Policía comunitaria indígena “es legal”

César Díaz, del UACI, señala que es un modelo vigente entre los huicholes del norte del estado y permite una relación de armonía con autoridades, y no se trata de establecer grupos armados al margen de la ley

Agustín del Castillo / Guadalajara. MILENIO JALISCO

La inseguridad es un problema real en la sierra de Manantlán y es legítimo el planteamiento de los aborígenes nahuas por participar con las policías e instancias formales de gobierno para reducir las amenazas de secuestro, asesinato y asalto que se viven, subrayó el jefe de la Unidad de Apoyo a Comunidades Indígenas de la Universidad de Guadalajara (UdeG), César Díaz Galván.

“Es importante señalar el clima de inseguridad que existe desde hace bastantes años, donde la actitud de la autoridad municipal y su resistencia a un proyecto de esta naturaleza suena hasta sospechosa; no es una propuesta de formar grupos de autodefensa, sino simplemente desarrollar un modelo comunitario, que permita que participen en las labores de vigilancia y seguridad; ya lo dijo el secretario de seguridad pública en días pasados, que es necesario que la comunidad también se involucre en el tema porque el estado está rebasado en esa cuestión”, destacó en entrevista con MILENIO RADIO.

Asesor del consejo de mayores de la comunidad nahua, dijo que en la zona “se ha venido dando este clima de inseguridad desde hace bastante tiempo, por el despojo de los recursos naturales; además de los atentados contra los indígenas, tenemos asesinatos de ex presidentes municipales como Raúl Delgado Benavides o de Juan Manuel Orozco, que no se han esclarecido; incluso el hijo del director de la policía y el director fueron asesinados también, así como otros ancianos del consejo”.

Tras la desaparición del líder local Celedonio Monroy Prudencio, “ tuvimos una reunión con un comité técnico en el que estamos estudiando la posibilidad de este modelo alternativo de seguridad ciudadana y ese mismo día una camioneta sin placas estuvo rondando la comunidad de Celedonio para amedrentar a su familia , como dejando el mensaje de que no le muevan al asunto; nos parece muy preocupante que personas enmascaradas con armas de alto calibre se paseen de manera impune por el municipio, y que la autoridad municipal, argumentando que no tiene la capacidad para brindar la seguridad, deje a la población a la deriva”.

En el esquema propuesto, “la comunidad trabaja con la autoridad municipal y la autoridad estatal, señalando los puntos de riesgo, los sitios más conflictivos, los lugares de donde se saca el mineral de manera ilegal, en dónde se talan maderas preciosas; estos modelos ya se desarrollan en la sierra huichola, donde las autoridades tradicionales tienen policías comunitarios que son llamados topiles en su lenguaje, y estos apoyan a la autoridad; cuando hay un delito menor o de orden interno, con son los delitos agrarios, son resueltos por la comunidad, y se tiene una cooperación específica que ha dado muy buenos resultados”.

Nada más alejado de las autodefensas. “No tiene nada que ver, en Guerrero conviven dos modelos distintos, éste del grupo de autodefensa que no está del todo sustentado legalmente, el modelo que buscamos desarrollar en Jalisco no tiene nada que ver con ninguno de estos”.

A juicio de Díaz Galván, tanto en el derecho mexicano como en los convenios internacionales, nada se opone a la tentativa de Ayotitlán de mejorar su seguridad interna.

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NO SERÁN RURALES ARMADOS

La demanda de una policía comunitaria en Ayotitlán tiene una vieja tradición en México, y no pretende armar a las comunidades ni permitirles la justicia por su propia mano, aclaró el presidente de la comisión de asuntos indígenas del Congreso local, Clemente Castañeda Hoeflich.

“Lo que ha hecho la comisión de asuntos indígenas es hacer eco de las demandas que se han planteado en las comunidades, concretamente éste es un tema del consejo de mayores de Ayotitlán; nosotros hemos analizado la demanda y estamos tratando de darle forma jurídica para que se puedan ajustar las normas relacionadas a este tema”, explicó en entrevista para MILENIO RADIO.

Reconoció que es un tema polémico, “sumamente delicado porque estamos hablando de la seguridad de los habitantes y requiere para su eventual aplicación el consenso de todos los órdenes de gobierno (…) parte de la polémica tiene que ver con que si estos grupos pueden estar armados o no, pero una cosa son los grupos de autodefensa y otra cosa es la policía comunitaria, que es una figura que ha prevalecido ya en varias comunidades indígenas y no prevé tal cosa”.