El gobierno estatal debe enfrentar un nuevo juicio civil que demanda casi 210 millones de pesos por reparación de daños y compensaciones
Agustín del Castillo / Guadalajara. MILENIO JALISCO
Derrotado por los huicholes de Santa Catarina Cuexcomatitlán (Tuapurie) y condenado a pagar reparaciones en los 19 kilómetros dañados a esa comunidad wixárika, el gobierno del estado ahora debe enfrentar otra demanda, esta vez por la vía civil, contra las obras realizadas en la Administración de Emilio González Márquez para la carretera Bolaños-Huejuquilla: en este nuevo expediente se le reclaman casi 210 millones de pesos.
La demanda fue presentada el pasado 13 de noviembre ante el juez civil en turno por Marco Aurelio Montaño Ayala, apoderado legal de CPC Constructores, empresa propietaria de los predios boscosos Las Azucenas y El Astillero –que rebasan mil hectáreas-, la cual firmó en 2008 y 2009 dos convenios (y un adendum) con la entonces Secretaría de Desarrollo Urbano (Sedeur) para garantizar la construcción de una carretera con toda la infraestructura que minimizara el impacto ambiental, como condición para dar la anuencia de paso que permitió a su vez la autorización de cambio de uso de suelo forestal por parte de la federal Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat).
“Los trabajos de compensación ambiental mostrarían los impactos que la carretera tendría en Las Azucenas y El Astillero. Una vez definidos los grados de deterioro e impacto que tendrían los inmuebles forestales a juicio de los expertos ambientales […] se haría un programa compensatorio forestal, de suelos, de belleza escénica y de vida silvestre. No obstante, ese trabajo nunca se realizó, ya que no se presentó plan alguno de compensación ambiental por la Sedeur al actor, en consecuencia no se realizaron los trabajos de fondo inherentes a mitigar […] incumpliendo los ahora demandados esta cláusula…”, señala el documento, con copia en poder de MILENIO JALISCO.
En tal razón “se reclaman los daños y perjuicios que se ocasionaron y que ascienden a la cantidad de 69 millones 662,602 pesos”, así como 10.5 millones de dólares (unos 140 millones de pesos mexicanos) correspondiente al plan de compensación ambiental para [adquirir] dos unidades aéreas de combate de incendios forestales y protección de los bosques de la Sierra Huichol” con mantenimiento y gastos operativos por diez años, añade.
En los convenios señalados se pactó entre el particular y la dependencia construir una carretera con infraestructura hidráulica completa y los pasos de fauna necesarios, reforestar las zonas anexas, recoger el material talado para prevenir incendios y equipar y capacitar una brigada, restaurar suelos y cárcavas, enmallar zonas para impedir el tránsito libre de taladores y cazadores clandestinos, conectar los accesos a la carretera y montar puertas; colocar letreros, restaurar los bancos de préstamos (para extracción de materiales para la obra), rescatar especies de flora y fauna, entre otras.
Sobre todo ello se detallan las omisiones que se deben reparar: reforestar 16 hectáreas, conectar el predio El Astillero con la nueva carretera con camino empedrado, colocar puerta metálica de acceso a ese predio, colocar puertas metálicas al interior de Las Azucenas, delimitar ese predio con “malla venadera”; construir un paso de fauna elevado, cinco “canadienses” –al nivel de la carretera- y seis subterráneos; colocar letreros; pagar madera sustraída; reparar una cárcava provocada por la obra de brecha previa que realizó el mismo estado; restaurar la fauna impactada; limpiar trece mil metros cúbicos de material residual de la obra y pagar material pétreo, además de un equipo para patrullaje y prevención de incendios, que se sumaría a los helicópteros solicitados como compensación, detalla el extenso documento entregado a la autoridad judicial.
De estos últimos, se trata de helicópteros tipo Mi-14Zh con tanques en dos secciones para cuatro mil litros de agua, además de un hangar para su resguardo en el bosque de Las Azucenas.
Los predios señalados son unidades de manejo ambiental y conservación de vida silvestre (abreviado Umas) y se ubican al sur de Tuapurie. Colindan con el ejido Los Amoles y la comunidad wixárika de San Sebastián Teponahuaxtlán o Wuaut+a.
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Contextos
2 de julio de 2007, el pequeño propietario Marco Montaño Ayala presentó ante la Secretaría de Medio Ambiente para el Desarrollo Sustentable de Jalisco, denuncia en contra de la Sedeur por hacer tala inmoderada de arbolado durante el reinicio de construcción de la carretera Bolaños-Huejuquilla, en el caso de los predios Las Azucenas y Aguamilpa
31 de Octubre de 2007, Montaño Ayala entrega a la Profepa (Procuraduría Federal de Protección al Ambiente) una solicitud urgente de “medidas de seguridad” ante la violación recurrente de la clausura y el desacato a la misma, por parte de la Sedeur y las empresas contratistas, que reinician una vez más la construcción de la carretera
10 de noviembre de 2007, la asamblea de la Comunidad Indígena Huichol de Santa Catarina Cuexcomatitlán o Tuapurie, cuestiona el proyecto carretero que atravesaría su propiedad comunal, localizada en Mezquitic, toda vez que las obras de construcción daban inicio en las inmediaciones y dentro de su propiedad
8 de febrero del 2008, asamblea ordinaria de Tuapurie, que analiza de nuevo el proyecto carretero, cuyas obras de construcción ya se realizan en distintos tramos. Se hace notar que las empresas contratistas de la Sedeur han invadido ilegalmente el predio de la comunidad ya que no cuentan con ninguna autorización de la misma comunidad, ni ha existido ningún decreto expropiatorio, ni mucho menos indemnización alguna, así como tampoco existe autorización de cambio de uso de suelo o de aprovechamiento forestal por parte de la Semarnat. La Sedeur exhibe acuerdo de asamblea apócrifo
12 de febrero de 2008. Comienza el plantón de comuneros, que detienen la maquinaria e impiden las obras, y rompen relaciones con el gobierno estatal, con los municipios del área y con la CDI, interponen denuncia popular, amparo y denuncias penales por falsificación de documentos
27 de febrero de 2008. El amparo 596/2008 fue promovido por las autoridades comunales de Tuapurie ante el Juzgado Primero de Distrito en Materia Administrativa y del Trabajo de Guadalajara
20 de junio de 2008, el propietario de Las Azucenas y El Astillero firma primer convenio con la Sedeur, que se ampliará el 10 de junio de 2009 (adendum), mismo día que se da el convenio de cesión para ejecutar la obra en la zona
24 de junio de 2011. El juez Jorge Mercado Mejía amparó y protegió a Tuapurie (596/2008 ) por la ocupación ilegal de su territorio por parte de las autoridades demandadas
13 noviembre de 2013. El propietario Marco Aurelio Montaño Ayala demanda incumplimiento de convenio ante juzgado civil, por más de 200 millones de pesos.
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