Insisten en la necesidad de salvar, junto con Temacapulín, a las poblaciones de Acasico y Palmarejo, e invitan al gobernador electo a visitar el poblado
Agustín del Castillo / Guadalajara. MILENIO JALISCO
El Comité Salvemos Temacapulín, Acasico y Palmarejo, pidió ayer que el gobernador electo, Jorge Aristóteles Sandoval Díaz, que “oficialice su postura directamente en nuestras comunidades y ante toda nuestra gente, de no inundar nuestros pueblos y (que) lo comunique a la Comisión Nacional del Agua".
En el contexto de la declaración vertida vía Twitter, sobre su negativa a afectar a los pobladores de Temacapulín, tras que el organismo de cuenca Lerma Santiago Pacífico dejara en sus manos determinar si el diseño de la presa bajaba de 105 metros a 80 m para salvar a la vieja localidad de Cañadas de Obregón, los pobladores de ese asentamiento, en conferencia de prensa, pidieron “que se presente una propuesta técnica a los pueblos, en donde se garantice que cualquier posible modificación al proyecto no representará ningún riesgo para las comunidades de Temacapulín, Acasico y Palmarejo”.
Y "en garantía a nuestra disposición, buena voluntad y apertura al diálogo, exigimos que mientras se da el proceso de selección de las alternativas sustentables de abastecimiento de agua que no implique violación a los derechos humanos de los pueblos, se suspenda la construcción de la presa El Zapotillo y se inicie un proceso de revisión integral del proyecto".
Además, "invitamos al gobernador electo a que nos visite y que, a diferencia del actual gobernador [Emilio González Márquez], venga y conozca nuestro pueblo, nuestras razones y argumentos para oponernos a la presa El Zapotillo".
Los moradores del poblado y sus defensores pidieron a los medios de comunicación "que se comprometan a comunicar con veracidad nuestra palabra y situación. Les invitamos a que nos visiten en Temacapulín este sábado 2 de febrero a partir de las 12 pm para que confirmen que la comunidad no se ha reubicado, que no hemos vendido y que seguimos en pie de lucha".
El pasado lunes 28 de enero, el titular del organismo de Cuenca Lerma-Santiago-Pacífico de la Comisión Nacional del Agua (CNA), José Elías Chedid Abraham, determinó que la decisión sobre el futuro de la presa El Zapotillo le correspondería al gobernador electo.
Al día siguiente, este reiteró a través de un mensaje corto en redes sociales, lo que ya había sostenido en campaña: “Lo reitero: Jalisco debe ser el principal beneficiado de las decisiones y no el que las padezca. No vamos a inundar Temacapulín”.
Los activistas destacaron en su declaración colectiva que "desde hace 8 años, el gobierno federal y los gobiernos estatales de Jalisco y Guanajuato, sin informarnos, sin consultarnos y sin buscar nuestra opinión, tomaron la decisión primero de construir la presa El Zapotillo en nuestro territorio y después de incrementar la altura de la cortina y con ello inundar nuestras comunidades; desde entonces somos pueblos en resistencia que se han distinguido por su apertura al diálogo y por su capacidad de propuesta para salvaguardar nuestros derechos y defender nuestros territorios".
Durante todos estos años, "hemos sido los pueblos los que hemos demostrado una y otra vez que las razones de nuestra oposición al proyecto se basan en la violación a nuestros derechos, las evidencias de la inviabilidad de la construcción de presas a nivel mundial, las inconsistencias técnicas de El Zapotillo, la afectación ambiental que sufriría la región aguas arriba y aguas abajo de la zona del proyecto, la desproporción económica con que los gobiernos han invertido los presupuestos y los problemas legales con los que se construye actualmente la presa El Zapotillo. Poco a poco fuimos desmontando los argumentos de las autoridades y entendimos que el objetivo de la presa era solo beneficiar a Guanajuato, aunque esto significara destruir pueblos de Jalisco, su historia, sus bienes materiales e inmateriales y su río Verde".
En las mesas de diálogo con funcionarios estatales y federales en el año 2011, "expusimos la existencia de alternativas de abastecimiento y manejo sustentable del agua; sin embargo, las autoridades demostraron su intransigencia y su falta de voluntad de diálogo al empecinarse en sostener un proyecto con dificultades técnicas, sociales, legales, ambientales y continuar hostigando y amenazando a las comunidades afectadas", ponderaron. De este modo, la Comisión Estatal de Derechos Humanos de Jalisco respaldó la lucha de los moradores en la recomendación 35/2009; un juez federal otorgó un amparo hace dos años "que no ha sido acatado por las autoridades", mientras el Tribunal de lo Administrativo del Estado de Jalisco en sentencias definitivas "nos ha concedido la razón y que tampoco hay autoridad en Jalisco que las respete".
El comunicado se emitió tras discutir el asunto en la asamblea comunitaria en Temacapulín y con los comités de hijos e hijas ausentes de Monterrey, Guadalajara, Los Ángeles, San Francisco, León y el Distrito Federal.
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