ONU revela preocupación por violencia latente en Azqueltán

Desde Ginebra, Suiza, la relatora especial de pueblos indígenas pide que se resuelva la disputa por los derechos tepehuanos en Villa Guerrero.

Agustín del Castillo / Guadalajara. MILENIO JALISCO.

La disputa territorial entre comuneros tepehuanos de San Lorenzo Azqueltán, en Villa Guerrero Jalisco, y sus oponentes mestizos, ha llamado la atención de la Organización de Naciones Unidas, más por lo que ha pasado que aunque no ha derivado en muerte, se registran conatos violentos y desapariciones forzadas temporales, lo que mantiene en tensión las relaciones sociales de esta región serrana por lo que amenaza con suceder.

La relatora especial sobre derechos de pueblos indígenas, Victoria Tauli-Corpuz, manifestó desde Ginebra, Suiza, su preocupación de que el gobierno mexicano dé cumplimiento ejemplar al Estado de derecho que marca la prevalencia de los títulos virreinales, que en un juicio agrario, establecen la reivindicación de 38 mil hectáreas en posesión de los aborígenes, que constituyen un núcleo único de los O’dam (“los que habitan”, en su lengua original) en Jalisco. Este pueblo tiene sus principales heredades en las extensas montañas de Durango, por lo que es una suerte de trueque cultural ante la presencia de sus vecinos wixaritari (huicholes) en esa otra entidad, como efecto del cercenamiento de la comunidad de Tatei-Kie (el caso Bancos de Calitique) y de las fronteras estatales porosas en la región.

“La relatora expresó su preocupación por el caso, particularmente por la criminalización de las personas indígenas defensoras del territorio. Este pronunciamiento […] se da de forma paralela a la segunda visita de la misión civil de observación a San Lorenzo, realizada los días 19 y 20 de septiembre”.

El secretario ejecutivo de la red de derechos humanos Todos los Derechos para Todos, Fernando Ríos Martínez, destacó en conferencia de prensa que ha habido respuesta del gobierno de Aristóteles Sandoval Díaz y compromisos por parte del presidente municipal de Villa Guerrero, Aldo Gamboa, “no se advierten cambios cualitativos” en el ambiente amenazante que impera en la zona. De hecho, entre mayo y septiembre (el primer mes fue el de la intervención del gobierno del estado para buscar garantizar el respeto delos derechos humanos) ha habido incidentes graves como la destrucción de cosechas de los aborígenes por ganado de los mestizos, o una golpiza propinada por el pequeño propietario Fabio Flores al anciano tepehuano Severiano Aguilar de 77 años, que no derivó más que en una exhortativa de la autoridad institucional y no en la sanción penal que demandaba el caso.

Son quince los expedientes penales que la Fiscalía Regional de Colotlán no ha desahogado desde 2017. Pero en el centro está la falta de una sentencia en la controversia agraria 38/16/2015, en la que los comuneros reclaman se les reconozca y titule la posesión sobre 38 mil hectáreas, de más de 90 mil ha que originalmente, en 1733, les reconoció el rey de España, dijo el presidente de la Asociación Jalisciense de Apoyo a Grupos Indígenas (AJAGI), Carlos Chávez Reyes.

Por su parte, la integrante del Instituto Mexicano para el Desarrollo Comunitario (Imdec), María González Valencia, puso en relieve que llevar a buen puerto la situación conflictiva, en el contexto del cambio de gobierno en Jalisco y la república, demanda compromiso de las autoridades entrantes. Pidió, por ello, que el gobernador electo, Enrique Alfaro Ramírez, designe ya el gabinete que lo apoyará, sobre todo en los asuntos relativos a reforma agraria, gobierno y seguridad interior, pero además, que haga explícita la voluntad de que se mantenga la relación con los grupos civiles a nivel de secretario de estado, como ha sucedido con Sandoval Díaz.

El saldo de violencia en estas montañas de Villa Guerrero ha derivado en tres desapariciones forzadas: dos de comuneros, que fueron liberados tras 48 horas de gestiones, y una de un particular, Ismael Valdez, quien no ha regresado a su casa desde abril pasado. La fiscalía no sabe por qué fue privado de la libertad, pero ese nombre pende como advertencia de una posible violencia si el Estado no asume su responsabilidad.