Colegiado resolverá disputa por tierras de Centro Logístico

El primer comprador de los terrenos se queja de que judiciales federales dan un poder al Registro Agrario Nacional (RAN) en aras de beneficiar al megaproyecto.

Agustín del Castillo / Guadalajara. MILENIO JALISCO. 

El conflicto por los terrenos del ejido El Plan, que fueron incorporados al Centro Logístico o Puerto Seco en los municipios de Acatlán y Zacoalco, pasa ahora por el Cuarto Tribunal Colegiado del Tercer Circuito en materia Administrativa, del que espera recibir justicia el primer comprador de los terrenos, Francisco Javier Gómez Morales.

En el contexto del juicio de amparo 268/2015, el quejoso promovió hace tres semanas un escrito para ampliar sus conceptos de demanda ante la presunta intención de sus contrapartes de generar una sentencia que determine que la disputa, fallada a favor de sus intereses en otro juicio, ya es "cosa juzgada" cuando se sienta sobre una base jurídica que considera inadmisible: que el Registro Agrario Nacional es autoridad que genera derechos con sus actos de inscribir o negar inscripción a documentos emanados de asambleas ejidales.

Es decir, la primer acta, que valida la adquisición de Gómez Morales y otros particulares, data del 17 de noviembre de 2005; la segunda, donde se pretende desconocer esa compra, es del 8 de noviembre de 2009. "Ambas actas cambiaron el destino de tierras de uso común a parcelado del polígono identificado como 4/4 y conocido como El Veladero, y asignaron derechos parcelarios sobre dichas tierras. Sin embargo, en la primera acta se asignaron derechos a determinado número de personas , y en la segunda a personas distintas [...] pretendiendo con ello la asamblea volver a asignar derechos sobre tierras respecto de las cuales se contaba ya con titulares", es decir, atropellando los derechos adquiridos.

El quejoso de esta demanda recibió derechos sobre la parcela 109, con superficie de 45.7 hectáreas según el acta del 17 de noviembre de 2005, pero en el acta de cuatro años después se le desconoce "por cantidades fuertes de dinero que recibió la propia asamblea".

El "truco" para hacerlo lo permitió el propio RAN, que se negó inscribir la primera de las actas bajo el argumento de no haberse generado con quórum legal, "sustentando esa determinación erróneamente en una diversa acta de asamblea, que obraba ante el propio RAN, pero dejando de considerar el padrón de ejidatarios que obra debidamente inscrito en el propio RAN, que incluso continúa surtiendo sus efectos jurídicos puesto que nunca fue privado de ello por autoridad competente"; ese padrón, añade, permite calificar de legal el quórum en que recibió el citado derecho parcelario.

Después llegó el proyecto del Centro Logístico, impulsado por el gobierno de Jalisco, el cual "plusvalizó esta propiedad", lo que despertó "la ambición y conductas delictivas por distintos integrantes del ejido de referencia y por terceras personas me he enterado que han ofrecido enormes cantidades de dinero por los terrenos que el suscrito adquirió para mí y mi familia", lo que derivó en que se buscara anular la primera asamblea.

Por eso acudió al Tribunal Unitario Agrario 16 (juicio 659/16/2009), posteriormente derivado al TUA 15 con el número 524/15/2012. La sentencia de ese tribunal le dio la razón(9 de mayo de 2013), que ordenó el registro de la primer acta, anuló la de 2009; los afectados interpusieron un recurso de revisión ante el Supremo Tribunal Agrario (308/2013-15), que revoca la sentencia argumentando que el ejido debe ser beneficiado con la "suplencia de queja"; una carretada de amparos directos contra la sentencia del TSA, de la parte originalmente demandada, recaen en el Cuarto Tribunal Colegiado del Tercer Circuito, que da la razón a la contraparte de Gómez Morales, quien vuelve a tropezar en la revisión de la sentencia y por ello acude, en enero de este año, al amparo directo 268/2015, pendiente de resolución.

RAN no genera derechos

La base de la impugnación contra la decisión de jueces y magistrados federales de revocar la sentencia agraria favorable a los derechos de Gómez Morales, se funda en dos principios: los tribunales agrarios son los competentes para determinar derechos agrarios, y el Registro Agrario Nacional (RAN) es una simple instancia de registro, como el Registro Público de la Propiedad, que publicita, pero no crea derechos. El quejoso confía en que le den la razón.

El Centro Logístico se extiende sobre más de mil ha, pero son 269 ha las que están en disputa desde el año 2009.

SRN

UN APUNTE OBLIGADO: TITO LUGO Y EL PERIODISMO EN JALISCO

Agustín del Castillo / Guadalajara

El pasado mes de marzo de 2016, la Asociación Mexicana de Hidráulica, capítulo Jalisco, que preside el ingeniero Guillermo Vargas Rojano, me invitó a dar una plática en un ciclo de conferencias en torno al agua, para poner en claro ante sus agremiados el papel de los medios de comunicación ante los conflictos que por el tema se dan en el país. Titulé mi intervención -que fue tal vez el 14 de marzo, al filo de la noche-, “Periodismo y los conflictos del agua, una agenda urgente”. Entre quienes me escuchaban se encontraba el director de la Comisión Estatal del Agua, Felipe Tito Lugo Arias, a quien conozco desde hace dos décadas y media y de quien siempre he tenido deferencias profesionales y un respeto irrestricto a mi trabajo como comunicador.

El día de ayer, al comparecer ante los diputados de la Comisión Especial del Agua, creada ex profeso para afrontar la crisis política y social desatada por la disputa de las aguas del río Verde, el funcionario se ha encargado de recordar mi punto de vista sobre el tema.

En esa aportación mía a las conferencias, recordé ante los ingenieros y administradores del agua una frase que le ha quedado muy nítida en la memoria al titular de la CEA Jalisco, y que en realidad es autoría del periodista argentino Horacio Verbitsky. La repito una y otra vez ante la urgencia de que la institución periodística no pierda la brújula sobre su papel esencial, que no es ser soporte y legitimador de los proyectos del poder, por más buenos que estos sean; sólo en la medida en que los periodistas lo recordemos, estaremos en posibilidad de mantenernos como un contrapeso de los poderes institucionales y fácticos, aquello que ha descrito recientemente Diego Petersen -a propósito de los frecuentes desencuentros de Enrique Alfaro, alcalde de Guadalajara, con los medios de comunicación locales-, como “los perros guardianes de la democracia” (http://opinion.informador.com.mx/Columnas/2016/06/27/es-el-tonito/), una vieja receta que en México ha sido especialmente complicada de cristalizar por la histórica colusión de prensa y poder que nos heredó el viejo PRI, y del que sus sucesores quieren echar mano como si fuera el patronato que el papado le concedió a la monarquía española sobre la iglesia católica, reclamado en el México independiente por gobiernos confesionales, laicos e incluso antirreligiosos... o sea, como si fuera parte inherente de la función del Estado, que no cree en la patraña esa de la “prensa libre” y siempre ve a un conspirador político detrás de esos fuegos vertidos por la libertad informativa (casos recientes: la cobertura de Mural de los antecedentes criminales del hoy ex presidente del Supremo Tribunal de Justicia Carlos Vega Pámanes, o la cobertura crítica de los controles de confianza del jefe policiaco tapatío Salvador Caro Cabrera por Milenio Jalisco).

El caso es que hice mía en esa presentación la ruda y esencial definición de periodismo de Verbitsky. Periodismo “… es difundir aquello que alguien no quiere que se sepa, el resto es propaganda. Su función es poner a la vista lo que está oculto, dar testimonio y, por lo tanto, molestar. Tiene fuentes, pero no amigos. Lo que los periodistas pueden ejercer, y a través de ellos la sociedad, es el mero derecho al pataleo, lo más equitativa y documentadamente posible. Criticar todo y a todos. Echar sal en la herida y guijarros en el zapato. Ver y decir el lado malo de cada cosa, que del lado bueno se encarga la oficina de prensa; de la neutralidad, los suizos; del justo medio, los filósofos, y de la justicia, los jueces. Y si no se encargan, ¿qué culpa tiene el periodismo?” (en “Un mundo sin periodistas”).

El pasado 27 de octubre, saludé a Tito Arias previo a una reunión de trabajo sobre desarrollo urbano en Casa Jalisco, que presidió la titular federal de ese tema, la ex regente capitalina Rosario Robles Berlanga. En esa ocasión, al lado del urbanista Francisco Pérez Arellano, el director de la CEA me recordó los puntos de mi plática de marzo, en tono que iba de la ironía al reproche, y particularmente dijo algo que me obligó a corregirlo: que yo había dicho que el trabajo de la prensa era generar conflictos porque vivimos del conflicto. Yo le dije, palabras más o menos: “no, no creamos conflictos, los encontramos; las sociedades democráticas viven inmersas en el conflicto y es nuestra tarea identificarlos y convertirlos en tema de discusión y debate por el bien de esa misma sociedad”.

Ayer, en palacio de gobierno, Lugo Arias ha vuelto a esa idea. Dijo: "Yo siento que eso nos ha afectado en Jalisco desde hace mucho, porque los medios de comunicación crean conflictos, fomentan el debate, informan lo que supuestamente se oculta, crean controversia y no son amigos de nadie […] la cuestión mediática que ha creado un punto de opinión negativa en la sociedad nos tiene en estas circunstancias” (ver http://www.mural.com/aplicacioneslibre/articulo/default.aspx?id=985819&md5=b8ec38b5e0b1023fe7bbdeba408e6852&ta=0dfdbac11765226904c16cb9ad1b2efe).

El resumen que ofrece Mural parte de este primer párrafo: “Si no ha habido un avance en el tema de abasto para la Zona Metropolitana de Guadalajara, es porque los medios no lo han permitido”. Sigue: “El Comisionado Estatal del Agua insistió en que la sociedad, los políticos y los medios de comunicación son los causantes de que los proyectos como El Zapotillo no se lleven a cabo…”.

Peligrosas conclusiones, porque hace parecer que los medios de comunicación son enemigos de que la sociedad funcione bien. Y parece un guiño nostálgico a esos tiempos en que lo que se dictaba desde la presidencia de la república, o el palacio de gobierno, o el palacio municipal, se acataba, y todo era armonía y eficiencia: los desplazados eran un mal necesario pero casi nadie hablaba de ellos. Los efectos ambientales y económicos como los que afronta la meseta alteña con el trasvase de El Zapotillo a León ni siquiera formaba parte del sistema de cuentas y saldos de los proyectos.

Lástima que un ingeniero tan capaz como Tito Lugo no reconozca que la base de un sistema democrático es la discusión, que los datos de un proyecto incluyen territorio y sociedad, y no como antes, que pendían sólo de la decisión de élites, y que hoy nadie tiene de antemano el poder de imponer nada. O no debería. Pero si se considera el renovado prestigio de modelos autoritarios tipo Sudamérica o la retórica agresiva contra los medios del nuevo presidente electo de Estados Unidos, Donald Trump, tal vez él está bien y nosotros mal en la interpretación de los tiempos históricos. Lo que refuerza la percepción de que vienen tiempos difíciles para las libertades básicas en este hemisferio.

No está de más recordar la manida frase del vizconde de Chateaubriand, premisa básica de las sociedades democráticas que nacieron tras la revolución francesa. “La libertad de prensa es el fundamento de todas las libertades […] prefiero la libertad sin Constitución a la Constitución sin libertad”. Lo primero que suprimen los dictadores es la libertad de prensa y caen como dominó todas las demás. Porque en materia de libertad, incluso para la más primaria, la de pensamiento, no debemos olvidar: si no se puede decir, no existe.

Ciudadanos piden que se corrija el POTmet

Entregaron al Consejo Ciudadano Metropolitano (CCM) y al Imeplan las conclusiones de dos foros y siete razones por las que es necesario ajustar el instrumento a las nuevas realidades

Agustín del Castillo / Guadalajara. MILENIO JALISCO. 

El Foro de Análisis Colectivo, integrado por asociaciones y profesionales ligados al desarrollo urbano, entregó ayer, tres meses después de la discusión, un pliego de peticiones al Consejo Ciudadano Metropolitano (CCM) y el Instituto Metropolitano de Planeación (Imeplan) para que se haga una revisión de fondo al Plan de Ordenamiento Territorial Metropolitano (POTmet), el documento que regirá al área metropolitana de Guadalajara las siguientes tres décadas.

El motivo de la demora es que no estaba debidamente constituido ni había entrado en funciones el CCM, que es la instancia que pese a tener el problema de que sus representantes le deben el cargo a los nueve presidentes municipales, está obligada a representar a los 4.7 millones de habitantes de la conurbación. Y el Imeplan, que es la instancia técnica, y es la que hipotéticamente debe establecer el proceso de discusión, análisis y la propuesta de ajustes del discutido plan aprobado desde finales de junio de este año.

Los foristas fueron representados por los urbanistas Héctor Castañón, Arturo Gómez Ibarra y Alfredo Hidalgo, y la reunión se realizó en salones adyacentes a las oficinas del Imeplan, bajo la presidencia del titular de este organismo, Ricardo Gutiérrez Padilla.

El escrito entregado consta de siete planteamientos generales que resumen todas las ideas emanadas del foro de por qué es necesario ajustar el POTmet.

Uno, “para adecuarse a los nuevos marcos de referencia [Nueva Agenda Urbana, Agenda 2030 – ODS, Nueva Ley de Asentamientos Humanos y Agenda Local del Hábitat propuesta por Organizaciones de la Sociedad Civil]”; dos, “Para alinearse al Plan de Desarrollo Metropolitano, tras la extensión del periodo para participar en su discusión”; tres, “para fortalecer su apuesta por la equidad en: acceso a la vivienda y suelo productivo, atención de asentamientos irregulares, seguridad en la tenencia de la tierra y abatimiento del déficit de infraestructura, equipamiento y servicios de calidad en áreas de marginación”.

Cuatro, “para ser más efectivo en contener la expansión urbana: ajuste a propuesta de centralidades y NEUS [Nuevo Entornos Urbanos Sustentables; definición, tipología y características], revisar la estructura de los sistemas de transporte, y detallar estrategias para la reconfiguración del espacio urbanizado”.

El punto cinco es “para mejorar su aporte a la sustentabilidad urbana a través de la gestión integrada de agua y suelo [gestión del ciclo integral del agua], conservar los ecosistemas que proveen servicios ambientales – zona de amortiguamiento del bosque La Primavera, conectividad de corredores biológicos metropolitanos, estrategias de gestión de El Bajío del Arenal y el valle de Tesistán-, estrategias para mejorar calidad del aire vía movilidad sustentable, y su armonización con POELs [Programas de Ordenamiento Ecológico locales]”.

Seis, “para orientar efectivamente los instrumentos de planeación y gestión municipales: directrices de programas municipales de desarrollo urbano y planes parciales de urbanización, recomendaciones sobre reservas, parámetros e instrumentos financieros y de gestión”.

Finalmente, “para mejorar el sistema de información que permita evaluar los instrumentos de ordenación por medio de indicadores y metas para el modelo tres 3 C [ciudad compacta, cercana y conectada]: densidades, oferta de vivienda social, huella de ciudad, accesibilidad, proximidad. En el trabajo Expansión urbana [del Imeplan, del año 2015] existen varias propuestas útiles para el sistema de seguimiento; también en el trabajo de implementación de los ODS [objetivos para el desarrollo sostenible]-Agenda 2030”.

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Confianza

“Vimos receptivos a los consejeros y hubo un trato afable a nuestro planteamiento, esperemos que se pueda generar un buen esquema de trabajo para avanzar pronto”, dijo a MILENIO JALISCO el urbanista Héctor Castañón. Asistieron al encuentro representaciones de siete de nueve municipios y el titular del Imeplan.

También se entregaron los pormenores de la nueva agenda urbana para Guadalajara discutida en la ciudad tras la reunión de Hábitat III en Quito, Ecuador, de octubre pasado.
MC

Río Verde, el agua de las discordias

Entre un mar de dudas, la Unops apuesta por arrojar evidencias por medio de análisis diferentes y metodologías más integrales de la cuenca.

Agustín del Castillo / Guadalajara. MILENIO JALISCO. 

Nunca fue más acuciante tener información real sobre uno de los recursos más omnipresentes en la naturaleza, pero paradójicamente, hoy escaso: el agua. Sobre todo en una cuenca como la del río Verde, escenario de una disputa que alcanza ya dos décadas y que se ha acrecentado con el proyecto de trasvase a la ciudad de León, Guanajuato, una cuenca vecina donde los usos y concesiones de agua son tan disputados como en la meseta alteña.

Es decir, parece que por evitarse un conflicto local, la urbe de El Bajío lo traslada hacia los vecinos rurales de Los Altos de Jalisco, políticamente menos relevantes ante la fortaleza y preeminencia que ha mostrado el Grupo Guanajuato desde que Vicente Fox fue gobernador, y luego presidente de la república, reconoce el presidente del Consejo Regional para el Desarrollo Sustentable (Conredes), y coordinador del Observatorio Ciudadano del Agua en Jalisco, Juan Guillermo Márquez Gutiérrez.

Nativo de San Juan de los Lagos, e impulsor desde hace más de diez años de soluciones a los problemas ambientales que permitan mantener la comarca alteña como la principal productora de alimentos de origen animal del país (aporta 20 por ciento de la proteína de origen animal), destaca que sin agua esa posibilidad es aciaga, y justamente es lo que depara entregar casi 120 millones de metros cúbicos anuales a León, considerando que no hay tanta agua como asegura el sector oficial, y que los usos y derechos están al tope.

Ofrece algunas cifras: “la disponibilidad de agua en la región alteña se ha reducido mientras que aumentó la demanda de agua por incremento de población y demanda de alimentos; en cuanto al agua subterránea, apenas de 2010 a 2015, la disponibilidad total de la región se redujo a la séptima parte, y en cuanto al agua superficial, la disponibilidad media anual del río Verde se redujo aun sexto entre 2002 y 2007”. En Los Altos, 67 por ciento del agua concesionada es subterránea, pero no se puede olvidar la relación entre la superficie y el subsuelo, pues el ciclo del agua las integra.

Esta información se basa en datos oficiales de la Comisión Nacional del Agua (Conagua), por más que son contradictorios e insuficientes, pues por ejemplo, los mantos subterráneos apenas están estudiados y las mediciones hidrométricas en estaciones a lo largo de las cuencas superficiales son cuestionados por la falta de presupuesto que crónicamente se asigna a la hidrometría, lo que deriva que hay estaciones con tecnología anticuada que a los críticos no les ofrece certidumbres del agua que corre.

Con esta situación se debe tomar la Oficina de Naciones Unidas de Servicios para Proyectos (Unops, por sus siglas en inglés), que tiene a su cargo la elaboración de un estudio hídrico que va a ser determinante para la decisión del gobierno de Jalisco respecto a la defensa de la cuenca: aceptar el trasvase porque si hay agua, o bien, impugnarlo ante el gobierno federal porque su extracción condenará a la región.

La Unops ha entrado a un ciclo de comunicación pública intensivo en el tema, sobre los alcances de su análisis hidrológico y por qué, con los datos de la Conagua, sí es posible leer más allá de lo que hasta ahora se ha visto.

En una entrevista realizada antes de que se abriera el periodo de difusión de la elaboración del instrumento, en agosto pasado, el asesor para América Latina, Alejandro Rossi, y la directora del Proyecto Jalisco Sostenible Río Verde, Eliana Ames, explicaron a este diario los alcances.

- Hay escepticismo de que con los datos insuficientes de la Conagua se pueda generar datos distintos y más reales del tema del agua, ¿ustedes qué responderían?

- Es una buena pregunta, y la preocupación es válida, pero está probado por la ciencia que muchas veces con datos muy similares se puede llegar, con la aplicación de buena tecnología, a conclusiones muy diversas […]Conagua lee esos datos hidrológicos que tiene recolectados, con base en un modelo regulatorio que es la norma oficial mexicana 11 de 2015, y no es que consideremos que está mal, simplemente la norma mira un determinado número de elementos y no otros; justo ahí hay una diferencia: no estamos limitados por la normatividad mexicana, sino que estamos usando las reglas del arte para reflejar la situación hidrológica de la manera más completa posible, a partir de  la información que existe, más los aforos referenciales que se están realizando ya en varios lugares de la cuenca; un segundo punto es el tema del alcance; la buena práctica indica que hay que usar la serie hidrológica más amplia para que las conclusiones estén basadas en evidencia objetiva y no en meras conjeturas; a partir de esa información, la Conagua llega a un juicio presente, de si el agua es suficiente o no, y la Unops además hace una mirada al año 2030, a 2050 y a 2100, con la información […] no sólo los datos hidrológicos sino también las proyecciones y los escenarios de cambio climático que se denominan forzantes hidrológicos, en el marco del estudio que estamos haciendo; entonces el alcance va a ser diferente…

Un tercer punto que destacan es “la metodología que estamos utilizando; porque la Conagua parte de la información que tiene recolectada sobre usos y demandas en su Registro Público de Derechos de Agua, y la Unops no está basada solo en esta información sino que va a realizar una serie de indagaciones a través de cruzamiento de las bases de datos disponibles para establecer las demandas reales más allá que estén registradas en el Repda[…] así se va a llegar a números más realistas del agua que se utiliza”.

El análisis es rico y variado por las diferencias de software; mientras la Conagua usa uno denominado Estela, “nosotros hemos elegido un modelo hidrológico matemático que en definitiva procesa toda la información, y que se llama Weap [Water Evaluation and Planing], y ese modelo permite además de ver una situación presente, y tener escenarios de simulación, por eso vamos a poder dar escenarios de futuro, de lo que pasa actualmente en el río Verde, y de lo que puede llegar a pasar si las condiciones de demanda o de estrés hídrico aumentan o disminuyen”.

Otra diferencias a resaltar, concluyen, es que el sistema de Conagua da promedios anuales pero el estudio de la Unops ofrece cortes mensuales, lo que permite “ver en qué momento realmente se producen los grandes picos, de sobreabundancia o de escasez en el sistema, para ver si con una información anual nosotros podemos llegar a la conclusión de que no hay problemas de agua, y con una información mensual podemos llegar a concluir que en algún determinado momento del año hay sectores de la población que pueden carecer de agua, y esto es importante para graduar las estrategias de distribución y uso…”.

Agua subterránea, casi en ceros

Muy complicado querer determinar si hay agua en una cuenca cuando no hay registros constantes del agua subterránea, la extensión de los acuíferos no ha sido bien determinada y sobre todo, las relaciones de esos ríos subterráneos para saber sobre qué espacio territorial se dan las posibles tributaciones y si hay conexión de un acuífero a otro. Los responsables de Jalisco Sustentable Río Verde lo reconocen.

“Definitivamente hay elementos para mejorar la información de aguas subterráneas,  porque hay una gran asimetría entre la información de agua superficial y la información de agua subterránea; hay algunos estudios parciales, referidos, algunos segmentos estudiados en algunos sectores, y en otras áreas falta información; lo que es importante es decir es un estudio de 17 u 18 meses no puede sustituir la ausencia de una serie de datos hidrológicos subterráneos, y de ninguna manera el proyecto nuestro trata de decir algo que no es; la base de línea de la Unops es comunicar sobre la base de la verdad, la verdad sobre esto que hay gran diferencia entre la disponibilidad de datos subterráneos y superficiales, y lo que vamos a hacer en relación al agua subterránea es trabajar en relación a los datos disponibles, pero poner de manifiesto en las conclusiones del estudio, qué información está faltando, para tener un juicio más certero”, señala Alejandro Rossi.

Esto derivará en recomendaciones “tanto en materia de agua subterránea como en materia de calidad de agua […] es importante trazar una hoja de ruta, sobre qué información hace falta, en qué lugares es crítico tenerla, y cómo desarrollar una estrategia para recolectar esa información de una manera ágil”.

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Los datos

En el trabajo de balance hídrico participan especialistas en hidrología, geología, agronomía, edafología y gestión ambiental

El estudio abarca más de 20 mil km2, la superficie total dela cuenca

Trabajos de campo: aforos, batimetrías, levantamiento de suelos o evaluación de las redes hidrometeorológicas; determinar la interrelación que existe entre las aguas superficiales y subterráneas, evaluando los procesos de infiltración y percolación (infiltración profunda del agua)

Unops presentará en abril de 2017 un informe sobre la disponibilidad de agua superficial, así como recomendaciones para la macroplaneación de obras hídricas en el Río Verde.

Nuevos verificentros, "negocio a costa del ciudadano", denuncian

Dueños de talleres acreditados anuncian escalada legal en contra de la nueva ley aprobada por diputados, que aseguran, sólo reducirá emisiones en 2%

Agustín del Castillo / Guadalajara. MILENIO JALISCO. 

El nuevo modelo de verificación es un impuesto a la tenencia disfrazado que le costará a la sociedad de Jalisco al menos seis mil pesos anuales por dueño de automotor en multas, holograma, placa verde y demás requisitos, además de ser una fuente de ingresos extraordinaria para los empresarios que han sido favorecidos por el gobierno en esta reforma, aseguró esta mañana el presidente de la Asociación de Talleres Acreditados, Jaime David Aldrete.

En una conferencia de prensa realizada en la plaza de la Liberación, justo frente al ingreso al palacio legislativo, el dirigente gremial acusó a los diputados priistas y del Partido Movimiento Ciudadano por negociar "en lo oscurito" un decreto que a su juicio, perjudica a los habitantes de la ciudad y del estado, lo que se evidencia ante el raquítico beneficio ambiental: él calcula que la reducción de emisiones rondará 2 por ciento, y la misma autoridad, la Secretaría de Medio Ambiente y Desarrollo Territorial, lo estimó en 7 por ciento.

Por ello, se interpondrán amparos y juicios de nulidad para impugnar esta ley que crea los verificentros en Jalisco, que perjudica a los dueños de 468 talleres mecánicos acreditados, quienes no tendrán la capacidad de afrontar inversiones, que en el decir de Aldrete, van de seis a diez millones de pesos por línea de verificación. No obstante, aseguró que tienen materia legal para impugnar porque sus concesiones en algunos casos se prolongan hasta el año 2021, lo cual les da derechos en el tema.

El dirigente dijo que durante el último año han insistido en que se establezca un modelo de verificación más realista para los bolsillos de los ciudadanos y que se tome en cuenta a quienes hicieron inversiones y trabajaron de modo ejemplar durante la primera generación de la verificación, pero destacaron que la autoridad tuvo oídos sordos en el tema. También recordó que los mecánicos han ensayado tecnologías nuevas para reducir el consumo de hidrocarburos, que a fin de cuentas es el aspecto medular del problema, pero nunca obtuvieron eco, lo cual los deja en la precariedad. Durante las propuestas que presentaron, contaron con asesoría de investigadores de la Universidad de Guadalajara como Miguel Magaña Virgen y Antonio Gómez Reina, y lamentaron que tampoco los expertos hayan sido escuchados.

En el caso de los moradores de ciudades medias como Zapotlán el Grande, Ocotlán, Tepatitlán o Lagos de Moreno, la falta de líneas de verificación los obligará a acudir al área metropolitana de Guadalajara, lo que a su juicio revela la absurda planeación del programa.

Terrenos de Huentitán los adquirieron para parque

Compras y expropiación se justificaron para bosque y parque de recreo; se afectaron un ejido y predios privados en el área hoy de Iconia y recinto ferial.

Agustín del Castillo / Guadalajara. MILENIO JALISCO. 

El 9 de septiembre de 1983, el Ayuntamiento de Guadalajara publicó la solicitud de expropiación de los terrenos del ejido Huentitán El Bajo para integrar el paño de predios que pasarían a convertirse en el núcleo de un parque metropolitano en el norte del municipio. Era alcalde interino Eduardo Aviña Bátiz. 33 años después, se pretende cambiar la vocación de los terrenos de la zona con proyectos como Iconia y el recinto ferial, lo cual roza la ilegalidad.


Porque va en los mismos términos la escritura pública 2812, por la cual se verifica la compra-venta del municipio al "Patronato de la Habitación Popular" del 10 de marzo de 1981, cuando despachaba en palacio municipal Arnulfo Villaseñor Saavedra. La cláusula IV señala que el inmueble "va a ser destinado a servicio público", en específico un parque, y alude a la Ley Orgánica Municipal del Estado en su artículo 76.


En el caso ejidal, el anuncio aparece en el Diario Oficial de la Federación, y está dirigido al jefe del Departamento de Asuntos Agrarios y Colonización del gobierno federal: "En cumplimiento del acuerdo de Cabildo de fecha 29 de enero del año en curso a cuyas consideraciones y razonamiento nos remitimos, ocurro ante ese H. Departamento de conformidad con el artículo 286 del Código Agrario en vigor a solicitar expropiación de terrenos ejidales, ajustando mi propia solicitud a los términos de la disposición en vigor y al efecto señalo: 1.-Bienes concretos que se proponen como objeto de expropiación: 99-99-00 Has. pertenecientes al ejido de Huentitán, El Bajo...".


Son "cuatro paños adyacentes de tierras"; el primero, de 69-99-30 hectáreas; el segundo de 21-81-60 ha; el tercero de 5-45-40 ha y el cuarto de 2-72-70 ha.


En el apartado II señala el destino "que pretende dárseles: hacer plantación de árboles para constituir un bosque con zona de recreo anexa". La causa de utilidad pública que se invoca: "beneficiar el clima de la ciudad de Guadalajara actuando el bosque como pulmón purificador y regulador del ambiente; zona de recreo para los habitantes de la ciudad de Guadalajara y poblados circunvecinos; constituir un nuevo motivo de atracción turística para la ciudad de Guadalajara por encontrarse dicha zona inmediata a la ciudad y aprovechar los escenarios naturales del terreno y de la barranca de Oblatos en cuya ceja termina dicha zona; como consecuencia de lo anterior mejorar la forma de vida de los habitantes de este municipio".


Entre los planos y documentos probatorios y complementarios "que se estiman necesarios e indispensables para dejar establecidos los puntos anteriores", se ofrece: uno, plano certificado de la zona, indicando la superficie que se pretende expropiar para la formación del bosque; actas de posesión y deslinde para el ejido de Huentitán el Bajo, debidamente certificados; acuerdo de los ejidatarios, "aceptando el proyecto en cuestión, y la solución al mismo, emanada de las autoridades competentes en el caso"; acuerdo "del H. Cabildo de este Municipio, aprobando la adquisición de los inmuebles ya mencionados y las mejoras que se les harán mediante el proceso de expropiación"; oficio expedido por el gobierno del estado "expresando conocimiento y anuencia a dicho procedimiento".

Así, sigue el documento, "estimando haber llenado los requisitos necesarios para integrar el expediente, rogamos se admita la solicitud de expropiación mandándose tramitarla en forma, rendir dictamen favorable en su oportunidad, dando cuenta al señor Presidente de la República con él mismo para que resuelva en definitiva y en su oportunidad previos todos los trámites marcados por el Código Agrario, expedir los títulos respectivos y dar posesión a este Ayuntamiento de los terrenos materia de esta solicitud de expropiación" (ver documento en http://www.dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=4807383&fecha=09%2F06%2F1983).


¿Cuál es el riesgo de cambiar el destino? La ley "regula la posibilidad de reversión total o parcial de tierras ejidales expropiadas cuando los bienes expropiados son utilizados con un fin distinto a lo planteado en la exposición de motivos, o si transcurrido un plazo de cinco años no se ha cumplido con la causa de utilidad pública que dio origen a la expropiación. El procedimiento de reversión será llevado a cabo por el Fideicomiso de Fondo Nacional de Fomento Ejidal ejercitando las acciones necesarias para restaurar las tierras ejidales a su patrimonio", señala el diccionario virtual http://definicionlegal.blogspot.mx/.

Habría que definir cuáles de los proyectos del Plan Maestro de Huentitán están asentados sobre la expropiación ejidal (sin olvidar que los predios de origen privado tienen el mismo candado: el destino). Independientemente de eso, queda claro que los procesos de compra y expropiación en esa época fueron para proyectos muy distintos a los que ahora se están promoviendo.

Tonalá, la lucha por el cerro de la Reina

Impulsos modernizadores y viejas tradiciones, usos públicos y tendencias económicas privatizadoras, reseñadas en un libro que presenta mañana colectivo local.

Agustín del Castillo / Guadalajara. MILENIO JALISCO.

En Tonalá, las luchas entre la tradición y los impulsos modernizadores es de larga data: en 1905, las "buenas conciencias" del pueblo, influidas por el porfirismo positivista, prohibieron la arraigada "jugada" de los tastoanes y lograron que durante dos décadas el festejo quedara proscrito. Hasta que un tonalteca de apellido Ladino volvió a sacar de la clandestinidad, en 1925, el inveterado festejo de la conquista católica de las tierras infieles, disfrazada eficazmente en la lucha de moros y cristianos.

Salud Ventura Navarro y Ebdeen Yacer Ventura Herrera, autores del libro "Defendamos el cerro de la Reina", que será presentado mañana a las siete de la noche en el Centro Cultural Los Ariles, enclavado en Juárez 309, de Tonalá, destacan que el enfrentamiento por la conservación de esa prominencia orográfica que las consejas señalan como antigua morada de la reina Cihualpilli, aunque data de los últimos tres años, es en realidad una nueva expresión de esa vieja rencilla: de si un pueblo de indios se verá más moderno y desarrollado si se ve menos indio. Evidentemente, los autores y el movimiento que reseñan piensan que no.

El conflicto actual deriva de la decisión, tomada sin consulta pública y bajo criterios discrecionales, del ayuntamiento de Tonalá 2012-2015, de ceder al gobierno del estado 8 hectáreas públicas de ese cerro que domina el paisaje del oriente citadino, para construir un gran proyecto denominado Yolkan. Esto integró una gran resistencia de los usuarios de la zona, que tienen en el predio uno de los pocos espacios de recreación, y la ulterior conformación del Colectivo Defendamos el Cerro de la Reina, que tanto en acciones de resistencia civil como en el ámbito judicial, lograron detener la tentativa. En noviembre de 2015 el proyecto fue cancelado, pero el acta de cabildo que da sustento a la cesión no ha sido derogada, por lo que se mantiene un juicio vigente contra esa decisión administrativa.

"Tonalá actualmente está creciendo su población, actualmente son cerca de medio millón de personas, y esto trae consigo nuevos elementos de infraestructura; en la parte exterior del cerro de la Reina ya hay muchas colonias que amenazan la zona; además de que es un punto cultural esencial, se nos olvida que es zona de recarga de agua, Tonalá está lleno de manantiales cuya importancia no sólo es en términos de la vida cotidiana de la población y la economía, sino ese carácter sagrado que le dan al agua; el día de la Santa Cruz se siguen haciendo ritos en capillas que se constituyeron desde el siglo XIX que ligan la religión con el agua", añaden los autores.

Eso ha sido trascendente hasta la fecha. Los vecinos protegieron el sitio y se han encargado de reforestarlo a lo largo de todo el tiempo de la resistencia. Y si bien quieren alcanzar acuerdos para garantizar que siempre sea un espacio público, no se desistirán del juicio vigente hasta que la polémica acta de cabildo quede sin consistencia legal. El libro, que se venderá a 100 pesos, es un esquema más de financiamiento para lograr mantener los objetivos del movimiento y lograr hacer prevalecer los intereses públicos sobre los privados o de negocio, en una de las demarcaciones más pobres de la metrópoli.

SRN