viernes, 22 de abril de 2016

Del Toro anuncia comisión especial para el agua



Ese compromiso lo hizo ante los moradores de Temaca, en una visita que encabezó hoy junto con otros tres legisladores de ese instituto político.

Agustín del Castillo / Guadalajara. MILENIO JALISCO. 

El próximo martes 26 de abril, el diputado Ismael del Toro, coordinador de la fracción de Movimiento Ciudadano en Jalisco, presentará su propuesta para crear la “comisión especial temporal para la gestión integral del agua en Jalisco”, con diversos propósitos, entre los que destaca cancelar el acueducto a León y salvar al poblado de Temacapulín.

Ese compromiso lo hizo ante los moradores de Temaca, en una visita que encabezó hoy junto con otros tres legisladores de ese instituto político.

“Se compromete a escuchar a los habitantes de Temacapulín, Acasico y Palmarejo en el conflicto por la presa El Zapotillo y presentar el próximo martes al Congreso de Jalisco esa comisión especial”, dijo el integrante del Colectivo de Abogados, Guadalupe Espinoza Sauceda.

Como respuesta, el padre Gabriel Espinoza, presidente de Salvemos Temaca, les dijo a sus invitados: “los pequeños pueblos han dado grandes lecciones. Y no somos egoístas los pueblos con el agua, pero el trasvase es una afectación ambiental, cultural y contra los derechos de los pueblos, por eso estamos en contra de la presa El Zapotillo y del acueducto”.

Además de Ismael del Toro, acudieron Mario Castellanos, Adriana Medina y María Elena de Anda Gutiérrez. La visita fue por la mañana e incluyó Morones, El Cristo de la Peñita, la Basílica, el museo y el acto final fue en los portales de Temaca. Del Toro se comprometió con los representantes del pueblo –además del sacerdote, los señores Abigaíl Agredano, Alfonso Íñiguez Pérez, Jesús Jáuregui e Isaura Gómez- “escuchar en todo momento y estar en comunicación”.

Temacapulín vive en amenaza de desaparecer bajo las aguas de la presa El Zapotillo si el proyecto se concreta a 105 metros de altura, lo que por el momento está impedido por cuatro suspensiones judiciales; no obstante, para prevalecer a 80 metros la altura de la cortina aprobada requiere complejas obras de ingeniería de las que ni siquiera existen esbozos. La disputa se ha demorado ya por diez años.



jueves, 21 de abril de 2016

Disputa por tierras desata conflicto en Chapala



Acusan campesinos al gobierno del estado de promover intereses empresariales en perjuicio de su patrimonio

Agustín del Castillo / Guadalajara. MILENIO JALISCO. 

El ejido Santa Cruz de la Soledad, en Chapala, se ha enfrascado en un conflicto interno debido a los intereses de un grupo empresarial que pretende incorporar 130 hectáreas a un fideicomiso para hacer un corredor de fraccionamientos en el lindero con el lago.

El pasado domingo 17 de abril, “aproximadamente a las 0.26 horas comenzó un operativo de la fuerza pública por parte del Gobierno de Jalisco y de la Procuraduría Agraria, en un tráiler llevaron equipo para vallas metálicas y un contingente de más quince patrullas con 12 policías por vehículo, esto, es, aproximadamente 180 policías que tomaron la plaza principal donde se ubican la delegación municipal y el templo y bloquearon los accesos de la casa ejidal y de la plaza del poblado”, señala María de Jesús López Rodríguez, vocera del grupo que denuncia la agresión.

La idea era sustituir a las autoridades del núcleo agrario, dado que las vigentes se oponen a la venta de tierras. Pero no prosperó.

“Aproximadamente a las 9.30 horas, llegó el personal de la PA: la jefa de residencia María del Rosario Santos Becerra; el Jefe del jurídico Juan Martín, el visitador agrario Ricardo Espinoza, y personal de la Dirección de Asuntos Agrarios del Gobierno del estado de Jalisco; el notario público número 4 de Chapala, Juan José Rodríguez Ávila; y restringieron el acceso a la casa ejidal, impidieron el acceso en la a ejidatarios adultos mayores que estaban apoyados por familiares para su traslado”, explica en un testimonio ofrecido a MILENIO JALISCO.

Media hora después, la presidente del ejido, María de Jesús Rodríguez, “les dio a conocer a los responsables del operativo anterior que existía un amparo en el Juzgado Quinto de Distrito en materia penal del estado de Jalisco y que se decretó la suspensión de plano contra actos de privación de la vida, ataques a la libertad personal, fuera de procedimiento, incomunicación, desaparición forzada, golpes, tortura y maltrato físico; sin embargo, aproximadamente a las 10. 56 horas golpearon los policías a la quejosa”, advierte.

Unos minutos después del incidente, “los integrantes del comisariado ejidal y del consejo de vigilancia en funciones, en cumplimiento del acuerdo de fecha 16 de Abril de 2016 emitido por los representes ejidales de este poblado, en que se acordó suspender [esta] asamblea general convocada por la PA y mantener cerrada la casa ejidal, levantaron el acta de no verificativo de la asamblea, se leyó por uno de los integrantes del comisariado, se firmó por los representes ejidales y ejidatarios presentes y quedó suspendida”.

Personal de la PA pretendió leer la convocatoria, sin embargo los representantes ejidales se opusieron. A las 11.10 am los empleados de la procuraduría y un grupo de ejidatarios “minoritario” se movió de la zona “y se metieron al templo del poblado e hicieron una reunión, exclusivamente con los ejidatarios que promovieron la remoción de los representantes ejidales”, los afectados “se acercaron al templo y quisieron entrar para saber de qué se trataba la reunión, y no pudieron hacerlo porque el acceso fue bloqueado por la fuerza pública del gobierno de Jalisco […] es claro que en el templo no se realizó ninguna asamblea de ejidatarios, ya que no hubo convocatoria que indicara que en el templo se realizaría, además en las asambleas ejidales el acceso a los ejidatarios es libre y no se puede impedir la participación de todos los ejidatarios y en esta reunión realizada en el templo ni siguiera a los representes ejidales se les permitió la entrada a la reunión”, repone la vocera.

El desacato de la suspensión ha sido reclamado ante el juez de distrito. “Pero los intereses que estamos afectando son muy grandes”, repone López Rodríguez.

El Zapotillo seguirá suspendido al menos por otros cinco meses



Cuatro resoluciones judiciales firmes impiden el avance del megaproyecto de la Comisión Nacional del Agua; ayer se anunció la ratificación de la última “suspensión definitiva

Agustín del Castillo / Guadalajara. MILENIO JALISCO. 

Ayer se notificó en estrados judiciales la ratificación de la suspensión definitiva 1093/2014 emitida a favor de un grupo de quejosos denominado "hijos ausentes de Temacapulín en Guadalajara", hecho jurídico cuyos efectos, junto al de otros dos expedientes judiciales con las mismas características, así como una resolución de controversia constitucional, mantendrá en pausa la edificación y operación de la presa El Zapotillo, enclavada en el río Verde.

El Colectivo de Abogados informó a MILENIO JALISCO que la notificación corresponde a la resolución del pasado 14 de abril que emitió el IV Tribunal Colegiado en Materia Administrativa, instancia que "resolvió confirmar y conceder la suspensión definitiva en el amparo de los hijos ausentes de Temaca; es la determinación a un recurso presentado por el gerente de lo contencioso de la Comisión Nacional del Agua, recurso de revisión en el incidente de suspensión 156/2015 derivado del juicio de amparo 1093/2014, que está radicado en el Juzgado 1 de Distrito en materia Administrativa y del Trabajo con sede en Jalisco".

El ministro ponente fue Juan Bonilla Pizano; como la resolución apenas está "para engrose", no se conocen aún los argumentos esgrimidos por los tres ministros del tribunal, sino el sentido de la resolución y el impacto que traerá sobre el megaproyecto de agua cuya finalidad es abastecer a las ciudades de León y Guadalajara.

Esta suspensión definitiva impide que se cambie el estado de las cosas –ante la presunción de que serían irreparables los derechos afectados si siguiera adelante el proceso constructivo-, mientras no se dicte la sentencia final del juicio.

Según la revista electrónica Amparo, una suspensión definitiva "conlleva la tramitación de un incidente que concluye con una resolución en la que el Juez de Distrito ordena a la autoridad responsable que mantenga las cosas en el estado en que se encuentren durante el tiempo que lleve la tramitación del juicio. La formación de un cuaderno especial e independiente del cuaderno principal radica en que lo que el quejoso argumentó dentro del cuaderno principal no influye dentro del cuaderno incidental por tratarse de cuestiones diversas aun cuando guarden relación entre sí" (http://revista-amparo.webnode.mx/news/suspension-del-acto-reclamado/).

En idéntica situación por efectos se encuentran los amparos 1045/2014, promovido por 84 moradores de Temaca, y el que tiene el expediente 1046/2014, promovido por la asociación civil Salvemos Temacapulín, Acasico y Palmarejo, pues ambos también han recibido ratificación a sus resoluciones definitivas. Tendrán que esperarse al desahogo de los juicios principales y la emisión de sentencia para determinar, a fin de cuentas, si El Zapotillo es legal más allá de los 80 metros a que está permitido se le edifique hasta ahora, en vez de los 105 metros de altura contra los que se ampararon los quejosos por el efecto de inundación de su poblado que esa altura del agua les significa.

El cuarto juicio que impide seguir la presa a 105 metros es la controversia constitucional 93/2012, fallada en agosto de 2013 por la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) a favor del Congreso de Jalisco, contra actos del gobernador del estado, quien violó las facultades soberanas de ese poder al no consultarlo respecto al aumento de 25 metros en la altura de la cortina, en relación con la asignación presupuestal que ello significaba. De este modo, hay cuatro obstáculos que impiden, por un periodo que podría ser de al menos cinco meses, que el proyecto de agua más ambicioso de la región siga adelante.

Piden a Cihuatlán cancelar licencia que destruye playa



La casa de estudios señala que el ayuntamiento pudo ser engañado y que el riesgo para la forma de vida y la seguridad de Barra de Navidad es alto con el “nuevo malecón”.

Agustín del Castillo / Guadalajara. MILENIO JALISCO. 

El Departamento para el Desarrollo Sustentable de Zonas Costeras de la UdeG pidió ayer al gobierno municipal de Cihuatlán detener la ejecución del proyecto de remodelación del malecón en Barra de Navidad, que trae como efecto la destrucción de las recientes obras de restauración de la playa y de contención de la erosión marina.

En una carta dirigida al presidente municipal, Fernando Martínez Guerrero, el director del departamento, Francisco de Asís Silva Bátiz, le hace entrega, como anexo, de la denuncia promovida ante la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa), y le destaca los principales problemas: es un trabajo que no coincide con lo autorizado por la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat) a la empresa denominada Grupo Cimentaciones Profundas, por vía de dos exenciones de manifestación de impacto ambiental, y que destruye toda la obra civil que se ha realizado en los dos años previos para reconstituir y proteger la línea costera.

En la obra se está edificando una barda de piedra caliza y emento, cuya resistencia es menor frente a los efectos corrosivos del agua marina; además de que se están destruyendo los polímeros que se inyectaron para fortalecer la cimentación de las fincas contiguas a la playa.



"Desconocemos si a usted le entregaron un proyecto técnico-ejecutivo de la obra así como los estudios adjuntos, o si usted tuvo el conocimiento de que para la realización de la obra se tenía que romper el pedraplén [una estructura aplanada de piedra que da estabilidad a la playa] polimerizado y el muro de protección, así como provocar el debilitamiento de la estructura de la barra mediante excavaciones [todo lo cual sucede ahora]; tanto si usted conocía o desconocía lo anterior, esta institución está en la mejor disposición de apoyar al H. Ayuntamiento con el fin de realizar una evaluación y análisis del proyecto y de los estudios científicos y técnicos que debieron haberse llevado a cabo para determinar y justificar la destrucción de las obras ya realizadas, y el grave daño que se está causando a la barra", refiere la carta, recibida ayer en el ayuntamiento.

El tema, al tratarse de daños al patrimonio público y un riesgo mayor potencial para una comunidad, entraña para los servidores públicos dar cuenta conforme con la reciente Ley Federal de Responsabilidad Ambiental, destaca.

El científico señala que el desarrollo puede ser "pero no a costos tan elevados". Por ello, "le solicitamos la cancelación de la licencia de construcción para dicha obra, hasta que no se presente el proyecto ejecutivo, y sean entregados y analizados los estudios técnicos y científicos [tanto oceanográficos, biológicos, geofísicos y de ingeniería] en los cuales se basaron para el diseño y ejecución", los cuales tendrían que demostrar "de manera inequívoca que la destrucción de lo ya avanzado era el único camino a seguir, y sobre todo, para la tranquilidad de que la Administración municipal bajo su dirección está desarrollando proyectos de manera correcta".

Obras de restauración

La playa de Barra de Navidad desapareció en 2013 como efecto de diversas marejadas que dieron puntilla a la obra de destrucción del huracán Jova, de 2011, y tras diversas obras de infraestructura que dos décadas atrás habían alterado la zona, en especial, el conchero de la laguna y el espigón del malecón, y habían cortado la depositación de arena del río que hace posible la formación constante de la playa. Las obras de restauración, temporales, costaron más de 160 millones de pesos, y mostraron su valor con el paso de Patricia, el 23 de octubre de 2015. Esa obra está en destrucción con el rediseño del malecón


miércoles, 20 de abril de 2016

Obras de malecón destruyen la playa



Una presunta mejora en el malecón de Barra de Navidad está minando la playa y afecta las estructuras colocadas para restaurarla de la erosión marina que la desapareció en 2013.

Agustín del Castillo / Guadalajara. MILENIO JALISCO. 

Barra de Navidad, uno de los sitios turísticos emblemáticos de Jalisco, y posiblemente el que más ha sido afectado por decisiones desarrollistas en los últimos 40 años para generar negocios de corto plazo, enfrenta nuevamente el expediente de la destrucción de su playa.

Esta vez no son huracanes violentos ni obras de infraestructura para empresas turísticas que alteran las condiciones naturales y de modo gradual erosionan la línea costera: se trata de un proyecto de “mejoras” encargado por el gobierno del estado, que pretende rediseñar el malecón, con una inversión de 20 millones de pesos, y que está dando al traste con los trabajos de reconstrucción que comenzaron desde 2013 a un costo superior a 160 millones de pesos, de acuerdo a la denuncia que envió el Departamento de Zonas Costeras de la UdeG a la delegación de la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa).

La denuncia es contra la empresa Grupo Cimentaciones Profundas por daños, “generados al ecosistema de la barra de arena de la localidad Barra de Navidad, Jalisco, que separa el mar de la laguna del mismo nombre”, lo que incluye “excederse en las obras autorizadas en la exención de presentación de la manifestación de impacto ambiental para la rehabilitación del malecón; además, por ir en contra de las obras autorizadas en la exención de presentación de la MIA (Manifestación de Impacto Ambiental) para el reforzamiento del pedraplén que protege a dicho malecón”, señala el documento, del que MILENIO JALISCO obtuvo copia.

¿De dónde deriva esa obra polémica? “Se presentó a este departamento a mi cargo un proyecto de rehabilitación de la escollera y del malecón con la finalidad de conocer nuestra opinión técnica. Misma que fue positiva ya que se trataba de un proyecto que no implicaba la modificación de la barda y pedraplén asentados en el frente de playa del mismo, ni generaban un debilitamiento ni modificación en la constitución y estructura de la barra de arena. Se trataba de un proyecto para mejorar la imagen del malecón, el cual no tenía ninguna afectación a la infraestructura de protección ya construida”, señala.

De manera que “se apoyó la gestión ante la Semarnat [Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales] para que se emitiera una exención de presentación de la MIA correspondiente […] colateralmente, dado que algunas de las rocas del pedraplén se desprendieron debido a la fuerza del huracán Patricia, este departamento apoyó también la gestión del gobierno del estado […]  con el fin de reforzar el pedraplén, es decir, colocar de nuevo las piedras desprendidas del mismo y volver a inyectar polímero con el objetivo de mantenerlas unidas”.

Hasta ese punto “todo marchaba bien y que estábamos en camino de recuperar la playa, desazolvar la laguna, mejorar la imagen de Barra de Navidad y con ello fortalecer la alicaída economía local […] durante la realización de todas estas obras, este departamento a mi cargo realizó el monitoreo biológico y de calidad del agua y de los sedimentos, concluyéndose que no sólo existió un impacto ambiental negativo mínimo y reversible a corto plazo, sino que los geotubos colocados dentro del mar tuvieron un impacto positivo al generar nuevo hábitat marino lo cual favoreció el incremento de la biodiversidad y el establecimiento de comunidades de peces e invertebrados en la zona de los geotubos”.

Sin embargo, las cosas no marcharon. Como dato previo, el departamento denunció el 29 de febrero de 2016 a la empresa, “por el vertimiento de piedra caliza en el pedraplén del malecón de Barra de Navidad”.

Este 18 de abril, se agregó “una denuncia por los daños ambientales generados a la barra de arena del malecón de Barra de Navidad […] dicha barra está siendo excavada en su frente marino, se está retirando la barda de protección así como el pedraplén que protege a todo el malecón. Tanto es el daño, que ya la barra se debilitó; tal y como se observan en las fotografías [adjuntas] las excavaciones provocaron un rompimiento de la barra y está brotando agua en estos hoyos, excavados con el pretexto de colocar una nueva barda. Estas acciones no están contempladas en las exenciones otorgadas por la Semarnat, no se cuentan con los permisos y autorizaciones para realizarlas, y por lo tanto constituyen un delito ambiental”, advierte el texto.

“Un delito muy grave ya que desestabilizaron una estructura natural que, de acuerdo a investigaciones de la UNAM, se constituyó en los últimos 10 mil años, en el Holoceno Tardío. Estas obras están destruyendo en unos cuantos días lo que la naturaleza tardó 10 mil años en construir”, pone en relieve.

Y si se pretendía el reforzamiento del pedraplén, lo cierto es que “estas obras en vez de reforzar dicha estructura de protección, están destruyéndolo, poniendo en riesgo la barra de arena misma, así como a la infraestructura y a vidas humanas”.

Por otro lado, “de acuerdo a las observaciones y muestras que se han obtenido del lugar de las obras, para la construcción de una nueva barda de protección se está utilizando piedra caliza, cuyo desgaste en contacto con agua de mar le da una vida útil menor y termina desintegrándose; también, se está utilizando un cemento que al contacto con el agua marina se deteriora rápidamente. Además, como lo señala la literatura científica y muchos ejemplos en nivel internacional, y tal y como le sucedió a la barda original del malecón, este tipo de bardas no son útiles para la protección de la infraestructura litoral, y terminan colapsándose en la mayoría de los casos”.

Adicionalmente, “la empresa no cuenta con un programa de manejo y disposición de los polímeros que se están desprendiendo por la destrucción del pedraplén, y estos se encuentran dispersos tanto en la playa como en el mar. Este material fijo en el pedraplén, no representa problemas de toxicidad, sin embargo suelto es un peligro para la fauna terrestre y acuática”.

Es la playa de Barra, amenazada una vez más, por obra de los hombres.

Cronología

“A raíz de una serie de fuertes marejadas de fondo registradas de junio a agosto de 2011, aunado al paso del huracán Jova el 9 de octubre de ese mismo año, la playa sufrió una fuerte erosión y el mar golpeaba directamente la infraestructura asentada […] no se recuperó en los años siguientes”

2013 “Otra serie de fuertes marejadas golpeó esta misma playa, provocando daños a dicha infraestructura; y por otro lado se observó un acelerado proceso de azolvamiento en el vaso de la laguna Barra de Navidad”. En septiembre de 2013 se emiten las recomendaciones de un Comité Técnico Científico, constituido por investigadores de la Universidad de Guadalajara, la UNAM, el IPN, la Universidad de Colima. Sus conclusiones: “Se mencionaba que la cuenca del río Arroyo Seco, la laguna, la playa y el mar constituían una unidad funcional, por lo que cualquier alteración a alguno de los componentes repercutiría en los demás. También se concluyó que era necesaria la realización de una serie de acciones urgentes y apremiantes, entre ellas la recuperación de la playa de Barra de Navidad y el desazolve de la laguna”

La Unidad Estatal de Protección Civil y Bomberos emitió una emergencia “ya que con base en dictámenes técnicos elaborados por el Instituto de Ingenierías de la UNAM y por este Departamento, se concluía que estaban en riesgo vidas humanas e infraestructura litoral en caso de sufrir otra serie de marejadas o huracanes. Además en el dictamen técnico de la UNAM, se mencionaba que existía un gran riesgo de que el mar terminara por romper la barra de arena que separa la laguna del mar, lo que conllevaría la pérdida de vidas humanas y de la infraestructura asentada en la misma”

Se establece dentro del mar “geotubos rellenos de arena a 80 metros de la playa con el fin de restarle fuerza al mar, el cual golpeaba de manera directa la infraestructura litoral; la colocación de un pedraplén de 500 metros de largo frente a esta infraestructura y el malecón, el cual está constituido por roca basáltica aglomerada por medio de modernos polímeros, el cual absorbiera el golpeteo de las olas; así como el dragado de la laguna Barra de Navidad con el doble fin de desazolvar y que el producto del mismo se vertiera en la playa con el objetivo de recuperarla”

Junio a octubre. “Otra serie de fuertes marejadas que se presentaron en el verano, así como el paso del huracán Patricia (categoría 4/5), si bien generaron que se perdiera la arena de la playa, demostraron de manera inequívoca que los geotubos y el pedraplén construido a lo largo de 500 metros de playa protegieron el malecón y la demás infraestructura, no se presentaron daños a prácticamente ninguna de ellas y no se sufrieron pérdidas de vidas humanas”

Comienza la destrucción de esa obra de protección para el “nuevo malecón”

martes, 19 de abril de 2016

Violación de derechos no ha sido analizada por la SCJN



Destaca el Colectivo de Abogados la necesidad de ponderar los derechos humanos básicos que se están afectando con el megaproyecto

Agustín del Castillo / Guadalajara. MILENIO JALISCO. 

Con los casos judiciales contra la presa El Zapotillo, la defensa de los moradores de Temaca ha podido beneficiarse de las recientes reformas constitucionales que reconocen la importancia jurídica de acuerdos y tratados firmados por la presidencia y ratificados por el Senado, que da primer lugar a los derechos humanos y ambientales de la sociedad mexicana en los litigios que los involucren. Pero pareciera que no terminan de asumir la gravedad de ese mandato, señala Guadalupe Espinoza Sauceda, del Colectivo de Abogados.

“Dentro de lo positivo de los juicios, amparos y controversias constitucionales ha sido el fallo de la II Sala de la SCJN respecto a la controversia 93/2012, presentada por el Congreso de Jalisco, misma que se resolvió el 7 de agosto de 2013 en el cual deja sin efecto el Convenio de 2007 suscrito entre la Comisión Nacional del Agua y los gobiernos de Jalisco y Guanajuato respecto a la altura de 105 metros de la cortina de El Zapotillo, por lo que queda vigente el Convenio de 2005 suscrito por las mismas entidades para una altura de cortina de 80 m”.

Los jueces de distrito, en especial el 1 de Guadalajara, han hecho su parte: “concedió las suspensiones provisionales y definitivas, mismas que combatieron con quejas y recursos de revisión las autoridades demandadas, recursos que conocieron los Tribunales Colegiados en Materia Administrativa del Tercer Circuito, y en sus fallos solicitaron que la SCJN ejerciera la facultad de atracción dada la relevancia del asunto, la cual en la mayoría de los casos hizo, confirmando las resoluciones del juzgado de origen”.

Sin embargo, añade, “lo negativo es que en algunos juicios de revisión, como el 97/2015, la Segunda Sala de la SCJN lo declara infundado, así como el recurso de inconformidad 302/2015 […] la Corte argumentó que como no se han rebasado los 80 m de altura de la cortina de la presa El Zapotillo estos no han invadido la esfera de derechos” de los quejosos.

Pero la realidad es que “los ministros no han entrado al fondo del asunto y no han visto la violación de derechos humanos de las comunidades de Temacapulín, Acasico y Palmarejo, como el derecho al medio ambiente sano, a la vivienda, de audiencia y defensa, de propiedad, de libertad de cultos y creencias religiosas, el derecho al desarrollo integral y democrático, de consulta y participación en la planeación democrática del desarrollo nacional y acceso a la información, entre otros, y por ende no se han emitido fallos favorables a los quejosos  desde la perspectiva del respeto y protección de los derechos humanos y mucho menos tesis jurisprudenciales”.

Ello, “no obstante que el respeto, protección y garantía de los derechos humanos se encuentran consagrados en el artículo primero constitucional y en los tratados que en la materia haya suscrito el Estado mexicano. Cuesta mucha trabajo que los ministros en sus resoluciones sean garantistas de los derechos humanos”, destaca.

Gobiernos alteños piden detener trasvase a León



Diputados federales y locales, 21 presidentes municipales y representantes sociales destacan grave amenaza para Los Altos por el trasvase de 120 millones de m³ del río Verde.

Agustín del Castillo / Guadalajara. MILENIO JALISCO. 

Presidentes municipales de la región alteña, diputados locales y organizaciones sociales de la demarcación, acordaron un trabajo conjunto en busca de evitar que se concrete el trasvase a la ciudad del León de las aguas del río Verde, con el proyecto El Zapotillo, ante el cúmulo de perjuicios que entraña para la economía y la sociedad locales.

MILENIO JALISCO obtuvo copia de la minuta de trabajo  de la reunión que se realizó el 8 de abril pasado en Tepatitlán de Morelos, a la que acudieron 21 presidentes municipales de las regiones Los Altos Norte y Los Altos Sur, legisladores y representantes de organizaciones sociales, y que por primera ocasión en casi diez años, significa un abierto cuestionamiento al megaproyecto de la Comisión Nacional del Agua (Conagua) por parte de la generalidad de los gobiernos locales.

Estuvieron presentes el presidente de la Comisión de Ganadería del Congreso local, Felipe de Jesús Romo Cuéllar; la presidente de la Comisión de Desarrollo Regional de la misma legislatura, Mónica Almeida López, y la diputada María Elena de Anda Gutiérrez, también congresista local; los diputados federales Evelyng Soraya Flores Carranza y Elías Octavio Íñiguez Mejía; por las organizaciones, asistieron el presidente del Consejo Regional para el Desarrollo Sustentable (Conredes), Juan Guillermo Márquez Gutiérrez, también presidente del Observatorio Ciudadano para la Gestión Integral del Agua de Jalisco; el secretario técnico de esta última organización, Antonio Gómez Reina, y el representante del Foro Ganadero en Jalisco, Alejandro López Aguayo, así como rectores de los centros universitarios de la UdeG y representantes del obispado católico de San Juan de los Lagos.

Los presidentes municipales “agradeciendo el apoyo de los diputados federales y locales y autoridades [sic] únicamente solicitando el apoyo para evitar que el agua se trasvase al estado de Guanajuato”, señala el documento en su parte final.

Durante la reunión, se expuso la problemática general por el proyecto: los ayuntamientos pierden autonomía en su gestión del agua, se les pretende obligar a consumir y pagar el agua de un acueducto privado, y la supuesta “compensación ambiental”, la descarga de hasta 120 millones de metros cúbicos a través del río Turbio hacia Chapala, es de calidad dudosa dado que la tecnología de tratamiento de León no da para limpiar los metales pesados y los tóxicos de su industria curtidora.

“La disponibilidad del agua se ha reducido y aumenta la demanda; la producción agropecuaria de Los Altos de Jalisco será la más afectada por el aumento de la temperatura [como efecto del cambio climático] conforme se vaya avanzando hacia el año 2050 […] temperaturas en aumento que causarán sequías prolongadas”, advirtió a los concurrentes el secretario del observatorio.

El Foro Ganadero de Jalisco clamó por un respaldo en los derechos de los alteños por parte de los representantes populares, “para que en verdad exista justicia y se legisle en la materia”, de acuerdo al aserto de Alejandro  López Aguayo.

Juan Guillermo Márquez terció: “este proyecto es una amenaza para el derecho al agua y a la alimentación de los jaliscienses y del país. Se atenta contra el tejido productivo y social de la principal región que abastece de alimentos al país y a un subsecuente incremento en los precios de los alimentos […] diversos estudios muestran que en Los Altos de Jalisco y en la cuenca del río Verde no sobra agua, por lo tanto no se puede compartir lo que no se tiene, para que otra cuenca aumente sus reservas de agua”, agregó.

Del mismo modo, “Chapala tampoco gana, ya que las aguas residuales de la ciudad de León son reutilizadas en la agricultura y la industria”, con lo que el estado de El Bajío incumple los acuerdos del río Lerma y además, se niega a utilizar opciones reales de abastecimiento de su principal ciudad, que existen en el interior de su territorio.

En particular, destacó, “que Guanajuato , que tiene 6 por ciento del territorio de la cuenca, se quedaría con 67 por ciento del gasto” en el caso particular del proyecto de cortina a 80 metros; que “no se ha tomado en cuenta el caudal ecológico” ni se considera “el principio precautorio por cambio climático” que debería impedir el trasvase a priori.

Las propuestas concretas: “Cancelar el trasvase. Dejar la presa como reserva de agua para el Área Metropolitana de Guadalajara y Los Altos, a una altura que no inunde al poblado de Temacapulín. León y Guanajuato pueden, entre otras alternativas, eficientar el riego en sus cultivos y disponer de su agua superficial y subterránea”.

Los ayuntamientos tienen instrumentos legales y de planeación: plantear controversia constitucional ante la Suprema Corte de Justicia [contra los decretos, las vedas y los ejercicios presupuestales que les afectan y no les fueron consultados]; controlar el cambio de uso de suelo; detener las licencias de construcción del acueducto, negar la subdivisión de predios, y “los más importante: que nos convenzamos de tomar una gestión integral del agua”.



“Tlajo” pide nuevos abastecimientos

Tlajomulco de Zúñiga no resolverá su crisis del agua en tanto no exista un abastecimiento externo, ya que el subsuelo no es suficiente para satisfacer la creciente demanda, puntualizó su alcalde, Alberto Uribe Camacho, quien ante la disminución en los niveles de los 115 pozos que surten del vital líquido a los habitantes, solicitó una dotación a la Comisión Estatal del Agua (CEA).

“Tenemos poco apoyo de la CEA, tenemos que buscar nuevas fuentes de abastecimiento. Yo puedo seguir llenando de pozos a todo Tlajomulco, el asunto es que el agua se sigue sacando de donde mismo, del subsuelo que no da y es muy costoso”, recalcó.

El funcionario mencionó que es necesario debatir este tema trascendental para la metrópoli, empezando por la idea de construir un segundo acueducto: Chapala-Guadalajara, el cual no sólo podría solucionar el desabasto sino también mejoraría la infraestructura que tiene una vida de 30 años, de los que ya lleva 26.

Respecto a la incorporación del municipio en el Sistema Intermunicipal de Agua Potable y Alcantarillado (SIAPA), dijo sentirse desconcertado ya que el sistema solo quiere hacerse responsable de la Zona Valle, cuando el rezago en el suministro de agua es generalizado. (Mariana Coronado Mendoza/Guadalajara)

9 puntos

1. La cuenca del Río Verde es deficitaria

2. En esta cuenca existe gran cantidad de acuíferos sobreexplotados y se tiene desconocimiento hidrogeológico total de los mismos

3. Simultáneamente se tienen vedas vigentes y decreto de reserva de agua que supuestamente sobra, lo que es contradictorio

4. El campo de Los Altos quedaría sin acceso a mayores volúmenes agua para producir alimentos, a diferencia las industrias asentadas en el área conurbada de León, Guanajuato

5. Como muestra de la sobrevaloración de la disponibilidad de agua superficial en la cuenca, existen, por lo menos 3 presas ubicadas aguas arriba del sitio de la construcción de la presa El Zapotillo –Plutarco Elías Calles, El Cuarenta y Elías González Chávez- mismas que operan muy por debajo de su capacidad de diseño por falta de caudal

6. Desplazamiento forzado de personas por inundación de tres poblaciones

7. Jalisco pierde soberanía hídrica con el trasvase

8. Bajo escenario de sequía, Jalisco se encontraría con una alta vulnerabilidad hídrica y Guanajuato tendría asegurada el agua a través de dos cuencas

9. En el proyecto de trasvase Zapotillo-Los Altos-León no está considerado un escenario de calentamiento global