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jueves, 13 de septiembre de 2018
Mezcala, en su hora cero; Colegiado define conflicto
19 años después del primer juicio, un tribunal definirá si el empresario Guillermo Moreno Ibarra es "indígena".
Agustín del Castillo / Guadalajara. MILENIO JALISCO.
Hoy, la justicia federal definirá, tras 19 años, una desgastante controversia para la comunidad indígena de Mezcala, enclavada en la ribera norte del lago de Chapala: la presencia, dentro de sus tierras de los intereses de un empresario del calzado y bolsas finas de piel que a últimas fechas ha incursionado en negocios mineros, Guillermo Moreno Ibarra, a quien acusan de haberse apoderado de once hectáreas del patrimonio comunal con el apoyo de un comunero, Cresenciano Santana, el cual, en vida, no solo fungió como su prestanombres, sino que lo designó su heredero y le dio así su principal argumento jurídico para reclamar un título, en opinión de sus detractores, de forma espuria.
El Tercer Tribunal Colegiado de Distrito en Materia Administrativa tiene hoy la audiencia para resolver el amparo en revisión 390/2016. El hombre de negocios reclama que se le acepte como integrante de la asamblea, es decir, como si fuera parte de esa cultura local, los viejos indios cocas, situación que es permitida desde la promulgación de la Ley Agraria vigente, en 1992, pero que, dadas las circunstancias del enfrentamiento, les parece a los aborígenes una burla y una claudicación.
El tribunal se pronunciará como instancia final acerca de la sentencia que le fue desfavorable al empresario: la que emitió en el marco del juicio de amparo 222/2015 el juez tercero de Distrito en Materia Administrativa y del Trabajo. En esa ocasión, el juzgador consideró que el demandante no tenía los elementos de derecho para decirse comunero, y como las superficies comunales son imprescriptibles, inembargables e inalienables, tarde o temprano, bajo el peso de esa resolución, tendría que reintegrar el rancho que estableció en la parte plana del cerro de El Pandillo, en medio de los mejores bosques de la comunidad, a sus vecinos hostiles.
El primer juicio en esta disputa data de 1999, en materia agraria, para la restitución. Como Cresenciano daba la cara legalmente, se logró alargar por mucho tiempo cualquier determinación. Fue hasta siete años después, en 2006, que el tribunal unitario agrario 16, con sede en Guadalajara, abre el expediente de restitución 653/167/2006, pero la resolución no se alcanza sino hasta 2014, en el expediente 475/2013 (desahogado por el tribunal vecino en Guadalajara, el número 15), fallado a favor de la comunidad.
Entonces, la disputa se va por la vía de la personalidad: Moreno Ibarra reclama ser comunero. El fallo definitivo será en el curso de esta jornada.
La comunidad coca y sus aliados emitieron un comunicado preventivo para alertar a la sociedad: “El próximo jueves 13 de septiembre de 2018 (hoy) se resolverá el juicio de tierras de la comunidad indígena de Mezcala por la invasión que realizo el empresario Guillermo Moreno Ibarra […] los magistrados quienes resolverán este largo y conflictivo juicio son Hugo Gómez Ávila, Elías Hermenegildo Banda Aguilar y José Manuel Mojica Hernández (ponente). La comunidad indígena está esperanzada a recibir justicia después de 19 años de espera. Espera que ha llevado a órdenes de aprehensión, presos, represión, y tantos insultos más a esta comunidad milenaria […] exigimos la protección especial a las tierras indígena que deben de observar los tribunales conforme al convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo, y los artículos 1 y 2 de la Constitución y el protocolo de actuación emitido por la Suprema Corte”.
Mezcala se ufana de haber resistido con una partida rebelde a las tropas realistas durante la larga lucha por la Independencia mexicana, hace dos siglos. Hoy espera ratificar su rebelión victoriosa ante los intereses de un hombre pudiente y con relaciones políticas que insiste en poseer un pedazo de sus antiguas tierras.
martes, 28 de abril de 2015
La Corte decidirá disputa de tierras del Centro Logístico
Tras que los tribunales agrarios le dieron razón en su disputa, un tribunal colegiado le revocó el proceso a Francisco Gómez, que apela a la SCJN y amenaza con más acciones legales. Primer comprador de 275 ha pide revisión de sentencia adversa de Colegiado
Agustín del Castillo / Guadalajara. MILENIO JALISCO.
Si bien, apenas ayer se inauguraron espacios importantes de diversas empresas alojadas en el puerto seco o “centro Logístico” que se realiza en tierras contiguas a la laguna de Sayula, 50 kilómetros al sur de la zona metropolitana de Guadalajara, la disputa por un cuarto de la superficie del megaproyecto no ha terminado.
La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) conocerá y resolverá en definitiva el tema de la legítima propiedad sobre 275 hectáreas que formaban parte del ejido El Plan, y que fueron vendidas primero en 2005 a un grupo de particulares; luego, en 2007, a los empresarios del centro - tras fracasar en sus negociaciones con los primeros-. Como se trataba de las mismas tierras y “el primero en tiempo es primero en derecho”, los particulares juzgaron la acción como “fraudulenta” y señalaron la complicidad de diversas instituciones como el Registro Agrario Nacional, que se había negado a inscribir la primera venta.
Tras diversos vaivenes en instancias diferentes, y luego de que un juicio agrario le dio la razón, pero los magistrados del Cuarto Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Tercer Circuito se la quitaron, Francisco Javier Gómez Morales, quien encabeza a los quejosos, denunció la actuación de ese colegiado, que sin esperar el plazo constitucional en que los afectados con su resolución tienen derecho a interponer recursos para impugnar (juicio de amparo 351/2013, revisión 308/2013-15), ordenó ejecutar al Supremo Tribunal Agrario y al Tribunal Unitario Agrario 15, no obstante que el plazo y la posterior impugnación vía recurso de revisión obligaba y obliga aún a dejar “subjudice” (en suspenso) la sentencia.
Lo cierto es que no es “cosa juzgada” el litigio y de acuerdo a la versión de Gómez Morales, presenta serias anomalías procesales. A su juicio, fue a partir de que cayó en manos del colegiado, tras que tanto el Tribunal Unitario Agrario como el Supremo Tribunal Agrario le habían dado la razón, “se torció” a favor de los empresarios. Por un lado, de forma “desorbitada” se le pretendió dar a las determinaciones del RAN un carácter de cosa juzgada “como si fuera autoridad judicial” y no administrativa –fue precisamente el RAN el que no quiso inscribir la primera compra-.
La clave es la audiencia de la sentencia; el quejoso señala que se violó el artículo 185 de la Ley de Amparo porque no está debidamente fundamentada la postura de un magistrado cuyo voto fue determinante para desempatar la discusión. “Solicitamos, de acuerdo al artículo 8 del Tratado de San José, que tiene rango constitucional según el artículo 1 de nuestra carta magna, que se nos entregara el video de esa discusión para evidenciar que ese magistrado no hace su trabajo, pero se nos negó; por eso, además de la revisión que se va a la Corte, estamos en tiempo de presentar un amparo por esas violaciones. Confiamos que la Corte aplicara la ley, pero tenemos también abiertos los tribunales internacionales y no dejaremos de acudir a ellos para denunciar este atropello”, señaló el propietario.
Las 275 ha en disputa están integradas al proyecto pero no han podido ser desarrolladas. Gómez Morales señaló que la urgencia porque lleguen las inversiones ha movido a los empresarios a presionar “para torcer la justicia”, pero como primer comprador asegura que no se rendirá.
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Según el acta del ejido El Plan del 17 de noviembre de 2005, un grupo de particulares encabezado por Francisco Javier Gómez compró mediante los procedimientos vigentes de la asamblea ejidal, diversos predios que suman unas 275 hectáreas. El 8 de noviembre de 2009, el mismo ejido le vende a los dueños de Logistik, encabezados por el empresario Héctor Moreno
La primera compra fue desconocida por el Registro Agrario Nacional (RAN) arguyendo que la asamblea no cubrió el requisito de quórum; en tres ocasiones se negó a registrarla: 22 de febrero y 10 de agosto de 2006 y 31 de enero de 2007
Al comienzo de la controversia, los apoderados de Logistik buscaron un acuerdo con Francisco Gómez y sus socios, pero estos consideraron que no les pagaban el valor comercial de sus tierras y se negaron a venderles. Por ello, convencieron al ejido que se las vendiera de nuevo a cambio de volver a llenar sus arcas, según el acta de asamblea del 8 de noviembre de 2009, que registró el RAN de forma expedita
No obstante, el RAN es una entidad que “no crea derechos”, por lo cual, su negativa a publicar el acta de 2005, o su aceptación a publicar las de 2009, no es determinante para establecer la legalidad de ambos actos. Pero el Cuatro Colegiado pensó de modo contrario a los tribunales agrarios
Así, en junio de 2014, el Tribunal Superior Agrario (STA) ratificó la “nulidad de actos y documentos” sentenciada en 2013 por el Tribunal Unitario Agrario número 15, de Guadalajara, para la asamblea de 2009, lo que daba plena validez al acta de 2005. En febrero pasado, en un juicio de amparo interpuesto por el ejido a favor de los intereses del Centro Logístico, esa resolución ha sido revocada. Ahora está en manos de la SCJN
Siguen manifestaciones ante tribunal agrario
En la sede del TUA 15, van dos jornadas seguidas de plantones por los quejosos, abogados y campesinos que buscan destituir a magistrada. Esta interpone denuncia penal
Agustín del Castillo / Guadalajara. MILENIO JALISCO.
Abogados litigantes y campesinos tomaron ayer y hoy por la mañana las instalaciones del Tribunal Unitario Agrario número 15, al poniente de esta ciudad, en exigencia de la remoción de su titular, Janet Castro Lara, a quien señalan de dilación en la impartición de la justicia y de violar derechos de los núcleos campesinos. La funcionaria no se presentó, pero esta mañana interpuso denuncia penal por presunta obstrucción de labores ocasionada por los manifestantes, lo que motivó la llegada de agentes del Ministerio Público, pero hasta ahora, sin consecuencias.
Los manifestantes no pudieron, de este modo, discutir nada con Castro Lara, pero recibieron noticias de que llegarán mañana enviados del Supremo Tribunal Agrario en busca de alcanzar acuerdos.
Los quejosos ya habían realizado tres manifestaciones las semanas pasadas, pero el STA de la ciudad de México determinó respaldar a la magistrada y mandar personal de apoyo para sacar el rezago de procesos, pero los abogados y líderes ejidales piensan que esa determinación “no resuelve nada” pues la funcionaria, aseguran, se conduce con desdén y prepotencia ante quienes debe administrar justicia pronta y expedita.
Hace un mes fue la primera manifestación, en la que reprochaban “la tardanza hasta de cuatro meses en salir acuerdos; no dictar sentencias; que los abogados no tenemos un lugar donde consultar expedientes; que la magistrada se niega a recibir abogados para consultar con ella así como recibir a los campesinos que acuden a ese tribunal […] así, hay daño a derechos y economía de los demandantes de justicia por la dilación de sus asuntos, lo que consideramos muy grave”.
Los siete puntos ofrecidos en un pliego petitorio entregado a la titular son: “1, negativa de recibir a los abogados que solicitan audiencia; 2, retraso de los acuerdos; 3, falta de espacios dignos para consulta de expedientes; 4, el horario [corto] de préstamo de expedientes y entrega de promoción; 5, falta de un lugar digno para servicio de necesidades fisiológicas [sic]; 6, retraso en el desahogo de las audiencias; 7, presentar excitativas de justicia”.
Los días 8 y 9 de abril hubo revisión por parte de personal asignado por el STA, con quien se entrevistaron los quejosos, pero sin la repuesta esperada.Hoy, se interrumpieron las audiencias que se tenían programadas sin avisar.
La administradora de justicia tiene apenas seis meses de haber asumido el cargo, pero los quejosos destacan que de ser el tribunal más eficiente y menos cuestionado de los tres que existen en Guadalajara, ese tiempo ha bastado para llevarlo al final en esos rubros, lo que repercute en la calidad del servicio que se brinda para ejidos y comunidades indígenas que sostienen algún litigio.
sábado, 28 de marzo de 2015
Abogados toman tribunal agrario 15
Medio centenar de representantes jurídicos de núcleos campesinos señalan a la titular por dilación en la justicia y maltratos.
Agustín del Castillo / Guadalajara. MILENIO JALISCO.
Abogados de comunidades agrarias de Jalisco tomaron ayer por la mañana las instalaciones del Tribunal Unitario Agrario número 15, enclavado en la colonia Ladrón de Guevara, para protestar por el desempeño de la titular de la institución, Janet Castro Lara, a quien señalan por violar las garantías de justicia pronta y expedita para los campesinos, además de mal trato y ninguneo a los ciudadanos que acuden a solicitar audiencia con ella.
“La tardanza hasta de cuatro meses en salir acuerdos; no dictar sentencias; que los abogados no tenemos un lugar donde consultar expedientes; que la magistrada se niega a recibir abogados para consultar con ella así como recibir a los campesinos que acuden a ese tribunal”, señaló Marielena Navarro, parte del grupo quejoso.
Los siete puntos ofrecidos en un pliego petitorio entregado a la titular son: “1, negativa de recibir a los abogados que solicitan audiencia; 2, retraso de los acuerdos; 3, falta de espacios dignos para consulta de expedientes; 4, el horario [corto] de préstamo de expedientes y entrega de promoción; 5, falta de un lugar digno para servicio de necesidades fisiológicas [sic]; 6, retraso en el desahogo de las audiencias; 7, presentar excitativas de justicia”.
La abogada agregó: “la magistrada no dio respuesta a ninguna petición y sólo indicó que los días 8 y 9 de abril se tiene revisión por parte del Tribunal Superior Agrario y que nuestros reclamos los hagamos ante el magistrado del TSA […] en vista de la exigencia de hablar con ella tuvo que ser amable, pero [primero] nos mandó al guardia de seguridad y más personal para que nos sacaran del tribunal”.
La administradora de justicia tiene apenas cinco meses de haber asumido el cargo, pero los quejosos destacan que de ser el tribunal más eficiente y menos cuestionado de los tres que existen en Guadalajara, ese tiempo ha bastado para llevarlo al final en esos rubros, lo que repercute en la calidad del servicio que se brinda para ejidos y comunidades indígenas que sostienen algún litigio.
“Hemos repetidamente intentado dialogar, pero nunca se nos recibe; hay también un menosprecio a los campesinos para los cuales existe esta institución, y sobre todo, hay daño a derechos y economía de los demandantes de justicia por la dilación de sus asuntos, lo que consideramos muy grave”, le comentaron a la funcionaria, que se mantuvo serena durante la manifestación. Aunque el “reparto agrario” se terminó desde 1992, los expedientes no resueltos en algunos casos tienen medio siglo o más, y eso ha hecho que los tribunales agrarios tengan al tope su carga de trabajo.
jueves, 19 de febrero de 2015
Juez promete ejecutar “suspensión de plano”
Las máquinas de la empresa minera salieron del rancho de ejidatario invadido; esperan pronta aplicación de la ley.
Agustín del Castillo / Guadalajara. MILENIO JALISCO.
El juez cuarto de Distrito en Materias Administrativa y del Trabajo, Juan Manuel Villanueva Gómez, se comprometió con la defensa del ejido Ayotitlán a garantizar la aplicación de la “suspensión de plano” que se otorgó al núcleo nahua por orden del Tercer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Tercer Circuito, lo que dejará fuera de operación los trabajos de extracción, beneficio y descargas que emite la minera Peña Colorada en al menos 1,200 hectáreas propiedad de los campesinos.
La no ejecución del procedimiento, pese a ser “sumarísimo” -24 horas máximo- ha provocado roces entre campesinos de la zona y empleados de la minera hoy dominada por capital internacional, antes paraestatal y mexicana, pero “ya sacaron esta mañana sus máquinas”, aseguró vía telefónica el ejidatario José Luis Ramos Gerardo, morador de Puertecito de las Parotas. Durante una semana, equipos de volteo y traxcavos habían destruido cercas y una modesta casa, y comenzaban a construir una gran barda perimetral a 800 hectáreas donde la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat) les permitió un tiradero de material inerte.
“El ejido a través del amparo 462/2013, obtiene una suspensión de plano, que suspende los efectos y consecuencias de tres concesiones mineras, para extracción, beneficio, depósito de materiales y descarga; esto prácticamente paraliza la actividad de Peña Colorada, pero desde septiembre salió la suspensión y hasta el 11 de febrero pasado se retomó el procedimiento de cumplimiento, que es un procedimiento sumario, el 143 de la anterior Ley de Amparo [vigente en 2013] remite a los 104, 107 y 111 de la misma legislación: es un plazo de 24 horas, y si en 24 horas no se acredita el cumplimiento, se va a requerir al superior jerárquico, y el superior jerárquico se agota con el jefe del Ejecutivo federal […] si no se demuestra, el juez puede, con apoyo de la fuerza pública, si son actos de privación de la propiedad, posesión y disfrute, hacer con su personal el cumplimiento”, señaló el asesor de los quejosos, Pedro León Corrales.
Destacó que el Poder Judicial de la federación tiene por costumbre archivar procedimientos sumarios de suspensión, “el juez cuarto de Distrito, el licenciado Villanueva, ayer reconoció que no se ha acreditado el cumplimiento, entonces está en firma el siguiente requerimiento, y puede apercibirlos, incluso llegar a la destitución del cargo de la autoridad omisa”.
domingo, 14 de agosto de 2011
Huicholes por fin recuperan el cañón de Tlaxcala
Guadalajara. Agustín del Castillo. MILENIO-JALISCO. Edición del 12 de agosto de 2011
Esta semana concluyeron los trabajos de ejecución de las sentencias emitidas el pasado 15 de julio a favor de la comunidad indígena huichola de Waut+a (San Sebastián Teponahuaxtlán) por parte del Tribunal Unitario Agrario de Distrito 13, en la que se ordena la restitución de una superficie de 9,561 hectáreas que desde hace más de medio siglo fueron invadidas por ganaderos del municipio de Chimaltitán, en las zonas denominadas como Cañón de Tlaxcala y Barranquillas, al norte de Jalisco.
“Con este trabajo, que incluyó la verificación de quince predios enclavados en los terrenos poco transitados por la ausencia de caminos, se verificó que las casas y el ganado que hasta hace poco pastaba en los productivos agostaderos fueran sacados del territorio comunal”, informaron los wixaritari en un comunicado enviado a este diario.
Dichas labores “son el resultado de un trabajo comunitario que comenzó hace tres años mediante un acuerdo de la asamblea general de comuneros, a lo que siguió un proceso de diagnóstico topográfico comunitario, la interposición de trece demandas ante el citado tribunal e intensas negociaciones entre la comunidad, la Secretaría de la Reforma Agraria y los supuestos pequeños propietarios”.
En ese proceso, “uno de los principales puntos de desacuerdo entre las partes fue el reconocimiento pleno del derecho que asiste a la comunidad indígena sobre dichos terrenos comunales, pretendiendo limitar la solución de dicho conflicto agrario a un procedimiento administrativo en el que se incorporaran dichos terrenos a la propiedad comunal, como si nunca lo hubieran sido, además de manejar superficies mucho menores a las que realmente correspondían a la invasión, acción que fue rechazada en varias ocasiones por la comunidad”.
Así, desde el pasado lunes 8 de agosto, “nuestra Madre Tierra está contenta”, afirman los comuneros, “pues regresa al fin la paz a esta zona caracterizada por ser la invasión más violenta dentro del territorio comunal, donde los comuneros fueron agredidos en diversas ocasiones, donde cuando en uso de su legítimo derecho quisieron hacer una escuela, ésta fue destruida, una y otra vez”.
Los principales problemas agrarios de esta región del país derivan justamente de invasiones ganaderas propiciadas por la renta de espacios de pastizal por parte de los indígenas. No obstante, ninguna ocupación temporal, aun por décadas, cancela el derecho comunal, según el espíritu del artículo 27 de la Constitución del país, lo que explica el triunfo legal de los wixárikas.
Entre los antecedentes, se destaca que en 1718 fue reconocido por la corona española la propiedad ancestral de Waut+a, con títulos virreinales. En 1948, la comunidad indígena solicitó el reconocimiento y titulación de bienes comunales. En 1952 fue emitido indebidamente Título de Bienes Nacionales a favor del señor José Atilano Guzmán. En 1953 fue emitida la Resolución Presidencial de San Sebastián Teponahuaxtlán que reconoce una superficie de 240 mil ha y que incluye los terrenos en disputa. En 2007 la comunidad decide ir por los predios, que han recuperado esta semana.
lunes, 28 de febrero de 2011
Comuneros de Chacala protestan
Guadalajara. Agustín del Castillo. PÚBLICO-MILENIO. Edición del 24 de febrero de 2011
Un grupo de comuneros de Chacala, comunidad indígena del municipio de Cabo Corrientes, enclavado al sur de Puerto Vallarta, en la Costa Norte de Jalisco, se manifestaron ayer en protesta contra el titular del Tribunal Unitario Agrario (TUA) número 13, Sergio Luna Obregón, a quien acusan de retrasar la justicia para favorecer a un grupo ajeno a la comunidad que pretende controlar el comisariado de bienes comunales.
Chacala es una comunidad de más de 21 mil hectáreas de superficie, con terrenos codiciados por enclavarse en las playas del sur de la bahía de Banderas, en los cuales hay ocupación de diversos particulares que rentan las tierras de forma temporal, lo que genera importantes ingresos a la comunidad de origen nahua. Los problemas derivan de la última elección de comisariado de bienes comunales, pues el grupo quejoso reclama que “le robaron la elección” quienes ahora ostentan los cargos de representación reconocidos por el Registro Agrario Nacional (RAN).
“Queremos dar a conocer a los ciudadanos que el juez o magistrado está incurriendo en abusos de poder y violaciones constitucionales al dilatar deliberadamente la justicia, ya que 17 veces, el licenciado Sergio Luna Obregón, mañosamente ha cancelado la audiencia que resolvería el asunto con expediente número 485/2009, sobre la elección del comisariado, favoreciendo así a sus amigos y conocidos y en perjuicio de nuestros derechos”, dijo Abel Rodríguez Ramos, representante de los quejosos.
Se trata de la décima octava ocasión “en que somos citados por este juzgador […] sin importarle que todos nosotros somos personas de escasos de recursos, que hacemos grandísimos esfuerzos para trasladarnos cada una de estas veces que hemos comparecido con el objeto de resolver el asunto que nos ocupa”, añadió.
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