Denuncian comuneros coras la imposición de la hidroeléctrica de Las Cruces por la paraestatal, aliada al gobierno local, violentando derechos agrarios. En la foto, la asamblea impugnada. CORTESÍA DE IRMA LAIR
Agustín del Castillo / Guadalajara. INTERNET MILENIO JALISCO
Los comuneros coras y mestizos de San Pedro Ixcatán y anexos, reiteraron su oposición a la construcción de la hidroeléctrica de Las Cruces en asamblea realizada el 12 de octubre ante el Jefe de Residencia de la Procuraduría Agraria de la zona norte de Nayarit, Rómulo Pérez Cruz, la cual fue convocada por presuntas artimañas de la paraestatal Comisión Federal de Electricidad (CFE).
Pérez Cruz explicó que no se podía verificar la asamblea debido a la falta de quórum, pues según la lista de comuneros del Registro Agrario Nacional cuenta con 920 miembros con derechos vigentes. Sin embargo, 515 difuntos que aún figuran como votantes. "Desde hace años la asamblea se ha instalado con un padrón de 405 comuneros con derechos vigentes, los 515 restantes son comuneros fallecidos que cuando se incorporó la comunidad al Procede [Programa de Certificación de Derechos Ejidales y Titulación de Solares Urbanos] fueron sancionados por inasistencia a las asamblea pero, como ya transcurrió el plazo de sanción a los muertos los reintegraron al padrón de comuneros”, les dijo el funcionario a los sorprendidos asistentes.
El orden del día contenía los siguientes puntos: 1) anuencia para tramitar la autorización del cambio de uso de suelo forestal; 2) anuencia para iniciar el trámite de la expropiación; 3) autorización al comisariado para firmar convenios sobre obras y servicios de compensación, y 4) anuencia y autorización para convenir la ocupación previa de las tierras a expropiarse. Autorizaciones que permitirían a la CFE iniciar la construcción de la presa en terreno de la comunidad, incluyendo las obras hidráulicas de generación, su embalse, sus obras asociadas y complementarias.
Los comuneros presentes manifestaron enérgicamente su inconformidad porque Filiberto López, presidente del comisariado, no les participó previamente sobre los asuntos tan importantes a tratar, agregando que por el momento les interesa resolver problemas agrarios de la comunidad, como la depuración censal y la modificación de los estatutos comunales, además para la mayoría de los comuneros el tema de Las Cruces ya es una decisión tomada: no rotundo a la construcción de la presa.
Ante esta posición, Filiberto López reconoció que él no hizo la convocatoria, que la hizo la CFE y que él no hará una segunda convocatoria.
Estas irregularidades han sido una constante en todas las asambleas referidas al tema de Las Cruces, razón por la cual, el pasado 11 de octubre, diversos comuneros presentaron una queja en contra de la Margarita Fermín Villarreal, Visitadora de la Procuraduría Agraria, por permitir la suplantación de asambleas legalmente constituidas, ejercer presión sobre los comuneros para la toma de decisiones y otras anomalías.
El Consejo Indígena Nayeri (cora) reiteró "su compromiso de continuar con sus acciones de información y organización entre las comunidades indígenas de la región en defensa de sus derechos, territorio y sitios sagrados gravemente amenazados por el contubernio entre autoridades, delegados y la propia paraestatal CFE, empeñados en la imposición del indefendible proyecto hidroeléctrico Las Cruces”; y hacen un enérgico llamado a las autoridades a respetar la autonomía de los pueblos.
También invita a todos los habitantes de la cuenca del San Pedro y a los nayaritas en general a informarse y estar atentos a las acciones que, como Consejo Indígena Nayeri, están llevando a cabo en defensa del Río San Pedro Libre. La presa significa un grave riesgo ambiental porque podría destruir el sistema de arrastres de limos y agua dulce a las Marismas Nacionales, el ecosistema pantanoso más importante del Pacífico mexicano.
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jueves, 17 de octubre de 2013
lunes, 1 de noviembre de 2010
Promueven coinversiones ejidos-empresarios

Hay 15.5 millones de hectáreas del país listas para convenios de asociación, pero sólo han cristalizado en poco más de medio millón; Jalisco tiene ya arriba de 400 mil ha listas para propuestas de desarrollo. La idea es dar al campo viabilidad y afrontar la pobreza campesina (foto, Santa María de Chimalapas, Oaxaca, por Marco A. Vargas), señala el procurador agrario
Guadalajara. Agustín del Castillo. PÚBLICO-MILENIO
En la promoción de ejidos y comunidades indígenas como sujetos de asociación e inversión del sector empresarial, la Procuraduría Agraria (PA) tiene en cartera 3,103 proyectos productivos en igual número de núcleos agrarios del ramo agropecuario, turístico, industrial, minero, servicios y desarrollo urbano, infraestructura y ecológico, que abarcan 15 millones 588,216 hectáreas, poco más de 7 por ciento del territorio nacional.
De ese total propuesto, ya han aterrizado en convenios de asociación alrededor de medio millón de hectáreas, pero es un comienzo alentador para el Programa de Fomento a la Inversión Pública y Privada en la Propiedad Rural que opera la Procuraduría Agraria, pues apenas arrancó en 2008, dijo su titular, Rocendo González Patiño, en su reciente visita a Guadalajara.
“La pretensión es demostrar que sí podemos asociarnos, que sí se puede abrir el ejido a la inversión privada de forma confiable; nosotros en la procuraduría podemos ser garantes, pues ayudamos a las dos partes a que se haga un proceso apegado a lo legal, justamente para evitar lo que suele suceder: que una de las partes rompa el acuerdo por estar mal sustentado o que éste quede sostenido de forma muy precaria”, señaló en entrevista el procurador, quien el pasado jueves 28 de octubre fue testigo de la firma de un nuevo convenio entre empresarios y ejidos jaliscienses.
Los datos para Jalisco: hay 1,443 núcleos agrarios, de los cuales, 55 son comunidades indígenas, y se tienen 224,666 titulares de derechos. De los proyectos propuestos en bienes ejidales del país, poco más de 11 por ciento corresponden al estado, con 161 planteamientos de inversión y 25 inversionistas potenciales. La entidad ofrece ya 426,013 hectáreas debidamente tituladas para esos propósitos.
El funcionario puso en relieve que si no se incluye a la tenencia social de la tierra como espacio de proyectos, hay un enorme desaprovechamiento del capital natural y social del país: 51 por ciento de la superficie nacional, esto es, 100 millones 518,423 hectáreas, son de esta tenencia, repartidas entre 29,272 ejidos y 2,336 comunidades, lo que hace en total a cuatro millones 632,614 titulares de derechos. Por si fuera poco, 80 por ciento de las selvas y bosques, 74 por ciento de la biodiversidad (formas de vida animal y vegetal) y dos tercios de los litorales corresponden a este tipo de núcleos campesinos.
“Nosotros estamos obligados a velar por la situación de los campesinos y a defenderlos; en este caso, ayudamos también al inversionista a que aplique su dinero de forma correcta, lo único que no hacemos es propiciar la venta de las tierras, va en contra del espíritu de este programa”, puso en relieve.
Así, el programa “busca dar usos más eficientes y productivos a la tierra rural, siempre conforme a su vocación según los ordenamientos ecológicos territoriales”, esto protege la propiedad campesina fomentando la coinversión sin que pierdan su patrimonio; también “genera condiciones de certeza jurídica para los inversionistas en el campo”. Se trata de un esquema de participación voluntaria y gratuita que busca generar alternativas a la migración campesina y a las actividades ilegales, como son la siembra y tráfico de estupefacientes, o los cambios de uso de suelo forestal, la caza y la extracción de especies silvestres prohibidas por la ley.
“Este es un paso muy importante que como país se debe dar, tras 77 años de reparto agrario y más de quince de ordenamiento de las propiedades; yo he dicho que se trata del tercer gran momento de la reforma agraria, que es hacer productiva la tierra y dar certeza y viabilidad a largo plazo a las comunidades campesinas”, puntualizó el titular de la PA.
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Un gran desafío
La tercera etapa de la reforma agraria, dice el titular de la Procuraduría Agraria, es un reto porque se debe abonar al cambio de mentalidades: la del empresario que desconfía de agraristas con escasa preparación empresarial y de núcleos agrarios de amplia nónima y muchos conflictos; o la del propio campesino, que suele ver en un actor privado un posible despojador de sus tierras y sus derechos.
“Tiene que entender el empresario que no se trata sólo de comprar tierras para hacer sólida su inversión; los ejidos son espacios seguros para muchos regímenes de asociación como son los arrendamientos o los fideicomisos; se trata de que sea un proceso claro y que siempre lo valide la asamblea general de ejidatarios o comuneros, según sea el caso; hay un enorme potencial que no se está aprovechando por estas desconfianzas mutuas”, subrayó González Patiño.
Para que el campo sustente proyectos de desarrollo verdadero, es necesario integrar al campesino a los beneficios de los negocios, “no pedimos que se les dé la gerencia de los proyectos, pedimos que se les integre como socios y se les repartan beneficios y utilidades”.
Una de las ventajas del nuevo entorno generado por este programa, añadió, es que FIRA (Fideicomisos Instituidos en Relación con la Agricultura, del gobierno federal) ya acepta como garantía el usufructo de la tierra ejidal, ejemplo que se espera sigan los bancos privados para ampliar el crédito en todas las zonas rurales del país.
domingo, 31 de octubre de 2010
Abrirán dos parques eólicos en Ojuelos
La región alteña tiene potencial para la energía eólica. La mejor prueba es el trabajo que realizó la empresa de capital español Eoliatec de México, que ayer firmó el segundo convenio con ejidos de Ojuelos para caminar hacia la apertura de dos campos eólicos que suman 1,500 hectáreas, que costarán alrededor de 2,200 millones de pesos (mdp) y dejarán en cuatro ejidos más de 130 mdp.
El procurador agrario, Rocendo González Patiño, fue testigo ayer de la firma de los contratos de asociación de la empresa con los ejidos de Chinampas y Matanzas, que prestarán por 30 años sus tierras de uso común para el segundo campo. El primero ya tiene sus contratos signados con los ejidos Vaquerías y La Paz.
El procurador destacó que es claramente posible ver en la tenencia social un potencial socio de negocios, lo que la procuraduría está detonando por medio de su programa de Fomento a la Inversión Pública y Privada en la Propiedad Rural.
“Estamos cambiando la imagen de la tenencia social como un área de conflicto; también, estamos ayudando a vencer las desconfianzas mutuas entre ejidatarios y empresarios. Estamos en la tercera etapa del gran cambio social que significó la reforma agraria: fueron 77 años de reparto agrario, más de quince años para ordenar las tierras [con el programa de Certificación de Derechos Ejidales, Procede] y ahora estamos comenzando la tercera etapa [...] que es aprovechar la riqueza de manera sustentable”.
En la firma estuvo presente el representante de Eoliatec de México, Óscar Galindo Ríos, quien consideró que muchas empresas están viendo en México un campo de oportunidad para generar energías alternativas, pese a que no es el país que ofrece las mejores condiciones. España y Alemania son los ejemplares en términos del subsidio a la actividad.
Don Ángel, comisariado de Chinampas, consideró la llegada de esa inversión como un milagro. “Estamos en una zona donde casi nunca llueve, pero gracias a Dios sí hay aire… esperemos que sigan los vientos favorables”.
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