El modelo de organización fue concebido en 1993 en la cuenca del río Ayuquila, y tiene diez años de haber alcanzado la mayoría de edad.
Agustín del Castillo / Guadalajara. MILENIO JALISCO.
La historia del proyecto de protección de la Sierra de Manantlán está indisolublemente ligada a los efectos que dispersó social e institucionalmente sobre los amplios territorios de su zona de influencia; pero ninguno alcanzó la consolidación y las dimensiones de lo que hoy es la Junta Intermunicipal del Río Ayuquila, concebida desde 1993 por el primer director de la reserva de la biosfera, Sergio Graf Montero, inspirado en un modelo de intermunicipalidades que trabajó previamente, durante su estadía en la reserva de la biosfera de Cevennes, Francia.
Ese año, se estableció una consulta base para un diagnóstico regional donde quedó patente que la preocupación fundamental de los habitantes era la contaminación en la cuenca.
"La junta se origina en la resolución de resolver problemas que van más allá del espacio de cada municipio, ligado a la contaminación del río; cuando empezamos a trabajar, percibimos que resolver el problema de las comunidades implicaba colaborar con los municipios donde se generaba el problema; viendo el modelo de gestión de Manantlán, donde se busca que el área protegida se convierta en un modelo de gestión del territorio hacia afuera, empezamos a trabajar ya de manera explícita y coordinada con los gobiernos locales, derivando en un proceso de comunicación y trabajo, empezando con un programa de educación ambiental, y con el programa de separación de desechos sólidos en El Grullo; buscamos un mecanismo que nos pudiera coordinar de manera más orgánica a los municipios, a la UdeG, a la dirección de la reserva, y es cuando pude aplica esa experiencia personal de Francia", señala Graf Montero.
"Allá trabajé como facilitador en un proceso asociativo de municipios; cuando regresé dije, hay que implementarlo, pero había una dificultad legal, porque los municipios no se podían asociar libremente, necesitaban autorización del Congreso, y solo a partir del año 2000 empiezan las nuevas disposiciones del 115 constitucional, donde quitan esa limitante y se permite la libre asociación; buscamos una figura y en aquel entonces encontramos que lo idóneo era hacer un convenio [...] en Francia yo había encontrado toda una legislación que facilita la asociación de los municipios, acá había un problema estructural: cuando firmas un acuerdo político de voluntades, cuando se van los alcaldes tienes que empezar de nuevo, no hay una base institucional que lo sostenga; entonces decidimos crear una plataforma deliberativa presupuestal y constituimos un fideicomiso privado, que hacia la veces de acuerdo legal, tenía un dinero y eso abría la posibilidad de planificar una inversión conjunta...".
1998 es un año axial: se da una derrama de melaza en el río, que mata la vida acuática decenas de kilómetros aguas abajo del ingenio azucarero Melchor Ocampo, de Autlán. En 1999, la instalación fabril es clausurada temporalmente. El efecto positivo es que el desastre ambiental detona el ambiente social y político que hace posible los grandes cambios de los siguientes cuatro años.
La figura de fideicomiso dio personalidad jurídica al instrumento y permitió la captación de recursos. Fue así como salió adelante la Iniciativa Intermunicipal para la Gestión Integral de la Cuenca del Río Ayuquila en 2002. El fideicomiso recibía donativos federales y estatales; Graf, ya afuera de la dirección de la reserva, concibió la Fundación Manantlán para la Biodiversidad (Mabio AC) "como facilitador del proceso asociativo; el fideicomiso daba recursos a los municipios en un convenio basado con la fundación, para contratar al técnico que presidía la iniciativa, y al fundación era el garante del funcionamiento de esta persona contratada, que estaba al servicio de la unión de municipios". No obstante, si no se hubiera ajustado el proceso, hubiera sido difícil replicarlo, sostiene Graf.
"Se sintieron incómodos, por la falta de control, de transparencia, porque es más difícil el seguimiento de la rendición de cuentas cuando tienes el dinero asignado en una ONG, que en un entidad pública; nos dimos a la tarea de hacer un análisis jurídico de opciones, para mejorar el diseño institucional; viendo que la posibilidad de asociarse libremente ya estaba en el marco constitucional, se encontraron dos opciones: o constituir una asociación civil integrada por los municipios, cosa que te llevaría la distorsiones como pasa ahora en la Sierra de Quila [menos estabilidad institucional], o asumir la figura de un organismo público descentralizado, y optamos por crear un OPD intermunicipal que da estabilidad a largo plazo", agrega.
Esta fue la clave del éxito, porque en todo el país hay municipios regidos por el mismo principio constitucional, es decir, es un modelo replicable. En 2007, se crea la Junta Intermunicipal del Río Ayuquila, que ha cumplido diez años. Desde entonces, la figura ha empezado a dominar territorialmente a Jalisco: en la costa, en el sur, en la región Valles, en Los Altos y en la zona huichola. Y un OPD de este tipo puede funcionar para cosas específicas, como el manejo de la basura (los Simar o Sistemas Intermunicipales de Manejo de Residuos), o para el control de procesos de degradación ambiental: contaminación del agua, basura, deforestación, como la misma JIRA y sus hermanas menores de la costa.
Para el éxito "lo que sí necesitas asegurar es procedimientos, prácticas, lineamientos que sí son estables, que aseguran que el mecanismo se establece de manera sana, el procedimiento de decreto del organismo, con una adecuada información a los cabildos, con un acuerdo previo entre los alcaldes; y que el órgano de gobierno o consejo de administración, incluya a dependencias del gobierno federal y estatal, para poder elabora un mecanismo de colaboracion intergubernamental; que incluya actores de la sociedad civil, que es la ventaja que te dan los OPD, y puedes integra a la universidad.
¿Cuáles son sus ventajas? "Estamos hablando de un gobierno corporativo, basado en un esquema que es la junta de gobierno o el consejo de administración, y que su operación se basa en una agencia, a un agente al que le das la facultad de emprender acciones, y les disminuye el costo a todos los que participan, y en consecuencia, genera economías de escala; este modelo permite tomar decisiones colegiadas ante problemas comunes, y detonar la participación de otros actores para contribuir a la resolución, lo que da el espacio a la UdeG que se ha integrado a las otras juntas gracias a su modelo de universidad descentralizada, y permite que sus estudiantes aporten investigación específica para resolver los problemas reales de cada cuenca".
Las juntas existentes permiten en la actualidad detonar los proyectos de Reducción de Emisiones por Deforestación y Degradación (REDD plus) de la ONU en la costa de la entidad, una de las más acosadas por cambios de uso de suelo en los últimos treinta años: convergen apoyos internacionales y nacionales, cuya atracción es tarea de la ONG socia de la junta, y programas de gobierno federal y estatal. Y como REDD plus busca eliminar las presiones y amenazas que detonan deforestación, se trabaja en temas como equidad de género e inclusión social, con grupos vulnerables como mujeres y campesinos sin tierra que no tienen acceso a estímulos formales como el Procampo o el Progan.
Todo esto nació tras el regreso de un estudiante que regresó de Francia con una idea seminal, y encontró a una sociedad que le dijo a los encuestadores que le preocupaba la contaminación del río que proveía de agua para beber y para cultivos, y de proteína animal abundante.
Hoy se ha "exportado" a la península de Yucatán, a la zona Puc del sur de esa entidad, y al sureste de la península, en Quintana Roo. Pero es tan flexible, puntualiza Graf Montero, que podría aterrizar en casi cualquier territorio con condiciones mínimas de gobernabilidad. Y eso da: organización, espacios de debate, coordinación para resolver grandes problemas del territorio. Es un modelo maduro que nació de la reserva de la biosfera Sierra de Manantlán, que ya ha pasado de 30 años.
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Claves
Una cronología
1993. Conformación de la dirección de la reserva de la biosfera Sierra de Manantlán; encuesta a los pobladores del río Ayuquila
1995. Programa gubernamental de combate a la pobreza tras el alzamiento zapatista
1996. Subconsejo del río Ayuquila en el consejo asesor de la reserva de la biosfera
1997. Comisión de cuenca del río Ayuquila (con Conagua)
1998-1999. Ecocidio con melaza y clausura del ingenio Melchor Ocampo
2002. Iniciativa Intermunicipal para la Gestión Integral de la Cuenca del Río Ayuquila
2007. Conformación de la Junta Intermunicipal del Río Ayuquila
Innovación desde una reserva de la biosfera
El coordinador del Museo de Ciencias Ambientales de la UdeG, Eduardo Santana Castellón, opina: "El caso de la JIRA demuestra que la reserva de la biosfera Sierra de Manantlán es un proyecto de innovación de gobernanza y gestión social [...] En la reunión de Madrid de las reservas de la biosfera [con el plan de acción 2008-2013] se habla que las reservas deben tener un papel más allá de sus propios límites, vistas no como castillos sitiados ni bastiones de conservación a ultranza, sino como espacios de experimentación que generen innovación, y esas nuevas alternativas para la gestión del territorio nos lleva al caso del río Ayuquila, uno de los más extraordinarios en el mundo, que surge justo en la interfase del área de amortiguamiento con el área de transición, y obliga a los directores de la reserva a trabajar en un espacio mucho más amplio, y tanto aguas arriba como sea el origen de los contaminantes, como aguas abajo, por las personas afectadas".
SRN
