Defensores del bosque El Nixticuil se enfrentan con taladores de árboles

Acusan a Zapopan de propiciar deforestación. Policías hicieron caso omiso de denuncias de los ecologistas

Bosque El Nixticuil. Los responsables de la tala que afecta a la zona argumentaron que tienen permiso municipal. Foto: Giorgio Viera

Guadalajara. Agustín del Castillo. PÚBLICO-MILENIO

En roces, empujones y gritos terminó ayer por la mañana un tirante diálogo entre trabajadores de la fraccionadora El Tigre, que retiraban árboles en las inmediaciones de la prolongación avenida Ángel Leaño, y miembros del comité salvabosque Tigre II, luego de que estos denunciaran ante la prensa la depredación, de la que responsabilizaron al Ayuntamiento de Zapopan.
Sofía Herrera, integrante de la organización ciudadana, aseguró ayer por vía telefónica que se trató de una agresión encabezada por un individuo que se identificó como José Saúl Padilla López, y su cuadrilla de trabajadores. También acusaron a la policía de Zapopan de no intervenir pese a la oportuna petición, y de “querer voltearles la tortilla”, al señalarlos como agresores.
Padilla López “se portó de forma prepotente, agredió verbalmente, y luego llevó a doce de sus trabajadores y los incitó a la violencia con palos y hachas; le quitaron un celular a un compañero y lo arrojaron a la calle; a otro le aventaron la cámara de video con la que grabábamos todo”, explicó la activista.
Los hechos fueron alrededor de las 10:30 de la mañana, cuando “acudimos al camellón de dicha avenida a reunirnos con compañeros de los medios de comunicación para documentar la tala de los árboles que en ese momento se estaba realizando”.
Tras padecerse la agresión, agregó Sofía Herrera, “se solicitó la intervención de la Policía de Zapopan —patrulla Z-805—, quienes después de 20 minutos llegaron al lugar, y aun después de mostrarles la grabación de las agresiones, se fueron, argumentando que no podían hacer la detención de los agresores porque nadie presentaba lesiones graves, no había corrido sangre…”.
Luego del incidente, “los trabajos continuaron realizándose sin ningún tipo de restricción, y sin la detención de ninguno de los trabajadores; lejos de ello, los oficiales de policía regresaron a tratar de amagar al Comité diciendo que habían recibido un nuevo reporte señalándonos a nosotros como agresores y por el supuesto robo de la herramienta con la que se estaban realizando los trabajos”, añadió.
A juicio del Comité Salvabosques, es manifiesta la complicidad de la autoridad municipal en los hechos. “Denunciamos públicamente […] a fin de que se documenten las acciones de destrucción y despojo que el municipio está llevando a cabo de forma arbitraria en nuestras colonias, así como los mecanismos que emplea para criminalizar la defensa que la comunidad hacemos de nuestros espacios”, señalan en un comunicado de prensa, el cual da acceso a un video con los hechos, que se puede ver en la siguiente liga: http://www.youtube.com/watch?v=WHFmkhGuenU.
Los miembros del comité salvabosque exigen detener la tala que afecta a la zona de El Nixticuil, y anunciaron que interpondrían ayer mismo una queja ante la Comisión Estatal de Derechos Humanos “para que dicte las medidas cautelares para detener estas agresiones”.
La tala irregular empezó el sábado 14 de marzo, día en que los taladores argumentaron que “se debe a la ampliación de dicha avenida y que cuentan con el permiso de la Dirección de Parques y Jardines de Zapopan. Señalaron también que el permiso es para la tala y poda de 29 árboles de entre tres y siete metros de altura, para lo que pagaron previamente 5,321.50 pesos”.

Las Joyas: nahuas se quejan de exclusión

Se consideran “terceros perjudicados” en pleito por terrenos; acusan a Conanp y a UdeG de secuestrar la participación en sierra de Manantlán

Guadalajara. Agustín del Castillo. PÚBLICO-MILENIO

Algunos líderes sociales de la comunidad nahua de Ayotitlán y activistas de derechos humanos reclaman ser considerados como “terceros perjudicados” en el conflicto por la propiedad de la estación científica de Las Joyas, en la sierra de Manantlán.
En diversos escritos entregados a este diario, firmados por el presidente de la red jalisciense de Derechos Humanos, Óscar González Garí; por líderes de la zona indígena, como Víctor Manuel Ramírez, Juan Mancilla, Daniel Ramos Elías, Roberto Covián y Héctor Campos; por el ex director de Manantlán, Martín Gómez García, entre otros, establecen la necesidad de que se reconozcan derechos de las comunidades agrarias, pues insisten —contra la opinión del gobierno de Jalisco y de la Universidad de Guadalajara— en que Las Joyas es un área natural protegida estatal, y no sólo un predio enclavado al interior de la principal zona núcleo de esta reserva de la biosfera federal.
El primer escrito, firmado por indígenas, fue entregado el pasado mes de febrero tanto al gobernador Emilio González Márquez como al rector sustituto de la casa de estudios, Marco Antonio Cortés Guardado, “pues en su demanda de amparo se olvidaron, como es ya costumbre, de llamarlos a comparecer [a los nahuas] como lo que son en este último litigio: terceros perjudicados. Al no ser llamados por el racismo subliminal y explícito de dichas autoridades al juicio, ellos han decidido comparecer y apersonarse directamente para acreditar su legítimo derecho, personalidad e interés jurídico”, advirtió González Garí.
La alusión es al amparo contra el juicio civil que “despojó” legalmente de la propiedad de Las Joyas al estado, en favor de un grupo de propietarios con una escritura espuria y actos de posesión precarios (Público, 22 y 23 de enero de 2009).
El activista explicó que la Red Jalisciense de Derechos Humanos y la Unión de Silvicultores de la Sierra de Manantlán, AC, “seguimos también con nuestro amparo contra el decreto del Congreso que autorizó la transferencia de Las Joyas del gobierno del estado a la UdeG, mediante un comodato a 99 años. El amparo está en revisión en el Tercer Tribunal Colegiado en materia Administrativa del Tercer Circuito, con sede en Guadalajara, desde el año 2007 y no ha sido resuelto todavía”.
En una carta posterior, critican “la visión que exponen los dos grupos de poder antagónicos de la UdeG y la Conanp [Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas], en torno al control de la reserva […] como si la conservación de los valores naturales dependiera de un arreglo entre las dos facciones y no de mecanismos públicos y democráticos de representación de las comunidades dueñas de las tierras que forman la sierra (en alusión al tema aparecido en Público el pasado 5 de marzo de 2009).
Estos mecanismos, agregan, “son indispensables para acordar, evaluar y validar o rectificar las formas de preservar la riqueza natural de esta región, asegurando el desarrollo a los dueños ancestrales de este territorio […] la visión de los derechos que tienen las dos facciones, es la de disponer de recursos sin rendir cuentas, ni entregar los resultados obligados”.
Cuestionan a la Conanp, pues “se arroga atribuciones excesivas, para imponerse por la fuerza, de manera ilegal y sin la legitimidad de la eficacia en la solución de problemas, violentando derechos elementales de las comunidades e incumpliendo reiteradamente obligaciones generales para toda la administración pública: la de la transparencia, la probidad, la atención y en general, la solución de los problemas que son de su competencia. Es indispensable preguntarse cuáles son los resultados de la administración de la reserva, frente a las atribuciones y los recursos ejercidos y por qué no se han trasparentado las auditorías realizadas por desvío de recursos”.
Por su parte, “los representantes del grupo de académicos que han usufructuado el manejo de la reserva, buscan presentar a la Conanp como los responsables únicos del desastre que es la gestión de la principal área natural protegida del occidente del país. Hasta ahora no han presentado los resultados de las obligaciones que asumió la UdeG, para generar conocimiento aplicado al manejo sustentable de recursos naturales y la conservación de la biodiversidad”, añaden.

Sagarpa le entrará a la conservación del jaguar

El secretario pide a las ONG propuestas prácticas para todo el país para garantizar el rescate de la especie

Es urgente la acción conjunta de ONG, gobiernos y dueños de ranchos para salvar a la especie. Foto: Érik Saracho, Alianza Jaguar AC

Guadalajara/Agustín del Castillo. PÚBLICO-MILENIO

La Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación (Sagarpa) está dispuesta a debatir y ampliar su participación en las estrategias de control ganadero que buscan rescatar zonas de selva y bosque del país para la conservación del jaguar, dijo ayer el titular de la dependencia, Alberto Cárdenas Jiménez.
El funcionario reconoció que conoce del asunto desde que fue titular de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat), y que ya hay acuerdos en marcha que pueden ser ampliados y consolidados.
"El esquema que se planteó en aquel tiempo lo seguiríamos nosotros refrendando, apoyando, estimulando para que no maten a los jaguares, que es uno de nuestros animales nacionales emblemáticos y que debemos de cuidarlo a su máxima expresión", explicó a Público en su visita a la Expo Guadalajara.
Esto pasa por "exhortar a todos los que tiene ranchos en zona de jaguar a que esperen de la Sagarpa junto con la Semarnat un estímulo, de tal forma que no vayamos a acabar con la especie. Y si es necesario que generemos algún fondo adicional, yo quisiera ver el planteamiento por parte de las organizaciones ambientalistas o bien por la Semarnat para ver cómo nos acomodamos; estamos en la disposición total y absoluta".
Se habla del seguro ganadero, pero también se habla que es importante que la ganadería extensiva sea ordenada, estabulada, para que no entre a la selva, para evitar estas muertes al atacar el ganado…
Sí, dentro de lo que sea posible hay que avanzar, dentro de un esquema práctico, pero también hay que ver las realidades y meter mucho la gradualidad; yo digo que en algunas zonas donde sea extremadamente necesario cuidar, ahí habría que implementar esto en lo particular.
- ¿Como es el caso de sierra de Vallejo?
- En Nayarit, cómo no; yo quisiera repasar nuevamente el tema; estamos aquí bien dispuestos a entrarle con alguna pequeña parte mientras también los estados y las organizaciones no guberamentales, se pongan también de acuerdo, para respetar el medio ambiente.
- Entonces, ¿qué les pediría a las organizaciones protectoras del jaguar?
- Que nos hagan planteamientos, y no solo en Vallejo, yo quisiera ver sobre el tema en todas las zonas del país que son importantes para el jaguar.

ONG esperanzada
La declaración de Cárdenas Jiménez generó la misma tarde de ayer, esperanzas en los conservacionistas.
"Las personas que trabajamos en al menos 17 estados de la república por la conservación del mayor felino de América, compartimos esta problemática y la certeza de que hoy es una de las principales amenazas que se origina por una combinación de caza indiscriminada de las presas naturales del jaguar y prácticas ganaderas extendidas en las tierras de jaguar, impulsadas por políticas federales durante décadas", dijo a este diario Erik Saracho Aguilar, director de Alianza Jaguar Nayarit, que impulsa el rescate del felino en sierra de Vallejo, en los límites con Jalisco.
Recordó el paso del ex gobernador de Jalisco por la Semarnat, cuando "atendió puntualmente los encuentros de especialistas de jaguar a nivel nacional (…) y conoció esta problemática desde este lado -el de los interesados en la conservación del jaguar y sus hábitat-; ahora como titular del otro lado -interesado en una eficiente producción de alimentos a través de la ganadería- se manifiesta a favor de que su Secretaría asuma la responsabilidad de su actividad".
Es decir, hacer "ganadería responsable ambientalmente hablando; los ganaderos afectados por el jaguar suelen verse a sí mismos como víctimas y exigen soluciones, no siempre es fácil que acepten que la tierra donde hacen ganadería es y ha sido siempre 'tierra de jaguar' y que ellos deben de asumir esta realidad como parte de los riesgos de su actividad ganadera en selvas, esteros, bosques tropicales o cualquier otro hábitat en el que los jaguares (y los demás depredadores naturales) habitan", añadió.
La metodología para atender casos de depredación de ganado por jaguar "ya se está trabajando como tema prioritario desde el subcomité técnico del jaguar y forma parte integral del Plan de Acción para la Conservación de Especies; esperemos que este año se pueda atender esta problemática a nivel nacional mediante el trabajo coordinado de la Sagarpa y la Semarnat, sólo con esta transversalidad lograremos que las políticas de estado sean congruentes y realmente sustentables".
En Nayarit, Jalisco y Michoacán, "la Alianza Jaguar apoyará a estas dos secretarias para aplicar programas en las comunidades de base con el ánimo de lograr la conservación del jaguar y la biodiversidad que arropa como especie paraguas, al tiempo que apoyará a los ganaderos a que realicen una ganadería más moderna y responsable; una ganadería sustentable, respetuosa de los procesos naturales y de las especies prioritarias como el jaguar".

Queremos Las Joyas “de buena fe”: particulares

Juicio civil por la estación científica en Manantlán ; “nuestras escrituras, buenas”, dicen, pero “no buscamos despojar” a la UdeG

Tomás Zamora López dice ser víctima de una campaña de linchamiento y mentiras. Foto: Marco A. Vargas

Ahuacapán, Autlán. Agustín del Castillo. PÚBLICO-MILENIO

Tomás Zamora López y Aurelio López Garibay encabezan al grupo de presuntos propietarios, —en su mayor parte, moradores de Ahuacapán, al pie de la sierra de Manantlán— que obtuvieron del juez segundo civil de Autlán una sentencia favorable de usucapión o prescripción positiva, que les reconoce la propiedad de casi 2,580 hectáreas que están en posesión de terceros en la sierra. Entre esos predios, el de la estación científica de Las Joyas, de la Universidad de Guadalajara (UdeG).
Sin embargo, al abordar el asunto con Público, los dos alzan los ojos con indignación: aseguran no querer el pleito con la casa de estudios y el gobierno del estado, y por el contrario, se dicen víctimas de una campaña de linchamiento y “mentiras”.
Sus argumentos: la escritura que sustenta sus derechos deriva de una compra real hecha a un personaje famoso, Rodolfo Longinos Vázquez, de pasado maderero, quien es señalado por sus críticos de haber “pelado” la sierra.
“Ese señor todavía vive, en Guadalajara; se enjuició contra Manuel Valencia Castillo, que era hijo del mero dueño de la hacienda Ahuacapán, y le ganaron el juicio […] entonces, el señor Vázquez se molestó y le dijo: cuánto vale tu propiedad; pos vale tanto, le dice Manuel; y le compró las tierras”, explica don Tomás.
—¿En qué año fue eso?
—Fue en 1955; el señor Vázquez le compró toda la sociedad, escritura con historial completo, y así los Valencia se quedaron sin nada […] todavía no habían desglosado lo que había agarrado [Secretaría de Reforma Agraria] para el pueblo de Ahuacapán, Barranca de la Naranjera y Cuzalapa; después de restarle, le quedaron 2,580 y tantas hectáreas, entonces nosotros solicitamos ahí por tierras ociosas, y nos dieron chance que nos metiéramos, hicimos casas y al último nos quemaron todo.
—¿Quién se las quemó?
—El gobierno, subieron unos rurales por parte de los Valencia, aunque no tenían ya derechos. Fue hace como 30 años, total que nosotros anduvimos peleando porque sabíamos que ellos ya no tenían nada […] fuimos a Guadalajara, fuimos al Departamento Agrario, nos hicieron un vaciado y quedaron únicamente lo que le restaba a Vázquez, entonces buscamos a Vázquez y le compramos en 1986; fuimos a México, y publicamos en el Registro Agrario Nacional también.
—Pero en 1986 el gobierno de Enrique Álvarez del Castillo le compra a los Valencia precisamente la zona de Las Joyas.
—Exactamente, pero nosotros fuimos y solicitamos y ellos no tenían nada, los Valencia de dónde le vendían si ya habían vendido todo.
—¿Recuerda cuánto le pagaron a Longinos Vázquez?
—Ya no me acuerdo bien, pero tenemos las escrituras, bien hechas aquí o en Rusia, como nos dijo el notario…
—Pero las escrituras de ustedes, hay documentos que lo prueban, fueron canceladas por un juez en Ameca, hace 20 años…
—No, no están canceladas; se llevaron el cuadernillo a Ameca y allá el juez mandó en su acto tres informes a Autlán para que cancelaran las escrituras, y le contestaban que ‘no ha lugar’, y todavía aparece esto; tenemos 80 años pagando los impuestos…
—Ustedes van al Juzgado Segundo de lo Civil de Autlán en 2006 y reclaman la prescripción, bajo el supuesto de que tienen la posesión…
—Sí.
—¿Cómo se pudo demostrar la posesión si ahí la Universidad tiene instalaciones y alambrado y todo?
—Es que ni uno mismo lo entiende [sic], nomás se metieron ahí, fuimos una vez con un notario público, el notario anotó ahí, se hicieron tarugos, no nos atendieron…
—¿Pero cómo se puede acreditar una posesión pacífica, pública y de buena fe si allí hay un tercero que es la UdeG, que está en posesión?
—Pos sí, pero es una cosa que nomás se metieron ahí, y a nosotros nunca nos hicieron justicia…
No salen de esa explicación circular. Les dieron la prescripción porque tenían la posesión; sin embargo, “se les metieron allí”, al predio, y queda sin explicación la prescripción.
—¿Les tienen invadidas a ustedes las posesiones?
—Sí, están invadidas unas partes.

Otras dudas
Más interrogantes: ¿despojaron al gobierno? “Ora nos están demandando, que les dijimos que nos desocuparan inmediatamente y que los fuimos a rondar [al centro universitario], y son puras mentiras, nunca los hemos molestado ni queríamos que se salieran; queríamos que nos tomaran en cuenta”.
—¿Le dieron dinero al juez para que saliera la sentencia favorable?
—No, cómo lo que íbamos a dar dinero, de dónde, si no tenemos; ni al licenciado le íbamos a pagar, le íbamos a dar un 10 por ciento de lo rescatado.
—¿Exigieron al rector del centro que se desalojara Las Joyas?
—No, fuimos allí a ver si nos daban alguna ayuda, no para quererlos sacar […] que nos diera chance de prestarnos una llave para dar una vuelta a todo, y no, nada, que eso no se puede, nada de una llave, nada, y está bien, no se puede, y hasta ahí…
Don Tomás y don Aurelio dicen que nunca pensaron que al mover el asunto, saldría “un avispero”. Dudan que la protección “de la biosfera” sea real, “pues salen muchos camiones con madera, cómo pues”. Son hombres de bien, no vividores, añaden.
—¿Qué es lo que buscan?
—Que nos reconozcan los derechos […] las leyes son para el que tiene centavos y nosotros no tenemos, entonces, buscamos tener un acercamiento, vamos a llegar a un acuerdo y que nos indemnicen algo por así decir, que no nos dejen desprotegidos…

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CLAVES

• La prescripción positiva o usucapión es un juicio civil que entrega al posesionario la propiedad de un predio siempre que éste lo haya detentado “de forma pacífica, pública, de buena fe y a título de dueño” por un periodo determinado

• En el caso del juicio 749/2006 de usucapión, la obtuvieron Tomás Zamora López, Aurelio López Garibay, Esthela Montaño Panduro, Amelia Quiñones Rodríguez, Telésforo Zamora L., Ofelia Álvarez Z., Fausto Zamora Q., Jorge Zamora Q., Feliciano Zamora L., Concepción Chagolla C., Valente Zamora L., Rosario Martínez G., Francisco López G., Ana María Rodríguez C., José López T., Librado Garibay Z., Salvador Corona y Moisés Oregel C.

• Las Joyas se localiza en Autlán, con una extensión de 1,245.92 hectáreas; sus respectivas medidas y linderos constan en las escrituras públicas número 7,183, 7,184 y 7,185, del día 30 de julio de 1984, pasadas ante la fe del notario público número 15, Alejandro Navarro Flores, a favor del gobierno de Jalisco

Calderón arranca segunda fase de la presa La Yesca

Gobernador de Nayarit ve esperanzas de que la obra supere los niveles de marginación en la sierra; el presidente promete cinco mil empleos directos y hasta quince mil indirectos

El presidente revisa la maqueta del proyecto, acompañado de los gobernadores de Jalisco (izquierda) y Nayarit (derecha)

El río Santiago en el punto donde actualmente se realizan las obras de la hidroeléctrica

Hostotipaquillo. Agustín del Castillo. PÚBLICO-MILENIO

Una barranca accidentada, profunda y seca, tallada por una corriente fluvial de historia remota, es el sitio donde se construye una de las megaobras en materia energética de la Administración de Felipe Calderón Hinojosa: la hidroeléctrica de La Yesca, en los linderos de Jalisco y Nayarit.
Allí acudió el primer mandatario ayer por la mañana, para dar banderazo de salida a los trabajos de desvío del imponente río Santiago, el mayor del Occidente mexicano, y comenzar así la edificación de la cortina, que con sus 220.5 metros pudo ser “la más alta del mundo en su tipo”, si no fuera porque China, “con 1,200 millones de habitantes” —¿premisa necesaria?—, levantó otra de 250 metros y ya arrebató el récord anticipado, lamentó el propio Calderón Hinojosa ante el amplio y cautivo auditorio, agobiado por el calor de este abismo situado a menos de 300 metros sobre el nivel del mar.
Horas antes de su arribo, el grupo de convocados —en su mayor parte, trabajadores de la Comisión Federal de Electricidad (CFE) y de la propia obra— era atormentado por decenas de empleados de seguridad, que multiplicaban las esperas bajo el sol y las exigencias disciplinarias y de transparencia; los rostros adustos e indiferentes de los guardianes –poderosos por un momento—, eran tope eficaz a las furias y los reclamos de los samaritanos, muchos de ellos, malhumorados de ir contra su voluntad, como testigos del “presidente del empleo”.
Así, la solitaria y ardiente barranca fue tomada brevemente por toda la fuerza del Estado mexicano.
Esta vez, en el segundo día de gira presidencial por Jalisco, ni sombra de los “poderes fácticos” comunes en la Sierra Madre Occidental —cómo olvidar las cinco cabezas de la víspera, en Ixtlahuacán del Río, otro municipio serrano—; la cadena montañosa levanta sus murallas al pie del río, hacia el norte, y su difícil orografía garantiza la prosperidad de pequeños y grandes emporios del narco, y otras formas de ilegalidad.
Pero la megaobra es esperanza para vencer la pesadilla del “Estado fallido”. En la actualidad, a dos años de iniciada, ya sostiene arriba de tres mil empleos directos y 3,500 indirectos, lo que hizo suspirar al gobernador nayarita, Ney González Sánchez, acompañante de Calderón, por la derrama económica para las comunidades de la sierra, siempre tan dejadas de la mano de Dios.
Ese Presidente, que da “atención de 100 por ciento” a un estado que apenas tiene poco menos de 1 por ciento de la población del país, fue celebrado por el ocurrente jefe del Ejecutivo nayarita, pragmático en materia de relaciones partidistas, quien además, presumió que en Nayarit no hay despidos por la crisis, sino empleos nuevos y sólidos.
Al gobernador jalisciense Emilio González Márquez no le causó demasiada gracia el discurso lisonjero de su vecino, y se limitó a destacar que la presa fabrica más energía, pero Jalisco aspira a economizarla: el ejemplo ahorrador lo ponen municipios como Jocotepec o Tlaquepaque, donde el alumbrado gasta la mitad de electricidad que en el pasado, pues aprovecha la nueva tecnología. La Yesca —homónima del municipio nayarita que comienza aquí, al norte del río Santiago y al oeste del Bolaños— es una hidroeléctrica que generará 750 megawatts y se une al gran sistema de esta cuenca, que incluye Santa Rosa, El Cajón y Aguamilpa. Al entrar en operación, será el segundo en generación de hidroelectricidad en el país, tras la cuenca del Grijalva, señaló la secretaria de Energía, Georgina Kessel. La inversión es de 767 millones de dólares, y la devaluación del peso la arrastró.
El volumen de energía es suficiente para proveer a Nayarit y medio, o a 15 por ciento de las necesidades de Jalisco. Según el director de la Comisión Federal de Electricidad, Alfredo Elías Ayub, equivale a 12.5 millones de focos encendidos. El comienzo del desvío del río es la parte más importante de la obra. A más tardar en 2012 podrá entrar en operación. El presidente Calderón dijo que se trata de la “más importante” hidroeléctrica de su gobierno, y que la inversión pública en infraestructura es la gran apuesta para enfrentar la crisis mundial.
“Si algo debe quedar claro es que lo importante no es el preocuparse de qué tan grave es la crisis en el mundo; lo importante es ocuparse de qué podemos hacer para paliarla entre la población mexicana”, subrayó.
Dijo que se trata de energía limpia, sin daño por emisiones, como son las termoeléctricas. Olvidó que los cuerpos de agua casi estáticos, como presas y lagos, contribuyen con cerca de 4 por ciento de los gases de efecto invernadero. También, que una presa corta las corrientes y con ello los flujos de vida de una cuenca. El poderoso Santiago termina sometido y empobrecido, pero es por el desarrollo. “Estamos acelerando el gasto público para compensar los efectos de la crisis económica mundial”, insistió. Habrá cinco mil empleos directos y quizás quince mil indirectos, prometió optimista.
Se fue pronto, por helicóptero. Sus guardianes atormentaron otra media hora a los asistentes. El río se abrió paso hacia los canales de desvío entre el fragor de las palas mecánicas y los bulldozers.

Huicholes de Santa Catarina denuncian actuación de Profepa

Las autoridades de la comunidad indígena de Santa Catarina Cuexcomatitlán, denunciaron la ilegalidad en el levantamiento de dos clausuras a la construcción de la carretera Bolaños-Huejuquilla

Guadalajara. Agustín del Castillo. PÚBLICO-MILENIO

Las autoridades de la comunidad indígena de Santa Catarina Cuexcomatitlán (Tuapurie), Mezquitic, denunciaron la ilegalidad en el levantamiento de dos clausuras a la construcción de la carretera Bolaños-Huejuquilla, en territorios comunales, por parte de la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa).
“Manifestamos de manera formal nuestra oposición al levantamiento de las clausuras impuestas a las obras y actividades que se han llevado a cabo sin autorización de cambio de uso de suelo forestal, particularmente aquellas que se encuentran en los terrenos en posesión y bajo régimen de propiedad de nuestra comunidad. Solicitamos respetuosamente la aplicación estricta de la ley y la resolución de los procedimientos sancionatorios [sic] con clausura total definitiva”, señalaron en un escrito entregado a la Profepa en oficinas centrales, en la delegación Jalisco, y otras entidades.
“Como es de su conocimiento y se acredita con el comunicado de acceso a la información pública de la Dirección General de Gestión Forestal y de Suelos, Folio 1600040808, de fecha 18 de Febrero del año 2008, en la actualidad no existe autorización alguna que corresponda al cambio de uso de suelo forestal relativo al Proyecto Carretero citado. Por lo que las obras citadas son completamente ilegales y delictivas”, advierten.
El proyecto “no cuenta ni podrá contar con las autorizaciones de cambio de uso de suelo forestal, dado a que los únicos y legítimos propietarios y poseedores de las tierras en las que se pretende desarrollar el proyecto referido somos las autoridades de la Comunidad Huichola de Santa Catarina Cuexcomatitlán y no el gobierno de Jalisco”.
Es decir, los artículos 117 de la Ley General de Desarrollo Forestal Sustentable y 120 de su reglamento, establecen que una autorización de ese tipo sólo puede darse “a quien presente original y copia certificada del título de propiedad inscrito en el registro público que corresponda, o en su caso, del documento que acredite la posesión o derecho a realizar las actividades que impliquen el cambio de uso de suelo en terrenos forestales”, presupuesto que no se cumple en ese asunto. La comunidad no ha otorgado anuencias, y rompió relaciones con el gobierno tras acusarlo de falsificar su acta de asamblea (Público, 16 y 20 de febrero de 2008), lo que es investigado en la averiguación previa 1949/UEIDAPLE/DA/27/2008, seguida ante la PGR.

Las Joyas, tres historias ocultas de un enredo judicial

Laberintos de burocracia permitieron una sentencia civil irregular sobre la propiedad del terreno que ocupa la estación científica, en el escándalo judicial de la temporada

Autlán. Agustín del Castillo. PÚBLICO-MILENIO

Por falta de 700 mil pesos, los actores del juicio civil 749/2006, que virtualmente les entregó en propiedad 900 hectáreas del terreno donde se ubica el laboratorio natural de Las Joyas, de la Universidad de Guadalajara (UdeG), no pudieron hacer la transmisión de dominio del predio en el Catastro municipal de Autlán de Navarro y, así, no se aplicó la polémica sentencia del juez segundo de lo civil de la localidad, materia de uno de los escándalos judiciales más sonados que se recuerden en esta apacible ciudad de la región costera.
“Como municipio, nos llegan constantemente oficios y no estamos sujetos a verificarlos […] A principios de noviembre de 2008, ellos fueron con el titular del Catastro con la orden del juez, pero se les dijo que debían pagar ese dinero para efectuar el traslado de dominio, y ya no regresaron”, revela el síndico del ayuntamiento, Marco Antonio Ramírez Figueroa.
Si bien un registro de este tipo no crea por sí derechos, ciertamente podría haber generado más complicaciones en la defensa del área pública, comprada por el gobierno estatal de Enrique Álvarez del Castillo, en 1984, la cual no fue reconocida en ese juicio de usucapión o prescripción positiva que promovieron casi dos decenas de particulares, en el mayor de los sigilos, desde el año 2006.
Los registros vigentes en este catastro son enredosos. Hay tres correspondientes a la propiedad del gobierno de Jalisco, que ocupa en comodato la UdeG. Son las cuentas activas R000816 (que ampara 276 hectáreas), R000815 (de 485.6 ha), y R000813 (de 484.3 ha), cuya superficie total es de 1,245.9 ha.
Del mismo modo, y sin reparar en la contradicción, tiene registro activo la cuenta R001308, a nombre de Félix Morales Barbarín y codueños, que amparan el predio El Tejocote y Las Joyas, de 2,586.5 ha, lo cual es base de los derechos posesorios que reclamaron en prescripción los actores del juicio civil.
¿Por qué se permite registrar en Catastro y se reciben contribuciones con escrituras traslapadas? El síndico advierte que la entidad no tiene como tarea reconocer la propiedad o la posesión, pero, además, no discute la validez de las sentencias judiciales, porque incurriría en responsabilidad. Tampoco fueron notificados nunca de que la escritura base de la sentencia fue cancelada desde 1989. Así, cómo.

Registro omiso
En el Registro Público de la Propiedad y Comercio de Autlán (RPPC), las cosas no son más claras. La institución fue llamada en el juicio civil mencionado, pero jamás compareció. “Ignoro por qué”, señala la actual encargada de la oficina estatal, Bertha Esther Flores Terríquez, quien asumió la responsabilidad a partir de septiembre de 2008.
Sin embargo, a la funcionaria le consta el registro de las escrituras estatales, que datan del 6 de octubre de 1984.
En una certificación que hizo a solicitud de la UdeG, emitida el pasado 2 de marzo de 2009, la encargada reconoce que la escritura 1,359 de El Tejocote y Las Joyas, de 2,586.5 ha, “estuvo registrada” a partir del 10 de mayo de 1986, pero fue cancelada el 2 de septiembre de 1989.
Un año antes, ya se había afectado ese derecho, pues las resoluciones presidenciales a favor de la comunidad indígena de Cuzalapa (1950), del ejido Barranca de la Naranjera (1957) y de la tercera ampliación del ejido Ahuacapán (1985), mermaban su superficie. El elemento legal decisivo es la resolución del juez de primera instancia de Ameca, dentro del juicio civil 476/88, que cancela la escritura en 1989.
Toda esta información hubiera cambiado la decisión del juez, pero, por alguna extraña razón, el RPPC no compareció. Y Las Joyas cambió de dueño.

Juicio al juzgado
Sebastián Vázquez Hernández, secretario del Juzgado Segundo de lo Civil de Autlán, fue responsable de la inspección ocular que acreditó que los presuntos propietarios tenían la posesión del terreno, según señaló el propio juez, Guadalupe Lomelí (Público, 30 de enero de 2009). Pero el aludido niega culpa.
“Los actores, al promover el juicio, ofrecen diversos medios de prueba, y acreditan por medio de los testigos la posesión y la propiedad; entonces, esos documentos y todas esas pruebas son valorados por medio del juez”, explica.
—El juez dice que a usted le correspondió hacer la inspección ocular…
—Él comenta que los ojos del juez soy yo, pero el que determina es él: él preside las audiencias, él preside el desahogo de acuerdos, cualquier acto o cualquier promoción que se resuelve le toca a él. Yo únicamente, de acuerdo con las facultades que la Ley Orgánica del Poder Judicial me otorga, doy fe de los actos que él realiza.
—Explíqueme cómo fue la inspección ocular que se está acreditando que se hizo, y donde presuntamente se demuestra que la propiedad está en posesión de los actores del juicio.
—Mire, lógico que es algo que en determinado momento no podría yo determinarle detalladamente [sic], porque es un procedimiento de particulares; entonces, si en determinado momento el Consejo de la Judicatura decide hacerlo público, las actuaciones allí están; el expediente está conforme a derecho.
—¿No cree que es extraño que se haya ido a verificar un predio que tenía alambradas, letreros y evidencias de que la Universidad ahí tiene sus instalaciones? ¿O no lo llevaron a ese predio?
—Si ellos sabían lo que estaban haciendo, los actores me pudieron haber llevado a otro predio. Yo no soy perito en la materia, yo no tengo conocimientos de predios, a mí, si me identifican el predio, me dicen: “Éste es” […] Yo plasmé la inspección tal como se ofreció la prueba, en esos términos.
—¿No les ofrecieron dinero?
—No; en lo particular, a mí no; no sé si a otras personas... Guadalajara/Agustín del Castillo