Le adeudan $520 millones al Instituto de Pensiones estatal

La cartera vencida de hace tres años era más del triple; apenas es 2% del patrimonio del Ipejal, por lo que no pone en riesgo las operaciones.

Agustín del Castillo / Guadalajara. MILENIO JALISCO. 

Un total de 32 instituciones públicas adheridas al Instituto de Pensiones del estado de Jalisco (Ipejal) le adeudan una cartera vencida de 520 millones 603,065 pesos, en un corte publicado en la página web del organismo, al final de abril pasado.

De este gran total, 20 asuntos están ya en fase de "proceso judicial", 20 más son cargos que han sido requeridos y uno se reporta simplemente como "vencido". Si se compara esta información con el corte que el propio Ipejal ofreció en diciembre de 2015, con 39 instituciones en cartera vencida y un monto adeudado de 806 millones 254,020 pesos, la reducción de la cartera es de más de 25 por ciento. No hay una explicación de las modalidades de pago ofrecidas a la institución para resolver el adeudo, lo cierto es que salieron de la condición de deudores morosos el Instituto de la Juventud de Tonalá, el Sistema de Agua Potable de Zapotlán, la Secretaría de Planeación, Administración y Finanzas, la Secretaría de Educación, el Bosque Los Colomos, la Industria Jalisciense de Rehabilitación Social, el Hospital Psiquiátrico y el Poder Legislativo del estado.

De los deudores, el principal, con casi 40 por ciento del monto total, es el organismo público descentralizado Servicios y Transportes; en segundo sitio se ubica el Ayuntamiento de Puerto Vallarta, con más de 95 millones de pesos; le siguen el municipio de Guadalajara, con más de 44 millones de pesos; el municipio de Tonalá, con más de 35 millones de pesos, y Servicios de Salud de Zapopan, con 22.6 millones de pesos (ver recuadro anexo con principales deudores y montos).

Esta cartera vencida, si bien es un monto importante de recursos a recuperar, apenas significa 1.8 por ciento del patrimonio del Ipejal, y poco más de 3 por ciento del presupuesto anual.

Además, en realidad es una buena noticia: en enero de 2013 arrastraba una cartera de deudores por 1,744.5 millones de pesos, en lo que constituía su crisis más severa desde el 2009 cuando fue modificado su régimen jurídico para prestar de forma irrestricta a todos sus afiliados.

De forma aparejada, los tres años de la actual Administración han significado un sustancial crecimiento del patrimonio del instituto, de más de 20 por ciento, lo que de por sí redujo los riesgos que entraña la cartera vencida en términos de solvencia para las pensiones de los trabajadores.

Es decir, en relación con esa vieja cuenta, la reducción es de 70 por ciento, lo que ha dejado en calidad de manejable el problema. El foco rojo que más preocupa es el de la paraestatal Servicios y Transportes, que arrastra deudas por más tiempo, debido a que está en un proceso de transformación que podría derivar en su cierre.

Puerto Vallarta y Tonalá son los municipios que de forma permanente se encuentran entre los deudores principales, si bien, un modo de resolver sus adeudos tienen que ver con la entrega de predios, lo que aumenta el patrimonio inmobiliario del organismo, integrado por unos 200 bienes inmuebles.

Claves

Principales deudores

- Servicios y Transportes, 194 quincenas vencidas por 211 millones 817,388 pesos

- Puerto Vallarta, 38 quincenas vencidas por 88 millones 925,264 pesos, además de siete abonos por siete millones 708,462 pesos

- Guadalajara, una quincena vencida por 44 millones 088,433 pesos

- Tonalá, 10 quincenas vencidas por 35 millones 316,423 pesos, además de siete abonos vencidos por 5 millones 063,545 pesos

- Servicios de Salud de Zapopan, nueve quincenas vencidas por 22 millones 605,782 pesos

- Grupo 16 de la Policía Auxiliar, 31 quincenas por 14 millones 993,230 pesos

- Colegio de Bachilleres, tres quincenas vencidas por 14 millones 685,248 pesos

- Grupo 20 de la Policía Auxiliar, 65 quincenas por 11 millones 069,879 pesos

- Tamazula de Gordiano, 17 quincenas por 10 millones 628,043 pesos, más siete abonos vencidos por 170,037 pesos

- Chapala, 20 quincenas por 10 millones 622,206 pesos

- Instituto de Formación para el Trabajo del estado de Jalisco, 5 quincenas por 10 millones 187,370 pesos

Fuente: www.ipejal.gob.mx

Ipejal tiene 2,400 mdp invertidos en fideicomisos

Ocho contratos vigentes se llevan menos de 10% de los recursos del fondo de pensiones; la mayoría en gobierno de Emilio González.

Agustín del Castillo / Guadalajara. MILENIO JALISCO. 

El Instituto de Pensiones del estado de Jalisco (Ipejal) tiene comprometidos alrededor de 2,400 millones de pesos en ocho fideicomisos firmados por la institución, siete de los cuales son posteriores a la reforma a la Ley de Pensiones, que data de noviembre de 2009, de acuerdo a la información publicada en su portal de transparencia.

Ante la instrucción que emitió el pasado 15 de mayo el gobernador del estado, Aristóteles Sandoval Díaz, sobre la necesidad de que se transparente completamente el modo en que se usan los recursos del fondo de pensiones, luego de las denuncias de opacidad de diversos sindicatos de trabajadores disidentes, que reclaman que la reforma de 2009 sea revocada, MILENIO JALISCO encontró en el sitio web de la institución (www.ipejal.gob.mx) ocho expedientes de fideicomisos, la modalidad de inversión que ha resultado más polémica en el curso de seis años de vigencia del modelo de manejo de los fondos hacia proyectos de inversión, en busca de diversificarlos y aumentar ganancias ante la merma de ingresos que significa un mayor número de pensionados y la disminución de trabajadores en activo que aportan al fondo, una crisis similar a la que han debido afrontar todos los sistemas de pensiones del mundo.

La página reporta la existencia de esos ocho fideicomisos, entre los que destacan los casos de Chalacatepec (89 millones de dólares) y de Santa Cruz de la Soledad- San Nicolás de Ibarra (28.8 millones de dólares), que de lejos son los que reciben más aportaciones del fondo, si bien, en el segundo caso, es un esquema progresivo que no ha podido prosperar por los problemas internos de la comunidad agraria de Santa Cruz de la Soledad. El grueso de estos contratos se ha generado entre 2009 y 2012, es decir, durante la gestión estatal de Emilio González Márquez, pero han sido respetados, si bien, en algunos casos modificados, por el gobierno en funciones.

No obstante, los recursos comprometidos en estos fideicomisos no son los mayoritarios del Ipejal si se compara contra sus valores patrimoniales totales, que rondan 30 mil millones de pesos, ni su cartera global de inversiones, que es ligeramente menor de 10 mil millones de pesos, de acuerdo a la información aportada en las sesiones de su consejo, cuyas actas son públicas, pero solamente se han publicado las relativas al año 2015, a diferencia de las del comité de transparencia (ver recuadro anexo).Ipejal tiene 2,400 mdp invertidos en fideicomiso

Los detalles

Los datos principales de los ocho fideicomisos son los siguientes:

Uno. Fideicomiso Chalacatepec (Rasaland-Ipejal). Firmado el 10 de diciembre de 2009 por un grupo de personas morales denominadas Chala Mar, Paraland y Chalalegre (parte de un conglomerado internacional denominado Rasaland) y el Ipejal, este último aportó 89 millones de dólares (1,655 millones 400 mil pesos al tipo de cambio actual) para un desarrollo que incluye alrededor de 1,200 hectáreas de superficie adquiridas de pequeña propiedad, pero con una fracción que permanece en conflicto legal con un grupo de ejidatarios de José María Morelos, de Tomatlán, quienes reclaman la tierra como parte de su dotación presidencial.

El proyecto ha avanzado lentamente pero, aseguran sus responsables, se debe a que han planteado un modelo de impacto ambiental fuertemente mitigado para que las condiciones naturales de la zona –dominada por selva baja caducifolia y manglares- no sean degradadas, dado que el sitio está rodeado por el extremo sur de la zona protegida de tortuga marina más grande de México, el Playón de Mismaloya, y por dos sitios Ramsar –humedales de importancia internacional-, justamente la laguna de Chalacatepec que da nombre a la zona, y Param-Xola; pero además, se trata de una región con baja precipitación natural.

En la administración de Aristóteles Sandoval, este fideicomiso fue modificado: de poseer 48.5 por ciento del proyecto en el contrato original, Ipejal redujo a menos de la mitad su inversión en Chalacatepec a sólo 36.5 millones de dólares (41 por ciento del monto original), mientras que los restantes 52.5 millones de dólares se canalizaron al proyecto de La Mandarina (cuya primera piedra se puso el pasado 16 de mayo) y al hotel Four Season de la Ciudad de México. Respectivamente tiene invertidos 24.1 millones y 22 millones 250 mil; los 6 millones 230 mil dólares restantes están disponibles “en efectivo”, de acuerdo a la versión que dio a este diario el empresario Ricardo Santa Cruz, responsable del proyecto.

Dos. Fideicomiso Jardines de La Primavera. Firmado el 19 de abril de 2012 entre el Ipejal y Proyectos Habitacionales CUDI, representado por su apoderado legal, José Luis Cuéllar de Dios. El fondo de pensiones aporta 178,249 metros cuadrados de superficie del predio El Tainstique, con un valor de adquisición de 139 millones 779,942 pesos, en los linderos del ejido Santa Ana Tepetitlán y el bosque La Primavera, y un recurso líquido por 11 millones 220 mil pesos para el fondo de operación del proyecto inmobiliario.

Tres. Fideicomiso XAMIX. Firmado el 19 de septiembre de 2014 entre el Ipejal y la sociedad mercantil XAMIX Construcción, cuyo administrador general es Pedro Ruiz Gutiérrez; el fondo aporta un terreno de 75,487 metros cuadrados para un desarrollo de 1,308 viviendas, en el cual, 55 por ciento de las utilidades son del Ipejal; el terreno que aporta es de 37 millones 642 mil pesos, según la escritura pública del contrato.

Cuatro. Fideicomiso GVA Sendero de la Luna. Es el más antiguo del grupo, pues data del 7 de abril de 2006, cuando gobernaba Francisco Ramírez Acuña y estaba lejos la modificación de la ley de Pensiones. El Ipejal aporta en este proyecto un terreno de 97 mil m2 con un valor de compra de casi diez millones de pesos en la zona de Coapinole, Puerto Vallarta, para la edificación de 160 casas a cargo de la empresa GVA Desarrollos Integrales, del empresario tapatío José Manuel Gómez Vázquez Aldana.

Cinco. Fideicomiso La Toscana, instituido el 21 de diciembre de 2011 con una superficie global de 167,840 metros cuadrados aportados por el Ipejal, para que lo desarrollen las constructoras Grupo Inmobiliario Mendelssohn y Amadeus de Occidente, en el área colindante al fraccionamiento Valle Real, en Zapopan.

Seis. Fideicomiso Portales Tlaquepaque. Constituido el 7 de mayo de 2012 entre el Ipejal y la sociedad mercantil Lodela; la aportación de pensiones consiste en un predio de 61,532 metros cuadrados para la construcción de 300 viviendas.

Siete. Fideicomiso Santa Cruz de la Soledad. Signado el 22 de agosto de 2012 entre Ipejal y Santa Cruz Inmobiliaria de Chapala; el primer predio a desarrollar son 53.7 hectáreas de dos fracciones de las comunidades de Santa Cruz de la Soledad y San Nicolás de Ibarra, pero el compromiso de Ipejal es aportar hasta 28.8 millones de dólares mientras que los urbanizadores totalizarían 450 hectáreas de terreno. Este proyecto se encuentra en conflicto, pues el pasado 17 de abril, dos grupos ejidales se enfrentaron en el poblado, dado que los impulsores del desarrollo pretenden deponer a la presidente ejidal, María de Jesús Rodríguez, quien encabeza la resistencia a perder esos terrenos.

El pasado 13 de mayo, el líder de la Federación General de Trabajadores del Estado y sus Municipios, Cuauhtémoc Peña Cortés, señaló que el Ipejal estaba con los empresarios “que pretenden consumar el despojo” y que aportaría recursos al desarrollo; al día siguiente, el presidente del consejo del Ipejal, Francisco Ayón López, negó que el actual gobierno hubiera “generado inversiones de ese tipo”, aunque la página de transparencia evidencia que el fideicomiso está en vigor.

Ocho. Fideicomiso GVA Seprogal-Virgo. Firmado el 11 de septiembre de 2012, de nuevo es el empresario José Manuel Gómez Vázquez Aldana y su socio los responsables de desarrollar una fracción del predio El Jagüey, de la ex hacienda de la Mora, en Zapopan; Ipejal se queda con 53 por ciento de las utilidades del proyecto.

Inversión en abengoa, opaca
La inversión de 600 millones de pesos que el Ipejal ha hecho en la subsidiaria mexicana de la transnacional española Abengoa, que construye el acueducto El Zapotillo-León, está en vías de no ser clarificada, puesto que ante solicitudes de información de ciudadanos sobre los detalles de la operación, el comité de transparencia del instituto ha determinado, en su sesión del pasado 11 de mayo, que esa información tiene el carácter de “reservado”.

Parte del argumento destaca: “este tipo de información debe protegerse por razones de interés público […] la información detallada genera: 1) incertidumbre en la administración de los recursos financieros; 2) interpretación equivocada de terceras personas sobre la finalidad de las inversiones; 3) confabulación de instituciones financieras en perjuicio de los rendimientos a favor del Ipejal; 4) politización de la información, causando que el Ipejal realice movimientos no programados, lo que ocasionaría que no se obtenga el rendimiento esperado; 5) aumento de la posibilidad de actos delictivos contra el Ipejal…” (sic).

El documento completo se puede consultar en http://transparencia.info.jalisco.gob.mx/sites/default/files/Acta%2006%202016%20-%20Acta%20de%20Sesi%C3%B3n%20del%20Comit%C3%A9%20de%20Transparencia%20del%20IPEJAL.PDF.

Eduardo Mosqueda salió libre en Colima

Un Colegiado federal con sede en Coahuila resolvió que los gobiernos de Jalisco y Colima violaron los derechos del pasante, miembro del grupo ambientalista Idea

Agustín del Castillo / Guadalajara. MILENIO JALISCO. 

La justicia federal ha hecho lo que los gobiernos locales de Jalisco y Colima evitaron por casi diez meses: la liberación del pasante de derecho Eduardo Mosqueda Sánchez, un joven litigante que fue apresado por la Procuraduría Estatal de Colima el 23 de julio de 2015, cuando acudió con un grupo de dirigentes del ejido nahua de Ayotitlán a reclamar tierras de su dotación que explota la minera Peña Colorada, un litigio de medio siglo.

En los hechos, hubo una refriega, pues aunque los indígenas reclamaron la suspensión concedida en el marco del juicio de amparo 462/2013, el emporio transnacional argumentó invasión, despojo, daños en las cosas e intento de secuestro, y fue apoyado por el gobierno colimense. El procurador de justicia en funciones de esa entidad, Marcos Santana Montes, esta tarde aciaga, arrebató el papel que exhibía la medida cautelar al novel abogado, y lo obligó a subir a la tanqueta desde la cual dirigía el operativo, en calidad de detenido.

El pasado viernes 13 de mayo, después de la medianoche, Mosqueda Sánchez salió de la prisión estatal de Colima, donde estuvo recluido debido a los recursos interpuestos por los gobiernos de ambas entidades, no obstante que otros 33 detenidos, todos del ejido nahua, salieron libres pocos días después de los hechos, incluso con fianzas pagadas por el gobierno de Jalisco y desistimiento de acusaciones por el de Colima; la permanencia de Mosqueda Sánchez en reclusión es interpretada por la presidente del Instituto de Derecho Ambiental (Idea), Raquel Gutiérrez Nájera, como dolo y afán de venganza de esos gobiernos, incómodos ante el trabajo de esa organización, que además de impulsar el juicio de restitución de las tierras otorgadas por el presidente Adolfo López Mateos a los nahuas, sostiene juicios contra proyectos de Jalisco en la región costera (Chalacatepec) y en la capital de la entidad (Macrolibramiento de Guadalajara).

"El jueves a las 22.30 de la noche firmamos el auto de libertad y salió físicamente entre 30 minutos y una hora del viernes 13 de mayo; arribamos a Guadalajara a las cinco de la mañana. Fue una sentencia dictada por el colegiado de Coahuila; otorgó y confirmó el amparo liso y llano para su inmediata liberación", explicó a MILENIO JALISCO la doctora en derecho.

Los delitos por los que lo juzgaba el gobierno de Colima son privación ilegal de la libertad, robo calificado y despojo, en el proceso penal 142/2015, en el Juzgado Primero de lo Penal de ese estado; mientras los 33 nahuas no fueron procesados pese a que se les imputaban los mismos cargos, la instrucción de los gobiernos fue inculpar a Mosqueda Sánchez, a quien se dictó formal prisión sin derecho a fianza.

El Idea reclamó el proceso arbitrario, tras demostrar las "pruebas prefabricadas" por el gobierno colimense (MILENIO JALISCO, "Nahuas secuestradores, o de cómo Colima prefabricó un delito", 27 de julio de 2015), y hubo que acudir a la justicia federal, que aunque había acordado ya la liberación del inculpado, las revisiones interpuestas por la procuraduría de Colima obligaron a llevar el proceso al Cuarto Tribunal Colegiado Auxiliar con sede en Saltillo, Coahuila, expediente 1190/2015, instancia que a la postre resolvió a favor del indiciado.

Gutiérrez Nájera criticó la posición del gobierno de Aristóteles Sandoval en el tema de los derechos humanos, y consideró que Mosqueda Sánchez ha sido víctima inocente de una "venganza gubernamental" que asegura, no los llevará a desistir en la defensa de los derechos de los indígenas.

Ipejal subsidia proyecto en Santa Cruz de la Soledad

Exigen cambio a la ley de pensiones, ante “evidencias” de inversiones de alto riesgo para los trabajadores.

Agustín del Castillo / Guadalajara. MILENIO JALISCO. 

El uso del fondo de pensiones de los trabajadores del estado es escandaloso, a juicio del presidente de la Federación General de Trabajadores del Estado y sus Municipios, Cuauhtémoc Peña Cortés.

No son solamente las inversiones en Chalacatepec, en la Villa Panamericana y en el acueducto El Zapotillo-León de la transnacional Abengoa; el líder gremial documentó ayer la aplicación de 260 millones de pesos del fondo para financiar un desarrollo inmobiliario en el ejido Santa Cruz de la Soledad, en Chapala, que cumple la misma norma de las anteriores inversiones: está inmerso en la polémica, lo que para Peña Cortés es sinónimo de “corrupción”, “riesgo” y “opacidad”.

En entrevista con este diario, el dirigente destacó que recién han documentado la existencia de un fideicomiso “con la misma forma de operar que en Chalacatepec; pareciera que existe colusión de funcionarios para defraudar trabajadores usando la Ley del Instituto de Pensiones […] igual que en el caso de Chalacatepec, la dirección de Asuntos Agrarios del gobierno del estado ha intervenido para imponer comisariados ejidales afines que entreguen las tierras de uso común de los ejidos a particulares, quienes a su vez las incorporan a fideicomisos usando la fuerza pública del estado para amedrentar a quienes se resisten”.

Esta circunstancia generó ya enfrentamientos en el ejido de Chapala (ver MILENIO JALISCO, 21 de abril de 2016), como ha sucedido también en el ejido José María Morelos de Tomatlán desde 2010. Aseguró Peña Cortés que las 1,200 hectáreas ejidales de ese núcleo campesino no han sido desincorporadas y que ello demuestra el riesgo que representa el proyecto Chalacatepec para los dineros de los trabajadores. Está además el caso del acueducto, donde se arriesgan 600 millones de pesos en una empresa como Abengoa, al borde del quebranto, añadió.

“Por eso insistimos en pedir al gobernador la remoción de Francisco Ayón López como presidente del Ipejal, porque existen muchos indicios que demuestran que representa a los intereses particulares y grupos económicos que están saqueando nuestros fondos pensionarios”, lo que debe venir acompañado de una auditoría externa para determinar los fideicomisos y demás inversiones. La solicitud al Congreso del estado es que se dé marcha a tras a las reformas de 2009 que hicieron posible que el fondo se invirtiera en proyectos de riesgo, y que se garantice la transparencia de la información de todo lo que se hace con ese dinero.

El 24 de mayo, los sindicatos de la federación marcharán por las calles de la ciudad en busca de obtener el eco en esas peticiones.

El ciclo del agua en el AMG, “gravemente deteriorado”

Alfaro “desestima” crítica sobre el plan contra inundaciones. El investigador Arturo Gleason destaca que no bastan obras costosas de ingeniería para afrontar las inundaciones

Agustín del Castillo / Guadalajara. MILENIO JALISCO. 

El ciclo del agua en Guadalajara “se encuentra gravemente deteriorado por la mala intervención de los seres humanos, a través de la urbanización desordenada”; no es con obras de ingeniería como se logrará afrontar el problema de las inundaciones, que es efecto y no causa de ese deterioro, advierte en una carta el consultor hidráulico Arturo Gleason Espíndola.

La misiva está dirigida al presidente municipal, Enrique Alfaro Ramírez, pero no ha tenido respuesta, advierte en conversación con MILENIO JALISCO; también se considera sorprendido por la primera reacción que tuvo en el tema el presidente municipal, que en entrevista con un medio radiofónico se limitó a descalificar ad hominem a quien emitió la crítica contra el proyecto de casi siete mil millones de pesos, pero no emitió argumentos que demostraran “que mis señalamientos fueran falsos”.
Gleason le dice a Alfaro que la urbanización caótica “ha causado desequilibrios en las variables del ciclo del agua”, y enumera: uno, “la disminución de la infiltración causada por la mancha de concreto que impide la recarga de los acuíferos, y por lo tanto, disminuya la disponibilidad de agua subterránea y aumenten las inundaciones”; dos, “la disminución de la evapotranspiranción, que regula la temperatura y propicia la presencia de las lluvias a causa de la deforestación de la cuencas hidrológicas”; tres “la falta de recarga del acuífero, al combinar las aguas pluviales con aguas negras conducidas a la barranca, mandando más de la mitad del agua de lluvia al drenaje”.

Las evidencias de estos desequilibrios “muestran que el problema del agua radica en que su ciclo ha sido severamente alterado durante años. Por lo tanto Guadalajara y su zona conurbada, necesita conocer a fondo el estado que guardan los recursos hídricos en términos de calidad y cantidad. Basta recorrer las cuencas para darse cuenta de la gravedad del problema que nos ocupa […] es urgente la restauración del ciclo del agua en Guadalajara, en la cual se recuperen las áreas de infiltración para recarga del acuífero; la masa forestal para incrementar la evapotranspiración; el agua de lluvia a través de la instalación de sistemas de captación en los edificios para satisfacer parcialmente la demanda de agua limpia, y reducir el ingreso de aguas pluviales de los colectores que se saturan durante el temporal, y paralelamente, se rehabilite la infraestructura hidrosanitaria para disminuir las fugas en la red de distribución de agua potable”, añade la carta.

Las consecuencias de no actuar inmediatamente “serán la falta de disponibilidad de agua subterránea en 20 años, la desaparición de los pocos manantiales que abastecen a un sector importante de la población, el aumento en la contaminación de la aguas, irregularidades en el temporal causando lluvias más espaciadas y abundantes que provocarán sequías e inundaciones.

Gleason no se inventa los datos, “se fundamenta en los 40 años de experiencia y estudios realizados por el ingeniero José Manuel Vargas Sánchez (1939-2001), profesor Investigador de la Universidad de Guadalajara, Ex funcionario del SIAPA y del Departamento de Agua Potable y Alcantarillado del municipio de Guadalajara”, además de maestro de numerosas generaciones de ingenieros; así como “20 años de trabajo ininterrumpidos que su servidor ha realizado al frente de un grupo de expertos de la Universidad de Guadalajara y del Instituto de Investigaciones Tecnológicas del Agua Licenciado Arturo Gleason Santana AC”

También le dice al primer edil que “para replantear fundamentos legales sólidos en relación a la distribución de las aguas superficiales de la cuenca del Rio Verde, se requiere implementar un sistema de medición que brinde información sobre los escurrimientos en tiempo real, y a partir de ahí, diseñar una estrategia inteligente que permita una justa distribución del agua para que ambos estados hermanos salgan beneficiados”. El alcalde tapatío ha decantado su simpatía y esfuerzo político a favor de los afectados de Los Altos con la presa El Zapotillo y el trasvase a León, Guanajuato.

“Reitero, estoy a favor de defender el agua que le corresponde a Jalisco y a Guanajuato, así como de las recomendaciones que emite el Observatorio Ciudadano del Agua, puntualizando que para ello es necesario contar con las evidencias científicas. Por lo tanto, como lo dije en mi intervención del 3 de mayo, ratifico mi invitación a usted y al señor gobernador al recorrido por la cuenca del Río Verde, las cuencas de Guadalajara y su zona conurbada, y su sistema hidrosanitario para conocer y evaluar su estado actual y así tomar las acciones pertinentes”, destaca.

En ese sentido, “lamento mucho que la lectura de mis pronunciamientos realizados en días anteriores, que se basaron en los argumentos ya expuestos, hayan sido interpretados como egocentrismo académico cuando usted comentó: ‘no se vale del sector académico decir: ‘Todos están mal menos yo’, eso no lo comparto con Gleason’; y también al afirmar: ‘cuando el sector académico opina ‘todos están bien mensos’, me parece que cometen un error y un exceso, cometen un error y un exceso, y entonces ¿cuál es la salida?, ¿dónde nos quedamos?’. Me es necesario aclarar que en ningún momento me he referido con esos calificativos hacia ningún actor, sino que apegado a mi trabajo como científico en una universidad pública, lo que estoy tratando de hacer cumpliendo con mi vocación de servicio a la comunidad, es poner a disposición de la sociedad los conocimientos, la información técnica, las experiencias adquiridas en otros países y los experimentos ,para ayudar en la toma de mejores de decisiones y no tratar de ganar un debate imponiendo mi razón y descalificar a otros”.

Gleason espera que el presidente municipal abandone posturas intolerantes “hacia los que no piensan como él” y se decida a entrar en un “debate serio” por el destino de la ciudad.

La ciudad no está preparada para afrontar los sismos

La zona colindante a Guadalajara vive entre sismos recurrentes, y en la vecindad de la gran falla del río Santiago; no hay normas de construcción adecuadas a este entorno.

Agustín del Castillo / Guadalajara. MILENIO JALISCO. 

Un sismo de 4.8 grados Richter como el de la tarde del pasado 11 de mayo en Zapopan, no es algo que pueda provocar deliberadamente una corporación de poderosos y malvados cófrades en alguna misteriosa conspiración, pero sin duda, el crecimiento caótico de la ciudad y la ausencia de normas de edificación segura son elementos que "conspiran" para potenciar los daños latentes que ocasiona el movimiento de la corteza terrestre.

El experto en riesgos de la Universidad de Guadalajara (UdeG), Luis Valdivia Ornelas, apunta: "Ante las circunstancias que ha vivido el valle de Atemajac, con los sismos de los últimos meses, podemos concluir que la ciudad no está preparada para escenarios donde se presenten sismos arriba de cinco en la escala de Richter, con epicentros en estructuras locales, sobre todo, en las inmediaciones del río Santiago".

La región que rodea al área metropolitana vive sismos recurrentes. El Servicio Sismológico de la UNAM difundió una gráfica que se reproduce adjunta, con los epicentros en torno a la metrópolis de los últimos 40 años. El evento del pasado miércoles es el más fuerte de ese periodo, y los daños evidencian "que no estamos preparados para algún registro superior a cinco grados que se puede presentar porque estamos pegados a esa gran falla que es el río Santiago", agrega el geógrafo.

Detalla que es diferente un movimiento con epicentro en las costas, como son los eventos de 1985, 1995 o 2003 (que devastaron Ciudad Guzmán, Cihuatlán y Colima), a los que registra la propia zona.

"La verdad es que no estamos preparados para sismos que se presenten con estructuras geológicas locales o regionales, como es el caso de estos que se han presentado en las inmediaciones del área metropolitana, en un radio de 20 kilómetros de distancia y a una profundidad de diez a 15 km [...] el riesgo es mayor por el crecimiento urbano desordenado en zonas de relleno o en suelos inestables, en zonas de ladera o en cantiles; esa urbanización aumenta la vulnerabilidad de los asentamientos humanos y la estamos padeciendo".

Tampoco es algo que se refleje de modo adecuado en los reglamentos de construcción. "En Guadalajara se previó el escenario de sismos que provienen de la costa, pero en los códigos de construcción en los estudios geotécnicos, no se ha considerado la presencia de sismos de menor magnitud [...] es un trabajo que se tiene que realizar: el patrón de irradiación de energía en estas zonas sísmicas; se observa que altera y que mueve las estructuras geológicas del valle de Atemajac, a diferencia de los sismos que se generan en la costa, que aunque son de mayor magnitud, el patrón de irradiación no llega a mover las estructuras del valle [...] estos estudios son la base para establecer códigos de construcción adecuados al riesgo".

Según el organismo de la UNAM, "los sismos más recientes en la región ocurrieron durante el mes de diciembre de 2015, estos estuvieron localizados a 20 km al noreste de Tesistán en el estado de Jalisco. El sismo de mayor magnitud ocurrió el día 15 de diciembre de 2015 a las 10:09 horas y fue sentido en Guadalajara y en otras localidades del estado de Jalisco [...] los sismos que ocurren en esta zona pueden ser debidos a la subducción o a fallas preexistentes [...] el sistema de fallas de Guadalajara podría ser el que ha provocado" el evento del miércoles.

David Barrera, director del Instituto de Ciencias de la Tierra, destaca el caso de la falla de la barranca. "Si tuviéramos un evento ahí de 7.5, quién sabe cómo nos iría, porque la onda sísmica se va a ampliar, por su velocidad, y dañar a alguna estructura que no esté bien hecha".

No obstante, "la mayoría de los sismos que se han presentado en la república mexicana, van por la vertiente de la costa del Pacífico, porque tenemos una zona de subducción, es decir, el choque de dos placas tectónicas, en este caso la placa del Pacífico y la placa de Norteamérica".

Así, el sismo de la zona de Tesistán debe ser visto como una alerta: los procesos urbanos deben mejorar para disminuir los riesgos de decenas de miles de construcciones que no han considerado eventuales temblores.

Qué hacer en caso de sismo

- Las autoridades sugieren tener un plan familiar para lo cual las unidades de protección civil pueden orientarlos:

- Realice simulacros de evacuación que le permitan identificar las salidas de emergencia y la mejor ruta a seguir en caso de evacuación

- Asegure puertas de alacenas y gavetas e identifique objetos que pudieran caer

- Asegure objetos como el contenedor de agua y el tanque de gas, que son vulnerables a volcarse y romper tuberías

- Es importante que identifique los mecanismos que cortan el suministro de energía eléctrica y gas, para evitar incendios posteriores al sismo

- Se recomienda colocar películas adhesivas de seguridad en ventanas grandes o considerarlas como posibles objetos cortantes durante un sismo

- Es necesario tener reunidos los documentos más importantes y medicamentos necesarios y guardarlos en un solo paquete, listos para tomarlos y salir con ellos si se requiere

Fuente: Unidad Estatal de Protección Civil y Bomberos Jalisco

Acuíferos metropolitanos, sobreexplotados en 100 millones de m3

La extracción anual, superior a la capacidad de recarga natural de Atemajac-Tesistán, Cajititlán y Toluquilla, ocasiona niveles más bajos del manto y peor calidad del agua.

Agustín del Castillo / Guadalajara. MILENIO JALISCO.

El acuífero metropolitano, es decir, el agua que yace en el subsuelo de la ciudad, tiene a la baja su capacidad de producir agua potabilizable para la comunidad humana, debido a la sobreexplotación, calculada en casi 100 millones de metros cúbicos (m3) anuales, es decir: se le extrae considerablemente más agua de la que recarga.

Esto significa que año con año, los más de 1,500 pozos, entre los cuales destacan casi 400 para abastecimiento urbano, descienden su nivel entre uno y 45 metros. El promedio ronda tres metros, según los datos de la Gerencia de Aguas Subterráneas de la Comisión Nacional del Agua (Conagua) publicados en el Diario Oficial de la Federación (última actualización, en la edición del 20 de abril de 2015)

Aparejados hay dos expedientes que agravan el problema: el manto subterráneo tanto para Atemajac-Tesistán como para Toluquilla, registra una pérdida creciente de permeabilidad, es decir, la urbanización expansiva está “devorando” la zona de alta recarga, que se ubica hacia el poniente, en la colindancia con la sierra de La Primavera (MILENIO JALISCO, 24 de enero de 2011). En el caso de Cajititlán, el impacto de la urbanización es incipiente, pero su déficit es superior al de los pozos del asiento histórico de Guadalajara (lo que ha llevado, en una decisión sin precedentes en la historia de la ciudad, a la suspensión de permisos de urbanización por parte del Ayuntamiento de Tlajomulco). El segundo asunto es consecuencia: al bajar los niveles, el gasto en bombeo se incrementa, y también en potabilización, dado que el agua pierde calidad por la presencia masiva de metales y sustancias tóxicas para la salud.

Esta situación refleja la ausencia de una política de manejo y conservación, pese a que el agua subterránea es “el tesoro escondido de las ciudades y la reserva fundamental para su futuro”, según el consultor, experto en el tema, Arturo Gleason Espíndola.

De acuerdo al SIAPA, el acuífero metropolitano aporta 27 por ciento de los 300 millones de m3 que se introducen al sistema. Sin embargo, el dato es parcial, dado que los sistemas autónomos de diversas colonias también se abastecen de pozos, y en general, aplica en cinco de los nueve municipios del área metropolitana: El Salto, Juanacatlán, Ixtlahuacán de los Membrillos, Zapotlanejo y Tlajomulco, consumen fundamentalmente agua subterránea.

El caso Tlajomulco, asentado en el valle de la Misericordia o Toluquilla, es el más grave, porque la calidad natural de su acuífero presenta fuerte presencia de sustancias como el arsénico o el fierro, y porque desde 2000 registras la más alta tasa de crecimiento urbano en Jalisco, y una de las más elevadas del país.

“Si se consideran las etapas del ciclo hidrológico, el desarrollo urbano poblacional ejerce una fuerte presión sobre el agua subterránea. Por una parte, todas las zonas poblacionales se asientan en las áreas que presentan con posibilidades altas, y se reducen las posibilidades de recarga de los mantos freáticos y acuíferos. Por otro lado, se contamina el agua de escorrentía que, al pasar por las poblaciones, se mezcla con aguas residuales y todo tipo de residuos, producto de la presencia poblacional, industrial y de servicios; este fenómeno de contaminación de aguas subterráneas por lixiviación de contaminantes todavía no se ha determinado, aunque hay recurrentes alusiones documentales al problema”, señala el investigador del Iteso, Heliodoro Ochoa García, en su artículo Gestión del agua en la periferia urbana: Tlajomulco de Zúñiga.

La Comisión Estatal del Agua (CEA) ha estudiado el problema del arsénico del manto subterráneo, sus tres acuíferos presentan niveles de arsénico, fierro y manganeso que son riesgosos para la salud humana.

De los pozos muestreados, en 2013 se encontraron 17 “fuera de norma” por arsénico; ocho, excedidos de fierro; otros ocho, por manganeso; 24 pozos con exceso de fluor y más de un centenar con presencia de coliformes.

“La presencia de los compuestos contaminantes no es privativa de estos acuíferos; la diferencia estriba en que las aguas son distribuidas por la red prácticamente con la misma calidad con la que se extraen. No hay aguas regulares, son aguas doblemente malas pues no cumplen con la norma y aparte se distribuyen a las casas sin un proceso adecuado de potabilización”, establece en ese informe la agencia gubernamental.

El costoso desafío de hacer esa agua en un producto potable, lo establece la planta potabilizadora número cuatro del SIAPA, con capacidad de 400 litros por segundo [en realidad, puede potabilizar hasta mil], la cual cumple con la norma 127 y realiza pruebas diarias para coliformes, arsénico, fierro y manganeso. Se calcula que el costo por cada litro potabilizado en Toluquilla es el mismo de cuatro litros provenientes del lago de Chapala.

La Conagua establece para Toluquilla un déficit anual de 72 millones 318,106 m3 de agua de su subsuelo, aunque estudios señalan que podría ser inferior porque las concesiones no se usan al tope. El déficit de Atemajac-Tesistán es de 11 millones 091,327 m3, y el de Cajititlán, de 16 millones 293,549 m3. Este elemento debería condicionar fuertemente la urbanización, pero no sucede así: la zona con mayor escasez y agua de peor calidad, que es Tlajomulco, creció más de 250 por ciento entre 2000 y 2015.

“El uso del suelo se ha modificado y con ello los parámetros de infiltración, evaporación y escurrimientos. Las variaciones climáticas han modificado la precipitación”, resumen Laura E. Peña García, Roberto Maciel Flores, José Rosas Elguera y Miguel Ángel Alatorre Zamora, investigadores de la UdeG, en un diagnóstico del agua subterránea de Jalisco.

Sobreexplotar los mantos subterráneos y urbanizar las zonas de recarga traen un problema añadido, muy grave: el agua que escurre en las tormentas intensas deja de infiltrarse, y rueda sobre la superficie. 300 puntos de inundación de la metrópolis, con mil millones de pesos en daños por año, son evidencia del pésimo manejo de las aguas, y del largo camino que queda hacia una verdadera gestión integral del recurso.

Desbordamiento urbano

El 60 por ciento de la superficie del acuífero Atemajac-Tesistán y 25 por ciento de la que guarda el acuífero de Toluquilla están invadidos por la mancha urbana, lo que ocasiona fuertes alteraciones en su capacidad de recarga, al estar impermeabilizados por cemento y pavimento. En el caso de Cajititlán, al oriente de la conurbación, el fenómeno es incipiente pero ya registra una sobreexplotación severa.

Según la Conagua, la cuenca de Atemajac-Tesistán cubre 739 km2, con 1,220 extracciones de agua, de las cuales, 357 son industriales, 277 son de uso público-urbano (SIAPA y sistemas locales de agua) y 213 agrícolas. De 147 millones de m3 de recarga, y 127 millones de m3 concesionados, 84.3 millones de m3 van al sistema intermunicipal de agua de la ciudad, La cuenca de Toluquilla cubre 632 km2, con 1,226 extracciones de agua de las cuales, 815 son de riego agrícola y 174 de sistemas de agua locales o del SIAPA. Los decretos de veda para ambas cuencas datan del 3 de febrero de 1951 y el 7 de abril de 1976, respectivamente.

12 acuíferos en riesgo en Jalisco

1 Atemajac

Descensos de 1 a 2 m

Aprovechamientos con niveles de plomo, nitritos, fluoruro y boro, arriba de los límites permisibles

2 Toluquilla

Descensos de 4 a 45 m

Pozos que rebasan los límites permisibles para fluoruro, plomo y nitratos. Existe una zona anómala en donde se tienen altas concentraciones de sólidos totales disueltos hasta de 2,000 mg/l, que se ubica en la parte central del Valle, entre las poblaciones de Toluquilla, San Sebastián y Santa Anita

3 Cajititlán

Descensos de 5 a 8 m

Se afirma que los niveles de Fe y Mn sobrepasan, en muchos casos,los límites permisibles para agua potable. Se observaron niveles altos de cadmio en las 3 regiones geohidrológicas, desde el sur de Guadalajara hasta los límites entre las zonas geohidrológicasde Poncitlán y Ocotlán. Se reporta aprovechamientos con valores altos de nitratos

4 Poncitlán

Descensos de 3 a 8 m

Se reportaron 6 aprovechamientos con valores de nitritos arriba de la norma

5 Ocotlán

Descensos de 4 a 7 m

Presenta varios aprovechamientos con valores de fluoruros por encima de la norma de la SS, según reportan análisis del Instituto Mexicano de Tecnología del Agua (IMTA

6 Ciudad Guzmán

Descensos de 1 a 3 m

7 La Barca

Descensos de 6 a 13 m

8 Ameca

Descensos de 0.9 a 3.5 m

9 Lagos de Moreno

Descensos de 1 a 2 m

10 Puerto Vallarta

Descensos de 2 y 7 m

11 Lago de Chapala

Descensos de 1.0 a 1.6 m

12 Zacoalco

Descensos de 1 a 4 m

Fuente: Las aguas subterráneas en Jalisco, una aproximación a su situación actual, CUCBA, CuValles, Cucei; UdeG