domingo, 6 de septiembre de 2009

La CFE ratifica: Arcediano requiere “cortina flexible”


No ha habido acercamiento con la CEA, dice el director de construcción de la paraestatal, entrevistado el pasado miércoles 2 de septiembre en esta ciudad

Guadalajara. Agustín del Castillo. PÚBLICO-MILENIO, edición del 2009-09-04

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La propuesta de hacer en Arcediano una cortina de “materiales flexibles” no es capricho, se fundamenta en el conocimiento de la geología de la zona que tiene la Comisión Federal de Electricidad (CFE), la cual ha tenido “varios proyectos exitosos” en la cuenca del Santiago que lo demuestran, dijo el director de construcción de la paraestatal, Humberto Marengo Mogollón.

Entrevistado en esta ciudad, a la que acudió en su calidad de presidente de la Asociación Mexicana de Hidráulica, a la reunión regional del organización, que incluyó un homenaje a la trayectoria de Enrique Dau Flores en el auditorio de la Universidad Autónoma de Guadalajara, Marengo Mogollón puso en relieve que la paraestatal tiene como muestra las presas de Aguamilpa, El Cajón y La Yesca (en construcción), todas construidas con cortinas flexibles y que han operado de forma exitosa en una zona con actividad sísmica relevante.

“Nosotros propusimos un tipo de presa con base en la experiencia que tenemos; no conozco el nuevo proyecto [que propuso el gobierno de Jalisco], no he tenido la oportunidad de conocer sus alcances, pero definitivamente la propuesta de nosotros sigue siendo el proyecto que en su momento definimos […] es decir, una cortina de materiales graduados o de enrocamiento con cara de concreto: una presa con materiales flexibles capaz de adaptarse a una geología no necesariamente buena con condiciones similares a las otras presas del Santiago y que hemos resuelto exitosamente”.

La CFE fue el consultor principal del gobierno de Jalisco hasta 2007 para el proyecto de la presa; con el arribo del gobierno de Emilio González Márquez, esa relación perdió relevancia, pues el nuevo director de la Comisión Estatal del Agua (CEA), César Coll Carabias, optó por apoyarse en el consultor alemán WBI, que preside Walter Wittke, con el que definió una cortina de concreto compactado con rodillo, conocida como CCR (Público, 15 de junio y 18 de julio de 2009).

—¿No ha habido un acercamiento de la CEA para preguntarle su opinión sobre este nuevo proyecto?

—Como CFE no se ha dado todavía ese acercamiento, pero sabemos que está la discusión para tratar de encontrar el mejor proyecto.

—¿Ustedes participarán en el Consejo Consultivo Técnico de la CNA para dar su opinión?

—No lo sé, no nos han invitado y no conocemos los detalles de ese nuevo proyecto.

Marengo Mogollón también señaló que la realidad de la crisis hídrica del país es preocupante, pues hay financiamiento insuficiente y un marco legal y político que no ayuda a hacer las obras necesarias y a utilizar de forma racional el agua. “Yo creo que ya se nos hizo tarde en haber empezado; como presidente de la AMH les diría que necesitamos hacer un planteamiento claro a nuestras autoridades de lo que tenemos qué hacer”, subrayó.

—¿No cree que el enfoque del uso de agua es muy productivista, que no se ve el componente ambiental?

—Indudablemente; algo que nos sucede mucho en México es que el agua no nos cuesta, estamos acostumbrados a que sale de la llave y no cuesta, y la realidad es que el servicio para traerla a las llaves, a las casas, a las industrias, tiene un costo muy alto; algo que tenemos que aprender es a cuidar el agua, no cuidamos el agua, por eso nos volvemos ineficientes, por eso las desperdiciamos, y ni siquiera la limpiamos, tenemos que ser conscientes de que la tenemos que cuidar, y eso es algo que todavía no sucede.

miércoles, 2 de septiembre de 2009

La Conafor estrena director adjunto

Guadalajara. Agustín del Castillo. PÚBLICO-MILENIO. Edición del 2 de septiembre de 2009

En un político, como temían los ambientalistas del país, ha recaído la designación del nuevo encargado de la Comisión Nacional Forestal (Conafor), pero con cargo de “director adjunto”, lo que significa que todavía no se trata de una decisión definitiva del presidente de la república, Felipe Calderón Hinojosa.

El comunicado oficial de la dependencia revela que ayer tomó posesión del cargo el ex diputado federal panista por Chihuahua Emilio Flores Domínguez, en sustitución de Carlos Rodríguez Combeller, quien se jubiló del servicio público en las semanas recientes.

“El secretario de Medio Ambiente y Recursos Naturales, Juan Rafael Elvira Quesada, encabezó la presentación del funcionario ante los coordinadores de la Conafor, en las oficinas centrales de la institución”, explica el documento.

Emilio Flores es licenciado en economía por el Instituto Tecnológico de Estudios Superiores de Monterrey y cuenta con dos maestrías, una en administración y otra en Global MBA. Fue diputado federal por el Partido Acción Nacional en la LX Legislatura, donde participó en las comisiones de Medio Ambiente y en la de Hacienda y Crédito Público. Además, fungió como delegado de Banobras por casi cuatro años en su estado natal.

Multas por 8 mdp en carretera polémica


Las aplicó la Profepa en la ruta Bolaños-Huejuquilla. La zona donde se autorizó cambio de uso de suelo no tiene clausura vigente


Guadalajara. Agustín del Castillo. PÚBLICO-MILENIO, Edición de 2009-09-02


La Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa) ha aplicado multas por más de nueve millones de pesos al gobierno de Jalisco por las diversas omisiones y daños que han generado las obras en la carretera Bolaños-Huejuquilla, según un informe de la delegación entregado a las oficinas centrales de la dependencia, de las cuales siguen vigentes sanciones por un monto cercano a casi ocho millones de pesos.

Se trata de una “nota informativa” enviada por el delegado estatal, José de Jesús Becerra Soto, al subprocurador de recursos naturales, José Ramiro Rubio Ortiz, fechada el 28 de octubre de 2008, pero que no registra mayores variaciones a diez meses, según se confirmó en una solicitud de información que la dependencia contestó al Instituto Transparencia y Acceso a la Información Pública el pasado 19 de agosto (expediente número PFPA/5.3/12C.6/000364-09). Las copias de ambos oficios están en poder de Público.

La nota del delegado de Jalisco explica que “esta delegación ha instaurado siete procedimientos administrativos desde el año 2005; de ésos, dos se encuentran concluidos [PFPA-JAL/SJ/54/476/07 y PFPA-JAL/SJ/54/053/08] al no haber existido irregularidades que sancionar. En los cinco procedimientos en los que sí se encontraron irregularidades, se han determinado seis clausuras totales temporales [en diversos tramos del proyecto carretero], por el derribo de arbolado y cambio de uso del suelo de terrenos forestales, sin contar con las autorizaciones correspondientes por parte de la Semarnat”. Añade: “Se han emitido tres resoluciones administrativas [PFPA-JAL/SJ/54/184/05, PFPA-JAL/SJ/54/021/08 y PFPA-JAL/SJ/54/028/08], con sanciones consistentes en multas por un monto total de nueve millones 66,650 pesos”, sin embargo, “la correspondiente a un millón 441,400 pesos [PFPA-JAL/SJ/54/184/05] fue conmutada”.

Precisa que la Sedeur acreditó la entrega de cinco estudios de daños ambientales, de los que dos están "debidamente autorizados, motivo por el que se ordenó el levantamiento de las medidas de seguridad que se habían impuesto”.

Este levantamiento de clausura, precisa el texto, ocurrió el 15 de septiembre de 2008, para el expediente PFPA-JAL/SJ/54/021/08 —tramo del kilómetro 70.4 al 89.580, en la zona de la comunidad indígena de Tuapurie (Santa Catarina Cuexcomatitlán)—; el segundo levantamiento se hizo el 10 de octubre de 2008, relativo al expediente PFPA-JAL/SJ/54/028/08, tramo del km 61 al 70.4.

En el caso del tramo de los km 28 a 61, no hubo actos de clausura “por no existir irregularidades que sancionar”. Eso motivó a que en ese tramo se otorgara el cambio de uso de suelo forestal el pasado 6 de agosto, por parte de la Semarnat, aun sin anuencia de paso de todos los propietarios de los terrenos (Público, 31 de agosto de 2009).

Becerra Soto subraya que el juicio de amparo que tiene vigente una suspensión a favor de Tuapurie impide recomenzar obras. A esto se agrega una demanda civil por 63 mdp y un procedimiento penal por falsificación de firmas y documentos, instaurado en febrero de 2008.

Carmona niega “trampa” para permiso carretero


La Semarnat decidió otorgar aval aun sin anuencia de paso en la ruta a Huejuquilla. La Sedeur asegura que omisiones ambientales obligaron a regresar 29 mdp.

Guadalajara. Agustín del Castillo. PÚBLICO-MILENIO. Edición de 2009-09-01

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La Secretaría de Desarrollo Urbano (Sedeur) no hizo trampa al tramitar el cambio de uso de suelo forestal entre los kilómetros 28 y 60 de la carretera Bolaños-Huejuquilla ante la Secretaría de Medio Ambiente (Semarnat), pues la solicitud establece “en un renglón” la falta de anuencia del dueño de los predios El Astillero y Azucenas, aseguró ayer el titular de la dependencia, Sergio Carmona Ruvalcaba.

Tan se ha respetado el derecho de propietarios y comunidades, dijo, que la obra va lenta y se tuvieron que regresar 29 millones de pesos que no se pudieron ejercer del presupuesto del último año.

“Tuvimos una plática con el señor Marco Montaño [representante legal de los dueños de los predios mencionados], en los mejores términos; nosotros establecimos que la solicitud de cambio de uso de suelo que elaboramos indica qué documentos hay y qué documentos no hay, y en un renglón se señala que no había habido la anuencia del dueño, claramente; había un convenio de aceptación previa, que él de manera unilateral modifica, sin un acuerdo previo, pero la intención no es pelear”, puso en relieve Carmona Ruvalcaba.

Detalló que las negociaciones ayer continuaban en la Secretaría de Planeación “para tratar de ver cuáles son las cosas que él requiere en el cumplimiento del convenio […] yo le dejé muy claro que la intención no es tener un enfrentamiento, esa carretera ya ha tenido muchos enfrentamientos y ha tenido retrasos por sexenios, y lo que se trata aquí es de salir adelante”.

—Pero les dieron el permiso sin contar con la anuencia, ¿esto se puede legalmente?

—Bueno, es que nosotros estamos tratando de cumplir con la Semarnat; nos puede decir sí o nos pude decir no, en este caso nos dijo sí y estamos buscando la manera de no de caer nuevamente en un litigio […] sin dolo, sin mala fe, ni nada, sino simplemente hay la intención de construir la carretera.

El secretario reconoció que no se ha liberado el derecho de vía que requiere la ruta carretera. “Estamos trabajando en lo que es la materia jurídico-ambiental, pero la verdad es que es una carretera que lleva toda la prisa que requiere el caso, y la prisa es que no requiere de tanta prisa, o sea, es preferible caminar con pies de plomo lo que se logre avanzar…”.

—¿No quieren invertir en una obra ecológica porque significa más costos?

—No, no, no tiene que ver con costos, tiene que ver con cumplir los ordenamientos ecológicos […].

Respecto a la oposición de la comunidad huichola de Santa Catarina Cuexcomatitlán, que demandó civilmente por 63 millones de pesos al gobierno, Carmona Ruvalcaba reconoció su derecho, y no sabe si esto llevará a modificar el trazo para sacarlo de la zona de Tuapurie.

“Yo no puedo anticipar qué va a pasar, lo que yo voy advirtiendo es los avances que van teniendo en un momento dado tanto el proyecto como la obra, y empatándola con la parte jurídica, y todas las demandas que vengan son bienvenidas pero también tienen que ser analizadas con toda objetividad y lo que de ahí proceda lo estaremos cumpliendo; no me quiero tropezar con la misma piedra […] donde haya que parar, paramos, y donde haya que avanzar, avanzamos, yo no tengo la intención de atropellar los derechos de ningún pequeño propietario, de ningún ejido o comunidad”, enfatizó.

Añadió: “Lo ideal es que hubiera conciencia para entender que la zona Norte merece y necesita una carretera, y bueno, sabemos también que hay intereses, que hay diferentes visiones y puntos de vista, y la nosotros es simplemente la de llevar la comunicación para allá”.

Nueva junta intermunicipal en la sierra

La conforman seis ayuntamientos de Jalisco y uno de Michoacán y manejará la basura común

Guadalajara. Agustín del Castillo. PÚBLICO-MILENIO, Edición de 2009-09-01

La notoria incapacidad de los municipios políticamente pequeños y de presupuesto escaso, para resolver problemas ambientales de forma aislada, llevó a seis ayuntamientos de la región Sureste de Jalisco a reunirse con el municipio de Marcos Castellanos, Michoacán, para formar una junta intermunicipal para la gestión integral de los residuos en esta zona montañosa, que vive del turismo y de las actividades agropecuarias, lo que la lleva a depender en mayor medida de un buen estado de salud de los ecosistemas.

Ayer se presentó de forma oficial en Guadalajara el programa de trabajo de la junta, cuya ejecución entre 2009 y 2016 demanda una inversión de poco más de 34 millones de pesos, y tiene, entre otros cometidos, la misión de generar un relleno sanitario regional, enclavado en Mazamitla, y una planta de transferencia, en donde se concentrarán sólo desechos inorgánicos, pues los orgánicos (53 por ciento del total) deberán ser transformados en composta, según lo explicó la secretaria de Medio Ambiente en Jalisco, Martha Ruth del Toro Gaytán.

Las oportunidades son incluso mayores, pues podría buscarse mercado para plásticos, vidrios y cartones, lo que reduciría en otros 20 puntos la generación diaria de basura. Y si bien, las cuentas de esta región equivalen a las de una colonia populosa de Guadalajara, como Oblatos o la Constitución (apenas 55 mil habitantes en 368 poblados), su mejor gestión favorecerá uno de los enclaves turísticos de montaña mejor posicionados del país, y permitirá entregar aguas de mejor calidad hacia el lago de Chapala, a donde vierte la cuenca.

En el acto de presentación del programa, realizado en uno de los salones del Club de Industriales, asistieron los alcaldes de Concepción de Buenos Aires, La Manzanilla de la Paz, Marcos Castellanos, Mazamitla, Quitupan, Tuxcueca y Valle de Juárez, una región montañosa que entrega agua y servicios ambientales al lago, pero además, hacia las cuencas de los ríos Coahuayana, que vierte al océano Pacífico entre Michoacán y Colima, y Tepalcatepec, que desahoga sus aguas en el lejano Balsas, en la presa Infiernillo, entre Michoacán y Guerrero.

El responsable del organismo, Francisco Javier Galván, subrayó que ya se tienen en proceso de aplicación más de catorce millones de pesos derivados de financiamiento estatal y federal, lo que permitirá que al final de las gestiones municipales de los municipios jaliscienses, el proceso ya esté en marcha.

Entre otros objetivos: la clausura de seis sitios de disposición final que no cumplen la normatividad ambiental aplicable; unificar la gestión integral de residuos de forma regional y garantizar la disposición final de residuos sólidos de conformidad con la normatividad NOM-083-SEMARNAT-2003, y demás ordenamientos ambientales vigentes; generar una cultura cívica para reducir los desechos individuales y mantener limpios los caminos y las zonas públicas.

La llamada “Simar Sureste” (siglas de Sistema de Manejo de Residuos) se conformó desde octubre de 2008. Los firmantes le desean larga vida, porque la otra opción sólo es el desastre.

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CLAVES

La basura en la región Sureste

En los municipios de la región Sureste que forman parte del nuevo organismo intermunicipal, las cabeceras municipales y localidades mayores a 2,500 habitantes son ocho, y aportan 64% de los residuos sólidos urbanos regionales. Los 36% restantes de se encuentra dispersos en 306 localidades que abarcan un territorio de 192,191 hectáreas. Hay seis vertederos municipales, ninguno cumple las normas en la materia

En cuanto a la generación diaria de basura por municipio, los datos son los siguientes: Mazamitla, 5.72 toneladas; Valle de Juárez, 3.06, Concepción de Buenos Aires, 3.08; La Manzanilla de la Paz, 2.03; Quitupan, 5.33; Tuxcueca, 3.32 y Marcos Castellanos, (Michoacán), 6.05. En total, 28.62 toneladas, casi medio punto porcentual de lo que genera la zona metropolitana de Guadalajara

Los principales componentes de los residuos sólidos en los siete municipios son: 57 % de residuos orgánicos y 43% inorgánicos. De ese segundo grupo, diferentes tipos de plástico representan 13.39%; papel y cartón, 6.14% y vidrio, 3.06%.

El promedio de vida de las unidades de recolección es de 20 años, pero “la recomendada para este tipo de vehículos es de siete años”.

Hacen trampa para obtener el cambio de uso de suelo


Sedeur tramitó permiso en vía Bolaños-Huejuquilla sin anuencia de paso del dueño de bosque; buscan contrarreloj convencer a propietario; éste interpuso recurso legal

Guadalajara. Agustín del Castillo. PÚBLICO-MILENIO, Edición de 2009-08-31

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Por diversas irregularidades, las obras en la carretera Bolaños-Huejuquilla han sido clausuradas varias veces. Foto: Iván García La Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat) ha otorgado de forma irregular al gobierno de Jalisco, la autorización para el cambio de uso de suelo entre los kilómetros 28 y 61 de la carretera Bolaños-Huejuquilla, pues en buena parte del tramo no existe la anuencia de paso que deben otorgar los dueños de los predios, además de que el procedimiento no fue sometido a la consideración del Consejo Estatal Forestal y de Suelos (Coefys).

Es decir, la Secretaría de Desarrollo Urbano (Sedeur), responsable estatal de ejecutar el proyecto, no notificó a la Semarnat que los dueños de los predios Azucenas y El Astillero, por donde atraviesa el trazo carretero, habían cancelado la anuencia que se otorgó originalmente, con fecha 20 de junio de 2008, condicionada a estudios y trabajos de mitigación de impactos ambientales que jamás se llevaron a cabo.

Por ello, Marco Aurelio Montaño Ayala, representante de CPC Constructores, sociedad anónima, propietaria de ambos terrenos, canceló la anuencia por escrito formal del pasado 19 de noviembre de 2008, según los sellos de recibido en la Sedeur que ostenta el documento original, con copia en poder de Público.

Ello no fue impedimento para que, ya en 2009, la Sedeur integrara el expediente de cambio de uso de suelo ante la Dirección General Forestal y de Suelos de la Semarnat, en la ciudad de México. Sin detectar alguna anomalía procesal, el responsable de esa área, Francisco García García, firmó la autorización el pasado 6 de agosto de 2009, la cual está enlistada en el folio 1945/09, que comprende del kilómetro 28 al 61 de la ruta en mención, y atraviesa las propiedades citadas, además de predios de la comunidad indígena de San Sebastián Teponahuaxtlán y del ejido Los Amoles.

Según versiones de asesores de la comunidad indígena de Santa Catarina (Tuapurie), enclavada más al norte, y principal opositora al proyecto carretero, la Sedeur habría convencido a comuneros de San Sebastián de permitir la carretera comprándoles servidumbre de paso.

En el caso de Azucenas y El Astillero, el compromiso firmado en junio de 2008 obliga a la Sedeur a entregar al propietario una evaluación minuciosa de impacto ambiental y un plan de compensación de daños que debían ser aprobados por los asesores ambientales de CPC Constructores. Dicho plan incluye realizar reforestaciones con planta de la zona, empedrar accesos a la carretera, colocar puertas metálicas para caminos interiores del bosque, construir pasos de fauna en la zona que atraviese la carretera, colocar letreros alusivos al cuidado del bosque y la fauna, poner los árboles derribados a disposición del dueño y limpiar el material combustible que quede.

“Una vez cumplidos los requisitos de evaluación del impacto ambiental y la presentación al propietario del plan de compensación ambiental por cambio de uso de suelo y satisfechos, a juicio del propietario, todos los aspectos ambientales requeridos, se concretará la adquisición por parte de la Secretaría [Sedeur] de las 40.03 hectáreas requeridas para la construcción de la carretera”, añade el convenio (oficio DCR/190/08).

Los términos temporales son claros en el documento: dos meses para los estudios y las evaluaciones y uno más para presentarlas a la Semarnat. Nada de eso sucedió.

Esto llevo a que el 19 de noviembre siguiente, Montaño Ayala entregara en la oficialía de partes de la Sedeur un escrito dirigido al secretario, Sergio Carmona Ruvalcaba: “Han pasado cinco meses de que firmamos el convenio […] sin que hasta entonces, la secretaría a su digno cargo haya cumplido lo establecido […] es evidente que no existe de su parte el interés de dar cumplimiento a lo pactado”, de manera que “he concluido rescindir el convenio de referencia”, y en consecuencia, “no otorgamos anuencia de propietario para el cambio de uso de suelo en los predios forestales de nuestra propiedad”.

No hubo reacción oficial a la rescisión, lo que llevó a pensar a Montaño Ayala que las cosas ya habían quedado claras y concluidas. La sorpresa fue mese después, en agosto, cuando se enteró, primero a nivel de rumor, luego por parte de la propia la Sedeur, de que se había otorgado el cambio de uso de suelo contra su voluntad. Más le sorprendió que el Coefys no hubiera sido consultado como lo obliga la Ley General de Desarrollo Forestal Sustentable, en su artículo 117, o peor aún, que no le hubieran notificado.

Esto ha llevado a CPC Constructores a interponer un recurso legal en contra de la obra, lo que Montaño Ayala hizo del conocimiento de la propia dependencia, que a toro pasado, ha regresado a las pláticas para tratar de obtener la anuencia y evitar que el procedimiento irregular le derive en una nueva clausura del proyecto.

Demanda por $63 millones

Desde junio pasado, la comunidad indígena de Santa Catarina (Tuapurie) ha interpuesto un juicio civil en contra del gobierno de Jalisco, reclamando 63 millones de pesos por daños y perjuicios ocasionados con la apertura de la carretera Bolaños-Hujuquilla, que devastó bosques de la comunidad.

Los wixárikas reclaman derribo de arbolado, devastación de pasos de fauna, daños a sitios sagrados y a la infraestructura general de la comunidad, además de la ilegalidad ambiental de la obra, que construyen el gobierno estatal y la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas (CDI) desde el año de 2006.

Lerma-Chapala, la crisis que viene


Tres expertos consideran que la región no se preparó para un nuevo periodo seco como el que ya se vive: Se desperdició la oportunidad de generar cambios de fondo en el uso del agua y rescatar el equilibrio ecológico, coinciden especialistas.


Guadalajara. Agustín del Castillo. PÚBLICO-MILENIO. Edición del lunes 31 de agosto de 2009
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El extraordinario auge de las lluvias de los últimos cinco años en la cuenca Lerma-Chapala parece estar llegando a su fin. La presencia de un nuevo ciclo del fenómeno meteorológico denominado El Niño, confirmada en julio pasado, ha mermado de forma considerable las precipitaciones en la zona, donde comienzan a levantarse los viejos resortes de la tensión en la disputa por el agua.

La crisis se ha anunciado y los años de bonanza no fueron bien aprovechados para generar los cambios que se demandaban para una mejor gestión del territorio, en la cual, los usos económicos de los recursos debían subordinarse a la capacidad de los ecosistemas para autorregularse, admiten, con diversos matices, tres expertos multidisciplinarios consultados por Público.

La llamada Política Óptima Conjunta (POC), que determinó a partir de 2004 un modelo de distribución del agua que tenía la ventaja de basarse en cifras y niveles de los vasos, y no en la capacidad de presión y movilización tradicional de los grupos demandantes, podría haberse quebrado el pasado mes de julio, cuando la dirección del organismo de cuenca Lerma-Santiago-Pacífico cedió a los presiones de los agricultores y les “adelantó” 225 millones de metros cúbicos correspondientes a la asignación del ciclo 2009-2010, ante el riesgo de pérdida de 40 mil hectáreas de cultivos.

Además, hubo en la mesa el planteamiento de crear otros instrumentos que jamás prosperaron. El hecho es que los intereses más fuertes no han sido tocados, y aunque el lago de Chapala está en un nivel excelente (67.64 por ciento de su capacidad), eso puede perjudicarlo, pues la asignación del recurso es en función a las existencias del embalse natural.

Estas son algunas opiniones de Carlos Hernández Solís, ex funcionario de la Comisión Nacional del Agua (CNA) y de la Comisión Estatal del Agua (CEA), ahora consultor y catedrático en el tema hidráulico; Gabriel Torres González, investigador del tema por el Centro de Investigación y Estudios Superiores en Antropología Social (CIESAS) de Occidente; y Raúl Medina de Wit, ex vocal de los agricultores de la cuenca y ex director de la extinta Comisión de Cuenca Propia de Chapala, además de promotor de agricultura orgánica y sostenible; para quienes los escenarios para la cuenca no son halagadores.

“No estamos preparados para una nueva escasez”

CARLOS HERNÁNDEZ SOLÍS
Consultor y catedrático en el tema hidráulico



Sobre el futuro de la cuenca Lerma-Chapala la postura de Carlos Hernández Solís es optimista. Considera que en la gestión de la cuenca debe quedar clara la idea de resignarse a la adaptación, pues es un área de lluvias erráticas, el agua tiene periodos de escasez tremenda, y la emergencia de los presuntos efectos del cambio climático puede agravar aún más sus crisis periódicas.

“Decir que estamos preparados para una nueva escasez, pues no, porque es una cuenca desbalanceada hidráulicamente, hidrológicamente; se concesionó más agua de la que la naturaleza da […] decir que estamos preparados es decir que ya restituimos la oferta que da la naturaleza contra lo que le estamos sacando, y eso no se ha dado; hay allí un desbalance que nos engaña con los años abundantes, los últimos tres o cuatro, que pusieron a Chapala en un nivel muy bueno, pero no se ha resuelto a fondo el problema”.

Le preocupa que Chapala esté bien de nivel en la actualidad, debido a que eso lleva al “espejismo” a muchos jaliscienses de pedir que se le aproveche al máximo como fuente de agua para Guadalajara. “Pero la historia dice que el ciclo hacia la baja se va a repetir; es complicado pronosticar a más de cinco días cómo va a estar la situación meteorológica, pero tenemos la estadística; las crisis se visualizan en relación a esa historia del lago: cada 12 o 13 años tiende a recuperaciones, pero antes de eso viene hacia la baja y el agua escasea”.

A su juicio, lo urgente era invertir en tecnología para bajar el uso del agua en las actividades productivas, sin que eso sea la solución de fondo, pues hace poco más de medio siglo, cuando Chapala tuvo el nivel más bajo que se tenga registrado, no existían las vastas zonas de irrigación que retienen el agua y presionan por el recurso desde los años setenta, dos décadas después de la casi total desecación.

“Alguna vez me decía Ricardo Sandoval Minero, de la CEA Guanajuato, ‘este acuerdo de distribución es un acuerdo de resignación’, y efectivamente, lo que busca es que esas voluntades concurran para que los malos tiempos que vienen y que se van a seguir dando, porque esa es la historia, se repartan lo mejor posible el agua[…] no estamos preparados, hay que hacer mucho; los acuerdos que se han manejado parten de modelaciones hidrológicas, pero en el momento en que yo decido dar más agua o menor agua a alguien, estoy rompiendo esa modelación que es la base de la POC…”.

—¿Piensa que la asignación extraordinaria de agua a los agricultores rompe ese esquema?

—Bueno, cada estado y cada particular piensa sólo en sus intereses, pero a la CNA le deben interesar los de arriba y los de abajo de la cuenca, y hay que culturizarnos, si ya hice simulaciones y las aprobé como esquema de reparto, ahora hay que fajarnos; a lo mejor el que tiene la decisión ve las cosas de otro modo y debe enfrentar las presiones y demandas, pero lo cierto es que está rompiendo el acuerdo […] finalmente, con la ciencia que se llama hidrología le quitamos presión a la naturaleza, y tenemos que probar qué tanto nos acercamos a lo que la naturaleza a través del tiempo nos deja como conocimiento, pero hay que probar respetando sus leyes.

“Los políticos se durmieron en sus laureles”

GABRIEL TORRES GONZÁLEZ

Doctor en Ciencias Agrícolas y del Ambiente e investigador del CIESAS


Los problemas de la cuenca Lerma-Chapala vienen de mucho tiempo atrás, considera Gabriel Torres González, quien recuerda que por décadas se ha hecho una gestión abiertamente antiecológica de los recursos de la zona.

Destaca que había un monotema: ver el área como un problema de ingeniería, que ocasionó el levantamiento de grandes presas y pequeños bordos, que hoy cubren por miles la región de 53 mil kilómetros cuadrados con un criterio desarrollista y de control de avenidas. También hubo aberraciones como exportar agua a otras cuencas —caso del sistema Lerma a la Ciudad de México—. Esto explica perfectamente la degradación de la zona.

A su juicio, la POC es un ejercicio que se quedó aislado de un grupo de medidas que se debían aplicar, para las que había además dinero, como es el caso de más de 50 millones de pesos para instalar sistemas eficientes de medición que permitieran controlar el uso del agua, así como la postergación de las metas de saneamiento, que revelan una falta de prioridad en el tema pese a ser de los más graves.

“Ambientalmente, una buena decisión era estudiar la forma de ir quitando presas […] tampoco el régimen de concesiones se ha revisado porque un proyecto de reglamento no pudo sacarse adelante por oposición de la gente de Michoacán y Guanajuato; tampoco hay un planteamiento para restaurar ambientalmente la zona, recuperar los bosques, el suelo, la calidad de los acuíferos […] los políticos se durmieron en sus laureles y piensan que el mérito de que lloviera más, como efectivamente pasó, fue de ellos…”.

El lago no entrará en crisis de inmediato, pues aún tiene un buen nivel. Su desecación da un margen de dos años, pero queda claro que la región no está preparada, “yo temo que los conflictos, las disputas por el agua, sean más fuertes en este nuevo ciclo”, adelanta preocupado.

“Se olvidaron de la parte social y natural”

RAÚL MEDINA DE WIT
Agricultor y ex director de la extinta Comisión de Cuenca Propia de Chapala



Los procesos de la naturaleza son largos y revisten cierta claridad. Pero la velocidad de adaptación de los humanos puede ser más lenta, subraya Raúl Medina de Wit. Ahora, que regresan tiempos secos, su balance es que sí hubo aprendizaje de las discusiones del ciclo anteriora, que sí hay más sensibilidad y conciencia sobre el problema ambiental, pero no es suficiente y se sufrirán los trastornos naturales en los bolsillos y el estilo de vida de los habitantes de la región.

“Los procesos para recuperar el equilibrio están muy retrasados; no parece que estemos a la altura del problema […] creo que sería necesario analizar a los actores, muchos de ellos se olvidaron del tema o lo enfocaron nomás en los aspectos político y tecnológico, pero no el social […] Lo natural queda fuera de nuestra posibilidades, pero si podemos entorpecer sus flujos, sus sistemas, esa es una lección que se aprende”. Se plantearon muchas cosas en las discusiones en el consejo de cuenca, pero lo cierto es que la mayoría de los agricultores no entendió la necesidad de buscar cultivos de bajo uso de agua y mejores oportunidades de mercado; muchos se fueron por el espejismo de los invernaderos, el cual se salió de control porque hubo financiamiento, y el mensaje recibido fue maximizar los rendimientos económicos, aumentando uso intensivo de recursos, “más agua, más demanda de uso de agroquímicos, erosión, basura…”.

La verdad es que “las respuestas tecnológicas no contemplan la parte social; hay una consistente demanda empresarial, pero también, muchos productores abandonados por quedar fuera del esquema comercial […] yo recuerdo que los asesores del Banco Mundial proponían llenar de invernaderos la cuenca, grave error, mientras todo se vea como aumento de ganancias y no como una necesaria subordinación a un sistema ambiental que está dañado y debe regresar al equilibrio”. Es decir, “al productor lo empujan a un esquema de utilidades y no de buscar la autosuficiencia y sustentabilidad. Fabricamos gente que exige más y se enfoca a un saqueo de recursos, y lo mismo pasa con la industria; parece que el avance tecnológico permite acumular recursos a unos pocos y mucha pobreza y exclusión, así no puede ser solución”.

Medina de Wit, quien promueve un modelo de vida armónico con las características ambientales de cada zona, y por ende, de baja huella ecológica, dice que sólo tiene futuro la región si se abandona el modelo vigente, con crecimiento demográfico descontrolado y un esquema depredador de hacer riqueza, que provoca erosión, agua, devastación del bosque; y se cambia por una cultura de sustentabilidad.

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CLAVES

Para valorar

El lago de Chapala sólo ha elevado su nivel en diez centímetros en el actual temporal (hace un año llevaba 106 cm) y las presas de la cuenca Lerma tienen un evidente desplome en sus existencias de agua (están a 44.31% de su capacidad, cuando hace un año estaban al 91.35%), como se puede apreciar claramente en el gráfico de la página anterior

Debido a la falta de agua, agricultores de los distritos 011 y 083, de Guanajuato, Michoacán y Jalisco, pidieron “adelantos” a cuenta del siguiente ciclo, de 225 millones de metros cúbicos, lo que les concedió la Comisión Nacional del Agua. La protesta de Jalisco y de los ambientalistas es que de ese modo, las presas no podrán alcanzar el nivel máximo ordinario (namo) a partir del cual vierten sus aguas hacia el río Lerma y se beneficia el lago de Chapala, según se establece en la Política Óptima Conjunta (POC), vigente desde octubre de 2004

La inversión histórica para tecnificar los regadíos del Lerma es mínima; apenas ha beneficiado a poco más de 10 por ciento de la superficie de irrigación, esto es, cerca de 100 mil de las más de 800 mil hectáreas existentes en la zona; en cuanto a la contaminación del agua, todavía sigue sin tratarse cerca de la mitad del recurso derivado de los diversos procesos productivos y de las áreas habitacionales

La cuenca Lerma-Chapala tiene alrededor de 53 mil km2 y cerca de 20 millones de usuarios de sus recursos naturales; el índice de uso agropecuario de la zona es el más alto de México: 60 por ciento de las tierras de la cuenca están en ese régimen. La pérdida de bosques en 40 años se acerca al millón de hectáreas.