La planta de Aguaprieta, superior a las normas: CEA

La tecnología con la que operará le permitirá resolver sus necesidades de energía; la calidad del agua a entregar será mejor que la que se exige, adelanta César Coll

Guadalajara, Agustín del Castillo. PÚBLICO-MILENIO. Edición del 2009-09-11

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La tecnología que empleará la futura planta de tratamiento de Aguaprieta permitirá tener agua tratada de mejor calidad a la que exige la norma y, además, la fabricación de biogás, combustible que permitirá resolver en 100 por ciento las necesidades de energía de la instalación, que pasará a control del sector público una vez vencida la concesión, en 20 años, destacó el director de la Comisión Estatal del Agua (CEA), César Coll Carabias.

En particular, dijo que la norma oficial mexicana en la materia (para descargas en cuerpos de agua tipo B) señala que la composición química del agua debe cumplir un parámetro máximo de 75 miligramos por litro de demanda bioquímica de oxígeno y de 75 de sólidos suspendidos totales. La planta entregará esos valores en 50, lo que mejora las oportunidades de uso y la condición ambiental de la cuenca del río Santiago, hacia donde será conducida esa agua.

Además, se entregará a la planta Valentín Gómez Farías, de la Comisión Federal de Electricidad (CFE), 7,500 litros por segundo del agua a que tienen derecho para generar electricidad según la concesión otorgada por la Comisión Nacional del Agua (CNA). No obstante, se le prevé entregar excedentes de hasta mil litros más, en cuyo caso, la ganancia de laelectricidad generada se repartirá a partes iguales entre la CFE y el gobierno del estado, según el acuerdo con la paraestatal.

Respecto al túnel-interceptor de ocho kilómetros que se edificará casi paralelo al Periférico norte, y que colectará las aguas de los arroyos de Coyula, San Gaspar, San Andrés y Osorio, entre otros del oriente de la ciudad, “ya se tiene listo el proyecto ejecutivo”, y se espera que la Comisión Nacional del Agua entregue 60 millones de pesos para comenzar la licitación. Se estima que la obra demorará dos años en construirse y costará unos 600 millones de pesos. Evidentemente, es indispensable que entre en operaciones para que pueda funcionar el saneamiento a la capacidad que se espera.

Ayer comenzaron a correr los 20 días que la CEA marca como plazo para integrar el expediente previo a la firma del contrato a firmar con los licitantes ganadores del proceso de construcción y operación de la planta de tratamiento de Aguaprieta, que tratará 80 por ciento de las aguas residuales de la zona conurbada de Guadalajara.

Entre los detalles pendientes están la entrega del comodato de los terrenos donde se ubicará la planta, un convenio que tendrá vigencia por los 20 años de la concesión. También se debe integrar el fideicomiso que administrará los recursos, el cual estará formado por la CEA y los propios empresarios. Está pendiente además la carta de crédito que se debe entregar para garantizar la inversión.

Adjudican planta de Aguaprieta, un negocio de 4,500 mdp

la empresa ganadora invertirá 1,650 millones de pesos, pero el tamaño de negocio a 20 años es de tres tantos

Guadalajara. Agustín del Castillo. PÚBLICO-MILENIO, Edición del 10 de septiembre de 2009


Un negocio cercano a 4,500 millones de pesos será la construcción y operación de la planta de tratamiento de Aguaprieta, que limpiará las aguas residuales de las cuencas del valle de Atemajac, hasta 8,500 litros por segundo, entre 2013 y 2030, y que ayer fue adjudicado al conglomerado de empresas integrado por Controladora de Operaciones de Infraestructura SA de CV, Atlatec SA de CV, y Servicios de Agua Trident, SA de CV.

Esto tendrá un impacto directo en el costo del agua de la zona metropolitana de 98 centavos por cada mil litros (o metro cúbico), informó ayer en conferencia de prensa el titular de la Comisión Estatal del Agua (CEA), César Coll Carabias.

El tamaño del negocio sale de la suma de 206 mensualidades —o 17 años y dos meses— que el gobierno del estado se obliga a pagar por el servicio a partir del mes 34 de vigencia del contrato, que es cuando se estima que quede lista la infraestructura, para comenzar a sanear las aguas.

El costo del proyecto, con IVA incluido, es de 2,605 millones de pesos; 948 millones provienen del gobierno federal, a través del Fondo Nacional de Inversión (Fonadin), a “fondo perdido”. El resto del dinero lo pone la empresa ganadora de recursos propios y de créditos bancarios, que debe pagar en el tiempo de vigencia de la concesión.

Cabe precisar que, si bien el pago del gobierno comienza en el mes 34, si la planta de tratamiento en ese momento no entrara en operación, la contraprestación se limitaría a catorce millones 481,521 pesos, es decir, 66 por ciento de la cantidad aprobada, que absorbe la amortización de la deuda por la obra. En el momento en que la planta entre en funciones, limpiando las aguas negras, el pago mensual sube a 21 millones 844,838 pesos. La obtención de 4,500 millones de pesos depende de que, al mes 34, ambas condiciones se cumplan y se pueda acceder por parte de las empresas a la contraprestación completa.

Una vez cumplido el tiempo del contrato, la infraestructura completa pasará a ser patrimonio de la ciudad, por vía del gobierno del estado o el organismo operador (SIAPA), dependiendo del convenio que firmen ambas entidades, precisó el director de la CEA.

Este grupo empresarial fue el que presentó la propuesta más baja solvente, es decir, el precio menor que tuviera viabilidad y garantía de cumplir con lo que exige la convocatoria para la licitación. También demostró experiencia en construir y operar dos plantas de saneamiento de al menos 1,500 l/s.

Tanto Trident como Atlatec, que juntas poseen 50 por ciento de la participación de éste, tienen también participación en el contrato para la construcción y operación de la otra gran planta de tratamiento de la ciudad: El Ahogado (Público, 8 de septiembre de 2009).

La planta de tratamiento tiene un periodo de ejecución de 33 meses, 27 de los cuales son de construcción y los seis restantes, para ajustar el arranque, la estabilización y la puesta en marcha.

El proyecto complementario, el túnel-interceptor de ocho kilómetros, que debe llevar a la cuenca agua de las subcuencas de Coyula, San Gaspar, Oriente, Osorio y San Andrés, ya está a punto de licitarse, y se hará en dos años a un costo de unos 600 millones de pesos.

Truena contra el Congreso

César Coll Carabias tronó ayer contra la Comisión de Hacienda del Congreso de Jalisco, que preside el diputado Jorge Salinas Osornio, por no emitir dictamen para entregar en comodato el terreno donde se construirá la planta de tratamiento de la cuenca El Ahogado, la segunda en importancia en la ciudad y cuyo fallo data de noviembre de 2008. “El acuerdo no se ha dado y estamos perdiendo tiempo; lo grave es la cantidad de aguas negras que estamos tirando; no es congruente decir que están a favor del medio ambiente y atrasan lo que les toca, un acuerdo […] para que se den una idea, la cantidad de agua contaminada que estamos arrojando sin tratamiento equivale a 17 mil pipas diarias”.

El saneamiento llega a la cuenca de Atemajac

Por ahí corre 80% de las aguas residuales de la ciudad; hoy se define la empresa que hará y anejará la planta de tratamiento. Con subsidio federal, en 3 años se pondrá en operación el complejo

Guadalajara. Agustín del Castillo. PÚBLICO-MILENIO

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Hoy se define la licitación de la construcción y operación de la planta de tratamiento de Aguaprieta, la cual debe tener una capacidad de 8,500 litros por segundo y saneará arriba de 80 por ciento de los desechos de la zona metropolitana de Guadalajara. El contrato será por 20 años a partir de su firma, que incluye aproximadamente tres de construcción y 17 de operación, según las bases de la convocatoria que publicó la Comisión Estatal del Agua (CEA).

Es un esquema completamente privatizado de servicio que generará un impacto en las tarifas que pagan los ciudadanos, el cual no se ha definido, pero se estima que rondará 20 por ciento del costo actual del agua (Público, 11 de junio de 2007).

La licitación incluye “proyecto ejecutivo, construcción, equipamiento electromecánico, pruebas de funcionamiento, operación, conservación, mantenimiento; así como la remoción y disposición final de los biosólidos y sólidos que se generen, bajo la modalidad de precio alzado con inversión mixta, privada, parcial y recuperable”, señala el documento base, que se puede consultar en http://www.ceajalisco.gob.mx/licitaciones/wp-content/uploads/bases-agua-....

“Será responsabilidad exclusiva de la empresa obtener la totalidad de los recursos económicos necesarios para la realización del proyecto, a excepción del apoyo del fondo de infraestructura [dotado con recursos públicos] […] la CEA ha gestionado y obtenido el apoyo del fondo como un recurso no recuperable para la ejecución del proyecto hasta por 948 millones de pesos, a precios de enero de 2008 o 49 por ciento del monto resultante de la licitación pública 43111001-090-08 —lo que resulte menor—, actualizable con base en el Índice Nacional de Precios al Consumidor”, añade.

La zona conurbada está asentada en dos cuencas hidrológicas: El Ahogado y Atemajac-San Juan de Dios. Aguaprieta tratará las aguas residuales de la cuenca Atemajac-San Juan de Dios, “que genera aproximadamente 80 por ciento de las aguas residuales de la ciudad”.

Atemajac tiene una superficie de 417 kilómetros cuadrados; la población allí asentada se estima en tres millones 373,608 habitantes, 83.8 por ciento de la población total de la zona conurbada.

Además de la gran cuenca Atemajac-San Juan de Dios, están las subcuencas tributarias de San Gaspar, Osorio, San Andrés, Huentitán, Coyula, zona oriente y El Vado; “estas descargas se llevarán a través del túnel interceptor”, que correrá paralelo al Periférico norte, en un trayecto de ocho kilómetros.

La empresa ganadora deberá aportar mínimo 25 por ciento del costo del proyecto como capital de riesgo, lo que se sumará a una línea de crédito que facilita el gobierno del estado pero que es responsabilidad de la empresa pagar, y se completará con el apoyo federal por medio del fondo citado.

También se creará un fideicomiso de administración entre la empresa y la CEA “que tendrá como objeto recibir y administrar todos los recursos económicos para el proyecto y efectuar el pago de las estimaciones de las obras revisadas y aprobadas por la supervisión y autorizadas por la CEA; asimismo, el fiduciario, en caso de ser necesario, podrá disponer de los recursos de la línea de crédito. La existencia de este fideicomiso se extenderá desde su constitución, hasta extinción del contrato, lo que permitirá su liquidación”, es decir, al transcurrir los 20 años.

Mañana, el ganador para Aguaprieta

De ganar el conglomerado que armará planta de El Ahogado, controlaría saneamiento de ZMG; es la propuesta más barata justamente la de Atlatec y Trident, por 21.8 mdp al mes

Guadalajara. Agustín del Castillo. PÚBLICO-MILENIO, edición del 2009-09-08

Mañana se definirá al ganador de la licitación para construir y operar por 17 años el sistema de saneamiento de Aguaprieta, el mayor de la ciudad, una vez que se conocen las ofertas de los grupos empresariales que pujan por el contrato. Todo pinta para que nuevamente las empresas Atlatec, SA de CV y Servicios de Agua Trident, SA de CV, bajo el liderazgo de Controladora de Operaciones de Infraestructura, SA de CV, se queden con el contrato.

Atlatec y Trident ya ganaron en noviembre del año pasado la licitación para la planta de El Ahogado, en un proceso que no estuvo exento de controversia, pues hubo un concursante, el grupo formado por OHL Concesiones México, SA de CV y OHL Medio Ambiente, que ofreció una propuesta más económica, pero que fue juzgada inviable por los calificadores de la licitación. Descalificados, se inconformaron ante la Secretaría de la Función Pública, pero no hubo mayores consecuencias (Público, 18 de febrero de 2009).

En este caso, participaron cinco propuestas de grupos de empresas. La más barata, del conglomerado citado, es de 21 millones 884,837 pesos; le sigue la de Degremont, SA líder en asociación con Desarrollo y Construcciones Urbanas, SA de CV, Sumitomo Corporation y Grupo Casgo, SA de CV, con un monto de 22 millones 968,870 pesos, según el acta de la apertura de paquetes, que se realizó el pasado 20 de agosto.

Más altas son la que lidera Acciona Agua, SA y Tecnología Intercontinental, SA de CV, por 26 millones 485,368 pesos; sigue el grupo encabezado por Cobra Instalaciones de México, SA de CV, con oferta de 26.7 millones de pesos, y finalmente, por las nubes, el grupo encabezado por C&C Ingeniería y Proyectos, SA de CV, de 56.4 millones de pesos.

¿Qué se licita? Se trata de la licitación pública nacional 43111001-090-08, para “la prestación del servicio de tratamiento de aguas residuales en [el sitio de] Aguaprieta, con capacidad de 8,500 litros por segundo, que incluye: proyecto ejecutivo, construcción, equipamiento electromecánico, pruebas de funcionamiento, pruebas de capacidad; operación, conservación, mantenimiento, así como la remoción y disposición final de los biosólidos y sólidos que se generen, bajo la modalidad de precio alzado con inversión mixta, privada, parcial, recuperable”, señala el acta.

Si el resultado del concurso se confirma según esta base económica, dos empresas, Atlatec y Trident, tendrán en sus manos uno de los servicios públicos fundamentales, y harán negocio a costa de los recursos de la ciudad.

82% del litoral de Jalisco está en manos privadas

El Tamarindo, en Cihuatlán, es un ejemplo de playa reservada exclusivamente para uso de huéspedes de un club privado. Fotos: Marco A. Vargas

Semarnat da a conocer sus registros actualizados de la zona federal marítimo-terrestre. El régimen de concesión limita el uso que se da a las playas; cada vez son menos los sitios públicos, sin reacción de las alcaldías.


Guadalajara. Agustín del Castillo. PÚBLICO-MILENIO

Las playas, la zona federal marítimo-terrestre y los terrenos ganados al mar, “o a cualquier otro depósito que se forme con aguas marítimas, son bienes de dominio público de la Federación, inalienables e imprescriptibles”, dice el artículo 5 del Reglamento para el uso y aprovechamiento del mar territorial, vías navegables, playas, zona federal marítimo-terrestre y terrenos ganados al mar.

Pese a ello, por la vía de los hechos, la privatización del litoral de Jalisco es uno de los fenómenos al alza en el proceso de desarrollo de estas costas de 342 kilómetros de longitud.

Según información pública de la delegación Jalisco de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat), 1,238 usuarios tienen el control sobre 280 kilómetros del litoral, lo que significa que prácticamente 82 por ciento del espacio de las playas tiene “dueños” de facto, aunque la dependencia insiste en que se trata de terrenos sólo susceptibles de aprovechamientos concesionados, a condición de que se respete el carácter público de las playas y no se restrinja por tierra ni por mar el libre acceso de las personas.

La realidad dice que las concesiones están en fuerte disputa para proyectos privados. En las zonas de bahías y ensenadas enclavadas en Cihuatlán y La Huerta, los conflictos son más fuertes y prolongados, señala el director del Departamento para el Desarrollo Sustentable de Zonas Costeras del Centro Universitario de la Costa Sur, de la Universidad de Guadalajara (UdeG), Francisco de Asís Silva Bátiz.

“Sobre todo en las playas que son pequeñas bahías esto podría ser más relevante; evidentemente, hablar de privatización es algo que nadie va a aceptar, en el sentido de que no es un proceso legal; el caso es que las leyes señalan que los accesos a playas, en lugares sin centros de población, deben establecerse cada dos kilómetros, y es verdad que hay playas donde no se dan estos derechos de acceso a la zona federal. Por poner un caso, en la playa Teopa, que es santuario de tortugas marinas, tenemos un frente de mar de cuatro kilómetros, pero no hay entrada con libre acceso, sólo se entra por mar, y debo recordar que es obligación de los ayuntamientos garantizar que existan esos libres accesos”, pone en relieve.

Añade: “En zonas urbanas con playa, el acceso libre debe ser al menos cada kilómetro y, en las zonas que ya cuentan con planes de desarrollo urbano, los accesos son cada cien o 200 metros”.

A juicio del investigador, “principalmente en el municipio de La Huerta es donde más se da una situación de esta naturaleza: sencillamente porque hay más potencial turístico, ya se tienen pequeñas bahías y playas que se pueden controlar, entonces sí se puede hablar de una privatización de facto, porque en grandes playones, como los la costa de Tomatlán, sería imposible controlar los accesos, además que de su potencial de turismo es de otro tipo, más contemplación y paisaje que bañistas”.

Esta apropiación del espacio público daña fuertemente a muchas comunidades que son usuarias tradicionales de estas zonas del litoral. “Este tema es parte de la agenda a partir de los ordenamientos ecológicos que se están generando en el ámbito municipal; vamos a ver qué pasa, sobre todo en playas de protección a la tortuga, como son el playón de Mismaloya [Tomatlán], y las playas de El Tecuán, Cuixmala, y Teopa, [La Huerta], que, según los decretos de protección, no pueden ser concesionadas”.

Así, si las cifras dadas a conocer por la Semarnat son correctas, “tenemos toda la costa de Jalisco concesionada, excepto las playas tortugueras, pero eso no es así, pues está documentado que se han dado concesiones dentro del santuario de Mismaloya, tanto en la zona de Hotelito Desconocido como en la zona de Majahuas, donde se le concesionaron siete kilómetros de playa a la Cooperativa Roca Negra”. Insiste en que estos dos casos están al margen de la ley.

Silva Bátiz ha sido tradicionalmente receptor de quejas de ciudadanos y autoridades locales.

“Hay gente que está molesta, regidores incluso, por este proceso, pero debemos recordar que es obligación de cada ayuntamiento garantizar que se dé libre acceso a las playas, apoyados en la Zofemat [Zona Federal Marítimo Terrestre y Ambientes Costeros]”, instancia de la Semarnat.

Es un esfuerzo que valdría la pena, “porque son los municipios los que son beneficiados con esa recaudación; entonces, vale la pena ubicar a los usuarios, regularizarlos para que paguen lo que se debe y hacerlos que se respete la ley”, añade.

“Si hacen un censo real con equipo, siquiera geoposicionadores, seguro que incrementan sus ingresos por concesiones. Además, ver qué tipo de concesión está vigente, porque se hacen trampas: algunos pagan como ornato o protección, y es claro que, si el terreno contiguo tiene utilidades, como un desarrollo turístico, debe pagar uso general, y eso es más dinero. Hay que invertirle un poco, pero de seguro ganan y ayudan a ordenar el problema”, concluye el académico.

De 1,238 usuarios registrados, 819 pagan derechos y 412 tienen concesión. Están concesionados un millón 470,499 metros cuadrados de playa, en una línea de costa de 280 kilómetros, 82 por ciento del total para Jalisco, según la información que dio a conocer la Semarnat en el marco del III Informe de gobierno del presidente Felipe Calderón.

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Registros

Lista de concesiones y registros de la Costa de Jalisco

Totales para Jalisco 1,238 usuarios registrados; 819 pagan derechos y 412 tienen concesión. La recaudación desde 2002 es de 193.2 millones de pesos y se tiene concesionados un millón 470,273 m2 de terrenos federales. Las deudas acumuladas, es decir, la omisión del pago de derechos para el litoral de Jalisco, suman casi 125 millones de pesos más en los últimos cinco años (2004-2009)

Puerto Vallarta 446 usuarios registrados con aprovechamientos sobre 28 kilómetros de litoral. 387 pagan derechos y 202 ya tienen su concesión. La superficie concesionada es de 235,761 metros cuadrados (m2). Entre 2002 y 2009* ingresaron por este concepto 150.3 millones de pesos

Cabo Corrientes 140 usuarios registrados con aprovechamientos sobre 102 kilómetros de litoral. Los 140 pagan derechos y 49 ya tienen su concesión. La superficie concesionada es de 35,370 m2. Entre 2002 y 2009 se recaudaron por este concepto 817,405 pesos

Tomatlán 30 usuarios registrados con aprovechamientos sobre 50 kilómetros de litoral. Apenas cuatro pagan derechos, pero son siete los que ya tienen su concesión (es decir, ni siquiera éstos pagan completo). La superficie concesionada es de 258,722 m2. Entre 2002 y 2009 ingresaron por este concepto un millón con 2,551 pesos

La Huerta 314 usuarios registrados con aprovechamientos sobre 65 kilómetros de litoral. 120 pagan derechos y 84 ya tienen su concesión. La superficie concesionada es de 750,044 m2. Entre 2002 y 2009 ingresaron por este concepto 12.8 millones de pesos

Cihuatlán 308 usuarios registrados con aprovechamientos sobre 35 kilómetros de litoral. 168 pagan derechos y 131 ya tienen su concesión. La superficie concesionada es de 100,374 m2. Entre 2002 y 2009 ingresaron por este concepto 15.3 millones de pesos

* 2009: Cifras proyectadas
Fuente: Semarnat Jalisco / Zofemat

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Leyes y conflictos

Reglamento para el uso y aprovechamiento del mar territorial, vías navegables, playas, zona federal marítimo-terrestre y terrenos ganados al mar

ARTÍCULO 7 Las playas y la zona federal marítimo terrestre podrán disfrutarse y gozarse por toda persona sin más limitaciones y restricciones que las siguientes: I. La Secretaría dispondrá las áreas, horarios y condiciones en que no podrán utilizarse vehículos y demás actividades que pongan en peligro la integridad física de los usuarios de las playas, de conformidad con los programas maestros de control; II. Se prohíbe la construcción e instalación de elementos y obras que impidan el libre tránsito por dichos bienes, con excepción de aquellas que apruebe la secretaría atendiendo las normas de desarrollo urbano, arquitectónicas y las previstas en la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente; y III. Se prohíbe la realización de actos o hechos que contaminen las áreas públicas…

ARTÍCULO 17“Los propietarios de los terrenos colindantes […] deberán permitir, cuando no existan vías públicas u otros accesos para ello, el libre acceso a dichos bienes de propiedad nacional, por lugares que para tal efecto convenga la Secretaría con los propietarios, teniendo derecho al pago de la compensación que fije la Secretaría con base en la justipreciación que formule la Comisión de Avalúos de Bienes Nacionales. En caso de negativa por parte del propietario colindante, la Secretaría solicitará la intervención de la Procuraduría General de la República, para que por su conducto, se inicie el juicio respectivo tendiente a obtener la declaratoria de servidumbre de paso”

Algunos expedientes de conflictos en la costa de Jalisco

CIHUATLÁN

Playa de Cocos Está inmersa en el conflicto de límites con Colima, cuyo gobierno pretende impedir al ejido El Rebalse el uso de las playas para desarrollos turísticos locales

El Palmito y El TamarindoSin acceso al público; la primera es disputada por desarrolladores privados y el ejido Emiliano Zapata; la segunda, totalmente confinada para usos de los huéspedes del club privado

LA HUERTA

Playa Teopa Santuario Tortuguero de cuatro kilómetros privatizado de facto, pues no existen accesos terrestres a la playa

Tenacatita Empresarios tapatíos pretenden los derechos sobre la playa pese a que los usuarios comerciales tienen más de 40 años instalados en la zona federal. Ha habido desalojos violentos con apoyo de la policía de Jalisco

Playa Cuitzmala Santuario Tortuguero sin acceso terrestre al público, pues se controla desde el rancho Cuitzmala, propiedad de la familia Goldsmith, aunque, si el río está abajo, se puede entrar por la parte norte

Playa Careyitos y estero Cerrada al público desde que la Zofemat otorgó concesión a empresarios que quieren edificar una marina (Roberto Hernández y socios), lo que impide a pescadores de la cooperativa de Pérula levantar cosechas

TOMATLÁN

Playón de Mismaloya Santuario tortuguero con dos concesiones ilegales a favor de El Hotelito Desconocido y de una cooperativa en Majahuas, pero aún sin problemas de acceso público.

Graban quejas contra carretera huichola

Conservación Humana AC presentó video donde se doicumenta, en voz de los propios wixaritaris, su conflicto con el gobierno de Jalisco por la carretera ilegal que se les pretende imponer


Guadalajara, Agustín del Castillo. PÚBLICO-MILENIO, edición del 2009-09-05


La organización ecologista Conservación Humana AC, asesora de la comunidad huichola Tuapurie (Santa Catarina Cuexcomatitlán), presentó ayer un video con testimonios de los wixaritaris que cuestionan la imposición y las trampas gubernamentales para imponer la carretera asfaltada Bolaños-Huejuquilla, con 19 kilómetros al interior de la comunidad.

La presentación ocurrió en el marco del Encuentro de occidentalistas que comenzó el 2 de septiembre, en el Centro Universitario de Ciencias Sociales y Humanidades de la Universidad de Guadalajara (UdeG). El director de Conservación Humana, Humberto Fernández Borja, puso en relieve que la historia del enfrentamiento con el Estado, en sus tres ámbitos de gobierno, arranca con la revelación de un acta de asamblea apócrifa, que Público dio a conocer en su edición del 16 de febrero de 2008.

En ese contexto, y ante las revelaciones hechas por este diario en su edición del 31 de agosto pasado, sobre la presuntamente irregular obtención de un nuevo permiso de cambio de uso de suelo forestal en un tramo de esa ruta (kilómetros 28 a 61), Fernández Borja criticó la persistencia de una cultura de escaso respeto a la legalidad y al ambiente por parte del gobierno de Jalisco.

“Es muy lamentable que, pese a todas las evidencias de errores e irregularidades en la construcción de esa carretera, en la que incluso está en marcha una averiguación penal, no haya una reflexión para hacer bien las cosas y que, además, la propia Semarnat [Secretaría de Medio Ambiente] no corrija el hecho de dar permisos para autorizaciones fragmentadas, cuando es una sola carretera y un impacto ambiental mayúsculo”, señaló.

Consideró que el papel de las instituciones es “decepcionante” no sólo en lo ambiental, sino también en relación con el respeto a los gobernados, que deben ser consultados en toda obra que afecte su patrimonio y sus vidas. “Es lamentable sobre todo lo que hace la CDI [Comisión para el Desarrollo de los Pueblos Indios] cuando mantiene el soporte financiero a una obra tan irregular, generando impunidad e incumpliendo los acuerdos y tratados internacionales en relación a las culturas indígenas”.

El director de Conservación Humana alertó por la vieja costumbre paternalista del Estado mexicano, que insiste en ver a los pueblos indios como “menores de edad”.

Novatez, amenaza al sector agua

Advierte Enrique Dau Flores al ser homenajeado en el marco de la primer reunión regional de la Asociación Mexicana de Hidráulica

Guadalajara. Agustín del Castillo. PÚBLICO MILENIO, edición del 2009-09-04

La habilitación de políticos sin experiencia técnica y conocimientos del sector agua es una de las grandes amenazas que tiene el país, lo que se agrava en un contexto general de crisis y falta de fuentes de agua de calidad, advirtió el ex director de la Comisión Estatal de Agua y Saneamiento de Jalisco, Enrique Dau Flores.

Al tomar la palabra durante el homenaje de que fue objeto el pasado 2 de septiembre, en el marco de la primera reunión regional de integración y desarrollo gremial de la Asociación Mexicana de Hidráulica, destacó la escasa inversión pública en el tema: “La crisis del agua en nuestro país es de tal magnitud y complejidad, y reviste tales riesgos para el desarrollo y aun para la paz social, que para hacerle frente resulta innecesario adoptar simplemente algunas medidas de cambios menores o de programas de obras; es indispensable instrumentar de manera integral un profundo cambio en la gestión del agua, con la concertación y el concurso de todos los actores políticos, financieros, fiscales, jurídicos, científicos, técnicos, organizacionales y administrativos”.

En la actualidad hay “un sector desarticulado, de escasa agilidad en sus respuestas, inexperto en temas de agua otrora dominados en las instituciones gubernamentales, muchas de las cuales tienen ahora personal directivo improvisado que actúa con buena voluntad, pero sin experiencia ni conocimientos”.

Así, la inversión pública está contraída “de forma dramática”; la agricultura de riego sigue desperdiciando agua en volúmenes colosales y los organismos operadores, “salvo contadas excepciones”, son ineficientes y despilfarradores.