No hay privatización “de jure”, pero sí se generan condiciones para grandes negocios a costa del ambiente y de usos prioritarios como la generación de alimentos, aseguran.
Agustín del Castillo / Guadalajara. MILENIO JALISCO.
Sin apelar al argumento de una “privatización” franca del agua, que no se sostiene jurídicamente con la emisión de los decretos de supresión de vedas en 300 cuencas del país – sencillamente, porque la Constitución no lo permite-, los grupos sociales y ambientales no confían en las “buenas intenciones” del Ejecutivo al descobijar de la prohibición total de nuevos usos del recurso a las zonas del país que contienen, según los propios documentos oficiales, 55 por ciento del agua dulce superficial de México.
Es decir, no hay necesidad de que haya un esquema de clara privatización, si con el manejo de concesiones de bienes nacionales, se ha podido garantizar, de facto, el negocio privado.
A nivel local, el Observatorio Ciudadano para la Gestión Integral del Agua en Jalisco apuntó: “Pareciera como el Plan B de la ley de agua que no se han atrevido –o no han podido- promulgar, por el rechazo social que generaría. Con estos decretos se suprimen las concesiones sin título vigente, que se estima son unas 50 mil que se encuentran en esa situación, ya que en su mayoría sus documentos han caducado, pues en gran número de núcleos agrarios las dotaciones del vital líquido que poseen es por decreto presidencial y esta figura cambió con la Ley de Aguas Nacionales vigente, y no las renovaron. También existen un gran número de títulos vencidos de pequeños propietarios que con esta medida quedan fuera, afectando sus derechos fundamentales, aun cuando las causas de pérdida de vigencia sean atribuibles a los propios funcionarios”.
Se necesita elaborar un ordenamiento hídrico de las cuencas del país (Especial) Es decir, considera que la estrategia busca privar de derechos al uso consuetudinario en las cuencas para garantizar la concentración del agua en concesiones de empresas que viven de captar y entregar agua en centros urbanos, caso del proyecto El Zapotillo-León.
Añade: “Los decretos incumplen con este precepto de Gestión Integrada, al ser inequitativo y privilegiar sólo dos usos, dejando fuera a los usos pecuario, agrícola, acuícola […] utilizan de manera sesgada la ‘utilidad pública’, en lugar de ‘interés público’ y con esto pretenden justificar dichas reservas. No son privatizadores por sí mismos, pero abren la puerta a la privatización y a las actividades extractivas, como fracking y minería; también privilegia a la industria asentada en áreas urbanas, que utiliza agua de la red destinada a consumo humano o doméstico.
Es como abrir las puertas del infierno, confiando en la buena voluntad del chamuco…”.
Así, “no considera volúmenes de agua necesarios para el campo –usos pecuario y agrícola- que produce los alimentos para las personas de las ciudades, propiciando con ello un grave impacto social, como la pérdida de soberanía alimentaria, escasez de alimentos y alzas en los precios, así como la pérdida considerable de empleos e incremento de la migración campo-ciudad, aumento de la delincuencia, entre otras”.
A juicio del órgano ciudadano, “una acción imprescindible para evitar que estos vicios se sigan repitiendo, es la elaboración de un ordenamiento hídrico de las cuencas del país, la creación de Unidades de Gestión Integral del Agua en sustitución de los consejos de cuenca y las modificaciones necesarias a la normatividad para hacer esto posible”.
Agua para todos
A nivel nacional, la organización Agua para Todos, que ha propuesto una nueva Ley General de Aguas fuertemente ciudadanizada, y hace fuertes críticas a la Comisión Nacional del Agua, también emitió un análisis de los decretos:
“…quitan las vedas (último vestigio del modelo anterior de gestión del agua, en manos del Estado en vez del mercado) para extender la lógica del sistema de concesiones impuesto en México a través de la Ley de Aguas Nacionales (1992) como precondicion para entrar en el Tratado de Libre Comercio de América del Norte, por encima y en desconocimiento de la multitud de formas de tenencia del agua y pertenencia al agua-territorio existentes en el país […] aunque las vedas han sido violadas sistemáticamente por la Conagua a lo largo de sus 29 años de existencia, las empresas trasnacionales requieren de concesiones con seguridad jurídica, lo cual requiere formalmente eliminar las vedas”.
Si bien, “están siendo promovidos como una medida de protección al ambiente, incluyen reservas para uso urbano, y en algunos, para la generación de energía eléctrica [en San Pedro Mezquital, Nayarit, reservan 2000 millones de metros cúbicos al año para CFE]”. Los decretos “extinguen los derechos al agua de los núcleos agrarios que no fueron renovados a tiempo. Todos los decretos contienen este lenguaje: ‘las concesiones o asignaciones otorgadas con anterioridad a la entrada en vigor del presente decreto, serán reconocidas siempre que el título esté vigente; en este momento, hay 50 mil concesiones caducadas en el país, principalmente de ejidos, comunidades y pueblos […] lo más probable es que la Conagua los dejarán en posesión, ahora clandestina, de sus fuentes... mientras liberan estos volúmenes para concesiones en firme a las mineras, petroleras que los están exigiendo”, añade la ONG.
Destaca la omisión del derecho humano al agua y que los organismos operadores beneficiados con el agua de uso público urbano, van a dar prioridad a embotelladoras, industrias, minería y fracking, y que los gobiernos estatales, beneficiarios de muchas de estas concesiones, están comprometidos para sacar adelante el agua-negocio.
“Cada decreto indica que las reservas para uso ambiental en una cuenca podrán ser concesionadas aguas abajo. En las exposiciones de motivos al inicio de cada decreto hablan de la necesidad de un aprovechamiento máximo de las aguas para el desarrollo económico... y ven como un desperdicio los volúmenes de agua que llegan al mar”, aseguran.
A falta de la nueva ley
Ante “la imposibilidad de sacar adelante su Proyecto de Ley General de Aguas, el gobierno federal y los agentes que representan los intereses económicos tras ese proyecto” han generado un nuevo marco que permite, de facto, el uso económico intensivo de las cuencas, señala Miguel Ángel Montoya, especialista en el tema y asesor del PRD en la Cámara de Diputados.
Esto se logró en cuatro pasos: uno, “la emisión de lineamientos en agosto de 2017 para la autorización del fracking [abusando de la facultad reglamentaria de ejecutivo]”; dos, “impulsar la modificación de las leyes estatales a efecto de establecer facilidades e incentivos para privatizar el servicio público de suministro”; tres, “propiciar la asfixia financiera de los organismos operadores de agua al recortar el presupuesto federal reduciendo hasta en 72 por ciento desde el ejercicio 2016 los recursos federales que les correspondían y al evitar a toda costa el devolverles el pago de Derechos que por ley obliga el artículo 231-A de la Ley Federal de Derechos”.
Cuatro, “concesionando el agua de los ríos del país que aun está disponible por haberse encontrado bajo la protección de decretos de veda”. Piensa que no es casualidad que una operación tan amplia se haga al final de la administración, “¿Por qué Conagua ignoró las solicitudes de levantamiento de veda en algunas regiones específicas de Chiapas y Oaxaca y hoy de manera repentina y por demás amplia y generosa suprimen las Vedas en 20 estados de la República? La respuesta se puede encontrar en la Ley general de Aguas que nunca fue”.
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Claves
El ABC de los decretos presidenciales
El 5 de junio de 2018, el presidente Enrique Peña Nieto firmó diez decretos que sumados a dos publicados en años anteriores, liberaban vedas establecidas desde hace décadas en 300 cuencas del país, para establecer reservas de agua con el “caudal ecológico” y abrir espacio con el agua sobrante a nuevas concesiones, pero bajo la prioridad del uso público urbano
Las concesiones son instrumentos que se han utilizado desde la Constitución de 1917 para explotar recursos naturales que, de acuerdo al artículo 27, son propiedad de la nación; así, son aplicados para los aprovechamientos forestales, para las explotaciones mineras y para usar el agua sea para abastecimiento de población o sea para diversos usos económicos como la agricultura (principal usuaria), la industria y los servicios
En ese sentido, la privatización no es posible legalmente, pero sí de facto, pues el segmento del “agua-negocio”, el que utiliza el recurso como materia prima, después la cobra, sea por operar presas y acueductos para el uso público urbano, sea para transformarla en alimentos y bebidas
Las cuencas que fueron vedadas ya tenían usos económicos del agua que fueron respetados, pero no se otorgaron nuevas concesiones. Lo que liberan los decretos es el agua disponible, es decir, que no esté concesionada, pero primero resta una reserva o caudal ecológico que está calculado para garantizar los procesos de vida silvestre que contienen los ecosistemas ribereños. A esa primera resta, la segunda es la de reservar agua para poblaciones. La vigencia de ambas reservas es de 50 años
“La reserva de agua para el medio ambiente es un instrumento jurídico (decreto) que garantiza un volumen de agua para el uso ambiental o de conservación ecológica en una cuenca hidrológica. La finalidad de las reservas de agua para el medio ambiente es lograr la conservación del medio ambiente y los ecosistemas de una cuenca, dando sustento a todas las actividades que en ella se desarrollen fortaleciendo la gestión integrada de los recursos hídricos”, señala la Conagua
Las reservas tendrían que garantizar: 1, la conectividad hidrológica en las cuencas y humedales; 2, la conservación de los humedales y las actividades presentes en ellas; 3, las mejores condiciones de resiliencia (adaptación al cambio climático) y la captura de carbono en humedales; 4, una garantía legal de agua (decreto), y 5, creación de capacidades y cultura del agua en términos de su conservación y protección, añade el organismo federal
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