Fondo Iconia, trece reuniones sin un “sí”

Un proceso solicitado por transparencia aclara que las organizaciones ciudadanas se opusieron a permitir Iconia y firmaron “de enterados” el plan maestro de Huentitán.

Agustín del Castillo / Guadalajara. MILENIO JALISCO. 

Si se revisan las trece minutas generadas de sendas reuniones de trabajo que sostuvo el Ayuntamiento de Guadalajara con representantes de organismos civiles de la zona de la barranca de Huentitán, entre el 19 de febrero y el 17 de junio de 2016, es difícil arribar a la conclusión de que los vecinos avalaron el Plan Maestro de Huentitán, y mucho menos sus aspectos más polémicos, como el Fondo Iconia, el recinto ferial o el museo del parque Mirador.

El Ayuntamiento de Guadalajara ha insistido ante la opinión pública de que consultó a las organizaciones sociales del norte de la ciudad, cuatro distritos urbanos que se extienden entre el límite nororiental con La Experiencia (Zapopan) y los antiguos baños de Oblatos. Allí habría socializado el plan, y posteriormente, sería fortalecido con una encuesta de resultados positivos. El alcalde Enrique Alfaro dijo que "casa por casa" obtuvieron el respaldo, y descalificó a los opositores el día en que hicieron la simbólica clausura del predio de Iconia, el 11 de agosto pasado.

La realidad documental entregada por Guadalajara a través de un procedimiento de transparencia es que hubo trece reuniones con presencia diversa de 40 personas correspondientes a 22 instituciones tanto de la sociedad civil como de instancias de gobierno. La presencia fue fluctuante durante el proceso; mientras a la primera cita acudieron trece personas, a la última, con la presencia del alcalde, sólo se reunieron once.

Las minutas firmadas demuestran que se estuvo lejos de llegar a acuerdos, al grado, que el presidente municipal reconoce en la cita del 17 de junio que la firma de los asistentes no validaba el plan maestro, sino solamente era una notificación "de enterados".

Dentro de los esquemas de validación que insistentemente se señalaron como instrumento para que la decisión última contara con respaldo social, estuvo la elaboración de una encuesta. En la sesión número seis, se puso sobre la mesa un ejercicio de ese tipo que elaboraría la dirección de Participación Ciudadana, pero en las trece reuniones no se dio ningún dato de que se aplicaría la encuesta y su resultado.

"Nunca conocimientos ese resultado, es algo que no se nos informó; sabemos que el gobierno del estado está haciendo una porque busca lograr que se apruebe el recinto de las Fiestas de Octubre; en los dos casos, se han dado a nuestras espaldas", dijo ayer a MILENIO JALISCO Norma Leticia de Lara. De la colonia Panorámica de Huentitán, firme opositora al proyecto de Iconia.

El reportero solicitó al director de Gabinete del ayuntamiento, Hugo Luna, la posibilidad de conocer los resultados de la encuesta, pero al cierre de esta edición, no había obtenido una respuesta.

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Ocho años de privatización

Iconia es el último nombre de un proyecto que arrancó bajo el nombre de Puerta Guadalajara y que se decidió bajo la administración municipal de Alfonso Petersen Farah. Bajo los candiles de los juegos panamericanos (2011), y la intención de hacer el estadio de atletismo en el predio El Disparate, el alcalde decidió aprovechar la construcción de la primera línea de Macrobús para atraer inversionistas españoles de vivienda vertical, y cederles un predio de 13.6 hectáreas propiedad de la comuna desde 1982. Desde que se dio la cesión, comenzó la impugnación ciudadana, la cual no ha terminado ocho años después.

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Claves

Trece reuniones, ningún sí

• Primera mesa de trabajo zona Huentitán. Lugar: Dirección de proyectos de espacio público (allí serán todas, excepto la final). Asisten doce ciudadanos con el director de proyectos para espacio público, Ricardo Agraz Orozco (consultar lista contigua de asistentes a 13 reuniones). En los temas a tratar "se manifiesta una clara y rotunda oposición al plan Voltea a la Barranca, ya que lo consideran depredador"; piden el área natural protegida y se enlistan todos los proyectos a discutir: zona turística y parque en Puerta a la Barranca; parque natural Huentitán; recinto ferial Fiestas de Octubre; Iconia; planetario; parque Mirador; Voltea a la Barranca; planes parciales; organización/vinculación entre gobierno y ciudadanos; vialidades y destino del predio El Disparate.

26 de febrero.

• Diez asistentes. Se abordan las propuestas de Jardín Botánico y del Parque Huentitán. 4 de marzo, once asistentes. Se detalla propuesta de programa arquitectónico del parque Huentitán. 11 de marzo, 14 asistentes. Se firma un acuerdo del plan arquitectónico del parque; se menciona la necesidad de investigar sobre "el predio en la calzada" (alusión a Iconia).

18 de marzo.

• 17 personas presentes; sólo se abordaron avances de Parque Huentitán y se pidió a los presentes ser "propositivos". 8 de abril, 20 asistentes. Ricardo Agraz señala que "es inminente que en las próximas sesiones de cabildo se someta como respuesta formal al gobierno del estado una negativa ceder el terreno del Parque Huentitán al recinto ferial y mantenerlo como parque de propiedad municipal". Se anuncia la preparación de la encuesta; los representantes ciudadanos piden ser incluidos en la elaboración para "garantizar que sea información veraz y no inducida; además proponen algún tipo de contraloría ciudadana". Se da a conocer por el ayuntamiento la intención de que Iconia "ceda una parte considerable" de terreno para el parque.

15 de abril.

• Doce asistentes. "El alcalde expresó su deseo de renegociar la concesión [de Iconia] sin entrar en un litigio para establecer que se construya según la ley, y que sea a cambio de un precio justo y real pagado en infraestructura que se use en Huentitán. De esta manera, habría fondos disponibles para implementar el equipamiento necesario. El Plan de Ordenamiento Territorial contempla Huentitán como posible reserva urbana para desarrollo de vivienda; esto ayudaría para evitar migración a otras áreas fuera de la ciudad y promover la redensificación", les informa Ricardo Agraz.

Pero "la mesa manifestó desacuerdo y desconfianza, convirtiendo este en tema prioritario". Los comentarios incluyen, agrega el acta: "un impacto ambiental brutal para la zona2, la legalidad de los planes parciales de 2011 "es cuestionable"; el déficit de infraestructura de urbanización será mayor con más vivienda; "según parámetros de la Sedesol, la zona carece de trece jardines de niños, 17 primarias, siete secundarias, una preparatoria, tres bibliotecas públicas, dos unidades de medicina familiar, nueve centros de estancias para desarrollo infantil, un hospital, una plaza cívica, un mercado público, dos unidades deportivas, [...] ¿cómo se justifica el proyecto de Iconia y otros desarrollos verticales ante estas carencias?".

Así, "prefieren que no proceda nada y enfocarse en los demás temas prioritarios y necesidades". Agraz les responde que Iconia es la oportunidad de obtener fondos. "El alcalde está aprovechando la ocasión de estar en el ayuntamiento para hacer lo que los desarrolladores particulares no van a hacer [sic] : meter infraestructura y equipamiento para aminorar el impacto de los desarrollos privados".

22 de abril.

• 14 asistentes. Se detalla la propuesta general de intervención. 29 de abril, 12 asistentes. Se firma únicamente "de enterados" el plan maestro, no de aprobación. 20 de mayo, seis asistentes. El plan maestro se modificará y ajustará "a partir de la consulta ciudadana", comenta Agraz. "Los asistentes expresaron la petición de no estar privatizando los espacios públicos a costa de los habitantes de la zona y revisar quién se beneficia a costa de qué".

3 de junio.

• 4 Asistentes. Comienzan a separarse de las reuniones algunos grupos civiles.

10 de junio.

• Seis asistentes. Ya no se abordan nada del fondo Iconia y la privatización.

17 de junio.

• Presidencia municipal de Guadalajara, con Enrique Alfaro Ramírez y once personas más. El alcalde señala que "se inició el proceso para recuperar el terreno de Puerta Guadalajara. Se abrió una puerta de negociación con los nuevos dueños para asegurarse de que si se va a hacer algo, se haga bien".

El terreno "se entregaría al revisar el proyecto y recibir un pago de 650 millones de pesos, mismos que se usarían estrictamente para las intervenciones de la zona...". Los presentes reiteran su preocupación. "En los próximos días se convocará a una sesión para presentar la última versión del proyecto de Iconia...". No se aprobó nada. La reunión prometida no se ha realizado, al menos con las representaciones vecinales que hoy se manifiestan en contra de este proceso de privatización.

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Los asistentes

Vecinos Unidos por Huentitán, 10 asistencias

Roberto Rubio Ángel

Urvital AC, 6 asistencias

José Dorazco

Kevin Alan Carrillo

Nahesda Pérez

UdeG, 5 asistencias

Sergio Alvarado Vázquez

Ramón Reyes Domínguez

Tlatoani Ruiz Dueñas

Parque Mirador Independencia, 10 asistencias

Ernesto Durán Meléndrez

Huentitán, Proyecto Ciudadano, 10 asistencias

Eduardo Castillo Bernal

Leticia Prado Blagg

Panorámica Huentitán, 12 asistencias

María Guadalupe Presas Beltrán

Jesús Becerra Cárdenas

Panorámica Huentitán, II sección, 2 asistencias

Joel Alvarado

David Antón Hernández

Huentitán Vive, 8 asistencias

Adriana Betancourt Esquivel

Cecilia Espinoza Avilés

Jorge López Mercado

Jaasiel Ortiz Razo

Leticia de Lara

María Inés Hernández Sandoval

Huentitán el Bajo, 2 asistencias

Alejandro Sánchez

Irma Hernández Vélez

Porfirio Pérez López

Vicente Garay

Huentitán, 9 asistencias

Alejandro Michel Flores

Únete Huentitán, 9 asistencias

Arturo Héctor Mendoza

Frente Unido por Huentitán, 2 asistencias

Olga Rodríguez Villa

Civilidad para Transformar AC, 1 asistencia

Eduardo Almaguer Ureña

Asociación de Atletismo de Jalisco, 2 asistencias

Francisco Ramírez Beltrán

Atletismo Huentitán, 8 asistencias

Paulín Sánchez

Equipo del diputado Alejandro Hermosillo, 1 asistencia

Equipo de la diputada Martha Villanueva, 5 asistencias

Diputada federal Candelaria Ochoa, 1 asistencia

Dirección de proyectos de espacios públicos de Guadalajara, 13 asistencias

Alejandro Guerrero

Sergio Miguel Valadez

Ricardo Agraz

POTmet “fracasará” sin ley de ciudades federal

Jesús García Rojas advierte sobre las inconsistencias del documento, y sobre la necesidad de una legislación general que obligue a cumplir.

Agustín del Castillo / Guadalajara. MILENIO JALISCO. 

Es fundamental que el Congreso de la Unión avance sobre la conformación de la Ley de Ciudades y Territorio para evitar que la entrada en vigor del Plan de Ordenamiento Territorial (POTmet) en Guadalajara signifique un triunfo de la simulación que permita proseguir el negocio de la expansión urbana, sostiene el consultor Jesús García Rojas.

El arquitecto de profesión destaca la relevancia que esta propuesta de ley tiene para de verdad poner freno a la caótica expansión de las ciudades mexicanas; señala que penalizar de forma estricta los abusos de alcaldes y servidores públicos y dar verdaderos derechos para ejercer a los ciudadanos, es un modo de dar legalidad y sustento social a todo el tema de ciudades compactas que pretende generar –de forma ambigua y frecuentemente equívoca– el POTmet.

El POTmet “ya es ley, está publicado en el periódico oficial del estado. Sin duda es un importante paso, el principio de algo muy relevante y nos da zonificación primaria y estructura urbana […] un buen ejercicio, bien intencionado, con buenos propósitos, un documento básico, primario, una fotografía, un registro de la situación actual que desnuda todas nuestras inconsistencias y falta de coordinación, y un plan a nivel idea lógico, que incorpora políticas públicas, conceptos y propósitos del gobierno federal e iniciativas que no han prosperado”.

Pero “emprender una apresurada tarea como esta no es nada fácil; ordenar lo general, cuando no está ordenado lo particular, donde impera el desorden y la discrecionalidad, cuando en la ley no hay organismos intermedios entre municipios y estados, cuando hay un Código Urbano que no aplica en la mayoría de los municipios y en donde sigue vigente el Reglamento de Zonificación, anarquía, desorden e interpretaciones que favorecen la opacidad y la corrupción; una Ley de Coordinación Metropolitana que podría mejorarse y también su estatuto orgánico”.

Adicionalmente, la gran debilidad “es el marco jurídico para los asentamientos humanos federal, estatal y municipal, que están cuestionados y en debate”.

García Rojas se pregunta: ¿Qué le falta como instrumento de ordenamiento al POTmet? “… se identifican la conveniente consideración de la marginación y el empleo, el exceso de reservas urbanas, el déficit de áreas verdes para lo que no proponen nada ya que las que tenemos se concesionan, aportan o venden a negocios privados”; hay aciertos y hay inconsistencias: “que sospechosamente Huentitán sea considerado como un nuevo centro urbano sustentable y que retomen atinadamente el viejo tema del banco de tierras para vivienda”, lo evidencian.

El área metropolitana “ya es policéntrica; en la zonificación probablemente se cayó en excesos en la propuesta de centralidades especialmente las emergentes para satisfacer presiones de intereses que contravienen el propósito del plan de ser compactos, cercanos, conectados y equitativos; hay que entender que finalmente el Imeplan es el coordinador y amanuense de los municipios”.

Ante esto, “si no hacemos reformas económicas y sociales de fondo, seguiremos dispersos, distantes, desconectados y desiguales. Ni las nuevas reglas de otorgamiento de subsidios de la SHCP, ni los perímetros de contención urbana de la Conavi, que por cierto ambos son negociables y laxos, y localmente el POTmet y sus centralidades, no detendrán la expansión urbana”.

Por eso urge a “retomar la Ley General de Ciudades y Territorio que abortó en el Congreso de la Unión por el cabildeo de desarrolladores y ayuntamientos”, además de “cambiar la política de subsidios totalmente, ya no darlos al frente como enganche, sino darlos en especie con tierra planificada”, plantea.

Expansión urbana

5 millones de viviendas abandonadas [en México] y el aumento del hacinamiento en los últimos 23 años

Causas: “políticas públicas equivocadas, apostar a ser un país maquilador-exportador de materias primas y de capital humano; las reformas constitucionales de 1993 a la Ley General de Asentamientos Humanos, donde abdica el estado mexicano a la rectoría en materia de planeación, ordenamiento territorial, desarrollo urbano y usos del suelo; a la Ley Agraria, a la Ley de Aguas Nacionales y las de los institutos de vivienda”

También, “estrategias facilitadoras, privatización de la oferta de vivienda, desalineación entre oferta y demanda, subsidios mal diseñados, especulación de suelo urbano, congelación de salarios, desempleo –60 por ciento de la población económicamente activa está en la informalidad–, pérdida de poder adquisitivo, pobreza, pobreza extrema, desigualdad, marginación, migraciones del campo a la ciudad, asentamientos irregulares y obviamente migración del centro a la periferia”

Lesionados, saldo irresuelto de "justicia" frente a la minera

Se ha denegado atención médica a los golpeados por policías colimenses el 22 de julio de 2015.

Agustín del Castillo / Guadalajara. MILENIO JALISCO. 

Además de ser presionados por la minera Peña Colorada y el comisariado ejidal de Ayotitlán para que aceptaran un “perdón” por delitos que no cometieron, los quince ejidatarios de Ayotitlán que acaban de ganar el proceso penal que les abrió la procuraduría de Colima, carecieron de atención médica. Al grado que a trece meses de su detención violenta, padecen secuelas de esos golpes.

“Algunos de ellos pudieron darle seguimiento a una recomendación en Derechos Humanos, para que los atendieran. Habíamos pedido primero que fueran a un poblado que está cerca, a Minatitlán, pero nomás los veían y no les daban medicinas; así que aprovechamos el día de la firma de su completa libertad [29 de julio] para ir a la comisión en Colima; muchos de ellos siguen con lesiones, no se han podido recuperar, desde que los golpearon, o golpearon a sus papás o familiares”, explica el abogado y director del Instituto de Derecho Ambiental (Idea), Carlos Valentín Veyna.

Un caso es el de Francisco Hermenegildo Sánchez, a quien lo golpearon en un pie e incluso lo amarraron. “Yo le decía al policía que me soltara, y si me soltó, pero de este pie ya no pude andar; me mandaron a Colima al hospital regional, de ahí me mandaron al hospital civil, al otro día, y nomas me pelaban los dientes, no pues que chinguen a su madre, dije…”

Era un hombre de campo que laboraba la parcela como sus vecinos, ahora ha dejado de trabajar por la dolencia del pie. “No puedo trabajar, pero afortunadamente dos hijos me ayudan, ya nomás me quedo tirado en la cama porque el pie siempre me duele”, relata.

Pedro Gutiérrez Hernández, quien vive en Plan de Méndez, tiene desde hace un año un dolor de cabeza incapacitante. “Me pegaron en la cabeza y hay días en que duele cuando estoy en el campo; ya no puedo trabajar como lo hacía antes; me dieron con armas, con las macanas, y también me pegaron en la espalda y la cadera; hay trabajos del campo con los que ya no puedo.

- ¿No sabe qué le paso en la cabeza?

- Fui a Manzanillo y me dijeron que sus aparatos no servían como para ver que tenía; yo creo que no me quisieron atender; eso fue el pasado 4 de julio, con pase de derechos humanos y todo […] como saben que todo esto fue derivado del pleito con el consorcio, no quieren; a mi tío no lo quisieron atender y tuve que pagar la consulta […] nos dijeron, no los podemos atender, ustedes no tienen nada grave, ya tienen un año, no se murieron; también nos dicen que por qué no vamos a Jalisco…

Hay ejidatarios a los que ya les soldaron las costillas rotas como saldo del encontronazo con los antimotines. Pero soldaron mal, porque no tuvieron atención profesional. Ese mal no se acaba con el amparo ganado ni con la destitución de un juez. La justicia llega tarde… y mal, concluyen.

Ganan ejidatarios a dos gobiernos y una minera

Juzgado penal de Colima determina libertad de 15 nahuas imputados del delito de despojo, en la toma de Peña Colorada, en julio de 2015.

Agustín del Castillo / Guadalajara. MILENIO JALISCO. 

El litigio abierto el 22 de julio de 2015, con la detención de 33 ejidatarios nahuas de Ayotitlán y del pasante Eduardo Mosqueda, por presuntos delitos en contra de la minera Peña Colorada, enclavada en los límites de Jalisco y Colima, ha llegado a su fin.

La victoria de la defensa de los campesinos es completa en 16 de los 33 casos, es decir, tanto para el pasante de derecho que labora en el Instituto de Derecho Ambiental (Idea), quien permaneció detenido más diez meses por su negativa a aceptar una “negociación” propuesta por la Secretaría General de Gobierno de Jalisco -que consistía en denunciar al Idea-, como de 15 de los nahuas que si bien estaban en libertad, debían acudir cada mes a firmar al centro penitenciario de Colima, por negarse a aceptar el “perdón” que les otorgaba la minera y algún dinero, a cambio de contribuir al desistimiento en el juicio de amparo 462/2013. El juicio de garantías permanece firme, con lo cual está viva la querella por tierras con la ferrosa más importante del país.

Ese amparo administrativo se mantiene por otro amparo de índole penal, promovido tras las detenciones de esa jornada, en que unos 500 ejidatarios habían decidido exigir la recuperación de la posesión de tierras que les dotó el presidente en 1962.

Luego de once meses de negarse a cumplir, el pasado 29 de julio, el Juzgado Primero de lo Penal en Colima, con nueva administración, dictó acuerdo en el expediente 142/2015, relativo al cumplimiento del juicio de amparo 1202/2015 que en su momento emitió el Juzgado Primero de Distrito en Colima, contra el auto de formal prisión por el delito de despojo, que era el único que les había fincado tras desvirtuarse la acusación del Ministerio Público de Colima, de secuestro consumado, robo calificado y daños en las cosas.

“Ellos quedaron muy contentos de saber que ese acuerdo se logró por el juicio de amparo que se promovió para tal efecto por el equipo de justicia ambiental del Idea. No existe rencor y odio en los nahuas […] es de hacer notar que el juez Abel Jaime y su secretaria Zalema de Montserrat, quienes dictaron auto de formal prisión y se sostuvieron por once meses con una tendencia contraria a los derechos humanos e indígenas, ya no se encontraban al frente de dicho juzgado y que ahora exista puro personal sindicalizado laborando”, dijo Carlos Valentín Veyna, director ejecutivo del Idea.

“Querían que firmáramos como culpables de secuestro y despojo, todo eso nos acumularon, y que pidiéramos perdón; a muchos los asustaron y terminaron firmando, y nosotros no quisimos, les dijimos que no firmábamos nada y que teníamos un amparo que promovió nuestro abogado y que íbamos a ver el final de ese amparo”, dijo el campesino Faustino Cobián.

- ¿Qué les pedían, que se desistieran del amparo por las tierras?

- Sí, que nos desistiéramos; a un compañero le dijeron firma, cuánto quieres, y decía, no, hasta que esté mi abogado aquí, si él dice que me conviene firmar, firmo; ‘no, ¿cuánto quieres por firmar?’ […] 1,500 por la firma, que desistiera todo, y que ya se arreglaba… pero no quisimos, por qué hacernos de un delito que no hicimos. Y ni modo, cada mes era perder un día completo y gastar lo que no tenemos; el comisariado Ernestino primero nos apoyó para ir a firmar, pero cuando se enteró que no firmamos el perdón, nos dijo, ya no los voy a apoyar, ustedes verán cómo se regresan y van.

Francisco Monroy Elías, de Telcruz, dijo que muchos cedieron con engaños. “Ernestino me amenazó, me dijo que cuánto quería por mi firma; estaba con él el licenciado Cárdenas, el apoderado de Peña Colorada, y me dijeron: pon tu precio; Cárdenas me dijo que si no firmaba, las camionetas que nos quitaron el día de los hechos no iban a salir; y estaba el padre Fernando, y dijo, ‘el problema de ellos no tiene nada que ver con que salgan las camionetas’; un amigo me dijo que me fuera porque me iban a arrestar si me quedaba ahí, para que firmara a huevo…”.

La presión no solamente provino de la empresa y del presidente del comisariado (Ernestino Ciprian Ocaranza), comenta Salomé Ramos Jacobo: “después del atraco del 22 de julio del año pasado, bajó el gobernador del estado a Ayotitlán y prometió en una asamblea que iba a intervenir para resolver la situación de los detenidos”. No obstante, la instrucción del secretario general de Gobierno, Roberto López Lara, a su equipo de abogados, fue que se obtuviera la libertad bajo caución de los 33 nahuas y no se sacara al pasante del Idea, pese a que era acusado de los mismos delitos. López Lara le dijo a la prensa de Guadalajara que el Idea había ocasionado los hechos al interpretar de forma abusiva. No aludió al historial de desencuentros con ese despacho de derecho ambiental, con el que permanecen abiertos expedientes contra megaobras.

La historia del amparo 462/2013 está llena de precariedades. Santos Elías González fue uno de los diez que lo interpusieron hace tres años al no contarse inicialmente con el apoyo del comisariado ejidal. Pero algo pasó; sus nueve socios se desistieron y le pusieron una firma de desistimiento al mismo Elías, a comienzos de 2015.

“Había un documento con una supuesta firma de que me había desistido; yo llegué a Guadalajara y le dije al abogado que era mentira; fuimos al juzgados y ratifiqué el amparo. Y el amparo se matuvo…”.

Ese gesto fue esencial. “Si pasa mi dizque desistimiento, se nos cae todo. Yo soy nieto de Zeferino Padilla, el que hizo el amparo los años sesenta, y lo ganó […] a mi abuelo nunca lo trataron bien, hasta le metieron balazos, ellos [sus adversarios] no querían trabajar bien, querían puras cuachalotadas; mi abuelo detuvo con ese amparo las ventas de madera y todo eso… yo no podía ser de otro modo, a tantos años de eso”, se justifica.

El amparo se salvó. Luego salió electo presidente ejidal Ernestino Ciprian, y para pactar con sus opositores, que reclamaban el proceso electivo, ofreció respaldarlo. Hasta el 22 de julio. Ernestino acordó con el gobernador y con Peña Colorada el desistimiento. Pero no contaba que había algunos campesinos aferrados.

- Las personas que firmaron y cobraron por el perdón de la minera y el desistimiento, ¿viven hoy mejor que ustedes?

- Jajaja, les dan cualquier cosa; les dan un dulce o una bolsa de pan Bimbo […] a mi abuelo antes le prometían costales de dinero y nunca hizo eso; y yo aun en la pinchi miseria no me voy a vender, otras personas se asustaron y firmaron, y otros que para tener empleo; yo me voy a quedar como estoy. Ya vendrán otros tiempos para que nos hagan justicia.

Los datos del proceso

Los detenidos: Senorio Flores Hernández, Francisco Monroy Elías, Rodolfo Pulgarín Cobián, César Orduñez Ciprián, Jovany González Olivares, José Rosales López, Arcadio Nieves Ciprián, Francisco Hermenegildo Sánchez, Fidencio Aguilar Ramos, J. Santos Ciprián Jacobo, Juan Aguilar Díaz, Pedro Ramos Monroy, Mateo Ciprián de Jesús, Francisco Cobián Gómez, Samuel Isabel Flores Martínez, Faustino Cobián de los Santos, Virginio Flores Pulgarín, José Luis Monroy Pulgarín, Víctor Contreras Alonso, Eliseo Nava Justo, Rubén Rodríguez Martínez

También: Eulogio Flores Aguilar, Pedro Gutiérrez Fernández, Luis de los Santos Rosales, Hilario de la Cruz Elías, José Oliver Flores Martínez, Martín Flores Gerardo, Salvador Flores Contreras, Bernardo de la Cruz Elías, Rubén de la Cruz Ruiz, Santos Ruiz Elías, Pedro Gerardo Deniz y Fulgencio Díaz de los Santos, ejidatarios de Ayotitlán, y el pasante en derecho Eduardo Mosqueda Sánchez

Los 33 ejidatarios salieron libres menos de una semana después de la refriega del 22 de julio de 2015, pero debieron acudir a firmar mes con mes al centro penitenciario de Colima porque el delito de despojo no fue retirado por el juez penal. Mosqueda permaneció detenido hasta mayo de 2016

De los 33 nahuas liberados, 15 no aceptaron el “perdón” que les ofreció la minera Peña Colorada bajo la condición de aceptar un dinero y desistirse del amparo 462/2013, que mantiene vigente la lucha por la restitución agraria de esa comunidad de la costa sur de Jalisco

De forma paralela, los campesinos que no aceptaron el t6rato institucional patrocinado por los gobiernos de Jalisco y Colima, han entablado un expediente en el tribunal agrario del estado vecino para impugnar la representación ejidal de Ernestino Ciprian Ocaranza; si lograron destituirlo de presidente ejidal, todos los acuerdos que haya tomado con la mina y los gobiernos carecerán de validez, señala el asesor legal del Idea, Pedro León Corrales

Conagua promete retiro completo de bordo

El organismo federal reconoce que el cumplimiento de Inmobiliaria San Pancho es sólo parcial, y se compromete a completarlo.

Agustín del Castillo / Guadalajara. MILENIO JALISCO. 

La Comisión Nacional del Agua (Conagua) reconoce que el bordo que construyó la Inmobiliaria San Pancho sobre el arroyo Los Izotes, alimentador del estero de San Francisco, no ha sido completamente retirado. Por eso, el encargado de la unidad de asuntos jurídicos de la dirección local de Nayarit, Héctor José María Gómez Díaz, se comprometió a que el trabajo sea retirado tal y como lo ordenó la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa).

En el oficio BOO.E.917.01_1108, emitido el pasado 2 de agosto, el funcionario responde a los quejosos que interpusieron denuncia popular ante la Profepa, quienes expresamente señalan polígonos de ubicación de los puntos donde la invasión de la zona federal no se eliminó, y de hecho, habría sido reconstruido el bordo dictaminado como ilegal; situación que sería una infracción a la Ley de Aguas Nacionales.

"Al respecto se les informa que este órgano desconcentrado, practicó dos visitas de inspección a la persona moral denominada Inmobiliaria San Pancho S de RL de CV, en el cauce del arroyo Los Izotes y su zona federal que se ubica en la margen derecha entre las calles México y Honduras [...] las cuales, una vez sustanciadas, fue [sic] sancionada administrativamente con multas económicas, además se ordenó la remoción , haciendo de su conocimiento que con fecha 28 de julio del presente año, se verificó el cumplimiento de la resolución, observándose que ha sido removido parcialmente en 221 metros", explica.

"Cabe señalar que esta autoridad del agua, con el objeto de evitar que se continúe infringiendo ls disposiciones legales o reglamentarias, o bien, se siga alterando el régimen hidráulico de los bienes nacionales, en el ámbito de nuestra competencia, se realizará cuantas diligencias sean necesarias para ejecutar la demolición y/o remoción de las obras antes mencionadas", agrega.

La Profepa ya había señalado a los quejosos que lo pendiente del bordo es tarea de la Conagua, tras una visita sorpresiva del procurador Guillermo Haro Bélchez, quien "constató el cumplimento de acciones para el retiro de la obra irregular conocida como el Bordo San Pancho", según una línea del comunicado emitido por la Profepa el 4 de agosto.

20 días antes de la visita, la Profepa había respondido por escrito a una petición de un grupo de habitantes de San Pancho, encabezado por Mayra Pérez Rodríguez, justamente en torno a la falta de remoción completa del bordo y la falta de una denuncia penal por hechos considerados delictivos. A través de la directora general Guadalupe Arminda García Coronel, el organismo señalaba que es la delegación nayarita la responsable de dar curso a la denuncia, sin adelantar ninguna determinación (oficio PFPA5.3/2c.28.5.2/). El caso es que el bordo, declarado ilegal hace más de un año, allí sigue.

SRN

Una ANP privada, apuesta de mitigación para Chalacatepec

La diversidad del predio de 1,186 hectáreas es notable; los desarrolladores aseguran no tocar esteros Ramsar ni afectar su flujo hidrológico.

Agustín del Castillo / Guadalajara. MILENIO JALISCO. 

Una de las propuestas fuertes para mitigar el impacto ambiental que generará el proyecto Chalacatepec es la creación de un área natural protegida privada en aproximadamente 45 por ciento del predio del desarrollo, señala el resolutivo de impacto ambiental que emitió la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat) en junio pasado.

"Es importante señalar que la promovente manifestó que al final de la construcción del proyecto, éste tendrá una superficie de 700.59 hectáreas de vegetación forestal [equivalente a 59.82 por ciento de la superficie total] conformada por una superficie de 517.9 ha clasificada como área natural protegida privada [integrada por 351 ha del concepto denominado de protección y 166.9 ha del concepto denominado restauración fuera de macrolotes ]; una superficie de 112.18 ha del concepto denominado conservación y por una superficie de 70.5 ha del concepto denominado restauración dentro de macrolotes", destaca el documento (oficio SGPA/DGIRA/DG/04452, expediente 14JA2015T0014).

Otros aspectos ambientales: "contempla la instalación de 21 andadores no cimentados de madera en la zona anterior al primer cordón de dunas, para dar acceso al frente de playa; la construcción de vialidades primarias y secundarias de empedrado en arena; prohibirá el aprovechamiento en la zona de manglar a menos de 100 metros de distancia de éste, establecerá una franja de 150 metros de distancia a partir del borde de las lagunas Xola-Paramán y Chalacatepec, en donde se prohibirá cualquier edificación y considera la construcción de 1,800 metros de puentes y pasos pluviales para asegurar la movilidad de la fauna silvestre y no interferir con el curso natural de los escurrimientos existentes a esas lagunas...".

La riqueza natural del predio está clasificada en 14 tipos de cobertura vegetal; respecto a la fauna, "se identificó un total de 314 especies, de las cuales diez fueron anfibios con un totasl de 952 individuos; 39 especies de reptiles con 374 individuos; con respecto a las aves se registran 230 especies con un total de 91,131 avistamientos; de las cuales, 132 especies son residentes, 87 migratorias que se encuentran durante el invierno, ocho transitorias [sic] y tres migratorias que se encuentran durante el verano; en el caso de los mamíferos se registraron 35 especies con un total de 1,678 individuos, representados en su mayoría por quince especies de murciélagos, ocho especies de carnívoros y seis de roedores. De dichas especies, se detectaron 53 con alguna categoría de riesgo bajo la NOM-059-SEMARNAT-2010".

Estas especies en peligro la forman tres de anfibios, 20 de reptiles, 28 de aves y dos de mamíferos; hay además 41 especies endémicas (que nomás existen en esta zona). "Los reptiles son la clase que tiene el mayor número de especies endémicas [22], seguido de las aves [10], mamíferos [seis] y anfibios [tres]".

Este es el mundo silvestre que el polémico proyecto deberá preservar durante los 99 años de vigencia de la autorización de impacto ambiental, y más allá de las polémicas actuales.

SRN

Megacontrato de Conagua a INAP… para revisar presas

El Instituto Nacional de Administración Pública, histórico apéndice del PRI, recibió casi 150 millones de pesos para una supervisión de El Zapotillo.

Agustín del Castillo / Guadalajara. MILENIO JALISCO. 

El Instituto Nacional de Administración Pública (INAP), asociación civil expresamente dedicada a mejorar la labor de gobiernos, pero históricamente ligada a la formación de cuadros del Partido Revolucionario Institucional (PRI), recibió de parte del Organismo de Cuenca Lerma Santiago Pacífico de la Comisión Nacional del Agua (Conagua), un contrato sorprendente: casi 150 millones de pesos para “seguimiento técnico, administrativo y normativo de las obras relativas a la construcción de la presa y acueducto del sistema El Zapotillo”, no obstante el carácter específicamente de ingeniería de ese proyecto.

Se trata del convenio “específico de colaboración número CNA-OCLSP-DADPS-09-03-CC”, que si bien, data del 31 de agosto de 2009, apenas se hizo público a través de un proceso de transparencia promovido. El monto pactado en ese documento, firmado por el entonces director del organismo de cuenca, Raúl Antonio Iglesias Benítez, y el presidente del consejo directivo del INAP, José Rafael Castelazo de los Ángeles, asciende a 149 millones 741,517 pesos que se debieron erogar en los años fiscales 2009, 2010, 2011 y 2012.

¿Qué debía hacer esa entidad cuya especialidad no es la ingeniería y cuyas cuentas son frecuentemente atacadas de opacidad? Según el documento, debía establecer una “gerencia externa” para las obras de la cortina artificial sobre el río Verde, y el tendido del acueducto que todavía en 2016 solamente se pretende hacer entre la presa y la ciudad de León, Guanajuato.

El convenio específico de colaboración abarca siete acciones: seguimiento técnico, administrativo y normativo del proyecto y la construcción de la presa El Zapotillo; seguimiento técnico-legal, administrativo y normativo “a los trabajos de tenencia de la tierra en la zona de afectación de la presa El Zapotillo y acueducto Zapotillo-Los Altos de Jalisco-León Guanajuato”; macrodistribuidor y tanque de entrega; seguimiento técnico, administrativo y normativo de los proyectos presa Arcediano y acueducto obra de toma-Guadalajara y saneamiento de la zona conurbada de Guadalajara; equipos de transporte requeridos, “incluye mantenimiento y conservación”; instalación, mantenimiento y operación el sistema de monitoreo web para avances del proyecto presa El Zapotillo”; y “apoyo a trabajos fuera del área de influencia del proyecto” (sic).

La historia de varios de estos proyectos es de sobra conocida: Arcediano, al pie de Guadalajara en la barranca del río Santiago, fue cancelada por su alto costo de forma oficial en octubre de 2009, pero ya sonaban en agosto insistentes rumores de esa posibilidad (ver MILENIO JALISCO, 15 de junio y 6 de septiembre de 2009); en el caso del resto, se pospusieron en su mayor parte, y de hecho, apenas existen hoy unos cuantos metros del acueducto en el estado de Guanajuato.

No obstante, el contrato a favor del INAP estaba blindado: “Queda expresamente pactado que las partes no tendrán responsabilidad civil por daños o perjuicios que pudieran darse como consecuencia de caso fortuito o fuerza mayor, particularmente cuando el desarrollo de los trabajos sea interrumpido por movimientos sociales, en el entendido de que en tal caso, las partes de común acuerdo tomarán las medidas necesarias para evitar daños tanto a ellas como a terceros”.

Solamente el final de los proyectos lo habría echado abajo, cosa que no sucedió más que en el caso de la presa de abastecimiento para Guadalajara; lo que no ha sido transparentado es si efectivamente se pagaron las remesas a lo largo de estos poco más de tres años, conforme a lo determinado en el convenio:

En 2009, 13 millones 336,802 pesos; en 2010, 46 millones 489,636 pesos; en 2011, 51 millones 274,642 pesos, y en 2012, 38 millones 640,436 pesos, para totalizar 149 millones 741,517 pesos.

Tampoco se conocen los “productos” de este contrato cuyo monto hace palidecer por “modesta” la cuestionada asignación del gobierno de Jalisco a la Oficina de Naciones Unidas de Servicio para Proyectos (Unops), que ha sido impugnada por vía administrativa y judicial por organizaciones de la sociedad civil (ver ediciones del 17 y 18 de agosto de 2016).

Paralelamente al convenio con el INAP, la Conagua realizó la contratación de “servicios relacionados con la obra pública para supervisión de obras”, es decir, en algunos puntos había traslapamiento de obligaciones con el convenio del INAP. Se trata del contrato SGAPDS-OCLSP-JAL-09-131-RF LP, firmado cuatro meses después del primero: el 3 de diciembre de 2009.

En este caso, son empresas que sí están en el ramo de ingeniería: Sistemas Avanzados en Ingeniería Civil, SA de CV, y Oestec de México, SA de CV. En específico, se contrata “supervisión técnica, financiera y de control de calidad de diseño, desarrollo de ingeniería y construcción de la presa de almacenamiento El Zapotillo”, specto muy semejante a una de las tareas del convenio con el INAP.

Los trabajos son paralelos: van del 4 de diciembre de 2009 al 31 de diciembre de 2012. El monto es de 66 millones 122,584 pesos. Tampoco se conocen los productos de este segundo contrato.

Claves

Ser un centro de estudios superiores y de pensamiento especializado reconocido a nivel nacional, regional e internacional en Administración Pública, así como de consulta para las personas e instituciones interesadas en la materia.

Contribuir a la formación de profesionales de la Administración Pública, de manera que sean promotores del cambio institucional.

Ofrecer educación superior especializada de calidad con equidad e inclusión, en el ámbito nacional e internacional, para generar un liderazgo de prestigio con base en la innovación, desarrollo y aportaciones relevantes para las tareas de gobierno y de la Administración Pública.

Promover la profesionalización de los servidores públicos para responder a las necesidades y demandas de las instituciones públicas y contribuir al desarrollo nacional.

Fortalecer y apoyar técnicamente las acciones y programas de los organismos.

Impulsar la calidad e innovación constante en la Administración Pública.

Promover y apoyar los procesos de transparencia, fiscalización, rendición de cuentas, ética pública y corresponsabilidad social.

Promover en la Administración Pública una perspectiva sistémica que implica lo multidisciplinario y multisectorial.

Impulsar y coadyuvar en los procesos de innovación y desarrollo, científico y tecnológico de los Entes.

Contribuir a la aplicación de las políticas de gobierno abierto, gobierno digital, equidad de género y democracia participativa, sustentadas en las tecnologías de la información y la comunicación.

Coadyuvar en el mejoramiento y desarrollo de las instituciones de la Administración Pública, considerando la colaboración del Sistema INAP

Fuente: Estatuto del INAP(www.inap.mx)