viernes, 19 de agosto de 2016

El megadesarrollo deberá respetar playa tortuguera



Tanto el decreto de la dependencia federal como el ordenamiento ecológico protegen laplaya y la zona de dunas.

Agustín del Castillo / Guadalajara. MILENIO JALISCO. 

Con 4,500 nidos por año, la parte sur del playón de Mismaloya, ocho kilómetros de frente al predio del megadesarrollo turístico de Chalacatepec, es uno de los sitios de reproducción de tortuga marina más importantes del Pacífico centro, y por lo tanto, deberá ser escrupulosamente conservado al margen de construcciones y actividades turísticas intensivas por los responsables del predio, destaca entre sus condicionantes el resolutivo SGPA/DGIRA/DG/04452 de la manifestación de impacto ambiental emitida por la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat).

Dentro del resolutivo, se incluye la opinión técnica de la Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas (Conanp): “evitar y prohibir el tránsito vehicular y de cualquier animal (incluidos los caballos) que puedan destruir accidentalmente los nidos o puedan perturbar o lastimar a las hembras, nidadas y crías […] condicionar al promovente a que previo al inicio de obras y actividades, se realicen las gestiones conducentes a fin de reubicar el campamento tortuguero de Chalacatepec y evitar que se detengan las acciones de conservación […] restringir el uso de la zona federal marítimo terrestre, de conformidad con lo establecido en el artículo 4 del decreto [de protección de tortugas marinas, de 1986] el cual establece que no se autorizarán permisos ni concesiones para el uso o aprovechamiento dela zona federal en las áreas delimitadas en dicho decreto”, como sucede con el playón de Mismaloya (página 69 del resolutivo).

Las restricciones, añade, son la “restricción de construcción en temporadas de anidación o eclosión de tortugas marinas”; reducir iluminación, condicionar el tránsito nocturno por la playa, limpiarlas y restringir fogatas y linternas.

En las condicionantes impuestas, destaca el resolutivo, que en la temporada de anidación de las tortugas “limitar cualquier tipo de actividades del proyecto a un horario diurno de 8 de la mañana a 6 de la tarde”; y enumera los señalamientos que previamente había planteado en su opinión técnica la Conanp.

El “blindaje” de esta playa no sólo se debe atribuir al decreto de protección de la tortuga; tanto los ordenamientos ecológicos de la Costa, y el local de Tomatlán, lo establecen.

“La protección y conservación de las tortugas marinas y de su hábitat de anidación en la playa Chalacatepec están consideradas en el Programa de Ordenamiento Ecológico Local (POEL) del municipio de Tomatlán, y los proyectos turísticos en dicha playa deben de cumplir con estrictos criterios ecológicos indicados […] entre estos criterios se incluye que cualquier construcción cimentada debe de estar ubicada por detrás del primer cordón de dunas con vegetación, lo cual implica una distancia de al menos 50 metros a partir del límite de la zona federal marítimo terrestre, y en algunas zonas de la playa esta distancia es mayor a 100 metros”, es decir, lejos de la zona a donde los quelonios llegan a desovar, señala una opinión técnica elaborada en 2010 por el Departamento de Zonas Costeras de la UdeG.

En playa Chalacatepec, la zona de dunas tiene una extensión total de 135 hectáreas, “el POEL indica que sólo 35 por ciento de esta superficie puede ser aprovechada por proyectos turísticos, esto es, alrededor de 47 hectáreas; el resto deben conservarse en estado natural”.

En el primer cordón de dunas con vegetación y por delante de éste, “no deben existir construcciones cimentadas, únicamente se permiten estructuras no permanentes y que no obstaculicen los procesos de anidación de las tortugas marinas y de otras especies como invertebrados y aves. Además, las actividades en la playa no deben de provocar la alteración de la misma ni interferir con el proceso de anidación de las tortugas marinas, y las actividades deben de minimizarse en la temporada de anidación, precisa el documento.

La CEDHJ dicta medidas cautelares para Atacco



Le indica al ayuntamiento de Tapalpa que si el vertedero no funciona correctamente y pone en riesgo a la población, lo suspenda.

Agustín del Castillo / Guadalajara. MILENIO JALISCO. 

La Comisión Estatal de Derechos Humanos Jalisco notificó a los diversos ciudadanos que interpusieron quejas ante el organismo, que ha dictado medidas cautelares para protegerlos por el problema de contaminación que constituye el tiradero de basura enclavado a un costado del poblado de Atacco, en Tapalpa.

Son múltiples quejas, de la 10957 a 11205/14/III relacionadas con el problema; la CEDHJ instruye a las tercer visitaduría y a la oficina del organismo en las regiones Sur-Sureste de Jalisco "para que sin dilación inicie las investigaciones pertinentes, identifique a las autoridades presuntas responsables, les requiera un informe, solicite el auxilio y colaboración de quien sea necesario, reciba y desahogue las pruebas [...] para determinar la existencia o inexistencia de los hechos violatorios".

La medida cautelar dice al texto: "en la siguiente sesión de los integrantes del ayuntamiento [de Tapalpa], someta a su consideración el contenido de la presente queja, y en caso de considerar que el proyecto infrinja algún reglamento u ordenamiento legal, se contravenga el contenido del Plan Parcial de Desarrollo Urbano del Ayuntamiento [sic], provoque daños a la salud u ocasione daños al medio ambiente, conforme a derecho ordene la suspensión de las funciones del vertedero hasta que se realicen las adecuaciones necesarias. Todo bajo el principio de prevención y respetando el derecho a la participación y a la consulta ciudadana".

Los funcionarios de Tapalpa, de cualquier modo, han sido emplazados para rendir un informe pormenorizado sobre los hechos, enviar copia certificada de los acuerdos tomados por el ayuntamiento "relativos a la autorización para la construcción del basurero mencionado", copia certificada del proyecto ejecutivo, dictámenes ecológicos y todo lo relativo al vertedero; informar de modo exhaustivo sobre los sitios de disposición final en el territorio del municipio. En caso de omisión, se tomará como reconocimiento de responsabilidad.

La solicitud de información se extiende a la Procuraduría Estatal de Protección al Ambiente y a su superior, la Secretaría de Medio Ambiente y Desarrollo Territorial (Semadet); si está autorizado el vertedero, si cumple con los requisitos de la NOM-083-SEMARNAT-2003 (que regula la disposición final de residuos sólidos municipales), las actuaciones que ha ameritado en su operación ese sitio (expediente 108/16 de la Proepa) y demás documentos necesarios.

SRN

jueves, 18 de agosto de 2016

Llega hasta Dinamarca eco de litigio vs Unops



El abogado de los quejosos destaca que se pone en entredicho el derecho internacional sin beneficio para Jalisco.

Agustín del Castillo / Guadalajara. MILENIO JALISCO. 

La sede internacional de la Oficina de Naciones Unidas de Servicios para Proyectos (Unops), en Copenhague, Dinamarca, ya recibió notificación de los litigios que afronta su filial en América Latina por su papel polémico en la gestión de la cuenca del río Verde, donde los actores sociales y políticos cuestionan tanto el pago de 4.6 millones de pesos del erario del estado como la pertinencia de los “productos” que realiza para el gobierno.

“Hemos enviado copia de lo que hemos actuado tanto ante gobierno del estado, la Contraloría y la Secretaría de Planeación, Administración y Finanzas [Sepaf], como del juicio de amparo que hemos interpuesto ante el juzgado cuarto, nos parece muy importante que ellos se den cuenta de cómo actúa su gente en Jalisco”, dijo el abogado de los demandantes, Alejandro López Aguayo.

El representante de los quejosos consideró que violar la Ley de Adquisiciones es “un atropello a la legislación local, y en consecuencia, al derecho internacional[…] hay cláusulas de inmunidad que protegen a estos entes, pero en este caso particularmente por cómo se están dando las circunstancias, no se justifica; no es posible que teniendo el gobierno del estado un observatorio ciudadano, que es un órgano ciudadano técnico especializado, que no cobra, que realmente es con las mejores instituciones y representantes del sector agua, y que tiene recomendaciones vinculantes, se vaya con una supuesta tercería, que no es tercería, sino una prestación de servicios, es un contrato administrativo que debe regirse por las leyes administrativas, y sorprende”.

López Aguayo advirtió que en una tercería, se acepta el arbitraje del ente en cuestión como vinculante para los demás; pero en este proceso, se trata simplemente de la entrega de ciertos productos que no le quitan al gobierno la posibilidad de decir la última palabra.

“Preocupa más porque en el fondo el tema es el control del río Verde, por el estado de Guanajuato, con la complicidad o convenios con empresas, en este caso internacionales; entonces la pregunta es si el estado, si el gobierno de Jalisco va a permitir que el estado vecino controle su propia región, decida cómo distribuir sus aguas y a fin de cuentas, también controlar el lago de Chapala a través del río Lerma y las presas. Eso estamos advirtiendo, Jalisco pierde en cualquiera de esos casos”.

El último capítulo del desencuentro entre la Unops y el observatorio, tras que el “producto temprano” alertara sobre la posibilidad de que la presa inconclusa desborde en alguna fuerte avenida de agua, lo que generó recelos de que se tratara de un “disfraz” para desalojar los pueblos reacios a su reubicación.

SRN

Chalacatepec: con agua del mar… o de otro acuífero



La Conagua sugiere que se obtenga agua de mar y se desalinice, pero los desarrolladores tienen una respuesta distinta: traer el agua de la cuenca media-baja del río San Nicolás.

Agustín del Castillo / Guadalajara. MILENIO JALISCO. 

El megadesarrollo de Chalacatepec o Desarrollo Vistas, en Tomatlán, en el que el fondo de pensiones de los trabajadores de Jalisco tiene invertidos más de 50 millones de dólares, tendrá necesidades de agua que rebasan amplimente la disponibilidad del acuífero sobre el que está ubicado.

La Conagua ha sugerido que se obtenga agua de mar y se desalinice para obtener 3.5 millones de m3 anuales, pero los desarrolladores tienen una respuesta distinta: traer el agua de la cuenca media-baja del río San Nicolás, en el límite con La Huerta, en un proyecto cuya ejecución ya ha comenzado y cuyo potencial es de 17 millones de m3 anuales, sin afectar ninguna de las concesiones existentes en la zona.

"El acuífero Tomatlán clave 1424, pertenece a la región hidrológico administrativa Lerma Santiago Pacífico, se encuentra sujeto a veda para el alumbramiento de las aguas subterráneas emitida por el Ejecutivo Federal, publicada el 21 de septiembre de 1984 en el Diario Oficial de la Federación", señaló la Conagua al ser consultada por la Semarnat federal, en el marco del dictamen de impacto ambiental, emitido en junio pasado.

El proyecto demandará 650 mil m3 de "aguas claras" anuales, es decir, agua potablepara 4,600 cuartos. "En el supuesto de que el agua potable que se entregará en las habitaciones del desarrollo, que se reporta será potabilizada por ósmosis inversa, proceda del acuífero, se puede concluir del análisis [...] que no existe disponibilidad suficiente para otorgar concesión para el autoabastecimiento. Es preciso señalar que el promovente no presenta copia de la concesión para el aprovechamiento del agua subterránea y la concesión no fue localizada en el Registro Público de Derechos de Agua. Para que el desarrollo sea factible en su abastecimiento de agua, tendrá que realizar un proyecto en el que proponga la desalinización de agua salobre o salada procedente del mar de entre 3 y 3.5 millones de m3 que representa un gasto instantáneo de 95 a 110 litros por segundo", añade el oficio del organismo.

Los promotores, sin embargo, han volteado al río San Nicolás: allí se descubrió un manto subterráneo intocado en la parte media de la cuenca, que tiene agua para abastecer no solamente al desarrollo de 1,186 hectáreas, sino incluso varios módulos para los agricultores del ejido José María Morelos.

Desde tres años atrás, se hicieron sondeos en el sitio y primero se detectaron pozos con problemas de intrusión salina; "ampliamos la investigación durante más de un año, y llegamos hasta el río San Nicolás en la parte sur, y de ahí nos fuimos ocho kilómetros arriba y dimos ahí con un manto que nos da agua a menos de 30 metros; aforamos un par de pozos de la mano con la Conagua, vimos que hay abundancia de agua y es agua que se puede aprovechar sin afectar a nadie", dijo a MILENIO JALISCO el director del proyecto, Ricardo Santa Cruz (edición del 8 de septiembre de 2015).

"Lo siguiente fue trabajar con los agricultores y conformar siete asociaciones civiles, es decir, socializamos el proyecto del agua para que no fuera nada más para el proyecto sino que se beneficiara a toda la región [...] cada asociación es virtualmente un organismo operador, y a final de cuentas creamos una unidad de riego [...] tenemos 350 hectáreas que vamos a regar dentro del proyecto para el mango y otros cultivos, más otras 1,850 ha pertenecen a las otras seis organizaciones civiles conformadas por miembros del ejido de José María Morelos". Los 4,600 cuartos demanda menos de 35 por ciento del agua disponible para el desarrollo.

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Proyecto San Nicolás

Ya arrancó por parte de la Conagua un proyecto multianual que va a durar tres años en terminarse, con 500 millones de pesos de inversión, "en el cual se van a ver beneficiadas 232 familias, con sus parcelas con riego tecnificado, con hidrante parcelario; la tecnología que vamos a meter es la misma que en el distrito de riego 001 en Aguascalientes, que es conocido entre los agricultores como el sitio de riego más moderno en el país".

El agua de este proyecto abastece los 99 años en que se tiene planteado desarrollar el proyecto Chalacatepec, con un abastecimiento de 100 litros por segundo, de los cuales, 35 litros van a la parte inmobiliaria y el resto al riego agrícola. Las siete asociaciones demandarán 12 millones de m3 anuales, de los 17 millones disponibles.

Viejos... los cerros y el Teatro Degollado



Trece de los hombres y mujeres que forman parte de la clase de "adultos mayores" fueron reconocidos por el gobernador como triunfadores en el deporte de la vida.

Agustín del Castillo / Guadalajara. MILENIO JALISCO. 

Si es verdad ese dicho de Alfonso Reyes, de que los hombres sonríen porque han debido renunciar a muchas cosas, es fácil explicar la natural gesticulación que salía ayer desde el centro de los rostros ajados de trece viejos jaliscienses, homenajeados en el teatro Degollado.

Viejos de verdad, aunque la palabra ha sido abandonada y degradada a ofensa por las convenciones del lenguaje "políticamente correcto", atroz en pontificar desde la ignorancia sobre términos que eran de uso común cuando estos hombres y mujeres nacieron y crecieron, en un Jalisco que ya no existe, en el que sus ancestros ancianos eran eje de una estructura de familia que también voló por los aires con la modernidad.

No deja de ser paradójico: los viejos antes eran venerados y recibían como justo pago a una vida de compromiso con su clan, el lugar simbólico más importante de la familia, el del respeto a la experiencia y sabiduría acumuladas, el del fiel de la balanza en las decisiones, el del consejero ante las crisis más extremas. Los "adultos mayores", en cambio, requieren programas de gobierno para subsistir con alguna dignidad, expulsados del hogar y olvidados por una civilización de lo efímero en la que tener arrugas o canas contradice el afán de una eterna juventud, deslavada, aséptica y anodina.

Estos trece viejos recibieron como reconocimiento una artesanía, un "árbol de la vida" que después resultó que era un corazón - el joven presentador dudó sobre el nombre y la descripción del objeto rojo brilloso, ah, esa juventud vacilante -, más un cheque de 20 mil pesos, de manos del gobernador Aristóteles Sandoval y de su esposa, Lorena Arriaga, quienes les habrán parecido políticos demasiado noveles para tan alta responsabilidad como la de conducir a un estado territorialmente más grande que Costa Rica y más poblado que Uruguay.

Será que están ya en paz, pero no lucían intimidados ni por esa puesta en escena de lo político "compasional" (la compasión como espectáculo), ni por el recinto teatral, un edificio construido para cautivar con sus cinco pisos de palcos, con su candil colosal al centro de la amplia bóveda adornada por el fresco decimonónico de un Parnaso petrificado.

¿Por qué festejar a los septuagenarios a casi centenarios jaliscienses? "El Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia (DIF) Jalisco, promueve una cultura de envejecimiento activo, aprecio y respeto a la vejez, mediante la atención, asesoría y capacitación en relación a calidad de vida y participación social de 19,250 adultos mayores en 576 grupos [...] desarrolla desde el año 2000 el evento del Adulto Mayor Distinguido, en el que se evalúa la trayectoria de vida con base a vivencia de valores humanos y su impacto en beneficio de la sociedad, a nivel personal y familiar, favoreciendo en el desarrollo de alguna actividad artística, cultural, deportiva, profesional, altruista y/o científica, distinguiéndose como ejemplo en su familia y la comunidad en general", justifica el comunicado emitido para tan notable encuentro.

Así, los reconocidos responden a tres condiciones: la diversidad geográfica de Jalisco, sobrepasar los 65, la edad de jubilación; y hacer cosas notables al menos por sus núcleos sociales más inmediatos. José Nieves Bramasco López, por ejemplo, tiene 93 años y se desempeñó en el lejano y áspero Chimaltitán como maestro por 50 años, sin abandonar las tareas agrícolas; también escribió un libro de su municipio. María De Los Ángeles Dávila Aguiñaga tiene 68 años y vive en el oriental Ojuelos de Jalisco; es cantante de Mariachi y voluntaria de Cruz Roja, además de haber gestionado el primer plantel educativo; Alberta González Díaz pasa por los 76 años y habita Valle de Guadalupe; además de distribuir la hoja parroquial, lleva comida a los presos de Puente Grande.

Así se desgrana el resto de la nómina: en Jamay, María Guadalupe Jiménez Sahagún; en Concepción de Buenos Aires, Manuel Ochoa Hermosillo; en Tolimán, el ex alcalde J Paz Guerrero Michel; en El Limón, Javier Michel Isordia; en Tomatlán, la ex alcaldesa Bertha Onésima González Rubio; en Puerto Vallarta, Juan Manuel Gómez Encarnación; en San Marcos, Eva Amézquita Martín del Campo; en Tlajomulco de Zúñiga, Juan Manuel Enciso Camacho y María Ernestina de la Fuente Salas. La "más mayor" del grupo es María del Rosario Cabrera Gutiérrez, que tiene 96 años, de Acatlán de Juárez.

Son viejos y están en paz, dijo doña Eva Amézquita, al citar la conocida pieza de Amado Nervo, que irradió gratitud y también sentimientos fáciles a la larga y más inexperta audiencia que presenció la entrega de los trofeos de estos triunfadores en el mejor deporte de resistencia que existe: la pura vida.

SRN

miércoles, 17 de agosto de 2016

Bajo lupa el contrato del gobierno-Unops



Juez IV de distrito desahoga juicio contra “omisiones” de Contraloría y Sepaf en investigar acuerdo de “tercería” para resolver conflicto del río Verde.

Agustín del Castillo / Guadalajara. MILENIO JALISCO. 

Los organismos de la sociedad civil que cuestionan la presencia “poco transparente” de la Oficina de Naciones Unidas de Servicios para Proyectos (Unops), por medio de un contrato de 4 millones 600 mil dólares (cerca de 85 millones de pesos al tipo de cambio de ayer) con el gobierno de Jalisco, para generar “productos” que contribuyan a la resolución del conflicto por el agua en el río Verde, decidieron judicializar sus impugnaciones.

Ante el archivamiento de la denuncia de hechos promovida ante la Contraloría del estado en marzo pasado por la Fundación Cuenca Lerma Chapala, El Consejo Regional para el Desarrollo Sustentable, la Asociación de Silvicultores de Los Altos y el Parlamento de Colonias; en que demandaban violaciones a las leyes de adquisiciones por el contrato “sui generis” entre el gobierno y esa entidad de Naciones Unidas, interpusieron demanda de garantías que derivó en el juicio de amparo 1908/2016 en el Juzgado Cuarto de Distrito en materias Administrativa y del Trabajo, el 22 de julio pasado. El abogado de los quejosos, Alejandro López Aguayo, puso en relieve que el proceso administrativo en la Contraloría y en la Secretaría de Planeación, Administración y Finanzas (Sepaf) ha violado las garantías individuales de los quejosos, que nunca fueron llamados para ser oídos y eventualmente vencidos, como lo mandan los artículos 1, 14, 16 y 17 de la Constitución política del país; por ello, demandan la inconstitucionalidad de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del estado.

Es “el acuerdo de fecha 12 de Mayo del 2016, emitido por el Órgano de Control Disciplinario, de la Sepaf, por el que ordena cerrar el Procedimiento de Investigación Administrativa de Responsabilidad Número 024/2016 y archivar el expediente como asunto concluido, sin responsabilidad para ningún servidor público adscrito a dicha secretaría, mismo que fue transcrito dentro del acuerdo de 6 de Junio del 2016 emitido dentro del expediente 071-DGJ/Q/2016-B, de la Dirección de Área de Quejas y Denuncias, de la Contraloría del Estado de Jalisco, y que nos fue notificado en forma personal el día 28 de Junio del 2016, por conducto de nuestro Representante Común, Don Benito Manuel Villagómez Rodríguez”, dice el texto de la demanda, a que tuvo acceso MILENIO JALISCO.

- ¿Por qué recurrir a un amparo, en qué abona a la lucha que llevan con la Unops?

- El amparo obedece fundamentalmente al hecho de que las autoridades correspondientes, ni la Contraloría, que se declara incompetente, ni la Sepaf, que asegura que no hay responsabilidad en nuestro reclamo de que se violaba la Ley de Adquisiciones, hacen justicia […] nos queda acudir ante la instancia federal, para declarar que son anticonstitucionales dos artículos de la Ley de Responsabilidades porque no permiten que nuestras pruebas sean valoradas; queremos seguir advirtiendo que consideramos que respecto a la austeridad no se respetó esa ley, y además, las normas sobre tratados internacionales.

- ¿Cómo justificó la Sepaf no investigar el contrato a Unops?

- En su lógica, asegura que no hay responsabilidad para servidores públicos y que la contratación con Unops está apegada a que no es una entidad que persiga fines de lucro, que no es para ganar, y sí sorprende porque en esa lógica es un atropello al derecho internacional y a la legislación local; algo elemental es el respeto al Estado de derecho, y advertimos que no es por el trato preferencial que se le está dando por parte de las autoridades del estado […] en esa lógica, traigamos a los cascos azules de la ONU y paguémosles para que resuelvan la inseguridad pública, es ilógico y muy costoso.

Más allá de que el monto de asignación directa para contratar a la Unops está rebasado más del doble tantos según el máximo que marca la Ley de Adquisiciones, el abogado insiste que los “productos” que va a entregar o bien, ya existen, o hay instancias dentro del gobierno que los pueden hacer sin costo.

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Cuestionamientos

No hubo concurso ni licitación pese a que el monto máximo de asignación directa es de 35 mdp según la Ley de Adquisiciones

Los productos que realiza o ya existen, o son materia de dependencias de gobierno existentes

No existe algo como la “tercería” de Unops porque lo que determine, según el contrato, no será vinculante

En ese sentido ocupa el espacio público que le corresponde al Observatorio Ciudadano para la Gestión Integral del Agua de Jalisco, creado con el fin de resolver los conflictos del agua

El POTmet a juicio: es necesario, pero endeble



El instrumento propicia más los intereses inmobiliarios que los de una ciudad compacta, equitativa y justa, advierten urbanistas, ecologistas y administradores públicos

Agustín del Castillo / Guadalajara. MILENIO JALISCO.

El Plan de Ordenamiento Territorial Metropolitano, abreviado POTmet, tal como está al día de hoy no es el instrumento que requiere la ciudad para resolver su principal enfermedad: la expansión desorbitada.

Por el contrario, aunque explícitamente se propone generar una ciudad compacta, ha dejado intocados los “derechos” de los dueños de 44 mil hectáreas de reserva urbana que resultan excesivas para el crecimiento natural de la ciudad, reconoció una veintena de expertos reunidos la noche del pasado 15 de agosto en la Escuela Superior de Arquitectura, convocados por organizaciones de la sociedad civil.

Fue una cita donde los organismos del pacto metropolitano estuvieron totalmente ausentes, no obstante que se trató de analizar el instrumento más importante generado hasta ahora por ese entramado institucional: el Instituto Metropolitano de Planeación (Imeplan), el consejo ciudadano (sic) y la Junta de Coordinación Metropolitana.

En el balance se reconoció que es mejor contar con un plan perfectible que su ausencia. El instrumento tiene abundante información y aglutina diferentes instrumentos legales y de planeación previos. Pero falla al momento de plantear el ordenamiento, que se sujeta a suma de voluntades políticas que en el caso de Guadalajara, siempre son transitorias al estar sujetas a periodos electorales cortos; también falla en el afán de integrar a los desarrolladores inmobiliarios, pues apenas toca sus intereses, si bien, tampoco los protege explícitamente.

El coordinador del Museo de Ciencias Ambientales de la UdeG - una institución que plantea la relación hombre-naturaleza desde el ámbito de la ciudad-, Eduardo Santana Castellón, ofreció un resumen de carencias del POTmet con las que nadie estuvo en desacuerdo.

“No fue participativo a cabalidad, por eso ha sido necesario que se organicen reuniones como la presente; no integró los componentes ambientales ni contribuyó a la resolución de las contradicciones existentes; no presenta un análisis integrador para definir tendencias negativas que se deben corregir para lograr una Guadalajara hermosa y sustentable; no Integra el componente ambiental-ecológico al análisis de la superficie y el crecimiento que debe tener la ciudad, y no integra las recomendaciones que a nivel metropolitano, estatal, federal e internacional se han ya elaborado para Guadalajara y ciudades similares”, dijo.

“No presenta metas cuantitativas que los ayuntamientos deben tratar de lograr. No propone políticas, acciones, mecanismos para orientar a los ayuntamientos para que hagan mejores planes parciales y logren alcanzar las metas establecidas. No explica sus aportes concretos al Programa de Desarrollo Metropolitano. No plantea formas para reducir la expansión urbana y más bien presenta un marco territorial que induce a que la ciudad continúe expandiéndose agravando los problemas sociales, ecológicos, políticos, culturales y económicos”, añadió. A partir de ese diagnóstico se desgrana todo el encuentro que llevó más de dos horas y media. Nadie pidió que el documento fuera echado a pique, pero todos urgieron a su perfeccionamiento. Este es un breve repaso de los conceptos, apoyado por la relatoría elaborada por Toma-La Ciudad, que fue facilitada a MILENIO JALISCO.

DISPERSIÓN

Luis Aguilar, urbanista y coordinador del encuentro, consideró que “se necesita una capacidad de interlocución y de diálogo entre gobierno y sociedad. Para ello hay que atender dos cosas: asegurar que las decisiones colegiadas sean verdaderamente de interés público, y que la pluralidad de opiniones converja hacia la construcción de una posición común”.

Ya en materias específicas, José Javier Gómez-Álvarez, del Esarq, ponderó que “hace falta y deben precisarse las características de la redensificación sobre los corredores de transporte masivo, y realizarse las adaptaciones de infraestructura y ordenamiento antes de poner en marcha la redensificación para no trastocar la vida de los habitantes de esas zonas. El desarrollo urbano ya ha fracasado en las periferias, y por ello hay que hacerlo bien para no comprometer los valores de los barrios más centrales”.

Rodrigo Ochoa, del ITESM, admitió que el POTmet es clave porque era un instrumento necesario desde hace décadas. No obstante, “el documento tiende a la dispersión del territorio con la creación de las reservas urbanas. Aquí el caso de Zapotlanejo es alarmante […] el área metropolitana creció en 22 por ciento y urge replantear semejante decisión”. Las áreas de transición, al no estar adecuadamente definidas, invitan a la especulación inmobiliaria.
Carlos Romero, de la Univa, dijo que “no podemos esperar innovar con instrumentos del siglo pasado”, y recomendó trabajar en las reservas intraurbanas – seis mil hectáreas de lotes baldíos al interior del periférico- como un área de oportunidad.

Jesús García Rojas, consultor, destacó: “localmente, el POTmet y sus centralidades claramente no detendrán la expansión urbana. Hay muchas cosas que podemos hacer siempre y cuando nos escuchen y nos hagan caso, entre otras exigir retomar el proyecto de Ley General de Ciudades y el Territorio que abortó en el Congreso de la Unión por el cabildeo de desarrolladores y ayuntamientos”, esto entraña “cambiar la política de subsidios totalmente, ya no darlos al frente como enganche, sino darlos en especie con tierra planificada”.

Luis Fernando Álvarez, de la UdeG, dijo que es necesario revisar la consistencia del documento. “Define al instrumento el estatuto urbano en el artículo. 120. El POTmet debería ser normativo, técnico, político; pero la definición no está clara. Los objetivos, cuatro, también son ambiguos. Asimismo, hay huecos en materia de instrumentos de planeación, lo cual se visibiliza claramente en el documento, que para eso sí nos sirve, y evidencia que los municipios están en falta pues es su responsabilidad proveer dichos instrumentos”. Las reservas territoriales “tienden a la dispersión y legitiman la expansión urbana, cuando no creciendo ni un metro más seguiríamos con una densidad que ya no es compacta”.

Roberto Arias de la Mora, de El Colegio de Jalisco, llamó la atención sobre el Código Urbano y la Ley de Coordinación, que son insuficientes para llegar a un instrumento preciso. El POTmet apuesta a la racionalidad municipal, “en tanto que visibiliza las carencias de éstos y su fragmentación”. El énfasis está en el consenso, y en este sentido es un instrumento político. “La adecuada implementación de este documento se dará en las luchas que está desarrollando la sociedad”, como la respuesta de Tlajomulco a la Canadevi y el caso de Iconia.

Sandra Valdés, del Consejo Ciudadano del bosque La Primavera, consideró que el POTmet “se percibe como una declaración de intenciones que no contrarresta las fuerzas y presiones que deterioran el bosque. De hecho, parece que camina en contra de la ruta marcada por los ordenamientos ecológicos a favor de las reservas urbanas, atentando contra la conservación”. Lo fundamental es que el poder debe ser de los ciudadanos, no de los intereses económicos, coincidieron.

CLAVES

Cinco problemas con el POTmet

1 Las centralidades propuestas incitan a la expansión.
2 Se reconocen más reservas urbanas de las que se necesitan.
3 La aptitud territorial señalada no destaca vocacionamientos de conservación en áreas que debería.
4 El documento no da elementos de evaluación ni vinculación con otros instrumentos.
5 La propuesta se parece mucho a escenarios tendenciales de estudios previos que ya entonces representaban las manifestaciones de acciones mal llevadas

Fuente: Alfredo Hidalgo, consultor independiente

“Falta una planeación participativa que permee el documento. Se habla mucho de crecimiento, de expansión, de renovación, mantenimiento y conservación, pero se nota que es una planeación desligada de la naturaleza. Como ejemplos están que se pone en riesgo el sistema alimentario, hay un exceso de reservas urbanas y una desconsideración a criterios hídricos […] es necesario que se consideren muchas cosas aún”.

Gabriel Torres González, CIESAS

“Mientras no se tenga un gobierno metropolitano, lo que procede es impulsar un proceso de gobernanza metropolitana, con reformas fiscales e institucionales. Hay que crear instituciones, no sólo prácticas y discursos, que regulen, sean vinculantes y aseguren la continuidad de las propuestas”

Luis Aguilar, UdeG

MC