jueves, 24 de marzo de 2016
Antorcha se va del PRI; 50 mil simpatizantes en Jalisco
El movimiento campesino que se incorporó al PRI en 1989, a instancias de Carlos Salinas, se dice "ninguneado" por el priismo nacional y el del estado, con el cual se enfrenta más frecuentemente que con gobiernos panistas.
Agustín del Castillo / Guadalajara. MILENIO JALISCO.
Antorcha Campesina, un movimiento político popular que nació en 1974 en el centro del país, y se adhirió al PRI en el gobierno de Carlos Salinas de Gortari, está más que dispuesto a salirse de ese instituto político, debido al “ninguneo total hacia nosotros”, una percepción que el dirigente en Jalisco, Eduardo Campos Flores y su vocero, Salvador Mateo Martínez, comparten con los líderes nacionales.
“En Jalisco son más de 20 mil agremiados, distribuidos en 30 municipios de las regiones Sur, Costa Norte y Costa Sur, Sierra Occidental, Valles, Centro, Los Altos y Ciénega; y de entre los simpatizantes fácilmente alcanzamos 50 mil”, explica Mateo Martínez. “El trato que nos ha dado el PRI Jalisco es el mismo ninguneo total hacia nosotros. La posición del antorchismo es en el mismo sentido que la está trazando nuestro máximo dirigente nacional, Aquiles Córdova Morán”, añade.
No hace falta recurrir a demasiadas indagaciones para probar esos frecuentes desencuentros. En los tres años que tiene al frente de Jalisco un gobierno priista, tras tres administraciones panistas, se han debido multiplicar manifestaciones públicas tanto en la capital de Jalisco como en municipios donde gobierna el tricolor, en reclamo de compromisos que, de última hora, se cancelan. El conflicto es de mucho mayor intensidad que el que se vivió con gobiernos blanquiazules. Los enfrentamientos verbales de la dirigencia estatal con el secretario General de Gobierno, Roberto López Lara, se convirtieron en “pan de cada día”.
Los agravios, múltiples: desde obras carreteras canceladas hasta urbanizaciones truncas, y hasta cosas simples como espacios para la venta de artesanías y productos campesinos de los agremiados. En buena medida han terminado en acuerdos, pero el desgaste es mayor, pues obliga a marchas, a tomas de edificios y a plantones por semanas en las plazas públicas.
Y este problema se repite, a niveles mayores, en los estados centrales como México y Puebla, donde están la mayoría de los afiliados. De la Ciudad de México llega el eco: “En el PRI siempre se nos ha tratado como arrimados, como apestados, siempre, no sé si exactamente todos. Siempre ha estado presente una fracción que, según yo, nunca nos ha digerido ni con salsa mil islas, no nos quieren, y desgraciadamente tengo la mayoría de veces una sensación de lo que leo, de lo que siento, que es esta corriente la que siempre se impone, la que nos mira mal, la que nos patea, la que nos insulta, incluso ha habido gente que dice ‘Antorcha no es del PRI’ y luego ‘vénganse, hay que votar por el PRI’, ¿cómo le vamos a hacer”, le dijo Aquiles Córdova Morán a El Universal.
Es fundador del movimiento; hace 42 años se reunió con 31 “campesinos e ingenieros agrónomos” y nació el Movimiento Antorchista Nacional. El dirigente asegura que los 32 miembros iniciales se multiplicaron “y hoy la organización tiene en sus filas a un millón 200 mil personas”, cuya salida es un lujo que podría pesarle al partido en el poder.
“Nosotros no nacimos pensando en que seríamos un componente del PRI. Nosotros comenzamos a trabajar en una organización absolutamente independiente de cualquier partido político porque desde que yo era estudiante de Chapingo me pude dar cuenta de que los partidos políticos son maquinaria para mover a la gente y vote por las personalidades o líderes que el propio partido le propone a la gente. Esa forma de operar, para la visión que yo tenía de las necesidades de la gente del campo, definitivamente resultaba inadecuada, opuesta a los intereses que nosotros perseguíamos. De tal manera que nosotros no nacimos pensando en ser o pertenecer a un partido político, sino en crear una organización independiente que naciera desde abajo, organizara a los más pobres entre los pobres para su defensa”, agrega el líder nacional.
Los detractores de Antorcha vinculan la inclusión en el PRI del movimiento, a las negociaciones de Raúl Salinas de Gortari, con quien sostenían amistad y trayectorias en movimientos de izquierda campesina algunos de los fundadores de Antorcha Campesina.
Pero el dirigente cuenta otra versión: “Cuando se hace candidato a la presidencia de la República Carlos Salinas de Gortari buscamos una entrevista con él, la cual se realizó en un hotel de Puebla. Lo que le pedimos fue que nos diera un reconocimiento legal porque estábamos temerosos, se había desatado una campaña para ponernos fuera de la ley, y como blanco de la represión. Nosotros creíamos que eso se podía atenuar si se nos daba un registro legal. ‘Queremos que usted, señor candidato, que va para presidente de la República y al que le hemos oído hablar de lo que piensa del campo mexicano, nos extienda algún reconocimiento que nos ponga a salvo de estos ataques, de esta imagen de ilegales y peligrosos”. La negociación terminó sumando al movimiento al sector campesino del PRI, compañero incómodo de la enorme y crecientemente rebasada Confederación Nacional Campesina (CNC).
“Los Antorchistas siempre hemos reconocido el gesto de Carlos Salinas para ayudarnos a salir del pozo, de la clandestinidad, donde nos quería ahogar la propaganda negra”, agregó Córdova.
ías pero en una década se ha multiplicado: lidera decenas de peticiones en zonas rurales, serranas, pero también en la periferia del área metropolitana de Guadalajara. Sus dirigentes locales aseguran que han logrado etiquetar presupuestos para obras de sus agremiados gracias a la pequeña bancada antorchista en el Congreso de la Unión. “Estamos cada día más fuertes y al alza”, repone Mateo Martínez. Este es el movimiento incómodo que está por dejar al PRI. El costo que le signifique, se reflejará en el proceso electoral de 2018, pero más de inmediato, en las tensiones crecientes entre las demandas de sus miembros y la clase política en el poder.
miércoles, 23 de marzo de 2016
Agua, 60 años de un problema no resuelto en el AMG
Falta establecer bases sólidas para un desarrollo sostenible de la ciudad en ese tema; El Purgatorio se incorporará como fuente en 2018.
Agustín del Castillo / Guadalajara. MILENIO JALISCO.
A 60 años de la entrada en operación de la primera fuente de abastecimiento enclavada fuera del valle de Atemajac, el acueducto Atequiza-Las Pintas, que conducía agua desde el lago de Chapala; y 25 años después de la conclusión de la última gran obra de abastecimiento sobre el río Calderón, la presa Elías González Chávez, los problemas del agua se han hecho endémicos en una conurbación que no ha sabido fabricar acuerdos ni respuestas suficientes a su desafío en ese sector.
Los trabajos de construcción de la derivadora de El Purgatorio, sobre el río Verde, están en fase final, por lo que se espera que en menos de un año concluya la obra civil, y en dos, se pueda incorporar la nueva fuente de abastecimiento, que de entrada aportará hasta 5,600 litros por segundo a la ciudad sedienta, refiere el director de la Comisión Estatal del Agua (CEA), Felipe Tito Lugo Arias.
Lo de la sed, es parte de un debate inacabado: el sector público asegura que es real la falta de agua en la metrópolis, donde se tiene la misma agua desde que Calderón entró en operaciones alrededor del año 1993, cuando había poco más de 2.5 millones de habitantes. Hoy, la ciudad cuenta con casi 4.8 millones, de los cuales corresponde al Sistema Intermunicipal de Agua Potable y Alcantarillado (SIAPA) cubrir a poco más de cuatro millones. Sin embargo, por encima de la cantidad de personas, está la agresiva expansión de la mancha urbana, que llevó de una urbe de 30 mil hectáreas a una de más de 61,820 hectáreas de "espacio construido" (los datos más recientes, generados por el Instituto Metropolitano de Planeación).
De este modo, la densidad de población pasó de 180 habitantes por hectárea a 65. Esto significa que llevar el agua a cada morador metropolitano es considerablemente más caro que en el pasado y se debe ir a zonas cada vez más alejadas. Independientemente, si se considera que llegan a la ciudad 9,500 litros por segundo (5,500 de Chapala, poco más de 3 mil de los pozos del acuífero y entre 500 y mil de Calderón) según el Observatorio Ciudadano del Agua, o 10,500 litros según la Comisión Nacional del Agua (Conagua), hace una cuenta al día de 820 mil metros cúbicos (820 millones de litros) a 907 mil m3; y un promedio diario por habitante de 205 a 227 litros, muy por encima de los parámetros mínimos exigidos para una calidad de vida adecuada por la Organización Mundial de la Salud (OMS), que rondarían un mínimo de 110 litros.
Estos datos llevan a los críticos del sector oficial a señalar que el problema verdadero es una muy mala gestión del agua, lo que significa su distribución inequitativa, la falta de protección eficaz a las fuentes de abastecimiento, el esquema de cobro que tampoco es equitativo porque permite a quienes requieren agua como insumo de riqueza proveérsela a costos mínimos, las pérdidas en red que se mantienen por arriba de 30 por ciento, y el desperdicio ingente del agua pluvial, que trae aparejado el problema crónico de las inundaciones.
Durante toda esta polémica, el discurso oficial ha sido crítico sobre la irresolución de los tomadores de decisiones para decantarse por un proyecto "definitivo", pero complaciente en relación a las demás causas del atraso en la gestión integral del recurso, obligatoria según la Ley de Aguas Nacionales, es decir: el agua no se sanea completamente (menos de 65 por ciento), no se reutiliza prácticamente (menos de 10 por ciento), no es ahorrada de forma eficaz por los usuarios (aunque el esquema de tarifas del SIAPA es un avance porque premia el uso moderado del recurso), no se cuidan las zonas de alta recarga del acuífero (está invadida de desarrollos privados y proyectos públicos) y prácticamente no se capta agua de lluvia (300 millones de metros cúbicos de precipitación pluvial provocan inundaciones ... y terminan mezcladas con las aguas negras en la barranca del río Santiago).
Resulta paradójico que un Purgatorio pueda conducir a la salvación, pero la megaobra de 6,788 millones de pesos, que bombeará el agua de poco más de 500 metros, permitirá paliar los problemas de la gestión inadecuada, pero no la solución. Los responsables gubernamentales aseguran que es apenas el comienzo de la resolución del déficit. Los críticos, buena parte de ellos reunidos en el Observatorio Ciudadano del Agua, señalan que si no se comienza a "arreglar la casa" no habrá agua que ajuste. Es en el fondo un tema del modelo de ciudad, señala el investigador Arturo Gleason Espíndola: la ciudad compacta y autogestionada para que dependa de sus propios recursos – que no son pocos -, o la ciudad dispersa y dependiente de bienes naturales traídos cada vez de más lejos, sustentada sobre bases más precarias.
Claves
Los descuidos
Entre 1991 y 2016, la ciudad dobló su superficie y redujo su densidad de habitantes a un tercio, lo que significa que la población se dispersó, con costo de servicios públicos mayor pero grandes márgenes de ganancia para los fraccionadores
Además, se creció sobre las zonas inadecuadas: sobre arroyos y ríos, que en sus puntos bajos son hoy ocupados por calles y fincas que impiden el funcionamiento hidrológico de la ciudad. El efecto son inundaciones periódicas con alto riesgo para patrimonios y vidas de los moradores, con costos promedio de mil millones de pesos anuales
También se permitió urbanizar buena parte del área de alta recarga de los acuíferos metropolitanos, lo que evitó la infiltración de millones de litros, y repercutió en el abatimiento del manto subterráneo.
Un tercer problema es que el agua subterránea, mientras más profunda, tiene peor calidad, lo que ocasiona un alto costo de potabilización. El ejemplo claro de este efecto se tiene en el valle de Toluquilla, donde el agua con arsénico por abundancia natural, mayor mientras se bombea desde más profundo ha generado una alta precariedad en el servicio para casi un millón de habitantes de Tlajomulco, Tlaquepaque, El Salto y Zapopan
De 30 a 40 por ciento del agua que se abastece en la urbe viene del subsuelo. Cada año llueven en promedio 973 milímetros, lo que da un estimado anual de 340 millones de m3, según datos del investigador Carlos Hernández Solís
Baja inversión que se ha hecho en la infraestructura. Redes de agua y alcantarillado con antigüedad de 40 a 80 años —algunas todavía son de barro—, son causa de miles de fugas, y de colapsos de pisos en calles y avenidas: se ha llegado a rebasar tres mil eventos por año, según el organismo operador. Urge reponer 1,800 kilómetros, casi la cuarta parte de las redes
Comenzar llenado de El Zapotillo, controversia no resuelta
El Imdec exige a la Unops que se clarifique el tema, de acuerdo a lo que se discutió en la reunión de diciembre de 2015.
Agustín del Castillo / Guadalajara. MILENIO JALISCO.
El Instituto Mexicano para el Desarrollo Comunitario (Imdec), asesor del movimiento por la defensa de Temacapulín, Acasico y Palmarejo, amenazados con las aguas de la presa El Zapotillo, advierte que la Unops no ha sido clara sobre diversos “productos tempranos” efecto de su trabajo en la cuenca del río Verde, y en particular le preocupa el posible “llenado temprano” del embalse artificial construido actualmente a 80 metros de altura.
“Se plantea en primer término la necesidad de entender en qué consiste: uno, el producto temprano que evalúe la posibilidad de aprovechar la próxima estación lluviosa para el llenado parcial de la presa; dos, el objetivo de la mesa de diálogo y en particular la participación de la sociedad civil en este proceso; y tres, el alcance de la visita conjunta con Semadet, Unops y Pnuma [Programa de Naciones Unidas para el Medio Ambiente] a la presa a realizarse el próximo 15 de diciembre”, señala el acta de la reunión del 14 de diciembre, a cuya copia tuvo acceso MILENIO JALISCO.
La organización social no ha obtenido respuestas tres meses después. A detalle: “Sobre el producto temprano, que evalúe la posibilidad de aprovechar la próxima estación lluviosa para el llenado parcial de la presa, Unops precisó que para que su intervención con la participación del Pnuma sea útil se tiene que brindar al estado de Jalisco un conjunto de recomendaciones para que éste pueda tomar decisiones asumiendo las dos condiciones que pueden resultar objeto de aprobación en el marco los litigios planteados, es decir, que la altura de la cortina de la presa se desarrolle hasta una altura de 80 o de 105 metros, respectivamente”.
En tal sentido “y considerando que conforme a lo establecido por la sentencia dictada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación al revisar la Controversia Constitucional 93/2012, se ha prohibido superar la altura de 80 metros de cortina, se estimó de común acuerdo entre el gobierno de Jalisco y la Unops realizar un análisis de ambos escenarios para determinar las implicancias técnicas, sociales y ambientales en cada uno de ellos, incluyendo las condiciones de seguridad en el estado actual con una presa sin llenado, para el caso que pudieran registrarse avenidas extraordinarias máximas a partir de la temporada de lluvias, especialmente frente a las poblaciones residentes en las inmediaciones de la obra”.
De lo que se trata, “en consecuencia, es de anticipar al gobierno de Jalisco una opinión técnica paso que la autoridad federal competente en la materia resolviera acogerse a los términos del mandato emanado de la SCJN en el decisorio ya citado. Lo cual no debe entenderse como una recomendación a que el gobierno de Jalisco inste al llenado de la misma, antes bien como un producto “temprano” orientado a proveer al gobierno de Jalisco con una opinión técnica antes de la finalización del convenio UNOPS, a término de los 18 meses”, añade el acta mencionada.
En todo caso,” y a las resultas de la preocupación generada por este apartado del documento del proyecto Jalisco Sostenible Cuenca Río Verde, resultaría factible generar una fe de erratas que reemplace la referencia que ha sido causa de tales interpretaciones encontradas”, señalan. No ha pasado tal corrección.
martes, 22 de marzo de 2016
Urge la Ley de Ciudades y Territorio
García Rojas destaca el abusivo poder de las inmobiliarias que condiciona el bienestar de los moradores de las conurbaciones.
Agustín del Castillo / Guadalajara. MILENIO JALISCO.
La Ley General de Ciudades y Territorio, cuya aprobación fue bloqueada por el lobby inmobiliario ante las cámaras federales en el primer semestre de 2015, es la oportunidad que requiere el país para recuperar el control del desarrollo urbano que ostentan los intereses económicos, advierte el consultor Jesús García Rojas.
“La última modificación constitucional relevante a la Ley General de Asentamientos Humanos fue hecha en 1993 cuando en un arrebato federalista el gobierno federal abdico a la rectoría del Estado Mexicano en materia de planeación, ordenamiento territorial y el desarrollo urbano; se delegó a todos los municipios del país las facultades de planeación, ordenamiento del territorio, definición de usos y destinos del suelo, cuando no estaban ni aún hoy están preparados para ello, originando una enorme discrecionalidad, corrupción e impunidad, explicables fortunas de funcionarios públicos por conceder cambios de usos del suelo y de constructores vendiendo casas de mala calidad ejerciendo subsidios federales mal diseñados, expansión urbana, daños ambientales y ecológicos, enormes costos sociales y perdida de la calidad de vida”, pone en relieve en un análisis entregado a MILENIO JALISCO.
A partir de 1994, “en algunos municipios del país se crearon los institutos municipales de planeación, agencias de desarrollo urbano o secretarias técnicas de planeación, en general con malos resultados ya que sus lineamientos fueron normativos, algo así como las llamadas a misa, va el que quiere, y así fue: algunos hicieron buenos trabajos pero nadie les hacía caso, además de que sus consejos supuestamente ciudadanos fueron controlados por notables, cámaras de constructores, desarrolladores de vivienda y por quienes monopolizan la tierra urbana, influyendo en las decisiones de los institutos para su beneficio”.
A esto “súmenle que los municipios cada tres años se reinventan y revisan sus planes de desarrollo, en síntesis podemos decir fueron más los daños que los beneficios que originó, un fracaso”, subraya.
El actual Ejecutivo Federal y el Poder Legislativo “admiten la existencia del problema y se intenta resolverlo poniendo un alto a la anarquía en la planeación, el ordenamiento territorial y el desarrollo urbano y recuperar la rectoría del estado en esta materia, lo cual sin duda es esperanzador; el primero creó la Secretaria de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (Sedatu), que por cierto acaba de cambiar de titular, dando un golpe de timón, cambiando las políticas públicas en la materia; y el segundo a través de las cámaras de Diputados y Senadores impulsa la iniciativa de una nueva reforma relevante a la Ley General De Asentamientos Humanos para crear un nuevo marco legal a través la Ley General de Ciudades y Territorio”.
Ese proyecto de ley es complejo y perfectible, pero necesario “por la dimensión y diversidad del país, la concurrencia de tantos actores, la alternancia política, el que los plazos de las administraciones federales, estatales y municipales no son compatibles con las visiones de mediano y largo plazo que cita la misma; no será fácil en caso de aprobarse su implementación, pero sin duda es bien intencionada, merece ser apoyada y aprobada, es innovadora y nos actualiza a las circunstancias del presente y prevé el futuro”, destacó.
Por eso se debe pugnar por sacar adelante una versión que al menos permita un marco de acción para frenar los abusos. Pero los obstáculos políticos no serán menores, advierte.
Agustín del Castillo / Guadalajara. MILENIO JALISCO.
La Ley General de Ciudades y Territorio, cuya aprobación fue bloqueada por el lobby inmobiliario ante las cámaras federales en el primer semestre de 2015, es la oportunidad que requiere el país para recuperar el control del desarrollo urbano que ostentan los intereses económicos, advierte el consultor Jesús García Rojas.
“La última modificación constitucional relevante a la Ley General de Asentamientos Humanos fue hecha en 1993 cuando en un arrebato federalista el gobierno federal abdico a la rectoría del Estado Mexicano en materia de planeación, ordenamiento territorial y el desarrollo urbano; se delegó a todos los municipios del país las facultades de planeación, ordenamiento del territorio, definición de usos y destinos del suelo, cuando no estaban ni aún hoy están preparados para ello, originando una enorme discrecionalidad, corrupción e impunidad, explicables fortunas de funcionarios públicos por conceder cambios de usos del suelo y de constructores vendiendo casas de mala calidad ejerciendo subsidios federales mal diseñados, expansión urbana, daños ambientales y ecológicos, enormes costos sociales y perdida de la calidad de vida”, pone en relieve en un análisis entregado a MILENIO JALISCO.
A partir de 1994, “en algunos municipios del país se crearon los institutos municipales de planeación, agencias de desarrollo urbano o secretarias técnicas de planeación, en general con malos resultados ya que sus lineamientos fueron normativos, algo así como las llamadas a misa, va el que quiere, y así fue: algunos hicieron buenos trabajos pero nadie les hacía caso, además de que sus consejos supuestamente ciudadanos fueron controlados por notables, cámaras de constructores, desarrolladores de vivienda y por quienes monopolizan la tierra urbana, influyendo en las decisiones de los institutos para su beneficio”.
A esto “súmenle que los municipios cada tres años se reinventan y revisan sus planes de desarrollo, en síntesis podemos decir fueron más los daños que los beneficios que originó, un fracaso”, subraya.
El actual Ejecutivo Federal y el Poder Legislativo “admiten la existencia del problema y se intenta resolverlo poniendo un alto a la anarquía en la planeación, el ordenamiento territorial y el desarrollo urbano y recuperar la rectoría del estado en esta materia, lo cual sin duda es esperanzador; el primero creó la Secretaria de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (Sedatu), que por cierto acaba de cambiar de titular, dando un golpe de timón, cambiando las políticas públicas en la materia; y el segundo a través de las cámaras de Diputados y Senadores impulsa la iniciativa de una nueva reforma relevante a la Ley General De Asentamientos Humanos para crear un nuevo marco legal a través la Ley General de Ciudades y Territorio”.
Ese proyecto de ley es complejo y perfectible, pero necesario “por la dimensión y diversidad del país, la concurrencia de tantos actores, la alternancia política, el que los plazos de las administraciones federales, estatales y municipales no son compatibles con las visiones de mediano y largo plazo que cita la misma; no será fácil en caso de aprobarse su implementación, pero sin duda es bien intencionada, merece ser apoyada y aprobada, es innovadora y nos actualiza a las circunstancias del presente y prevé el futuro”, destacó.
Por eso se debe pugnar por sacar adelante una versión que al menos permita un marco de acción para frenar los abusos. Pero los obstáculos políticos no serán menores, advierte.
lunes, 21 de marzo de 2016
Presentan acción colectiva contra fraccionamiento de El Nixticuil
Los defensores del presionado bosque del norte de la metrópolis reclaman por tala impune de la floresta, a favor de un fraccionamiento
Agustín del Castillo / Guadalajara. MILENIO JALISCO.
Una acción colectiva ante juzgados de distrito es parte de las acciones de resistencia civil que han anunciado los vecinos que defienden el bosque del Nixticuil de la marea de fraccionamientos que lo destruyen gradualmente. En particular, se trata de un recurso judicial contra el desarrollo Bosque Encantado, que derribó 125 árboles y no ha sido afrontado por dos sucesivas administraciones municipales.
Se trata de “hacer públicas algunas nuevas iniciativas que estamos realizando en conjunto con distintos vecinos de los barrios anexos al Nixticuil para continuar con la defensa del bosque; la interposición de una acción colectiva ante los juzgados de distrito en materia civil para detener el avance del fraccionamiento Bosque Encantado y la presentación del corto documental denominado ‘La guerra nos alcanzó’, que narra parte de este proceso de despojo y resistencia del último año, en el que también varias casas anexas a este predio han resultado dañadas por la tala del bosque”, señalaron los quejosos, en conferencia de prensa esta mañana.
La pugna es en contra de la fraccionadora Spinelli Corporation, para la construcción de ese desarrollo “y frente a la política de complicidad que el gobierno de Pablo Lemus ha mantenido hacia los fraccionadores que están destruyendo El Nixticuil, misma que fue hecha pública por el presidente municipal hace un mes cuando señaló que no detendrá a ninguno de los fraccionamientos que están acabando con el bosque, aun cuando sabemos que es posible utilizar distintos recursos como el juicio de lesividad, y aun cuando desde el gobierno del Estado y el de Tlajomulco se han montado y planteado recursos en los últimos meses que demuestran lo contrario en el caso de los Colomos y el bosque La Primavera”.
La acción judicial se interpuso el pasado 18 de marzo, con el respaldo de cuarenta y dos vecinos de distintas colonias; la demanda fue turnada a la juez Jessica Villafuerte Alemán, del juzgado 1 de Distrito, “con el objetivo de regresar el predio a las condiciones físicas naturales que tenía antes de la tala y la urbanización; y como medida precautoria en la demanda se solicita a la juez detener los trabajos de construcción del fraccionamiento Bosque Encantado hasta que se dé sentencia de la misma”.
La acción colectiva “es un instrumento novedoso en la legislación mexicana, y corresponderá a la juez Villafuerte darle curso y no desestimarla pues responde al interés por defender el derecho al medio ambiente de todos los habitantes de la ciudad de Guadalajara. Esta acción colectiva está dirigida en contra de la empresa Spinelli, pero también en contra de de las direcciones de Ecología y Parques y Jardines del municipio de Zapopan, así como de la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente y la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales” a quienes señalan como responsables de emitir permisos y de ser omisos en la aplicación de la legislación.
“Con esta acción impulsada desde abajo, desde la gente común y corriente preocupada por el bosque, volvemos a demostrar que la gente está haciendo el trabajo que se supone le corresponde al gobierno municipal, que es defender el derecho al medio ambiente y conservar un ecosistema de primera importancia para la ciudad como es el bosque El Nixticuil. Es posible y necesario hacerlo para defender el bosque”.
El colectivo que defiende El Nixticuil presentó el corto documental “La guerra nos alcanzó”, que “fue grabado y realizado por la gente de la comunidad después de un taller comunitario de cine documental impartido por la directora Antonieta De La Puente. El corto, documenta parte del proceso de despojo y resistencia que en el último año se ha desplegado en contra del proyecto Bosque Encantado, que se encuentra en la larga lista de fraccionamientos que están destruyendo el bosque. Además muestra la afectación que la tala del bosque por parte de la empresa Spinelli ha generado a las casas de una decena de familias vecinas”.
CLAVES
*En febrero de 2015, la inmobiliaria Spinelli Corporation taló más de 125 árboles entre encinos, guamúchiles, tepames y huizaches en un predio de dos hectáreas del bosque El Nixticuil para la construcción del fraccionamiento Bosque Encantado, de 150 casas
“La complicidad del Gobierno municipal de Zapopan y el gobierno federal a través de la Profepa y la Semarnat en este ecocidio se ha evidenciado en distintas ocasiones. Argumentando que el predio no forma parte del área natural protegida bosque El Nixticuil, se violó la normatividad ambiental y se otorgaron permisos de tala en un predio forestal para convertirlo en habitacional”
Los quejosos señalan al gobierno de Héctor Robles y al de Pablo Lemus por haber ignorado “la reiterada exigencia de los vecinos para la clausura definitiva del proyecto, que además del grave daño ambiental que ha generado al Nixticuil por la remoción de toda la cobertura forestal, ha provocado también daños a las casas de algunos vecinos, la cuales han sufrido inundaciones y graves cuarteaduras en sus muros y algunas están en riesgo de derrumbarse”
viernes, 18 de marzo de 2016
CEDHJ pide cuentas a Semadet sobre verificación
Los concesionarios señalan la violación de sus derechos económicos porque se les pretendería sacar del programa antes de tiempo
Agustín del Castillo / Guadalajara. MILENIO JALISCO.
La Asociación de Talleres Acreditados del Estado de Jalisco AC, que agrupa una mayoría de los concesionarios del programa de verificación de automóviles en el estado, abrió una queja en la Comisión Estatal de Derechos Humanos en contra de la titular de la Secretaría de Medio Ambiente y Desarrollo Territorial (Semadet), Magdalena Ruiz Mejía, a la que señala de violar sus derechos económicos y de paso afectar el derecho a la salud de la población.
El ombudsman estatal notificó el pasado 8 de marzo a las partes sobre el desarrollo del expediente 3646/16, lo que debe derivar en una respuesta de la dependencia cuestionada previo a determinar su los derechos humanos de la parte quejosa han sido efectivamente violados.
La secretaria, “quien está al frente del programa de verificación vehicular estatal obligatorio, ha hecho caso omiso de sus funciones, dejando a los talleres a menos de la mitad de su capacidad para verificar […] pues existe un parque de vehículos aproximadamente de tres millones, y de ese total, solamente han verificado en promedio 25 por ciento por año desde 2013 [año en que asumió la actual Administración], siendo parte fundamental la Secretaría de la que me quejo, para el buen funcionamiento, y que por falta de campañas publicitarias masivas hacia el ciudadano y en coordinación de [sic] la Secretaría de Movilidad, pues existe falta de operativos de las diversas dependencias”, además, esa omisión viene aparejada con una dotación escasa de hologramas, que impide llevar a números más ambiciosos el cumplimiento del programa, no obstante su trascendencia para combatir la contaminación del aire, destaca el representante de los quejosos, Jaime David Aldrete Medina.
Asegura que las omisiones tienen consecuencias negativas en la atmósfera de la ciudad, como a su juicio lo demuestran las contingencias y precontingencias declaradas en la zona sur de la ciudad los días finales de febrero y los comienzos de marzo.
“También quiero señalar que cuando salga la nueva convocatoria o rediseño del programa de verificación vehicular obligatoria, se dará por concluida la concesión que me otorgó el gobierno de Jalisco en 2013 por cinco años, para vencer en el año 2018, siendo violentado mi derecho a mi concesión adquirida…”.
El visitador correspondiente, Mario Alejandro Segura Padilla, le pide a la titular de la Semadet, dentro de su respuesta, “uno, que indique de qué manera la secretaría a su cargo ha establecido la política pública en materia de prevención de la contaminación atmosférica por fuentes móviles”; dos, “indique cómo se han establecido y operado los sistemas de monitoreo, medición y análisis de emisiones contaminantes a la atmósfera” de esas fuentes, y tres, “qué estrategias se han impulsado para incentivar la tecnología vehicular [sic], la mejora de los combustibles, la movilidad no motorizada, la eficiencia energética y la reducción de emisiones de contaminantes…”.
Los concesionarios del programa de verificación vigente han señalado que se les pretende desplazar del programa para favorecer empresas grandes que ya controlan el proceso en ciudades como Puebla, Tijuana y México; la secretaria ha respondido que no será tal, y que se permitirá la libre competencia siempre que se cumplan los requisitos para establecer líneas de verificación.
miércoles, 16 de marzo de 2016
Unops busca una difícil construcción de credibilidad
La agencia reporta avances en su trabajo; reconocen haber comenzado “con un marcador en contra”, pero aseguran que su labor será transparente.
Agustín del Castillo / Guadalajara. MILENIO JALISCO.
La agencia de Naciones Unidas para Desarrollo de Proyectos (Unops) apela a la paciencia de los defensores de Temacapulín y de Los Altos de Jalisco: el proceso de análisis de la problemática de la cuenca del río Verde ya ha comenzado y se garantizará “en todo momento” el libre acceso a la información sobre la base de los derechos humanos fundamentales, señalaron los responsables del proyecto, Alejandro Rossi y Eliana Ames Vega.
“Hemos dado los avances en el marco de los tres componentes; avances vinculados a los estudios técnicos referidos en el servicio del trabajo en campo, en la revisión documental para poder elaborar el análisis hídrico, para poder identificar los sitios de levantamiento de datos georreferenciados; con especialistas multidisciplinarios avezados en el análisis hídrico, además de la revisión documental vinculada a la presa El Zapotillo, con expertos en presas”, refirió Ames Vega, quien es la directora del proyecto Jalisco Sostenible cuenca del río Verde.
“En el marco del componente 2, que es la gobernanza [gobernabilidad con la integración de todos los grupos sociales afectados] estamos elaborando un análisis de los actores locales ubicados en la cuenca del río Verde que nos va a servir como un insumo indispensable para conocer qué actores intervienen y quienes luego tendrán que participar en un espacio de cambio de diálogo, en el marco de la gobernanza por los recursos hídricos en la cuenca; además de la difusión de la información, se empieza a generar el diseño de una web propia del proyecto, con la información de nuestra red, la apertura de una cuenta en tuiter, con un hashtag denominado #JaliscoSostenibleCuencaRioVerde, en el marco de la gobernanza y las comunicaciones”, añadió.
Rossi secundó: “la idea es que sea información pública del gobierno mexicano, tanto a nivel del estado de Jalisco como de la federación; y que la información sea alojada en el sitio público de la Semadet [Secretaría de Medio Ambiente y Desarrollo Territorial], y además, toda la información que vayamos generando en el proyecto la subamos al sitio web de la ONU, y que ambos estén enlazados entre sí, para quien tenga acceso a la red, y a quien no, facilitarle esto en físico, porque es necesario”.
Los especialistas reconocen que el tema está de tal modo politizado, que la intervención de la Unops debe ser garante de la distensión y no un elemento extra que abone en la desconfianza de los ciudadanos.
“Arrancamos con un marcador en contra, puesto que hay mucha impaciencia y mucha desconfianza, por eso dijimos que lo principal era construir la confianza con todo el esquema público de la gestión del agua y para eso tomamos acciones muy concretas; la primera fue construir el sitio digital de información en el ámbito de Semadet, que desde el primer día que se firmó el proyecto está disponible; el segundo hito fue en diciembre, en que promovimos y acompañamos una visita a la presa de El Zapotillo junto con las comunidades para asegurar que se estaba cumpliendo con la disposición de la corte suprema [Suprema Corte de Justicia de la Nación]. También en diciembre tuvimos una reunión con representantes de la sociedad civil, para entender la preocupación que tenían del proyecto y los próximos pasos; ahora hemos empezado diálogo con distintos actores de la sociedad civil, ha comenzado el proceso del mapeo de actores, que llevará dos meses, la idea es que los actores visibles e invisibles estén identificados para poderlos invitar a este espacio de diálogo”, destacó Rossi.
A su juicio, la transparencia y la comunicación serán los hilos de los que penderá el complicado ejercicio de generar productos a nivel de propuesta para garantizar la sostenibilidad de la cuenca del río Verde, no solamente en el caso de la presa sino todo el abastecimiento superficial y subterráneo, y la economía que los requiere, de manera que transite hacia esquemas de sostenibilidad en vistas del principio precautorio ante el cambio climático. “Nada de lo que se plantee será en contra de los derechos humanos de las personas, el derecho al agua, a la vida y demás aspectos elementales”, subrayó.
Los Altos de Jalisco aportan casi 25 por ciento del producto interno bruto de Jalisco y tienen más de 800 mil habitantes.
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