Guadalajara. Agustín del Castillo. PÚBLICO-MILENIO. Edición del 16 de mayo de 2011
El Sistema Intermunicipal de Agua Potable y Alcantarillado (SIAPA) tiene abierta una investigación en contra del ex contralor del organismo, Pedro Humberto Garza Gómez, a quien se señala por liberar 65 contratos que tenían fallas diversas, y que pudieron producir un daño al erario cercano a 100 millones de pesos.
Se trata justamente de la parte más importante de la presentación de “100 anomalías” que hizo el ex contralor cuando fue despedido, por “pérdida de confianza”, en septiembre de 2010, es decir, de acuerdo a Uriel Parga Ramírez, director jurídico del organismo, Garza Martínez en realidad se denuncia a sí mismo.
“Hay que ser muy claros en señalar que esas 65 observaciones de obra que hace [Pedro Humberto Garza] en ese documento existe igual número de oficios, firmados por el señor contralor de ese entonces, liberando pagos de esos contratos y de esas obras, en el mes de julio de 2010; entonces realmente hay algo falso en este tema, toda vez que él no hizo las denuncias correspondientes de los desvíos de recursos ni tampoco de los malos manejos de recursos públicos”, apuntó el funcionario.
También respondió a los datos que aparecieron en este diario sobre la existencia de una denuncia penal promovida por Conciencia Cívica contra el SIAPA, con base en los elementos aportados por el ex contralor, en la cual también se pretende señalar a la actual Administración del organismo (que entró en funciones a comienzos del año pasado) presuntamente por tratar de ocultar los malos manejos del crédito del Banco Interamericano de Desarrollo (BID), pues hay un oficio —fechado el 31 de agosto de 2010— dirigido a la delegada de Banobras en Jalisco, que lleva nombre sin firma del entonces contralor Pedro Humberto Garza, en el que se señala que el crédito en cuestión fue ejercido de la forma prevista (Público Milenio, 12 de mayo de 2011).
“Ahora con una denuncia penal que desconocemos trata de implicar a la administración o decir que ocultó información […] es una apreciación sumamente incorrecta, y máxime que se trata nada más del dicho de esta persona, sobre un documento que no está firmado, y sin considerar que esta persona liberó contratos de forma irregular”, lo que, según Parga Ramírez, es la esencia de los señalamientos que llevaron a su despido.
—¿Entonces el señor Garza Gómez tendría responsabilidad en esos 65 asuntos?
—Es correcto. El contralor se vio involucrado en la responsabilidad de liberar 65 contratos, de los cuales quince tienen una responsabilidad bastante grande con un daño patrimonial de aproximadamente 35 millones de pesos, que si sumamos recargos e intereses se van a 100 millones de pesos.
—¿Qué acciones tomará el SIAPA?
—Por supuesto que llevaremos a cabo acciones para determinar responsabilidades; hay que separar dos momentos: las acciones y las investigaciones que llevó el entonces contralor con las dos empresas contratadas que también revisaron una corta muestra del programa Todos con Agua y una muestra más grande de obras con recursos federales; al programa Todos con Agua no le entró de lleno en la revisión como debió ser, la revisión importante se hizo en noviembre, cuando el ya había salido, ese es el trabajo serio de la Contraloría, en donde se advierte cómo estaba la situación del crédito, por lo que es falso qué él estuviera obligado a firmar una certificación, ya no le tocó ese proceso; nosotros teníamos como límite el 4 de marzo de este año para emitir una constancia de que los recursos del crédito fueron ejercidos de manera correcta, no cuando estaba él al frente, eso es también falso.
miércoles, 18 de mayo de 2011
Ejecutivo, involucrado legalmente en deuda del SIAPA con el BID
Guadalajara. Agustín del Castillo. PÚBLICO-MILENIO. Edición del 15 de mayo de 2011
El gobierno de Jalisco no puede hacerse a un lado en la responsabilidad de la deuda del SIAPA con el Banco Interamericano de Desarrollo (BID), y como deudor solidario, deberá responder ante el organismo por el desvío de más de 348 millones de pesos del empréstito que se usaron para gasto corriente en el organismo operador de los servicios de agua y alcantarillado, dijo el consultor García Rojas y Asociados SC.
“El secretario General de Gobierno hizo unas desafortunadas declaraciones respecto a las desviaciones de recursos de deuda pública contratada por el SIAPA con Banobras y con recursos del BID, en el sentido que no harían ningún pronunciamiento ya que es un asunto de los municipios metropolitanos; está absolutamente equivocado ya que el Estado es deudor solidario y es esta una deuda contingente o indirecta del propio Estado, que afecta su propia capacidad de endeudamiento y calificación de riesgo crediticia y también debería vigilar que se destinara para el fin que fue concedida; es inaceptable que pretenda desmarcarse de un asunto en el que también están totalmente involucrados”, puso en relieve en una opinión enviada a este diario.
“Lamentablemente, ya se hizo una mala costumbre que la deuda pública del Estado y municipios se destine para fines distintos de los que se le establecieron cuando fue autorizada, como el gasto corriente”, pone en relieve.
“La Ley de Deuda Pública del estado de Jalisco y sus municipios lo prohíbe explícitamente en su artículo 8; adicionalmente es responsabilidad de la banca comercial o de desarrollo vigilar que se destine para el fin que fueron concedidos, pero en la práctica no lo hacen, lo que les importa es otorgar el crédito y garantizar la recuperación con la garantía de participaciones federales; en el caso de Banobras y el BID es más delicado, ya que el primero es un banco del estado mexicano y en sus normas es muy puntual al señalar que los créditos son para proyectos productivos prioritarios y que no se deben destinar a gasto corriente”, añadió.
La citada ley de deuda aborda del siguiente modo el tema:
Artículo 4. “Los recursos obtenidos mediante obligaciones de deuda pública estatal y municipal, deberán estar destinados al gasto de inversión pública productiva”.
Artículo 8. “Queda prohibido realizar cualquier operación de crédito público para financiar gasto corriente, con excepción de lo previsto en los artículos 6 y 11, fracción II de esta Ley”.
Los artículos referidos no dejan lugar a duda: se trata de casos excepcionales y de deudas de corto plazo: 6. “No constituirán deuda pública estatal o municipal, las obligaciones directas a corto plazo que se contraigan para solventar necesidades urgentes, producto de circunstancias extraordinarias e imprevisibles, siempre que su vencimiento y liquidación se realicen en el mismo ejercicio anual para el cual fueron contratadas, y que su monto neto no exceda del 5 por ciento de sus respectivos presupuestos de egresos, por el ejercicio fiscal correspondiente; pero quedarán sujetas a los requisitos de información y registro previstos en esta Ley”.
Artículo 11, fracción II: “Corresponde al Congreso del estado [...] II. Autorizar, previa solicitud del titular del Poder Ejecutivo del Estado debidamente justificada, los montos de endeudamiento adicionales a los señalados en la fracción anterior; cuando medien circunstancias que lo ameriten, siempre y cuando no rebase el monto establecido por el Artículo 5 de esta Ley. No se requerirá autorización cuando el Estado deba hacer frente a una urgente necesidad, pero deberá dar aviso al Congreso del Estado de la deuda contratada y quedará sujeta a las reglas de información y registro, previstas en esta Ley...”.
El BID ya fue enterado de las anomalías en el SIAPA
Guadalajara. Agustín del Castillo. PÚBLICO-MILENIO. Edición del 14 de mayo de 2011
El presidente del Banco Interamericano de Desarrollo (BID), Luis Alberto Moreno Mejía, fue enterado hace dos días por el ciudadano Juan Manuel Estrada de las irregularidades en el uso del crédito de 1,200 millones de pesos que se otorgó al SIAPA por parte del organismo multinacional, con mediación del Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos (Banobras).
Se trata de una “denuncia de hechos” dirigida a la delegada del Banobras en Jalisco, María Luisa Gabriela Ramírez Oliva, pero con copia al titular de la institución con sede en Washington DC, Estados Unidos, en la que se exige la apertura de una investigación ante los datos que acreditan el desvío de más de 348 millones de pesos del empréstito por parte del organismo operador, que dejó de dedicarlos a la creación de infraestructura de agua y drenaje, como estaba comprometido. El ciudadano, quien preside la Fundación Find, añade la exposición de otros casos presuntamente anómalos que le fueron revelados por el ex contralor del SIAPA, Pedro Humberto Garza Martínez, quien fue cesado en octubre de 2010 por “pérdida de confianza”.
“Hechos que por su naturaleza son constitutivos de conductas típicas del orden penal cometidas por funcionarios y exfuncionarios públicos del SIAPA, al desviar recursos federales y toda vez que dichos desvíos están sustentados en diversas documentales emitidas por la Contraloría Interna de dicho Organismo en las cuales se exhiben 100 casos de irregularidades y corrupción, y señala entre ellos que la nómina de recursos humanos es secreta, que no hay control sobre gasolina, cheques, vehículos ni celulares, que las compras a proveedores se realizan en forma discrecional y que hay obras mal hechas, cobradas sin terminar, contratadas a empresas sin experiencia o incluso sin contrato de por medio, otras no han reportado los avances de los trabajos y también en otras documentales públicas se presume que habría tomado ilegalmente más de 125 millones de pesos, cubriéndolos en gastos de cobranza alterados o realizando ajustes a los recibos por fugas de agua”, expone el texto de la denuncia que el quejoso entregó a este diario.
La autorización de los ajustes “se hizo con la clave OAVR6413 asignada al entonces director, Rodolfo Ocampo Velázquez. Así también en los documentos públicos se detallan 47 contratos de obra pública, en los cuales se encontraron presuntas irregularidades, que en conjunto sumaban 124 millones de pesos, además, desvío de recursos federales y del Banco Interamericano de Desarrollo en obras realizadas por el organismo de los cuales se identificaron una serie de presuntas irregularidades por un monto de 400 millones de pesos en contratos de obra pública, Además, unos 120 millones de pesos del crédito internacional fueron desviados a gasto corriente: nómina y energía eléctrica, según lo reconoció el propio ex director del SIAPA, Rodolfo Ocampo Velázquez”.
El quejoso asegura también que diversas licitaciones que se han realizado en el organismo en los últimos años violan las leyes en la materia, y pide una amplia indagatoria y castigo a los culpables.
El presidente del Banco Interamericano de Desarrollo (BID), Luis Alberto Moreno Mejía, fue enterado hace dos días por el ciudadano Juan Manuel Estrada de las irregularidades en el uso del crédito de 1,200 millones de pesos que se otorgó al SIAPA por parte del organismo multinacional, con mediación del Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos (Banobras).
Se trata de una “denuncia de hechos” dirigida a la delegada del Banobras en Jalisco, María Luisa Gabriela Ramírez Oliva, pero con copia al titular de la institución con sede en Washington DC, Estados Unidos, en la que se exige la apertura de una investigación ante los datos que acreditan el desvío de más de 348 millones de pesos del empréstito por parte del organismo operador, que dejó de dedicarlos a la creación de infraestructura de agua y drenaje, como estaba comprometido. El ciudadano, quien preside la Fundación Find, añade la exposición de otros casos presuntamente anómalos que le fueron revelados por el ex contralor del SIAPA, Pedro Humberto Garza Martínez, quien fue cesado en octubre de 2010 por “pérdida de confianza”.
“Hechos que por su naturaleza son constitutivos de conductas típicas del orden penal cometidas por funcionarios y exfuncionarios públicos del SIAPA, al desviar recursos federales y toda vez que dichos desvíos están sustentados en diversas documentales emitidas por la Contraloría Interna de dicho Organismo en las cuales se exhiben 100 casos de irregularidades y corrupción, y señala entre ellos que la nómina de recursos humanos es secreta, que no hay control sobre gasolina, cheques, vehículos ni celulares, que las compras a proveedores se realizan en forma discrecional y que hay obras mal hechas, cobradas sin terminar, contratadas a empresas sin experiencia o incluso sin contrato de por medio, otras no han reportado los avances de los trabajos y también en otras documentales públicas se presume que habría tomado ilegalmente más de 125 millones de pesos, cubriéndolos en gastos de cobranza alterados o realizando ajustes a los recibos por fugas de agua”, expone el texto de la denuncia que el quejoso entregó a este diario.
La autorización de los ajustes “se hizo con la clave OAVR6413 asignada al entonces director, Rodolfo Ocampo Velázquez. Así también en los documentos públicos se detallan 47 contratos de obra pública, en los cuales se encontraron presuntas irregularidades, que en conjunto sumaban 124 millones de pesos, además, desvío de recursos federales y del Banco Interamericano de Desarrollo en obras realizadas por el organismo de los cuales se identificaron una serie de presuntas irregularidades por un monto de 400 millones de pesos en contratos de obra pública, Además, unos 120 millones de pesos del crédito internacional fueron desviados a gasto corriente: nómina y energía eléctrica, según lo reconoció el propio ex director del SIAPA, Rodolfo Ocampo Velázquez”.
El quejoso asegura también que diversas licitaciones que se han realizado en el organismo en los últimos años violan las leyes en la materia, y pide una amplia indagatoria y castigo a los culpables.
Todos con Agua, el mapa completo de un fracaso
Banobras buscó desde 2010 certificar el buen uso del crédito destinado al programa, indican el jurídico y el contralor. Sí hay riesgo de sanciones por parte del BID, reconocen
Guadalajara. Agustín del Castillo. PÚBLICO-MILENIO. Edición del 13 de mayo de 2011
El Banco Interamericano de Desarrollo (BID) tiene hoy elementos suficientes para aplicar dos castigos al Sistema Intermunicipal de Agua Potable y Alcantarillado (SIAPA) por haber hecho mal uso de un crédito cuyo destino era el desarrollo social: aumentar la tasa de interés a pagar e incluso exigir el pago adelantado del empréstito, reconoció el contralor del organismo operador, Alfonso Gómez Godínez.
Lo cierto es que ya está prácticamente completo el mapa de las anomalías cometidas en el ejercicio del programa Todos con Agua: se entregaron 1,200 millones de pesos para dotar con agua a 230 colonias de la zona metropolitana de Guadalajara, de los cuales se invirtieron 704 millones en las 241 obras del programa, buena parte de las cuales están mal diseñadas y peor ejecutadas, para quedar en apenas 30 por ciento de trabajos terminados: 72 obras con servicios adecuados de agua y drenaje.
Permanecen en caja alrededor de 147 millones de pesos, que son un fondo para seguir ejecutando obras del programa.
348 millones 488,430 pesos son el monto total de lo desviado, que se gastó fundamentalmente en nóminas y gasto corriente, en pago a proveedores y en cuentas pendientes ante la Comisión Federal de Electricidad (CFE). “No se quiso recortar las decenas de eventuales y todo el gasto exorbitante que se tenía en gasolina, teléfonos y servicios no esenciales”, comentó por su parte el director jurídico del organismo, Uriel Parga Ramírez.
Los desvíos están documentados con las firmas de tres funcionarios: el entonces director, Rodolfo Ocampo Velázquez; el director de Finanzas, Mario Juárez Bravo, y la tesorera, Diana Julieta Rodríguez García. Estos mismos funcionarios tomaron una decisión que resultó fundamental para aumentar el daño al erario, según la versión del actual contralor del SIAPA: optaron por invertir parte de esos recursos en la bolsa de valores.
Así, 280 millones de pesos, de los poco más de 348 millones señalados, fueron depositados en dos cuentas: Scottian-Inverlat 48132-8, e Interacciones 100043664, del 22 de abril de 2008 y el 18 de marzo de 2009. El saldo final fue la pérdida de 20 millones de pesos.
“Uno de los problemas que explican por qué nos llevó tanto tiempo terminar esta investigación fue que debimos de rastrear muchas cuentas que se abrieron con fondos del crédito, cuando la orden del BID y de Banobras fue que se canalizaba todo en una sola cuenta; hubo una muy larga madeja por desenredar”, añadió Gómez Godínez.
Banobras planteó desde 2010 la necesidad de certificar el buen uso del crédito; lo que recibieron diversos funcionarios del organismo, incluido el ex contralor Pedro Humberto Garza, fue un “machote” similar al que Público Milenio difundió ayer con el nombre del ex funcionario, pero no fue una petición del SIAPA, sino de la banca de desarrollo, aclararon Gómez Godínez y Parga Ramírez. Quien firmaría sería el responsable del órgano interno de control, es decir, el contralor en funciones.
La fecha límite que tenía Banobras para certificar el préstamo fue el 4 de marzo pasado, y se le informó a la delegada en Jalisco, Gabriela Ramírez Oliva, que no había posibilidad de hacerlo ante el largo recuento de las anomalías.
El crédito vence en el año 2031 de acuerdo a los plazos pactados. El SIAPA, además de las obras, se compromete a elaborar un nuevo padrón de usuarios, establecer un nuevo marco normativo para su actuación, hacer un nuevo esquema de tarifas y hacer mejoras administrativas en aras de su modernización, además de instalar un Comité de Seguridad y Evaluación para las obras que sólo “ha funcionado de forma esporádica”.
Tras las denuncias y la aplicación de responsabilidades, el organismo buscará completar las obras para no recibir sanciones. Pero el BID tendrá la última palabra.
El SIAPA prepara denuncia penal por desvío de 348 mdp de crédito del BID
Guadalajara. Agustín del Castillo. PÚBLICO-MILENIO. Edición del 13 de mayo de 2011
El consejo de administración del SIAPA acordó ayer la presentación de las denuncias penales correspondientes al mal uso del crédito que el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) entregó, vía Banobras, para completar la infraestructura de agua y drenaje de la zona metropolitana de Guadalajara. El monto total de los desvíos asciende a 348 millones 488,430 pesos, que se utilizaron fundamentalmente para pago de nóminas, electricidad, proveedores y otros usos ajenos a la construcción de infraestructura.
Las denuncias también obedecen a que se utilizaron 280 millones de pesos del empréstito (que forman parte del total desviado) para invertirlo con riesgo en la bolsa de valores, lo cual significa una conducta penal aparte, por tratarse de dinero con otros objetivos y porque la operación significó la pérdida de 20 millones de pesos.
El presidente del consejo de administración del Sistema Intermunicipal de Agua Potable y Alcantarillado (SIAPA) Héctor Vielma Ordóñez, dijo que el organismo jamás ha solapado esas anomalías, que hasta ahora no hay elementos que puedan llevar a certificar el buen uso del crédito en cuestión y que el gobierno del estado no puede deslindarse de la responsabilidad solidaria del préstamo (como indicaron el gobernador Emilio González y el secretario de Gobierno Fernando Guzmán —ver nota aparte—), por lo cual, deberá responder con los recursos necesarios para reintegrarlos a Banobras.
“Se debe castigar lo que se encuentre de irregular tanto en la anterior como en la actual administración; las cosas son muy claras, usar recursos públicos de un préstamo internacional para obra social en la Bolsa es un delito, y nosotros tenemos la obligación de exigir que se aplique la ley y se reparen los daños, y es un compromiso hasta las últimas consecuencias”, advirtió el presidente municipal de Zapopan.
La intención no es hacer un tema mediático, sino que se vaya por los canales legales que corresponden.
Por su parte, Miguel Castro Reynoso, alcalde de Tlaquepaque, comentó que hay tres personajes de la anterior administración que están involucrados en el asunto: Rodolfo Ocampo Velázquez, ex director general; Mario Alberto Juárez Bravo, ex director de Finanzas, y la ex tesorera, Diana Julieta Rodríguez García, quienes firmaron las autorizaciones correspondientes, tanto en el desvío del recurso como en su inversión en la Bolsa.
En entrevista previa con este diario, Rodolfo Ocampo reconoció que durante su gestión se utilizaron en gasto corriente alrededor de 120 millones del crédito del BID, principalmente, para el pago de energía eléctrica de las diferentes plantas del organismo, así como en el pago de derechos a la Comisión Nacional del Agua (Público Milenio, 11 de mayo de 2011).
Tanto Héctor Vielma como Miguel Castro esperan que las acciones enérgicas contra los responsables y la reintegración de los fondos desviados sean suficientes para que tanto Banobras como el BID no determinen sancionar al organismo ni pongan en entredicho el crédito de México ante organismos internacionales.
“Yo como presidente no me cuesta nada hacer un día un viaje con el BID y explicarles perfectamente bien de qué se trata este tema y que no tiene nada que ver con nadie de la zona metropolitana [de Guadalajara], ni con nadie de Jalisco, no tiene que ver con el país, tiene que ver con personas que no entienden el poder que les dio la gente […] la que queda mal parada es la persona que desvió los recursos; sólo quedaría mal la institución y los presidentes municipales si no estuviéramos anunciando las acciones legales que vamos a emprender”, añadió Vielma Ordóñez.
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Ex director guarda silencio
El ex director del SIAPA, Rodolfo Ocampo Velázquez ha decidido no declarar ante las denuncias vertidas en su contra. “Por consejo de mis abogados, y ante la falta de claridad en lo que se señala, he preferido esperar a que se interpongan esas querellas para enterarme bien de lo que se me acusa y poderlo responder de forma amplia y argumentada”, dijo a este diario. Aseguró que todo el tiempo en que las supuestas irregularidades han sido conocidas ante la opinión pública, el organismo le ha negado la más elemental garantía de audiencia para defender su caso.
Acusan a jitomateros de destruir santuario huichol en Wiricuta
La Procuraduría Federal de Protección al Ambiente recibió la denuncia y no ha actuado. El daño está en el camino de la peregrinación del peyote, de Jalisco a SLP.
Guadalajara. Agustín del Castillo. PÚBLICO-MILENIO. Edición del 12 de mayo de 2011
Mientras las comunidades huicholas envían mensajeros a diversas reuniones internacionales que se realizan en estos momentos en Vancouver, Canadá; Chicago y Nueva York, Estados Unidos, para denunciar los presuntos atropellos del gobierno mexicano al entregar parte del territorio de su ancestral peregrinación a mineras transnacionales, se abre una nueva controversia por la apertura de plantaciones de jitomate en el desierto potosino, dentro de la misma reserva natural y cultural de Huiricuta.
Esta queja ya está en fase de integración por parte de la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa), "en contra de quien resulte responsable por las obras de desmonte y destrucción de vegetación natural, derribo y tala de algún o algunos árboles, cambio ilícito de uso de suelo forestal, así como extracción de flora sujeta a protección especial […] en el área natural protegida denominada Reserva de Huiricuta [o Wirikuta] en el municipio de Catorce, San Luis Potosí", señala el documento firmado por el presidente de Conservación Humana AC, Humberto Fernández Borja, y apoyado por el Centro Mexicano de Derecho Ambiental.
Las obras mencionadas "se desarrollan y afectan un territorio de gran valor ambiental, así como cultural para el pueblo indígena huichol", como son la reserva natural y cultural de Huiricuta, la región terrestre prioritaria 80 de la Comisión Nacional para Conocimiento y Uso de la Biodiversidad (Conabio), la ruta tradicional de los huicholes a Huiricuta inscrita en la Lista Indicativa Mexicana de la Convención del Patrimonio Mundial Natural y Cultural de la Unesco, y que es hábitat de docenas de especies de flora y fauna endémicas, raras, amenazadas y en peligro de extinción, sujetas a protección especial por la Norma Oficial Mexicana NOM-059-ECOL.
Existe además un compromiso firmado por el presidente de la república, Felipe Calderón Hinojosa, y los gobernadores de Nayarit, Jalisco, Durango, Zacatecas y San Luis Potosí, denominado Pacto de Hauxa Manaka para la Preservación y Desarrollo de la Cultura Huixárica, firmado el 22 de abril de 2008.
"Con base en recorridos de campo efectuados en días pasados en el camino rural Estación Catorce-Tanque de Dolores, a 12.5 kilómetros aproximadamente partiendo de Estación Catorce en dirección a Tanque de Dolores, cerca de la puerta al paraje denominado 'El Tecolote' -justo antes de una formación de lomeríos- se identificaron las irregularidades que afectan los recursos naturales al territorio citado", explica el documento.
"Los ilícitos denunciados aparentan ser obras de preparación de terreno para el desarrollo de cultivo intensivo de jitomate. Desde el citado camino rural se puede avistar fácilmente el desmonte y la vegetación natural destruida; incluso se avistaba la maquinaria trabajando", de lo que ofrecieron fotografías como prueba.
Juzgan "particularmente grave" que las obras de desmonte y destrucción de vegetación natural "se realizaron en un terreno de lomeríos y planicies con matorral xerofítico con poblaciones de las siguientes cactáceas enlistadas en la NOM-059-SEMARNAT-2001: Ferocactus pilosus, Ferocactus hamatacanthus, Coryphantha poselgeriana, Echinocactus platyacanthus, Lophophora williamsii, Leuchtenbergia principis; mismas que fueron extraídas y cuyo destino se desconoce".
La denuncia no ha derivado en actos de clausura, y "se necesita apoyo de las comunidades wixárikas para frenar esto. Por un lado, ya se hizo un daño importante, pero si no los detenemos, van a seguir ampliando sus áreas de cultivo al interior de Huiricuta, aprovechando que todos tienen la atención en la amenaza de la mina", comentó al respecto Hernández Borja.
A su juicio, "esto es un problema muy serio, casi tan grave como la mina de First Majestic; sólo que ya está sucediendo ahora mismo, no es una amenaza potencial sino real. Basta con que se vea un poco más al norte de Vanegas cómo han destruido miles de hectáreas los tomateros en los últimos años". Y la Profepa no actúa, a mes y medio de la denuncia.
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Denuncias internacionales
Miembros de las comunidades huicholas del norte de Jalisco se han trasladado esta última semana a diversos foros internacionales para denunciar el riesgo en que se encuentra la ruta a Huiricuta, peregrinación ancestral de los wixaritari desde sus montañas hacia la zona del desierto potosino, donde nace el peyote sagrado de su cosmovisión.
En Vancouver, Canadá, la cita fue a una reunión mundial sobre los daños que ocasiona la minería, y la misión huichola tuvo por objeto denunciar la amenaza que significa la minera canadiense First Majestic para los frágiles ecosistemas del desierto potosino.
Por otra parte, hay una delegación presente en La Semana Huichol del National Museum of Mexican Art, de Chicago, explicó el xaureme [profesor] Jesús Candelario, donde además de promover los valores culturales, se destaca el problema social en que sobreviven estos pueblos indios.
"También se pretende entregar en Nueva York una carta en las Naciones Unidas donde se pide la intervención internacional para frenar abusos en el tema de la minería, de los despojos territoriales", y el problema no resuelto de la carretera Bolaños-Huejuquilla, en el norte jalisciense.
SIAPA quiso tapar las anomalías en uso de crédito del BID
La razón: el temor de que el BID sancione a la paraestatal. Un oficio de certificación de agosto de 2010, generado por el organismo, avalaba el supuesto uso correcto del empréstito de 1,200 millones de pesos para el programa Todos con Agua.
Guadalajara. Agustín del Castillo. PÚBLICO-MILENIO. Edición del 12 de mayo de 2011
El Sistema Intermunicipal de Agua Potable y Alcantarillado (SIAPA) intentó “tapar” hace casi un año el enorme problema detectado en el ejercicio del empréstito de casi 1,200 millones de pesos proporcionados por el Banco Interamericano de Desarrollo (BID), vía el Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos (Banobras), cuando ya eran públicas las anomalías del programa Todos con Agua.
Un oficio del organismo, fechado el 31 de agosto de 2010, dirigido a la delegada de Banobras en Jalisco, Gabriela Ramírez Oliva, y que lleva nombre sin firma del entonces contralor del organismo operador, Pedro Humberto Garza Gómez, señala que el crédito 7,230 fue ejercido de la forma prevista: “Certifico que los recursos ejercidos por la cantidad de 1,164 millones 957,410 pesos, fueron aplicados en los términos de lo que estipula la cláusula segunda del contrato Apertura de Crédito Simple, formalizado el día 6 de mayo de 2008”.
Esto, “dentro de nuestro programa Multifase de Inversiones y de Fortalecimiento Institucional y Financiero a Estados y Municipios, fondeado con recursos del BID, destinado a financiar obras hidráulicas en los municipios de la zona metropolitana de Guadalajara”, añade la carta, de la que este diario tiene copia.
“Por lo anterior, y también con la finalidad de dar cumplimiento a la cláusula décimo cuarta, certificamos que los recursos señalados fueron destinados a financiar los proyectos previstos en el plan de inversiones y que en su adjudicación se observó lo dispuesto en el manual de operación del programa, así como en las disposiciones legales aplicables”.
El documento fue entregado como prueba en una denuncia contra funcionarios y ex funcionarios del SIAPA, que derivó en la averiguación previa 6365/2010.AG3.M3, ante la Procuraduría General de la República (PGR), en octubre de 2010, interpuesta por la asociación civil Conciencia Cívica, que preside el ex diputado Salvador Cosío Gaona.
La falta de firma del hoy ex contralor, se debe a que se le quiso obligar a certificar la limpieza de un ejercicio cuando el servidor público tenía las constancias de los malos manejos tanto en la obra física como en el desvío de recursos, según la versión reconocida por Conciencia Cívica.
La corrección de los errores y la mala planeación de las obras generadas por el programa Todos con Agua ronda en 300 millones de pesos, calculó hace dos meses el gerente técnico del organismo operador, Carlos Hernández Solís (Público Milenio, 12 de marzo de 2011).
Además, unos 120 millones de pesos del crédito internacional fueron desviados a gasto corriente: nómina y energía eléctrica, según lo reconoció el propio ex director del SIAPA, Rodolfo Ocampo Velázquez (Público Milenio, 11 de mayo de 2011). Hay dudas en torno al destino de otros 300 millones de pesos.
Los recursos debían utilizarse para financiar las obras de incorporación de 230 colonias a las redes de agua y drenaje. Las evidencias de su uso irregular podrían traer severas sanciones para la ciudad, al acreditarse el mal uso de un recurso internacional.
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