Los conflictos agrarios de Ayotitlán, estancados y latentes
El Pedregal,
cien años de
desasosiego
Este rancho centenario de la sierra de los nahuas ha vivido convulsiones de violencia antigua y conflictos agrarios actuales; los gobiernos estaban obligados desde 1995 a resolverlos, ante su carga de persecución, acoso, amenazas y violencia. Pero nunca se han resuelto
Cuautitlán. Agustín del Castillo. Público-Milenio, 6 de julio de 2008La tarde del 15 de enero de 1993, cuando doña María Dolores Vargas Elías y su esposo Pedro Cobián Roblada eran jaloneados por policías preventivos a punta de ametralladora R-15, acusados de ser “invasores de tierras”, la anciana recordó, bajando por las colinas agrestes de El Pedregal, los largos años de la infancia, a salto de mata entre revolucionarios y cristeros, huyendo de la sierra, velando hermanos muertos, viviendo en la costa o en Minatitlán y regresando al monte, para al fin poseer la tierra, reservada a quienes tienen el corazón manso (San Mateo, 5,4).
A partir de 1930, habían pasado 60 años de casi quietud, si no fuera por las irrupciones cotidianas de gendarmes o guardias blancas que defendían la ley de los caciques y de los madereros.
Y llegaron hijos, nietos y bisnietos, y se pobló esta tierra de montañas escarpadas y cielos luminosos.
Pero ese día invernal de hace quince años, la vida volvería a cambiar completamente. La mujer añosa relata que durmió en la lobreguez de la cárcel de Telcruz, y al día siguiente en Cuautitlán, junto con una docena de parientes, amenazados de no recibir cena y de ser sumergidos en un pozo de agua “hasta que firmáramos los papeles”. Algunos lo hicieron. A todos los dejaron salir a la segunda jornada, bajo la advertencia de no regresar.
Hoy vive de nuevo en el rancho, pero ninguno de sus hijos puede sembrar las tierras que araron los abuelos. Doña María dice que El Pedregal fue adquirido a “precio de oro” en el año 1903 por su madre Sebastiana Elías Virgen, por Marcelino Zúñiga y otros socios, que le pagaron religiosamente a Camilo Mateo Jacobo, comisariado de la comunidad de Ayotitlán.
Siempre fue una pequeña propiedad colectiva, de unas tres mil hectáreas. Hasta que los caciques forestales y los cenecistas intentaron dividir a la larga prole de Sebastiana. Guadalupe Michel, el famoso Cazango, repartió algunos pesos para quedarse con sus pinares y encineras, y generó la discordia. Caínes y abeles brotaron cuando la comunidad indígena nahua, revertida a ejido, se quiso aposentar de estos solares, treinta años después de la resolución presidencial (1963), jamás ejecutada completamente y que nunca menciona entre los bienes de Ayotitlán las laderas de El Pedregal. Unos se alinearon con el ejido, otros se negaron a perder sus terrenos.
Entonces se dio el desalojo.
En 1995, la Comisión Nacional de Derechos Humanos, en su recomendación 122/95, pidió a la Secretaría de la Reforma Agraria “gire instrucciones a efecto de que se resuelva de manera definitiva la situación jurídica del rancho El Pedregal […] particularmente mediante el seguimiento del acuerdo tomado entre las autoridades ejidales de Ayotitlán y los pobladores del mencionado rancho, a efecto de dar solución a la controversia derivada de la indefinición jurídica que sufre El Pedregal”.
Al gobernador de Jalisco, “que instruya al procurador general de justicia del estado para que se inicien las averiguaciones previas tendientes a esclarecer […] diversos delitos que manifestaron los pobladores del rancho El Pedregal que fueron cometidos en su agravio…”.
Ninguna de las dos recomendaciones se ha cumplido.
Doña María tiene 98 años. Y aunque todavía pelea, su lucidez le hace atisbar más amarguras.
Los hijos de la diásporaDoña María no pudo nacer en El Pedregal en 1910. Sus padres habían debido huir de la marea revolucionaria, que significó casi puro sufrimiento para los habitantes del campo. Fue alumbrada en la seguridad de una finca de El Mamey (Minatitlán). “Por estos cerro andaba una gavilla, por todos lados, y a los que estaban más acomodados los agarraban y los ahorcaban, les quitaban el dinero, creo que eran carrancistas”.
Conforme se apaciguó el ambiente, regresaron a los potreros adquiridos a los nahuas, pero a mediados de los años 20, mientras la clase revolucionaria se afianzaba en el poder de la república y se acentuaba la violencia por el tema religioso, regresaron las balas a la sierra y los pacíficos debieron salir de nuevo.
“Cuando lo de los cristeros, ellos mataron a un hermano que teníamos, entonces nos fuimos de aquí; teníamos ganado y caballos en el cerro pero los largamos”, refiere la anciana, de cuerpo menudito y de voz temblorosa pero mirada clara.
Al firmarse los acuerdos iglesia católica-Estado, de 1929, retornaron. “Yo ya vine aquí otra vez ya grande, teníamos unas vaquitas y aquí las cuidaba”.
A sus hijos Jesús, Ángel y Cresencio, y tres más, les tocaron muchos años relativamente tranquilos. Ayotitlán fue dotado como ejido en 1963 y ejecutado, de forma parcial, en 1964, pero “jamás nos notificaron o nos avisaron que hubiéramos sido afectados”, advierten.
El Pedregal hizo un juicio de prescripción ante el Juzgado de Primera Instancia del Partido Judicial de Autlán, para obtener escrituras públicas en el año de 1949. Los herederos del predio aseguran que en total existen nueve escrituras de fracciones de propiedad originales. “En 1962 se hizo la escrituración de las excedencias en Autlán”. La superficie de la familia andaría así cerca de las tres mil hectáreas.
Por eso, el quince de enero de 1993, pasaron la sorpresa de sus vidas.
“Se nos volteó mucha gente, muchos de los primos hermanos del lado de mi papá se fueron con ellos, y nosotros peleamos del lado de mi mamá [María Dolores]. Nos cayeron con policías, un comandante que se llamaba Apolonio, y nos persiguieron y golpearon. A nuestros padres, ancianos, los jalaban del cuello para llevárselos, a mi hermano Ramón lo golpearon […] rompieron las alambradas, quemaron las milpas o las destruyeron con maquinaria; la casa de nuestros papás la saquearon”, señala Jesús Cobián.
“Querían que se firmara la aceptación de que no éramos pequeños propietarios”, añade.
Ramón revela su experiencia: “me llevaron amarrado a una casa de abajo y ahí ya me llevaron a Telcruz, me recibió la preventiva […] en Chancol se bajaron todos y nomás quedó el que me iba vigilando, y me dijo: ‘mira, ellos me pagan tanto para que yo te golpié [sic], pero no va a ser así’ […] en mi mochila me echaron una bolsa de marihuana, me dijo ese policía: ‘mira, yo soy tu amigo, nomás fíjate lo que llevas aquí, te la pusieron para que allá con la investigación con esto te quieren chingar’, y pues sí, pero él me ayudó”.
No regresaron pronto.
Doña María se la pasó un año en casa de su hermana, en Minatitlán. Los hijos salieron a Colima, a Ciudad Guzmán e incluso migraron a Estados Unidos. Ángel se reinstaló, sólo para comprobar la intolerancia extrema que se había apoderado del ánimo de sus vecinos, casi todos parientes.
Por ejemplo, en el terremoto de 1995, que destruyó la finca de su madre, nunca recibieron apoyo gubernamental, pues fueron borrados de las listas oficiales. Los hijos eran acosados en las escuelas. Los padrones del Procampo también los hicieron a un lado, y ahora solamente pueden trabajar parcelas rentadas, “como si no fuéramos los dueños de todo esto”, señala con tristeza.
Así consigna los hechos la recomendación 122/95: “…en la práctica se ven perturbados en sus actividades agropecuarias y en su propia integridad física y patrimonial por los ejidatarios de Ayotitlán, quienes alegan que el rancho referido forma parte de la dotación ejidal con la que fueron favorecidos, habiendo constancias en las que se manifiesta que el comisariado de Ayotitlán se compromete a estudiar el problema que se comenta y en su momento convenir con los pobladores del rancho sobre la solución a la controversia derivada de la indefinición jurídica que sufre…”.
Pero un escrito de 1997 al gobernador Alberto Cárdenas Jiménez revela que esa intención no pasó de la buena voluntad: “las autoridades municipales, estatales y federales, a la fecha, desde 1991 que reportamos la invasión ilegal a nuestra propiedad privada, dichas autoridades no han hecho nada por solucionar nuestro problema, aclaramos que ha intervenido la Procuraduría Agraria con oficinas en Autlán de la Grana Jal, nos ponen citas cada quince días más o menos, pero como no se presentan los comisariados ejidales, nunca se ha llegado a un acuerdo que nos favorezca, suponemos que hay acuerdos económicos privados, que son sobornados como lla [sic] ha venido siendo costumbre”.
Hoy, los Cobián Vargas y sus parientes aliados han abierto un juicio agrario en el tribunal competente, enclavado en Colima, cansados de esperar a que las autoridades legales y las de facto les reconozcan algo de su antiguo derecho.
Desasosiego centenario
El rancho El Pedregal cumple 105 años de fundación. María Dolores Vargas Elías, nacida en 1910, entre los rumores de los máuseres y las matanzas cruentas de los años revolucionarios y cristeros, parece despedirse de la tierra prometida –entre montañas escarpadas y cielos memorables- recordando discordias y desasosiegos, hermanos muertos e hijos perseguidos, caínes y abeles, judas y centuriones, y bienaventuranzas aplastadas, como si fuera la guardiana de una paz imposible.
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La recomendación 122/1995 de la CNDH resaltó el caso como uno de los más urgentes de la región
Ayotitlán y El Pedregal:
13 años de sin solucionesclavesUn conflicto nacido de un decreto presidencial que nunca se ejecutó completamente
La recomendación 122/95, del 27 de septiembre de 1995, se envió a los gobernadores de Jalisco y Colima y al secretario de la Reforma Agraria, y “se refirió al caso de los pobladores del ejido Ayotitlán, municipio de Cuautitlán, Jalisco, quienes manifestaron que por la indefinición de límites territoriales entre los estados y la inejecución total de una resolución presidencial que les favoreció, enfrentan diversos conflictos agrarios y de seguridad pública”
El 28 de agosto de 1963, se emitió una resolución presidencial en la que se dotaba de 50,332-50-00 hectáreas ejidales a la vieja comunidad indígena nahua de Ayotitlán, cuyo proceso de titulación fue revertido con la supuesta desaparición de los títulos virreinales. Después se supo que dichos documentos habían sido robados por los caciques madereros que saquearon la sierra en esos años
La resolución dotatoria se ejecutó parcialmente en mayo de 1977, cuando se entregaron sólo 34,700 hectáreas. En septiembre de 1977, la Secretaría de la Reforma Agraria notificó a los ejidatarios de Ayotitlán que dentro del ejido que les fue dotado quedaron inscritos los poblados de El Pedregal y Las Pesadas
El 12 de marzo de 1992, “esta comisión nacional recibió el escrito del 24 de enero del mismo año, suscrito por los señores Ángel y Guadalupe Niz Elías, Jesús, Cresencio y Ramón Cobián Vargas, y Natividad Cobián Cobián, todos ellos pobladores del Rancho El Pedregal […] los quejosos manifestaron que desde 1903 han habitado el predio y que hasta la fecha no ha sido abandonado por ellos. Que al realizar cualquier actividad para el cultivo de sus tierras se ven entorpecidos por un grupo de personas que se dicen ser integrantes del Ejido Ayotitlán, que consideran al Rancho El Pedregal como afectado por la dotación ejidal de Ayotitlán, a grado tal que han querido echarlos de su propiedad. Esta situación prevalece desde hace varios años al carecer de una solución favorable para ambas partes, por parte de las autoridades competentes. Que no han sido escuchados por las agencias del Ministerio Público a las que han acudido a denunciar los delitos de lesiones con arma blanca y amenazas de muerte, en contra de los vecinos de Ayotitlán; asimismo, señalaron que han sufrido daños diversos en sus propiedades…”.
Los parvifundistas de El Pedregal “consideran que la información que originó el trámite de afectación a su propiedad fue completamente errónea, ya que en los documentos que obran en la delegación de Reforma Agraria consta que los terrenos afectados fueron tomados de terrenos de propietarios desconocidos, que por lo tanto, jamás fueron comunicados de tal afectación […] no ejercieron su derecho en tiempo, además de que en tales documentos no se menciona lo que ellos estiman de su propiedad; es decir, que se pretende dotar al ejido con la totalidad de su propiedad…”
En el oficio 3781 del 2 de julio de 1992, suscrito Alejandro Díaz Guzmán, entonces delegado Agrario en Jalisco y dirigido al jefe de la oficina del Registro Público de la Propiedad de Autlán de Navarro, “manifestó que en atención a la solicitud del comisariado ejidal de Ayotitlán, Cuautitlán, Jalisco, se inscribiera la Resolución Presidencial del 28 de agosto de 1963, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 14 de enero de 1964 […] haciendo de su conocimiento que dentro de esta superficie está ubicado el predio El Pedregal, que se encuentra inscrito en la oficina a la que se remite el oficio, a nombre de varias personas, en calidad de propiedad privada”
El 3 de julio de 1992, se buscó un acuerdo en las oficinas de la Delegación Agraria, ante los integrantes del Comité Estatal de Concertación Agraria y siendo testigo de honor el presidente de la república, Carlos Salinas de Gortari. “… los presuntos pequeños propietarios manifestaron que el predio El Pedregal, que reclaman como de su propiedad, está incluido totalmente dentro del plano de ejecución del mandamiento presidencial del 28 de agosto de 1963, por lo que sometían a la consideración de los representantes del Ejido Ayotitlán, la posibilidad de ser incluidos dentro del mismo, entregándoseles en forma parcial la superficie que reclaman…”. No se llegó a nada
Para la CNDH, resultaba indispensable hacer estudios y levantar planos para delimitar propiedades antes de llegar a un acuerdo. No se realizaron. Se espera que el juicio agrario 80/06 todas esas lagunas queden colmadas, y se avance en la solución jurídica del caso
