ha permitido mantener abierto el debate sobre el mejor futuro del área, en que se priorizaría dejarla con una presencia humana reducida y escasa transformación.

Los juicios administrativos 67/2011 y 82/2011, en las salas cuarta y quinta del Tribunal de lo Administrativo del Estado (TAE), buscan anular las licencias municipales de construcción y habitabilidad expedidas por el Ayuntamiento de Zapopan en 2009, bajo la administración de Juan Sánchez Aldana; los dos juicios lograron suspensiones legales, por lo que todo está congelado y no puede utilizarse ningún departamento. Los promotores son los vecinos de Rancho Contento, la asociación Parlamento de Colonias y la agrupación Conciencia Cívica.

En esos juicios el planteamiento es la demolición de la Villa Panamericana.

Existen cinco juicios de amparo y dos denuncias penales ante la Fiscalía General del Estado (FGE) y la Procuraduría General de la República (PGR). En uno de estos se denuncia el presunto desvío de recursos del Instituto de Pensiones del Estado de Jalisco (Ipejal), cuyo fondo de pensiones aportó 500 millones de pesos, y del entonces Instituto Promotor de la Vivienda (Iprovipe), que aportó 740 millones de pesos para financiar la edificación.  Esa inyección monetaria sirvió para rescatar a inversionistas privados que con los juicios, no podrían rescatar sus recursos pronto. Pero dejó en predicamento recursos públicos hasta la fecha.

Además, existe un juicio mercantil que derivó en sentencia para rescindir el contrato del fideicomiso de la Villa Panamericana, aunque sigue en fase de apelación.

Este entramado legal ha obstaculizado los planes parciales que pretenden detonar el desarrollo urbano en la zona.  El plan parcial del Distrito 9, "Base Aérea-El Bajío", atiborra la zona, que es el sur de ese polígono, de usos habitacionales medios a bajos, usos industriales y de servicios turísticos, infraestructura educativa y espacios verdes, pero no se han podido emitir permisos porque en particular, los amparos 2401 y 2060 del año 2013, promovidos por ciudadanos ligados a los fraccionamientos aledaños y al Parlamento de Colonias, suspendieron la aplicación de ese instrumento, después de lo cual la lucha se ha debido dar en los tribunales.

La cuenca de El Bajío está definida como zona de transición urbana, con protección de recarga de agua y de áreas verdes, pero también de reserva urbana, de acuerdo a la zonificación general del Plan de Ordenamiento Territorial Metropolitano (POTmet).

Casi ocho años después, la Villa Panamericana permanece solitaria, pero los fraccionamientos que "se colaron" antes de las suspensiones están ocupados, y además, el espacio ha detonado planteles escolares al alza, no obstante la incongruencia ética de enseñar y depredar: es el caso del Colegio Franco Mexicano, del Instituto Tecnológico Superior de Zapopan, de la Universidad Cuauhtémoc, del Colegio Pedregal o del Colegio Signos.

Celebran con jornada de limpieza

Para celebrar el 39 aniversario del Bosque La Primavera como área de protección de flora y fauna, ayer se realizó una jornada de limpieza en el Rancho Ecoturístico Río Salado.

Durante la jornada, las 10 brigadas conformadas por personal que labora en el Organismo Público Descentralizado Bosque La Primavera, el sector empresarial y ciudadanía en general, recolectaron cerca de 17 costales de basura.

El objetivo es fortalecer la estrategia para conservación del bosque y reducir el impacto negativo de la basura en el área de la reserva.

El abandono de residuos se ha convertido en un fenómeno generalizado en entornos naturales. Una de las consecuencias derivadas de este tipo de malas prácticas es el aumento del riesgo de incendios forestales.

Zona de amortiguamiento

1,300 hectáreas es la superficie aproximada de El Bajío del Arena

100 hectáreas conforman la zona ocupada por el complejo de Chivas, diversas escuelas y fraccionamientos

5 años cumplió el amparo contra el plan parcial de la zona; cinco, el freno a la Villa Panamericana

Alteños piden a AMLO anular trasvase a León

Agustín del Castillo/Guadalajara-NTR

Hoy se presenta el Manifiesto de los Altos de Jalisco. Agrupaciones civiles y eclesiásticas, académicas y empresariales, clubes sociales y organismos de productores, rancherías y ciudades, se unen para pedir al presidente Andrés Manuel López Obrador que se cancele el trasvase de agua del río Verde a la ciudad de León, en Guanajuato, porque dañaría a una región de 807 mil habitantes que aporta un quinto de la proteína de origen animal -leche, huevo, cerdo, aves- que consume el país.

En un contexto de ruido excesivo y contradicciones, los representantes de 20 municipios subrayan la preocupación por las señales enviadas por integrantes del equipo del presidente, en particular, el caso de Alfonso Romo, jefe de la Oficina de la presidencia, quien el 1 de marzo se comprometió en la ciudad de El Bajío a llevar el agua del Verde a través del acueducto que Abengoa no construyó en la anterior administración. En contraste, los activistas por Temacapulín, Acasico y Palmarejo, fueron recibidos esta semana en la Secretaría de Gobernación y funcionarios se comprometieron a preservar sus pueblos de la inundación que provocaría la Presa El Zapotillo.

“A pesar de ser una zona semidesértica (…) la hemos convertido en la principal región productora de alimentos de origen animal del país y cualquier afectación al sector agropecuario, como despojarlo del agua, producirá un gran impacto negativo social, ambiental y económico con graves repercusiones a nivel nacional e incluso internacional, gracias a la gran aportación de alimentos que producimos: 12.4 por ciento en leche de bovino, 48.3 por ciento en huevo de plato, 26.8 por ciento en carne de cerdo, 11.7 por ciento en carne de bovino y 16.7 por ciento en carne de ave”, todos, porcentajes de la producción nacional.

La amenaza deriva del decreto presidencial publicado en el Diario Oficial de la Federación el 7 de abril de 1995, “que reserva las aguas superficiales de la cuenca del río Verde sólo para usos doméstico y público urbano (lo que dio origen al proyecto presa y acueducto El Zapotillo) lesionando con esta restricción los derechos de los usos pecuario y agrícola -entre otros- indispensables para la producción de alimentos”.

PANORAMA SOMBRÍO

Actualmente, 12 de los 17 acuíferos de la región se encuentran sobreexplotados y las aguas superficiales están reservadas por el decreto antes mencionado, “lo que está generando un grave problema al sector agropecuario y que afectará de manera importante la producción de alimentos, además de la pérdida de empleos y el modo de vida de los más desprotegidos, agravando la migración campo-ciudad, entre otras afectaciones”.

En cambio, León, en Guanajuato, “no presenta actualmente problemas en el abasto de agua, ya que provee en 98.9 por ciento del agua a sus habitantes, además de tener otras opciones de abasto dentro de su estado”.

Por ello, “le pedimos de la manera más atenta, se inicien las gestiones correspondientes para la cancelación del pretendido trasvase Los Altos-León y se evite la inundación de las tres poblaciones amenazadas por la construcción de la presa. Que como presidente de la República, desde un enfoque de seguridad hídrica; desde el vínculo entre agua, desarrollo, energía y alimentación; en un escenario de cambio climático y desde la tutela prevista en el principio precautorio, en términos del artículo cuarto constitucional y lo establecido en la Ley de Aguas Nacionales, cancele el decreto de reserva de aguas del río Verde publicado en el DOF el 7/04/1995 por lesionar nuestros legítimos derechos”.

También, que “se declare de interés público la cuenca del río Verde y los Altos de Jalisco. Se atienda de manera prioritaria la problemática hídrica en la región alteña, sus acuíferos y su cuenca, en virtud de la escasez de agua y ordene la elaboración de un programa de ordenamiento hídrico en los términos de la segunda recomendación del Observatorio Ciudadano para la Gestión Integral del Agua para el Estado de Jalisco (OCGIAEJ) y sea elevado a rango de ley”.

Son organizaciones integrantes de la Alianza Cívica Alteña para la Defensa de los Derechos y el Agua, que preside Cinthia Paloma Macías Muñoz

La integran un grupo de gobiernos locales: los ayuntamiento de San Juan de los Lagos, Tepatitlán de Morelos, Lagos de Moreno, Encarnación de Díaz, Unión de San Antonio, Jalostotitlán, Cañadas de Obregón

Asociaciones ganaderas locales de San Juan de los Lagos, Jalostotitlán, San Diego de Alejandría, San Julián, San Miguel El Alto, Teocaltiche, Tepatitlán,  Unión de San Antonio, Villa Hidalgo, Bajío de San José, Acatic, Arandas, Atotonilco, Encarnación de Díaz, Ojuelos, Jesús María, Valle de Guadalupe y Cañadas de Obregón; ejido Agua de Obispo; Unión Ganadera Regional de Jalisco, Unión Regional de Porcicultores de Jalisco; Ovinocultores de San Juan de los Lagos, Foro Ganadero de Jalisco, Silvicultores de Los Altos AC

Centro Universitario de Los Lagos (UdeG), Sanjuanenses Unidos por el Bien de Todos, López Brockmann y Asociados SC, Círculo Histórico y Cultural Entre Amigos, Caballeros de Colón de San Juan de los Lagos, Colegio de Ingenieros y Arquitectos de San Juan de los Lagos, Consejo Regional para el Desarrollo Sustentable AC, Asociación de Hoteles y Moteles AC, Asociación de Arquitectos e Ingenieros AC, Colegio de Arquitectos del Estado de Jalisco AC, Asociación de Abogados AC, Cámara de Comercio y Servicios Turísticos

Delegaciones Alteñas de Copatrmex, Tierra Viva SPR, RMANOL SPR, Siempre Puedes Ayudar AC, Asociación de Alumnos de la Universidad de Guadalajara sede San Juan de los Lagos, Colegio de Médicos del Estado de Jalisco AC, Deseos del Corazón A.C., Cooperativa Pedro Ezqueda, Consejo de Cronistas e Historiadores del Estado de Jalisco

Comunidades y ranchos: La Providencia, Las Cuatas, Agostadero, Trujillos, Tepozán, El Refugio, Estación San Juan, El Terrero, La Zagala, El Rodeo, La Carmenta, Santa Rosa, La Corriente, Verdolagas, Carrizo Norte, Cerro de las Liebres, El Matadero, El Mezquite, El Jaral, El Ternero, San José de  la Calera, El Húmedo, Los Portales, El Chamacuero, Los Charcos, La Jara de Jiménez, Vaquerías, Cerro de San Diego, El Mixtón, La Cajuela, La Purísima, Las Antenas, Hacienda Las Negritas, Casas Viejas, Carrizo de Arriba, Carrizo de Abajo, La Labor de Padilla, La Ronera, Los Aguirres, Estancia Vieja, Estancia Vieja de Abajo, Los Tanques, El Tepozan, Trujillos de Abajo, La Labor, La Palma, El Tecolote, Santa Teresa, El Duarte, San José, El Sauz, Los Mezcales, Alto de Encinillas, La Laja, Paso Hondo, Miranda

12 de los 17 acuíferos de la región de los Altos se encuentran sobreexplotados

CEDHJ recibe quejas vs. García Estrada

Agustín del Castillo/Guadalajara-NTR

La Comisión Estatal de Derechos Humanos Jalisco (CEDHJ) ha recibido la queja del ciudadano Salvador Martín Alba Suárez en contra del magistrado del Tribunal de Justicia Administrativa (TJA), Armado García Estrada.

El morador de una finca en la calle de Otranto, en Providencia, que fue destruida tras la construcción de una torre que primero escarbó al menos dos desniveles y habría afectado la estructura del inmueble que adquirió Alba Suárez en 1986, ganó un juicio que ordenaba la demolición de la nueva edificación, pero García Estrada, desde la Cuarta Sala,  habría actuado a favor de los intereses de la empresa Sagnes Constructores SA de CV, con diversos recursos jurídicos que según la defensa del afectado, no cubren los requisitos de legalidad, por lo que se podrían configurar conductas abusivas en el ejercicio de las facultades y atribuciones del funcionario judicial.

García Estrada habría dado curso a un juicio de nulidad (1383/2016), pero el 14 de julio de 2016, la Quinta Sala lo acumuló al juicio de lesividad 1316/2016 y posteriormente resolvió, el 15 de marzo de 2017, sentencia definitiva a favor de Alba Suárez y el Ayuntamiento de Guadalajara, “en donde se declaró procedente la nulidad de los actos impugnados y se ordenó la demolición de la construcción que fue levantada en auxilio a los documentos controvertidos en el juicio, además se resolvió el juicio de nulidad que se acumuló al citado de lesividad, por lo que ambos procesos actualmente se encuentran concluidos”, le señalan en la denuncia presentada al ombudsman. La empresa interpuso un recurso de apelación (579/2017) en el que se revoca la sentencia en su contra por parte del pleno del TJA.

“Inconforme con tal determinación, interpuse un juicio de amparo directo, el cual se ventiló bajo el expediente 376/2017 en el Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa, en donde a la fecha se me concedió el amparo para el efecto de que se considerara que la licencia mayor de construcción según su fecha de emisión, sí era susceptible de ser impugnada mediante el juicio de lesividad propuesto […] a la fecha se ha intentado dar cumplimiento por parte de la responsable a la sentencia protectora por medio de una sentencia dictada el 9 de octubre de 2018 dictada por el pleno del TAE (TJA)”, en la cual los magistrados aseguran que esa sentencia de amparo ya fue cumplida, por lo que el afectado interpuso otro recurso, esta vez de inconformidad, bajo el número de expediente 01/2019, además de un juicio de amparo, 04/2019, en busca de que se reconozca la vigencia de la suspensión que ordenaba demoler la torre.

En particular, la acusación contra García Estrada, deriva de que el funcionario debió omitir su participación en el tema tras la acumulación del juicio de nulidad a favor de la quinta sala. Pero no obstante, el magistrado, en fecha tan reciente como el 12 de diciembre de 2018, “dictó orden para los efectos de que el Ayuntamiento de Guadalajara levantara los sellos de suspensión de obra que fueron colocados con motivo de la orden dada por la H. Quinta Sala Unitaria del TAE”, lo que a juicio del quejoso es revelador de una conducta proclive a favorecer a su contraparte y afectar sus derechos humanos.

La petición entregada a la CEDH es que se abra un expediente de investigación contra Armando García Estrada, un funcionario que no por primera ocasión se ve cuestionado públicamente por los efectos de sus acciones legales.

Asume Semadet defensa de El Tajo

Agustín del Castillo/Guadalajara-NTR

La nueva administración estatal reconoce la importancia del decreto de zona de recuperación ambiental que emitió el gobierno del estado para el cerro de El Tajo, en la colindancia surponiente del Bosque La Primavera, y encuentra fundamental defenderlo de los cinco amparos vigentes que permanecen por parte de empresas inmobiliarias y particulares, dijo a el Diario NTR Guadalajara el titular de la Secretaría de Medio Ambiente y Desarrollo Territorial (Semadet), Sergio Graf Montero.

“El cerro de El Tajo es una unidad territorial muy importante porque es prácticamente parte del área protegida de La Primavera, es una continuidad del mismo bosque, entonces su gestión integrada es importante para la propia área protegida”, dijo.

Graf Montero reconoció que la acción de defensa de esa montaña que culminó en el decreto de enero de 2018 sobre casi mil 690 hectáreas, debe ser sostenida porque la calidad boscosa de la montaña y su problemática ligada al riesgo justifican ese enfoque de protección. “En esta administración seguimos la defensa de este decreto, seis amparos de los cuales uno ya se resolvió a favor del estado; se trata de seguir defendiendo el acto de autoridad que se estableció”, señaló el funcionario.

Agregó que no es necesariamente la misma estrategia para rescatar la llamada área de amortiguamiento. “Aquí lo que hay que ver es el valor ambiental de cada sitio en función al bosque; en el caso de El Tajo es una continuidad, pero habría que verificar si otros sitios pueden dar para determinar ese tipo de decretos, o bien utilizar los instrumentos de los ordenamientos ecológicos territoriales para mantener la conectividad de La Primavera. Debemos recordar que el tema de la zona de amortiguamiento nunca estuvo reflejado en un aspecto legal, y se trata de ser creativos y utilizar diversos instrumentos para disminuir la presión sobre el bosque; los vamos a usar”.

Se refirió también al tema de los riesgos que conforman la justificación del decreto. “La Primavera es una zona volcánica, tiene inestabilidad, por lo tanto no debe urbanizarse en zonas con estos riesgos; también hay que pensar en que cualquier cosa que se haga debe ajustarse y no dañar las funciones ecosistémicas; en todos los pies de monte hay zonas de alta infiltración de agua muy importantes para la ciudad. Entonces no podemos perder de vista esos tres temas: mantener la regulación ecosistémica, prevenir el riesgo y mantener la infiltración; esos deben regir el criterio de urbanización” o de cualquier forma de presencia humana hacia el área protegida.

Pero no es el caso de otros puntos fronterizos con el polígono protegido, advirtió. “Muchas zonas de La Primavera ya están urbanizadas y bloqueadas; por ejemplo, es difícil mantener la zona de El Tepopote abierta como corredor cuando hay fraccionamientos consolidados y pasan cuatro carreteras. Entonces hay que identificar bien dónde puedes generar continuidad terrestre y de otros tipos, y con base en esos diagnósticos, buscar el uso de instrumentos para asegurar la continuidad de La Primavera”.

Al interior del polígono, agregó, se busca “consolidar la gestión; hay seis millones de pesos más, aparte del gasto operativo, para acciones de manejo, para manejo del fuego, para saneamiento de muérdago, para establecer instrumentos necesarios de la gestión, porque antes solo salía solo dinero para salarios, en 98 por ciento; vamos a seguir incrementando el presupuesto del bosque para que la gestión se consolide”.