Sedeur reinicia tres puentes en tramo final de ruta en sierra Huichola
Levantan la clausura
a carretera en Tuapurie
Profepa reabrió los 17 km de paso por la comunidad de Santa Catarina
Guadalajara. Agustín del Castillo. 26 de octubre de 2008
A seis meses de su clausura, y pese a la férrea oposición de las autoridades de Santa Catarina Cuexcomatitlán (Tuapurie), Mezquitic, la delegación Jalisco de la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa) decidió levantar la prohibición de construir la carretera Bolaños-Huejuquilla en el tramo que va del kilómetro 70.4 al 89.58, lo cual tiene efecto desde el pasado 15 de septiembre.
No obstante, asegura el organismo federal que no se están realizando trabajos en el área, según les reportó a su vez la Secretaría de Desarrollo Urbano (Sedeur) de Jalisco, responsable de la obra.
Lo que Sedeur reconoce estar ejecutando es el levantamiento de tres puentes enclavados entre el valle de Tenzompa y la cabecera municipal de Huejuquilla el Alto. Dichos puentes son conocidos como “Tenzompa”, “El Colomo” y “Sin Nombre”, pero “no se está realizando nada de obra en la carretera propiamente”, explicó el vocero de la Profepa, Juan Carlos Díaz Morales.
Según los datos oficiales, el 15 de septiembre se retiraron los sellos en el tramo citado para levantar “la clausura total temporal”, y de esa acción se notificó a la Sedeur el 2 de octubre siguiente.
“Se le previene que deberá acreditar ante la Profepa el cabal cumplimiento de las medidas de urgente aplicación y medidas adicionales que se establecieron a través de resolución administrativa del 2 de mayo de 2008”, señala el acta referida. El acuerdo de emplazamiento es el 692/08, abundó el vocero.
La clausura del tramo se realizó el 28 de febrero de este año. Otrros tres tramos de la carretera también se clausuraron en las siguientes semanas, hasta concretarse en el mes de abril. Estos actos permanecen vigentes, a diferencia del tramo de Tuapurie (Público, 29 de febrero y 10 de abril de 2008).
La clausura del paso por terrenos comunales fue por la remoción ilegal de arbolado, pues los constructores derribaron 437 árboles: 187 pinos, 105 robles (encino de hoja ancha) y 147 encinos. La clausura sólo podría ser levantada al realizar una reforestación y garantizar la reducción de la erosión y de la degradación, en especial, “minimizar el impacto al corredor biológico”, dijo hace seis meses a este diario el delegado de la Profepa, José de Jesús Becerra Soto.
Hay dudas sobre si realmente esas condicionantes han sido cumplidas, lo cual será cuestionado por las autoridades comunales.
Además, los huicholes no han dado la anuencia de paso para la obra, lo cual, a juicio de sus asesores, deja sin posibilidades a la Sedeur de reiniciar los trabajos.
No obstante, hay preocupación de que la dependencia quiera hacer valer los documentos que ostentó en el pasado como presunta prueba de que esa anuencia está dada; se trata de una presunta acta de asamblea en que 486 comuneros habrían aprobado, el 9 de septiembre de 2007, la construcción de la carretera. Pero no hubo tal asamblea. Ese día sólo hubo una reunión sobre cultura, por lo cual, los wixaritari acusan al gobierno de falsificación y simulación de actos (ver Público, 16 y 20 de febrero de 2008).
miércoles, 29 de octubre de 2008
lunes, 7 de julio de 2008
RECORTAN LA PRIMAVERA
La presidencia de la república fracasó al defender la integridad de la reserva ecológica
Tribunal federal “empequeñece” a La Primavera
Se confirma en segunda instancia sentencia de amparo favorable al comisariado ejidal de Santa Ana Tepetitlán para dejar casi 600 ha de bosques fuera de la zona protegida, lo que las hace susceptibles de urbanización; el gobernador y la SRA, omisos en la defensa
Guadalajara. Agustín del Castillo. Público-Milenio
En el último año, la presidencia de la república no tuvo argumentos jurídicos suficientes para defender ante dos instancias judiciales la integridad territorial del área de protección forestal y de fauna La Primavera, creada en 1980, por lo cual, la reserva boscosa acaba de perder en forma definitiva varios cientos de hectáreas de su superficie, que de este modo, podrán sumarse a la especulación inmobiliaria.
Ese es el efecto de la decisión del Primer Tribunal Colegiado del Tercer Circuito, con sede en esta ciudad, que notificó la pasada semana que “hasta 584 hectáreas” de la primera ampliación del ejido Santa Ana Tepetitlán, Zapopan, enclavadas en esta serranía, ya no forman parte de la reserva ecológica más importante de la región metropolitana de Guadalajara.
En la revisión 465/2007 del juicio de amparo 413/2001, con el voto dividido de los tres ministros integrantes, dos de ellos consideraron válido equiparar -por sus efectos jurídicos- una expropiación (en la cual el Estado se queda con la propiedad de los bienes) con una declaratoria de área natural protegida (en la que sólo limita sus usos), y al no haber sido notificados los quejosos del decreto de la reserva de 1980, ni mucho menos oídos y vencidos, como lo establece el artículo 14 constitucional, determinaron que el decreto del presidente José López Portillo es violatorio de las garantías individuales.
Esto viene a confirmar los términos de la sentencia emitida un año atrás por el juez tercero de distrito (la primera instancia en que el gobierno fue derrotado), la cual fue recurrida tanto por el Ejecutivo federal como por un grupo disidente de ejidatarios, quienes ven detrás de la “lucha reivindicatoria” de su comisariado ejidal, un fabuloso negocio de especuladores inmobiliarios, nada extraño en la historia de la segunda ciudad del país; mucho menos en estas florestas largamente codiciadas para desarrollos residenciales.
Lo que más preocupa a los ambientalistas y los responsables del bosque, es la posibilidad de que este caso desate un “efecto dominó”: los promotores del amparo acaban de mostrar el camino legal para desvirtuar el mandato presidencial. A decenas de propietarios del interior de la reserva, que vieron frustrados sus grandes negocios con el decreto de hace 28 años –cómo olvidar Ciudad La Primavera, faraónico desarrollo de medio millón de habitantes con que soñaron don Jorge Dipp y sus socios en el interior de las montañas-, parece que les ha llegado la hora de revertir los hechos, que a su juicio, les despojaron de derechos legítimos para explotar y especular.
Lo peor es que gran parte del sistema nacional de áreas naturales protegidas está construido sobre el mismo frágil supuesto: afectar usos y destinos de los terrenos bajo el argumento del superior interés público, sin cambiar el régimen de propiedad. Esa es la esencia del “modelo mexicano de conservación”.
¿Puede un caso específico, que abarca apenas dos por ciento de la superficie de La Primavera, cambiar la historia de la protección ambiental para siempre? Pronto habrá respuestas.
Los hechos
La cuestionada dirigencia del ejido Santa Ana Tepetitlán argumentó que la creación de la reserva ha significado la desposesión real de sus terrenos forestales en la zona de la primera ampliación, que abarca 640 hectáreas, casi todas boscosas, y además, que el decreto que formó el área protegida señala literalmente que la superficie afectada asciende a “30,500 hectáreas de propiedad particular”, lo que a su juicio, excluye otro tipo de propiedad, como son en México la comunal, la social o ejidal y la pública.
Les creyó el juez tercero de Distrito en Materia Administrativa de Guadalajara, al emitir su resolución sobre el juicio de amparo 413/2001-3 el 19 de abril de 2007.
En ella, determina que “la justicia de la unión ampara y protege al ejido Santa Ana Tepetitlán, municipio de Zapopan, Jalisco, en contra de las autoridades responsables Presidente de la República, secretario de la Reforma Agraria y gobernador del estado de Jalisco, que se hicieron consistir en el decreto expedido por el primero [el presidente] el 19 de febrero de 1980 [publicado en el Diario Oficial de la Federación el 6 de marzo siguiente], y el acuerdo y convenio celebrados el 18 de agosto de 2000 y 8 de enero de 2001, por el gobernador del estado de Jalisco…”.
Esto significa que el territorio ejidal referido fue afectado por el decreto, en condiciones equiparables a las de una expropiación, por lo cual queda fuera de la zona de protección de La Primavera, pues la sentencia es “… para el efecto de que dejen insubsistente el decreto reclamado, respecto de la superficie propiedad del ejido quejoso, así como sus consecuencias”.
Como la resolución dañaba el interés general, la presidencia de la república y los ejidatarios disidentes interpusieron el recurso de revisión. Las actas del toca 465/2007, que obtuvo este diario, revelan cómo fue el proceso.
¿Qué arguyó la representación del Poder Ejecutivo Federal? Insistió que el amparo debía “sobreseerse” (dejarse sin efecto por carecer de materia jurídica), pues “el decreto reclamado no cancela los derechos agrarios de los habitantes de las zonas de afectación”, y además, que el artículo 27 constitucional establece el derecho del Estado a establecer regulaciones a la propiedad.
“Es claro que el decreto que se tilda de inconstitucional, de ninguna manera constituye un acto que deba ser puesto a consideración del quejosos, ya que el mismo obedece al deber que tiene el Estado de conservar los recursos forestales y las especies de flora y fauna silvestres del territorio nacional, en cumplimiento de lo establecido por el artículo 27 constitucional…”, señala.
Hay una evidente primacía del interés general sobre el particular, lo que permite “restringir privilegios” si las condiciones varían en cuanto al equilibrio ecológico, añade.
Y rebate la equiparación a expropiación. El juez “confundió el concepto de expropiación con el de modalidad de la propiedad […] el asunto a dilucidar es simple y sencillamente una modalidad de propiedad, sin que se vean afectados esos derechos reales […] no estamos en presencia de un acto de privación, como tampoco ante la imposición de una pena, supuestos exclusivos en los que opera la garantía de audiencia […] la sentencia no apreció el acto reclamado en su verdadero sentido […] no existe la afectación al artículo 14 constitucional a que alude el juez…”.
En cuanto a los ejidatarios disidentes de Santa Ana, consideraron que sus “supuestas autoridades” estaban conformadas por ejidatarios privados de sus derechos agrarios por haber incurrido en anomalías como la venta ilegal de parcelas, por lo cual, no eran “verdaderos representantes” de la asamblea, y más bien, tenían el respaldo de los intereses especuladores que han fraccionado buena parte del territorio ejidal, actualmente invadido de asentamientos humanos irregulares.
El escrito de revisión lo firman Tranquilino Flores Aguilar y cinco campesinos más, como “comisionados para la administración y resguardo de las 641 ha que componen el potrero Las Lomas y que forman parte de la resolución presidencial de primera ampliación”.
El ejido “siempre ha tenido y tiene como beneficioso el decreto [de La Primavera] impugnado porque el mismo no nos afecta en nuestra propiedad y, al contrario, gracias a su protección se ha evitado en parte que el Ayuntamiento de Zapopan y los sedicentes comisariado ejidal y el licenciado José Antonio Soto Becerra hubiesen terminado de despojar a nuestro ejido…”.
A su juicio, esa pretensión es clara: los bosques de Las Lomas se integrarían a una amplia y multimillonaria especulación de terrenos urbanos.
¿Qué respondió el tribunal a los impugnadores? Descalificó sus argumentos.
Al presidente de la república le insistió que había afectación real de derechos: “el decreto impugnado se equipara a un reglamento federal, y éste a su vez, a la ley, en su aspecto material”, pues fue emitido con esas atribuciones que le da el artículo 89 constitucional al presidente de la república. Por ende, son inobjetables las violaciones a las garantías individuales materia de los juicios de amparo.
A los ejidatarios, les negó personalidad jurídica como representación sustituta y les dijo que no podían oponerse a un amparo, pues la naturaleza de éste es beneficiosa para ellos.
Entonces vino la resolución confirmatoria, que le revela a la sociedad de Jalisco, y la mexicana en general, las precarias bases legales sobre las que se asienta la protección de la naturaleza, uno de los ejes fundamentales de la gobernabilidad en nuestro tiempo.
A los fraccionadores les llega una especie de susurro que seguro atenderán, hombres hábiles que son: “¡ya volvió el tiempo para los negocios!”
Recuentos de lo extraño
¿Quién estuvo ausente de este proceso judicial? La sentencia de amparo fue concedida contra actos del presidente de la república, pero además, del secretario de la Reforma Agraria y del gobernador de Jalisco, así como de los directores del Registro Público de la Propiedad de Guadalajara y del Registro Agrario Nacional. Sólo compareció para la revisión la primera autoridad. Los motivos: ¿mero desinterés, confianza extrema en el papel y el poder de la institución presidencial, o compromisos vergonzantes?
Luego vino una ponencia del magistrado Álvarez Escoto, que pedía no confirmar la resolución impugnada y regresar el asunto al juzgado, pero sus compañeros, Rogelio Camarena Cortés y Jaime Ramos Carreón, no lo respaldaron, y simplemente ratificaron una sentencia cuyas consecuencias no pueden desconocer: deja en situación de precariedad la armazón jurídica de todas las áreas protegidas del país. ¿Puro amor a la ley?
Los disidentes de Santa Ana están preocupados por lo que venga. “Así nos fue, y eso que nuestro aliado era el presidente de la república, que antes era poderoso pero ahora ha sido humillado”, dice uno de sus abogados. Y luego repone, sapiencial y malicioso: “cuando hay negocio, hasta al presidente le toca perder…”.
--------
Lo que sigue
¿Qué efectos jurídicos y prácticos puede traer la resolución final del amparo a favor del comisariado de Santa Ana Tepetitlán y en contra del decreto de La Primavera? Aquí, algunos escenarios
El efecto dominó. Propietarios y ejidos de la reserva se amparan siguiendo el exitoso ejemplo del vecino, con el consiguiente riesgo no sólo para sostener La Primavera, sino cualquier área protegida decretada sin afectar propiedades en el país
El gobierno de la república y las entidades federales y estatales involucradas meten recursos jurídicos para subsanar los vacíos en la defensa ante el amparo 413/2001, lo cual no puede llevar a reabrir el proceso (jurídicamente es ya imposible), pero sí a reestablecer la demarcación protegida con una nueva declaratoria que cubra todas las formalidades legales
El gobierno de la república demanda penalmente a los magistrados que habrían “torcido la ley” a favor de los amparados y contra los intereses de la comunidad
Los gobiernos deciden no hacer nada jurídico por el decreto, sino que se limitan a negar permisos de cambio de uso de suelo (federal) y de urbanizaciones (municipal) en el macizo forestal “liberado”
Fuente: abogados consultados por Público
Tribunal federal “empequeñece” a La Primavera
Se confirma en segunda instancia sentencia de amparo favorable al comisariado ejidal de Santa Ana Tepetitlán para dejar casi 600 ha de bosques fuera de la zona protegida, lo que las hace susceptibles de urbanización; el gobernador y la SRA, omisos en la defensa
Guadalajara. Agustín del Castillo. Público-Milenio
En el último año, la presidencia de la república no tuvo argumentos jurídicos suficientes para defender ante dos instancias judiciales la integridad territorial del área de protección forestal y de fauna La Primavera, creada en 1980, por lo cual, la reserva boscosa acaba de perder en forma definitiva varios cientos de hectáreas de su superficie, que de este modo, podrán sumarse a la especulación inmobiliaria.
Ese es el efecto de la decisión del Primer Tribunal Colegiado del Tercer Circuito, con sede en esta ciudad, que notificó la pasada semana que “hasta 584 hectáreas” de la primera ampliación del ejido Santa Ana Tepetitlán, Zapopan, enclavadas en esta serranía, ya no forman parte de la reserva ecológica más importante de la región metropolitana de Guadalajara.
En la revisión 465/2007 del juicio de amparo 413/2001, con el voto dividido de los tres ministros integrantes, dos de ellos consideraron válido equiparar -por sus efectos jurídicos- una expropiación (en la cual el Estado se queda con la propiedad de los bienes) con una declaratoria de área natural protegida (en la que sólo limita sus usos), y al no haber sido notificados los quejosos del decreto de la reserva de 1980, ni mucho menos oídos y vencidos, como lo establece el artículo 14 constitucional, determinaron que el decreto del presidente José López Portillo es violatorio de las garantías individuales.
Esto viene a confirmar los términos de la sentencia emitida un año atrás por el juez tercero de distrito (la primera instancia en que el gobierno fue derrotado), la cual fue recurrida tanto por el Ejecutivo federal como por un grupo disidente de ejidatarios, quienes ven detrás de la “lucha reivindicatoria” de su comisariado ejidal, un fabuloso negocio de especuladores inmobiliarios, nada extraño en la historia de la segunda ciudad del país; mucho menos en estas florestas largamente codiciadas para desarrollos residenciales.
Lo que más preocupa a los ambientalistas y los responsables del bosque, es la posibilidad de que este caso desate un “efecto dominó”: los promotores del amparo acaban de mostrar el camino legal para desvirtuar el mandato presidencial. A decenas de propietarios del interior de la reserva, que vieron frustrados sus grandes negocios con el decreto de hace 28 años –cómo olvidar Ciudad La Primavera, faraónico desarrollo de medio millón de habitantes con que soñaron don Jorge Dipp y sus socios en el interior de las montañas-, parece que les ha llegado la hora de revertir los hechos, que a su juicio, les despojaron de derechos legítimos para explotar y especular.
Lo peor es que gran parte del sistema nacional de áreas naturales protegidas está construido sobre el mismo frágil supuesto: afectar usos y destinos de los terrenos bajo el argumento del superior interés público, sin cambiar el régimen de propiedad. Esa es la esencia del “modelo mexicano de conservación”.
¿Puede un caso específico, que abarca apenas dos por ciento de la superficie de La Primavera, cambiar la historia de la protección ambiental para siempre? Pronto habrá respuestas.
Los hechos
La cuestionada dirigencia del ejido Santa Ana Tepetitlán argumentó que la creación de la reserva ha significado la desposesión real de sus terrenos forestales en la zona de la primera ampliación, que abarca 640 hectáreas, casi todas boscosas, y además, que el decreto que formó el área protegida señala literalmente que la superficie afectada asciende a “30,500 hectáreas de propiedad particular”, lo que a su juicio, excluye otro tipo de propiedad, como son en México la comunal, la social o ejidal y la pública.
Les creyó el juez tercero de Distrito en Materia Administrativa de Guadalajara, al emitir su resolución sobre el juicio de amparo 413/2001-3 el 19 de abril de 2007.
En ella, determina que “la justicia de la unión ampara y protege al ejido Santa Ana Tepetitlán, municipio de Zapopan, Jalisco, en contra de las autoridades responsables Presidente de la República, secretario de la Reforma Agraria y gobernador del estado de Jalisco, que se hicieron consistir en el decreto expedido por el primero [el presidente] el 19 de febrero de 1980 [publicado en el Diario Oficial de la Federación el 6 de marzo siguiente], y el acuerdo y convenio celebrados el 18 de agosto de 2000 y 8 de enero de 2001, por el gobernador del estado de Jalisco…”.
Esto significa que el territorio ejidal referido fue afectado por el decreto, en condiciones equiparables a las de una expropiación, por lo cual queda fuera de la zona de protección de La Primavera, pues la sentencia es “… para el efecto de que dejen insubsistente el decreto reclamado, respecto de la superficie propiedad del ejido quejoso, así como sus consecuencias”.
Como la resolución dañaba el interés general, la presidencia de la república y los ejidatarios disidentes interpusieron el recurso de revisión. Las actas del toca 465/2007, que obtuvo este diario, revelan cómo fue el proceso.
¿Qué arguyó la representación del Poder Ejecutivo Federal? Insistió que el amparo debía “sobreseerse” (dejarse sin efecto por carecer de materia jurídica), pues “el decreto reclamado no cancela los derechos agrarios de los habitantes de las zonas de afectación”, y además, que el artículo 27 constitucional establece el derecho del Estado a establecer regulaciones a la propiedad.
“Es claro que el decreto que se tilda de inconstitucional, de ninguna manera constituye un acto que deba ser puesto a consideración del quejosos, ya que el mismo obedece al deber que tiene el Estado de conservar los recursos forestales y las especies de flora y fauna silvestres del territorio nacional, en cumplimiento de lo establecido por el artículo 27 constitucional…”, señala.
Hay una evidente primacía del interés general sobre el particular, lo que permite “restringir privilegios” si las condiciones varían en cuanto al equilibrio ecológico, añade.
Y rebate la equiparación a expropiación. El juez “confundió el concepto de expropiación con el de modalidad de la propiedad […] el asunto a dilucidar es simple y sencillamente una modalidad de propiedad, sin que se vean afectados esos derechos reales […] no estamos en presencia de un acto de privación, como tampoco ante la imposición de una pena, supuestos exclusivos en los que opera la garantía de audiencia […] la sentencia no apreció el acto reclamado en su verdadero sentido […] no existe la afectación al artículo 14 constitucional a que alude el juez…”.
En cuanto a los ejidatarios disidentes de Santa Ana, consideraron que sus “supuestas autoridades” estaban conformadas por ejidatarios privados de sus derechos agrarios por haber incurrido en anomalías como la venta ilegal de parcelas, por lo cual, no eran “verdaderos representantes” de la asamblea, y más bien, tenían el respaldo de los intereses especuladores que han fraccionado buena parte del territorio ejidal, actualmente invadido de asentamientos humanos irregulares.
El escrito de revisión lo firman Tranquilino Flores Aguilar y cinco campesinos más, como “comisionados para la administración y resguardo de las 641 ha que componen el potrero Las Lomas y que forman parte de la resolución presidencial de primera ampliación”.
El ejido “siempre ha tenido y tiene como beneficioso el decreto [de La Primavera] impugnado porque el mismo no nos afecta en nuestra propiedad y, al contrario, gracias a su protección se ha evitado en parte que el Ayuntamiento de Zapopan y los sedicentes comisariado ejidal y el licenciado José Antonio Soto Becerra hubiesen terminado de despojar a nuestro ejido…”.
A su juicio, esa pretensión es clara: los bosques de Las Lomas se integrarían a una amplia y multimillonaria especulación de terrenos urbanos.
¿Qué respondió el tribunal a los impugnadores? Descalificó sus argumentos.
Al presidente de la república le insistió que había afectación real de derechos: “el decreto impugnado se equipara a un reglamento federal, y éste a su vez, a la ley, en su aspecto material”, pues fue emitido con esas atribuciones que le da el artículo 89 constitucional al presidente de la república. Por ende, son inobjetables las violaciones a las garantías individuales materia de los juicios de amparo.
A los ejidatarios, les negó personalidad jurídica como representación sustituta y les dijo que no podían oponerse a un amparo, pues la naturaleza de éste es beneficiosa para ellos.
Entonces vino la resolución confirmatoria, que le revela a la sociedad de Jalisco, y la mexicana en general, las precarias bases legales sobre las que se asienta la protección de la naturaleza, uno de los ejes fundamentales de la gobernabilidad en nuestro tiempo.
A los fraccionadores les llega una especie de susurro que seguro atenderán, hombres hábiles que son: “¡ya volvió el tiempo para los negocios!”
Recuentos de lo extraño
¿Quién estuvo ausente de este proceso judicial? La sentencia de amparo fue concedida contra actos del presidente de la república, pero además, del secretario de la Reforma Agraria y del gobernador de Jalisco, así como de los directores del Registro Público de la Propiedad de Guadalajara y del Registro Agrario Nacional. Sólo compareció para la revisión la primera autoridad. Los motivos: ¿mero desinterés, confianza extrema en el papel y el poder de la institución presidencial, o compromisos vergonzantes?
Luego vino una ponencia del magistrado Álvarez Escoto, que pedía no confirmar la resolución impugnada y regresar el asunto al juzgado, pero sus compañeros, Rogelio Camarena Cortés y Jaime Ramos Carreón, no lo respaldaron, y simplemente ratificaron una sentencia cuyas consecuencias no pueden desconocer: deja en situación de precariedad la armazón jurídica de todas las áreas protegidas del país. ¿Puro amor a la ley?
Los disidentes de Santa Ana están preocupados por lo que venga. “Así nos fue, y eso que nuestro aliado era el presidente de la república, que antes era poderoso pero ahora ha sido humillado”, dice uno de sus abogados. Y luego repone, sapiencial y malicioso: “cuando hay negocio, hasta al presidente le toca perder…”.
--------
Lo que sigue
¿Qué efectos jurídicos y prácticos puede traer la resolución final del amparo a favor del comisariado de Santa Ana Tepetitlán y en contra del decreto de La Primavera? Aquí, algunos escenarios
El efecto dominó. Propietarios y ejidos de la reserva se amparan siguiendo el exitoso ejemplo del vecino, con el consiguiente riesgo no sólo para sostener La Primavera, sino cualquier área protegida decretada sin afectar propiedades en el país
El gobierno de la república y las entidades federales y estatales involucradas meten recursos jurídicos para subsanar los vacíos en la defensa ante el amparo 413/2001, lo cual no puede llevar a reabrir el proceso (jurídicamente es ya imposible), pero sí a reestablecer la demarcación protegida con una nueva declaratoria que cubra todas las formalidades legales
El gobierno de la república demanda penalmente a los magistrados que habrían “torcido la ley” a favor de los amparados y contra los intereses de la comunidad
Los gobiernos deciden no hacer nada jurídico por el decreto, sino que se limitan a negar permisos de cambio de uso de suelo (federal) y de urbanizaciones (municipal) en el macizo forestal “liberado”
Fuente: abogados consultados por Público
REGIÓN NAHUA DE MANANTLÁN
Los conflictos agrarios de Ayotitlán, estancados y latentes
El Pedregal,
cien años de
desasosiego
Este rancho centenario de la sierra de los nahuas ha vivido convulsiones de violencia antigua y conflictos agrarios actuales; los gobiernos estaban obligados desde 1995 a resolverlos, ante su carga de persecución, acoso, amenazas y violencia. Pero nunca se han resuelto
Cuautitlán. Agustín del Castillo. Público-Milenio, 6 de julio de 2008
La tarde del 15 de enero de 1993, cuando doña María Dolores Vargas Elías y su esposo Pedro Cobián Roblada eran jaloneados por policías preventivos a punta de ametralladora R-15, acusados de ser “invasores de tierras”, la anciana recordó, bajando por las colinas agrestes de El Pedregal, los largos años de la infancia, a salto de mata entre revolucionarios y cristeros, huyendo de la sierra, velando hermanos muertos, viviendo en la costa o en Minatitlán y regresando al monte, para al fin poseer la tierra, reservada a quienes tienen el corazón manso (San Mateo, 5,4).
A partir de 1930, habían pasado 60 años de casi quietud, si no fuera por las irrupciones cotidianas de gendarmes o guardias blancas que defendían la ley de los caciques y de los madereros.
Y llegaron hijos, nietos y bisnietos, y se pobló esta tierra de montañas escarpadas y cielos luminosos.
Pero ese día invernal de hace quince años, la vida volvería a cambiar completamente. La mujer añosa relata que durmió en la lobreguez de la cárcel de Telcruz, y al día siguiente en Cuautitlán, junto con una docena de parientes, amenazados de no recibir cena y de ser sumergidos en un pozo de agua “hasta que firmáramos los papeles”. Algunos lo hicieron. A todos los dejaron salir a la segunda jornada, bajo la advertencia de no regresar.
Hoy vive de nuevo en el rancho, pero ninguno de sus hijos puede sembrar las tierras que araron los abuelos. Doña María dice que El Pedregal fue adquirido a “precio de oro” en el año 1903 por su madre Sebastiana Elías Virgen, por Marcelino Zúñiga y otros socios, que le pagaron religiosamente a Camilo Mateo Jacobo, comisariado de la comunidad de Ayotitlán.
Siempre fue una pequeña propiedad colectiva, de unas tres mil hectáreas. Hasta que los caciques forestales y los cenecistas intentaron dividir a la larga prole de Sebastiana. Guadalupe Michel, el famoso Cazango, repartió algunos pesos para quedarse con sus pinares y encineras, y generó la discordia. Caínes y abeles brotaron cuando la comunidad indígena nahua, revertida a ejido, se quiso aposentar de estos solares, treinta años después de la resolución presidencial (1963), jamás ejecutada completamente y que nunca menciona entre los bienes de Ayotitlán las laderas de El Pedregal. Unos se alinearon con el ejido, otros se negaron a perder sus terrenos.
Entonces se dio el desalojo.
En 1995, la Comisión Nacional de Derechos Humanos, en su recomendación 122/95, pidió a la Secretaría de la Reforma Agraria “gire instrucciones a efecto de que se resuelva de manera definitiva la situación jurídica del rancho El Pedregal […] particularmente mediante el seguimiento del acuerdo tomado entre las autoridades ejidales de Ayotitlán y los pobladores del mencionado rancho, a efecto de dar solución a la controversia derivada de la indefinición jurídica que sufre El Pedregal”.
Al gobernador de Jalisco, “que instruya al procurador general de justicia del estado para que se inicien las averiguaciones previas tendientes a esclarecer […] diversos delitos que manifestaron los pobladores del rancho El Pedregal que fueron cometidos en su agravio…”.
Ninguna de las dos recomendaciones se ha cumplido.
Doña María tiene 98 años. Y aunque todavía pelea, su lucidez le hace atisbar más amarguras.
Los hijos de la diáspora
Doña María no pudo nacer en El Pedregal en 1910. Sus padres habían debido huir de la marea revolucionaria, que significó casi puro sufrimiento para los habitantes del campo. Fue alumbrada en la seguridad de una finca de El Mamey (Minatitlán). “Por estos cerro andaba una gavilla, por todos lados, y a los que estaban más acomodados los agarraban y los ahorcaban, les quitaban el dinero, creo que eran carrancistas”.
Conforme se apaciguó el ambiente, regresaron a los potreros adquiridos a los nahuas, pero a mediados de los años 20, mientras la clase revolucionaria se afianzaba en el poder de la república y se acentuaba la violencia por el tema religioso, regresaron las balas a la sierra y los pacíficos debieron salir de nuevo.
“Cuando lo de los cristeros, ellos mataron a un hermano que teníamos, entonces nos fuimos de aquí; teníamos ganado y caballos en el cerro pero los largamos”, refiere la anciana, de cuerpo menudito y de voz temblorosa pero mirada clara.
Al firmarse los acuerdos iglesia católica-Estado, de 1929, retornaron. “Yo ya vine aquí otra vez ya grande, teníamos unas vaquitas y aquí las cuidaba”.
A sus hijos Jesús, Ángel y Cresencio, y tres más, les tocaron muchos años relativamente tranquilos. Ayotitlán fue dotado como ejido en 1963 y ejecutado, de forma parcial, en 1964, pero “jamás nos notificaron o nos avisaron que hubiéramos sido afectados”, advierten.
El Pedregal hizo un juicio de prescripción ante el Juzgado de Primera Instancia del Partido Judicial de Autlán, para obtener escrituras públicas en el año de 1949. Los herederos del predio aseguran que en total existen nueve escrituras de fracciones de propiedad originales. “En 1962 se hizo la escrituración de las excedencias en Autlán”. La superficie de la familia andaría así cerca de las tres mil hectáreas.
Por eso, el quince de enero de 1993, pasaron la sorpresa de sus vidas.
“Se nos volteó mucha gente, muchos de los primos hermanos del lado de mi papá se fueron con ellos, y nosotros peleamos del lado de mi mamá [María Dolores]. Nos cayeron con policías, un comandante que se llamaba Apolonio, y nos persiguieron y golpearon. A nuestros padres, ancianos, los jalaban del cuello para llevárselos, a mi hermano Ramón lo golpearon […] rompieron las alambradas, quemaron las milpas o las destruyeron con maquinaria; la casa de nuestros papás la saquearon”, señala Jesús Cobián.
“Querían que se firmara la aceptación de que no éramos pequeños propietarios”, añade.
Ramón revela su experiencia: “me llevaron amarrado a una casa de abajo y ahí ya me llevaron a Telcruz, me recibió la preventiva […] en Chancol se bajaron todos y nomás quedó el que me iba vigilando, y me dijo: ‘mira, ellos me pagan tanto para que yo te golpié [sic], pero no va a ser así’ […] en mi mochila me echaron una bolsa de marihuana, me dijo ese policía: ‘mira, yo soy tu amigo, nomás fíjate lo que llevas aquí, te la pusieron para que allá con la investigación con esto te quieren chingar’, y pues sí, pero él me ayudó”.
No regresaron pronto.
Doña María se la pasó un año en casa de su hermana, en Minatitlán. Los hijos salieron a Colima, a Ciudad Guzmán e incluso migraron a Estados Unidos. Ángel se reinstaló, sólo para comprobar la intolerancia extrema que se había apoderado del ánimo de sus vecinos, casi todos parientes.
Por ejemplo, en el terremoto de 1995, que destruyó la finca de su madre, nunca recibieron apoyo gubernamental, pues fueron borrados de las listas oficiales. Los hijos eran acosados en las escuelas. Los padrones del Procampo también los hicieron a un lado, y ahora solamente pueden trabajar parcelas rentadas, “como si no fuéramos los dueños de todo esto”, señala con tristeza.
Así consigna los hechos la recomendación 122/95: “…en la práctica se ven perturbados en sus actividades agropecuarias y en su propia integridad física y patrimonial por los ejidatarios de Ayotitlán, quienes alegan que el rancho referido forma parte de la dotación ejidal con la que fueron favorecidos, habiendo constancias en las que se manifiesta que el comisariado de Ayotitlán se compromete a estudiar el problema que se comenta y en su momento convenir con los pobladores del rancho sobre la solución a la controversia derivada de la indefinición jurídica que sufre…”.
Pero un escrito de 1997 al gobernador Alberto Cárdenas Jiménez revela que esa intención no pasó de la buena voluntad: “las autoridades municipales, estatales y federales, a la fecha, desde 1991 que reportamos la invasión ilegal a nuestra propiedad privada, dichas autoridades no han hecho nada por solucionar nuestro problema, aclaramos que ha intervenido la Procuraduría Agraria con oficinas en Autlán de la Grana Jal, nos ponen citas cada quince días más o menos, pero como no se presentan los comisariados ejidales, nunca se ha llegado a un acuerdo que nos favorezca, suponemos que hay acuerdos económicos privados, que son sobornados como lla [sic] ha venido siendo costumbre”.
Hoy, los Cobián Vargas y sus parientes aliados han abierto un juicio agrario en el tribunal competente, enclavado en Colima, cansados de esperar a que las autoridades legales y las de facto les reconozcan algo de su antiguo derecho.
Desasosiego centenario
El rancho El Pedregal cumple 105 años de fundación. María Dolores Vargas Elías, nacida en 1910, entre los rumores de los máuseres y las matanzas cruentas de los años revolucionarios y cristeros, parece despedirse de la tierra prometida –entre montañas escarpadas y cielos memorables- recordando discordias y desasosiegos, hermanos muertos e hijos perseguidos, caínes y abeles, judas y centuriones, y bienaventuranzas aplastadas, como si fuera la guardiana de una paz imposible.
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La recomendación 122/1995 de la CNDH resaltó el caso como uno de los más urgentes de la región
Ayotitlán y El Pedregal:
13 años de sin soluciones
claves
Un conflicto nacido de un decreto presidencial que nunca se ejecutó completamente
La recomendación 122/95, del 27 de septiembre de 1995, se envió a los gobernadores de Jalisco y Colima y al secretario de la Reforma Agraria, y “se refirió al caso de los pobladores del ejido Ayotitlán, municipio de Cuautitlán, Jalisco, quienes manifestaron que por la indefinición de límites territoriales entre los estados y la inejecución total de una resolución presidencial que les favoreció, enfrentan diversos conflictos agrarios y de seguridad pública”
El 28 de agosto de 1963, se emitió una resolución presidencial en la que se dotaba de 50,332-50-00 hectáreas ejidales a la vieja comunidad indígena nahua de Ayotitlán, cuyo proceso de titulación fue revertido con la supuesta desaparición de los títulos virreinales. Después se supo que dichos documentos habían sido robados por los caciques madereros que saquearon la sierra en esos años
La resolución dotatoria se ejecutó parcialmente en mayo de 1977, cuando se entregaron sólo 34,700 hectáreas. En septiembre de 1977, la Secretaría de la Reforma Agraria notificó a los ejidatarios de Ayotitlán que dentro del ejido que les fue dotado quedaron inscritos los poblados de El Pedregal y Las Pesadas
El 12 de marzo de 1992, “esta comisión nacional recibió el escrito del 24 de enero del mismo año, suscrito por los señores Ángel y Guadalupe Niz Elías, Jesús, Cresencio y Ramón Cobián Vargas, y Natividad Cobián Cobián, todos ellos pobladores del Rancho El Pedregal […] los quejosos manifestaron que desde 1903 han habitado el predio y que hasta la fecha no ha sido abandonado por ellos. Que al realizar cualquier actividad para el cultivo de sus tierras se ven entorpecidos por un grupo de personas que se dicen ser integrantes del Ejido Ayotitlán, que consideran al Rancho El Pedregal como afectado por la dotación ejidal de Ayotitlán, a grado tal que han querido echarlos de su propiedad. Esta situación prevalece desde hace varios años al carecer de una solución favorable para ambas partes, por parte de las autoridades competentes. Que no han sido escuchados por las agencias del Ministerio Público a las que han acudido a denunciar los delitos de lesiones con arma blanca y amenazas de muerte, en contra de los vecinos de Ayotitlán; asimismo, señalaron que han sufrido daños diversos en sus propiedades…”.
Los parvifundistas de El Pedregal “consideran que la información que originó el trámite de afectación a su propiedad fue completamente errónea, ya que en los documentos que obran en la delegación de Reforma Agraria consta que los terrenos afectados fueron tomados de terrenos de propietarios desconocidos, que por lo tanto, jamás fueron comunicados de tal afectación […] no ejercieron su derecho en tiempo, además de que en tales documentos no se menciona lo que ellos estiman de su propiedad; es decir, que se pretende dotar al ejido con la totalidad de su propiedad…”
En el oficio 3781 del 2 de julio de 1992, suscrito Alejandro Díaz Guzmán, entonces delegado Agrario en Jalisco y dirigido al jefe de la oficina del Registro Público de la Propiedad de Autlán de Navarro, “manifestó que en atención a la solicitud del comisariado ejidal de Ayotitlán, Cuautitlán, Jalisco, se inscribiera la Resolución Presidencial del 28 de agosto de 1963, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 14 de enero de 1964 […] haciendo de su conocimiento que dentro de esta superficie está ubicado el predio El Pedregal, que se encuentra inscrito en la oficina a la que se remite el oficio, a nombre de varias personas, en calidad de propiedad privada”
El 3 de julio de 1992, se buscó un acuerdo en las oficinas de la Delegación Agraria, ante los integrantes del Comité Estatal de Concertación Agraria y siendo testigo de honor el presidente de la república, Carlos Salinas de Gortari. “… los presuntos pequeños propietarios manifestaron que el predio El Pedregal, que reclaman como de su propiedad, está incluido totalmente dentro del plano de ejecución del mandamiento presidencial del 28 de agosto de 1963, por lo que sometían a la consideración de los representantes del Ejido Ayotitlán, la posibilidad de ser incluidos dentro del mismo, entregándoseles en forma parcial la superficie que reclaman…”. No se llegó a nada
Para la CNDH, resultaba indispensable hacer estudios y levantar planos para delimitar propiedades antes de llegar a un acuerdo. No se realizaron. Se espera que el juicio agrario 80/06 todas esas lagunas queden colmadas, y se avance en la solución jurídica del caso
El Pedregal,
cien años de
desasosiego
Este rancho centenario de la sierra de los nahuas ha vivido convulsiones de violencia antigua y conflictos agrarios actuales; los gobiernos estaban obligados desde 1995 a resolverlos, ante su carga de persecución, acoso, amenazas y violencia. Pero nunca se han resuelto
Cuautitlán. Agustín del Castillo. Público-Milenio, 6 de julio de 2008
La tarde del 15 de enero de 1993, cuando doña María Dolores Vargas Elías y su esposo Pedro Cobián Roblada eran jaloneados por policías preventivos a punta de ametralladora R-15, acusados de ser “invasores de tierras”, la anciana recordó, bajando por las colinas agrestes de El Pedregal, los largos años de la infancia, a salto de mata entre revolucionarios y cristeros, huyendo de la sierra, velando hermanos muertos, viviendo en la costa o en Minatitlán y regresando al monte, para al fin poseer la tierra, reservada a quienes tienen el corazón manso (San Mateo, 5,4).
A partir de 1930, habían pasado 60 años de casi quietud, si no fuera por las irrupciones cotidianas de gendarmes o guardias blancas que defendían la ley de los caciques y de los madereros.
Y llegaron hijos, nietos y bisnietos, y se pobló esta tierra de montañas escarpadas y cielos luminosos.
Pero ese día invernal de hace quince años, la vida volvería a cambiar completamente. La mujer añosa relata que durmió en la lobreguez de la cárcel de Telcruz, y al día siguiente en Cuautitlán, junto con una docena de parientes, amenazados de no recibir cena y de ser sumergidos en un pozo de agua “hasta que firmáramos los papeles”. Algunos lo hicieron. A todos los dejaron salir a la segunda jornada, bajo la advertencia de no regresar.
Hoy vive de nuevo en el rancho, pero ninguno de sus hijos puede sembrar las tierras que araron los abuelos. Doña María dice que El Pedregal fue adquirido a “precio de oro” en el año 1903 por su madre Sebastiana Elías Virgen, por Marcelino Zúñiga y otros socios, que le pagaron religiosamente a Camilo Mateo Jacobo, comisariado de la comunidad de Ayotitlán.
Siempre fue una pequeña propiedad colectiva, de unas tres mil hectáreas. Hasta que los caciques forestales y los cenecistas intentaron dividir a la larga prole de Sebastiana. Guadalupe Michel, el famoso Cazango, repartió algunos pesos para quedarse con sus pinares y encineras, y generó la discordia. Caínes y abeles brotaron cuando la comunidad indígena nahua, revertida a ejido, se quiso aposentar de estos solares, treinta años después de la resolución presidencial (1963), jamás ejecutada completamente y que nunca menciona entre los bienes de Ayotitlán las laderas de El Pedregal. Unos se alinearon con el ejido, otros se negaron a perder sus terrenos.
Entonces se dio el desalojo.
En 1995, la Comisión Nacional de Derechos Humanos, en su recomendación 122/95, pidió a la Secretaría de la Reforma Agraria “gire instrucciones a efecto de que se resuelva de manera definitiva la situación jurídica del rancho El Pedregal […] particularmente mediante el seguimiento del acuerdo tomado entre las autoridades ejidales de Ayotitlán y los pobladores del mencionado rancho, a efecto de dar solución a la controversia derivada de la indefinición jurídica que sufre El Pedregal”.
Al gobernador de Jalisco, “que instruya al procurador general de justicia del estado para que se inicien las averiguaciones previas tendientes a esclarecer […] diversos delitos que manifestaron los pobladores del rancho El Pedregal que fueron cometidos en su agravio…”.
Ninguna de las dos recomendaciones se ha cumplido.
Doña María tiene 98 años. Y aunque todavía pelea, su lucidez le hace atisbar más amarguras.
Los hijos de la diáspora
Doña María no pudo nacer en El Pedregal en 1910. Sus padres habían debido huir de la marea revolucionaria, que significó casi puro sufrimiento para los habitantes del campo. Fue alumbrada en la seguridad de una finca de El Mamey (Minatitlán). “Por estos cerro andaba una gavilla, por todos lados, y a los que estaban más acomodados los agarraban y los ahorcaban, les quitaban el dinero, creo que eran carrancistas”.
Conforme se apaciguó el ambiente, regresaron a los potreros adquiridos a los nahuas, pero a mediados de los años 20, mientras la clase revolucionaria se afianzaba en el poder de la república y se acentuaba la violencia por el tema religioso, regresaron las balas a la sierra y los pacíficos debieron salir de nuevo.
“Cuando lo de los cristeros, ellos mataron a un hermano que teníamos, entonces nos fuimos de aquí; teníamos ganado y caballos en el cerro pero los largamos”, refiere la anciana, de cuerpo menudito y de voz temblorosa pero mirada clara.
Al firmarse los acuerdos iglesia católica-Estado, de 1929, retornaron. “Yo ya vine aquí otra vez ya grande, teníamos unas vaquitas y aquí las cuidaba”.
A sus hijos Jesús, Ángel y Cresencio, y tres más, les tocaron muchos años relativamente tranquilos. Ayotitlán fue dotado como ejido en 1963 y ejecutado, de forma parcial, en 1964, pero “jamás nos notificaron o nos avisaron que hubiéramos sido afectados”, advierten.
El Pedregal hizo un juicio de prescripción ante el Juzgado de Primera Instancia del Partido Judicial de Autlán, para obtener escrituras públicas en el año de 1949. Los herederos del predio aseguran que en total existen nueve escrituras de fracciones de propiedad originales. “En 1962 se hizo la escrituración de las excedencias en Autlán”. La superficie de la familia andaría así cerca de las tres mil hectáreas.
Por eso, el quince de enero de 1993, pasaron la sorpresa de sus vidas.
“Se nos volteó mucha gente, muchos de los primos hermanos del lado de mi papá se fueron con ellos, y nosotros peleamos del lado de mi mamá [María Dolores]. Nos cayeron con policías, un comandante que se llamaba Apolonio, y nos persiguieron y golpearon. A nuestros padres, ancianos, los jalaban del cuello para llevárselos, a mi hermano Ramón lo golpearon […] rompieron las alambradas, quemaron las milpas o las destruyeron con maquinaria; la casa de nuestros papás la saquearon”, señala Jesús Cobián.
“Querían que se firmara la aceptación de que no éramos pequeños propietarios”, añade.
Ramón revela su experiencia: “me llevaron amarrado a una casa de abajo y ahí ya me llevaron a Telcruz, me recibió la preventiva […] en Chancol se bajaron todos y nomás quedó el que me iba vigilando, y me dijo: ‘mira, ellos me pagan tanto para que yo te golpié [sic], pero no va a ser así’ […] en mi mochila me echaron una bolsa de marihuana, me dijo ese policía: ‘mira, yo soy tu amigo, nomás fíjate lo que llevas aquí, te la pusieron para que allá con la investigación con esto te quieren chingar’, y pues sí, pero él me ayudó”.
No regresaron pronto.
Doña María se la pasó un año en casa de su hermana, en Minatitlán. Los hijos salieron a Colima, a Ciudad Guzmán e incluso migraron a Estados Unidos. Ángel se reinstaló, sólo para comprobar la intolerancia extrema que se había apoderado del ánimo de sus vecinos, casi todos parientes.
Por ejemplo, en el terremoto de 1995, que destruyó la finca de su madre, nunca recibieron apoyo gubernamental, pues fueron borrados de las listas oficiales. Los hijos eran acosados en las escuelas. Los padrones del Procampo también los hicieron a un lado, y ahora solamente pueden trabajar parcelas rentadas, “como si no fuéramos los dueños de todo esto”, señala con tristeza.
Así consigna los hechos la recomendación 122/95: “…en la práctica se ven perturbados en sus actividades agropecuarias y en su propia integridad física y patrimonial por los ejidatarios de Ayotitlán, quienes alegan que el rancho referido forma parte de la dotación ejidal con la que fueron favorecidos, habiendo constancias en las que se manifiesta que el comisariado de Ayotitlán se compromete a estudiar el problema que se comenta y en su momento convenir con los pobladores del rancho sobre la solución a la controversia derivada de la indefinición jurídica que sufre…”.
Pero un escrito de 1997 al gobernador Alberto Cárdenas Jiménez revela que esa intención no pasó de la buena voluntad: “las autoridades municipales, estatales y federales, a la fecha, desde 1991 que reportamos la invasión ilegal a nuestra propiedad privada, dichas autoridades no han hecho nada por solucionar nuestro problema, aclaramos que ha intervenido la Procuraduría Agraria con oficinas en Autlán de la Grana Jal, nos ponen citas cada quince días más o menos, pero como no se presentan los comisariados ejidales, nunca se ha llegado a un acuerdo que nos favorezca, suponemos que hay acuerdos económicos privados, que son sobornados como lla [sic] ha venido siendo costumbre”.
Hoy, los Cobián Vargas y sus parientes aliados han abierto un juicio agrario en el tribunal competente, enclavado en Colima, cansados de esperar a que las autoridades legales y las de facto les reconozcan algo de su antiguo derecho.
Desasosiego centenario
El rancho El Pedregal cumple 105 años de fundación. María Dolores Vargas Elías, nacida en 1910, entre los rumores de los máuseres y las matanzas cruentas de los años revolucionarios y cristeros, parece despedirse de la tierra prometida –entre montañas escarpadas y cielos memorables- recordando discordias y desasosiegos, hermanos muertos e hijos perseguidos, caínes y abeles, judas y centuriones, y bienaventuranzas aplastadas, como si fuera la guardiana de una paz imposible.
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La recomendación 122/1995 de la CNDH resaltó el caso como uno de los más urgentes de la región
Ayotitlán y El Pedregal:
13 años de sin soluciones
claves
Un conflicto nacido de un decreto presidencial que nunca se ejecutó completamente
La recomendación 122/95, del 27 de septiembre de 1995, se envió a los gobernadores de Jalisco y Colima y al secretario de la Reforma Agraria, y “se refirió al caso de los pobladores del ejido Ayotitlán, municipio de Cuautitlán, Jalisco, quienes manifestaron que por la indefinición de límites territoriales entre los estados y la inejecución total de una resolución presidencial que les favoreció, enfrentan diversos conflictos agrarios y de seguridad pública”
El 28 de agosto de 1963, se emitió una resolución presidencial en la que se dotaba de 50,332-50-00 hectáreas ejidales a la vieja comunidad indígena nahua de Ayotitlán, cuyo proceso de titulación fue revertido con la supuesta desaparición de los títulos virreinales. Después se supo que dichos documentos habían sido robados por los caciques madereros que saquearon la sierra en esos años
La resolución dotatoria se ejecutó parcialmente en mayo de 1977, cuando se entregaron sólo 34,700 hectáreas. En septiembre de 1977, la Secretaría de la Reforma Agraria notificó a los ejidatarios de Ayotitlán que dentro del ejido que les fue dotado quedaron inscritos los poblados de El Pedregal y Las Pesadas
El 12 de marzo de 1992, “esta comisión nacional recibió el escrito del 24 de enero del mismo año, suscrito por los señores Ángel y Guadalupe Niz Elías, Jesús, Cresencio y Ramón Cobián Vargas, y Natividad Cobián Cobián, todos ellos pobladores del Rancho El Pedregal […] los quejosos manifestaron que desde 1903 han habitado el predio y que hasta la fecha no ha sido abandonado por ellos. Que al realizar cualquier actividad para el cultivo de sus tierras se ven entorpecidos por un grupo de personas que se dicen ser integrantes del Ejido Ayotitlán, que consideran al Rancho El Pedregal como afectado por la dotación ejidal de Ayotitlán, a grado tal que han querido echarlos de su propiedad. Esta situación prevalece desde hace varios años al carecer de una solución favorable para ambas partes, por parte de las autoridades competentes. Que no han sido escuchados por las agencias del Ministerio Público a las que han acudido a denunciar los delitos de lesiones con arma blanca y amenazas de muerte, en contra de los vecinos de Ayotitlán; asimismo, señalaron que han sufrido daños diversos en sus propiedades…”.
Los parvifundistas de El Pedregal “consideran que la información que originó el trámite de afectación a su propiedad fue completamente errónea, ya que en los documentos que obran en la delegación de Reforma Agraria consta que los terrenos afectados fueron tomados de terrenos de propietarios desconocidos, que por lo tanto, jamás fueron comunicados de tal afectación […] no ejercieron su derecho en tiempo, además de que en tales documentos no se menciona lo que ellos estiman de su propiedad; es decir, que se pretende dotar al ejido con la totalidad de su propiedad…”
En el oficio 3781 del 2 de julio de 1992, suscrito Alejandro Díaz Guzmán, entonces delegado Agrario en Jalisco y dirigido al jefe de la oficina del Registro Público de la Propiedad de Autlán de Navarro, “manifestó que en atención a la solicitud del comisariado ejidal de Ayotitlán, Cuautitlán, Jalisco, se inscribiera la Resolución Presidencial del 28 de agosto de 1963, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 14 de enero de 1964 […] haciendo de su conocimiento que dentro de esta superficie está ubicado el predio El Pedregal, que se encuentra inscrito en la oficina a la que se remite el oficio, a nombre de varias personas, en calidad de propiedad privada”
El 3 de julio de 1992, se buscó un acuerdo en las oficinas de la Delegación Agraria, ante los integrantes del Comité Estatal de Concertación Agraria y siendo testigo de honor el presidente de la república, Carlos Salinas de Gortari. “… los presuntos pequeños propietarios manifestaron que el predio El Pedregal, que reclaman como de su propiedad, está incluido totalmente dentro del plano de ejecución del mandamiento presidencial del 28 de agosto de 1963, por lo que sometían a la consideración de los representantes del Ejido Ayotitlán, la posibilidad de ser incluidos dentro del mismo, entregándoseles en forma parcial la superficie que reclaman…”. No se llegó a nada
Para la CNDH, resultaba indispensable hacer estudios y levantar planos para delimitar propiedades antes de llegar a un acuerdo. No se realizaron. Se espera que el juicio agrario 80/06 todas esas lagunas queden colmadas, y se avance en la solución jurídica del caso
sábado, 5 de julio de 2008
JORNADA NACIONAL DE REFORESTACIÓN
“Convocatoria honesta y transparente”, responde el vocero
Rechaza la Semarnat las críticas
de Greenpeace a jornada de hoy
ProÁrbol “es un éxito recocido por la ONU”; la supervivencia “es alta”
Guadalajara. Agustín del Castillo. Público-Milenio
Hoy por la mañana usted puede ser uno del medio millón de personas que, asegura la Semarnat, participarán en la jornada “histórica” que establecerá el récord mundial de plantación de árboles en un solo día: cinco millones de árboles, aunque hay nueve millones disponibles, por si se ofrece.
O puede ser uno de los más de 106 millones que se quedarán en casa, sea porque no le gustan las muchedumbres, desconfía de los programas de gobierno o tiene tareas personales impostergables; o simplemente, por pertenecer a la inmensa “mayoría pasiva” de este país de civismo apático. También es posible que esté en la minoría puntillosa que le da la razón a los críticos de la reforestación: por ejemplo, Greenpeace, la organización ecologista más famosa del mundo, descalifica el procedimiento y piensa que también será día de otro récord mundial: el de más arbolitos tirados a la basura, pues no vivirá más que uno de cada diez.
Durante la jornada intervendrán 356 fedatarios públicos, entre los que se encuentran más de 100 notarios, arriba de 120 secretarios de ayuntamiento, jueces de paz, jueces menores y residentes municipales, que cubrirán el 89 por ciento de los ejidos, comunidades y áreas que se van a reforestar, anunció la Secretaría de Medio Ambiente federal, en busca de credibilidad.
Habrá ocho mil técnicos forestales “distribuidos en todo el país para explicar a las personas cómo desarrollar con mayor precisión el proceso de reforestación”. La Comisión Nacional Forestal (Conafor) se encargó de responder a los ecologistas: para el primer año, la posibilidad de mortandad de los arbolitos está entre el 15 y 20 por ciento; para el segundo año, entre el 8 y 12 por ciento; para el tercero, del 3 al 5 por ciento; y para el cuarto, menor a uno por ciento, aseguró José Luis Cibrian, titular del organismo. Después se consolidan como seres vivos.
Por su parte, el vocero de la Semarnat, Fernando Carbonell, dijo que en la jornada de hoy, medio millón de personas “de ninguna manera han sido manipuladas”, advirtió en un comunicado.
Pidió a Greenpeace, “no desvirtuar una convocatoria honesta, transparente y que es en beneficio de todos los mexicanos”, sino por el contrario, unirse “como lo han hecho organizaciones tan importantes como el Fondo Mundial para la Naturaleza (WWF), S.O.S. Tierra, el Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente y grupos ambientalistas mexicanos como Selva Negra o Pronatura”. Parece que sólo falta la Paz Verde, el activista incómodo.
Rechaza la Semarnat las críticas
de Greenpeace a jornada de hoy
ProÁrbol “es un éxito recocido por la ONU”; la supervivencia “es alta”
Guadalajara. Agustín del Castillo. Público-Milenio
Hoy por la mañana usted puede ser uno del medio millón de personas que, asegura la Semarnat, participarán en la jornada “histórica” que establecerá el récord mundial de plantación de árboles en un solo día: cinco millones de árboles, aunque hay nueve millones disponibles, por si se ofrece.
O puede ser uno de los más de 106 millones que se quedarán en casa, sea porque no le gustan las muchedumbres, desconfía de los programas de gobierno o tiene tareas personales impostergables; o simplemente, por pertenecer a la inmensa “mayoría pasiva” de este país de civismo apático. También es posible que esté en la minoría puntillosa que le da la razón a los críticos de la reforestación: por ejemplo, Greenpeace, la organización ecologista más famosa del mundo, descalifica el procedimiento y piensa que también será día de otro récord mundial: el de más arbolitos tirados a la basura, pues no vivirá más que uno de cada diez.
Durante la jornada intervendrán 356 fedatarios públicos, entre los que se encuentran más de 100 notarios, arriba de 120 secretarios de ayuntamiento, jueces de paz, jueces menores y residentes municipales, que cubrirán el 89 por ciento de los ejidos, comunidades y áreas que se van a reforestar, anunció la Secretaría de Medio Ambiente federal, en busca de credibilidad.
Habrá ocho mil técnicos forestales “distribuidos en todo el país para explicar a las personas cómo desarrollar con mayor precisión el proceso de reforestación”. La Comisión Nacional Forestal (Conafor) se encargó de responder a los ecologistas: para el primer año, la posibilidad de mortandad de los arbolitos está entre el 15 y 20 por ciento; para el segundo año, entre el 8 y 12 por ciento; para el tercero, del 3 al 5 por ciento; y para el cuarto, menor a uno por ciento, aseguró José Luis Cibrian, titular del organismo. Después se consolidan como seres vivos.
Por su parte, el vocero de la Semarnat, Fernando Carbonell, dijo que en la jornada de hoy, medio millón de personas “de ninguna manera han sido manipuladas”, advirtió en un comunicado.
Pidió a Greenpeace, “no desvirtuar una convocatoria honesta, transparente y que es en beneficio de todos los mexicanos”, sino por el contrario, unirse “como lo han hecho organizaciones tan importantes como el Fondo Mundial para la Naturaleza (WWF), S.O.S. Tierra, el Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente y grupos ambientalistas mexicanos como Selva Negra o Pronatura”. Parece que sólo falta la Paz Verde, el activista incómodo.
viernes, 4 de julio de 2008
CERCENAN LA PRIMAVERA
Un amparo revoca efectos de la resolución presidencial sobre bosque de Santa Ana Tepetitlán
Golpe a La Primavera: dejan
decreto sin efecto en ejido
Un bosque ejidal de 640 has quedó libre de la protección de su flora y fauna, y en consecuencia, puede ser desarrollado. Ejidatarios disidentes denuncian que hay un negocio inmobiliario detrás de este proceso jurídico. La Semarnat impugnará la resolución
Guadalajara. Agustín del Castillo. Público-Milenio, 7 de junio de 2007
Los enemigos del modelo mexicano de conservación se acaban de anotar un señalado triunfo judicial, al extraer del régimen de protección 640 hectáreas del bosque La Primavera, justo en la zona en que la reserva forestal y de fauna colinda con el área urbana de Zapopan.
La dirigencia del ejido Santa Ana Tepetitlán hizo valer sus argumentos de que la creación de la reserva ha significado la desposesión real de sus terrenos forestales, y además, de que el decreto que formó el área protegida señala literalmente que la superficie afectada son “30,500 hectáreas de propiedad particular”, lo que a su juicio, excluye otro tipo de propiedad, como son en México la comunal, la social o ejidal y la pública.
El juez tercero de Distrito en Materia Administrativa de Guadalajara, emitió su resolución sobre el juicio de amparo 413/2001-3 el pasado 19 de abril. Este diario posee una copia.
En ella, determina que “la justicia de la unión ampara y protege al ejido Santa Ana Tepetitlán, municipio de Zapopan, Jalisco, en contra de las autoridades responsables Presidente de la República, secretario de la Reforma Agraria y gobernador del estado de Jalisco, que se hicieron consistir en el decreto expedido por el primero [el presidente] el 19 de febrero de 1980 [publicado en el Diario Oficial de la Federación el 6 de marzo siguiente], y el acuerdo y convenio celebrados el 18 de agosto de 2000 y 8 de enero de 2001, por el gobernador del estado de Jalisco…” (sic).
En los hechos, esto significa que el territorio ejidal referido, presuntamente afectado por el decreto, en condiciones equiparables a las de una expropiación (según la argumentación del juez), sale de la zona de protección de La Primavera, como bien señala la sentencia, que es “… para el efecto de que dejen insubsistente el decreto reclamado, respecto de la superficie propiedad del ejido quejoso, así como sus consecuencias”.
El delegado en Jalisco de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat), José de Jesús Álvarez Carrillo, aseguró ayer que apenas fueron notificados de la resolución el pasado viernes 1 de junio, y que ya está en el conocimiento de la dirección jurídica de Semarnat, en México, y de la Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas (Conanp). “Por supuesto que vamos a impugnarlo; vamos a pedir la revisión de esta decisión y vamos a buscar echar para abajo los argumentos invocados; es muy importante que los ciudadanos sepan que se defenderá el patrimonio natural de esta región”, destacó.
A Álvarez Carrillo, al igual que al director del área natural protegida, Salvador Mayorga Castañeda, les preocupa no sólo el alcance específico de este amparo, sino que, en caso de ser ratificado por el Tribunal Colegiado en turno, sentaría un precedente que debilitaría el sustento legal de las reservas ecológicas mexicanas, la inmensa mayoría de las cuales se asientan sobre propiedades privadas, comunales o sociales, e imponen regulaciones al uso de los recursos naturales que el juez tercero de Distrito de Guadalajara consideró equivalentes a la expropiación.
La historia judicial
El amparo 413/2001-3 fue admitido el 22 de mayo de 2001. Lo interpusieron los miembros del comisariado ejidal en ese entonces, Antonio Cruz Arandas, Silviano Alvarado Flores y Lázaro García Ramírez (respectivamente, presidente, secretario y tesorero), bajo la asesoría legal de Antonio Soto Becerra, un abogado afamado en el entorno agrario que divide opiniones, pero amigos y enemigos lo califican, a fin de cuentas, de “eficiente”.
El proceso tuvo, por decirlo de algún modo, dos vidas: entre 2001 y 2003 fue negado y los quejosos reclamaron en un recurso de revisión. El 31 de diciembre de 2003 se emitió la sentencia recurrida. Pasó al conocimiento del Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Tercer Circuito, el cual revocó esa primera sentencia el 8 de junio de 2004 “y ordenó la reposición del procedimiento”, pues había faltado de desahogarse una prueba pericial. El asunto regresó al conocimiento del Juzgado Tercero. Hoy, su nueva sentencia está a punto de cumplir 50 días, y es diametralmente distinta a la primera.
Al juzgador no le convenció el planteamiento de los abogados del presidente de la república, quienes reclaman improcedencia del amparo porque “el ejido quejoso carece de interés jurídico para promover el juicio […] toda vez que el decreto no cancela los derechos agrarios de los habitantes de la zona de afectación, pues en todo caso, estos deben sujetarse a las condiciones que establezca la Ley General de Equilibrio Ecológico y Protección al Ambiente”. El juez comenta: “lo anterior es infundado”.
Y añade: “la parte quejosa reclama, sustancialmente, el decreto emitido por el presidente de la república el 19 de febrero de 1980 […] mediante el cual decreta zona de protección forestal y refugio de la fauna silvestre la región conocida como La Primavera, que se localiza dentro de una superficie de 30,500 hectáreas […] en razón de que, afirma, afectan casi la totalidad de las 641 ha que le fueron dotadas” por concepto de ampliación ejidal.
Y establece un argumento decisivo para la sentencia: “la superficie de terreno reclamada fue afectada por el decreto reclamado, lo que sin duda afecta su interés jurídico, en razón de que si bien, dicho decreto no cancela los derechos de propiedad del ejido respecto de la superficie dotada, lo cierto es que le impide libremente gozar, disfrutar y disponer de la misma -características de la propiedad-, toda vez que prohíbe explotar de forma desmedida los recursos naturales que contiene, así como emplearla para fines urbanísticos…”.
Y dicho decreto se dio violando las garantías individuales consagradas en los artículos 14 y 16 constitucionales, pues “se emitió sin haberles otorgado la garantía de audiencia, seguridad jurídica, legalidad y debido proceso no obstante que con el mismo se les priva de su patrimonio ejidal”.
Un tercer argumento contra el decreto deriva de la presunta ausencia de estudios justificativos que determinaran el valor ambiental y biológico de las florestas a proteger, pese a que la Universidad de Guadalajara tenía al menos un decenio trabajando en la zona en investigaciones científicas.
Sorprendentemente, los representantes de la autoridad (presidencia, Secretaría de Agricultura, Semarnat, gobierno del estado), manifestaron que “no existen en esas dependencias estudios y peritajes de los que se advierta que en la superficie del ejido se encuentran macizos forestales, acuíferos subterráneos y aguas superficiales con los que se determinó la conveniencia de declarar la zona de protección forestal y refugio de fauna…”, según el texto de la sentencia.
Esto es parte de lo argüido para dar la razón a los ejidatarios. Hubo argumentos de que la desposesión se concretó con alambrado, con operativos policiacos y actos de autoridad, y también pesaron. Héctor Martín Flores, titular del Juzgado Tercero de Distrito en Materia Administrativa de Jalisco, terminó convencido de las violaciones.
¿Negocio de especuladores?
Tranquilino Flores Aguilar y Benjamín Rivera, ejidatarios de Santa Ana Tepetitlán, cuestionaron los verdaderos móviles que llevaron al comisariado a impugnar el decreto de protección de La Primavera. Y ven detrás de esa presunta lucha por los derechos ejidales, la presencia de especuladores inmobiliarios, que tendrían abierto un enorme paraje de bosque para meter costosos desarrollos inmobiliarios.
El juicio “jamás fue aprobado por la asamblea”, advirtió Tranquilino, el líder de los campesinos disidentes. “Nosotros queremos que siga la protección porque impide que especulen y se hagan ricos con nuestras tierras”, subrayó.
Pero hay experiencias demasiado frescas. El último día de abril de este año, los regidores de Zapopan aprobaron clausurar un fraccionamiento espontáneo que “brotó” justamente en el área protegida de Santa Ana, pero el acuerdo no se ha ejecutado en casi 40 días.
“Acabamos de reunirnos [ayer] con Pablo Aguilar Lucio, y gente de reglamentos y obras públicas, pero de inicio como que no había voluntad y mejor nos salimos de la reunión, aunque Pablo Aguilar prometió hacer algunas clausuras entre hoy y mañana, pero tenemos muchas dudas”, dijo por su parte Benjamín Rivera.
Los por qués del amparo, según el campesino. “Lo que pasa es que ellos, los del comisariado y el licenciado Soto Becerra, siguen con la depredación, tienen sus proyectos con empresarios y funcionarios, y ese negociote está detrás de todo esto”.
Los ejidatarios disidentes prometieron no quedarse de brazos cruzados: “Nosotros vamos a impugnar lo necesario, iremos ante las instituciones correspondientes para ir contra esos depredadores, porque hay un desacuerdo total con sacar nuestros bosques del área protegida”, añadió Benjamín.
Esta postura alienta la posición de la Semarnat y de la administración del bosque. Salvador Mayorga, el director de la reserva, señaló que el destino final de este amparo marcará una ruta decisiva para todo el esquema legal de protección de la naturaleza vigente en México. “Si ganan ellos, se debilitan todos los decretos, se ponen en tela de juicio, por eso espero que las autoridades cumplan su deber y defiendan a La Primavera”.
-----------------------------
CLAVES
El contexto legal
El juez tercero de Distrito en Materia Administrativa de Guadalajara, emitió su resolución sobre el juicio de amparo 413/2001-3 el pasado 19 de abril. “La justicia de la unión ampara y protege al ejido Santa Ana Tepetitlán, municipio de Zapopan, Jalisco, en contra de las autoridades responsables Presidente de la República, secretario de la Reforma Agraria y gobernador del estado de Jalisco, que se hicieron consistir en el decreto expedido por el primero [el presidente] el 19 de febrero de 1980 [publicado en el Diario Oficial de la Federación el 6 de marzo siguiente], y el acuerdo y convenio celebrados el 18 de agosto de 2000 y 8 de enero de 2001, por el gobernador del estado de Jalisco…” (sic)
Esto significa que el territorio ejidal, presuntamente afectado por el decreto, en condiciones equiparables a las de una expropiación (según el juez), sale de la zona de protección de La Primavera, “… para el efecto de que dejen insubsistente el decreto reclamado, respecto de la superficie propiedad del ejido quejoso, así como sus consecuencias”
El amparo 413/2001-3 fue admitido el 22 de mayo de 2001. Lo interpusieron los miembros del comisariado ejidal en ese entonces, Antonio Cruz Arandas, Silviano Alvarado Flores y Lázaro García Ramírez (respectivamente, presidente, secretario y tesorero), bajo la asesoría legal de Antonio Soto Becerra
Uno de los argumentos considerados en la sentencia: “la superficie de terreno reclamada fue afectada por el decreto reclamado, lo que sin duda afecta su interés jurídico, en razón de que si bien, dicho decreto no cancela los derechos de propiedad del ejido respecto de la superficie dotada, lo cierto es que le impide libremente gozar, disfrutar y disponer de la misma -características de la propiedad-, toda vez que prohíbe explotar de forma desmedida los recursos naturales que contiene, así como emplearla para fines urbanísticos…”
Sobre el caso, dado a conocer por Público, ya se pronunciaron expertos y autoridades. La Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas y la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos naturales buscan echarlo abajo con un recurso de revisión. Los ejidatarios disidentes de Santa Ana buscan lo mismo
Golpe a La Primavera: dejan
decreto sin efecto en ejido
Un bosque ejidal de 640 has quedó libre de la protección de su flora y fauna, y en consecuencia, puede ser desarrollado. Ejidatarios disidentes denuncian que hay un negocio inmobiliario detrás de este proceso jurídico. La Semarnat impugnará la resolución
Guadalajara. Agustín del Castillo. Público-Milenio, 7 de junio de 2007
Los enemigos del modelo mexicano de conservación se acaban de anotar un señalado triunfo judicial, al extraer del régimen de protección 640 hectáreas del bosque La Primavera, justo en la zona en que la reserva forestal y de fauna colinda con el área urbana de Zapopan.
La dirigencia del ejido Santa Ana Tepetitlán hizo valer sus argumentos de que la creación de la reserva ha significado la desposesión real de sus terrenos forestales, y además, de que el decreto que formó el área protegida señala literalmente que la superficie afectada son “30,500 hectáreas de propiedad particular”, lo que a su juicio, excluye otro tipo de propiedad, como son en México la comunal, la social o ejidal y la pública.
El juez tercero de Distrito en Materia Administrativa de Guadalajara, emitió su resolución sobre el juicio de amparo 413/2001-3 el pasado 19 de abril. Este diario posee una copia.
En ella, determina que “la justicia de la unión ampara y protege al ejido Santa Ana Tepetitlán, municipio de Zapopan, Jalisco, en contra de las autoridades responsables Presidente de la República, secretario de la Reforma Agraria y gobernador del estado de Jalisco, que se hicieron consistir en el decreto expedido por el primero [el presidente] el 19 de febrero de 1980 [publicado en el Diario Oficial de la Federación el 6 de marzo siguiente], y el acuerdo y convenio celebrados el 18 de agosto de 2000 y 8 de enero de 2001, por el gobernador del estado de Jalisco…” (sic).
En los hechos, esto significa que el territorio ejidal referido, presuntamente afectado por el decreto, en condiciones equiparables a las de una expropiación (según la argumentación del juez), sale de la zona de protección de La Primavera, como bien señala la sentencia, que es “… para el efecto de que dejen insubsistente el decreto reclamado, respecto de la superficie propiedad del ejido quejoso, así como sus consecuencias”.
El delegado en Jalisco de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat), José de Jesús Álvarez Carrillo, aseguró ayer que apenas fueron notificados de la resolución el pasado viernes 1 de junio, y que ya está en el conocimiento de la dirección jurídica de Semarnat, en México, y de la Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas (Conanp). “Por supuesto que vamos a impugnarlo; vamos a pedir la revisión de esta decisión y vamos a buscar echar para abajo los argumentos invocados; es muy importante que los ciudadanos sepan que se defenderá el patrimonio natural de esta región”, destacó.
A Álvarez Carrillo, al igual que al director del área natural protegida, Salvador Mayorga Castañeda, les preocupa no sólo el alcance específico de este amparo, sino que, en caso de ser ratificado por el Tribunal Colegiado en turno, sentaría un precedente que debilitaría el sustento legal de las reservas ecológicas mexicanas, la inmensa mayoría de las cuales se asientan sobre propiedades privadas, comunales o sociales, e imponen regulaciones al uso de los recursos naturales que el juez tercero de Distrito de Guadalajara consideró equivalentes a la expropiación.
La historia judicial
El amparo 413/2001-3 fue admitido el 22 de mayo de 2001. Lo interpusieron los miembros del comisariado ejidal en ese entonces, Antonio Cruz Arandas, Silviano Alvarado Flores y Lázaro García Ramírez (respectivamente, presidente, secretario y tesorero), bajo la asesoría legal de Antonio Soto Becerra, un abogado afamado en el entorno agrario que divide opiniones, pero amigos y enemigos lo califican, a fin de cuentas, de “eficiente”.
El proceso tuvo, por decirlo de algún modo, dos vidas: entre 2001 y 2003 fue negado y los quejosos reclamaron en un recurso de revisión. El 31 de diciembre de 2003 se emitió la sentencia recurrida. Pasó al conocimiento del Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Tercer Circuito, el cual revocó esa primera sentencia el 8 de junio de 2004 “y ordenó la reposición del procedimiento”, pues había faltado de desahogarse una prueba pericial. El asunto regresó al conocimiento del Juzgado Tercero. Hoy, su nueva sentencia está a punto de cumplir 50 días, y es diametralmente distinta a la primera.
Al juzgador no le convenció el planteamiento de los abogados del presidente de la república, quienes reclaman improcedencia del amparo porque “el ejido quejoso carece de interés jurídico para promover el juicio […] toda vez que el decreto no cancela los derechos agrarios de los habitantes de la zona de afectación, pues en todo caso, estos deben sujetarse a las condiciones que establezca la Ley General de Equilibrio Ecológico y Protección al Ambiente”. El juez comenta: “lo anterior es infundado”.
Y añade: “la parte quejosa reclama, sustancialmente, el decreto emitido por el presidente de la república el 19 de febrero de 1980 […] mediante el cual decreta zona de protección forestal y refugio de la fauna silvestre la región conocida como La Primavera, que se localiza dentro de una superficie de 30,500 hectáreas […] en razón de que, afirma, afectan casi la totalidad de las 641 ha que le fueron dotadas” por concepto de ampliación ejidal.
Y establece un argumento decisivo para la sentencia: “la superficie de terreno reclamada fue afectada por el decreto reclamado, lo que sin duda afecta su interés jurídico, en razón de que si bien, dicho decreto no cancela los derechos de propiedad del ejido respecto de la superficie dotada, lo cierto es que le impide libremente gozar, disfrutar y disponer de la misma -características de la propiedad-, toda vez que prohíbe explotar de forma desmedida los recursos naturales que contiene, así como emplearla para fines urbanísticos…”.
Y dicho decreto se dio violando las garantías individuales consagradas en los artículos 14 y 16 constitucionales, pues “se emitió sin haberles otorgado la garantía de audiencia, seguridad jurídica, legalidad y debido proceso no obstante que con el mismo se les priva de su patrimonio ejidal”.
Un tercer argumento contra el decreto deriva de la presunta ausencia de estudios justificativos que determinaran el valor ambiental y biológico de las florestas a proteger, pese a que la Universidad de Guadalajara tenía al menos un decenio trabajando en la zona en investigaciones científicas.
Sorprendentemente, los representantes de la autoridad (presidencia, Secretaría de Agricultura, Semarnat, gobierno del estado), manifestaron que “no existen en esas dependencias estudios y peritajes de los que se advierta que en la superficie del ejido se encuentran macizos forestales, acuíferos subterráneos y aguas superficiales con los que se determinó la conveniencia de declarar la zona de protección forestal y refugio de fauna…”, según el texto de la sentencia.
Esto es parte de lo argüido para dar la razón a los ejidatarios. Hubo argumentos de que la desposesión se concretó con alambrado, con operativos policiacos y actos de autoridad, y también pesaron. Héctor Martín Flores, titular del Juzgado Tercero de Distrito en Materia Administrativa de Jalisco, terminó convencido de las violaciones.
¿Negocio de especuladores?
Tranquilino Flores Aguilar y Benjamín Rivera, ejidatarios de Santa Ana Tepetitlán, cuestionaron los verdaderos móviles que llevaron al comisariado a impugnar el decreto de protección de La Primavera. Y ven detrás de esa presunta lucha por los derechos ejidales, la presencia de especuladores inmobiliarios, que tendrían abierto un enorme paraje de bosque para meter costosos desarrollos inmobiliarios.
El juicio “jamás fue aprobado por la asamblea”, advirtió Tranquilino, el líder de los campesinos disidentes. “Nosotros queremos que siga la protección porque impide que especulen y se hagan ricos con nuestras tierras”, subrayó.
Pero hay experiencias demasiado frescas. El último día de abril de este año, los regidores de Zapopan aprobaron clausurar un fraccionamiento espontáneo que “brotó” justamente en el área protegida de Santa Ana, pero el acuerdo no se ha ejecutado en casi 40 días.
“Acabamos de reunirnos [ayer] con Pablo Aguilar Lucio, y gente de reglamentos y obras públicas, pero de inicio como que no había voluntad y mejor nos salimos de la reunión, aunque Pablo Aguilar prometió hacer algunas clausuras entre hoy y mañana, pero tenemos muchas dudas”, dijo por su parte Benjamín Rivera.
Los por qués del amparo, según el campesino. “Lo que pasa es que ellos, los del comisariado y el licenciado Soto Becerra, siguen con la depredación, tienen sus proyectos con empresarios y funcionarios, y ese negociote está detrás de todo esto”.
Los ejidatarios disidentes prometieron no quedarse de brazos cruzados: “Nosotros vamos a impugnar lo necesario, iremos ante las instituciones correspondientes para ir contra esos depredadores, porque hay un desacuerdo total con sacar nuestros bosques del área protegida”, añadió Benjamín.
Esta postura alienta la posición de la Semarnat y de la administración del bosque. Salvador Mayorga, el director de la reserva, señaló que el destino final de este amparo marcará una ruta decisiva para todo el esquema legal de protección de la naturaleza vigente en México. “Si ganan ellos, se debilitan todos los decretos, se ponen en tela de juicio, por eso espero que las autoridades cumplan su deber y defiendan a La Primavera”.
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CLAVES
El contexto legal
El juez tercero de Distrito en Materia Administrativa de Guadalajara, emitió su resolución sobre el juicio de amparo 413/2001-3 el pasado 19 de abril. “La justicia de la unión ampara y protege al ejido Santa Ana Tepetitlán, municipio de Zapopan, Jalisco, en contra de las autoridades responsables Presidente de la República, secretario de la Reforma Agraria y gobernador del estado de Jalisco, que se hicieron consistir en el decreto expedido por el primero [el presidente] el 19 de febrero de 1980 [publicado en el Diario Oficial de la Federación el 6 de marzo siguiente], y el acuerdo y convenio celebrados el 18 de agosto de 2000 y 8 de enero de 2001, por el gobernador del estado de Jalisco…” (sic)
Esto significa que el territorio ejidal, presuntamente afectado por el decreto, en condiciones equiparables a las de una expropiación (según el juez), sale de la zona de protección de La Primavera, “… para el efecto de que dejen insubsistente el decreto reclamado, respecto de la superficie propiedad del ejido quejoso, así como sus consecuencias”
El amparo 413/2001-3 fue admitido el 22 de mayo de 2001. Lo interpusieron los miembros del comisariado ejidal en ese entonces, Antonio Cruz Arandas, Silviano Alvarado Flores y Lázaro García Ramírez (respectivamente, presidente, secretario y tesorero), bajo la asesoría legal de Antonio Soto Becerra
Uno de los argumentos considerados en la sentencia: “la superficie de terreno reclamada fue afectada por el decreto reclamado, lo que sin duda afecta su interés jurídico, en razón de que si bien, dicho decreto no cancela los derechos de propiedad del ejido respecto de la superficie dotada, lo cierto es que le impide libremente gozar, disfrutar y disponer de la misma -características de la propiedad-, toda vez que prohíbe explotar de forma desmedida los recursos naturales que contiene, así como emplearla para fines urbanísticos…”
Sobre el caso, dado a conocer por Público, ya se pronunciaron expertos y autoridades. La Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas y la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos naturales buscan echarlo abajo con un recurso de revisión. Los ejidatarios disidentes de Santa Ana buscan lo mismo
NUEVO DIRECTOR LA PRIMAVERA
Tibias impugnaciones al proceso; el titular de la Seder asegura que estuvo apegado a la ley
Gámez dirigirá La Primavera
Obtuvo 22 de 28 votos; los propietarios piden ampliar su participación
Guadalajara. Agustín del Castillo. Público-Milenio, 10 de mayo de 2008
Crónica de una elección anunciada: ayer fue designado como nuevo director del bosque La Primavera José Luis Gámez Valdivia, ingeniero agrónomo por la Universidad de Guadalajara, mientras dos candidatos más se repartían las migajas de la votación, y una tímida impugnación a lo apresurado del proceso era acallada por el secretario de Desarrollo Rural, Álvaro García Chávez, quien también pidió a la prensa “apoyar” lo que viene para el bosque.
Que a la prensa le toca informar, al margen de cualquier interés –hasta de los “buenos intereses”- es lo que dictan los manuales de periodismo elemental, pero García Chávez se dijo preocupado por las “cabezas” de los periódicos del día de hoy, luego de que dieron algunos tumbos en la organización de los sufragios los miembros del Comité Técnico para la Administración del Bosque La Primavera, cuya sesión se realizó a partir de las 11:00 am en la colonia Moderna, en las instalaciones de una agrupación empresarial con acrónimo truculento: Careintra.
En ese ejercicio de democracia interna –que tuvo por fin darle un barniz de transparencia y legalidad a la nueva representación- por un momento pareció que el fantasma de las elecciones perredistas hacía acto de presencia. Primero, de 26 miembros originales con derecho a voz y voto, se sacaron de la manga cinco nuevas representaciones para los propietarios más variopintos de la serranía protegida. Tras esto, resultó que sólo 29 votaban, pues fue notoria la ausencia sospechosa de la Secretaría de Medio Ambiente para el Desarrollo Sustentable (Semades) -¿no los invitaron o se hicieron los dignos para no avalar a la Seder?- y la no tan extraña del Ayuntamiento de Tala. Cuando se depositaron los votos en la urna de cartón, se les perdió uno, y hubo que levantar manos para verificar que en realidad, desde el principio eran solo 28.
El ganador obtuvo 22. García Chávez se curó en salud: primero aclaró que las cinco altas estaban previamente acordadas por todos los miembros del comité; después dijo que aún si esos cinco sufragios no se hubieran dado, Gámez Valdivia habría ganado de todos modos. Nada fue arbitrario ni caprichoso, para acabar pronto.
Como tampoco lo fue el hecho de que los tres candidatos –el cuarto, Salvador Cornejo, célebre por sus luchas a favor del ambiente en el nutrido municipio de Guadalajara, desertó- debieran exponer su programa de trabajo en apenas diez minutos, y se les impidiera debatir con los vocales, pues no estaba previsto en la inflexible “la orden del día”. Se supo que habían tenido tiempo de “cabildear” todos los días previos con cada miembro del comité, y así, qué caso había en abrir el debate en un momento tan crucial, cuando se debatía el futuro del gran bosque de la gran zona metropolitana. Detallitos.
Agapito Jara, coordinador de Los Colomos, suspiró tal vez ilusionado al exponer sus generalísimas –y no por notables- propuestas, pero Jorge Cano fue más franco o realista, y después de exhortar a los presentes a atreverse a transformar el área de protección de flora y fauna en un lugar productivo que dé larga vida a las tareas de protección, saludó al futuro director, como si no fuera a ser el favorecido por los designios misteriosos de la asamblea.
Gámez Valdivia hizo una presentación también muy superficial, demasiado cuidadosa de todos los intereses enclavados en el comité, pero más lucidora en tecnología, a la power point, como corresponde a un candidato con visión de triunfo. Y no se equivocó.
Sereno, amable y callado se mantuvo a una orilla de la amplia mesa de debates. Los propietarios, quienes creen llegada su hora de tomar el control tras 28 años de restricciones, sacaban propuestas y críticas aquí y allá: que los caminos deben ser restaurados para combatir los incendios, que se deben formar las nuevas brigadas apagafuegos, que se debe buscar el control de combustibles, que qué malo era un señor Mayorga que hizo del comité durante once años un “vertebrado gaseoso”, que cómo será la nueva república primaveriana, para lo cual habrá hasta un Constituyente, como el del generalísimo Morelos, pues “un territorio nuevo conquistado requiere administración”. Caray, a lo Julio César: Alea jacta est?.
Acullá de la desmesura: La Primavera ya tiene un nuevo director, que tiene la oportunidad de su vida para demostrar que sus ideas, incluso las más heterodoxas, salvarán un patrimonio vital para la salud de una ciudad, razón por la cual se emitió el 6 de marzo de 1980 un decreto presidencial de protección. Cómo lo logrará sin pelearse con tantos particulares que lo apoyan convenencieramente y que lo juzgarán con lupa, y frente a tantos críticos que señalan el desaseo del proceso de su elección, y lo que es peor, con un diseño institucional inadecuado en el gobierno de La Primavera, que puede hacer tronar a más directores; todo eso conforma su desafío. Modesto, se comprometió: “responderé con los hechos”.
----------------------
La Primavera es una de las reservas más amenazadas del país
Jardel alerta por la precariedad del bosque
El proceso en el que se destituyó a Salvador Mayorga Castañeda y del que emergió José Luis Gámez Valdivia revela “la fragilidad y precariedad del área natural protegida cuando se trata de presiones externas; hay una extrema debilidad de la conservación en ese sentido”, advirtió el experto forestal de Manantlán, e integrante del Consejo Consultivo de Áreas Naturales Protegidas de la Semarnat, Enrique Jardel Peláez.
De hecho, el especialista opinó que el modelo de gestión de La Primavera en malas condiciones de funcionalidad afectará a cualquier director, lo cual obliga a establecer los cambios pertinentes en el gobierno que den un verdadero respaldo al director ejecutivo.
Sin embargo, estimó que el proceso del cual emerge Gámez Valdivia está viciado, pues debió someterse a lo que señala el Reglamento de la Ley General de Equilibrio Ecológico y Protección al Ambiente en materia de Áreas Naturales Protegidas, pues se trata de una reserva federal. En la sesión de ayer, solamente Ismael Sánchez, de la organización no gubernamental Fomento y Protección del Bosque La Primavera, hizo suyos esos planteamientos de presunta ilegalidad y pidió más tiempo para analizar a los aspirantes, pero el titular de la Seder, Álvaro García Chávez, le dijo que la elección era un acuerdo tomado desde la sesión anterior y que por ser un área protegida coadministrada, no aplica obligatoriamente el reglamento federal.
Jardel opinó que “hay intereses económicos que amenazan a La Primavera, que tiene el riesgo de ser devorada por fraccionamientos o por proyectos ecoturísticos […] este camino puede convertir a una reserva mundial de la biosfera {reconocida así por la Unesco] en un parque urbano”.
Insistió en que el papel de la Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas (Conanp) es omiso, porque se trata de la entidad que debe garantizar el cumplimiento de los objetivos del decreto de 1980, que pone en primer lugar los intereses colectivos, de una colectividad de 4.2 millones de personas, por sobre la especulación de actores privados.
----------------------
“Por un Constituyente”
Privados
piden el
control de
La Primavera
Sin afanes irónicos, y satisfecho porque lograron la destitución de Salvador Mayorga Castañeda tras once años de desgaste, Eric Coufal, representante de un grupo de propietarios que aglutinan más de 800 hectáreas de La Primavera, propuso ayer una “asamblea Constituyente” como órgano de gobierno de la reserva de 30,500 hectáreas.
Ese espacio tendría 50 por ciento de representación de ejidatarios y propietarios, o sea, la bisagra para controlar los destinos de la sierra. Pero hay más: el nuevo director tendría que aceptar directores adjuntos, de las distintas representaciones territoriales, gubernamentales o de la sociedad civil; esta última obtendría 25 por ciento de los asientos. El gobierno se quedaría con el otro cuarto de los asientos. Y no sería en modo alguno una instancia decorativa, según la exposición hecha ante el pleno del Comité Técnico para la Administración del Bosque La Primavera.
“La idea es tomar las riendas en conjunto de un nuevo comité […] evaluamos que esa participatividad [sic] no obedece solamente a un interés filosófico o un interés ecológico, o un interés territorial o económico, ni de responsabilidad gubernamental, sino a la necesidad de que se lleguen a tomar acuerdos válidos”.
Esa Asamblea Constituyente tendría 60 asientos y se reuniría una vez por año, para evaluar las acciones de conservación y fomento realizadas por la dirección ejecutiva, definir si es pertinente la permanencia del director, y aprobar el presupuesto de gastos y el plan de acción para el año siguiente. Nada más.
Generoso, apuntó la necesidad de que “también tenga la sociedad civil, que no tiene titularidad en bienes raíces, la oportunidad de demostrar su preocupación académica, ecológica, y de cualquier tema que pueda converger a una protección consensada [sic], de lo que se tiene que hacer con este nuevo plan de manejo…”.
Pero no se trata de hacer fraccionamientos, abundó, sino “desarrollos ecoturísticos”, y que los dueños de la tierra puedan recuperar parte de lo perdido con la exclusión de la especulación que viene de 1980.
Gámez dirigirá La Primavera
Obtuvo 22 de 28 votos; los propietarios piden ampliar su participación
Guadalajara. Agustín del Castillo. Público-Milenio, 10 de mayo de 2008
Crónica de una elección anunciada: ayer fue designado como nuevo director del bosque La Primavera José Luis Gámez Valdivia, ingeniero agrónomo por la Universidad de Guadalajara, mientras dos candidatos más se repartían las migajas de la votación, y una tímida impugnación a lo apresurado del proceso era acallada por el secretario de Desarrollo Rural, Álvaro García Chávez, quien también pidió a la prensa “apoyar” lo que viene para el bosque.
Que a la prensa le toca informar, al margen de cualquier interés –hasta de los “buenos intereses”- es lo que dictan los manuales de periodismo elemental, pero García Chávez se dijo preocupado por las “cabezas” de los periódicos del día de hoy, luego de que dieron algunos tumbos en la organización de los sufragios los miembros del Comité Técnico para la Administración del Bosque La Primavera, cuya sesión se realizó a partir de las 11:00 am en la colonia Moderna, en las instalaciones de una agrupación empresarial con acrónimo truculento: Careintra.
En ese ejercicio de democracia interna –que tuvo por fin darle un barniz de transparencia y legalidad a la nueva representación- por un momento pareció que el fantasma de las elecciones perredistas hacía acto de presencia. Primero, de 26 miembros originales con derecho a voz y voto, se sacaron de la manga cinco nuevas representaciones para los propietarios más variopintos de la serranía protegida. Tras esto, resultó que sólo 29 votaban, pues fue notoria la ausencia sospechosa de la Secretaría de Medio Ambiente para el Desarrollo Sustentable (Semades) -¿no los invitaron o se hicieron los dignos para no avalar a la Seder?- y la no tan extraña del Ayuntamiento de Tala. Cuando se depositaron los votos en la urna de cartón, se les perdió uno, y hubo que levantar manos para verificar que en realidad, desde el principio eran solo 28.
El ganador obtuvo 22. García Chávez se curó en salud: primero aclaró que las cinco altas estaban previamente acordadas por todos los miembros del comité; después dijo que aún si esos cinco sufragios no se hubieran dado, Gámez Valdivia habría ganado de todos modos. Nada fue arbitrario ni caprichoso, para acabar pronto.
Como tampoco lo fue el hecho de que los tres candidatos –el cuarto, Salvador Cornejo, célebre por sus luchas a favor del ambiente en el nutrido municipio de Guadalajara, desertó- debieran exponer su programa de trabajo en apenas diez minutos, y se les impidiera debatir con los vocales, pues no estaba previsto en la inflexible “la orden del día”. Se supo que habían tenido tiempo de “cabildear” todos los días previos con cada miembro del comité, y así, qué caso había en abrir el debate en un momento tan crucial, cuando se debatía el futuro del gran bosque de la gran zona metropolitana. Detallitos.
Agapito Jara, coordinador de Los Colomos, suspiró tal vez ilusionado al exponer sus generalísimas –y no por notables- propuestas, pero Jorge Cano fue más franco o realista, y después de exhortar a los presentes a atreverse a transformar el área de protección de flora y fauna en un lugar productivo que dé larga vida a las tareas de protección, saludó al futuro director, como si no fuera a ser el favorecido por los designios misteriosos de la asamblea.
Gámez Valdivia hizo una presentación también muy superficial, demasiado cuidadosa de todos los intereses enclavados en el comité, pero más lucidora en tecnología, a la power point, como corresponde a un candidato con visión de triunfo. Y no se equivocó.
Sereno, amable y callado se mantuvo a una orilla de la amplia mesa de debates. Los propietarios, quienes creen llegada su hora de tomar el control tras 28 años de restricciones, sacaban propuestas y críticas aquí y allá: que los caminos deben ser restaurados para combatir los incendios, que se deben formar las nuevas brigadas apagafuegos, que se debe buscar el control de combustibles, que qué malo era un señor Mayorga que hizo del comité durante once años un “vertebrado gaseoso”, que cómo será la nueva república primaveriana, para lo cual habrá hasta un Constituyente, como el del generalísimo Morelos, pues “un territorio nuevo conquistado requiere administración”. Caray, a lo Julio César: Alea jacta est?.
Acullá de la desmesura: La Primavera ya tiene un nuevo director, que tiene la oportunidad de su vida para demostrar que sus ideas, incluso las más heterodoxas, salvarán un patrimonio vital para la salud de una ciudad, razón por la cual se emitió el 6 de marzo de 1980 un decreto presidencial de protección. Cómo lo logrará sin pelearse con tantos particulares que lo apoyan convenencieramente y que lo juzgarán con lupa, y frente a tantos críticos que señalan el desaseo del proceso de su elección, y lo que es peor, con un diseño institucional inadecuado en el gobierno de La Primavera, que puede hacer tronar a más directores; todo eso conforma su desafío. Modesto, se comprometió: “responderé con los hechos”.
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La Primavera es una de las reservas más amenazadas del país
Jardel alerta por la precariedad del bosque
El proceso en el que se destituyó a Salvador Mayorga Castañeda y del que emergió José Luis Gámez Valdivia revela “la fragilidad y precariedad del área natural protegida cuando se trata de presiones externas; hay una extrema debilidad de la conservación en ese sentido”, advirtió el experto forestal de Manantlán, e integrante del Consejo Consultivo de Áreas Naturales Protegidas de la Semarnat, Enrique Jardel Peláez.
De hecho, el especialista opinó que el modelo de gestión de La Primavera en malas condiciones de funcionalidad afectará a cualquier director, lo cual obliga a establecer los cambios pertinentes en el gobierno que den un verdadero respaldo al director ejecutivo.
Sin embargo, estimó que el proceso del cual emerge Gámez Valdivia está viciado, pues debió someterse a lo que señala el Reglamento de la Ley General de Equilibrio Ecológico y Protección al Ambiente en materia de Áreas Naturales Protegidas, pues se trata de una reserva federal. En la sesión de ayer, solamente Ismael Sánchez, de la organización no gubernamental Fomento y Protección del Bosque La Primavera, hizo suyos esos planteamientos de presunta ilegalidad y pidió más tiempo para analizar a los aspirantes, pero el titular de la Seder, Álvaro García Chávez, le dijo que la elección era un acuerdo tomado desde la sesión anterior y que por ser un área protegida coadministrada, no aplica obligatoriamente el reglamento federal.
Jardel opinó que “hay intereses económicos que amenazan a La Primavera, que tiene el riesgo de ser devorada por fraccionamientos o por proyectos ecoturísticos […] este camino puede convertir a una reserva mundial de la biosfera {reconocida así por la Unesco] en un parque urbano”.
Insistió en que el papel de la Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas (Conanp) es omiso, porque se trata de la entidad que debe garantizar el cumplimiento de los objetivos del decreto de 1980, que pone en primer lugar los intereses colectivos, de una colectividad de 4.2 millones de personas, por sobre la especulación de actores privados.
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“Por un Constituyente”
Privados
piden el
control de
La Primavera
Sin afanes irónicos, y satisfecho porque lograron la destitución de Salvador Mayorga Castañeda tras once años de desgaste, Eric Coufal, representante de un grupo de propietarios que aglutinan más de 800 hectáreas de La Primavera, propuso ayer una “asamblea Constituyente” como órgano de gobierno de la reserva de 30,500 hectáreas.
Ese espacio tendría 50 por ciento de representación de ejidatarios y propietarios, o sea, la bisagra para controlar los destinos de la sierra. Pero hay más: el nuevo director tendría que aceptar directores adjuntos, de las distintas representaciones territoriales, gubernamentales o de la sociedad civil; esta última obtendría 25 por ciento de los asientos. El gobierno se quedaría con el otro cuarto de los asientos. Y no sería en modo alguno una instancia decorativa, según la exposición hecha ante el pleno del Comité Técnico para la Administración del Bosque La Primavera.
“La idea es tomar las riendas en conjunto de un nuevo comité […] evaluamos que esa participatividad [sic] no obedece solamente a un interés filosófico o un interés ecológico, o un interés territorial o económico, ni de responsabilidad gubernamental, sino a la necesidad de que se lleguen a tomar acuerdos válidos”.
Esa Asamblea Constituyente tendría 60 asientos y se reuniría una vez por año, para evaluar las acciones de conservación y fomento realizadas por la dirección ejecutiva, definir si es pertinente la permanencia del director, y aprobar el presupuesto de gastos y el plan de acción para el año siguiente. Nada más.
Generoso, apuntó la necesidad de que “también tenga la sociedad civil, que no tiene titularidad en bienes raíces, la oportunidad de demostrar su preocupación académica, ecológica, y de cualquier tema que pueda converger a una protección consensada [sic], de lo que se tiene que hacer con este nuevo plan de manejo…”.
Pero no se trata de hacer fraccionamientos, abundó, sino “desarrollos ecoturísticos”, y que los dueños de la tierra puedan recuperar parte de lo perdido con la exclusión de la especulación que viene de 1980.
INVASIÓN EN LOS COLOMOS
Peligros geológicos e hidrológicos para fraccionamientos invasores
En Los Colomos, riesgos
son un patrón de construcción
Investigadores alertan sobre el daño ambiental como causa de desastres
Guadalajara. Agustín del Castillo. Público-Milenio, 1 de julio de 2008
Los riesgos de desastre se incrementan con la progresiva transformación urbana de la cuenca de Los Colomos, bien posicionada en el mercado inmobiliario como la zona más codiciable para vivir en esta urbe: una mezcla de fincas californianas tipo Beverly Hills y de rascacielos poderosos estilo Santa Fe (ciudad de México), a la altura de las ambiciones de una elite cosmopolita.
La publicidad de las empresas inmobiliarias entrega estas metáforas fáciles de los sueños de prosperidad, pero los conocedores de la geología e hidrología local –la ciencia como aguafiestas- advierten que todo puede acabar en pesadillas.
En el aspecto físico, e incluso en el social, el área está configurando una especie de “anticiudad” en la cual las relaciones entre los grupos son sustituidas por los cotos privados, mientras la posibilidad de padecer por eventos naturales se torna más real y frecuente, subrayan los autores de la monografía Los Colomos, Enrique García Becerra, Ricardo y Pablo Robles Gómez, de la Universidad de Guadalajara.
Destacan: “La zona está sometida a un intenso proceso de transformación en el uso de suelo y en su medio físico, por parte de inmobiliarias y promotores, a quienes sólo interesa obtener las mejores ganancias económicas, y lo que menos les importa es la desaparición de los cuerpos de agua, los cuales se han secado, desviado, rellenado, obstruido […] transformando por completo, de forma negativa, el sistema hidrológico, que además, ha sufrido la modificación del relieve [relleno de barrancas, aplanamiento de las lomas y compactación de suelo] y la destrucción de la cubierta vegetal”.
Los académicos elaboraron un patrón de las alteraciones sufridas por el sistema natural:
En cuanto a movimientos de suelo, cuatro grandes tipos de daños. Uno, “elaboración de taludes en los escurrimientos para el trazo de avenidas metropolitanas”, como es el caso de la avenida Patria en su cruce con la avenida Naciones Unidas. “Esta situación, junto con la falta de una salida de agua, ocasiona acumulaciones forzadas del líquido con la consecuente infiltración, lo que a su vez genera un proceso de lavado de material fino y altos contenidos de agua en el subsuelo”.
Dos, ampliación de lechos de arroyos mediante recortes de las vertientes, los cual es muy común en lechos angostos “y genera formación de escarpes [“declive áspero del terreno”, según la RAE] artificiales” en el suelo.
Tres, relleno de parteaguas de la cuenca (partes altas) para ampliarlos y construir sobre ellos. La mala técnica utilizada ha hecho que el suelo se mueva y aparezcan agrietamiento en las construcciones allí establecidas.
Cuatro, los escarpes activos; es decir, la erosión natural y la inducida provoca que se mueva el subsuelo y que los cimientos de las partes altas se vayan descubriendo, pues pierden soporte.
En cuanto a inundaciones, dos usos constructivos las fomentan: uno, canalización o confinamiento de escurrimientos. “Ha representado una práctica muy común en el arroyo Atemajac, entre Acueducto y Federalismo [sobre la zona de Patria]. El problema de desbordamiento se incrementa de manera considerable debido a lo irregular de la urbanización, trayendo consigo problemas de arrastre de materiales […] este problema es muy particular en la zona de plaza Patria debido a su localización y al desnivel que presenta, que la convierte en zona altamente susceptible de inundarse en su planta baja”.
Dos, el relleno de barrancas. “Es el caso más común que se presentó en las partes altas de las barrancas que se localizan entre lo que hoy es avenida Vallarta, avenida Patria y Naciones Unidas. Permanentemente se presentan problemas de pequeños hundimientos sobre la carpeta asfáltica y en algunos edificios. En general, las construcciones presentan marcas por los altos contenidos de humedad en el suelo”.
Por qué pasa
Una “fuerte dinámica en los procesos geomorfológicos” dio origen al sistema de barrancas de Los Colomos, a partir de 95 mil años atrás.
Como resultado de eventos volcánicos, “en la cuenca, los materiales predominantes que encontramos son las cenizas volcánicas [tipo] lapilli y pumicitas, composición que forma los suelos poco consolidados como el regosol y feozem […] las capas de materiales pumíticos, altamente permeables, provocaron procesos de infiltración del agua al subsuelo, trayendo consigo, para el poniente de la cuenca de Atemajac, el colapsamiento de la capa de material pumítica, lo que dio lugar a un proceso erosivo, causando la formación de las barrancas”, explica la monografía.
Un fenómeno que no ha terminado. “Pese a que el proceso de formación de barrancas es joven, su dinámica es muy intensa, tal como se puede observar en las barrancas junto al fraccionamiento Puerta de Hierro y al norte de este, junto al periférico”, añade.
Es decir, “los ríos subterráneos provenientes de La Primavera […] con el transcurso del tiempo han realizado un trabajo de erosión subterránea, lo que ha provocado hundimientos lentos en el área, producto de la sustitución del material acarreado por los escurrimientos del subsuelo hacia las zonas más bajas”.
Hay otra condición decisiva del sitio: “la mayoría de los arroyos [superficiales] en el área son de tipo intermitente y torrencial”, o sea, salen solamente en lluvias intensas.
Cómo pasó
En Los Colomos, “la urbanización –sobre todo aquella que transforma fuertemente el medio físico de la zona- comenzó a partir de 1970 con la aparición de fraccionamientos como Bosques de San Isidro y Santa Isabel”. A partir de allí se fueron acumulado otros: San Miguel de la Colina (1971), Jardines Vallarta (1972); Real Vallarta, la Universidad Autónoma de Guadalajara y Jardines Universidad (1973); Villa Universitaria (1976) Patria Universidad (1979); Royal Country (1986); Parque Regency (1989) y Puerta de Hierro (1990).
“Una de las zonas que llama la atención por las características de sus recursos naturales y la transformación que de ellos se ha realizado inadecuadamente, debido al acelerado proceso de construcción de viviendas de lujo, [es en la que se ubican] el lujoso fraccionamiento Puerta de Hierro y el hipermercado [sic] Carrefour [hoy Chedraui]”.
Puerta de Hierro tiene 132 hectáreas con viviendas de lujo sobre 400 a 1,200 metros cuadrados; está diseñado para favorecer el uso del carro, y en consecuencia, la apertura de calles a costa de la red hidrológica.
En dicho fraccionamiento se borraron barrancas con pendientes mayores de 30 por ciento, no aptas para ser urbanizadas, y se cambió todo el esquema hidráulico para sacar mayor provecho económico a cada palmo de terreno. En cuanto al centro comercial, las inundaciones de los años 90 fueron una clara respuesta de la naturaleza por “las modificaciones al relieve, compactación y asfaltado de algunas áreas altas”.
Las primeras lluvias posteriores a estas edificaciones, moderadas (no rebasaban 20 milímetros), ocasionaron que las aguas, buscando su salida bloqueada, “arrasaran todo a su paso”. Una serie de obras correctivas mitigaron daños, pero hoy la zona está más urbanizada. Y no es descabellado pensar en más sueños que se volverán allí pesadillas.
En Los Colomos, riesgos
son un patrón de construcción
Investigadores alertan sobre el daño ambiental como causa de desastres
Guadalajara. Agustín del Castillo. Público-Milenio, 1 de julio de 2008
Los riesgos de desastre se incrementan con la progresiva transformación urbana de la cuenca de Los Colomos, bien posicionada en el mercado inmobiliario como la zona más codiciable para vivir en esta urbe: una mezcla de fincas californianas tipo Beverly Hills y de rascacielos poderosos estilo Santa Fe (ciudad de México), a la altura de las ambiciones de una elite cosmopolita.
La publicidad de las empresas inmobiliarias entrega estas metáforas fáciles de los sueños de prosperidad, pero los conocedores de la geología e hidrología local –la ciencia como aguafiestas- advierten que todo puede acabar en pesadillas.
En el aspecto físico, e incluso en el social, el área está configurando una especie de “anticiudad” en la cual las relaciones entre los grupos son sustituidas por los cotos privados, mientras la posibilidad de padecer por eventos naturales se torna más real y frecuente, subrayan los autores de la monografía Los Colomos, Enrique García Becerra, Ricardo y Pablo Robles Gómez, de la Universidad de Guadalajara.
Destacan: “La zona está sometida a un intenso proceso de transformación en el uso de suelo y en su medio físico, por parte de inmobiliarias y promotores, a quienes sólo interesa obtener las mejores ganancias económicas, y lo que menos les importa es la desaparición de los cuerpos de agua, los cuales se han secado, desviado, rellenado, obstruido […] transformando por completo, de forma negativa, el sistema hidrológico, que además, ha sufrido la modificación del relieve [relleno de barrancas, aplanamiento de las lomas y compactación de suelo] y la destrucción de la cubierta vegetal”.
Los académicos elaboraron un patrón de las alteraciones sufridas por el sistema natural:
En cuanto a movimientos de suelo, cuatro grandes tipos de daños. Uno, “elaboración de taludes en los escurrimientos para el trazo de avenidas metropolitanas”, como es el caso de la avenida Patria en su cruce con la avenida Naciones Unidas. “Esta situación, junto con la falta de una salida de agua, ocasiona acumulaciones forzadas del líquido con la consecuente infiltración, lo que a su vez genera un proceso de lavado de material fino y altos contenidos de agua en el subsuelo”.
Dos, ampliación de lechos de arroyos mediante recortes de las vertientes, los cual es muy común en lechos angostos “y genera formación de escarpes [“declive áspero del terreno”, según la RAE] artificiales” en el suelo.
Tres, relleno de parteaguas de la cuenca (partes altas) para ampliarlos y construir sobre ellos. La mala técnica utilizada ha hecho que el suelo se mueva y aparezcan agrietamiento en las construcciones allí establecidas.
Cuatro, los escarpes activos; es decir, la erosión natural y la inducida provoca que se mueva el subsuelo y que los cimientos de las partes altas se vayan descubriendo, pues pierden soporte.
En cuanto a inundaciones, dos usos constructivos las fomentan: uno, canalización o confinamiento de escurrimientos. “Ha representado una práctica muy común en el arroyo Atemajac, entre Acueducto y Federalismo [sobre la zona de Patria]. El problema de desbordamiento se incrementa de manera considerable debido a lo irregular de la urbanización, trayendo consigo problemas de arrastre de materiales […] este problema es muy particular en la zona de plaza Patria debido a su localización y al desnivel que presenta, que la convierte en zona altamente susceptible de inundarse en su planta baja”.
Dos, el relleno de barrancas. “Es el caso más común que se presentó en las partes altas de las barrancas que se localizan entre lo que hoy es avenida Vallarta, avenida Patria y Naciones Unidas. Permanentemente se presentan problemas de pequeños hundimientos sobre la carpeta asfáltica y en algunos edificios. En general, las construcciones presentan marcas por los altos contenidos de humedad en el suelo”.
Por qué pasa
Una “fuerte dinámica en los procesos geomorfológicos” dio origen al sistema de barrancas de Los Colomos, a partir de 95 mil años atrás.
Como resultado de eventos volcánicos, “en la cuenca, los materiales predominantes que encontramos son las cenizas volcánicas [tipo] lapilli y pumicitas, composición que forma los suelos poco consolidados como el regosol y feozem […] las capas de materiales pumíticos, altamente permeables, provocaron procesos de infiltración del agua al subsuelo, trayendo consigo, para el poniente de la cuenca de Atemajac, el colapsamiento de la capa de material pumítica, lo que dio lugar a un proceso erosivo, causando la formación de las barrancas”, explica la monografía.
Un fenómeno que no ha terminado. “Pese a que el proceso de formación de barrancas es joven, su dinámica es muy intensa, tal como se puede observar en las barrancas junto al fraccionamiento Puerta de Hierro y al norte de este, junto al periférico”, añade.
Es decir, “los ríos subterráneos provenientes de La Primavera […] con el transcurso del tiempo han realizado un trabajo de erosión subterránea, lo que ha provocado hundimientos lentos en el área, producto de la sustitución del material acarreado por los escurrimientos del subsuelo hacia las zonas más bajas”.
Hay otra condición decisiva del sitio: “la mayoría de los arroyos [superficiales] en el área son de tipo intermitente y torrencial”, o sea, salen solamente en lluvias intensas.
Cómo pasó
En Los Colomos, “la urbanización –sobre todo aquella que transforma fuertemente el medio físico de la zona- comenzó a partir de 1970 con la aparición de fraccionamientos como Bosques de San Isidro y Santa Isabel”. A partir de allí se fueron acumulado otros: San Miguel de la Colina (1971), Jardines Vallarta (1972); Real Vallarta, la Universidad Autónoma de Guadalajara y Jardines Universidad (1973); Villa Universitaria (1976) Patria Universidad (1979); Royal Country (1986); Parque Regency (1989) y Puerta de Hierro (1990).
“Una de las zonas que llama la atención por las características de sus recursos naturales y la transformación que de ellos se ha realizado inadecuadamente, debido al acelerado proceso de construcción de viviendas de lujo, [es en la que se ubican] el lujoso fraccionamiento Puerta de Hierro y el hipermercado [sic] Carrefour [hoy Chedraui]”.
Puerta de Hierro tiene 132 hectáreas con viviendas de lujo sobre 400 a 1,200 metros cuadrados; está diseñado para favorecer el uso del carro, y en consecuencia, la apertura de calles a costa de la red hidrológica.
En dicho fraccionamiento se borraron barrancas con pendientes mayores de 30 por ciento, no aptas para ser urbanizadas, y se cambió todo el esquema hidráulico para sacar mayor provecho económico a cada palmo de terreno. En cuanto al centro comercial, las inundaciones de los años 90 fueron una clara respuesta de la naturaleza por “las modificaciones al relieve, compactación y asfaltado de algunas áreas altas”.
Las primeras lluvias posteriores a estas edificaciones, moderadas (no rebasaban 20 milímetros), ocasionaron que las aguas, buscando su salida bloqueada, “arrasaran todo a su paso”. Una serie de obras correctivas mitigaron daños, pero hoy la zona está más urbanizada. Y no es descabellado pensar en más sueños que se volverán allí pesadillas.
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