El decreto de los años veinte le daba al ejido derechos sobre sus manantiales y pozos de agua, que ahora se le arrebatan.
Agustín del Castillo / Guadalajara. MILENIO JALISCO.
Muchos de los ejidos creados en las primeras décadas de la reforma agraria mexicana tienen en sus decretos expropiatorios la cesión de los derechos sobre el agua subterránea y las aguas superficiales, lo que ha sido un argumento jurídico que algunos tratan de hacer valer en las disputas por las fuentes del recurso por parte de fraccionamientos y empresas, sobre todo, en aquellos núcleos agrarios que han sido absorbidos por las áreas metropolitanas.
“En Santa Ana Tepetilán, el agua la comercializa la coca cola Ciel es posible gracias a que utilizan el fallido decreto expropiatorio de las tierras del ejido, pero actualmente se está combatiendo la nulidad de un acta en donde se pretende demostrar falsificación de firmas de los supuestos ejidatarios que aprobaron dicha asamblea para dar paso a esa expropiación”, señala Tranquilino Flores Aguilar, cabeza del grupo disidente de esa comunidad agraria de Zapopan.
“Sin embargo, el Tribunal Unitario Agrario (TUA) 16, que es donde está radicado el juicio, ha venido obstruyendo el desahogo de periciales . En ese toma y daca es donde estamos actuando mientras el saqueo del agua sigue”, subraya. Se trata de las controversias 487/15/2008 y 964/16/2012.
“Es grave lo de los decretos pero más grave que los núcleos agrarios no defiendan su patrimonio y con ello se contribuye a este caos que estamos viviendo. En este juicio se combate la ocupación ilegal de los terrenos por haberlos obtenido con un decreto inexistente y dentro de ellos explotan la extracción del agua que pertenece al ejido. La resolución presidencial es del 24 de julio de 1924, en ella se específica la propiedad de la tierra y sus accesiones y los bienes son y siguen siendo imprescriptibles pero lo más importante que son inalienables”, es decir, no pueden transferirse ni venderse, agrega el representante del quejoso, Juan Martínez López.
El artículo 27 constitucional señala en su apartado VII: “Se reconoce la personalidad jurídica de los núcleos de población ejidales y comunales y se protege su propiedad sobre la tierra, tanto para el asentamiento humano como para actividades productivas […] La ley protegerá la integridad de las tierras de los grupos indígenas”.
Y del tema agua, señala explícitamente en el VIII: “VIII. Se declaran nulas: a) Todas las enajenaciones de tierras, aguas y montes pertenecientes a los pueblos, rancherías, congregaciones o comunidades, hechas por los jefes políticos, Gobernadores de los Estados, o cualquiera otra autoridad local en contravención a lo dispuesto en la Ley de 25 de junio de 1856 y demás leyes y disposiciones relativas; b) Todas las concesiones: composiciones o ventas de tierras, aguas y montes, hechas por las Secretarías de Fomento, Hacienda o cualquiera otra autoridad federal, desde el día primero de diciembre de 1876, hasta la fecha, con las cuales se hayan invadido y ocupado ilegalmente los ejidos, terrenos de común repartimiento o cualquiera otra clase, pertenecientes a los pueblos, rancherías, congregaciones o comunidades, y núcleos de población”.
Van contra decretos por vía judicial
El colectivo Agua para Todos anunció que emprenderá acciones judiciales para suspender o echar abajo los decretos firmados por el presidente Enrique Peña que de levantar vedas en 300 cuencas del país, pues a su juicio, es una privatización del agua de facto. La agrupación de decenas de organizaciones no gubernamentales del país, destaca que se abre al mercado una parte importante del recurso que se estaba preservando por razones ambientales y de derecho humano al agua, y que se expone, si no hay defensa legal adecuada, a entregar el recurso a empresas privadas, y peor aún a mineras y petroleras.
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