Comienza construcción de "democracia energética"

Diputada Almeida señala que es tiempo de decisiones para afrontar desafíos locales de movilidad y cambio climático.

Agustín del Castillo / Guadalajara. MILENIO JALISCO.

La “democracia energética” demanda “la construcción de un marco jurídico y de políticas públicas para Jalisco en materia energética”. Y en abono de esa tarea, la diputada Mónica Almeida reunió ayer en el congreso local, a un grupo de notables que va desde la burocracia gubernamental, sin la que no pueden pasar esta clase de proyectos ambiciosos, hasta los científicos que en universidades y centros especializados están generando el conocimiento pertinente para iluminar los caminos del futuro.

“La democracia energética es el proceso en que todos participamos en las definiciones, de la distribución justa y equitativa de los recursos energéticos; es una apertura hacia la nuevas alternativas de producción y consumo, replanteando esa histórica tendencia de depender de energías fósiles, para trasformar la visión del consumo de energía ante el cambio climático”, puso en relieve durante la inauguración del encuentro.

“El cambio climático es el mayor reto de nuestro siglo; debemos dejar de ver el calentamiento global como una predicción, pues es algo que ya está ocurriendo, es una realidad que hoy nos afecta a todos, y […] todos los que tenemos alguna responsabilidad pública, privada, social y académica, debemos pasar de los diagnósticos a las acciones; cualquier acción que se tome hará la diferencia entre tener un futuro o desaparecer paulatinamente en estado de crisis; el costo de las malas decisiones, relacionadas con la naturaleza y nuestro modelo socieoeconómico, nos puede llevar a un punto sin retorno, pues es evidente que no podemos regresar el tiempo de las especies que se extinguen, las vidas que se pierden en inundaciones y en sequías extremas, así como en ecosistemas que no volveremos a apreciar”, alertó la legisladora.

Este desafío va aparejado de la conformación de una democracia madura, donde todos participan y las decisiones impactan positivamente en la calidad de vida de las personas comunes.

“En esta ocasión proponemos analizar los biocombustibles como una de las diversas alternativas que pueden existir, y para dimensionar la problemática en Jalisco: 56 por ciento de las familias se trasladan en vehículos particulares, y en el área metropolitana, se consumen 100 millones 600 mil litros diarios de gasolina, los cuales contienen 11 por ciento de un éter [MTDV] potencialmente cancerígeno; la Semadet señala que un vehículo compacto genera al año un promedio de 2.24 toneladas de bióxido de carbono, lo que equivale a las emisiones que genera por año el consumo de energía eléctrica de tres casas habitación; en 2016, en México se registraron 20 mil muertes anuales por contaminación del aire; el sector público de salud registra anualmente 300 mil consultas a niños menores de 5 años, que no fuman, que padecen algún tipo de enfermedad respiratoria, relacionado con la contaminación y el incremento del parque vehicular…”.

Esa es la apuesta de la bioenergía, dijo. Los trabajos del foro serán la base para fundamentar el nuevo modelo que garantice acceso universal a combustibles, precios accesibles, y minimización del daño ambiental.

GPE

Jalisco retrasó medio año verificación obligatoria

Aún no se ha publicado el calendario de dicha acción vehicular; el gobernador reconoce omisión.

Agustín del Castillo / Guadalajara. MILENIO JALISCO.

27 semanas después de arrancado el año, el gobierno de Jalisco, que se promueve como líder nacional en combate a la contaminación y en la apuesta por el ambiente, no ha publicado el calendario de la verificación vehicular, herramienta indispensable para que ese procedimiento a que deben recurrir los automovilistas –responsables de casi 90 por ciento de las emisiones en la ciudad- se pueda exigir por parte de los elementos viales de la Secretaría de Movilidad.

Sin reparar en la omisión de sus propios colaboradores, el gobernador del estado, Aristóteles Sandoval Díaz, dijo ayer que se ha retrasado la agenda y que los efectos en la salud humana son graves, pues las enfermedades respiratorias y cardiacas, que tienen asociación parcial con la calidad del aire, son segunda y tercera causa de muerte en la entidad (MILENIO JALISCO, 14 de junio de 2017). Desde que fue el día más contaminado de la década, el pasado 12 de junio, la Secretaría de Medio Ambiente y Desarrollo Territorial (Semadet) espera la publicación del calendario, pero “algo” ocurre en la Secretaría General de Gobierno, entidad que tiene el paso final previo a la publicación, que no ha sido entregada para su exhibición pública en el periódico oficial El estado de Jalisco.

“Ustedes saben que el tema de verificación lo pospusimos por la coyuntura económica, pero no puede durar mucho, el posponer la verificación, ni la inversión en todo lo que requiera reducir la emisión de contaminantes de bióxido de carbono [CO2], y todo lo que está afectando en las enfermedades respiratorias, que es la segunda causa de mortalidad en nuestro estado, por encima de la violencia y otros fenómenos muy impactantes que tenemos en el mundo”, señaló Sandoval Díaz al inaugurar el foro Democracia energética, en el Congreso local.

Las cifras de la Semadet revelan que apenas se han emitido alrededor de 360 mil hologramas, contra un parque vehicular total en Jalisco de 3.1 millones de automotores, 2.1 millones de los cuales corresponden a los nueve municipios del área metropolitana de Guadalajara, que en el tema del ozono es la ciudad más contaminada del país (edición del 13 de junio de 2017). Esto da un porcentaje de 12 por ciento de cumplimiento. Los cumplimientos en años previos son de 30 a 35 por ciento. La protesta de los dueños de talleres de ayer por la mañana se inscribe en esa lógica: la prioridad del tema solamente ha sido en el discurso.

GPE

La UdeG y la fundación Lerma cuestionan decisión del gobernador

No se ha demostrado que los supuestos beneficios justifiquen la inundación, citan

Agustín del castillo / Guadalajara. JALISCO MILENIO.

Más instituciones se suman a los cuestionamientos sobre la decisión del gobernador del estado de inundar Temacapulín, porque el viejo poblado no se salva ni siquiera con los 80 metros de cortina en que se ubica actualmente El Zapotillo.

Los Centros Universitarios de Lagos y Los Altos de la Universidad de Guadalajara, publicaron un desplegado en que “manifestamos nuestra oposición a que se continúe la construcción de la cortina de la Presa El Zapotillo a 105 metros de altura, porque a lo largo de estos años el objetivo único del proyecto es trasvasar agua a Guanajuato […] este proceso ha sido conducido con nula transparencia y sin la mínima sensibilidad social ni sentido de la responsabilidad en materia de sostenibilidad”.
Las autoridades estatales “han anunciado una decisión que corresponde también al ámbito federal, y lo han hecho sin haber construido un proceso de gobernanza que ha quedado en mera simulación”. Además, “no podemos estar de acuerdo con esa decisión tampoco, porque […] o se ha demostrado que la presa sea la alternativa técnica óptima para la gestión del agua de la cuenca del río Verde y, en cambio, ésta puede afectar gravemente la productividad de Los Altos, región agropecuaria prioritaria a nivel nacional”; también, “es evidente que la decisión tomada no se sustenta en el estudio hídrico realizado por la Unops, dado que por los alcances para los cuales fue contratado tiene sólo la utilidad para determinar la altura de la cortina de la presa El Zapotillo, y no evalúa las alternativas a no construir una presa”.

Los rectores añaden: “asegurar que esta decisión es resultado de tan sólo este estudio técnico no honra al respeto que nos merece una agencia del sistema de la Organización de las Naciones Unidas. El proceso ha sido carente de transparencia, ha excluido de información y análisis a los principales actores del estado, incluida a su Universidad pública, en la cual tenemos la responsabilidad de aportar los conocimientos técnicos, así como la perspectiva crítica de sus científicos sociales en este proceso de tan alta relevancia”.

En el proceso, “no se ha demostrado que los supuestos beneficios de la presa justifiquen la inundación de los pueblos Temacapulín, Acasico y Palmarejo, y el desplazamiento forzado de sus habitantes; ello es violatorio flagrantemente de sus derechos humanos”.

Por su parte, la Fundación Cuenca Lerma Lago de Chapala Santiago, que preside Manuel Villagómez Rodríguez, tomó el reto del gobernador a debatir por El Zapotillo, y entregó una carta en oficialía de partes del ejecutivo, con 25 cuestionamientos acerca de su medida.

En estos, le pide probar que realmente hay un beneficio para Guadalajara en los acuerdos de 2005 y 2007 que sacaron adelante el proyecto de El Zapotillo; que explique por qué las concesionarias de las obras han sido protegidas por el gobierno federal ante su presunta complacencia, y cuál es el motivo de que no se respeten ni cumplan las recomendaciones del Observatorio Ciudadano para la Gestión Integral del Agua en Jalisco, una de las cuales, es precisamente cancelar la posibilidad de un trasvase hacia la ciudad de León desde la cuenca del río Verde.

SRN

Unops: “la presa ya estaba… no nos pidieron analizar si era o no adecuada”

El responsable del balance hídrico de la Unops en el río Verde, Carlos Angelaccio, defiende la calidad técnica del ejercicio contratado por el gobierno de Jalisco.

Agustín del Castillo / Guadalajara. MILENIO JALISCO.

La Oficina de Naciones Unidas de Servicios para Proyectos (Unops) y la Secretaría de Medio Ambiente y Desarrollo Territorial (Semadet) han entendido que no se puede evitar el debate sobre la polémica decisión del gobernador, Aristóteles Sandoval, de avalar la construcción de El Zapotillo a 105 metros para dar agua a León y Guadalajara. Y de entrada, reconocen que el ejercicio de hidrología y macroplaneación siempre ha considerado la presa El Zapotillo "porque la presa ya estaba".

Carlos Angelaccio, responsable del estudio de balance hídrico, fue puntual al intervenir en MILENIO RADIO al mediodía de ayer: "...lo que pasa es que cuando uno hace un estudio de esta naturaleza, en el modelo considera lo que llamamos condiciones de contorno, que son una serie de realidades con las que uno tiene que lidiar; para nosotros la presa de El Zapotillo era una estructura que estaba en el cauce del río Verde, al día que llegamos para hacer este estudio; eso no lo podíamos ignorar y por lo tanto, también, la forma en que esa infraestructura impacta sobre la disponibilidad de agua en la cuenca; no la podíamos ignorar, y no la podíamos tampoco cuestionar, porque la presa existe, y a nosotros no nos pidieron que hagamos un análisis de de si era adecuada o no [...] y ni siquiera si existen otras soluciones", dijo el especialista.

Es decir, considera que la crítica por el "sesgo" presunto del trabajo de la Unops no considera ese elemento. "Sabíamos que es un tema en el que existía una gran expectativa, y una de las principales reacciones por las que el gobierno recurre a un organismo de Naciones Unidas, es para buscar una opinión independiente y neutral; respecto al trabajo que íbamos a realizar, cuando empezamos a formar a nuestro equipo en Guadalajara empezamos a notar todas las tensiones que había en torno al tema, así que sabíamos que había polémica en torno a esto; la única ventaja es que lo que se nos dio es una encomienda técnica, y la técnica puede admitir debates, pero siempre se llega a conclusiones válidas y de consenso, porque son cuestiones técnicas, no opiniones".

Angelaccio sostuvo que el señalamiento de ser un trabajo para legitimar una decisión ya tomada, "no tiene fundamentos; tuvimos una encomienda muy concreta que era realizar un balance hídrico, y decidimos hacerlo con la elaboración de una herramienta, para analizar distintas situaciones, para estudiar cómo responde la cuenca ante distintos escenarios caracterizados, por el clima, por la demanda de agua, y por la infraestructura, y esa fue nuestra encomienda que cumplimos sin ningún tipo de sesgo, porque eso fue lo que nos pidieron y lo que tiene hoy el estado de Jalisco, es un modelo hidrológico y de gestión que nos permite analizar escenarios, que representan distintas situaciones que pueden darse en la cuenca".

- La Universidad de Guadalajara critica que no se parta de la premisa básica que recomienda la Unión Mundial de Represas, de ONU, de que una presa no es la solución para los problemas de gestión del agua.

- Bueno, justamente los documentos de la Unión Mundial de Represas determinan una serie de condiciones que tienen que ser tomadas en cuenta de forma previa para la realización de grandes presas; pero la cuenca del río Verde ya cuenta con una gran presa, está prácticamente en proceso de finalización; entonces para nosotros, nuestra la responsabilidad de este trabajo , es cuando la presa ya estaba construida; se debió recurrir a los documentos de la Unión Mundial de Represas en el momento de definir la necesidad, la posibilidad, la calidad de solución, de lo que representa construir una presa, pero la Unops trabaja con una cuenca que tiene una presa.

- La recomendación de la unión mundial es que una presa debe ser el último recurso para resolver un asunto de gestión del agua...

- Yo creo que no se puede generalizar, porque las condiciones que se dan en una determinada región, para hablar dentro de un mismo país tan extenso, como es México, pueden ser muy diferentes de una región a otra; habitualmente, los mayores problemas que representan las presas a nivel de impacto, están relacionados con el entorno, entonces la respuesta es muy distinta de una presa que se construye en la selva, a una presa que se construye en una región ambientalmente diferente [...] lo que me parece importante recalcar es que la Unops es requerida para hacer este trabajo, no nos pidieron es que evaluáramos la conveniencia o no conveniencia de hacer la presa.

Junto con la titular de la Semadet, Magdalena Ruiz Mejía, consideró que es un trabajo sólido y que todas sus páginas están abiertas al escrutinio. También consideraron la necesidad de trascender el debate de El Zapotillo, dado que hay elementos para generar un vuelco en el modo en que se gestiona y administra el agua en Jalisco, y que son valores perdurables que deben sentar los precedentes para un manejo de cuencas más correcto y sensato en el futuro inmediato. Escuche la entrevista completa en www.milenio.com/Jalisco.

SRN

La cuenca del Verde, una de las más conflictivas del país

El organismo de ONU señala la urgencia de abordar conflictos abiertos y latentes que amenazan con agravarse en la zona.

Agustín del Castillo / Guadalajara. MILENIO JALISCO.

No son gratuitos ni arbitrarios los conflictos por el agua en la cuenca del río Verde: se trata de un recurso históricamente escaso y mal gestionado por los gobiernos y los particulares, que ha derivado a escenarios de relaciones más enconadas ante el incremento de la población y de la demanda hídrica, que ni de lejos refleja el Registro Público de Derechos de Agua de la Comisión Nacional del Agua, señala el informe entregado la semana pasada por la Oficina de Naciones Unidas de Servicios para Proyectos (Unops).
"La cuenca del río Verde es una de las principales regiones del país por desarrollo económico y productivo. Se trata de una zona con gran actividad económica, pero cuyo crecimiento se ha realizado en gran parte, a costa de sus recursos naturales, especialmente el agua y el suelo. El proyecto de presa El Zapotillo, que pretende dar una respuesta a las necesidades del recurso hídrico durante los próximos 20 años, mediante un embalse de las aguas superficiales, se encuentra actualmente inmerso en circunstancias adversas de oposición y resistencia social por parte de quienes se ven afectados en forma negativa con el proyecto", señala el capítulo denominado Problemática y conflictos asociados a la gestión de los recursos hídricos.

"Las oposiciones al proyecto han generado un conflicto manifiesto en la cuenca del río Verde, altamente visibilizado por los medios de comunicación colectiva en el que son partícipes los pobladores de las comunidades que eventualmente serán desplazados involuntariamente por la inundación del embalse y la expropiación de terrenos para el trasvase, algunos productores que se benefician actualmente del sistema actual y temen por un nuevo sistema que restringa su acceso al agua subterránea, así como quienes perciben que no existe suficiente agua para favorecer a la ciudad de León", agrega.

Además del conflicto de El Zapotillo, "existen otros conflictos latentes, menos visibles que posiblemente no llaman tanto la atención de los medios, pero que revisten gran importancia y trascendencia socioambiental". Los enumera el documento por su tipología:

Uno, "la percepción de escasez del agua, en proporción con los niveles de consumo actuales especialmente por parte de la actividad agropecuaria y de uso urbano para las comunidades aledañas y la zona metropolitana de Guadalajara"; dos, "la sobreexplotación de los acuíferos subterráneos de la región utilizados principalmente para el uso agropecuario"; tres, "los altos niveles de contaminación de origen agropecuario industrial y urbano e infraestructura insuficiente para el tratamiento de aguas residuales y mantenimiento de los cuerpos de agua".

Cuatro, "la deficiente gestión social intergubernamental en la garantía de los derechos a la población afectada por la presa y el trasvase"; cinco, "los miedos y expectativas sobre los criterios de distribución de acceso al agua de la ciudad de León con la ejecución del proyecto de presa y trasvase del Zapotillo sumados a la indefinición sobre el futuro del proyecto de la presa El Zapotillo".
Estos "son los principales puntos de tensión que definen las posiciones de los actores involucrados y dificultan la determinación de acciones coordinadas entre el gobierno federal, estados y municipios, obstaculizando la concertación de acciones con sectores productivos y sociales".

Los actores sociales que se perciben afectados "tienden a hacer alianzas para fortalecer sus posiciones en contra los actos de las entidades gubernamentales que consideran abusivos o violatorios de sus derechos, sea que se trate de acciones reales o de supuestas amenazas a sus derechos. En la medida en que la capacidad de gestión del agua resulta insuficiente y los canales institucionales fallan o pierden credibilidad ante la sociedad, existen mayores posibilidades de incrementar los conflictos en la zona y de detonar conflictos en un estado de latencia", advierte.

Por ello, "las autoridades del agua a nivel federal y estatal, Conagua y CEA, así como las autoridades políticas de los tres niveles son las llamadas a dar respuesta a la problemática e implementar medidas de prevención para evitar que los conflictos latentes escalen a una situación de violencia social. Los conflictos relacionados con el agua que se analizan en el contexto de la cuenca del río Verde como unidad de gestión, si bien tienen el potencial de convertirse en riesgos para la estabilidad de la región, también representan indicadores de oportunidades de mejora de gobernanza".

Agua que no alcanza

Sin duda hay buena fuente objetiva de estos problemas: el agua es un bien muy disputado. "Hay enormes diferencia entre las estadísticas oficiales y la realidad en la cuenca del río Verde", señala el capítulo dedicado al análisis de demandas hídricas de la cuenca.

Por ejemplo, "las áreas de riego son mucho mayores que las reflejadas en las estadísticas oficiales". Según el inventario realizado por la Unops, "el mayor demandante de agua en toda la cuenca es el sector agrícola (87 por ciento), seguido por el uso poblacional (9 por ciento), pecuario (3 por ciento) e industrial (1 por ciento), siendo el uso de aguas subterráneas mucho más importante que el uso de aguas superficiales. La gran mayoría de estas demandas se concentran en Aguascalientes y en la región de Los Altos de Jalisco Norte".

Con relación al volumen de agua demandado por el sector pecuario, "en los tres estados analizados los bovinos (leche y carne) son el mayor demandante de agua, seguido por aves y porcinos".

La comparación de las demandas actuales "para los principales usos (agrícola, pecuario, industrial y poblacional) con las concesiones otorgadas en el marco del Repda [Registro Público de Derechos de Agua] indica que, a nivel general de la cuenca, y sin distinguir entre usos de agua superficial y subterránea, las demandas totales son mucho mayores que las concesiones (más de dos veces) lo cual es especialmente notorio en el caso de Aguascalientes y los Altos de Jalisco Norte. Este resultado pone de manifiesto la urgente necesidad de actualizar el registro de las concesiones para toda la cuenca. Sin ello no será posible lograr una gestión sustentable de los recursos hídricos a mediano y largo plazo".

Propone programa estatal de atención a conflictos de agua

Los conflictos socioambientales "que se han venido explicitando en relación al proyecto de presa y acueducto El Zapotillo en el estado de Jalisco, representan la dimensión más visible del problema de la gestión del agua del régimen institucional mexicano en todos los niveles de gobierno", advierte la Unops en su recomendación G5 del informe entregado al gobernador.

"La memoria histórica de experiencias negativas en proyectos de infraestructura hídrica, la magnitud del proyecto del Zapotillo, una deficiente previsión de los impactos socio ambientales por parte de las autoridades del agua, las condiciones específicas de las comunidades sujetas a reasentamiento involuntario en el área de llenado de la presa, sumado a la falta de información veraz y completa sobre la situación del agua en la cuenca del río Verde; confieren a este conflicto una complejidad que supera el contexto socio ambiental y lo escala a un nivel de mega conflicto de naturaleza política, jurídica, técnica, económica, ambiental, sociocultural, constitucional y judicial", añade.

Urge a "herramientas, orientadas a generar capacidades de diálogo y negociación en los actores institucionales del estado de Jalisco, los grupos de la sociedad civil, así como la ciudadanía en general", lo que incluye un Programa estatal de implementación de especialistas en manejo de conflictos del agua.

El Zapotillo y no Temaca, la prioridad de la Unops

El escenario de una presa a 80 metros es viable, pero obliga al gobernador a entrar en conflicto con Guanajuato, con el gobierno federal y con los concesionarios del acueducto.

Agustín del Castillo / Guadalajara. MILENIO JALISCO.

La crítica más fuerte contra el estudio que realizó por casi 19 meses la Oficina de Naciones Unidas de Servicios para Proyectos (Unops) en el río Verde, es que, como todo contrato empresarial, siempre estuvo "a servicio del cliente". Y el cliente, en este caso, no fue ni los moradores de Temacapulín ni los habitantes de Los Altos, sino el gobierno de Jalisco, que pidió que la ecuación priorizara dos variables: la propia presa El Zapotillo, y el trasvase de agua a la ciudad de León, en Guanajuato.

La construcción de la represa ya alcanza este mes tres años suspendida por orden judicial, pero tiene un millón 250 mil metros cúbicos (m3) de materiales acumulados en una cortina de 80 metros, con una inversión en el sitio que podría acercarse a tres mil millones de pesos. La segunda prioridad, casi tan intocable como la primera, fue salvar el trasvase a León, es decir, según los términos que utilizó el gobernador Aristóteles Sandoval el pasado jueves 29 de junio, el respeto de Jalisco al "pacto federal".

En esa ecuación, nunca se consideró que la presa podría ser la que sobrara en un entorno ambiental cada vez más presionado por una población creciente –la Unops reconoce que desde 1990 creció en casi medio millón de habitantes- pero que sustenta nada menos que una economía anual, en el caso de Los Altos, de alrededor de 240 mil millones de pesos, entre 20 y 22 por ciento del producto interno bruto (PIB) del estado.

El resumen ejecutivo del extenso trabajo lo reconoce explícitamente: "El primer paso para la formulación de los escenarios consistió en la identificación de las variables que caracterizan el estado de la cuenca y cuyas variaciones pueden generar cambios sustanciales en el balance hídrico de la misma. De esta forma se identificaron un conjunto de variables de infraestructura, demandas y forzantes hidrológicos. Con respecto a las variables de Infraestructura, el análisis se ha enfocado en la presa el Zapotillo en razón de su envergadura e importancia estratégica en la cuenca del río Verde. Se consideraron dos posibles configuraciones de altura de cortina y dos posibles configuraciones de caudales firmes de operación de la presa" (página 90 del documento).

De entre una gama amplia de escenarios construidos siempre bajo ese supuesto de que El Zapotillo opere, la selección procedió bajo tres "interrogantes" que se pretendían contestar:

1). "Conocer los niveles de satisfacción de los caudales firmes de la presa el Zapotillo bajo diferentes configuraciones de la altura de cortina". 2). "Evaluar los efectos del cambio climático en el balance hídrico de la cuenca, en termino de niveles de satisfacción de la demanda, abatimiento de los acuíferos y capacidad de recuperación de los embalses, incluso El Zapotillo" y 3). "Evaluar, para un escenario futuro de explotación de la cuenca y bajo condiciones hidrológicas alteradas por el cambio climático, los efectos conjuntos de proyección de las demandas y mejoras en el uso del agua (reducción de las dotaciones para uso público-urbano e incremento de las eficiencias de riego)".

Los resultados de las modelaciones "se analizaron bajo tres puntos de vista: 1). Comportamiento de los embalses, en particular, su capacidad de recuperación, niveles de satisfacción de los caudales firmes y volumen aprovechado respecto a su capacidad total, con especial énfasis en la presa El Zapotillo. 2). Porcentajes de satisfacción de las demandas para los 4 usos (público urbano, agrícola, pecuario e industrial). 3). Tendencias de abatimiento de los acuíferos establecidos en la delimitación adoptada en el marco del presente estudio".

Las conclusiones del estudio de balance hídrico, "se concentran en tres importantes áreas temáticas, que responden a las principales interrogantes planteadas alrededor de la gestión del agua en la cuenca del río Verde: La aptitud del embalse El Zapotillo para poder erogar los caudales firmes que permiten atender a los acuerdos de distribución que establecen las reservas de aguas nacionales (decreto del 17 de noviembre de 1997); el volumen de demandas calculadas para los cuatro usos prioritarios (público urbano, agrícola, pecuario e industrial), y el nivel de satisfacción de las mismas bajo las condiciones actuales y escenarios futuros; el comportamiento de los acuíferos en relación al régimen de explotación actual y futuro, y la disponibilidad de aguas subterránea para garantizar la sostenibilidad de las actividades productivas radicadas en la cuenca del río Verde".

Queda claro que el eje de la decisión es el proyecto El Zapotillo-León; la posibilidad de preservación de Temacapulín fue negada en función de que la presa soportará al menos una altura de 80 metros, y que no es viable sostener con diques el viejo poblado.

No obstante, el escenario de 80 metros establece: "con una altura de 80 metros, la presa El Zapotillo podría servir caudales de 4.8 m3/s con una confiabilidad del 98 por ciento. Es decir, con poca probabilidad de falla en atender el caudal reducido de 4.8 m3/s, mostrando capacidad de recuperación inmediata (resiliencia) ante eventuales periodos de insatisfacción (33 por ciento) y operando en promedio al 80% de su capacidad, sometida frecuentemente a vertidos por excedencias".
Ese escenario, para los críticos del gobernador, era un punto de negociación que le permitía acercarse al cumplimiento de su promesa, dado que una operación de la presa en términos adecuados y su constante extracción hará remoto que se presente riesgo para Temacapulín, por un lado; en un segundo aspecto, salvaría los derechos para la ciudad de Guadalajara, y en un tercero, justificaría la importancia económica innegable de Los Altos, como aportador de uno de cada cinco pesos de la riqueza de la entidad.

Pero significa enfrentar no solamente al gobierno federal y al estado de Guanajuato, sino la perspectiva compleja de una megainversión que ya tiene concesión y títulos y cuya rescisión significaría una costosa erogación del erario para daños y perjuicios.

"Parece que este tema solamente se puede salvar por la vía judicial, dada la enorme presión que el gobernador tiene incluso al interior de su gabinete", señala a MILENIO JALISCO un consultor cercano al tema, que subraya la enorme influencia del consejero del mandatario, Enrique Dau Flores, quien en los últimos 40 años ha sido el principal promotor de obras hidráulicas en la región occidental del país. Ex alcalde de Guadalajara y ex titular de Desarrollo Urbano en los años de Guillermo Cosío (1989-1992) y de la Comisión Estatal de Agua y Saneamiento (CEAS) en la era de Francisco Ramírez Acuña (2001-2007), tiene un reconocido liderazgo al interior de los grupos profesionales de la ingeniería hidráulica y ha sido reconocido y consultado por la propia Comisión Nacional del Agua (Conagua), incluso durante los doce años de administraciones panistas.

¿Tiene futuro la vía judicial? Hipotéticamente, sí. La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) y todo el aparato judicial han incorporado desde la reforma constitucional de 2013. El máximo tribunal del país ha señalado que en controversias de derechos humanos y ambientales, los convenios y tratados internacionales tienen el rango constitucional. Y en caso de conflicto, se debe aplicar el criterio "que más favorezca a los derechos humanos" de los individuos, es decir, un criterio pro-persona al que apelan los 400 afectados de Temaca contra la inundación de sus tierras y su casi cinco veces centenaria comunidad.

También debe resolver la colisión de derechos para los habitantes de Los Altos, cerca de 800 mil, que mantienen un emporio altamente productivo que es el eje de la cohesión social y cultural de una decena de ciudades y unos dos mil poblados de todos los tamaños. Además, se producen alimentos, otro derecho humano básico. En ese caso, el conflicto es con el derecho al agua de la ciudad de León e incluso Guadalajara, pero el Observatorio Ciudadano para la Gestión Integral del Agua de Jalisco sostiene que la ciudad de El Bajío tiene alternativas en su propia cuenca, además de un considerable margen de recuperación de caudales con la mejora de su infraestructura y la generación de políticas de uso racional del recurso, obligadas en un entorno de creciente escasez.

Todo esto demuestra que pese a la decisión de Sandoval Díaz, hay demasiados caminos aún por recorrer para ver la luz del final de un conflicto que ya rebasa una década de haber estallado.

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Claves

El proyecto oficial, 13 mil mdp

La Comisión Nacional del Agua y los gobiernos de los estados de Guanajuato y Jalisco, desarrollan el proyecto sobre el río Verde, para aprovechar hasta 8,6 m3/s en el suministro de agua potable a León, Guanajuato (3.8 m3/s), Guadalajara (3 m3/s) y Los Altos de Jalisco (1.8 m3/s)

"La población de León se abastece principalmente de agua subterránea. La sobreexplotación de los acuíferos se estima del orden de los 3 m de abatimiento anual. El proyecto El Zapotillo permitirá transferir un volumen cercano a los 120 millones de m3 anuales, de la cuenca del río Verde a la cuenca del río Lerma, la cual está sobreexplotada"

Datos básicos: presa de almacenamiento: 911 millones de m3; altura de cortina de 105 metros; altura de bombeo de 500 metros y acueducto de 139 kilómetros a León; planta potabilizadora (3,8 m3/s), dos plantas de bombeo; tanque de almacenamiento (100 mil m3) y macro-circuito de distribución (43 km) en la ciudad de León

Inversión total: 13,089 millones de pesos (datos de 2014). El gobierno federal aporta directamente 4,077 millones; el Fondo Nacional de Infraestructura, 3,319 millones, y los inversionistas privados, 3,754 millones. El estado de Guanajuato aporta 233 millones de pesos, mientras 195 millones son aporte de Jalisco. Aparte: tenencia de la tierra (666 millones); línea de alta tensión (324 millones); derechos, impuestos, estudios, proyectos (521 millones de pesos)

Costo de la presa: 4,505 millones de pesos; costo del acueducto, 7,073 millones de pesos. Los constructores. De la presa: La Peninsular Compañía Constructora, SA de CV; FCC Construcción, SA de CV; Grupo Hermes, SA de CV. Acueducto: Abengoa México, SA de CV; Abeinsa Infraestructuras Medio Ambiente, SA de CV; Sociedad Unipersonal; Abeinsa, Ingeniería y Construcción Industrial, SA

Fuente: Conagua, Proyectos Estratégicos, 2014

SRN

Temaca no pretende aceptar el “diálogo” de Aristóteles

La dirigente del Comité Salvemos Temacapulín, Acasico y Palmarejo advierte la decepción por la actuación del mandatario, pero confía en sus recursos

Agustín del Castillo / Temacapulín, Cañadas de Obregon. MILENIO JALISCO.

María Abigail Agredano Sánchez, la septuagenaria que encabeza la defensa de Temacapulín contra sus anegadores, apunta, serena: “Tenemos parada la presa desde hace tres años, yo creo que sí se puede enfrentar al gobierno y ganar; sobre todo porque nuestra lucha es justa, no estamos luchando por algo que le queremos robar a alguien, estamos luchando por lo nuestro, que nos ha costado y no queremos perder”.

La tarde del infausto anuncio del gobernador del estado, Aristóteles Sandoval Díaz, doña Abigail iba en la comitiva, que fue invitada a la presentación del estudio de la Oficina de Naciones Unidas de Servicios para Proyectos (Unops, por sus siglas en inglés). Un informe que les dejó claro que no ellos, sino la presa El Zapotillo, la enorme infraestructura por la que les pretenden obligar a desalojar sus casas, siempre fue la prioridad en las ecuaciones del mandatario de Jalisco.

- ¿Ustedes esperaban este tipo de tratamiento, este anuncio?
- Esperábamos algo así de la Unops, pero no lo esperábamos del gobernador, y sobre todo la hipocresía de estar diciendo que lo siente, que perdió con nosotros, que nos va a ayudar, eso sí no lo esperábamos, porque no es justo que se burlen de nosotros…

- ¿Cómo afrontarán este desafío?
- En primer lugar, creo que el gobernador no es una autoridad para decir eso ni para iniciar la construcción de la presa; tenemos la sentencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), no creo que él sea más que la Suprema Corte; tenemos los amparos vigentes, no creo que sea algo que le permita hacer lo que quiere […] no nos vamos a dejar, si aquí no se puede hay instancias internacionales.

- Hace tres años, en abril de 2014, cuando el gobernador les dijo por primera vez que Temaca no se salvaba a 80 metros, había más angustia, hoy se ven tranquilos.
- Supongo que son tantas veces las que nos lo han dicho; nos lo dijeron en julio de 2011, en abril de 2014, y ahora […-] creo que hemos adquirido más experiencia, como dicen: lo que no te mata te fortalece. El gobernador miente a cada instante, cuántas veces nos dijo que nos iba a salvar, que estaba con nosotros… es un gran mentiroso, pero porque es un político, así son…

- Sorprende que un movimiento integrado por personas mayores cumpla diez años de resistencia, pese al desgaste a que los someten, no se rinden, ¿por qué?
- Pese a todo... no sé, pero quizás sea lo que te cuesta tener una casa; antes éramos muy pobres, se vivía con muchos sacrificios, mi padre trabajando en el campo, de albañil, y pegar un ladrillo, poco a poco. Será el sacrificio con que se obtienen las cosas, el arraigo, la tranquilidad. Haber visto lo que mis padres trabajaron por esto nos da un amor más grande al terruño.

- ¿Cómo han sobrevivido a diez años de asedio?
- A veces batallando, imagínese: nos acaban de dar señal de celular en Semana Santa, no querían dárnosla; los teléfonos eran celulares de casa, tenemos televisión de sky, no nos dan servicio…. hemos sobrevivido, sobre todo el valor de seguir adelante, los que están con nosotros no quieren deshacerse de sus casas […]

- ¿Confía en que se va a ganar y a imponer la razón de Temacapulín?
- Claro, si no me toca verlo a mí, les tocará verlo a otros; pero sí vamos a ganar, no vamos a permitir que nos echen de nuestro pueblo, porque en realidad quieren nuestro pueblo; ustedes saben que están repartiendo agua que no existe, lo que quieren es el pueblo, necesita dejarle 20 a 30 años sin sacar agua para que se llene, eso no va a ser posible […].

- ¿Aceparán las mesas de diálogo que propuso el gobernador?
- Ya caímos dos veces en eso; una vez con Conagua, y es lo peor que podemos hacer, no lo vamos a aceptar desde luego, porque no nos dan una opción, se burlan de nosotros, […] Roberto López Lara se la pasaba viendo el celular; se burlaba de nosotros, sin educación, aunque tengan tantos estudios…

- Como ayer fue Aristóteles Sandoval, hoy es Enrique Alfaro su aliado, ¿les da confianza?
- Alfaro es un político, y no sabemos qué pase mañana; no podemos confiar totalmente en ellos, porque tienen interés en la política. Lo más fuerte es seguir la estrategia legal, tenemos parada la presa desde hace tres años […] no vamos a robarnos nada, sólo que nos respeten lo que somos y lo que nos ha costado.

MC