Fue invitado al caso por la Secretaría de la Función Pública
Guadalajara. Agustín del Castillo. PÚBLICO-MILENIO
En el proceso de licitación pública nacional para la construcción y operación de la planta de tratamiento de El Ahogado, que ha sido cuestionado por un grupo de empresas concursantes, se contó con la figura del “testigo social”, designado por la Secretaría de la Función Pública (SFP), en busca de garantizar la legalidad y transparencia en el fallo. Dicho papel le correspondió a Leopoldo Gómez Delgadillo, ingeniero de profesión, a quien se presenta oficialmente como “guardián de los mantos acuíferos, representante de la comisión de medio ambiente y participante de los programas ambientales de la Comisión de Cooperación Ambiental de América del Norte”.
Su despacho se ubica en San Miguel de Allende, Guanajuato.
Dicho “testigo social” acudió a todas las reuniones en el marco de la licitación 43111001-046-48, a partir del 27 de junio de 2008. Su informe, publicado en el portal de la Comisión Estatal del Agua de Jalisco (CEA), se puede consultar directamente en el link http://www.ceajalisco.gob.mx/atestiguamiento_social_43111-001-046-08.pdf.
“En la ciudad de Guadalajara, el día 19 de noviembre, [la] CEA le presentó a un servidor los resultados de la evaluación realizada a los tres primeros licitantes participantes [clasificados así por ser las tres ofertas más económicas], así como el dictamen realizado por los funcionarios públicos y asesores del proceso de licitación contratados por la CEA; se me dio acceso pleno a verificar la documentación de las propuestas…”, afirma el testigo social en la página seis de su informe.
El 20 de noviembre se emitió el fallo a favor de “las empresas Atlaltec SA de CV, en asociación con Servicios de Agua Trident, como “propuesta solventes más baja”, porque “reúne[n] conforme a los criterios y adjudicación [sic] establecidas por la convocante en bases de licitación, todos y cada uno de los requisitos y condiciones legales, técnicos y económicos requeridos por la CEA Jalisco”.
No hay referencia explícita a la descalificación de OHL Concesiones México, SA de CV, la cual se inconformó (Público, 18 de enero de 2009). Su informe señala que todo fue legal, y que para reforzarlo, se contó con la presencia del notario 26 de Zapopan, Antonio Alejandro Romero Hernández
jueves, 19 de febrero de 2009
Baja la contaminación en Miravalle: Semades
En dos años, los niveles Imeca en la cuenca descendieron 15 puntos, a raíz de la declaratoria de zona de alta fragilidad. Causas: menos basura quemada, mejores vialidades, reforestación
Miravalle padece la peor contaminación atmosférica de la ciudad, pero parece mejorar.
Miravalle padece la peor contaminación atmosférica de la ciudad, pero parece mejorar.Guadalajara. Agustín del Castillo. PÚBLICO-MILENIO
A partir de la entrada en vigor del acuerdo de Alta Fragilidad Ambiental en Miravalle, el 23 de enero de 2007, la Secretaría de Medio Ambiente para el Desarrollo Sustentable (Semades) registra un descenso en todos los contaminantes monitoreados en su estación enclavada el pie del Cerro del Cuatro.
Las partículas suspendidas, que son el contaminante líder, y el problema esencial de esta demarcación del sur de la zona conurbada de Guadalajara, han cedido en quince puntos del índice metropolitano de calidad del aire (Imeca), lo cual revela, a juicio de María Elena Zúñiga Alvarado, coordinadora de la Red de Monitoreo Atmosférico de la Semades, que se han aplicado con seriedad la disposiciones previstas en ese plan, que fue elaborado durante la Administración de Francisco Ramírez Acuña, pero puesto en marcha casi completamente en lo que va de la actual.
En conferencia de prensa, Zúñiga Alvarado puso en relieve el descenso y subrayó que el promedio anual de partículas en 2006, fue de 74.6 puntos, mientras el promedio de 2008, que recién concluyó, es de 58.9 puntos Imeca.
Pero el mejor ambiente, añadió la funcionaria, también se registra en los otros contaminantes medidos por la estación de monitoreo: bióxido de nitrógeno, ozono, monóxido de carbono y bióxido de azufre (ver gráfico contiguo).
Antes de 2007, 72 por ciento de las veces en que se decretó una contingencia atmosférica en la zona se debió a que la dirección de los vientos registrados iban de Sur-Sureste o de Sur-Suroeste, “lo que provocaba la sedimentación de los contaminantes hacia la parte baja de Miravalle”.
Como resultado del decreto, “en 2008 sólo en una ocasión se activó la alerta ambiental por niveles de contaminación fuera de norma”, advirtió.
¿Cómo se logró este descenso de los contaminantes?
Javier Velarde, de la Dirección de Ecología de Guadalajara; Daniel Zepeda, director del Ecología en Tlajomulco de Zúñiga; Adrián Salinas, director de Ecología de El Salto, y Santiago Preciado, de Tlaquepaque, señalaron que se han mejorado los caminos, lo que ha propiciado más fluidez en el tránsito; hay recolección de llantas, se evita quema de basura y se aplica una intensiva reforestación.
En la recolección de residuos, “se ha cambiado a horario vespertino y en el riego de parques y camellones se ha implementado un sistema de riego automatizado sin necesidad de pipa de agua”.
A nivel de toda la ciudad, el promedio anual Imeca pasó de 97 puntos en 2007 a 87 puntos en el 2008, abundó Zúñiga Alvarado.
Las partículas suspendidas, que son el contaminante líder, y el problema esencial de esta demarcación del sur de la zona conurbada de Guadalajara, han cedido en quince puntos del índice metropolitano de calidad del aire (Imeca), lo cual revela, a juicio de María Elena Zúñiga Alvarado, coordinadora de la Red de Monitoreo Atmosférico de la Semades, que se han aplicado con seriedad la disposiciones previstas en ese plan, que fue elaborado durante la Administración de Francisco Ramírez Acuña, pero puesto en marcha casi completamente en lo que va de la actual.
En conferencia de prensa, Zúñiga Alvarado puso en relieve el descenso y subrayó que el promedio anual de partículas en 2006, fue de 74.6 puntos, mientras el promedio de 2008, que recién concluyó, es de 58.9 puntos Imeca.
Pero el mejor ambiente, añadió la funcionaria, también se registra en los otros contaminantes medidos por la estación de monitoreo: bióxido de nitrógeno, ozono, monóxido de carbono y bióxido de azufre (ver gráfico contiguo).
Antes de 2007, 72 por ciento de las veces en que se decretó una contingencia atmosférica en la zona se debió a que la dirección de los vientos registrados iban de Sur-Sureste o de Sur-Suroeste, “lo que provocaba la sedimentación de los contaminantes hacia la parte baja de Miravalle”.
Como resultado del decreto, “en 2008 sólo en una ocasión se activó la alerta ambiental por niveles de contaminación fuera de norma”, advirtió.
¿Cómo se logró este descenso de los contaminantes?
Javier Velarde, de la Dirección de Ecología de Guadalajara; Daniel Zepeda, director del Ecología en Tlajomulco de Zúñiga; Adrián Salinas, director de Ecología de El Salto, y Santiago Preciado, de Tlaquepaque, señalaron que se han mejorado los caminos, lo que ha propiciado más fluidez en el tránsito; hay recolección de llantas, se evita quema de basura y se aplica una intensiva reforestación.
En la recolección de residuos, “se ha cambiado a horario vespertino y en el riego de parques y camellones se ha implementado un sistema de riego automatizado sin necesidad de pipa de agua”.
A nivel de toda la ciudad, el promedio anual Imeca pasó de 97 puntos en 2007 a 87 puntos en el 2008, abundó Zúñiga Alvarado.
El gobierno ya se amparó por el predio de Las Joyas
Pide echar abajo resolución irregular de un juez que le quita la propiedad del terreno. Juicio se suma al de la UdeG por sostener predio en sierra de Manatlán 
Hongos en el predio Las Joyas, dentro de la reserva de Manantlán. Foto: Marco A. Vargas
Guadalajara. Dolores Reséndiz / Agustín del Castillo. PÚBLICO-MILENIO
El pasado 17 de febrero fue admitida la demanda del gobierno de Jalisco ante la justicia federal por la violación de sus garantías como propietario del predio Las Joyas, donde se ubica la estación científica de la Universidad de Guadalajara (UdeG), de cual se le pretende despojar con una resolución civil “irregular”, dijo ayer el secretario general de Gobierno, Fernando Guzmán Pérez Peláez.
El juicio de amparo “se interpuso como propietario de Las Joyas, y esperamos que sea acumulado al que interpuso la Universidad de Guadalajara [UdeG] como posesionaria […] Estamos confiados en que esta acción será suficiente; el día de ayer [17 de febrero] fue admitido y será acumulado a la acción de defensa de la casa de estudios; ellos están responsabilizados de la defensa del predio de acuerdo al comodato que les da posesión”, indicó.
Dijo estar confiado “de que estas acciones legales permitirán la cancelación de la sentencia con la que, en forma irregular y sospechosa, se pretendía entregar estos predios a personas ajenas”.
Descartó la posible violencia de los beneficiarios con la resolución del juez segundo civil de Autlán. “Yo creo no es una zona donde pueda darse un abuso de particulares; no necesitamos plantear un gran operativo, las acciones legales están promovidas y confiamos en que prosperarán […] No hay invasión o incursión que temamos; hubo un proceso amañado, en donde no se nos notificó al posesionario ni al estado, pero no esperamos una acción, pues, para tomar posesión del predio, requerirían auxilio de la fuerza pública, y ésta la tiene el estado, y está en defensa de las instituciones e intereses públicos”.
La demanda estatal fue presentada desde el 4 de febrero al juez de distrito en materia civil de turno por Tomás Coronado Olmos, “en su carácter de procurador general de Justicia del Estado de Jalisco y representante a nombre del gobierno”, señala el texto de la demanda, a que tuvo acceso este diario.
El gobierno comparece en calidad de “tercero extraño al juicio civil ordinario de prescripción positiva o usucapión, registrado bajo número de expediente 749/2006”, en el cual nunca fue llamado como propietario, y se otorgó a un grupo de solicitantes, que viven en Ahuacapán, municipio de Autlán, casi 2,600 hectáreas correspondientes a Las Joyas (900 ha), la propiedad privada Ex Hacienda de Ahuacapán (1,300 ha) y el ejido del mismo nombre (400 ha), reconocimiento de posesión que se basa en unas escrituras canceladas hace más de 20 años (Público, 22 y 23 de enero de 2009).
“Se comparece ante el juez de distrito a promover juicio de garantías indirecto pidiendo el amparo y protección de la justicia federal, en contra de los actos y de las autoridades que se indican en la demanda [...]”. El acto reclamado: “…la sentencia ilegal contraventora del orden de derecho constitucional federal y estatal, pronunciada por el c. juez Segundo de lo Civil, perteneciente este al décimo segundo Partido Judicial del estado de Jalisco […] con fecha del 3 de julio del año 2008; decretos, autos y toda actuación judicial realizada dentro de su correspondientes actos jurisdiccionales que realizaron en el juicio civil ordinario de prescripción positiva o usucapión, registrado bajo número de expediente 749/2006”, añade el documento.
El gobierno de Jalisco señala que se tuvo conocimiento de los actos el 15 de enero de 2009, según el oficio AG./0282/2009 enviado por el Consejo General de la UdeG.
El Ejecutivo también pide “dar la entrada al incidente de suspensión, concediéndosele […] la suspensión provisional de los actos reclamados a fin de que no se realicen movimientos de cancelación o inscripción de lo sentenciado por la ordenadora responsable en el Registro Público de la Propiedad número 5” de Autlán, así como en las cuentas catastrales de esa demarcación.
Hongos en el predio Las Joyas, dentro de la reserva de Manantlán. Foto: Marco A. VargasGuadalajara. Dolores Reséndiz / Agustín del Castillo. PÚBLICO-MILENIO
El pasado 17 de febrero fue admitida la demanda del gobierno de Jalisco ante la justicia federal por la violación de sus garantías como propietario del predio Las Joyas, donde se ubica la estación científica de la Universidad de Guadalajara (UdeG), de cual se le pretende despojar con una resolución civil “irregular”, dijo ayer el secretario general de Gobierno, Fernando Guzmán Pérez Peláez.
El juicio de amparo “se interpuso como propietario de Las Joyas, y esperamos que sea acumulado al que interpuso la Universidad de Guadalajara [UdeG] como posesionaria […] Estamos confiados en que esta acción será suficiente; el día de ayer [17 de febrero] fue admitido y será acumulado a la acción de defensa de la casa de estudios; ellos están responsabilizados de la defensa del predio de acuerdo al comodato que les da posesión”, indicó.
Dijo estar confiado “de que estas acciones legales permitirán la cancelación de la sentencia con la que, en forma irregular y sospechosa, se pretendía entregar estos predios a personas ajenas”.
Descartó la posible violencia de los beneficiarios con la resolución del juez segundo civil de Autlán. “Yo creo no es una zona donde pueda darse un abuso de particulares; no necesitamos plantear un gran operativo, las acciones legales están promovidas y confiamos en que prosperarán […] No hay invasión o incursión que temamos; hubo un proceso amañado, en donde no se nos notificó al posesionario ni al estado, pero no esperamos una acción, pues, para tomar posesión del predio, requerirían auxilio de la fuerza pública, y ésta la tiene el estado, y está en defensa de las instituciones e intereses públicos”.
La demanda estatal fue presentada desde el 4 de febrero al juez de distrito en materia civil de turno por Tomás Coronado Olmos, “en su carácter de procurador general de Justicia del Estado de Jalisco y representante a nombre del gobierno”, señala el texto de la demanda, a que tuvo acceso este diario.
El gobierno comparece en calidad de “tercero extraño al juicio civil ordinario de prescripción positiva o usucapión, registrado bajo número de expediente 749/2006”, en el cual nunca fue llamado como propietario, y se otorgó a un grupo de solicitantes, que viven en Ahuacapán, municipio de Autlán, casi 2,600 hectáreas correspondientes a Las Joyas (900 ha), la propiedad privada Ex Hacienda de Ahuacapán (1,300 ha) y el ejido del mismo nombre (400 ha), reconocimiento de posesión que se basa en unas escrituras canceladas hace más de 20 años (Público, 22 y 23 de enero de 2009).
“Se comparece ante el juez de distrito a promover juicio de garantías indirecto pidiendo el amparo y protección de la justicia federal, en contra de los actos y de las autoridades que se indican en la demanda [...]”. El acto reclamado: “…la sentencia ilegal contraventora del orden de derecho constitucional federal y estatal, pronunciada por el c. juez Segundo de lo Civil, perteneciente este al décimo segundo Partido Judicial del estado de Jalisco […] con fecha del 3 de julio del año 2008; decretos, autos y toda actuación judicial realizada dentro de su correspondientes actos jurisdiccionales que realizaron en el juicio civil ordinario de prescripción positiva o usucapión, registrado bajo número de expediente 749/2006”, añade el documento.
El gobierno de Jalisco señala que se tuvo conocimiento de los actos el 15 de enero de 2009, según el oficio AG./0282/2009 enviado por el Consejo General de la UdeG.
El Ejecutivo también pide “dar la entrada al incidente de suspensión, concediéndosele […] la suspensión provisional de los actos reclamados a fin de que no se realicen movimientos de cancelación o inscripción de lo sentenciado por la ordenadora responsable en el Registro Público de la Propiedad número 5” de Autlán, así como en las cuentas catastrales de esa demarcación.
miércoles, 18 de febrero de 2009
El Ahogado, una licitación cuestionada
Tres de ocho empresas se inconformaron por el proceso. La CEA admite procedimientos en su contra en la SFP, pero sólo se mantiene vivo uno; le reclaman que no optó por la oferta más baja y firmó sin resolver impugnaciones; la dependencia confía en su decisión. El agua saneada saldrá 32% más cara que en 2007
Guadalajara. Agustín del Castillo. PÚBLICO-MILENIO
La licitación de la planta de tratamiento de El Ahogado fue pospuesta en junio de 2007 porque el equipo que comanda César Coll Carabias, al frente de la Comisión Estatal del Agua (CEA), dudó de la transparencia y equidad del esquema que había dejado su antecesor, Enrique Dau Flores. Año y medio después, con una licitación supuestamente concluida, brincan dudas en un proceso que se suponía corregido, lo cual no preocupa demasiado a la dependencia, pese a tres inconformidades interpuestas.
El señalamiento más fuerte contra el concurso para asignar la planta tratadora de aguas negras de El Ahogado, con capacidad máxima de 2,250 litros por segundo, indica que la obra fue entregada a la segunda propuesta económica, lo que significaría un “sobreprecio” de poco más de 410 millones de pesos (o dos millones de pesos mensuales), considerando que el ganador, Atlatec, SA, y socios, cobra ocho millones 970 mil pesos mensuales contra seis millones 958 mil pesos de la primera oferta, de OHL Concesiones México, SA, y socios. Todo esto, a un plazo aproximado de 17 años, descontado el tiempo de construcción (Público, 21 de noviembre de 2008).
En ese análisis, tampoco se puede olvidar que, en la licitación de 2007, el precio propuesto por la empresa con oferta más económica por metro cúbico saneado era de 1.14 pesos, mientras que ahora la oferta ganadora cobrará 1.51 pesos, esto es, 32 por ciento más caro (ver Público, 11 de junio de 2007).
En aquella ocasión, se licitó en un solo paquete todo el saneamiento metropolitano, pero el concurso fue declarado desierto.
Ahora, en el nuevo paquete de licitaciones, ha salido primero El Ahogado, pues era prioridad política ante la fuerte protesta social en las zonas de El Salto y Juanacatlán. Pero muchos no quedaron conformes.
OHL Concesiones México, SA de CV, y OHL Medio Ambiente, interpusieron su escrito inicial de inconformidad ante la Secretaría de la Función Pública (SFP) del gobierno federal, el 4 de diciembre de 2008, en contra de la CEA, en el marco de la licitación pública nacional 43111001-046-08. La CEA firmó el contrato con Atlatec, SA de CV, el 10 de diciembre, cuando ya estaba en proceso la inconformidad.
También presentaron inconformidades las empresas Isolux de México, SA de CV, que quedó en cuarto lugar, y Cobra Instalaciones México, SA de CV, que ocupó el último casillero entre los contratistas, pero, en este caso, sus quejas no prosperaron, aseguró ayer el director de la Unidad Ejecutora de Abastecimiento y Saneamiento de la CEA, Ricardo Robles Varela.
De la inconformidad que está vigente, “no tenemos preocupación con lo que pase, el trabajo es muy sólido, participaron muchas instancias y no creo que se vaya a echar abajo ni a entorpecer el proceso”, explicó por vía telefónica
Dijo que la ley no obliga a tomar la oferta más baja en términos económicos, porque hay una serie de aspectos que hay que cumplir, y se demostró que OHL Concesiones México, SA de CV, no tenía la solvencia para garantizar el proyecto, pues “incumplió varios requisitos”.
Además, aclaró que la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios federal no impide firmar el contrato cuando esté en desahogo una inconformidad. No hay obligación de suspender el proceso, porque el inconforme tendría en contraparte que depositar una fianza para garantizar todos los perjuicios que la suspensión pudiera acarrear en la realización de un proyecto, advirtió el funcionario.
La planta de El Ahogado costará 900 millones de pesos; 40 por ciento de ese monto es aportado, a fondo perdido, por el Fondo Nacional de Infraestructura (Fonadin) del gobierno federal; el restante 60 por ciento es capital de riesgo de la empresa ganadora de la concesión y los préstamos que obtenga. Su construcción debe arrancar en marzo próximo.
La inconformidad
La empresa reclamante, OHL Concesiones México, SA de CV, que presentó la oferta más económica en la licitación, reclamó de la CEA “desechar de manera ilegal e infundada las propuestas técnica y económica presentadas por OHL en la licitación […] y, con ello, adjudicar el contrato a una oferta que no resulta la más conveniente de conformidad con las condiciones legales, técnicas y económicas requeridas por la convocante, alejando al Estado de las mejores condiciones de contratación disponible en cuanto a precio, calidad, financiamiento, oportunidad y demás condiciones pertinentes, y violando derechos de OHL dentro del procedimiento de contratación”, según indica en su página siete el “escrito inicial de inconformidad” a que tuvo acceso este diario, sellado de recibido en la SFP el 4 de diciembre de 2008.
Así, añade, “la autoridad convocante desechó las propuestas por el incumplimiento de supuestos requisitos formales que en la especie no se da, ni son suficientes para desechar las propuestas de nuestra representada…”.
Es decir, OHL argumenta que, si había errores u omisiones, eran subsanables y no afectaban el marco general de su propuesta. Además, la CEA estaba obligada a señalar esos detalles, previo a la sesión del fallo final, en cuatro sesiones aclaratorias donde avaló todo lo presentado por la empresa.
Dos de los detalles cuestionados por la CEA son altamente especializados: las memorias de un prediseño en relación con sólidos suspendidos y lodos, y la técnica en el “tren de tratamiento de agua”.
Un tercero tiene que ver con la propuesta económica, a juicio de la entidad pública, “incongruente”, pues presenta valores dispares en sus documentos sustantivos. Un cuarto detalle tiene que ver con costos de operación y mantenimiento de la planta, donde se habría omitido una columna de números completa. El quinto aspecto en que el organismo estatal descalifica a OHL es por “inconsistencias” en el llenado de datos sobre costos de energía eléctrica, que varían pues parten de tarifas distintas.
Estos cinco aspectos son los que llevaron a la descalificación de la propuesta de OHL, al señalarse como “no viable”. OHL reclama la nulidad del acta del fallo y su dictamen, al insistir que su propuesta es la mejor para el interés público.
También pide la suspensión del proceso de contratación, lo cual no fue concedido.
No preocupa
Ricardo Robles Varela, director de la Unidad Ejecutora de Abastecimiento y Saneamiento de la CEA, señal que la decisión de eliminar a OHL deriva de una aplicación rigurosa de los términos y las bases de la licitación. “Allí se marcan requisitos técnicos, financieros, jurídicos y administrativos, y se deben cumplir […] Hubo ocho propuestas para poder ganar la licitación, pero no indica la ley que quien deba ganar sea la más baja en costos […] Fue un grupo interdisciplinario el que analizó todo; se cuidaron mucho las formas y el fondo, la sustentación del fallo es sólida, bien fundamentada, y consideramos que se nos va a confirmar”.
—¿No temen un resultado adverso?
—El resultado, sea el que sea, no detiene el proceso. Tenemos todavía la opción de apelar y esto se llevará más tiempo […] quizá hasta instancias judiciales. Pero la obra no se detendrá.
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CLAVES
Líder en aguas negras
Guadalajara es, junto con la Ciudad de México, el principal contaminador urbano de aguas nacionales que hay en el país. Hoy genera entre nueve y diez mil litros por segundo de desechos municipales, esto es, derivados de casas habitación, que suman más de un millón; además, tiene cerca de cien mil usuarios no domésticos que deben tratar sus propios desechos, o bien, pagar al organismo operador para que los sanee. Desde hace nueve años viola las normas en materia de saneamiento
Desde 1997 se han intentado distintas acciones para sanear las aguas de la zona metropolitana de Guadalajara. Pero, en 1998, el Congreso del Estado impidió al Poder Ejecutivo un endeudamiento de 150 millones de dólares (que habría resuelto a 100 por ciento) que, a precios actuales, significaba resolver el problema en menos de dos mil millones de pesos, sin contar con los gastos de operación, todo lo cual correría a cargo de entidades públicas
En 2006 se lanzó la siguiente convocatoria para sanear las aguas citadinas, que ofrecía a empresas privadas construir y operar el sistema, pero para toda la ciudad. En 2007, el nuevo equipo de la Comisión Estatal del Agua (CEA) consideró poco transparente y poco equitativo el proceso, lo modificó primero; luego, en el fallo, la dependencia declaró desierta la licitación
Finalmente, en junio de 2008 comenzó el nuevo procedimiento, pero exclusivamente para la zona de El Ahogado, que tiene 20 por ciento de la contaminación de la ciudad. El proceso se falló el 20 de noviembre de 2008 y el contrato se firmó 20 días después.Atlatec, SA de CV, construirá y operará la planta. Cada metro cúbico saneado le dará 1.51 pesos; la planta costará alrededor de 900 millones de pesos y limpiará 2,250 litros de aguas negras máximo por segundo. El proceso tiene vigente una inconformidad ante la Secretaría de la Función Pública, de tres que se instauraron
La empresa afectada OHL, ha pedido la suspensión del procedimiento, apelando al artículo 68 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público, que aplica en este caso porque se trata de una obra con inversión federal
Dice el citado artículo de la ley federal de Adquisiciones: “…la Contraloría podrá suspender el procedimiento de contratación cuando: I. Se advierta que existan o pudieren existir actos contrarios a las disposiciones de esta Ley o a las que de ella deriven, o bien, que de continuarse con el procedimiento de contratación pudieran producirse daños o perjuicios a la dependencia o entidad de que se trate, y II. Con la suspensión no se cause perjuicio al interés social y no se contravengan disposiciones de orden público”
Añade el artículo mencionado: “Cuando sea el inconforme quien solicite la suspensión [como es en este caso] éste deberá garantizar los daños y perjuicios que pudiera ocasionar, mediante fianza por el monto que fije la Contraloría, de conformidad con los lineamientos que al efecto expida; sin embargo, el tercero perjudicado podrá dar contrafianza equivalente a la que corresponda a la fianza, en cuyo caso quedará sin efecto la suspensión”
Finalmente: “Cuando la SFP determine la suspensión de algún procedimiento de contratación que implique para la convocante poner en riesgo el abastecimiento de bienes y la prestación de servicios de necesidad inmediata, podrá la dependencia o entidad realizar las contrataciones que, en tanto cesa la aludida suspensión, contribuyan a afrontar dicha eventualidad…”
La ruta de la inconformidad, si la gana OHL en primera instancia, será una casi segura apelación de la CEA y, posteriormente, un pleito judicial, lo cual hace poco rentable el proceso para los particulares. Pero la pregunta esencial para el interés público sigue siendo: ¿se pudo contratar la obra a un precio menor?
Guadalajara. Agustín del Castillo. PÚBLICO-MILENIO
La licitación de la planta de tratamiento de El Ahogado fue pospuesta en junio de 2007 porque el equipo que comanda César Coll Carabias, al frente de la Comisión Estatal del Agua (CEA), dudó de la transparencia y equidad del esquema que había dejado su antecesor, Enrique Dau Flores. Año y medio después, con una licitación supuestamente concluida, brincan dudas en un proceso que se suponía corregido, lo cual no preocupa demasiado a la dependencia, pese a tres inconformidades interpuestas.
El señalamiento más fuerte contra el concurso para asignar la planta tratadora de aguas negras de El Ahogado, con capacidad máxima de 2,250 litros por segundo, indica que la obra fue entregada a la segunda propuesta económica, lo que significaría un “sobreprecio” de poco más de 410 millones de pesos (o dos millones de pesos mensuales), considerando que el ganador, Atlatec, SA, y socios, cobra ocho millones 970 mil pesos mensuales contra seis millones 958 mil pesos de la primera oferta, de OHL Concesiones México, SA, y socios. Todo esto, a un plazo aproximado de 17 años, descontado el tiempo de construcción (Público, 21 de noviembre de 2008).
En ese análisis, tampoco se puede olvidar que, en la licitación de 2007, el precio propuesto por la empresa con oferta más económica por metro cúbico saneado era de 1.14 pesos, mientras que ahora la oferta ganadora cobrará 1.51 pesos, esto es, 32 por ciento más caro (ver Público, 11 de junio de 2007).
En aquella ocasión, se licitó en un solo paquete todo el saneamiento metropolitano, pero el concurso fue declarado desierto.
Ahora, en el nuevo paquete de licitaciones, ha salido primero El Ahogado, pues era prioridad política ante la fuerte protesta social en las zonas de El Salto y Juanacatlán. Pero muchos no quedaron conformes.
OHL Concesiones México, SA de CV, y OHL Medio Ambiente, interpusieron su escrito inicial de inconformidad ante la Secretaría de la Función Pública (SFP) del gobierno federal, el 4 de diciembre de 2008, en contra de la CEA, en el marco de la licitación pública nacional 43111001-046-08. La CEA firmó el contrato con Atlatec, SA de CV, el 10 de diciembre, cuando ya estaba en proceso la inconformidad.
También presentaron inconformidades las empresas Isolux de México, SA de CV, que quedó en cuarto lugar, y Cobra Instalaciones México, SA de CV, que ocupó el último casillero entre los contratistas, pero, en este caso, sus quejas no prosperaron, aseguró ayer el director de la Unidad Ejecutora de Abastecimiento y Saneamiento de la CEA, Ricardo Robles Varela.
De la inconformidad que está vigente, “no tenemos preocupación con lo que pase, el trabajo es muy sólido, participaron muchas instancias y no creo que se vaya a echar abajo ni a entorpecer el proceso”, explicó por vía telefónica
Dijo que la ley no obliga a tomar la oferta más baja en términos económicos, porque hay una serie de aspectos que hay que cumplir, y se demostró que OHL Concesiones México, SA de CV, no tenía la solvencia para garantizar el proyecto, pues “incumplió varios requisitos”.
Además, aclaró que la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios federal no impide firmar el contrato cuando esté en desahogo una inconformidad. No hay obligación de suspender el proceso, porque el inconforme tendría en contraparte que depositar una fianza para garantizar todos los perjuicios que la suspensión pudiera acarrear en la realización de un proyecto, advirtió el funcionario.
La planta de El Ahogado costará 900 millones de pesos; 40 por ciento de ese monto es aportado, a fondo perdido, por el Fondo Nacional de Infraestructura (Fonadin) del gobierno federal; el restante 60 por ciento es capital de riesgo de la empresa ganadora de la concesión y los préstamos que obtenga. Su construcción debe arrancar en marzo próximo.
La inconformidad
La empresa reclamante, OHL Concesiones México, SA de CV, que presentó la oferta más económica en la licitación, reclamó de la CEA “desechar de manera ilegal e infundada las propuestas técnica y económica presentadas por OHL en la licitación […] y, con ello, adjudicar el contrato a una oferta que no resulta la más conveniente de conformidad con las condiciones legales, técnicas y económicas requeridas por la convocante, alejando al Estado de las mejores condiciones de contratación disponible en cuanto a precio, calidad, financiamiento, oportunidad y demás condiciones pertinentes, y violando derechos de OHL dentro del procedimiento de contratación”, según indica en su página siete el “escrito inicial de inconformidad” a que tuvo acceso este diario, sellado de recibido en la SFP el 4 de diciembre de 2008.
Así, añade, “la autoridad convocante desechó las propuestas por el incumplimiento de supuestos requisitos formales que en la especie no se da, ni son suficientes para desechar las propuestas de nuestra representada…”.
Es decir, OHL argumenta que, si había errores u omisiones, eran subsanables y no afectaban el marco general de su propuesta. Además, la CEA estaba obligada a señalar esos detalles, previo a la sesión del fallo final, en cuatro sesiones aclaratorias donde avaló todo lo presentado por la empresa.
Dos de los detalles cuestionados por la CEA son altamente especializados: las memorias de un prediseño en relación con sólidos suspendidos y lodos, y la técnica en el “tren de tratamiento de agua”.
Un tercero tiene que ver con la propuesta económica, a juicio de la entidad pública, “incongruente”, pues presenta valores dispares en sus documentos sustantivos. Un cuarto detalle tiene que ver con costos de operación y mantenimiento de la planta, donde se habría omitido una columna de números completa. El quinto aspecto en que el organismo estatal descalifica a OHL es por “inconsistencias” en el llenado de datos sobre costos de energía eléctrica, que varían pues parten de tarifas distintas.
Estos cinco aspectos son los que llevaron a la descalificación de la propuesta de OHL, al señalarse como “no viable”. OHL reclama la nulidad del acta del fallo y su dictamen, al insistir que su propuesta es la mejor para el interés público.
También pide la suspensión del proceso de contratación, lo cual no fue concedido.
No preocupa
Ricardo Robles Varela, director de la Unidad Ejecutora de Abastecimiento y Saneamiento de la CEA, señal que la decisión de eliminar a OHL deriva de una aplicación rigurosa de los términos y las bases de la licitación. “Allí se marcan requisitos técnicos, financieros, jurídicos y administrativos, y se deben cumplir […] Hubo ocho propuestas para poder ganar la licitación, pero no indica la ley que quien deba ganar sea la más baja en costos […] Fue un grupo interdisciplinario el que analizó todo; se cuidaron mucho las formas y el fondo, la sustentación del fallo es sólida, bien fundamentada, y consideramos que se nos va a confirmar”.
—¿No temen un resultado adverso?
—El resultado, sea el que sea, no detiene el proceso. Tenemos todavía la opción de apelar y esto se llevará más tiempo […] quizá hasta instancias judiciales. Pero la obra no se detendrá.
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CLAVES
Líder en aguas negras
Guadalajara es, junto con la Ciudad de México, el principal contaminador urbano de aguas nacionales que hay en el país. Hoy genera entre nueve y diez mil litros por segundo de desechos municipales, esto es, derivados de casas habitación, que suman más de un millón; además, tiene cerca de cien mil usuarios no domésticos que deben tratar sus propios desechos, o bien, pagar al organismo operador para que los sanee. Desde hace nueve años viola las normas en materia de saneamiento
Desde 1997 se han intentado distintas acciones para sanear las aguas de la zona metropolitana de Guadalajara. Pero, en 1998, el Congreso del Estado impidió al Poder Ejecutivo un endeudamiento de 150 millones de dólares (que habría resuelto a 100 por ciento) que, a precios actuales, significaba resolver el problema en menos de dos mil millones de pesos, sin contar con los gastos de operación, todo lo cual correría a cargo de entidades públicas
En 2006 se lanzó la siguiente convocatoria para sanear las aguas citadinas, que ofrecía a empresas privadas construir y operar el sistema, pero para toda la ciudad. En 2007, el nuevo equipo de la Comisión Estatal del Agua (CEA) consideró poco transparente y poco equitativo el proceso, lo modificó primero; luego, en el fallo, la dependencia declaró desierta la licitación
Finalmente, en junio de 2008 comenzó el nuevo procedimiento, pero exclusivamente para la zona de El Ahogado, que tiene 20 por ciento de la contaminación de la ciudad. El proceso se falló el 20 de noviembre de 2008 y el contrato se firmó 20 días después.Atlatec, SA de CV, construirá y operará la planta. Cada metro cúbico saneado le dará 1.51 pesos; la planta costará alrededor de 900 millones de pesos y limpiará 2,250 litros de aguas negras máximo por segundo. El proceso tiene vigente una inconformidad ante la Secretaría de la Función Pública, de tres que se instauraron
La empresa afectada OHL, ha pedido la suspensión del procedimiento, apelando al artículo 68 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público, que aplica en este caso porque se trata de una obra con inversión federal
Dice el citado artículo de la ley federal de Adquisiciones: “…la Contraloría podrá suspender el procedimiento de contratación cuando: I. Se advierta que existan o pudieren existir actos contrarios a las disposiciones de esta Ley o a las que de ella deriven, o bien, que de continuarse con el procedimiento de contratación pudieran producirse daños o perjuicios a la dependencia o entidad de que se trate, y II. Con la suspensión no se cause perjuicio al interés social y no se contravengan disposiciones de orden público”
Añade el artículo mencionado: “Cuando sea el inconforme quien solicite la suspensión [como es en este caso] éste deberá garantizar los daños y perjuicios que pudiera ocasionar, mediante fianza por el monto que fije la Contraloría, de conformidad con los lineamientos que al efecto expida; sin embargo, el tercero perjudicado podrá dar contrafianza equivalente a la que corresponda a la fianza, en cuyo caso quedará sin efecto la suspensión”
Finalmente: “Cuando la SFP determine la suspensión de algún procedimiento de contratación que implique para la convocante poner en riesgo el abastecimiento de bienes y la prestación de servicios de necesidad inmediata, podrá la dependencia o entidad realizar las contrataciones que, en tanto cesa la aludida suspensión, contribuyan a afrontar dicha eventualidad…”
La ruta de la inconformidad, si la gana OHL en primera instancia, será una casi segura apelación de la CEA y, posteriormente, un pleito judicial, lo cual hace poco rentable el proceso para los particulares. Pero la pregunta esencial para el interés público sigue siendo: ¿se pudo contratar la obra a un precio menor?
martes, 17 de febrero de 2009
La caza acaba con el jaguar en México
La impunidad y la ignorancia contribuyen a su exterminio gradual pero implacable, advierte responsable del programa para protegerlo.
Guadalajara. Agustín del Castillo. PÚBLICO-MILENIO
Lun, 16/02/2009 - 10:47
El jaguar es un felino dotado de enormes habilidades en la lucha por la supervivencia. Pero cuando el enemigo a enfrentar son las balas, sus ventajas evolutivas, que lo convirtieron en superdepredador de la América tropical, se desvanecen.
“La cacería del jaguar, a pesar de estar prohibida desde el año 1987, sigue ocurriendo en gran parte del país”, advirtió Rodrigo Núñez Pérez, presidente del Subcomité de Especies Prioritarias dedicado al rescate del felino Panthera onca.
“El jaguar que muere a causa de cazadores es hoy en día una gran pérdida, porque existen realmente pocos ejemplares en vida libre. Cada animal que desaparece podría ser el último de ese cerro o de esa área, o bien podría ser el individuo que llegó de lejos a un lugar donde desde hace muchos años ya no había tigres, pues los habían aniquilado”, agregó Núñez Pérez.
El subcomité que él preside, en el contexto del programa de especies prioritarias de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat), ha trabajado los últimos años para hacer realidad la protección, pero se enfrenta de forma cotidiana a un escenario de exterminio por ignorancia e indiferencia en muchos sitios del territorio nacional.
El ejemplo más reciente se dio hace diez días en Concordia, Sinaloa, donde apareció un felino muerto y desollado en la zona protegida del ejido La Guásima.
Para Núñez Pérez, que coordina personalmente el principal programa de jaguar en la costa de Jalisco y Nayarit, en la reserva de la biosfera Chamela Cuixmala, en Cabo Corrientes y en sierra de Vallejo, la solución pasa por la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente.
“La Profepa, a pesar de tener una de las tareas más importantes, que es prevenir los delitos ambientales, cuenta con pocos recursos económicos, logísticos y de personal para cumplir con sus funciones. Algunos estados cuentan con dos o cuatro inspectores de fauna silvestre para cubrir todo el territorio, lo cual es imposible y frustrante. Los inspectores están obligados a lo imposible”.
Una solución parcial podría ser crear vigilantes comunitarios, “ciudadanos comunes interesados en proteger sus recursos naturales, para lograr un mayor respeto a la naturaleza y en algunos casos un aumento de la fauna en sus áreas”. Vigilantes así podrían por ejemplo avisar a la Profepa cuando sepan “que un jaguar podría estar en riesgo de ser cazado”.
Sin embargo, acotó Núñez Pérez, “las buenas intenciones se vienen abajo si no se les hace caso cuando realizan su labor”. En el caso de La Guásima, quizás hubiera bastado con que el personal de la Profepa hiciera un rondín en la zona para evitar la muerte de este ejemplar.
“Es lamentable que un jaguar cuyo valor es incalculable se pierda porque no hubo unos cientos de pesos para pagar la gasolina y los viáticos del personal”, dijo. Por lo anterior, es fundamental “que la Profepa sea dotada de mayores recursos para que puedan actuar sus inspectores de una manera más eficiente y segura (…) pero no solamente es la falta de recursos; en algunos casos es la falta de compromiso, no le dan la importancia a este tipo de situaciones”.
El presidente del Subcomité de Especies Prioritarias dijo que ocurren casos extremos: “algunos estados la Profepa participa muy activamente y en otros no quieren ni enterarse; tienen otras prioridades. En una ocasión, unos muchachos con una empresa ecoturística interesados en apoyar al jaguar fueron a ver a un encargado de Profepa y le plantearon lo que querían hacer; la reacción del encargado fue ordenarles que salieran de la oficina o llamaría a la policía”.
Desacreditó un mito común: el jaguar no “se va”, como a veces dicen los campesinos, porque es un animal territorial. En realidad lo matan, y cuando llegan a darse “regresos”, en realidad se trata de nuevos felinos en busca de territorio.
“Cuando se mata un jaguar puede que sea el último; podría regresar, pero igual y no. En Veracruz, en Los Tuxtlas, ya sucedió. Esto nos dice que si le damos la oportunidad a los jaguares, solitos se recuperan; son una especie muy resistente, pero no a los balazos”.
CLAVES
Un gato elegante
El jaguar, Panthera onca, es el felino más grande de América, y se encuentra desde el noroeste de México hasta la Patagonia
Por su tamaño, casi no tiene depredadores naturales, y las amenazas a su supervivencia son la deforestación y la caza
Su poderosa estructura mandibular le permite abrir sus fauces en un ángulo de 70 grados, y es capaz de perforar un caparazón de tortuga
Guadalajara. Agustín del Castillo. PÚBLICO-MILENIO
Lun, 16/02/2009 - 10:47
El jaguar es un felino dotado de enormes habilidades en la lucha por la supervivencia. Pero cuando el enemigo a enfrentar son las balas, sus ventajas evolutivas, que lo convirtieron en superdepredador de la América tropical, se desvanecen.
“La cacería del jaguar, a pesar de estar prohibida desde el año 1987, sigue ocurriendo en gran parte del país”, advirtió Rodrigo Núñez Pérez, presidente del Subcomité de Especies Prioritarias dedicado al rescate del felino Panthera onca.
“El jaguar que muere a causa de cazadores es hoy en día una gran pérdida, porque existen realmente pocos ejemplares en vida libre. Cada animal que desaparece podría ser el último de ese cerro o de esa área, o bien podría ser el individuo que llegó de lejos a un lugar donde desde hace muchos años ya no había tigres, pues los habían aniquilado”, agregó Núñez Pérez.
El subcomité que él preside, en el contexto del programa de especies prioritarias de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat), ha trabajado los últimos años para hacer realidad la protección, pero se enfrenta de forma cotidiana a un escenario de exterminio por ignorancia e indiferencia en muchos sitios del territorio nacional.
El ejemplo más reciente se dio hace diez días en Concordia, Sinaloa, donde apareció un felino muerto y desollado en la zona protegida del ejido La Guásima.
Para Núñez Pérez, que coordina personalmente el principal programa de jaguar en la costa de Jalisco y Nayarit, en la reserva de la biosfera Chamela Cuixmala, en Cabo Corrientes y en sierra de Vallejo, la solución pasa por la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente.
“La Profepa, a pesar de tener una de las tareas más importantes, que es prevenir los delitos ambientales, cuenta con pocos recursos económicos, logísticos y de personal para cumplir con sus funciones. Algunos estados cuentan con dos o cuatro inspectores de fauna silvestre para cubrir todo el territorio, lo cual es imposible y frustrante. Los inspectores están obligados a lo imposible”.
Una solución parcial podría ser crear vigilantes comunitarios, “ciudadanos comunes interesados en proteger sus recursos naturales, para lograr un mayor respeto a la naturaleza y en algunos casos un aumento de la fauna en sus áreas”. Vigilantes así podrían por ejemplo avisar a la Profepa cuando sepan “que un jaguar podría estar en riesgo de ser cazado”.
Sin embargo, acotó Núñez Pérez, “las buenas intenciones se vienen abajo si no se les hace caso cuando realizan su labor”. En el caso de La Guásima, quizás hubiera bastado con que el personal de la Profepa hiciera un rondín en la zona para evitar la muerte de este ejemplar.
“Es lamentable que un jaguar cuyo valor es incalculable se pierda porque no hubo unos cientos de pesos para pagar la gasolina y los viáticos del personal”, dijo. Por lo anterior, es fundamental “que la Profepa sea dotada de mayores recursos para que puedan actuar sus inspectores de una manera más eficiente y segura (…) pero no solamente es la falta de recursos; en algunos casos es la falta de compromiso, no le dan la importancia a este tipo de situaciones”.
El presidente del Subcomité de Especies Prioritarias dijo que ocurren casos extremos: “algunos estados la Profepa participa muy activamente y en otros no quieren ni enterarse; tienen otras prioridades. En una ocasión, unos muchachos con una empresa ecoturística interesados en apoyar al jaguar fueron a ver a un encargado de Profepa y le plantearon lo que querían hacer; la reacción del encargado fue ordenarles que salieran de la oficina o llamaría a la policía”.
Desacreditó un mito común: el jaguar no “se va”, como a veces dicen los campesinos, porque es un animal territorial. En realidad lo matan, y cuando llegan a darse “regresos”, en realidad se trata de nuevos felinos en busca de territorio.
“Cuando se mata un jaguar puede que sea el último; podría regresar, pero igual y no. En Veracruz, en Los Tuxtlas, ya sucedió. Esto nos dice que si le damos la oportunidad a los jaguares, solitos se recuperan; son una especie muy resistente, pero no a los balazos”.
CLAVES
Un gato elegante
El jaguar, Panthera onca, es el felino más grande de América, y se encuentra desde el noroeste de México hasta la Patagonia
Por su tamaño, casi no tiene depredadores naturales, y las amenazas a su supervivencia son la deforestación y la caza
Su poderosa estructura mandibular le permite abrir sus fauces en un ángulo de 70 grados, y es capaz de perforar un caparazón de tortuga
domingo, 30 de noviembre de 2008
Jalisco, el más rico en yacimientos geotermales
Sólo Baja California tiene mayor potencial; cuatro yacimientos de la entidad esperan ser aprovechados, incluido La Primavera, revela estudio
Guadalajara. Agustín del Castillo. PÚBLICO-MILENIO
El estado de Jalisco, que hasta la fecha no aprovecha de forma masiva sus fuentes de energía geotermal, es el que tiene registrados el mayor número de sitios donde se genera, señala el informe Estimación del recurso y prospectiva tecnológica de la geotermia en México, elaborado en 2005 por investigadores del Instituto de Investigaciones Eléctricas, a petición de la Secretaría de Energía y el Banco Mundial
La base de datos de ese análisis señala diversos estudios por entidad federativa realizados en décadas pasadas, que refieren para Baja California un potencial de generación de 2,610 megawatts (MW), mientras Jalisco tendría 1,200 MW y el campo de Los Azufres, en Michoacán, 600 MW, según el informe, escrito por Eduardo Iglesias, Víctor Arellano y Rodolfo Torres, expertos del mencionado instituto
Los cálculos de la CFE se consideran conservadores, pues las estimaciones científicas de potencial geotérmico nacional van de cuatro mil a 13,110 MW, añade el texto referido
Otras prospecciones mencionadas en el documento dan para el yacimiento de San Marcos hasta 218 MW, y mencionan otros sitios de posible aprovechamiento en la entidad: Acatlán (125 MW), Los Pozos (111 MW), Agua Caliente (34 MW), Villa Corona (18 MW), San Isidro (59 MW), Mazatepec (16 MW), Cosalá (37 MW), Jocotepec (53 MW), Colimilla (25 MW), Cacaluta (344 MW) y Los Camachos (28 MW
Este detalle se ofrece en una tabla de la página 51 del informe: “Estimación gruesa de los recursos hidrotermales de alta temperatura con los sitios que se conocían en 1976 (modificada de Mercado y otros, 1982
En resumen, se señalan 18 sitios, quince de ellos en Jalisco, y se agregan 100 zonas más con potencial promedio de 85 MW, lo que daría un potencial global de 13,110 MW
Otra tabla del estudio, donde refiere el número de manifestaciones geotérmicas por entidad en el año 2004, señala 391 sitios para Jalisco por 172 sitios para Guanajuato y Querétaro, contra un total nacional de 1,310 yacimientos. Es decir, casi un tercio ubicados en esta entidad
Más allá de estos cálculos queda el hecho de que Jalisco no tiene en operación ningún pozo geotérmico de alta temperatura, y produce una cantidad mínima de electricidad contra el total que consume
“todo el calor en la corteza terrestre bajo un área determinada, medido a partir de la temperatura media local […] a profundidades suficientemente someras como para poder ser explotados mediante perforación de pozos, en el futuro discernible
Y aborda el tema de los impacto ambientales: “la exploración, desarrollo y explotación de los recursos geotérmicos puede tener un impacto significativo en el medio ambiente”, y enumera sus principales aspectos: emisiones gaseosas, aguas de desecho, subsidencia (hundimiento paulatino del suelo, originado por las cavidades subterráneas producidas por las extracciones mineras), actividad sísmica, ruido e impacto visual
No obstante, “en general puede decirse que la geotermia, bien manejada, es un recurso que contamina menos que las fuentes de energía convencionales
CLAVES
El debate de La Primavera
La Comisión Federal de Electricidad pretende abrir su quinto campo geotérmico en México al interior del bosque La Primavera, lo cual ha encendido un debate entre sus promotores (la CFE, el gobierno del estado, los empresarios y algunos científicos) y sus detractores (otros científicos y miembros de la sociedad civil), que se alimenta con los siguientes elementos
La generación de energía geotérmica ahorra el uso de hidrocarburos que se requiere en otras formas de generación de electricidad
Hay ya enterrada una inversión de 40 millones de dólares; a lo sumo se requiere otro tanto para echar el proyecto adelante
La geotermia no quema combustible; el bióxido de carbono que emite una planta es apenas la quinta parte de una termoeléctrica
El costo de la geotermia es menor al costo de la generación de electricidad con fuentes convencionales
La Primavera ya pagó el grueso de los costos ambientales en el pasado, el impacto sobre el bosque sería menor
Un proyecto tan importante como el de la generación geotérmica puede ayudar a que se genere un amplio financiamiento para el resto del área de protección de flora y fauna, cuando su impacto es reducido a menos de 2 por ciento de su territorio, lo cual trae una relación costo-beneficio bastante ventajosa
El proyecto es el mismo que el del decenio de los ochenta, CFE se niega a llegar al yacimiento desde afuera del bosque, como se le propuso entonces, arguyendo un incremento de costos que confirma su desinterés por el área protegida
El problema esencial de la crisis de energía son patrones de consumo excesivos, algo que no se combate: sólo llevar más, como con el agua, pero nunca atacar las causas que ocasionan derroche
La Primavera vivirá problemas peores que los Azufres, por tratarse de un bosque con suelos más delgados y mayor degradación
miércoles, 29 de octubre de 2008
CARRETERA IMPUGNADA
Sedeur reinicia tres puentes en tramo final de ruta en sierra Huichola
Levantan la clausura
a carretera en Tuapurie
Profepa reabrió los 17 km de paso por la comunidad de Santa Catarina
Guadalajara. Agustín del Castillo. 26 de octubre de 2008
A seis meses de su clausura, y pese a la férrea oposición de las autoridades de Santa Catarina Cuexcomatitlán (Tuapurie), Mezquitic, la delegación Jalisco de la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa) decidió levantar la prohibición de construir la carretera Bolaños-Huejuquilla en el tramo que va del kilómetro 70.4 al 89.58, lo cual tiene efecto desde el pasado 15 de septiembre.
No obstante, asegura el organismo federal que no se están realizando trabajos en el área, según les reportó a su vez la Secretaría de Desarrollo Urbano (Sedeur) de Jalisco, responsable de la obra.
Lo que Sedeur reconoce estar ejecutando es el levantamiento de tres puentes enclavados entre el valle de Tenzompa y la cabecera municipal de Huejuquilla el Alto. Dichos puentes son conocidos como “Tenzompa”, “El Colomo” y “Sin Nombre”, pero “no se está realizando nada de obra en la carretera propiamente”, explicó el vocero de la Profepa, Juan Carlos Díaz Morales.
Según los datos oficiales, el 15 de septiembre se retiraron los sellos en el tramo citado para levantar “la clausura total temporal”, y de esa acción se notificó a la Sedeur el 2 de octubre siguiente.
“Se le previene que deberá acreditar ante la Profepa el cabal cumplimiento de las medidas de urgente aplicación y medidas adicionales que se establecieron a través de resolución administrativa del 2 de mayo de 2008”, señala el acta referida. El acuerdo de emplazamiento es el 692/08, abundó el vocero.
La clausura del tramo se realizó el 28 de febrero de este año. Otrros tres tramos de la carretera también se clausuraron en las siguientes semanas, hasta concretarse en el mes de abril. Estos actos permanecen vigentes, a diferencia del tramo de Tuapurie (Público, 29 de febrero y 10 de abril de 2008).
La clausura del paso por terrenos comunales fue por la remoción ilegal de arbolado, pues los constructores derribaron 437 árboles: 187 pinos, 105 robles (encino de hoja ancha) y 147 encinos. La clausura sólo podría ser levantada al realizar una reforestación y garantizar la reducción de la erosión y de la degradación, en especial, “minimizar el impacto al corredor biológico”, dijo hace seis meses a este diario el delegado de la Profepa, José de Jesús Becerra Soto.
Hay dudas sobre si realmente esas condicionantes han sido cumplidas, lo cual será cuestionado por las autoridades comunales.
Además, los huicholes no han dado la anuencia de paso para la obra, lo cual, a juicio de sus asesores, deja sin posibilidades a la Sedeur de reiniciar los trabajos.
No obstante, hay preocupación de que la dependencia quiera hacer valer los documentos que ostentó en el pasado como presunta prueba de que esa anuencia está dada; se trata de una presunta acta de asamblea en que 486 comuneros habrían aprobado, el 9 de septiembre de 2007, la construcción de la carretera. Pero no hubo tal asamblea. Ese día sólo hubo una reunión sobre cultura, por lo cual, los wixaritari acusan al gobierno de falsificación y simulación de actos (ver Público, 16 y 20 de febrero de 2008).
Levantan la clausura
a carretera en Tuapurie
Profepa reabrió los 17 km de paso por la comunidad de Santa Catarina
Guadalajara. Agustín del Castillo. 26 de octubre de 2008
A seis meses de su clausura, y pese a la férrea oposición de las autoridades de Santa Catarina Cuexcomatitlán (Tuapurie), Mezquitic, la delegación Jalisco de la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa) decidió levantar la prohibición de construir la carretera Bolaños-Huejuquilla en el tramo que va del kilómetro 70.4 al 89.58, lo cual tiene efecto desde el pasado 15 de septiembre.
No obstante, asegura el organismo federal que no se están realizando trabajos en el área, según les reportó a su vez la Secretaría de Desarrollo Urbano (Sedeur) de Jalisco, responsable de la obra.
Lo que Sedeur reconoce estar ejecutando es el levantamiento de tres puentes enclavados entre el valle de Tenzompa y la cabecera municipal de Huejuquilla el Alto. Dichos puentes son conocidos como “Tenzompa”, “El Colomo” y “Sin Nombre”, pero “no se está realizando nada de obra en la carretera propiamente”, explicó el vocero de la Profepa, Juan Carlos Díaz Morales.
Según los datos oficiales, el 15 de septiembre se retiraron los sellos en el tramo citado para levantar “la clausura total temporal”, y de esa acción se notificó a la Sedeur el 2 de octubre siguiente.
“Se le previene que deberá acreditar ante la Profepa el cabal cumplimiento de las medidas de urgente aplicación y medidas adicionales que se establecieron a través de resolución administrativa del 2 de mayo de 2008”, señala el acta referida. El acuerdo de emplazamiento es el 692/08, abundó el vocero.
La clausura del tramo se realizó el 28 de febrero de este año. Otrros tres tramos de la carretera también se clausuraron en las siguientes semanas, hasta concretarse en el mes de abril. Estos actos permanecen vigentes, a diferencia del tramo de Tuapurie (Público, 29 de febrero y 10 de abril de 2008).
La clausura del paso por terrenos comunales fue por la remoción ilegal de arbolado, pues los constructores derribaron 437 árboles: 187 pinos, 105 robles (encino de hoja ancha) y 147 encinos. La clausura sólo podría ser levantada al realizar una reforestación y garantizar la reducción de la erosión y de la degradación, en especial, “minimizar el impacto al corredor biológico”, dijo hace seis meses a este diario el delegado de la Profepa, José de Jesús Becerra Soto.
Hay dudas sobre si realmente esas condicionantes han sido cumplidas, lo cual será cuestionado por las autoridades comunales.
Además, los huicholes no han dado la anuencia de paso para la obra, lo cual, a juicio de sus asesores, deja sin posibilidades a la Sedeur de reiniciar los trabajos.
No obstante, hay preocupación de que la dependencia quiera hacer valer los documentos que ostentó en el pasado como presunta prueba de que esa anuencia está dada; se trata de una presunta acta de asamblea en que 486 comuneros habrían aprobado, el 9 de septiembre de 2007, la construcción de la carretera. Pero no hubo tal asamblea. Ese día sólo hubo una reunión sobre cultura, por lo cual, los wixaritari acusan al gobierno de falsificación y simulación de actos (ver Público, 16 y 20 de febrero de 2008).
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