viernes, 8 de marzo de 2019

GRAF FRENTE A ALFARO Y AMLO, UN ALTO RIESGO




Agustín del Castillo/El Respetable

“Ninguna consideración debe ser nunca tan poderosa, que aparte a un hombre honrado de su deber”.

Federico El Grande, rey de Prusia. Refutaciones de El Príncipe, de Maquiavelo

Sergio Graf Montero 
tiene todas las credenciales técnicas, la experiencia dilatada y la estatura ética para presidir la Secretaría de Medio Ambiente y Desarrollo Territorial (Semadet) de Jalisco. La gran pregunta es si podemos agregar a esto el respaldo adecuado para hacer frente al desafío ambiental que le toca manejar, que es formidable: apenas hace unos días, la Comisión Nacional para el Conocimiento y Uso de la Biodiversidad (Conabio), al dar a conocer por Estado el índice de capital natural (ICN) del país, ubicó a Jalisco entre el grupo de las entidades “en riesgo” de que sus modelos económicos trastoquen el equilibrio de las especies, en cuya riqueza, Jalisco ostenta nada menos que sexto lugar nacional.

La duda es pertinente, ante la precariedad emocional que exhibe con frecuencia su jefe, el Gobernador Enrique Alfaro Ramírez, quien no solamente es un ejemplar típico del gobernante autoritario que escucha poco y reconoce menos, sino que, a pesar de la gran irritación que le produce la mera mención del tema, no puede negar la cruz de su parroquia: las ligas, por apellido o por padrinazgo político, con algunas de las firmas que en la actualidad más impacto ambiental provocan, sobre todo, en el ámbito del desarrollo urban

Sin embargo, en comparación con su predecesor, Aristóteles Sandoval Díaz, Alfaro tiene una ventaja notable: su autoritarismo no admite que los colaboradores se vayan por rutas alternas. Lo que distinguió al anterior mandatario, reconocido como abierto a escuchar y que con el tiempo se convirtió en una especie de balanza de equilibrio para su heterogéneo y a veces enfrentado gabinete, fue justamente la tendencia a administrar lo problemas, y no a resolverlos

EL CASO DE LA PRESA EL ZAPOTILLO ES EL MÁS EMBLEMÁTICO: EMPEZÓ COMO UN TUIT CON UNA PROMESA QUE DESPUÉS DE CASI CINCO AÑOS, NO PUDO SOSTENER.

El costo electoral de este tipo de tibiezas fue aplastante para el tricolor en Jalisco, más allá de las buenas cuentas que Sandoval entregó en muchos rubros.

El lado verdadero de esta mercadotecnia es que cuando asume una línea de trabajo, es complicado que se mueva, y hay un par de demostraciones de esto: en cosa de semanas se decidió por reabrir el expediente fallido de la nueva verificación vehicular, su Secretario trabajó con sigilo el tema de las renovaciones de los talleres que operaban el programa saliente para dejarlas sin materia legal, se afinaron algunos detalles del proyecto y se lanzó, acabado, a la opinión pública. Va porque va, y eso es una novedad importante que si se sostiene, le ganará reconocimiento.

Un segundo ejemplo es la decisión de fortalecer el gasto para el bosque La Primavera, que por primera vez tiene dinero para algo más que sueldos.

Si a esto agregamos la contrastante personalidad de Graf Montero, quien es conciliador natural, busca puntos de coincidencia y no de diferencia, dialoga mucho pero sin perder de vista las prioridades, la fórmula podría derivar en éxitos importantes. Pero el titular de la Semadet deberá toparse con esas torres vistosas de la iglesia inmobiliaria, y muchos de sus más prominentes obispos gozan de los afectos del mandatario.

La ambigua relación de Alfaro con los empresarios del ramo durante sus alcaldías en Tlajomulco y Guadalajara no se puede pasar por alto:
 el discurso oficial era de legalidad al tope, de ajustar cuentas con el pasado de corrupción (¿dónde hemos oído eso?) de ordenar el desastre. En los hechos, lo que se ajustó fue la ley para convertir en regular y legal lo que violaba los planes parciales (el caso de las torres chuecas enderezadas es emblemático). Por si fuera poco, en Guadalajara mostró una cara desconocida en su anterior gestión municipal: poner a disposición de negocios privados bienes inmuebles públicos. No sólo no echó abajo el negocio de Puerta Guadalajara transformado a Iconia en la zona de Huentitán (después de intentos fallidos por seducir a los líderes vecinales con obras a cambio de su anuencia), sino que inventó una torcida dialéctica para asegurar que las donaciones de espacios que eran de uso público, y de área verde (remeber el predio público adyacente al parque El Deán cuyo uso de suelo era área verde y que cedió a la inmobiliaria de su recolector de basuras, la poderosa Caabsa Eagle, para llenar de departamentos el espacio), en realidad eran para inducir la densificación de la ciudad. Para el caso del complejo de edificios públicos de la zona de La Normal (UdeG-gobierno del estado), el pretexto fue más simple: la solicitud de cambiar las clasificaciones fueron de Aristóteles Sandoval y de Raúl Padilla, y no del gobierno de la “noble y leal ciudad”.

Ante todo esto, la tibieza ya referida de Sandoval hizo mancuerna ideal. Fuertemente presionado por Alfaro, el entonces Gobernador exigió a la anterior titular de la Semadet, Magdalena Ruiz, que renunciara a dictaminar los planes parciales polémicos, como lo marca la reforma de la Ley de Asentamientos Humanos (bajo el tecnicismo de que entró en vigor después de terminados los planes parciales)  y eliminó, de momento, la piedrita en el zapato. Pero con Graf ese “tecnicismo” no aplicará. Cualquier renovación de planes requiere de un trabajo por parte de la Semadet, a menos que la ley se reforme. Sería cinismo, pero el ejemplo que llega desde palacio nacional no es otro: si es ilegal, reformemos la ley y legalicemos. La experiencia de las torres ya sentó precedentes. ¿Acaso no se busca la refundación de Jalisco?

LAS INMOBILIARIAS PODEROSAS DE GUADALAJARA TIENEN LIGAS CON EL GOBERNADOR.

El Nixticuil, en Puerta Sur y en el Cerro del Cuatro, es de sus primos hermanos; GyG, de Raymundo Gómez Flores (su padrino político, a confesión del mismo Alfaro). A través de esta intimidad otras relaciones florecen: por ejemplo, el cuestionado desarrollo de Santa Anita Hills, de José Manuel Gómez Vázquez Aldana, recibió licencias de su gobierno en Tlajomulco y de su sucesor,Ismael del Toro. Tampoco se pueden pasar por alto los vínculos propios del alcalde de Zapopan, Pablo Lemus, quien no sólo impuso dos “centralidades” en zona rural en la zona de Colotlán para favorecer al capital inmobiliario (al que ofreció infraestructura para hacer un nuevo Tlajomulco, pero “ordenado”, en la zona norte de Zapopan), sino que durante sus casi cuatro años de mandato, ha permitido la casi total invasión de todo el territorio colindante al bosque El Nixticuil. “Las licencias las dieron los de atrás”, es la disculpa constante. No olvidemos el caso Zapotlanejo, absurdamente incorporado al área metropolitana por impulso de Alfaro, y donde el núcleo inmobiliario suspira por infraestructura para meter medio millón de personas en una zona llamada pomposamente “Valle de Santiago”, justo al otro lado del cañón de 500 metros que separa a Guadalajara de Los Altos.

Fuera de Guadalajara, esos intereses tendrán mucho que ver con el desarrollo de infraestructura que es potencialmente agresiva para el ambiente: el libramiento de Puerto Vallarta, por ejemplo. La terminación de la carretera Talpa-Llano Grande-Tomatlán, para allanar el arribo a Chalacatepec, el cuestionado megadesarrollo del Instituto de Pensiones y socios, desde Guadalajara. Esta la agresiva urbanización de la ribera norte de Chapala, y los mismos negocios inmobiliarios que han trastocado el paisaje de Puerto Vallarta. Verdaderos desafíos para el titular de la Semadet.

Añadamos el expediente federal. Aunque hay una buena relación con la secretaría del ramo, el gobierno de Andrés Manuel López Obrador no tiene en realidad interés en el tema: el presupuesto que se ejerce en 2019 es apenas 30 por ciento del que se ejercía en 2014, y se están desmontando las áreas técnicas de la Comisión Nacional Forestal y de la Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas. Eso obligará a hacer milagros con el gasto estatal, y los retos que plantea la deforestación ilegal, la expansión de la frontera aguacatera, la prevención y combate de incendios, el ascenso de las plagas forestales y agrícolas, la enorme contaminación del agua y del aire, difícilmente se paliarán con el gasto estatal, y con las habilidades de conocimiento y negociación del ex director de la reserva de la biosfera Sierra de Manantlán. ¿Y acaso hemos olvidado que AMLO, contradictorio como él solo, quiere que crezca la minería aunque sea a costa de los bienes naturales? Es verdad que no autorizó la mina Los Cardones en Baja California Sur, pero, ¿es un premio de consolación al vapuleado ambientalismo fifí, o será golondrina que hará verano

En tiempos de nacionalismo y localismos exacerbados y de cortoplacistas, no hay espacio para una preservación medioambiental seria porque ésta solo es posible en el largo plazo, y sobre todo, porque trasciende las fronteras políticas. El cambio climático ya pega y no parece que la coyuntura política favorezca hacerle frente. Se ve, se siente, parece que se escucha, pero es indeterminado, es difícil de visibilizar para el ojo no entrenado, y bien puede ser parte de esa odiosa agenda neoliberal que pretende sacrificar el desarrollo de los “del sur”, una “genial impostura” del gran capital, como gritan los bolsonaros, los maduros, los ortegas, los orban, los putines… y los trumps, desde la misma sede del mal, Washington DC.

Como tampoco el libre mercado sirve por sí solo para resolver el grave problema ambiental, lo ideal sería ese intervencionismo estatal moderado y saludable que impone límites a los negocios e internaliza costos ambientales en sus cuentas, que cobra impuestos y los utiliza para bienes públicos, que promueve pequeñas empresas y fortalece iniciativas ciudadanas, que asegura bienes ambientales que son base del desarrollo, además de la tarea de alcanzar la contención del delito, uno de los azotes más odiosos del Jalisco y el México actuales.

Si Sergio Graf Montero termina los seis años de Alfaro, será porque se alinearon circunstancias que permitieron alcanzar ese tipo de intervenciones. Pero el conflicto tarde o temprano estallará. Y veremos si el autoritario Alfaro se exhibe como verdadero hombre de estado o su agresividad sólo es careta que esconde, como muchos de sus críticos sospechan, la búsqueda de aplauso fácil y del favor de los poderosos de esta tierra.

jueves, 7 de marzo de 2019

Esencial, que se proteja El Tajo.


Agustín del Castillo/Guadalajara-NTR

La clave para que el decreto de restauración ambiental del cerro de El Tajo sea exitoso –es una montaña ligada al bosque La Primavera, recinto natural que ayer cumplió 39 años de ser protegido– es que el gobierno del estado no decline en defenderlo, advirtió la ex titular de la Secretaría de Medio Ambiente y Desarrollo Territorial (Semadet), Magdalena Ruiz Mejía.

“Claro, el modelo depende de las personas, y el que debe defender en este momento el decreto es el propio gobierno del estado; debe haber una defensa férrea de este modelo, a nosotros nos tocó generar esa innovación y lo que queda frente a todo este proceso, es que el jurídico del gobierno del estado haga una defensa muy consistente, porque los elementos están ahí”, dijo a NTR.

- O sea, ¿usted confía en que es un trabajo muy sólido y que una defensa lo tiene que sacar adelante

- No, lo que estoy evidenciando es que se necesita una defensa, y una defensa real, no simulada.

La funcionaria reconoce el enorme peso de los intereses inmobiliarios que se hicieron sentir durante toda la administración de Aristóteles Sandoval Díaz. Por eso destaca el papel del ex gobernador, que publicó el decreto pese a que había fuertes resistencias incluso al interior de su primer círculo de colaboradores.

Añadió: “Necesitamos una buena defensa y por eso incorporamos a los ciudadanos; los ciudadanos organizados fueron llamados como terceros en defensa, porque tienen la posibilidad de representar este interés colectivo, pero también de manera jurídica, ya quedó sustentado; pero no es una agenda que deba de ser de un grupo, debe de ser de 5 millones de tapatíos, que tendrían que estar al pendiente de que esto vaya bien, y también pelear en los medios de comunicación de una manera más colectiva, y no solamente dos o tres medios que están muy al pendiente de la agenda ambiental y de hacerla visible; hay una necesidad definitiva de hacer tangible el área natural y con ella la necesidad de un área de amortiguamiento alrededor del bosque; los instrumentos están ahí, como el modelo de restauración ambiental, de modificación a los Planes Parciales de desarrollo, que de manera concreta se prospecte (sic) un ordenamiento ecológico territorial de los municipios de Zapopan, Tlajomulco, El Arenal y Tala, donde se evidencie esta área de amortiguamiento, y además que el Programa de Ordenamiento Territorial Metropolitano se reconfigure”.

A su juicio, esos instrumentos de planeación no protegen eficazmente a las áreas naturales porque se diseñan desde los intereses de lo urbano; las zonas de transición o amortiguamiento no son para la ciudad, sino para los bosques, “y eso es algo que se debe cambiar”.

FUE UNA APUESTA

Respecto al decreto de enero de 2018, “algo que precisamente tenemos que ponderar es la parte de la apuesta y la innovación que se hizo; el factor de riesgo que está evidenciando bajo dictámenes del área estatal de Protección Civil, del Imeplan, y del Municipio de Tlajomulco, que al final no lo consolida, pero había todo un trabajo técnico reconociendo un elemento de riesgo en relación a la población que está en contacto con el cerro de El Tajo (…)además, ya se tiene que empezar a ponderar esto frente a escenarios de cambio climático, de mantenimiento de servicios ambientales y de otros elementos a nivel de prioridad clara frente a lo privado”.

En cuanto al juego de intereses que se dio en el primer círculo del Ejecutivo del estado, reconoció: “Siempre estuve acompañada por la decisión del gobernador y su apuesta en la agenda ambiental, y de ahí muchas batallas que decidí dar con mucho congruencia y responsabilidad, pero también acompañada de la decisión del gobernador en turno; entonces las presiones las hubo, por supuesto, lo tengo que reconocer, y reconozco en el mismo modelo fortalezas y debilidades (…) la debilidad en este momento de este modelo de conservación es que no hubo consulta pública al final,  pero es fortaleza porque la ley le vuelve a dar al gobierno el privilegio y la responsabilidad de decidir, con autoridad, sobre el interés público y no privado. Por eso digo que va a seguir siendo una decisión del secretario y del gobernador en turno, de defender esta agenda”.
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FRASE

“Debe haber una defensa férrea de este modelo, a nosotros nos tocó generar esa innovación y lo que queda frente a todo este proceso, es que el Jurídico del gobierno del estado haga una defensa muy consistente”

Magdalena Ruiz Mejía, ex titular de la Semadet

Persiste puma al interior de bosque


Agustín del Castillo/Guadalajara-NTR

Las cámaras de monitoreo del Área de Protección de Flora y Fauna La Primavera, demuestran la persistencia del mayor depredador al interior del polígono protegido: el Puma concolor, nombre científico del puma o león americano, ha logrado establecer en los rumbos más protegidos de la reserva un espacio de alimentación y reproducción que demuestra, mejor que cualquier otra consideración, la salud de los ecosistemas.

“Es un indicativo excepcional porque deja claro que hay un nivel de conservación adecuado para los grandes depredadores, es decir, tenemos una cobertura protegida amplia, con calidad, con agua suficiente, con herbívoros que el puma depreda y le permite permanecer en el área, lo mismo que sucede con el águila real, aunque en ese caso, su presencia sea estacional, es evidente que ha estado usando el bosque como sitio de paso y eso denota que le da los recursos que requiere en sus rutas de migración”, sostuvo el director del Organismo Público Descentralizado (OPD) Bosque La Primavera, Marciano Valtierra Azotla.

La presencia de depredadores es además un desafío porque significa también que es necesario mantener un nivel de vigilancia y de cuidado con los recursos que debe mantener su calidad óptima; así, las acciones de fortalecimiento de la prevención y combate de incendios forestales, de inspección y vigilancia para impedir urbanizaciones ilegales, extracciones de flora y fauna clandestina, cambio de uso de suelo y demás perturbaciones al bosque, son parte de ese supuesto.

El otro tema, que rebasa los confines de la reserva, es cómo garantizar que los vasos comunicantes de genes del bosque hacia los ecosistemas vecinos se sostenga. Un puma tiene amplias demandas territoriales de acuerdo a la disposición de presas y de hábitats, por lo que es crítico que los seres humanos del área respeten estos ciclos y se integren como colaboradores en la protección de los ecosistemas.
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FRASE

“Es un indicativo excepcional porque deja claro que hay un nivel de conservación adecuado para los grandes depredadores”

Marciano Valtierra Azotla, director del OPD La Primavera

Lo que implica

Al constatarse la presencia de pumas, en el OPD La Primavera deben cuidarse los siguientes aspectos

Hay que mantener la vigilancia y cuidado de los recursos del bosque

Fortalecer la prevención y combate de incendios forestales

Impedir urbanizaciones ilegales

Extracciones clandestinas de flora y fauna

Rechazar cambios de uso de suelo y otras perturbaciones

Entablan juicio vs. magistrado del TJA


Agustín del Castillo/Guadalajara-NTR

Armando García Estrada, magistrado del Tribunal de Justicia Administrativa (TJA), ha sido demandado por el propietario de una casa de la calle de Otranto, en Providencia, por presuntas violaciones a derechos humanos y al orden legal, ante el Congreso de Jalisco, en busca de que se entable en su contra un juicio político.

El caso deriva de la construcción de una torre de departamentos en Alberta 1142, esquina Otranto, vecina de la finca del demandante, Salvador Martin Alba Suárez, la cual fue clausurada y llegó a la orden de demolición; el administrador de justicia, sin tener aparentemente que ver en el asunto, intervino para levantar la orden e incluso convalidó la suspensión otorgada por un tribunal federal, lo que a juicio del quejoso y de su abogado, Christian Gudiño, da elementos de presunta colusión con los constructores en contra del derecho del vecino.

“Después de la clausura de la obra ordenada por la Quinta Sala del Tribunal de lo Administrativo (hoy TJA) en noviembre de 2018, y que mantenía completamente paralizados los trabajos de construcción, el día 28 de diciembre el vecino afectado se percata que varias trabajadores se encuentran dentro de la obra y realizando actividades de construcción, por lo que acude a las oficinas de Inspección y Vigilancia del Ayuntamiento de Guadalajara, para denunciar el rompimiento de sellos y la violación a la suspensión; sin embargo, el funcionario encargado del jurídico de dicha dependencia le informa que no es ninguna invasión, que la Cuarta Sala del TAE ordenó levantar los sellos de suspensión y permitirle al propietario de la obra seguir construyendo, sin proporcionar ninguna información; textualmente nos indicó: ‘arréglenlo con los magistrados’”, explicó ayer en conferencia de prensa.

Ante tal circunstancia “y por el desconocimiento del motivo que llevo al magistrado Armando García Estrada a dictar una orden contraria a la de la quinta sala, el vecino afectado interpone una serie de amparos para conocer los actos que dan origen a la orden. Los actos probablemente ilegales del constructor y del magistrado ya fueron denunciados ante la Comisión Estatal de Derechos Humanos, ante el órgano de control interno del (TJA), y se presentó una denuncia para iniciar juicio político en su contra”, añadió el abogado Cristian Gudiño.

También denunciaron que no avanza la denuncia penal contra el gobernador y ex presidente municipal de Guadalajara, Enrique Alfaro Ramírez, y el alcalde en funciones, Ismael del Toro Castro, “por desacato a la suspensión otorgada por el TAE por daños irreparables al inmueble del ciudadano Salvador Martin Alba Suarez, por la construcción de torre departamental”.

LA HISTORIA

En 2016, el Ayuntamiento de Guadalajara reconoció el derecho del vecino Salvador Alba e interpuso un juicio de lesividad el 22 de junio de 2016, presentado por la síndico Anna Bárbara Casillas García, en contra de Juan Miguel Gandoulf Castellanos, Yadira de León Haro y Sagnes Constructores SA de CV, “donde como prestaciones reclamó la nulidad absoluta del dictamen de trazo, usos y destinados específicos, revisión de primer paso, número de expediente 039/D2/E-2013, de fecha 7 de octubre de 2013, licencia de alineamiento y número oficial folio 15724 único 64569, con número de control A-0815-2013, de fecha 4 de noviembre de 2013, oficio D.D.U. 1402/2014. DGU 207/2014 complemento, C.C. 979/2014 folio 6360, de fecha 14 de julio de 2014, y de la licencia mayor de construcción folio 24776, único 64569, con número de control M-0371-2015 del 3 de agosto de 2015”, detalló el abogado.

La demanda fue admitida (1316/2016) por la Quinta Sala del TJA, el 24 de junio de 2016, y de inmediato se dictó la suspensión para que ya no se construyera. “Una vez que fueron llamados a juicio, la empresa demandada compareció y trató de interponer un juicio para impedir la suspensión, pero la instancia judicial los desestimó”; posteriormente, Salvador Martín Alba Suárez interpuso ante la misma sala una solicitud para que se le reconociera el carácter de tercero en el juicio, lo que fue aceptado.

La sentencia de la quinta sala fue el 15 de marzo de 2017: “En sus puntos resolutivos decretó la nulidad de la licencia de construcción y ordenó la demolición de la obra”.

Dos años después, la obra está casi terminada, en buena medida, por la intervención a favor de los constructores de García Estrada y del magistrado Alberto Barba Gómez, no obstante que el quejoso ganó una nueva suspensión, advierte el abogado. El incidente de violación de la suspensión fue reconocido por la misma quinta sala el 13 de noviembre de 2018. La obra no se detuvo y se interpusieron denuncias penales contra el ex alcalde y el alcalde tapatíos, que tampoco han avanzado.

¿Quién?

Armando García Estrada, presidente de la Cuarta Sala Unitaria del TJA, es señalado por dictar una orden contraria a la de la quinta sala del mismo tribunal

miércoles, 6 de marzo de 2019

La disputa por el bosque, inmobiliarios vs. vecinos.



Agustín del Castillo/Guadalajara-NTR

4 de diciembre de 2018, oficina de la titular de la Secretaría de Medio Ambiente y Desarrollo Territorial (Semadet), Magdalena Ruiz Mejía, sobre avenida Niños Héroes. Enrique Dau Flores, súper asesor del gobernador saliente, Aristóteles Sandoval Díaz, acompañado del empresario inmobiliario de Santa Anita Hills, José Manuel Gómez Vázquez Aldana, da un golpe seco en el amplio escritorio de chapa de caoba que domina el despacho de la secretaria. “Nunca entendiste nada”, le restriega a la funcionaria, irritado, el político octogenario de ascendencia libanesa.

El debate es el futuro del decreto de recuperación ambiental del cerro de El Tajo, una montaña geológicamente ligada al bosque La Primavera, pero que no fue excluida de urbanizaciones cuando el presidente José López Portillo creó el área natural protegida (ANP) hace 39 años.

Más de 10 meses antes, a finales de enero de 2018, el entonces gobernador Aristóteles Sandoval había publicado en el periódico oficial El Estado de Jalisco, el novedoso decreto basado en una figura de la Ley Estatal del Equilibrio Ecológico y la Protección del Ambiente, que trataba de enmendar el presunto error de 1980, que permitió que unas 9 mil 500 hectáreas de bosque pudieran alojar proyectos especulativos de diversa índole.

En el caso de El Tajo, con mil 684 hectáreas, el proyecto de El Palomar era un negocio del banquero Juan García Sancho, primo de López Portillo, y su desaparición física en 1976 no impidió que sus acreedores hicieran valer esas influencias. No incluir esa floresta en el polígono protegido ha permitido un negocio inmobiliario de alto valor en unas 613 hectáreas (el otro gran desarrollo inmobiliario es Bugambilias). La acción legal del anterior mandatario estatal busca explícitamente ponerles fin bajo argumentos ambientales y de riesgo de desastres, pero en su impulso fue decisivo que buena parte de los vecinos que se afincaron en cuatro décadas en esos fraccionamientos se decidieron a defender lo que le resta de bosque.

Los críticos de esa defensa la encuentran incongruente, dado que sus promotores se beneficiaron con el daño a La Primavera. Pero la presidente de la Unión de Colonias de la Puerta Sur, Tania Vázquez, sostiene la postura, pues cuando llegaron a vivir no tenían información sobre los efectos perniciosos de las urbanizaciones en el bosque. Y añade a NTR: si no hubiera vecinos opuestos, la realidad es que las fraccionadoras podrían terminar de ocupar las casi mil hectáreas que siguen sin transformarse.

Lo que Dau Flores y Gómez Vázquez Aldana pidieron a Ruiz Mejía en la tensa cita de diciembre, es que desistiera de acciones judiciales en el contexto del juicio de amparo en el que la empresa GVA pretende reclamar que sus permisos y autorizaciones, por ser anteriores en tiempo al decreto del Ejecutivo, no pueden ser afectados aunque no se hayan materializado las urbanizaciones sobre más de 65 hectáreas del proyecto.

“Lo siento, no depende de mí; este asunto lo debe ver con el gobernador”, respondió Ruiz Mejía a la embestida. Posteriormente, los promotores de Santa Anita Hills salieron contrariados del despacho.

Pero a tres meses de la anécdota, parece que el afán de un “albazo” fue conjurado, al menos en parte. Hay un nuevo titular en la oficina de avenida Niños Héroes, el reconocido académico e impulsor de áreas protegidas y modelos de gobernanza forestal en México, Sergio Graf Montero. Sin titubear, él promete que el gobierno estatal asumirá a plenitud la defensa del cuestionado decreto.

ZONA DE DESASTRES

“Todo empezó a partir de 2016, aunque nosotros teníamos la lucha contra Santa Anita Hills desde 2015; en 2016 ocurre en uno de los fraccionamientos que están abajo del cerro de El Tajo, un derrumbe muy significativo, de unas rocas muy grandes, y nos damos cuenta de que a pesar de que no se había construido nada en la montaña, ya había esa fragilidad en los suelos; ocurrió porque llovió muy fuerte, toda una noche, entonces intervino Protección Civil del municipio (Tlajomulco), se vio que había una situación de riesgo en las laderas de la montaña, y como yo era consejera ciudadana en el Imeplan (Instituto Metropolitano de Planeación), llevé el tema con el (entonces) director, Ricardo Gutiérrez Padilla, para solicitar apoyo”, explica la activista Tania Vázquez.

A partir de ese caso, tuvo un giro la defensa del bosque. Mientras con Imeplan se patrocinaba un dictamen de riesgos, los vecinos ambientalistas tocaron puertas en la Semadet y en Casa Jalisco. Para su sorpresa, Aristóteles Sandoval se comprometió a su favor. Y ordenó a sus propias instancias elaborar un diseño institucional que detuviera las nuevas urbanizaciones.

“Nos estuvieron apoyando para hacer un estudio de la manifestación de impacto ambiental que había presentado la inmobiliaria, para poder construir, y eso nos sirvió a nosotros para poder interponer un recurso de revisión por el cambio de uso de suelo (…) el ex gobernador da luz verde y empieza a hacer todo el mecanismo para un estudio justificativo para sostener un decreto que nos sale unos meses después, por el tema que se combina riesgo y afectación medioambiental”, añade.

“Sabíamos que el estudio justificativo iba a tardar de dos a tres meses, y resulta que antes del plazo nos levantan la suspensión del recurso que teníamos en el Tribunal Administrativo del estado (TAE); el Municipio clausura y a los dos días le ordenan levantar la clausura; estábamos atados de manos tanto ciudadanos como Municipio, y hablamos con el gobernador, fue un domingo, para decirle que prácticamente ante ese nivel de corrupción, los ciudadanos ya no podíamos hacer más, que él sabía que necesitábamos su ayuda (…) ese mismo domingo, el gobernador Aristóteles nos respondió y nos dijo, ‘viene una buena noticia para el bosque’; y esa buena noticia es que a la semana siguiente se estaba presentando el decreto del cerro de El Tajo”.

Desde entonces, es el eje de la defensa del bosque para sus patrocinadores. Luis Altamirano, abogado de la asociación vecinal, ve en el documento del Ejecutivo una enmienda de un error histórico.

“Efectivamente; la realidad es que fue una fe de erratas, porque inicialmente, por razones por demás obvias, cuando en una fotografía aérea apreciabas que era una zona boscosa, lo que es Ciudad Bugambilias y El Palomar estaban incluidas en el decreto de la reserva ecológica, y posteriormente los sacaron…”.

- ¿Prevalecieron sus intereses como fraccionadores?

- Así es.

- ¿Cree usted que este instrumento generado por el gobierno anterior tenga futuro, sea viable, e incluso haya la posibilidad de rescatar las zonas que todavía le quedan al bosque en otros sitios del anillo de amortiguamiento?

- Yo espero que sí, no es un instrumento perfecto, como toda obra humana, pero hay que ser enfáticos en cuanto a los tiempos que le quedaban a la administración de Aristóteles Sandoval, a efecto de permitir meter, por ejemplo, un decreto de área natural, porque realmente el bosque tiene más características para eso que como área de restauración; la realidad es que fue el camino porque el área natural protegida te exigía una consulta pública para la que no daban los tiempos, entonces a lo mejor no fue el ideal, pero es un instrumento viable.

Pero la contraofensiva de los negocios inmobiliarios no ha terminado.

Seis amparos contra un decreto

Desde el 28 de enero de 2018, en que se publicó el decreto de la zona de restauración del cerro de El Tajo, se han presentado seis amparos para combatirlo, por parte de los dueños de predios que sienten lesionados sus derechos. Este es el estatus de cada uno

531/2018, Juzgado Sexto de Distrito

Fraccionadora Vistas del Valle SA, con derechos sobre 28 hectáreas (ha), contra el decreto DIGELAG DEC 001/2018, “por el que se establece la aprobación de la zona de recuperación ambiental cerro El Tajo, con una superficie de mil 684.3 hectáreas”. Se niega suspensión definitiva. Afectada interpone queja contra suspensión. Juzgado sobresee el juicio. Afectada interpone revisión, aceptada el 11 de julio por el Tercer Tribunal Colegiado del Tercer Circuito, el cual sobresee el juicio de nuevo, en definitiva

576/2018, Juzgado Cuarto de Distrito

Banco Invex, grupo financiero e Inmobiliaria Rincón del Palomar SA. “Contra la emisión, refrendo y promulgación por sí o por conducto de sus subordinados del decreto DIGELAG DEC 001/2018, la omisión de publicar el programa de recuperación ambiental cerro El Tajo a que se refiere el artículo quinto del decreto DIGELAG DEC 001/2018. Todas y cada una de las consecuencias de hecho y de derecho del acto reclamado (…) la aplicación por primera vez, en perjuicio de las aquí quejosas, de los preceptos y ordenamiento que se indica en el inciso b) de este apartado, es decir de la Ley Estatal del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente del Estado de Jalisco, ello en el decreto DIGELAG DEC 001/2018 (…) que viene a restringir los derechos de uso, goce y propiedad de la superficie inmobiliaria y derechos que estas quejosas ostentan en términos del capítulo de hechos de esta demanda”. Demanda en ampliación

540/2018-4, Juzgado Noveno de Distrito

Ejido San Agustín, de Tlajomulco de Zúñiga. “contra el decreto DIGELAG DEC 001/2018 por el que se establece la aprobación de la zona de recuperación ambiental cerro El Tajo”. Se concede suspensión de plano “para el efecto de que las autoridades responsables se abstengan de realizar algún acto que tenga por efecto privar total o parcialmente, de forma temporal o definitiva, de los bienes agrarios”. Quejas interpuestas por Semadet y Unión de Colonos de la Puerta Sur AC se declaran “infundadas”. Juicio en proces

542/2018. Juzgado Sexto de Distrito

Estructuras Residenciales SA de CV. Contra el “programa de recuperación ambiental del cerro de El Tajo”. En proceso, sin suspensión vigente

541/2018. Juzgado Segundo de Distrito

Desarrolladora Lemar de Jalisco SA de CV. Contra el “programa de recuperación ambiental del cerro de El Tajo”. En proceso, sin suspensión vigente

544/2018. Juzgado Tercero de Distrito

Bosques de Zapopan SA de CV. Contra el “programa de recuperación ambiental del cerro de El Tajo”. En proceso, sin suspensión vigente

Celebración y jornada de limpieza

Al cumplir hoy La Primavera 39 años como área natural protegida, el organismo público descentralizado (OPD) del bosque invitó a la población a una jornada de limpieza. La cita es el 9 de marzo a las 9 horas, en el Rancho Ecoturístico Río Salado, en El Arenal. El registro se puede realizar en el enlace bit.ly/2IcoIwu

martes, 5 de marzo de 2019

Tratan conflictos de manera distinta


Agustín del Castillo/Guadalajara-NTR

Los conflictos territoriales en la sierra wixárika llegan al Senado. El senador Clemente Castañeda Hoeflich, del partido Movimiento Ciudadano (MC), propuso hace unos días un exhorto para que la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) atienda el conflicto que enfrenta a la comunidad de San Andrés Cohamiata (Tatei-kie) con una disidencia alimentada por grupos políticos nayaritas, que se ha empalmado con el tema limítrofe que pone en juego más de 20 mil hectáreas de Mezquitic.

Para el efecto, el estado de Jalisco interpuso hace más de un año una controversia constitucional, pero un poco al sur, las cosas se manejan de otro modo: las más de 10 mil hectáreas (ha) que tienen enfrentados a Wuaut+a (San Andrés Cohamiata) y los ganaderos de Huajimic no ameritan el mismo tratamiento, pese a que se ha documentado que históricamente también fue un desplazamiento de fronteras propiciado por los poderes nayaritas.

De hecho, los líderes de los comuneros de Wuaut+a le recordaron a los funcionarios estatales, en la reunión del miércoles 27 de febrero, que el estado de Jalisco es corresponsable por la tibieza con que ha enfrentado el asunto limítrofe, por lo que debe entrar a la solución del conflicto con algo más que meros exhortos a la conciliación y a que el gobierno federal aporte recursos para las indemnizaciones, pues son asuntos judiciales ya ganados por los wixaritari.

Clemente Castañeda se limitó al caso de Tatei-kie: “La omisión de las autoridades frente a este conflicto añejo, en el que la comunidad wixárika del norte de Jalisco podría perder hasta 25 mil hectáreas de su territorio, ha propiciado enfrentamientos en la región, el cierre de escuelas y de espacios de salud. La Suprema Corte no puede dejar pasar más tiempo y debe resolver este problema (…) si no se atiende el conflicto limítrofe entre Jalisco y Nayarit, continuarán los conatos de violencia y se deja en riesgo la integridad de los habitantes de la zona”.

En específico, el legislador aludió a las controversias constitucionales, 108/2018, 122/2018 y 125/2018, las cuales se interpusieron luego de que, el 18 de abril de 2018, el Congreso de Nayarit aprobó reformar el artículo 16 de su Ley de División Territorial para incorporar 12 localidades históricamente enclavadas en Tatei-kie: El Chalate, Palma Chica, El Rincón, El Espejo, Santa Gertrudis, Las Tapias, Tutuyecuamama, Los Nogales, Los Pinos, Rancho Nuevo, Tierras Blancas de los Lobos y Guamuchilillo.

Con esa división favorable al municipio nayarita de El Nayar, San Andrés sería cercenado de casi 40 por ciento de su extensión actual, que ya presenta un acusado retroceso histórico a favor de otros núcleos campesinos de Nayarit y Durango (los casos Giadalupe Ocotán y Bancos de San Hipólito).

Los Ejecutivos de Jalisco y Nayarit, así como el Legislativo nayarita, presentaron las tres controversias constitucionales referidas.

El gran tema subyacente a los conflictos agrarios es el de los linderos estatales. Nayarit ha empujado por más de 90 años la frontera de Jalisco hacia el este y esta última entidad jamás ha hecho algo para detener ese embate, lo que explica al menos 2 mil 700 kilómetros cuadrados donde la entidad perdió su soberanía.

Piden intervención

La semana pasada, el senador de Movimiento Ciudadano por Jalisco (MC) Clemente Castañeda Hoeflich, propuso un exhorto para que la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) atienda un conflicto que enfrenta a la comunidad de San Andrés Cohamiata, en Mezquitic, con una disidencia apoyada por grupos nayaritas

domingo, 3 de marzo de 2019

En riesgo capital natural de Jalisco.


Agustín del Castillo/Guadalajara-NTR

Jalisco es el sexto lugar en México por el número de especies animales y vegetales que alberga, pero el peso negativo de su economía y de su población, que no asumen los costos ambientales de generar riqueza, lo pone como una entidad “en riesgo”, es decir, por debajo de 12 estados “sustentables” de los cuales ocho tienen menos patrimonio natural, aunque mejor que nueve entidades federativas cuyo alto deterioro ya los clasifica como “no sustentables”, entre los que destaca el megadiverso estado de Veracruz.

Una publicación del Índice de Capital Natural (ICN) de la Comisión Nacional para Conocimiento y Uso de la Biodiversidad (Conabio), del pasado febrero, evalúa cómo se ha dado la correlación entre economía y naturaleza. Las entidades que están clasificadas “sustentables” mantienen sistemas que no rebasan la capacidad de carga de los ecosistemas. Quiere decir que las formas de vida que allí existen no se encuentran en términos generales en riesgo de desaparecer. Para las 14 mil 353 especies inventariadas en Jalisco, eso podría no suceder.

“Utilizando el ICN resulta que México tiene 34 por ciento de Capital Natural, 33 por ciento de Capital Natural Degradado (Jalisco está en términos generales en ese segmento) y 33 por ciento de Capital Transformado (Mora 2018). El índice puede aplicarse a distintas escalas regionales, por ejemplo, ecorregiones, estados y municipios, y es una evaluación del valor ecológico de los ecosistemas para aspirar a un desarrollo sustentable”, señala la publicación, que se puede consultar en www.biodiversidad.gob.mx.

De acuerdo con esta evaluación, “se puede deducir que dos tercios del país presentan altos niveles de degradación, y solo doce estados mantienen condiciones de sustentabilidad donde aún pueden generarse bienes y servicios ecosistémicos sin poner en riesgo el capital natural de futuras generaciones. Nueve estados tienen su capital natural en riesgo, es decir, con una alta probabilidad de alcanzar niveles no sustentables, y 11 estados han prácticamente agotado su capital natural, lo que representa un vacío importante en el legado ecológico-evolutivo para mantener el capital natural de futuras generaciones”.

La novedad de este índice es que fundamenta su evaluación en el estado de los ecosistemas, directamente. “Para un país megadiverso como México es una situación compleja el incluir el estado (composición, estructura y función) de los ecosistemas, de las especies, diversidad genética y agrobiodiversidad, entre otros componentes. Es necesario desarrollar un indicador sintético que integre el papel de la biodiversidad para mantener a largo plazo procesos ecológico-evolutivos”.

Así, el ICN “es una aproximación de la biodiversidad terrestre y acuática de los ecosistemas naturales y ecosistemas agrícolas. Es el producto del tamaño del ecosistema remanente (cantidad) y su calidad (Integridad ecológica). Es un indicador del estado y cambio en la biodiversidad (…) la calidad o integridad ecológica puede ser calculada como el estado (pérdida y fragmentación) de los hábitats de los depredadores tope de México: jaguar, puma, lobo, ocelote y sus principales presas, venado cola blanca, venado bura, pecarí de collar, pecarí de labios blancos, tapir”.

Estas especies de mayor tamaño “tienen requerimientos espaciales amplios y su presencia indica la condición necesaria para mantener interacciones depredador-presa, como una medida directa de integridad y de la calidad de los ecosistemas. Sin embargo, la integridad ecológica se pierde a través de la transformación de los hábitats; y ésta se puede estimar utilizando los cambios en las áreas con vegetación natural de México, y documentados por los mapas de vegetación y uso de suelo de INEGI (de 1980 en adelante)”, agrega.

¿Por qué Jalisco está clasificado con territorios en deterioro y con riesgo para su capital natural? Porque en gran parte de su geografía, ni los depredadores tope ni los grandes herbívoros tienen garantía de que van a sobrevivir a largo plazo.

La publicación exhibe en mapa diversos índices que integran el ICN: el de integridad ecológica señala contrastes serios entre la región centro, las regiones Los Altos norte y sur y la región Ciénega, como altamente impactadas, y las mejor preservadas de la costa, el sur y la región Huichola. El índice de impacto antropogénico, el de degradación ecológica, el de sustentabilidad de capital natural, el de integridad ecológica (todos en mapas de formato general o por municipios) confirman que en las costas norte y sur (Sierra Madre del Sur) y en la Sierra Madre Occidental (región Wixárika) se mantienen con alta viabilidad los sistemas naturales.

El resto del territorio ha debido pagar el impulso económico depredador de las ciudades, especialmente la capital del estado, como consumidoras de recursos y contaminadoras de ríos y atmósfera, y actividades primarias no sustentables como la agricultura y la ganadería, principales responsables de los cambios de uso de suelo, además de una creciente explotación clandestina de maderas y especies silvestres.

12 entidades federativas sustentables

Baja California Sur, Quintana Roo, Chiapas, Durango, Colima, Campeche, Sonora, Baja California, Nayarit, Zacatecas, San Luis Potosí, Oaxaca

9 entidades federativas en riesgo

Yucatán, Guerrero, Nuevo León, Jalisco, Michoacán, Sinaloa, Querétaro, Coahuila, Tamaulipas

11 entidades federativas no sustentables

Chihuahua, Aguascalientes, Puebla, Hidalgo, Guanajuato, Morelos, México, Tabasco, Ciudad de México, Veracruz, Tlaxcala

6 estados con mayor capital natural

Oaxaca, Chiapas, Veraceuz, Guerrero, Michoacan, Jalisco.