miércoles, 22 de junio de 2016
Desarrollador "reconstruye" bordo en San Pancho
Airada carta de los vecinos al procurador ambiental; la historia del dique artificial en el estero San Francisco no se termina
Agustín del Castillo / Guadalajara. MILENIO JALISCO.
El problema del bordo de San Pancho no encuentra término. Si hace dos semanas, los vecinos de la comunidad denunciaron que éste no había sido retirado integralmente, pese a la orden de la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa), esta semana se ha agregado evidencia de que el dueño de Inmobiliaria San Pancho, el inversionista estadounidense John Hardesty, habría ordenado reconstruirlo, sin permiso oficial.
Es decir, ha entrado maquinaria desde el sábado 18 de junio, no para remover los materiales, sino para volver a formar el dique que se retiró de forma parcial del arroyo Los Izotes, tributario principal del estero de San Francisco. No obstante, versiones del equipo del empresario señalan que “el relleno que se está haciendo es para que puedan entrar la maquinaria pesada hasta el final del muro”, es decir, con la presunta justificación de terminar el retiro de la obstrucción artificial. Pero ello no ha impedido que los vecinos organizados enviaran ayer por la tarde una carta, de tono enérgico, al procurador ambiental Guillermo Haro Velchez, y otras instancias de la Profepa, pero no al delegado en Nayarit, Omar Cánovas, a quien ligan con el desarrollador inmobiliario.
Hardesty “ha quebrantado las leyes mexicanas tanto a nivel federal como estatal y ha vuelto a mandar un ejército de camiones con tierra y piedra a rellenar el arroyo Los Islotes y el Estero de San Pancho”, le escriben al procurador.
“Habiéndose ordenado oficialmente por la Profepa en resolución administrativa del 8 abril de 2015, el retiro total de las obras e instalaciones que conforman el proyecto denominado’ Bordo de protección y conducción de tubería de aguas residuales Arroyo Los Izotes’ […] iniciaron las obras de retiro del bordo hace no más de 8 semanas por parte de la mencionada autoridad previo a la temporada de lluvias. Dicho bordo además de deteriorar aceleradamente la flora y fauna del humedal [área natural protegida federal y santuario ecológico protegido por la ley federal] pone en riesgo la vida y bienes materiales de los pobladores de San Francisco, Nayarit, generando peligrosas inundaciones en el tiempo de lluvias”, justifican.
El desarrollador, añaden, “con este bordo pretende ocasionar la completa definitiva e irremediablemente destrucción del humedal de tal manera que pueda llevar a cabo su proyecto inmobiliario de una marina con componente residencial y comercial del cual tiene el proyecto terminado y en espera desde el 2006 y el cual no pudo llevar a cabo en su momento, pues precisamente se expidieron las leyes de protección a manglares y humedales en todo México. Lo cual le impide hacer uso de toda la zona protegida a pesar de tener la concesión de la zona federal ya que es propietario de una amplia extensión de tierra colindante todo alrededor, la cual por otra parte no tiene acceso más que por la montaña igual que su residencia Villa Vista Mágica”.
Con base en eso, “solicitamos a las autoridades competentes […] su inmediata intervención en el cumplimiento de la ley y la eficiente y definitiva resolución de esta situación que pone en riesgo la vida y bienestar de la población de San Francisco, Nayarit en varios niveles a manos de un empresario cuya codicia e irresponsabilidad no conoce los límites…”.
Los vecinos señalan que “con independencia de la razón por la que están rellenando, deben tener permiso de Profepa”. Y a su juicio, esto es un ladrillo más para una historia de impunidad que se alarga.
Habrá más cambios en uso de suelo en Tlajomulco
El ayuntamiento revisará 18 planes de distrito que están pendientes; se ajustarán a capacidades ambientales del terriorio.
Agustín del Castillo / Guadalajara. MILENIO JALISCO.
El Ayuntamiento de Tlajomulco no ha terminado con la revisión, actualización y adecuación de sus planes parciales de desarrollo urbano conforme a las atribuciones que le da el artículo 115 constitucional. Esto significa que podrían cambiarse usos de suelo en otras superficies, aparte de las 800 que han dejado de tener como destino la vivienda, según información oficial.
El pasado lunes 20 de junio, el alcalde Alberto Uribe Camacho informó que 800 ha de dos de los 20 distritos que están integrados en los planes parciales de desarrollo cambiaban usos y destino: "En la zona Valle, 350 hectáreas cambiarán de uso habitacional (H4) a usos comerciales, industriales y rústicos; mientras que en el área del cerro de Toltotepec, 450 hectáreas se transforman para uso rústico", es decir, no serán urbanizables.
Esto se rige por las políticas vigentes desde 2010 en esta demarcación metropolitana: "el crecimiento urbano debe supeditarse a las limitantes de accesibilidad, equipamiento, infraestructura y servicios urbanos, así como a las condicionantes naturales, rurales y de riesgo. Lograr con ello un ordenamiento en las áreas de reserva urbana habitacional. Debe darse prioridad a la redensificación y consolidación de infraestructura en las áreas urbanas consolidadas con mayor aptitud para ello. Restringir y controlar el crecimiento urbano habitacional y accesibilidad a lo largo de los corredores, nodos y accesos carreteros. Planear el uso del suelo en las áreas de influencia del aeropuerto con la finalidad de eficientar su funcionamiento y dar protección a los usos de suelo particularmente habitacionales", señala el plan municipal de desarrollo urbano.
Otras metas de esta estrategia: "Asegurar un uso eficiente del agua, garantizando su abastecimiento y calidad a la población. Definir los usos del suelo restrictivos al crecimiento urbano en las áreas de protección al medio natural y sus áreas de influencia. Buscar la conectividad de las áreas de reservas naturales, desde La Primavera, pasando por el cerro Totoltepec, hasta el sistema de Cerro Viejo y el sistema de lagunas".
En esa lógica, Toltepec ha recuperado al uso rustico 450 ha. Pero "comenzaremos a evaluar uno por uno los distritos que faltan y que se encuentran dentro de los planes parciales de desarrollo, para implementar esta política en todo el territorio", asegura el municipio. Una de las dudas es si estos cambios no deja en temprana obsolecencia al Programa de Ordenamiento Metropolitano del Imeplan, que está a punto de publicarse.
martes, 21 de junio de 2016
“Pidieron que denunciara al Idea a cambio de recuperar mi libertad”
La familia del litigante detenido recibió la "oferta" de los abogados del gobierno para que abrieran causa penal contra la agrupación que les obstruye en la mina Peña Colorada, en Chalacatepec y en el Macrolibramiento.
Agustín del Castillo / Guadalajara. MILENIO JALISCO.
El contacto fue unas semanas después de la trifulca en el ingreso a la minera Peña Colorada, en la que Eduardo Mosqueda Sánchez fue el primer detenido -después, lo acompañarían por unos pocos días 33 nahuas de Ayotitlán- , y el único que permaneció en el Centro de Readaptación social de ese estado a la vuelta del año siguiente. El pasante rumiaba su desesperación en la zona de “máxima seguridad”, al lado de homicidas y asaltantes, mientras sus padres tocaban puertas en la capital de Jalisco.
El abogado Efraín Palacios Morquecho, de la Secretaría General de Gobierno, fue encargado de hacer una oferta formal, explica Mosqueda.
- ¿Qué te propusieron?
- Él ofreció liberarme mediante un proceso más rápido, pero tenía que desistirme del amparo y denunciar a mi despacho, denunciar penalmente al Instituto de Derecho Ambiental (Idea); pero mi madre ya me conoce, y dijo, esto no lo va a aceptar Eduardo; cuando me lo contó, créeme que fue de lo que me hizo sentir bien en medio del mal que yo estaba viviendo…
Liberado el 13 de mayo pasado, a diez días de cumplir diez meses preso, el joven litigante asume que su decisión significó muchos meses más a la sombra, pero no se arrepiente ni un poco; “no tenía aún la sentencia del amparo, que fue favorable en octubre, pero se alargó por argucias de los gobiernos y el sometimiento del juez penal”, dice a MILENIO JALISCO.
Es decir, una detención con un barniz judicial, pero profundamente política, contra el despacho que encabeza la abogada Raquel Gutiérrez Nájera, que ha sido dolor de cabeza de los dos gobiernos y sus intereses en megaproyectos que entrañan muchos millones de pesos.
La estadía en el centro penitenciario ha sido una dura lección, pero de la que saca las mejores enseñanzas: la convivencia y empatía con algunos presos, la reflexión sobre la precariedad de su condición (en este sistema no existe la “presunción de inocencia”), y el enorme vacío de tiempo, que se llena con sueño, deslices hacia la depresión o las esperanzas súbitas, y el acceso a obras maestras, insospechadamente liberadoras, de la biblioteca del sitio.
- ¿Qué te encontraste y qué leíste?
- El Gargantúa y Pantagruel de Rabelais; Zadig (Voltaire), Historia de dos Ciudades (Dickens) -. “¿Qué es lo que lees? Vidas complicadas y sentencias injustas; una mazmorra del siglo XVII, La Bastilla, la torre de Londres, frente a las que una celda moderna, pese a las violaciones tácitas, parece un lujo...
Su versión
El 23 de julio de 2015, más de 600 ejidatarios de Ayotitlán, Jalisco, buscaron retomar la posesión de tierras de su dotación presidencial que están en poder de Peña Colorada, la mayor explotación ferrosa del país. Llevaban bajo el brazo la suspensión concedida en el expediente de revisión 231/2013 (juicio de amparo 462/2013), que el juez de distrito había reclamado de ejecutar de forma tibia y gradual. Eduardo Mosqueda era el único miembro del Idea que los acompañaba.
- Ustedes llegaron al patio de ingreso de las instalaciones, ¿qué sucedió?
- Los líderes del ejido le reclamaron al representante legal de la empresa, David Cárdenas, su negativa a pagar lo que estaban en los acuerdos de ocupación temporal de algunos predios, los cuales habían condicionado a que se desistieran del amparo […] Cárdenas aseguró que no tenía problemas con la comunidad, y prometió pagar de inmediato. Pero hubo que esperar hasta las cinco de la tarde, operaron todo para el pago, e inclusive imprimieron el documento de acuse de recibo, que firmó el representante legal de la empresa junto al comisariado ejidal. Luego, ellos avisaron que se retiraban por su propia decisión, pues jamás fueron violentados ni obligados.
- Si se habían retirado en paz, ¿cómo fue que llegó la policía y se dio la refriega?
-Eso fue después, casi a las siete de la noche; empezó a gritar la gente de la comunidad: ¡ahí vienen los guachos!; a mi me tocó hacer frente como representante legal y en dos ocasiones expliqué a los policías que se trataba de una acción legal, y ellos asentían, parecían comprender. La segunda vez, frente a una persona que dijo ser el procurador Marcos Santana Montes, quise volver a explicar pero esa persona dijo que nos teníamos que retirar o nos iban a llevar presos […] que el amparo no sirve, y ordena mi detención: policías y granaderos se vinieron sobre mí y me empezaron a golpear para poderme someter, […] me suben a una patrulla, arrancan enseguida, y es cuando escucho a lo lejos que comienza la agresión contra la gente…
En las horas siguientes a la refriega frente a la mina, los abogados de Jalisco y dos líderes nahuas, Gaudencio Mancilla y Eusebio Jacobo “se presentaron para decir que iban a obtener las actas de libertad, pero se debían desistir del amparo contra los intereses de la mina; ellos, que se vendieron a la empresa, me acusaron de estar con los malos; les respondí que en realidad yo estaba con los derechos del ejido y ya no hicieron más por sacarme […]”.
Allí comenzó la cuenta hasta el 13 de mayo de 2016: cuatro meses en área de alta peligrosidad, seis meses en “el pueblo”; comida de mala calidad, lecturas, incidentes entre los internos, plagas y epidemias entre los edificios sobrepoblados. Acusado primero de secuestro, luego de privación ilegal de la libertad y de robo calificado (proceso penal 142/2015). “Cinco veces el juez penal tomó decisiones que violaban lo que le ordenaban el juez de distrito y el Colegiado [expediente 1190/2015] para replantear la resolución en el caso de Eduardo; por tres faltas se destituye a un juez, pero este era un papel a modo de los intereses de Colima”, subraya la presidente del Idea, Raquel Gutiérrez Nájera.
Eduardo Mosqueda Sánchez es de nuevo hombre libre; parece que no guarda rencores, sonríe con facilidad.
- ¿Se puede no tener coraje después de diez meses a la sombra, en un proceso que el amparo lo demuestra ha sido violatorio?
- Para serte sincero, yo lo tomé como aprendizaje, un duro aprendizaje, pero tenía la opción de verlo como algo positivo. Creo en Dios y me parece que era una prueba. Y lo mejor es vivir en carne propia que la justicia mexicana es como un monstruo, y que como abogado debo contribuir a cambiarla.
Lo que no cambia es la causa que lo llevó al encierro: llevar la justicia al depauperado ejido nahua de Ayotitlán; esos naturales que no logran convertir en ventaja habitar montañas sobre una zona rica en biodiversidad, en madera y en metales.
Los expedientes
El 22 de julio de 2015 fue aprehendido Eduardo Arturo Mosqueda Sánchez junto con 33 nahuas de Ayotitlán, en una acción de policías estatales de Colima en las instalaciones de la minera Peña Colorada
En el expediente 142/2015 ante el juez 1 de lo penal de Colima, se dictó el 30 de julio de 2015, auto de libertad con reservas de ley, en favor de 33 nahuas, liberándolos de responsabilidad penal de lesiones, daño en las cosas, robo calificado, privación ilegal de la libertad (antes secuestro); mientras quedaban sujetos al procedimiento por el delito de despojo que denunció el Consorcio Minero Benito Juárez Peña Colorada. "En tal virtud, los 33 nahuas ocurren a firmar los viernes últimos de cada mes"
En contraposición y en el mismo expediente, con los mismos elementos de prueba, a Eduardo Mosqueda asesor legal, le dictan auto de formal prisión, sin acceder a libertad bajo caución, por los delitos de robo calificado, privación ilegal de la libertad y despojo
En contra del auto de formal prisión se promovió la demanda de amparo 1173/2015. Respecto a los 33 nahuas se promovió amparo en contra del Auto de Formal Prisión por el delito de Despojo 1202/2015
El amparo indirecto 1173/2015 "se otorga en forma lisa y llana, debido a que no existen elementos de prueba para presumir la responsabilidad de Eduardo Mosqueda, respecto de los delitos"; esta sentencia está fechada en el Juzgado 1 de Distrito de Colima, el 7 de Octubre de 2015, pero la impugna Peña Colorada en revisión, el cual es entregado al IV Tribunal Colegiado Auxiliar con sede en Coahuila, que determina la libertad inmediata de Mosqueda el 13 de mayo de 2016 (expediente 1190/2016)
Peña Colorada arrecia presión para que el amparo se retire
Dinero y amenazas, denuncia la directora del Instituto de Derecho Ambiental Raquel Gutiérrez Nájera
Agustín del Castillo / Guadalajara. MILENIO JALISCO.
La empresa minera Peña Colorada, actualmente propiedad de un conglomerado internacional (Ternium-Ispat y Mittal Steel), ha buscado mantener en el limbo los derechos del ejido nahua de Ayotitlán, y busca generar que el amparo que pone en riesgo la propiedad que le otorgó el gobierno colimense, sobre la zona en conflicto de Jalisco y Colima, sea echado abajo, denuncia la presidente del Instituto de Derecho Ambiental (Idea), Raquel Gutiérrez Nájera.
“El 12 de Septiembre de 2015, compareció la representante legal del consorcio minero para otorgar el perdón a los 33 nahuas [que habían sido liberados semanas atrás, tras la refriega del 22 de julio]; ellos en su gran mayoría fueron presionados para que acudieran al juzgado para aceptar el perdón y a cambio les entregarían las catorce camionetas que les fueron retenidas. De igual manera, a decir de los nahuas procesados, el presidente del Comisariado ejidal, Ernestino Ciprián Ocaranza, fue casa por casa a presionarlos para que aceptaran el perdón de la empresa, ofreciéndoles dinero y liberar las camionetas”, señala en una nota entregada a MILENIO JALISCO.
En la actualidad, “son quince nahuas los que aún no aceptan el perdón porque ellos están conscientes de que no cometieron ningún despojo en contra de la empresa, su intención de estar en terrenos de su propiedad rentados a la empresa era exigir pagos pendientes y además el acceso les fue permitido por los mismos empleados de Peña Colorada. Por su parte Eduardo Mosqueda, al conocer del perdón que también lo beneficiaba a él, aunque Peña Colorada a él no se lo otorgó, no lo aceptó, ya que ello implica el reconocimiento tácito de un delito que nunca cometió”.
A decir de la abogada, la ofensiva de la empresa, asociada a los gobiernos de Jalisco y Colima, ha sido insuficiente para echar abajo el amparo (revisión 231/2013 del juicio 462/2013). Pero lo cierto es que la disputa por las tierras donde la minera explota desde hace casi cinco décadas el mayor yacimiento ferroso del país, en la porosa frontera de Jalisco y Colima, ha descarrilado con frecuencia la estabilidad comunitaria de los poblados nahuas de la sierra, que reclaman los derechos legítimos sobre ese territorio, no obstante el extravío de sus títulos primordiales; esos derechos no cambiarían incluso si, como pretende el gobierno de Colima, esa zona estuviera dentro de la soberanía de esta entidad.
La doctora en derecho señala que se exigirá la inhabilitación del juez 1 de lo penal de Colima, dado que demostró a lo largo de los juicios, ser un “juez de consignas” operado desde la secretaría de Gobierno de Colima, pues en cinco ocasiones no dio cumplimiento cabal a lo que planteaba el amparo para liberar al litigante Eduardo Mosqueda Sánchez.
“Ellos, a través de este juez logran una resolución a su medida, que buscaba golpear directamente al Instituto de Derecho Ambiental […] jamás se acredita algún elemento que haga probable la responsabilidad de Eduardo Mosqueda, ni en despojo, ni en privación ilegal de la libertad, y mucho menos secuestro con pago de rescate, como fue al acusación que le imputaron originalmente; hay antecedentes de otros activistas sociales que también han sido criminalizados de este modo”, señala por su parte el responsable agrario del Idea, Pedro León Corrales.
domingo, 19 de junio de 2016
Verificación “dice de qué te vas a morir”, pero no cura
Investigadores de la UdeG solicitan un proyecto integral que vaya ligado a la mejora de combustibles, a una transición energética, a movilidad eficiente y creación de una cultura vial.
Agustín del Castillo / Guadalajara. MILENIO JALISCO.
Un grupo de investigadores de la Universidad de Guadalajara (UdeG) consideran que la propuesta para mejorar la calidad del aire del Área Metropolitana de Guadalajara por el gobierno del estado se queda corta; si no incluye aspectos como mejorar la calidad del combustible, migrar gradualmente a combustibles no fósiles, eficientar la circulación de automotores y ofrecer “con seriedad” alternativas a la movilidad motorizada, terminará como un simple modelo recaudatorio.
“La apuesta por la verificación es muy limitada, genera solo 2 por ciento de baja de contaminación; es como saber de qué estás enfermo, de que te vas a morir, pero sin curarte”, señala irónico Antonio Gómez Reina, investigador del Centro Universitario de Ciencias Exactas e Ingenierías (CUCEI).
“El problema es que tenemos muchos motores, y la mayoría son modelos antiguos que no pasarían el sistema que ahora se propone, de verificación dinámica, porque muchos son motores de carburador y ni siquiera se les puede adaptar uno […] La contaminación del aire en Guadalajara tiene que ver con la velocidad del vehículo, no te da el mismo gasto el vehículo en carretera que en ciudad, allá es una velocidad constante, pero la ciudad tiene topes, tiene semáforos mal sincronizados, tiene baches; cuántos vehículos están casi parados y por cuántas horas, eso nos obliga a pensar en una solución desde diversos ángulos y disciplinas”, agrega.
De manera que “deberíamos estar trabajando con la Secretaría de Economía, que tiene que meterle dinero para hacer una transición energética, cambiar los hidrocarburos o combinarlos con otro tipo de combustibles como hidrógeno –ya hay un modelo que se llama water energy, entra 20 o 30 por ciento de hidrógeno y eso elimina el mismo porcentaje de hidrocarburos- , lo cual no es poca cosa si consideramos que la eficiencia de un motor es muy baja, apenas de 20 por ciento del combustible que pasa por el proceso de combustión y el resto se va crudo a la atmósfera”, refiere.
Paralelamente se debe caminar a hidrocarburos de mejor calidad, “mientras tengas un combustible malo, el resultado es esa alta contaminación”; y a incentivar el mantenimiento de los autos, pues estos harán mejor los procesos de combustión. De ahí lo importante que es afinar.
Esto se debe integrar además a un sistema de transporte adecuado, “un sistema de vialidad correcto y con cumplimiento de los reglamentos a través de intensas campañas de información; si alguien se estaciona en línea amarilla, que llegue la grúa y se lo lleve, que el automovilista asuma su responsabilidad […] la ciudad ha reducido la velocidad, y si reducimos la velocidad aumentamos la contaminación, entonces se debe pensar cómo vas a densificar si las calles no ajustan para los carros que ya hay; también pensar en el tema de los horarios, por ejemplo, las escuelas y el comercio; también ver lo del uso de bicicletas, que sigue sin ser un medio seguro e idóneo porque no se le dan las condiciones adecuadas”.
Va aparejado con hacer una semaforización de verdad inteligente, por mejorar el piso de las calles, por respetar los límites de velocidad y no detenerse en doble fila, por eliminar los topes. Es toda una cultura ciudadana que está pendiente de hacerse realidad.
Y si bien no descarta la necesidad de la verificación, señala que la condición previa es un sistema de monitoreo atmosférico adecuado, y que se habilite tecnología de punta para detectar autos contaminantes en circulación y no en centros de verificación, lo que elimina la posibilidad del autoengaño.
“La nueva ley, sencillamente está diseñada para un sistema recaudatorio, y causará problemas sociales porque una mayoría de autos no pasarán esas pruebas”.
- ¿Entonces Pemex tendría que estar trabajando para mejorar sus gasolinas?
- Pues sí, ¿pero quién hace los estudios para soportar el nuevo modelo de verificación? El Instituto Mexicano del Petróleo, ellos mismos, pues es a su gusto y a sus intereses porque no traen prisa en esta transición energética.
Paquete de la Semadet
La secretaría ambiental del estado ha solicitado diversas reformas y la generación de un decreto para un nuevo modelo de verificación que pretende estará blindado en el tema de corrupción y obligará a mejorar la tecnología anticontaminante en los autos de la ciudad
Aparejadamente, propone un programa de transporte escolar, que significa en la actualidad 17 por ciento de los viajes diarios, y un programa de control de emisiones de ladrilleras
Los recursos de concesiones, hologramas y multas irían a un fondo verde que financiaría proyectos para mejorar la calidad ambiental de las ciudades
viernes, 17 de junio de 2016
SIAPA rescata obras para aguas pluviales
El organismo ha debido reestructurar sus deudas para absorber un nuevo préstamo por 800 mdp, que es la base de la primera etapa comprometida.
Agustín del Castillo / Guadalajara. MILENIO JALISCO.
El Sistema Intermunicipal de Agua Potable y Alcantarillado (SIAPA) rescatará la primera etapa del programa de inversión para manejo de aguas pluviales, que se quedó sin inversión federal en este 2016; para el efecto, ha debido reestructurar su deuda de 12 a 20 años, y podrá absorber un nuevo crédito de 800 millones de pesos, que está en vías de licitarse, dijo el director del organismo operador, Aristeo Mejía Durán.
El funcionario dijo a MILENIO JALISCO que se trata de un programa que ya está comprometido entre los ayuntamientos metropolitanos y el gobierno de Jalisco, de acuerdo al anuncio que hicieron conjuntamente el gobernador del estado, Jorge Aristóteles Sandoval Díaz, y los representantes de Guadalajara, Zapopan, Tlaquepaque y Tonalá, el pasado 3 de marzo en Casa Jalisco.
El objetivo original era que fueran recursos federales vía Secretaría de Hacienda y Crédito Público, pero como no estaban previstos para ejercer en el Presupuesto de Egresos de 2016, el organismo se vio obligado a generar un esquema de financiamiento alterno, para lo cual aprovecha la creciente mejoría de su salud financiera, “la idea es no afectar a los usuarios, por eso se reestructuró la deuda y se cambió el plazo, para que no se modifique el pago por el servicio anual”, destacó el director de finanzas del organismo, Lorenzo Héctor Ruiz López.
“Se buscaba dar el inicio de estos trabajos antes del temporal; sin embargo, ha habido un pequeño retraso debido a las acciones que requiere un crédito de esta naturaleza, pues debemos garantizar que contamos con recursos suficientes […] primero tuvimos que licitar con el fin de poder ampliar el tiempo de pago que teníamos, de 12 años, sin la necesidad de hacer pagos adicionales, y nos coordinamos con la Sepaf [Secretaría de Planeación, Administración y Finanzas]; es un crédito que va a absorber totalmente el SIAPA”, precisó Mejía Durán.
El SIAPA tiene deudas por dos grandes créditos, uno con Banobras y otro con Interacciones, “la idea del nuevo crédito es no cargarle la mano al usuario a través de las cuotas, por eso se reestructura de manera que podamos alargar el esquema de pago, mejorar la tasa; eso nos va a permitir afectar en menor medida las participaciones federales del gobierno del estado, que es nuestro aval solidario […] con esto sale un fideicomiso de pago para pagar todos los adeudos, va a ser una sola fuente de pago, sin afectar a los usuarios”.
¿Y cómo mejora la tasa? “Teníamos un TIIE + 1.10 [TIIE: tasa de interés interbancario de equilibrio, usualmente la más baja del mercado] y quedó en TIIE + .90, sin calificar el crédito; si lo calificamos tenemos la posibilidad a una tasa TIIE +.85”, explica el responsable de finanzas. La reestructuración del crédito fue adjudicada en licitación a Banorte; está pendiente la licitación del nuevo préstamo de 800 millones, precisó.
¿Qué se va a hacer con ese nuevo préstamo? “Se trata de una primera etapa donde estaremos generando la mitigación de la zona uno: si tenemos inundaciones mayores a un metro hasta 1.5 metros, tienen que ver con la cuenca de Atemajac, en los límites entre Zapopan y Guadalajara; con la cuenca de río Blanco, donde está la zona de Aviación; con la cuenca de San Andrés, y otras como El Deán, para que no se nos genere la situación de inundaciones en zonas aledañas, como la colonia Ferrocarril, y también San Rafael para las colonias de Oblatos”, dijo el 3 de marzo el presidente del consejo del SIAPA, Francisco Ayón López.
Mejía Durán dice que aunque no se tiene aún el dinero, ya empezaron los trabajos en el caso de El Deán, y que la ventaja de ser un recurso propio es que se podrá manejar con más holgura en sus términos, pues un financiamiento federal sí obliga a cumplir plazos dentro del año fiscal. El otro lado positivo es que aunque no derivó en dinero de inmediato, el trabajo ante Hacienda para hacer de la atención de riesgos por lluvias en Guadalajara una prioridad del gobierno federal, se esperaría que los años subsecuentes haya dinero federal disponible. Sólo en la zona que atiende el SIAPA, la inversión global rebasa cinco mil millones de pesos.
Claves
La explicación
- El proyecto de atención de lluvias se determinó desde 2008, pero no hubo subsidio federal ante las fuertes inversiones que demanda; por eso se apostó a convertirlo en prioridad del gobierno de la república, como sucede con la Línea 3 del Tren Ligero
- Para ello hubo que elaborar un estudio de factibilidad técnica de las obras, un plan integral de manejo de los municipios del AMG, estudios socioeconómicos, manifestación del impacto ambiental de las obras, un dictamen externo sobre las factibilidades técnica, económica y ambiental, y los proyectos ejecutivos necesarios
- Sin embargo, en este primer año el dinero para obras no fluyó pese al compromiso, lo que ha obligado al SIAPA a financiar la primera etapa.
Comienza rescate social de San Pedro Itzicán
Buscan respuestas sobre la prevalencia de males renales, pero descartan el agua como único factor
Agustín del Castillo / Guadalajara. MILENIO JALISCO.
El gobierno del estado y el Ayuntamiento de Poncitlán comienzan hoy a mediodía el rescate integral de la comunidad de San Pedro Itzicán, enclavada en la ribera del lago de Chapala, poblado sumido en la extrema pobreza y que ha alcanzado notoriedad por la alta incidencia de padecimientos renales entre sus moradores.
Con la presencia de los secretarios de Salud, Educación, Desarrollo e Integración Social y Desarrollo Rural, todos del gabinete del gobernador Aristóteles Sandoval Díaz, se dará banderazo a diversas acciones de regeneración urbana que van desde el tema de la calidad del agua hasta las escuelas y los proyectos productivos, aseguró en visita a MILENIO JALISCO el titular de Salud, Antonio Cruces Mada.
El funcionario subrayó que de modo paralelo, mientras se mejora sustancialmente la calidad de vida, serán atendidos la totalidad de los enfermos de la población de ocho mil habitantes, y se detallarán los estudios para determinar con mayor precisión la causa de la elevada incidencia de problemas renales.
Consideró que el agua, aunque sea termal, no es por sí sola una explicación satisfactoria. La dependencia a su cargo, la Comisión Estatal del Agua (CEA) y el ayuntamiento local han levantado muestras y han analizado en laboratorios certificados la calidad del líquido, el cual presenta problemas de temperatura y olores que se ha resuelto satisfactoriamente con la torre de enfriamiento que existe en el sitio. El único componente con ligera incidencia por encima de lo normal es el fluor, pero este no explica los problemas renales, sino el deterioro de las dentaduras. “En la región de Los Altos tenemos presencia de flúor hasta diez tantos más, y el problema nunca es renal sino de daños a las dentaduras de muchos habitantes”, explicó el responsable de la CEA, Luis Aceves.
No se descartan dentro del coctel de factores desde situaciones genéticas (por endogamia) hasta desnutrición y costumbres inadecuadas, “por ejemplo, a veces desconectan la enfriadora para tener agua caliente, y eso es algo que no se ha podido resolver”, dijo Cruces Mada.
También tendría que ver el uso indiscriminado de leña y plásticos como combustible, en cocinas que no cuentan con respiradero y hace que toda la familia quede expuesta a este tipo de emisiones.
“Queremos dejar claro que vamos a trabajar para resolver los problemas y dar con las respuestas; como un primer ejemplo, ya está funcionando la planta de tratamiento, la rehabilitamos y la echamos a andar, porque nos preocupa que mejore su vida”, dijo el alcalde de Poncitlán, Juan Carlos Montes Johnston.
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