Falta invertir 46% para culminar saneamiento

Prometieron que Aguaprieta y El Ahogado resolvían todo, y casi… a condición de que se invierta casi otro tanto de lo que se aplicó entre 2006 y 2012

Agustín del Castillo / Guadalajara. MILENIO JALISCO

En la Administración de Emilio González Márquez, se hizo una inversión récord en tratamiento de aguas negras para la zona conurbada de Guadalajara: casi 5,900 millones de pesos que permiten tener hoy en operación dos macroplantas, El Ahogado y Aguaprieta (esta última, en fase de estabilización). Fue insuficiente, hoy apenas se rebasa 70 por ciento de agua tratada.

La que falta, alrededor de 30 por ciento, será casi tan caro de sanear como el volumen original, pues quedan pendientes unos 200 kilómetros de colectores, la ampliación de la macroplanta de El Ahogado, edificar nueve plantas al interior de la mancha urbana y unos 36 fuera, además de ciertas modernizaciones para aprovechar que, en El Ahogado, se tiene la oportunidad de reutilizar el agua para industrias, comercios y áreas verdes. De este modo, alcanzar el saneamiento integral para la ciudad y la región circundante, que tributa al río Santiago, obliga al gobierno de Aristóteles Sandoval Díaz a invertir casi lo mismo: 5,109 millones de pesos.

Los colectores, lo principal de esta gran inversión, se distribuyen del siguiente modo (ver mapa anexo): doce kilómetros en la cuenca de El Ahogado, más de 60 km en las cuencas del valle de Atemajac y 127 km en la cuenca del río Blanco, así como al menos cinco sistemas de bombeos.

LOS DETALLES
Esa es la gran estimación de inversión que tiene la Comisión Estatal del Agua (CEA), cuyos detalles ofrecieron a MILENIO JALISCO Trinidad Martínez Sahagún, superintendente de saneamiento de la unidad ejecutora del proyecto de agua y saneamiento de la ciudad, y Luis Aceves Martínez, director de operación de plantas de tratamiento.

La gigantesca inversión, que actualmente está en fase de gestión, se desglosa en grandes cifras del siguiente modo: 547 millones de pesos para rehabilitar, ampliar y construir 36 plantas de tratamiento que limpiarían 940 litros por segundo de aguas negras que hoy caen al Santiago. Las principales localidades son Ocotlán, Arandas, Poncitlán, Atequiza-Atotonilquillo, Santiago Totolimispan, Zapotlán del Rey, San José de Gracia, Ixtlahuacán del Río, Cajititlán (cuenca cerrada) y Tlajomulco de Zúñiga, todas en la ruta del gran río que nace en Chapala y de su primer tributario importante, el río Zula.

De este modo, los otros 4,562 millones se aplican directamente en obras para la capital del estado.

1,561 millones de pesos para la cuenca de El Ahogado, incluidos 300 millones de la ampliación de la planta (que crecerá su capacidad de 2,250 a 3,000 litros por segundo) –ver detalles en la edición de este diario del pasado 1 de marzo de 2014-.

2,306 millones de pesos para la cuenca de San Juan de Dios-Atemajac, el asentamiento original de la ciudad que alberga 80 por ciento de la población. Esto incluye 671 millones para 20.5 kilómetros de colectores y un bombeo de la zona de El Vado, en Tonalá; 229 millones para hacer 30 km de colectores de la zona de la barranca de Oblatos, que va de la colonia Jalisco, al oriente, a Huentitán, al poniente, incluidos cuatro bombeos, y 1,313 millones para la construcción del túnel colector que paralelo al periférico oriente, intercepta las aguas de cuatro subcuencas: Coyula, San Gaspar, Osorio y San Andrés, así como 95 millones de pesos para 900 metros del colector López Mateos, al poniente de la ciudad.

“Aguaprieta limpiará una cuenca donde la densidad de población está al tope, con excepción de la zona de El Vado, una zona donde se ha desarrollado vivienda y sus vertidos van directos al río, y deberemos colectarlos y bombearlos hacia el túnel colector […] y como este túnel va sobre el trazo del periférico, todo lo que se ha desarrollado hasta la ceja de la barranca tiene el mismo problema, todas las descargas se van al río por gravedad, entonces son los 30 km más y los bombeos a que hacemos referencia”, explicó Martínez Sahagún.

El colector de López Mateos es un pequeño tramo pendiente para lograr la interconexión completa la red de colectores del poniente de la ciudad, a la altura del Country Club, poco antes del arroyo de Atemajac.

Finalmente, e deben invertir 695 millones de pesos –el dato todavía es preliminar- para sanear la cuenca de río Blanco, que abarca la parte norte de la metrópoli.

De este modo, el saneamiento total implica una inversión histórica lo largo de dos administraciones de gobierno por al menos 11 mil millones de pesos, y casi 45 por ciento siguen pendiente en la actualidad.

Sin estas obras pendientes, el saneamiento seguirá fallido, pues seguirán con vertidos de casi tres mil litros por segundo de agua negra mientras se tratan poco más de siete mil quinientos, y hay que sumar los casi mil litros de los asentamientos urbanos enclavados aguas arriba en el río. Ese volumen pendiente, de casi cuatro mil litros por segundo, es gigantesco, equivale al gasto de una ciudad de millón y medio de habitantes, y es suficiente para que no mejore de forma integral la cuenca del río Santiago, cuyo pésimo estado en las últimas cuatro décadas ha destruido todos los negocios agrícolas y ecoturísticos, y fomentado la migración desde sus viejos poblados.

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Priorizan el rescate del río Santiago

La CEA pretende que el río Santiago sea un río de verdad limpio durante los siguientes años, por lo que el programa de saneamiento se rige por cinco grandes ejes de prioridad A:

Uno, “establecer el acuerdo de coordinación de funciones de la federación y el estado de Jalisco, del marco normativo estatal en materia de saneamiento, para fortalecer las medidas de vigilancia y control de la calidad del agua”

Dos, “reclasificación del río Santiago a condiciones más estrictas que permitan su saneamiento (cuerpo receptor tipo B a tipo C)”. Actualmente, el arroyo de El Ahogado y un tramo del río donde éste descarga tienen la clasificación más estricta, pero el resto de la corriente tiene márgenes flexibles para los vertidos

Tres, “control, de aguas residuales de las industrias más importantes por ubicación, caudal y tipo de giro”, lo que incluye industrias urbanas de los corredores de la ciudad, tequileras y granjas porcícolas y avícolas

Cuatro, “Programa de manejo y tratamiento de aguas residuales industriales en la zona de la presa y el arroyo de El Ahogado”, lo que incluye hacer pretratamientos y sanear agua no tóxica en la planta de El Ahogado, así como un mercado de reutilización del agua tratada con una red inicial de 25 kilómetros

Cinco, “Control, de descargas municipales”, que es propiamente el eje del plan de inversión señalado en esta publicación

Como prioridad B se marcan tres: el primero, “mejoramiento y fortalecimiento de los organismos operadores municipales y promover en el Congreso tarifas que permitan la operación sustentable de la infraestructura pública de saneamiento”

El segundo, “programa de manejo y control de aguas residuales de granjas porcícolas con núcleos en las poblaciones de La Capilla, Tototlán, La Laja, y la periferia de la zona conurbada

El tercero señala “el establecimiento de una red automática de monitoreo de la calidad del agua en sitios críticos del río Santiago y principales afluentes”

El Ahogado, un arroyo inmerso en lenta resurrección

Agustín del Castillo / Guadalajara. MILENIO JALISCO

Cuando el niño Miguel Ángel López Rocha bajó del fraccionamiento La Azucena, de El Salto, a la corriente de El Ahogado, tributaria del Santiago, los primeros días de febrero de 2008, y tomó de sus aguas —voluntaria u obligadamente, esa es otra historia—, ese líquido turbio contenía una amplia diversidad de formas de vida y no vida —materia orgánica, química y metales—:

430 mil NPM (literalmente: número más probable) de coliformes fecales por cien mililitros, 0.558 miligramos por litro de fierro, 13.75 mg/l de grasas y aceites, 0.0127 mg/l de arsénico (sustancia que según el forense tuvo que ver con la muerte del menor), 116.4 mg/l de demanda bioquímica de oxígeno (DBO5) y 247 mg/l de demanda química de oxígeno (DQO), entre muchos parámetros más muestreados entre el 10 y el 11 de febrero de ese año por técnicos de la Comisión Estatal del Agua (CEA) y analizados por un laboratorio acreditado, aunque omitió el análisis lo más llamativo de esa corriente contaminada: las sustancias activas al azul de metileno (SAAM; en lengua popular, detergentes): la espuma que flotaba como fantasma entre hedores insoportables en la por mucho tiempo hermosa cascada de El Salto de Juanacatlán, muy cerca de La Azucena. Otro componente de ese estudio permite un buen resumen de la situación del río en febrero de 2009: 0 oxígeno disuelto.

Es decir, no era un río muerto, si se considera la gran cantidad de materia orgánica doméstica que transportaba, pero esos microbios demandan oxígeno en el agua muy por encima de la capacidad de la corriente (llamada por los ecólogos “capacidad de carga”: los parámetros que miden ese fenómeno son el DBO y el DQO), lo que a su vez impide sobrevivir a organismos más complejos, como peces y moluscos, y eso se explica en la ausencia de oxígeno disuelto.

Los metales provenían de los desarrollos fabriles mal controlados de toda la cuenca: desde el corredor industrial de El Salto hasta las zonas de Las Pintas y Agua Blanca. Otras sustancias tenían origen posiblemente natural, como el arsénico, que es abundante en el subsuelo de todo el valle de Toluquilla, pero se ha convertido en demasiado común por la sobreexplotación del acuífero.

La muerte del niño fue un escándalo que detonó el proceso de atención pública al río en la zona por donde, los últimos 20 años, más ha crecido la ciudad. Además de la macrorrecomendación de la Comisión Estatal de Derechos Humanos, el estado estableció un polígono de alta fragilidad ambiental como política general para restaurar la región. El activo más importante fue el saneamiento: la planta de El Ahogado entró en operaciones en mayo de 2012. Sea o no un proceso barato, económicamente adecuado y ambientalmente sustentable (hay muchas opiniones técnicas que lo cuestionan), la calidad del agua cambió. Hoy trata 2,070 litros por segundo de aguas negras.

“Nadie se baña dos veces en el mismo río”, decía el sabio jonio Heráclito. ¿Miguel Ángel López Rocha habría sobrevivido en este nuevo arroyo de El Ahogado? Los análisis de agua en la zona de El Muelle (o el Muey, en lengua coloquial de los moradores de La Azucena), levantados entre el 14 y 16 de enero de 2014, ya con año y medio de saneamiento, indican:

0.0025 mg/l de arsénico, 9,300 NMP de coliformes fecales, 51.9 mg/l de DBO5, 47.23 mg/l de DQO, 0.437 mg/l de fierro, menos de 8.37 mg/l de grasas y aceites, 0.23 mg/l de SAAM… y 4.53 mg/l de oxígeno disuelto, que ya permite algo de vida acuática. Cambio insuficiente, pero el paciente indica mejoría.

Oriente de Guadalajara: las aguas que seguirán negras

Cerca de 2,800 litros por segundo se seguirán arrojando sin tratamiento al río Santiago por la falta de inversiones en colectores en las cuencas de Atemajac y El Ahogado.

Agustín del Castillo / Guadalajara. MILENIO JALISCO

En 2014, la zona metropolitana de Guadalajara se mantiene como una de las grandes contaminadoras del agua en el país, con un saneamiento que alcanzó sólo 35 por ciento de sus residuos durante 2013, y que con la incorporación de la planta de tratamiento de Aguaprieta podría rebasar 70 por ciento, pero quedará lejos de la meta obligada desde hace tres lustros, de limpiar totalmente sus vertidos.

Así, contra el discurso oficial, es prematuro ir por las comunidades de agricultores y pescadores enclavadas en el río Santiago a anunciar la ansiada buena nueva tras cuatro décadas de daños severos. Resulta que los gobiernos anterior y presente han anunciado reiteradamente que la culminación de Aguaprieta, que ya está en fase de estabilización, es el final de la triste historia del río cloaca, del río muerto. Pero no.

Como “letra chiquita” de un contrato que a primera vista parece ventajoso, los documentos oficiales reconocen que el rezago de inversiones para redes de alcantarillado y colectores ocasionarán que no se limpie el agua de todo el oriente de la ciudad, lo que se suma a las carencias de infraestructuras no resueltas en el caso de la cuenca de El Ahogado, el sur de la urbe, y a los vertidos residuales de la zona norte de la ciudad, pues la urbanización de la cuenca del río Blanco ha rebasado ampliamente la capacidad modesta de la planta de tratamiento de la zona, de apenas 150 litros por segundo.

De este modo, cerca de 2,800 litros de aguas residuales por segundo, volumen generado por más de 1.3 millones de personas, mantendrán por un buen tiempo la mala calidad del Santiago, y pospondrán la posibilidad de que esa amplia cuenca del occidente del país sea finalmente rescatada.

No obstante, los ciudadanos de la zona metropolitana ya pagan el saneamiento que será parcial. De acuerdo con información del SIAPA, organismo operador de los servicios de agua y alcantarillado, el esquema tarifario ya cobra a partir del 1 de enero un monto de 2.90 pesos por cada metro cúbico contaminado por arriba de los seis mil litros mensuales (consultar en periódico oficial **El estado de Jalisco, 26 de diciembre de 2013). Además de que ese monto contrasta con el monto a pagar por m3 a la concesionaria de Aguaprieta, de 98 centavos, y la de El Ahogado, de un peso con 26 centavos por metro cúbico.

DETALLES

En Jalisco, “la contaminación del agua se origina principalmente por descargas residuales sin tratar de origen industrial, doméstico, comercial, agropecuario y de retorno agrícola. Además, hay otras fuentes de contaminación externas, como los tiraderos de basura a cielo abierto, rellenos sanitarios defectuosos, descargas ocasionales e indebidas de materias y sustancias químicas y petroquímicas, subproductos agropecuarios y escombro de construcción, que se hacen sin control en distintos sitios alrededor de la zona metropolitana y en la mayoría de las poblaciones del estado”, señalaba apenas en noviembre pasado el nuevo Plan Estatal de Desarrollo.

“Gran parte de los cuerpos de agua están contaminados, en mayor o menor medida. De acuerdo con la información generada por la Red Nacional de Monitoreo que opera la Comisión Nacional del Agua, las principales corrientes de Jalisco y del lago de Chapala muestran problemas importantes de contaminación, especialmente las zonas industriales: El Salto, la ZMG [zona metropolitana de Guadalajara], Lagos de Moreno en los Altos, y la zona tequilera en Tequila […] el río Santiago se encuentra muy contaminado en su tramo entre la hidroeléctrica Las Juntas y la Derivadora Corona; en varios kilómetros se considera río muerto, con una elevada carga de contaminantes peligrosos como mercurio y cadmio”.

Y hace referencia al bajo nivel de aguas residuales tratadas. “Hasta junio de 2013, se reporta que sólo 32.73 por ciento de las aguas residuales es tratado en Jalisco. Por mencionar un caso, el municipio de Guadalajara solamente trata 2.29 por ciento de sus aguas residuales, situación que ha permanecido así varios años”.

Los otros municipios metropolitanos están mejor: Zapopan pasó de 9.5 por ciento de sus aguas tratadas en 2011 a 21.57 por ciento; Tlaquepaque, de 0 a 51.24 por ciento (es el más beneficiado con la entrada en operación de la planta de El Ahogado); Tonalá, de 0 por ciento en 2009 a 20.42 por ciento en 2013.

La clave para que el impacto de las macroplantas de El Ahogado y Aguaprieta sea menor, es la falta de inversiones por 2,700 millones de pesos en colectores, redes de alcantarillado y el gran túnel-colector San Gaspar-Aguaprieta, de 10.5 kilómetros de longitud.

La memoria publicada a finales de la anterior administración sobre la planta de Aguaprieta (se puede leer en http://www.ceajalisco.gob.mx/publicaciones/pdf/agua_prieta.pdf) detallaba los pendientes: en el caso de Aguaprieta, se requería construir 23 colectores con una longitud de 49.75 kilómetros y una inversión estimada en 2012 de 699.3 millones de pesos; siete cárcamos que demandaban inversión de 101 millones de pesos, y el túnel interceptor San Gaspar-Atemajac, de 1,123.4 millones de pesos.

En el caso de la planta de El Ahogado, los pendientes eran ocho colectores de 39.72 kilómetros de longitud y una inversión de 694.2 millones de pesos, así como un cárcamo con una inversión de 30 millones de pesos.

No se alude, y apenas se ha estudiado, el caso de la cuenca de el río Blanco, en su momento pionera en el tratamiento de aguas urbanas. La planta data de 1993 y genera agua tratada de alta calidad que ya se reutiliza en algunos fraccionamientos residenciales de la ciudad. El problema es que en 20 años, esa zona de la urbe creció de forma desmedida, y como consecuencia, un alto volumen de aguas negras no recibe tratamiento.

La consecuencia es que la cascada Cola de Caballo, uno de los paisajes patrimoniales de la región conurbada, expulsa aguas malolientes y aporta su cuota, de este modo, para que el río Santiago se mantenga prácticamente muerto desde Juanacatlán hasta la presa Santa Rosa, entre Zapopan y Tequila. Hay contaminación para rato.

Claves

La suma de la Universidad de Guadalajara a la exigencia de información técnica y respeto a los derechos de los habitantes de Los Altos, fortalece al movimiento de los propios productores que se niegan a que las aguas de sus cuencas sean entregadas en perjuicio de su estilo de vida y su economía

Es una región de escasez desde siempre. La veda de aguas superficiales es del 22 de agosto de 1931, por tiempo indefinido, y fue ratificada y ampliada el 20 de agosto de 1947. En cuanto a las aguas subterráneas existe una veda del 12 de julio de 1987, que menciona como propósito central, “conservar o proteger a los acuíferos de sobreexplotación”

Además, el Programa Nacional Hídrico desde que existe la CNA (1989), se establece que la región alteña tiene acuíferos sobreexplotados y en fase de abatimiento, lo cual explica que no se otorguen nuevas concesiones para aprovechar las aguas

Los acuerdos el río Verde de 1995 y 1997, firmados por la CNA y los gobiernos de Jalisco y Guanajuato, distribuyen 15.6 m3 por segundo del río del siguiente modo: 9.6 m3 para Guadalajara, 3.8 m3 para León, 1.8 para ciudades alteñas y 0.4 m3 para ganaderos

Fraccionadores le cercenaron 6 mil ha al bosque La Primavera

Los posesionarios aseguran hoy estar comprometidos con la protección de un bosque cuyo decreto siempre vieron como “camisas de fuerza” para sus intereses económicos. En las fotos, aspectos del bosque. Abajo, un helicóptero vuela durante el megaincendio de 2012, en el cual, se especuló la mano de propietarios como causal (foto cortesía de José Luis Gámez Valdivia)

Agustín del Castillo / Guadalajara. MILENIO JALISCO

El papel a favor de la naturaleza de los pequeños propietarios y los ejidatarios, poseedores de casi 82 por ciento del bosque La Primavera, no resiste bien el examen de la historia de la protección de esta serranía contigua a Guadalajara: entre 1980 y el presente impidieron que se protegieran seis mil hectáreas de la floresta para realizar negocios inmobiliarios regulares e irregulares, pero pudieron ser muchas más.

“Tenemos conciencia de la importancia del bosque para la ciudad, lo vamos a proteger”, señalaron hace quince días dos de los dirigentes de ambas formas de tenencia de la tierra, Juan Diego Covarrubias –él mismo desarrollador inmobiliario- y Francisco Olmos, líder en la Unión de Ejidos y dirigente en el ejido de Jocotán, que ahora pugnan por coadministrar la zona. “Queremos acabar con ese paradigma de que ejidatarios y propietarios somos los peores enemigos del bosque […] queremos hacer un bosque certificado, para que realmente cada día pueda tener más beneficios, en cuanto al pago por servicios ambientales, proyectos sustentables, sostenibles, un plan de manejo real, zonificación real, queremos dejar definido ese polígono, para fortalecerlo”, dijeron en entrevista con este diario.

Pero la relación de los poseedores con el decreto no ha sido precisamente de amor. En los años setenta del siglo XX, cuando comenzaron las tentativas de mantener los ecosistemas, el lobby de propietarios –incluidas buena parte de las élites económicas de Guadalajara- se opuso de forma decidida ante los presidentes Luis Echeverría Álvarez y José López Portillo, pues, en palabras de su cabeza visible, el empresario Jorge Dipp Murad, “un bosque sólo se puede conservar como una casa, si se le habita”.

Dipp sustentaba un proyecto de desarrollo urbano ambicioso: Ciudad La Primavera, que significaba dotar de fincas campestres, campos de golf, aeropista y todo el lujo a quienes compraran allí, bajo el concepto de la cercanía de la ciudad, como se da en muchas zonas de bosque de Estados Unidos.

Muchos años, Jorge Dipp, junto con Cástulo Romero y sus herederos, fueron el frente opositor al decreto. Dipp presumía ser el principal benefactor del bosque, al haber cedido una propiedad de cinco mil hectáreas que forman el núcleo de la propiedad pública del busque, que alcanza hoy 5,736.37 ha (18.7 por ciento de la superficie hoy protegida). Lo que no decía el empresario de origen libanés es que ese terreno en donación fue en realidad un pago que debió hacer a la Secretaría de Hacienda por impuestos atrasados, y que el verdadero donador del terreno fue el presidente José López Portillo.

Ese proyecto fue afectado por el decreto. Pero entre quienes lograron salvar sus inversiones están Vicente Chalita, desarrollador de El Palomar, que con sólo una etapa abierta de su fraccionamiento, logró librar a todo el predio de bosque de su propiedad de ser incluido en el polígono protegido, a pretexto de que ya lo había registrado. Otros negocios salvados milagrosamente fueron las etapas no abiertas de los fraccionamientos Bugambilias, Pinar de la Venta, Rancho Contento, Los Gavilanes, Santa Anita, Bosques de Santa Anita, El Roble, y donde ahora se ubica los fraccionamientos Diana y Hacienda del Astillero. Del lado oriente del bosque, justo donde termina la avenida Mariano Otero, los cerros arbolados que coronan Bugambilias y El Palomar descienden a un valle donde los hermanos Gallo construyeron un autódromo y también evitaron ser afectados por el decreto. Hoy, asociados a la familia Leaño Reyes –otros famosos fraccionadores de la urbe- edifican el fraccionamiento Los Robles.

En el caso de la tenencia social, “en los años de 1950 a 1966 se confirman cuatro ampliaciones ejidales sin haber recibido resoluciones de ellas. En total son 13 los ejidos mencionados, con más de 2,644 beneficiarios dentro del bosque y en sus límites. En la década de los sesenta se inicia el establecimiento de fraccionamientos urbanos”, señala el documento de manejo vigente en la Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas (ver documento en http://bosquelaprimavera.com/new_web/sitio/que_es/index.php?id=7).

Fue de esa tenencia de donde vino el golpe más reciente a la protección del bosque. Al norte de Los Robles, sobre el lindero oriente del polígono, está la “zona de exclusión”, la última victoria legal de los empresarios inmobiliarios: 552.29 hectáreas de bosque del ejido Santa Ana Tepetitlán que fueron excluidas de la zona protegida mediante el amparo 413/2001, confirmado en la revisión 465/2007. La zona es desde entonces objeto de invasiones con fraccionamientos irregulares, un asunto que no ha sabido frenar el Ayuntamiento de Zapopan, y que significa la transmisión ilegal de parcelas (el aparcelamiento de bosque está prohibido en la Ley Agraria) para la “siembra” de fincas por migrantes pobres.

Ese hecho no genera el menor pudor en las autoridades ejidales de ese núcleo agrario, que están sumadas a la impugnación del nuevo organismo público descentralizado… aunque voluntariamente se separaron del área natural protegida.

La construcción de la carretera Guadalajara-Nogales separó del bosque además la zona de El Tepopote, que aún hoy es un importante corredor de fauna aunque hay demanda de cambios de uso de suelo, pues no forma parte del área natural protegida. Incluso el club deportivo de la Universidad de Guadalajara está ubicado en esa área norte hasta donde se extendía el bosque antes de la apertura carretera.

Otra omisión notable en la protección fue el valle de El Bajío del Arenal, importante ecosistema cuya relación con la recarga del acuífero metropolitano ha sido documentada, lo que no impidió a connotados empresarios, entre los que descuellan Jorge Vergara Madrigal y Francisco Cornejo, a diversos instituciones de educación superior, y al propio gobierno estatal (bajo Emilio González Márquez) a realizar acciones de urbanización que además penetran en la floresta protegida.

Si se excluye a El Bajío, que no era parte de la propuesta de decreto que hizo la Universidad de Guadalajara con 33 instituciones de interés social al presidente de la república, en 1976, la superficie cercenada en más de tres décadas redujo a La Primavera de 36 mil hectáreas a las apenas 29,988 ha que ahora permanecen con decreto vigente de protección. Sin contar los ejercicios de “derecho de propiedad” que se dan al interior del polígono, donde grandes fincas son edificadas de forma cotidiana en terrenos privados y sociales. Además de Santa Ana Tepetitlán y algunas propiedades particulares, los casos más notables de invasión hormigas se dan en los ejidos El Colli, La Primavera, La Venta del Astillero, Emiliano Zapata, Huaxtla y San Agustín.

Y si bien la historia no ayuda, el asesor de los ejidos, Martín de la Rosa Campos, ex empleado de la CONANP, asegura que propietarios y ejidatarios han decidido dejar atrás ese lastre. “No se van a ir contra el decreto no quieren hacer fraccionamientos; lo que piden es el legítimo derecho de participar en la toma de decisiones sobre el futuro de sus propios bienes”.

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Antecedentes

En 1934, se declaró como zona de protección forestal un área de aproximadamente 10,000 km2 que bordeaban a Guadalajara, incluido el bosque La Primavera

En 1963, la Comisión Forestal del Estado de Jalisco establece una coordinación para la elaboración de un proyecto para la creación de un “parque estatal” en La Primavera. El 26 de diciembre de 1970 se consideró al Bosque de la Primavera, por el Gobierno del Estado de Jalisco, como de utilidad pública y uso turístico

El 14 de octubre de 1972 se decretó el bosque La Primavera como reserva urbana por el gobernador del estado de Jalisco

El 6 de marzo de 1980, por mandato del presidente José López Portillo, se publicó en el Diario Oficial de la Federación el Decreto por el que por causa de utilidad pública se establecía como zona de protección Forestal y Refugio de la Fauna Silvestre la región conocida como La Primavera dentro de una superficie aproximada de 30,500 has en los municipios de Tala, Arenal, Zapopan y Tlajomulco de Zúñiga

El 25 de septiembre de 1980 se solicitó la derogación de los decretos estatales que declaraban a la zona como área turística y de reserva urbana. En este mismo año el Gobierno del Estado de Jalisco adquirió, mediante contrato de donación, 5,290 has ubicadas al poniente del bosque, viejo predio de Jorge Dipp que entregó en pago de impuestos al gobierno federal

El 7 de diciembre de 1995, se llevó a cabo el primer acuerdo de coordinación entre la Secretaria de Medio Ambiente federal y el gobierno del estado de Jalisco, con el objeto de transferir a este último la administración de la zona

El 7 de junio de 2000 se publicó en el Diario Oficial de la Federación al recategorización de La Primavera como área de protección de flora y fauna

12 de octubre de 2013, comienza la vida del organismo público descentralizado Bosque La Primavera, controvertido por los propietarios con al menos trece juicios de amparo

Fuente: Programa de manejo del bosque La Primavera, 2000

CIP, los negocios de un exgobernador

Antonio Toledo Corro vendió el predio Las Cabras para megadesarrollo turístico. Mandatario sinaloense en los años 80, señalado por la DEA por vínculos con narcos, es un hombre con gran influencia en la vida de su natal Escuinapa

Agustín del Castillo, enviado / Escuinapa, Sinaloa. MILENIO JALISCO

El nombre de Antonio Toledo Corro suscita vivos debates entre los moradores de este municipio del sur de Sinaloa, del que es nativo el ex gobernador que alguna vez estuvo en la mira de la agencia antidrogas de los Estados Unidos (DEA). Que el mandatario en funciones, Mario López Valdés, Malova, se decidiera a rehabilitar al también llamado “Tigre de Escuinapa”, no ha apagado las viejas polémicas. Y ahora, con el centro integralmente planeado (CIP) del Fondo Nacional de Turismo (Fonatur), en la isla del Palmito del Verde, menos.

El 23 de junio de 1987, Los Angeles Times publicaba: “Agentes antidrogas estadounidenses en ambos lados de la frontera hablan amargamente del papel desempeñado por el ex gobernador de Sinaloa Antonio Toledo Corro para tolerar el contrabando de drogas en su estado. Según una fuente de la DEA, "recibió el dinero en una gran escala" de los traficantes de drogas” (artículo completo, en http://articles.latimes.com/1987-06-23/news/mn-10162_1_drug-trafficker/2). En el México de esa época, Proceso número 650 documentaba la discutida gestión del gobernador y su relación con el legendario capo Félix Gallardo (reportaje de Francisco Ortiz Pinchetti, 15 de abril de 1989).

“Cuando estaba Toledo de gobernador conocimos al Cochiloco [Manuel Salcido Unzueta, asesinado en Guadalajara en 1991]; ese rancho de Los Ángeles que está en la isla, lo compró a los Escutia, lo levantó con caballos de raza, se construyó una casa de playa y le daba empleos a la gente; Toledo lo invitó a invertir, hasta hicieron una pista de conchas, aeropista o narcopista”, señala irónico un morador de Teacapán, en la punta del territorio insular.

No se apaga el eco ni con el tema del narco –“Toledo es dueño del único Cadillac de Escuinapa, y nomás trae a su chofer; se pasea libre porque todos los capos lo respetan”, secunda otro isleño- ni con el de sus negocios personales, que por caminos escabrosos conducen al megadesarrollo en el predio Las Cabras, frente a la playa de El Espíritu, al que se accede por la carretera estatal que va de la cabecera municipal hacia el poniente, por el único puente que une la isla al continente.

“El ex gobernado le vende al Fonatur 2,284 hectáreas, pero resulta que el señor no comprueba la situación jurídica de al menos la mitad de esa superficie; se excedió con terrenos que nosotros fijamos con base en títulos virreinales para la Comunidad Indígena de San Pedro Chametla, que datan de entre 1715 y 1762”, denuncia el profesor Óscar Crespo, uno de los voceros del comité que reclama el presunto despojo.

La venta del político es hecho consumado desde 2009, lo que ha llevado al Fonatur a actuar directamente para consolidar su adquisición. El asunto está empalmado a una diferencia de límites que tiene décadas congelada entre los municipios de El Rosario y Escuinapa, pues cuando estaba el proceso de aclaración a punto de culminar, fue frenado en instancias de gobierno, durante los años ochenta del siglo XX.

Chametla es parte del primero, y sus tierras llegaban hasta la isla, que según el representante, era compartida con Escuinapa. Pero el mandatario usó su poder durante sus años de mandato, evitó una aclaración que ya se había promovido a nivel catastral y del Congreso local, y acomodó el lindero para quedarse con las tierras comunales, con base en un certificado de inafectabilidad ganadera. Las Cabras es el nombre para la pequeña propiedad, pero los comuneros lo reclaman como predio Montijo y/o Llano de Mar.

Cuando se hizo la compra-venta, los quejosos de la comunidad se metieron al predio, lo que suscitó una acción policiaca de desalojo en agosto de 2011, pero también le tumbó parte del negocio al político, pues el Fonatur se acogió a una cláusula del contrato en la cual se advertía que no pagaría una fracción de la operación en caso de problemas. Quedaron “volando” 800 millones de pesos, calcula Crespo.

Los solicitantes de las tierras virreinales han debido enfrentar las “mañas” de los representantes judiciales, de la Procuraduría Agraria y del gobierno estatal, que han operado completamente a favor del proyecto del gobierno federal. Hay una denuncia penal por despojo, y el proceso agrario está en suspenso. De hecho, los manejos caciquiles de la comunidad en el pasado, provocaron que se vendieran de facto sus terrenos, pero ello no cancela los derechos agrarios, aclara.

La influencia de Toledo Corro, con casi 95 años de edad, parece aumentar con la edad, gracias al gobernador Malova, quien dijo públicamente en agosto de 2011: “los sinaloenses ya quisiéramos muchos de estos tigres y no bestias que andan destruyendo”.

Así, sus detractores piensan que se mantiene como “el cacique de la región; pone y dispone; cuando estaba de gobernador quiso llenar el valle de palmeras cocoteras, y le repartió a los ejidos dos vacas y cinco puercos para que aguantaran los siete años que tardan en producir; aquí en el ejido nadie lo quiso, pero tenía incondicionales por todos lados”, recuerda don Juventino Vargas, veterano pescador.

Esa huella autoritaria permanece en los que apoyan al Fonatur, agrega. “En una reunión de información, allá por 2009, un ejidatario con la guayabera típica de los años de Toledo, nos acusó de cobardes a los que cuestionábamos el proyecto por los daños al ecosistema, a la pesca y a la agricultura; que no tuviéramos miedo, que si nos íbamos a morir, nos muriéramos de una vez”, añade el viejo, mientras el agricultor Antonio Vargas confirma con la cabeza.

El ex gobernador tiene incluso un instituto educativo que lleva su nombre. Y para que nadie se olvide de este viejo “hombre fuerte” de la era populista, hoy devenido en civilizador por el discurso oficialista, una estatua de frío estaño o bronce despide a los visitantes que dejan la cabecera rumbo a la isla del Palmito del Verde. Es el punto más septentrional de las asediadas Marismas Nacionales. El recio cacique está entre dos niños con su sombrero campirano y apunta sereno hacia el horizonte. Lo acompaña una inscripción en letras plateadas, de indeleble tufo echeverrista: “con educación y trabajo al progreso”.

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CLAVES

Los detalles

Antonio Toledo Corro fue gobernador de Sinaloa entre los años 1980 y 1986, elegido por su amigo José López Portillo. Había ostentado previamente la cartera de la Reforma Agraria, que heredó al jalisciense Javier García Paniagua

MILENIO JALISCO buscó entrevistar al político, que según los habitantes de Escuinapa, tiene su residencia en Mazatlán. Una llamada a un teléfono celular que una fuente entregó como el personal del hombre nonagenario, no fue respondida

Los políticos que hoy gobiernan Sinaloa lo consideran un civilizador. En mayo de 2011, autoridades y directores de organismos educativos le hicieron un homenaje junto a la comunidad educativa en Escuinapa. Ahí, el gobernador llegado por el Partido Acción Nacional, pero de vieja militancia priista, Mario López Valdez dijo que fue uno de los mejores gobernadores que ha tenido la entidad

El apoyo de Malova y de Toledo Corro al CIP del Fonatur, denominado Playa de Espíritu, tiene en predicamento un importante emporio productivo (ver edición de este diario, del 11 de enero de 2014), por el uso del agua, la contaminación y la destrucción del sistema hidrológico con la apertura de al menos una marina que ya aprobó la Semarnat como primera etapa

Según la Asociación de Agricultores del río Baluarte –cuyas aguas serían extraidas para el megadesarrollo-, el ecosistema sustenta una superficie agrícola de 24 mil hectáreas y más de 106 mil toneladas de producción, nueve agroindustrias, casi cinco mil empleos, diez mil cabezas de ganado para una inversión total anual que se acerca a 300 millones de pesos

En el caso del acuífero Laguna Agua Grande, en la isla del Palmito del Verde, el riesgo es para 8,500 hectáreas, casi 19 mil empleos anuales, 506 mil toneladas de producción y una inversión anual total del orden de 931 millones de pesos

El gobierno de la república decidió en 2013 respaldar de nuevo el CIP de Fonatur, que era proyecto estrella de turismo en la presidencia de Felipe Calderón. No ha sido obstáculo la carretada de opiniones técnicas en contra, y la postura de la convención Ramsar de la ONU, que señala el riesgo para este humedal prioritario a nivel internacional

5 jueces analizan amparos vs OPD del bosque La Primavera

De seis juicios, cinco están en trámite y uno desechado; en integración, nuevos expedientes. La Semadet ha acudido ante los jueces, entre varias autoridades demandadas

Agustín del Castillo / Guadalajara. MILENIO JALISCO

Al menos cinco jueces federales han recibido desde noviembre pasado, demandas de amparo contra la decisión del Congreso de Jalisco y del gobernador del estado, de dotar para la gestión del bosque La Primavera –que la entidad recibió en coadministración del gobierno federal, desde 1995-, de un organismo público descentralizado (OPD).

Hay cinco en trámite, otros seis estarían en proceso de integración, pero al menos uno más ya fue desechado, pues el juez cuarto de Distrito consideró improcedente el reclamo del particular.

“Este órgano jurisdiccional estima que, respecto de los actos reclamados consistentes en la aprobación, expedición, promulgación, refrendo y publicación del decreto mediante el cual se crea la Ley del Organismo Público Descentralizado Denominado Bosque La Primavera, se actualiza la causal de improcedencia […] ello, porque la lectura del numeral que se tilda de inconstitucional se corrobora que se trata de una norma general que requiere de un acto de aplicación, posterior al inicio de su vigencia, que afecte de manera cierta y directa la esfera jurídica del quejoso”, es decir, tendrá que realizarse una acción específica del OPD que signifique un riesgo probable para los derechos del afectado.

Se trata del juicio de amparo 2301/2013, presentado por Antonio Vázquez Cruz, y que fue turnado al Juzgado Cuarto de Distrito en Materia Administrativa y del Trabajo. A diferencia de sus similares de los juzgados Primero, Segundo Quinto y Sexto, este juez, Juan Manuel Villanueva Gómez, dijo que ni siquiera las reformas del artículo 107 constitucional y a la Ley de Amparo eliminan la necesidad de acreditar la posibilidad del perjuicio.

“La reforma constitucional señalada no puede ser traducida en una apertura absoluta para que cualquier persona por cualquier motivo, acuda al juicio de amparo. Sobre todo si se toma en consideración que, el interés legítimo es el interés personal cualificado, actual, real y jurídicamente relevante, que puede traducirse, si llegara a concederse el amparo, en un beneficio jurídico en favor del quejoso; por lo que dicho presupuesto procesal se compone de dos elementos esenciales: a) el interés debe estar garantizado por un derecho objetivo (sin que necesariamente dé lugar a un derecho subjetivo); y, b) debe haber una afectación a la esfera jurídica del quejoso en sentido amplio, que puede ser de índole económica, profesional, de salud pública o de cualquier otra”.

La reforma citada permite que no sea necesario acreditar el “interés legal” del demandante de una violación de derechos humanos, pero según el juzgador, ello no exime de presentar elementos que acrediten la posibilidad del daño.

En el caso de los otros jueces, el expediente 2474/2013, que se ventila ante el Juzgado Quinto, corresponde al ejido La Primavera, que recibió “suspensión de plano” que se otorga en automático a los núcleos agrarios; en el caso de los juicios 2456, 2453, 2530 y 2458, todos del 2013, y que conocen respectivamente los juzgados Segundo, Primero, Quinto y Sexto, tienen a favor una suspensión provisional para efecto de no ser privado de la propiedad y sus derechos, pero se pronunciarán respecto a la constitucionalidad del OPD hasta entrar al fondo del caso.

Según Marisol Anglés, experta de la UNAM, “la propiedad estatal de las aguas nacionales y los recursos naturales es inalienable e imprescriptible; sin embargo, los particulares podrán explotar algunos recursos por medio de una concesión otorgada por el Ejecutivo Federal […] asimismo, el gobierno federal puede establecer reservas nacionales y suprimirlas. Las declaratorias correspondientes se harán por el Ejecutivo en los casos y condiciones que las leyes prevean”.

De ese modo, “la Nación mexicana puede imponer a la propiedad privada las modalidades que dicte el interés público, así como regular, en beneficio social, el aprovechamiento de los elementos naturales susceptibles de apropiación, con objeto de hacer una distribución equitativa de la riqueza pública, cuidar de su conservación, lograr el desarrollo equilibrado del país…”.

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LOS DERECHOS DE PROPIETARIOS “ESTÁN A SALVO”

El director interino (encargado de despacho) del bosque La Primavera, Antonio Ordorica Hermosillo, reiteró ayer que el organismo público descentralizado (OPD) “no afecta la propiedad privada ni ejidal, ni limita sus derechos”.

En su postura, entregada a MILENIO JALISCO, sobre los amparos interpuestos, subrayó: “El OPD es una instancia de administración del área natural protegida. Lo que hará es administrar el área de acuerdo a un programa de manejo que aprueba la federación, y que es el instrumento que determina las actividades y acciones que se pueden y deben realizar en las diversas subzonas, de manera que garanticen el cumplimiento de los objetivos de conservación del decreto”, señaló.

El OPD, añadió, “no está creado para afectar las propiedades al interior del bosque, es una estructura prevista para hacer frente a las obligaciones que contrajo el gobierno del estado al recibir en administración el área protegida”.

El OPD, así, “no está pensado en razón de un reparto de los lugares en la junta de gobierno, sino en un sistema de corresponsabilidades, en donde todos los interesados y autoridades están presentes para la administración y manejo del área natural protegida”.

La junta de Gobierno del OPD “tiene como finalidad ayudar a dirigir la administración del área, con base en lo que se establece el programa de manejo, coordinar y canalizar los esfuerzos y sinergias que se generen y establezcan en beneficio del bosque y por ende de todos los ciudadanos”, puntualizó.

Lluvia de amparos contra OPD del bosque La Primavera

Ejidatarios y parvifundistas se quejan de la imposición del organismo público descentralizados que a su juicio vulnera sus derechos

Agustín del Castillo / Guadalajara. MILENIO JALISCO

El nacimiento del organismo público descentralizado Bosque La Primavera, a partir de la publicación de su ley en el periódico oficial El Estado de Jalisco, el 12 de octubre de 2012, ha sido accidentado: sus opositores tienen formalizados cinco juicios de amparo ante la justicia federal en su contra, pero prometen decenas más.

“No iremos contra el decreto de 1980, eso está perfectamente aclarado, no nos interesa dejar de proteger el bosque y no queremos mandar un mensaje equivocado a la sociedad, pero sí lucharemos porque el OPD, que pensamos es ilegal, que es fruto de una ausencia de consulta y de consenso, y de las mentiras del gobierno, sea echado abajo”, señalan los representantes de los propietarios privados y ejidales, respectivamente, Juan Diego Covarrubias y Francisco Olmos.

Como no se trata de un planteamiento meramente negativo, sino que incluye propuesta, alrededor de 250 pequeños propietarios, y once ejidos, constituirán en unas semanas más un consejo regulador por medio del cual se pretende ejercer el reclamo de coadministración que han hecho al gobierno federal.

Los cinco juicios de amparo fueron presentados entre noviembre y diciembre del año pasado, y tienen como efecto inmediato otorgar la suspensión de plano, esto es, que no sean desposeídos de sus bienes muebles e inmuebles que tienen al interior del bosque (ver tabla anexa). El tema de la presunta ilegalidad del organismo será materia del “fondo” de los juicios. Según los entrevistados, habrá en las siguientes semanas decenas de amparos más: unos 60 por parte de la pequeña propiedad, y al menos ocho de la tenencia ejidal.

“Nosotros estando decididos a seguir por este espaldarazo que da el señor gobernador, los diputados no hicieron caso de incluirnos en el mentado OPD, y aunque decidimos inicialmente irnos en contra del decreto de 1980 junto al OPD, porque lo podemos hacer y estábamos seguros que los íbamos a tumbar; platicando varias veces con la doctora Raquel Gutiérrez Nájera y con el señor Juan Diego Covarrubias, nos decían que no era prudente ni conveniente, no por el gobierno ni por nosotros, sino por darle la calidad de vida a los ciudadanos y seguir conservando el bosque, y estamos de acuerdo, entonces nuestro problema no es el bosque protegido, sino el organismo que de forma abusiva pretende mandar sobre nuestros bienes y nuestros derechos”, pone en relieve Francisco Olmos, presidente saliente de la Unión de Ejidos de La Primavera.

A su juicio, la campaña de promoción del OPD redundó en mentiras porque siempre se les prometió un espacio de participación que hoy les parece insuficiente: dos asientos, compartidos con los pequeños propietarios, que no pesan frente a otros 19 consejeros de origen gubernamental y académico. Dice que no es lo mismo tomar decisiones desde un escritorio si estas no afectan directamente el patrimonio del tomador de decisiones, “como pasa con los burócratas”, a que esté en juego el patrimonio propio involucrado, como sucede con los poseedores del bosque.

“Quienes los conservamos y lo cuidamos somos los que vivimos ahí, es un mito lo de la gestión del gobierno […] desgraciadamente muchas gentes y partidos políticos se suben al carro para hacer y deshacer en documentos; la gente del gobierno dice que no, pero para nosotros es una expropiación maquillada, dice que el OPD es la única instancia que va a poder bajar recursos económicos nacionales, internacionales, estatales y municipales, y eso estaba bien si nos daban 50 por ciento de la administración, pues se trata de recursos que son de nosotros, que son del bosque, que son de los dueños, pero no así, que van a obtener dineros y seguirán sin llegar para la mejora del bosque”, añadió el también ejidatario de Jocotán.

El dirigente cuestionó la decisión del ejido de San Agustín, en particular, del ejidatario Sergio Ontiveros Gómez, de quedarse con la representación ejidal ante la junta de gobierno de la OPD. “Como no quisimos ocupar la silla que era para nosotros, sin ninguna ventaja y nomás por cubrir un requisito, ponen a un individuo que no nos conoce, que no lo conocemos, y que tiene pocas tierras en el bosque; pero como es conveniente que les cubran esa silla, hacen una aberración”.

- ¿El reclamo de ustedes es que quieren participar en la gestión del bosque La Primavera como dueños y actores Sí, es correcto, no pedimos ni oro, ni estrellas, ni maravillas, solamente que sean incluyentes y estar participando en la administración de nuestras tierras; no les decimos a los del gobierno que se vayan, no, se trata de hacer el trabajo en conjunto, ponernos de acuerdo, y no como esta vez que hicieron esto, en que arrasaron, no entendieron razones y nos quisieron imponer esto.

Juan Diego Covarrubias dice que costó trabajo convencer a los campesinos de no objetar el decreto del presidente José López Portillo, del 6 de marzo de 1980, como lo hizo en el pasado, de forma exitosa, el ejido Santa Ana Tepetitlán (Público-Milenio, 7 de julio de 2008).

“Costó convencerlos que no se fueran, como es su derecho, en contra del decreto; el decreto de 1980 en su artículo segundo estipula que por ser un área natural protegida de propiedad privada y social, cualquier actividad que se realice deberá ser autorizada por los ejidatarios y por los propietarios; este decreto no fue homologado con la Ley General de Equilibrio Ecológico y Protección al Ambiente; no lo tocaron, de tal manera que entendimos que como está es nuestro principal apoyo; también entendieron que no queremos que pase como con el ejido de Santa Ana, ¿ellos por qué lo hicieron?, porque pudieron, pero imagínese usted que miles de ejidatarios se salgan del decreto, qué va quedar del bosque, y no, eso es lo que quisiera el gobierno para decir, son los malos los ejidatarios y los propietarios, y les estamos demostrando lo contrario, somos los principales interesados en que se mantenga el bosque”, subraya el parvifundista.

A su entender, una de las primeras tareas en la gestión del bosque será definir el polígono para realmente blindarlo contra invasiones y contra tentativas de echar abajo el decreto. Es fundamental que, junto con la ciencia y el trabajo de conservación, se construyan alternativas viables para que los dueños sean los aliados en todo el proceso.

“Los estudios los hicimos hace muchos años, no cierra, es un polígono que no existe, y no lo quieren enderezar; yo personalmente hablé con la secretaria de Medio Ambiente, Magdalena Ruiz, y le dije, Magda, vamos alineando primero para que esto se resuelva, es la primera vez que los propietarios estamos de acuerdo en firmar un polígono, y eso dará seguridad al esfuerzo del área protegida”, añade.

- ¿Ustedes no quieren fraccionar el bosque?

Queremos acabar con ese paradigma de que ejidatarios y propietarios somos los peores enemigos del bosque […] queremos hacer un bosque certificado, para que realmente cada día pueda tener más beneficios, en cuanto al pago por servicios ambientales, proyectos sustentables, sostenibles, un plan de manejo real, zonificación real, queremos dejar definido ese polígono, para fortalecerlo.

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Los cuatro mayos para la OPD


2005, mayo
Tras el incendio más devastador del que se tenga registro en la historia de protección de La Primavera, el consultor Rafael González Franco y su equipo, en un estudio contratado por la dirección de sustentabilidad de la Secretaría de Desarrollo Rural, propone un replanteamiento jurídico de la gestión y administración del gobierno del estado en el bosque: construir un organismo público descentralizado que le dé solidez jurídica a los actos de autoridad y que otorgue seguridad laboral a los combatientes de incendios, que ni siquiera tienen seguro social


2008, mayo
José Luis Gámez Valdivia, ex titular de sustentabilidad de la Seder, asume la dirección ejecutiva del bosque. Crea el cuerpo de guardabosques, la dirección de conocimiento de flora y fauna, pero se topa con la realidad: no hay manera de hacer actos de autoridad contra invasores y depredadores del bosque


2012, mayo
Tras el nuevo megaincendio, y tras siete años de abandono, se retoma la idea del OPD; mientras el gobierno de Emilio González Márquez se limita a hacer promesas, llegan recursos para reconstituir la zona afectada, se escandaliza a la opinión pública con la precariedad del sistema laboral de quienes cuidan el bosque y su falta crónica de recursos económicos para hacer frente a sus tareas

2013, mayo
Ya en el gobierno de Aristóteles Sandoval, se retoma el asunto del OPD y se hacen consultas entre diversos actores. Los ejidatarios y pequeños propietarios manifiestan inconformidad por lo que consideran fue información escasa y una visión autoritaria de la nueva autoridad del bosque, la Secretaría de Medio Ambiente y Desarrollo Territorial, que sólo les dio dos asientos de 21 en la junta de gobierno. El 5 de junio se presenta propuesta al Congreso del estado para hacer una ley del OPD (se pudo pasar como decreto del ejecutivo), y se autoriza en octubre. La guerra legal se desata por medio de amparos.