Peligros geológicos e hidrológicos para fraccionamientos invasores
En Los Colomos, riesgos
son un patrón de construcción
Investigadores alertan sobre el daño ambiental como causa de desastres
Guadalajara. Agustín del Castillo. Público-Milenio, 1 de julio de 2008
Los riesgos de desastre se incrementan con la progresiva transformación urbana de la cuenca de Los Colomos, bien posicionada en el mercado inmobiliario como la zona más codiciable para vivir en esta urbe: una mezcla de fincas californianas tipo Beverly Hills y de rascacielos poderosos estilo Santa Fe (ciudad de México), a la altura de las ambiciones de una elite cosmopolita.
La publicidad de las empresas inmobiliarias entrega estas metáforas fáciles de los sueños de prosperidad, pero los conocedores de la geología e hidrología local –la ciencia como aguafiestas- advierten que todo puede acabar en pesadillas.
En el aspecto físico, e incluso en el social, el área está configurando una especie de “anticiudad” en la cual las relaciones entre los grupos son sustituidas por los cotos privados, mientras la posibilidad de padecer por eventos naturales se torna más real y frecuente, subrayan los autores de la monografía Los Colomos, Enrique García Becerra, Ricardo y Pablo Robles Gómez, de la Universidad de Guadalajara.
Destacan: “La zona está sometida a un intenso proceso de transformación en el uso de suelo y en su medio físico, por parte de inmobiliarias y promotores, a quienes sólo interesa obtener las mejores ganancias económicas, y lo que menos les importa es la desaparición de los cuerpos de agua, los cuales se han secado, desviado, rellenado, obstruido […] transformando por completo, de forma negativa, el sistema hidrológico, que además, ha sufrido la modificación del relieve [relleno de barrancas, aplanamiento de las lomas y compactación de suelo] y la destrucción de la cubierta vegetal”.
Los académicos elaboraron un patrón de las alteraciones sufridas por el sistema natural:
En cuanto a movimientos de suelo, cuatro grandes tipos de daños. Uno, “elaboración de taludes en los escurrimientos para el trazo de avenidas metropolitanas”, como es el caso de la avenida Patria en su cruce con la avenida Naciones Unidas. “Esta situación, junto con la falta de una salida de agua, ocasiona acumulaciones forzadas del líquido con la consecuente infiltración, lo que a su vez genera un proceso de lavado de material fino y altos contenidos de agua en el subsuelo”.
Dos, ampliación de lechos de arroyos mediante recortes de las vertientes, los cual es muy común en lechos angostos “y genera formación de escarpes [“declive áspero del terreno”, según la RAE] artificiales” en el suelo.
Tres, relleno de parteaguas de la cuenca (partes altas) para ampliarlos y construir sobre ellos. La mala técnica utilizada ha hecho que el suelo se mueva y aparezcan agrietamiento en las construcciones allí establecidas.
Cuatro, los escarpes activos; es decir, la erosión natural y la inducida provoca que se mueva el subsuelo y que los cimientos de las partes altas se vayan descubriendo, pues pierden soporte.
En cuanto a inundaciones, dos usos constructivos las fomentan: uno, canalización o confinamiento de escurrimientos. “Ha representado una práctica muy común en el arroyo Atemajac, entre Acueducto y Federalismo [sobre la zona de Patria]. El problema de desbordamiento se incrementa de manera considerable debido a lo irregular de la urbanización, trayendo consigo problemas de arrastre de materiales […] este problema es muy particular en la zona de plaza Patria debido a su localización y al desnivel que presenta, que la convierte en zona altamente susceptible de inundarse en su planta baja”.
Dos, el relleno de barrancas. “Es el caso más común que se presentó en las partes altas de las barrancas que se localizan entre lo que hoy es avenida Vallarta, avenida Patria y Naciones Unidas. Permanentemente se presentan problemas de pequeños hundimientos sobre la carpeta asfáltica y en algunos edificios. En general, las construcciones presentan marcas por los altos contenidos de humedad en el suelo”.
Por qué pasa
Una “fuerte dinámica en los procesos geomorfológicos” dio origen al sistema de barrancas de Los Colomos, a partir de 95 mil años atrás.
Como resultado de eventos volcánicos, “en la cuenca, los materiales predominantes que encontramos son las cenizas volcánicas [tipo] lapilli y pumicitas, composición que forma los suelos poco consolidados como el regosol y feozem […] las capas de materiales pumíticos, altamente permeables, provocaron procesos de infiltración del agua al subsuelo, trayendo consigo, para el poniente de la cuenca de Atemajac, el colapsamiento de la capa de material pumítica, lo que dio lugar a un proceso erosivo, causando la formación de las barrancas”, explica la monografía.
Un fenómeno que no ha terminado. “Pese a que el proceso de formación de barrancas es joven, su dinámica es muy intensa, tal como se puede observar en las barrancas junto al fraccionamiento Puerta de Hierro y al norte de este, junto al periférico”, añade.
Es decir, “los ríos subterráneos provenientes de La Primavera […] con el transcurso del tiempo han realizado un trabajo de erosión subterránea, lo que ha provocado hundimientos lentos en el área, producto de la sustitución del material acarreado por los escurrimientos del subsuelo hacia las zonas más bajas”.
Hay otra condición decisiva del sitio: “la mayoría de los arroyos [superficiales] en el área son de tipo intermitente y torrencial”, o sea, salen solamente en lluvias intensas.
Cómo pasó
En Los Colomos, “la urbanización –sobre todo aquella que transforma fuertemente el medio físico de la zona- comenzó a partir de 1970 con la aparición de fraccionamientos como Bosques de San Isidro y Santa Isabel”. A partir de allí se fueron acumulado otros: San Miguel de la Colina (1971), Jardines Vallarta (1972); Real Vallarta, la Universidad Autónoma de Guadalajara y Jardines Universidad (1973); Villa Universitaria (1976) Patria Universidad (1979); Royal Country (1986); Parque Regency (1989) y Puerta de Hierro (1990).
“Una de las zonas que llama la atención por las características de sus recursos naturales y la transformación que de ellos se ha realizado inadecuadamente, debido al acelerado proceso de construcción de viviendas de lujo, [es en la que se ubican] el lujoso fraccionamiento Puerta de Hierro y el hipermercado [sic] Carrefour [hoy Chedraui]”.
Puerta de Hierro tiene 132 hectáreas con viviendas de lujo sobre 400 a 1,200 metros cuadrados; está diseñado para favorecer el uso del carro, y en consecuencia, la apertura de calles a costa de la red hidrológica.
En dicho fraccionamiento se borraron barrancas con pendientes mayores de 30 por ciento, no aptas para ser urbanizadas, y se cambió todo el esquema hidráulico para sacar mayor provecho económico a cada palmo de terreno. En cuanto al centro comercial, las inundaciones de los años 90 fueron una clara respuesta de la naturaleza por “las modificaciones al relieve, compactación y asfaltado de algunas áreas altas”.
Las primeras lluvias posteriores a estas edificaciones, moderadas (no rebasaban 20 milímetros), ocasionaron que las aguas, buscando su salida bloqueada, “arrasaran todo a su paso”. Una serie de obras correctivas mitigaron daños, pero hoy la zona está más urbanizada. Y no es descabellado pensar en más sueños que se volverán allí pesadillas.
viernes, 4 de julio de 2008
INVASIÓN EN LOS COLOMOS
No se localizan escrituras claves de Los Colomos, lo que revela modus operandi de mafia
Roban evidencias en Registro
Público de la Propiedad
Geógrafo de UdeG advierte riesgo de desastres por especulación inmobiliaria
Guadalajara. Agustín del Castillo. Público-Milenio, 30 de junio de 2008
El despojo de terrenos públicos en Los Colomos, maquinado a partir de escrituras “inventadas” por diversos notarios de la zona metropolitana de Guadalajara, tuvo respaldo de funcionarios públicos y se refleja con claridad en el Registro Público de la Propiedad, de donde han sido extraídas evidencias a conveniencia de los actores.
Este es el testimonio que ofrece a Público Enrique García Becerra, investigador del Departamento de Geografía de la UdeG, y quien ha dedicado diez años de su vida a indagar sobre el problema, sobre el cual avanza en su tesis de doctorado.
“En 1998, cuando era secretario del patronato de Los Colomos el arquitecto Ricardo Robles, propuso un estudio sobre todo lo histórico de Colomos, para encontrar cuáles realmente eran las propiedades públicas; empecé a investigar todas las escrituras que encontré en el Registro Público de la Propiedad, hice algunos planos de dónde debían estar los terrenos, pero la investigación se quedó incompleta porque al llegar a las escrituras de origen, estaban desprendidas de los libros; así, resultaba imposible reconstruir exactamente las propiedades; ya se sabe que de todas las 258 hectáreas que compró el gobierno para captar, conducir y distribuir agua, solamente se destinaron 160 para lo que sería el bosque, y de esas 160 hay 91 o 92 hectáreas únicamente en la actualidad”. Así, un reto mayor es localizar todos los demás terrenos.
García Becerra señala que los problemas comenzaron desde la compra misma de los predios, a finales del siglo XIX. “María Gil Romero, quien vivía en la ciudad de México, fue despojada por Zapopan de sus propiedades y éste municipio las vendió al gobierno del estado en 50 mil pesos; (…) se fue a juicio y lo ganó, y el gobierno debió comprárselas de nuevo”.
Y no sólo eso. Otros particulares obtienen en ese tiempo “algunas propiedades que se adjudican sin tener escrituras, por ejemplo, de la Hacienda La Providencia, que de ese modo se escrituraron zonas que después el gobierno del estado adquiere por algún procedimiento”, advierte.
“Como a diario en la historia de nuestra ciudad, tiempo antes de que el gobierno sacara el proyecto de la compra de terrenos en Colomos se dio un proceso de compra venta de todos esos terrenos; la conformación de la hacienda La Providencia es previa, ellos adquirieron 133 terrenos, y después permutan algunos terrenos y de ahí surgirían después Colinas de San Javier, Santa Isabel, Santa Margarita; en si ya era toda una operación inmobiliaria”.
-O sea, ¿la tendencia que se ha tenido en Guadalajara de especular y engordar terrenos, es muy antigua?
Así es.
- Se rumora un proyecto de gobierno, los interesados se enteran y empiezan a hacerse de terrenos para vendérselos mas caros…
- Exactamente; además, algunas de las gentes que eran propietarios, asumían cargos como funcionarios del ayuntamiento o tenían relaciones por viejos cargos (…) eso pasó con los Fernández del Valle o los Verea, copropietarios de La Providencia.
Es decir, “muy probablemente tuvieron información previa de todos estos proyectos y gestionaron para hacer negocios; a lo mejor resulta muchas veces dificil comprobarlo porque muchos de los deslindes que se daban en algunas escrituras hablan de aspectos físicos que han desaparecido; aquí seria importante rastrear su origen, en dónde adquirieron esos terrenos, confrontándolo con las escrituras originales”, apunta.
La Providencia es un caso memorable. No fue creada para usos productivos, sino para especular con inmuebles, en lo cual, sus propietarios originales resultan “visionarios” (Público, 16 de junio de 2008).
Una de las ventajas en el caso del historial de escrituras es que el Archivo de Instrumentos Públicos del estado puede subsanar los documentos robados en el RPP; además, hay juicios legales seguidos en más de un siglo que pueden contener la información extraída de forma dolosa.
Daño ambiental
Lo cierto es que “el proceso urbanizador de toda esa zona de Colomos ha sido cuestión del interés económico a costa de todo lo demás (…) no sólo por las invasiones de propiedad estatal, sin la ocupación de áreas de protección: todas las barrancas de la cuenca, desde el famoso Plan de Ordenamiento de la Zona Conurbada de Guadalajara (1982), aparecían como áreas de protección a cauces, e igual yo me pregunto quién se las vendió y por qué las ocuparon, las borraron y construyeron sobre ellas”.
- Pero al modificar la hidrología van a generar problemas más serios al propio patrimonio de quienes les compran…
- Sí, de hecho mi estudio es de riesgos naturales; el proceso urbano en Los Colomos es caótico: estos fraccionamientos que están en zona de riesgo de inundaciones e incluso de desprendimientos de bloques de material; es una consecuencia del proceso de degradación (…) el problema fuerte es que las aprobaciones se dan sin tomar en cuenta estas cuestiones; conforme llega la lumbre a los aparejos es cuando empiezan a verse las cosas y ya no se puede hacer nada porque ya tienen los propietarios todos sus derechos, ya hay licencias, plan parcial aprobado…
Ese modus operandi en el cual prima la especulación económica se demuestra fácilmente: “revisando fotografias aéreas de hace diez años, te das cuenta del recorrido normal de ríos y arroyos y resulta que si revisas en la actualidad, esos arroyos han cambiado de forma y de lugar, y que pasa, que algunos de los fraccionadores, que busca construir en dos o tres años, lo que hacen es tapar ese cauce y con una maquinaria hacer su propio río no tan curveado para que no les quite tanto terreno; simulan el arroyo, en dos o tres años con el temporal se borran las huellas de la maquinaria; luego van y presentan su plan y las autoridades no revisan nada; entonces hacen su urbanización sin problemas; el problema viene para la cuenca y sobre todo para los que habitarán ahí”, pone en relieve.
Rastrear escrituras para desmontar esos fraudes legales es una cosa compleja. Evitar los daños ambientales y los perjuicios a la población, otro tema no menos importante. En ambos aspectos se advierten actitudes omisas de la autoridad.
El geógrafo subraya la necesidad de plantear el rescate global de la cuenca, de poco más de 3,200 hectáreas, como agenda paralela a la recuperación de los terrenos públicos, que según la Secretaría de Desarrollo Urbano (Sedeur), son 198 ha (ver edición del 12 de junio de 2008).
Son dos agendas complicadas, pues se trata de la zona con los inmuebles más codiciados de la ciudad. Pero el geógrafo puntualiza, con toda seriedad: si las omisiones continúan, la naturaleza podría pasar “una factura costosa”.
Roban evidencias en Registro
Público de la Propiedad
Geógrafo de UdeG advierte riesgo de desastres por especulación inmobiliaria
Guadalajara. Agustín del Castillo. Público-Milenio, 30 de junio de 2008
El despojo de terrenos públicos en Los Colomos, maquinado a partir de escrituras “inventadas” por diversos notarios de la zona metropolitana de Guadalajara, tuvo respaldo de funcionarios públicos y se refleja con claridad en el Registro Público de la Propiedad, de donde han sido extraídas evidencias a conveniencia de los actores.
Este es el testimonio que ofrece a Público Enrique García Becerra, investigador del Departamento de Geografía de la UdeG, y quien ha dedicado diez años de su vida a indagar sobre el problema, sobre el cual avanza en su tesis de doctorado.
“En 1998, cuando era secretario del patronato de Los Colomos el arquitecto Ricardo Robles, propuso un estudio sobre todo lo histórico de Colomos, para encontrar cuáles realmente eran las propiedades públicas; empecé a investigar todas las escrituras que encontré en el Registro Público de la Propiedad, hice algunos planos de dónde debían estar los terrenos, pero la investigación se quedó incompleta porque al llegar a las escrituras de origen, estaban desprendidas de los libros; así, resultaba imposible reconstruir exactamente las propiedades; ya se sabe que de todas las 258 hectáreas que compró el gobierno para captar, conducir y distribuir agua, solamente se destinaron 160 para lo que sería el bosque, y de esas 160 hay 91 o 92 hectáreas únicamente en la actualidad”. Así, un reto mayor es localizar todos los demás terrenos.
García Becerra señala que los problemas comenzaron desde la compra misma de los predios, a finales del siglo XIX. “María Gil Romero, quien vivía en la ciudad de México, fue despojada por Zapopan de sus propiedades y éste municipio las vendió al gobierno del estado en 50 mil pesos; (…) se fue a juicio y lo ganó, y el gobierno debió comprárselas de nuevo”.
Y no sólo eso. Otros particulares obtienen en ese tiempo “algunas propiedades que se adjudican sin tener escrituras, por ejemplo, de la Hacienda La Providencia, que de ese modo se escrituraron zonas que después el gobierno del estado adquiere por algún procedimiento”, advierte.
“Como a diario en la historia de nuestra ciudad, tiempo antes de que el gobierno sacara el proyecto de la compra de terrenos en Colomos se dio un proceso de compra venta de todos esos terrenos; la conformación de la hacienda La Providencia es previa, ellos adquirieron 133 terrenos, y después permutan algunos terrenos y de ahí surgirían después Colinas de San Javier, Santa Isabel, Santa Margarita; en si ya era toda una operación inmobiliaria”.
-O sea, ¿la tendencia que se ha tenido en Guadalajara de especular y engordar terrenos, es muy antigua?
Así es.
- Se rumora un proyecto de gobierno, los interesados se enteran y empiezan a hacerse de terrenos para vendérselos mas caros…
- Exactamente; además, algunas de las gentes que eran propietarios, asumían cargos como funcionarios del ayuntamiento o tenían relaciones por viejos cargos (…) eso pasó con los Fernández del Valle o los Verea, copropietarios de La Providencia.
Es decir, “muy probablemente tuvieron información previa de todos estos proyectos y gestionaron para hacer negocios; a lo mejor resulta muchas veces dificil comprobarlo porque muchos de los deslindes que se daban en algunas escrituras hablan de aspectos físicos que han desaparecido; aquí seria importante rastrear su origen, en dónde adquirieron esos terrenos, confrontándolo con las escrituras originales”, apunta.
La Providencia es un caso memorable. No fue creada para usos productivos, sino para especular con inmuebles, en lo cual, sus propietarios originales resultan “visionarios” (Público, 16 de junio de 2008).
Una de las ventajas en el caso del historial de escrituras es que el Archivo de Instrumentos Públicos del estado puede subsanar los documentos robados en el RPP; además, hay juicios legales seguidos en más de un siglo que pueden contener la información extraída de forma dolosa.
Daño ambiental
Lo cierto es que “el proceso urbanizador de toda esa zona de Colomos ha sido cuestión del interés económico a costa de todo lo demás (…) no sólo por las invasiones de propiedad estatal, sin la ocupación de áreas de protección: todas las barrancas de la cuenca, desde el famoso Plan de Ordenamiento de la Zona Conurbada de Guadalajara (1982), aparecían como áreas de protección a cauces, e igual yo me pregunto quién se las vendió y por qué las ocuparon, las borraron y construyeron sobre ellas”.
- Pero al modificar la hidrología van a generar problemas más serios al propio patrimonio de quienes les compran…
- Sí, de hecho mi estudio es de riesgos naturales; el proceso urbano en Los Colomos es caótico: estos fraccionamientos que están en zona de riesgo de inundaciones e incluso de desprendimientos de bloques de material; es una consecuencia del proceso de degradación (…) el problema fuerte es que las aprobaciones se dan sin tomar en cuenta estas cuestiones; conforme llega la lumbre a los aparejos es cuando empiezan a verse las cosas y ya no se puede hacer nada porque ya tienen los propietarios todos sus derechos, ya hay licencias, plan parcial aprobado…
Ese modus operandi en el cual prima la especulación económica se demuestra fácilmente: “revisando fotografias aéreas de hace diez años, te das cuenta del recorrido normal de ríos y arroyos y resulta que si revisas en la actualidad, esos arroyos han cambiado de forma y de lugar, y que pasa, que algunos de los fraccionadores, que busca construir en dos o tres años, lo que hacen es tapar ese cauce y con una maquinaria hacer su propio río no tan curveado para que no les quite tanto terreno; simulan el arroyo, en dos o tres años con el temporal se borran las huellas de la maquinaria; luego van y presentan su plan y las autoridades no revisan nada; entonces hacen su urbanización sin problemas; el problema viene para la cuenca y sobre todo para los que habitarán ahí”, pone en relieve.
Rastrear escrituras para desmontar esos fraudes legales es una cosa compleja. Evitar los daños ambientales y los perjuicios a la población, otro tema no menos importante. En ambos aspectos se advierten actitudes omisas de la autoridad.
El geógrafo subraya la necesidad de plantear el rescate global de la cuenca, de poco más de 3,200 hectáreas, como agenda paralela a la recuperación de los terrenos públicos, que según la Secretaría de Desarrollo Urbano (Sedeur), son 198 ha (ver edición del 12 de junio de 2008).
Son dos agendas complicadas, pues se trata de la zona con los inmuebles más codiciados de la ciudad. Pero el geógrafo puntualiza, con toda seriedad: si las omisiones continúan, la naturaleza podría pasar “una factura costosa”.
INVASIÓN EN LOS COLOMOS
El embuste: vecinos acusan al ayuntamiento de dar estatus de propietarios a invasores
Expropiar Los Colomos,
trampa o estratagema
La estrategia: Jurídico asegura que proceso obliga a clarificar derechos
Guadalajara. Agustín del Castillo / Dolores Reséndiz. Público-Milenio, 21 de junio de 2008
La propuesta que planteará el Ayuntamiento de Guadalajara al gobierno de Jalisco para expropiar los predios invadidos en Los Colomos levantó ámpula entre los defensores del bosque tapatío, que ven en el planteamiento un reconocimiento a derechos “espurios” de los presuntos invasores, que así asegurarían una indemnización millonaria a cambio de perder desarrollos inmobiliarios que de por sí eran “ilegales”.
“Nomás nos faltaba, que quisieran asegurar un negocio cuando se trata de invasiones a propiedad pública; jurídicamente es eso, las escrituras del gobierno datan de un siglo y los actos de los invasores tienen pocos años; así cómo esperan que les creamos que no están protegiendo intereses de los particulares”, advirtió Virginia Acosta, de Ciudadanos por los Colomos AC.
A juicio de la defensora del espacio público, lo único sensato es que se planteen los procesos jurídicos indispensables para que se restituya el territorio comprado entre 1897 y 1902 por los gobernadores Ahumada y Curiel en la cuenca de Los Colomos, y sólo si se demostrara judicialmente que los títulos particulares son mejores a los públicos, procedería expropiar.
Para Acosta, la solicitud municipal es simplemente de una “cortina de humo” que oculta la indiferencia de Guadalajara en salvaguardar el patrimonio, lo cual, a su juicio, también se demuestra en la indignación que causó entre los regidores y el propio presidente municipal, Alfonso Petersen Farah, los señalamientos del rector de la UdeG, Carlos Briseño Torres, de que “un regidor” -en alusión al panista Juan Pablo de la Torre- estaría apadrinando intereses de algunos invasores (Público, 6 de junio de 2008).
Sin embargo, el director jurídico de Guadalajara, José de Jesús Hidalgo Sánchez, ve las cosas de otro modo: la petición del ayuntamiento tapatío pretende demostrar que los predios no tienen dueños particulares legítimos.
Aseguró que el dictamen que se aprobará en la siguiente sesión de ayuntamiento, solicita primero la protección de la cuenca hidrológica y en segunda instancia la declaración de la expropiación de todos los terrenos en disputa, incluyendo los que se encuentran en Zapopan.
“En primera instancia es la protección de la cuenca, después es comenzar con el proceso expropiatorio y que aparezca quienes se dicen dueños, presenten sus juicios de amparo y demuestren que se trata de propiedad privada”, apuntó Hidalgo Sánchez.
- ¿Pero eso no es como perder sin pelear, o sea, pagar el terreno que ya se había comprado?
- No, el ayuntamiento estipula el costo, pero es poco probable que [ellos] puedan demostrar la propiedad.
- ¿No tendrían que pedirle al gobierno del estado que les dé herramientas jurídicas para pelear estos terrenos, en lugar de solicitar desde este momento la expropiación?
- Nosotros no podemos pelear ni expropiar solos. El comodato con el que cuenta el ayuntamiento no ha sido firmado por el alcalde; no podemos defender nosotros a Los Colomos. Gobierno del estado ya presentó una demanda en el caso del predio de Paseo del Torreón, pero con el decreto de expropiación saldrán más propietarios a quienes se habrá de pelear la propiedad.
El ayuntamiento tapatío aprobó un punto de acuerdo para solicitar al estado “que inicie los procesos de expropiación de los terrenos que se encuentran en disputa social dentro del bosque Los Colomos”. Al decreto se le realizarán modificaciones en la redacción, por lo que su aprobación será hasta la próxima sesión de ayuntamiento.
La expropiación exige una claridad respecto al dueño del predio a expropiar. Carece de sentido si el titular del derecho es el propio gobierno.
Para abogados consultados por este diario, lo procedente es interponer litigios para rescatar el área pública, bajo los dos presupuestos básicos: el primero en tiempo es primero en derecho, y la propiedad pública jamás prescribe (es decir, así las tierras hubieran sido invadidas al día siguiente de su compra por el gobierno, siguen siendo públicas: su posesión ilegal no genera derechos de propiedad).
La Ley de expropiación de bienes muebles e inmuebles de propiedad privada, que tendría aplicación en el supuesto, señala en su artículo 7: “La indemnización correspondiente, siempre que no hubiere acuerdo sobre el monto de ella, se basará en la cantidad que como valor fiscal figure en las oficinas catastrales, ya sea que este valor haya sido manifestado por el propietario o simplemente aceptado por el de modo tácito, por haber pagado sus contribuciones con esta base, aumentándolo en 10 por ciento”.
Expropiar Los Colomos,
trampa o estratagema
La estrategia: Jurídico asegura que proceso obliga a clarificar derechos
Guadalajara. Agustín del Castillo / Dolores Reséndiz. Público-Milenio, 21 de junio de 2008
La propuesta que planteará el Ayuntamiento de Guadalajara al gobierno de Jalisco para expropiar los predios invadidos en Los Colomos levantó ámpula entre los defensores del bosque tapatío, que ven en el planteamiento un reconocimiento a derechos “espurios” de los presuntos invasores, que así asegurarían una indemnización millonaria a cambio de perder desarrollos inmobiliarios que de por sí eran “ilegales”.
“Nomás nos faltaba, que quisieran asegurar un negocio cuando se trata de invasiones a propiedad pública; jurídicamente es eso, las escrituras del gobierno datan de un siglo y los actos de los invasores tienen pocos años; así cómo esperan que les creamos que no están protegiendo intereses de los particulares”, advirtió Virginia Acosta, de Ciudadanos por los Colomos AC.
A juicio de la defensora del espacio público, lo único sensato es que se planteen los procesos jurídicos indispensables para que se restituya el territorio comprado entre 1897 y 1902 por los gobernadores Ahumada y Curiel en la cuenca de Los Colomos, y sólo si se demostrara judicialmente que los títulos particulares son mejores a los públicos, procedería expropiar.
Para Acosta, la solicitud municipal es simplemente de una “cortina de humo” que oculta la indiferencia de Guadalajara en salvaguardar el patrimonio, lo cual, a su juicio, también se demuestra en la indignación que causó entre los regidores y el propio presidente municipal, Alfonso Petersen Farah, los señalamientos del rector de la UdeG, Carlos Briseño Torres, de que “un regidor” -en alusión al panista Juan Pablo de la Torre- estaría apadrinando intereses de algunos invasores (Público, 6 de junio de 2008).
Sin embargo, el director jurídico de Guadalajara, José de Jesús Hidalgo Sánchez, ve las cosas de otro modo: la petición del ayuntamiento tapatío pretende demostrar que los predios no tienen dueños particulares legítimos.
Aseguró que el dictamen que se aprobará en la siguiente sesión de ayuntamiento, solicita primero la protección de la cuenca hidrológica y en segunda instancia la declaración de la expropiación de todos los terrenos en disputa, incluyendo los que se encuentran en Zapopan.
“En primera instancia es la protección de la cuenca, después es comenzar con el proceso expropiatorio y que aparezca quienes se dicen dueños, presenten sus juicios de amparo y demuestren que se trata de propiedad privada”, apuntó Hidalgo Sánchez.
- ¿Pero eso no es como perder sin pelear, o sea, pagar el terreno que ya se había comprado?
- No, el ayuntamiento estipula el costo, pero es poco probable que [ellos] puedan demostrar la propiedad.
- ¿No tendrían que pedirle al gobierno del estado que les dé herramientas jurídicas para pelear estos terrenos, en lugar de solicitar desde este momento la expropiación?
- Nosotros no podemos pelear ni expropiar solos. El comodato con el que cuenta el ayuntamiento no ha sido firmado por el alcalde; no podemos defender nosotros a Los Colomos. Gobierno del estado ya presentó una demanda en el caso del predio de Paseo del Torreón, pero con el decreto de expropiación saldrán más propietarios a quienes se habrá de pelear la propiedad.
El ayuntamiento tapatío aprobó un punto de acuerdo para solicitar al estado “que inicie los procesos de expropiación de los terrenos que se encuentran en disputa social dentro del bosque Los Colomos”. Al decreto se le realizarán modificaciones en la redacción, por lo que su aprobación será hasta la próxima sesión de ayuntamiento.
La expropiación exige una claridad respecto al dueño del predio a expropiar. Carece de sentido si el titular del derecho es el propio gobierno.
Para abogados consultados por este diario, lo procedente es interponer litigios para rescatar el área pública, bajo los dos presupuestos básicos: el primero en tiempo es primero en derecho, y la propiedad pública jamás prescribe (es decir, así las tierras hubieran sido invadidas al día siguiente de su compra por el gobierno, siguen siendo públicas: su posesión ilegal no genera derechos de propiedad).
La Ley de expropiación de bienes muebles e inmuebles de propiedad privada, que tendría aplicación en el supuesto, señala en su artículo 7: “La indemnización correspondiente, siempre que no hubiere acuerdo sobre el monto de ella, se basará en la cantidad que como valor fiscal figure en las oficinas catastrales, ya sea que este valor haya sido manifestado por el propietario o simplemente aceptado por el de modo tácito, por haber pagado sus contribuciones con esta base, aumentándolo en 10 por ciento”.
INVASIÓN EN LOS COLOMOS
Errores y omisiones en documentos que privatizan una fracción de Colomos
El Torreón, historia
de escrituras fantasma
Guadalajara. Agustín del Castillo. Público-Milenio, 22 de junio de 2008
Los notarios públicos número cinco de Tlaquepaque, Humberto Gascón Orozco, y 122 de Guadalajara, Carlos Gutiérrez Aceves, tienen mucho qué explicar en torno a la legitimación de dos actos de compraventa de propiedad en Los Colomos, que datan de los años 1989 y 2006; se trata de documentos plagados de inexactitudes, datos imprecisos y personalidades borrosas: la conformación de una escritura fantasma.
El problema es que esos textos legales son base para legitimar los presuntos derechos de propiedad de ocho particulares en Retorno del Torreón, un lote de 15,131.76 metros cuadrados en la zona sur de Colomos, en perjuicio del bosque público, enclavado en una zona donde el precio por metro cuadrado alcanza fácilmente los seis mil pesos, los rangos más altos de la ciudad. Así, el fantasma cobra evidente realidad, con razones de muchos pesos y centavos.
El gobierno de Jalisco acredita la propiedad del inmueble mediante la escritura número doce del 11 de abril de 1899, que pasó por la fe del notario supernumerario de Guadalajara, Manuel M. Tortolero; una de las doce compras que hizo para formar la propiedad pública. 90 años después, una supuesta excedencia de terrenos de una fraccionadora lo intentó convertir en espacio privado.
Es la escritura pública 9,454, elaborada el 27 de julio de 1989 por Gascón Orozco; el vendedor fue el doctor Salvador Madrigal Moreno como “liquidador de la sociedad Fraccionadora del Valle SA”; los compradores: José Ávila Sánchez, Rodolfo Camacho Salazar, Alejandro Madrigal Orozco, Alejandro Marco Morales Pérez, Susana Ochoa Villaseñor, Guillermo Orozco Salido, Anna Rosa Pelayo Velasco y María de los Ángeles Pelayo Saldívar.
Fraccionadora del Valle, refiere la fe, se constituyó el 11 de diciembre de 1956 (escritura pública 5,192 emitida por el notario 31, Víctor González Luna) y adquirió en ese mismo acto “por aportación que hizo la socia, señora Antonia Verea de Corcuera, los terrenos que formaron un solo paño consistentes en la fracción A de los antiguos predios El Torreón y San Ramón, en la municipalidad de Zapopan, Jalisco, con superficie de 81 hectáreas…”. No se hacen referencias documentales que sustenten esa aportación.
“Con motivo de dicha liquidación se celebra por parte de la sociedad la venta de un saldo de aquella aportación, misma que es objeto de esta compraventa, con una superficie de 15,131.7605 metros cuadrados…”.
Los flamantes nuevos propietarios intentaron legitimar su dominio al demandar en 1995 al Ayuntamiento de Guadalajara en el Juzgado XVI de lo Civil (expediente 731/95) para que se retirara el arco de ingreso y la caseta de control que instaló en Paseo del Torreón el municipio para acceder al parque. Tuvieron éxito, pese a que el ayuntamiento, en su respuesta, puso el dedo en la llaga: el título de propiedad presentado por los quejosos es “apócrifo” (ver Proceso Jalisco 176).
Once años después de la demanda, la propiedad fue transmitida parcialmente (11,186 m2) a José Tomás Colsá Chalita y Álvaro Corvera Nepote, según la escritura 8,107 del notario Gutiérrez Aceves, del 6 de diciembre de 2006.
El documento presenta incongruencias que alcanzan los linderos de lo bufonesco: por ejemplo, el predio se ubica en el distrito Minerva de Guadalajara, pero la fe indica que está en Zapopan y menciona su cuenta catastral en aquel municipio (U103627); además, uno de sus compradores (Corvera Nepote) es un hombre –según la escritura- nacido el 14 de julio de 1999, que ahora tendría casi ocho años de edad.
Diez días después, la sindicatura de Guadalajara abrió la posibilidad de que allí se construyeran “40 viviendas bajo régimen de condominio vertical densidad baja, en ocho niveles de altura”, al aprobar el recurso de revisión DJM/DJCT/FA-671905972006. Y eso que la escritura dice que es un predio de Zapopan.
Tantas coincidencias hacen pensar a los defensores de Los Colomos en una acción concertada para consolidar derechos sobre propiedad pública, que como se sabe, es imprescriptible, inalienable e inembargable (o sea, no puede vender ni perder bajo ninguna circunstancia). El fantasma de los intereses especulativos tiene así, aparentemente, una partida ganada.
El Torreón, historia
de escrituras fantasma
Guadalajara. Agustín del Castillo. Público-Milenio, 22 de junio de 2008
Los notarios públicos número cinco de Tlaquepaque, Humberto Gascón Orozco, y 122 de Guadalajara, Carlos Gutiérrez Aceves, tienen mucho qué explicar en torno a la legitimación de dos actos de compraventa de propiedad en Los Colomos, que datan de los años 1989 y 2006; se trata de documentos plagados de inexactitudes, datos imprecisos y personalidades borrosas: la conformación de una escritura fantasma.
El problema es que esos textos legales son base para legitimar los presuntos derechos de propiedad de ocho particulares en Retorno del Torreón, un lote de 15,131.76 metros cuadrados en la zona sur de Colomos, en perjuicio del bosque público, enclavado en una zona donde el precio por metro cuadrado alcanza fácilmente los seis mil pesos, los rangos más altos de la ciudad. Así, el fantasma cobra evidente realidad, con razones de muchos pesos y centavos.
El gobierno de Jalisco acredita la propiedad del inmueble mediante la escritura número doce del 11 de abril de 1899, que pasó por la fe del notario supernumerario de Guadalajara, Manuel M. Tortolero; una de las doce compras que hizo para formar la propiedad pública. 90 años después, una supuesta excedencia de terrenos de una fraccionadora lo intentó convertir en espacio privado.
Es la escritura pública 9,454, elaborada el 27 de julio de 1989 por Gascón Orozco; el vendedor fue el doctor Salvador Madrigal Moreno como “liquidador de la sociedad Fraccionadora del Valle SA”; los compradores: José Ávila Sánchez, Rodolfo Camacho Salazar, Alejandro Madrigal Orozco, Alejandro Marco Morales Pérez, Susana Ochoa Villaseñor, Guillermo Orozco Salido, Anna Rosa Pelayo Velasco y María de los Ángeles Pelayo Saldívar.
Fraccionadora del Valle, refiere la fe, se constituyó el 11 de diciembre de 1956 (escritura pública 5,192 emitida por el notario 31, Víctor González Luna) y adquirió en ese mismo acto “por aportación que hizo la socia, señora Antonia Verea de Corcuera, los terrenos que formaron un solo paño consistentes en la fracción A de los antiguos predios El Torreón y San Ramón, en la municipalidad de Zapopan, Jalisco, con superficie de 81 hectáreas…”. No se hacen referencias documentales que sustenten esa aportación.
“Con motivo de dicha liquidación se celebra por parte de la sociedad la venta de un saldo de aquella aportación, misma que es objeto de esta compraventa, con una superficie de 15,131.7605 metros cuadrados…”.
Los flamantes nuevos propietarios intentaron legitimar su dominio al demandar en 1995 al Ayuntamiento de Guadalajara en el Juzgado XVI de lo Civil (expediente 731/95) para que se retirara el arco de ingreso y la caseta de control que instaló en Paseo del Torreón el municipio para acceder al parque. Tuvieron éxito, pese a que el ayuntamiento, en su respuesta, puso el dedo en la llaga: el título de propiedad presentado por los quejosos es “apócrifo” (ver Proceso Jalisco 176).
Once años después de la demanda, la propiedad fue transmitida parcialmente (11,186 m2) a José Tomás Colsá Chalita y Álvaro Corvera Nepote, según la escritura 8,107 del notario Gutiérrez Aceves, del 6 de diciembre de 2006.
El documento presenta incongruencias que alcanzan los linderos de lo bufonesco: por ejemplo, el predio se ubica en el distrito Minerva de Guadalajara, pero la fe indica que está en Zapopan y menciona su cuenta catastral en aquel municipio (U103627); además, uno de sus compradores (Corvera Nepote) es un hombre –según la escritura- nacido el 14 de julio de 1999, que ahora tendría casi ocho años de edad.
Diez días después, la sindicatura de Guadalajara abrió la posibilidad de que allí se construyeran “40 viviendas bajo régimen de condominio vertical densidad baja, en ocho niveles de altura”, al aprobar el recurso de revisión DJM/DJCT/FA-671905972006. Y eso que la escritura dice que es un predio de Zapopan.
Tantas coincidencias hacen pensar a los defensores de Los Colomos en una acción concertada para consolidar derechos sobre propiedad pública, que como se sabe, es imprescriptible, inalienable e inembargable (o sea, no puede vender ni perder bajo ninguna circunstancia). El fantasma de los intereses especulativos tiene así, aparentemente, una partida ganada.
INVASIÓN EN LOS COLOMOS
Cómo los intereses inmobiliarios se han repartido en medio siglo un patrimonio público
Los Colomos: narco,
mentiras y terrenos
Simulación de escrituras, compraventas fraudulentas y lavado de dinero forman parte del historial de una propiedad pública en la zona más codiciada de la ciudad, que ahora el gobierno hace intentos por recuperar
Guadalajara. Agustín del Castillo. Público-Milenio, 16 de junio de 2008
La historia del rancho El Gorupo, enclavado en lo que hoy se conoce como Los Colomos III, sería un ejemplo de cómo el hombre a veces triunfa sobre las leyes universales de la física: su comprador de 1962, Melaquiades Orozco Vázquez, logró el prodigio de hacerlo crecer de tres hectáreas originales a 30. Hace apenas dos años, sus descendientes lo llevaron a 33 ha.
Hoy se sabe que esta sorprendente expansión de la materia no fue tal. Notarios diligentes se encargaron de “corregir” las escrituras y asentar la propiedad sobre el área pública, en la zona inmobiliaria más codiciada de la ciudad.
Gracias a esa paciente labor empresarial, el narcotraficante Rafael Caro Quintero pudo adquirir una fracción de casi 20 ha de El Gorupo (escritura pública 19,718), el 13 de enero de 1984, ante la fe del notario 55, Alberto Farías Martínez. Allí comenzó a edificar un proyecto faraónico que incluía un zoológico, caballerizas y lago artificial, además de una gran finca con aspecto de templo griego, ejemplo conspicuo del Art narcó.
Toda esta abierta actividad, bajo la mirada fascinada de buena parte de las elites tapatías, que abrieron sus puertas a las carretadas de dinero provenientes de actividades ilegales del cártel de Sinaloa, cuyos capos más prominentes huían a Jalisco de la agresiva Operación Cóndor del ejército mexicano, ejecutada a partir de 1977 en ese estado del noroeste. A partir de entonces se llamaría cártel de Guadalajara.
Pero el pequeño paraíso del célebre mafioso duraría poco, tras su detención en Costa Rica el 4 de abril de 1985 por el asesinato y la tortura del agente de la agencia antidrogas estadounidense (DEA, por sus siglas en inglés) Enrique Camarena Salazar, y el secuestro de la tapatía Sara Cosío. La Procuraduría General de la República (PGR) incautó sus bienes, y los predios en torno a la avenida Acueducto quedaron en el olvido.
De forma insospechada, pocos años después, estos lotes baldíos contiguas regresaron a la especulación: recuperados tras arduo proceso por los abogados del sinaloense, los terrenos terminarían de “limpiar” su doble origen ilegítimo con la venta a terceros. Hoy se ubican allí los exclusivos fraccionamientos Zoto Grande [sic] y La Reserva, además del templo católico de San Juan Masías, que tiene su propia historia. Los precios actuales por metro cuadrado en el área rondan los 10 mil pesos, los más elevados de la metrópoli.
La huella de Caro Quintero ha sido casi borrada. La de las invasiones a la propiedad pública, no.
1895, protección de cuencas
En los enredos legales por Los Colomos, un dato es esencial: todas las escrituras de los invasores de la zona remiten a actos jurídicos y escrituras que no van más allá de 1934. Los títulos que posee el gobierno de Jalisco comienzan en 1891, y se adquieren a partir de 1897. Esto alude a una premisa jurídica básica: el primero en tiempo es primero en derechos. Pero además, a una segunda, no menos contundente: la propiedad pública es inalienable, imprescriptible e inembargable. Es decir, su invasión no crea derechos.
El gobierno se hace de esos predios para asegurar el agua a la perla tapatía. “El 6 de diciembre de 1895, el Ayuntamiento de Guadalajara, en reunión de cabildo, acordó dirigirse al gobernador con el propósito de solicitarle la concesión de los manantiales y las corrientes llamadas El Colomo Grande, así como la autorización de desviar hacia la capital, en caso necesario, en arroyo del referido nombre y la expropiación de los terrenos necesarios para levantar edificios, depósitos y acueductos o canales”, señala Luis Basich Leija en Plan para la conservación de los acuíferos de Los Colomos para su mejor aprovechamiento en el abastecimiento de agua (1971, Descripciones Jaliscienses, El Colegio de Jalisco).
Tanto el Ayuntamiento de Zapopan como las fábricas de textiles de Atemajac, La Experiencia, El Batán y el Molino del Salvador se opusieron al planteamiento (temiendo escasez de agua), pero vencida la resistencia, el gobierno comenzó a adquirir predios. La primera compra fue el 10 de abril de 1897, a la señora Peña de Guevara (sic), 5.28 hectáreas, registrada ante el notario 14, Juan S. Castro (Análisis y diagnóstico de la tenencia de la tierra en la cuenca de Los Colomos, Secretaría de Desarrollo Urbano, 1999).
Las propiedades compradas pertenecían a María Gil Romero, Manuel Fernández del Valle, Mercedes Torres de Rosales, Miguel Rosales Cortés, Francisca Jiménez Ontiveros, Luis Castellanos y Tapia, Amado Vidrio y la propia Peña de Guevara; también se dieron permutas de superficie con José Verea, dueño de la hacienda La Providencia, la cual, según dijo a este diario el investigador del Departamento de Geografía de la UdeG, Enrique García Becerra, era un complejo de propiedades que no fueron adquiridas con fines productivos, sino a futuro, para el desarrollo urbano, lo cual hace a Verea un visionario de los negocios inmobiliarios.
A este patrimonio público heredado por los gobernadores Luis Curiel y Miguel Ahumada, el gobierno localiza una nueva adquisición de predios, por parte del Ayuntamiento de Guadalajara, el 7 de mayo de 1920 (registrado por el notario Arnulfo M. Matute en esa fecha, anexo 134).
Así se integra la propiedad pública original. En 1999 había dudas sobre su extensión, pues muchas escrituras están planteadas en fanegas (una fanega equivale a 6,459.6 metros cuadrados) y sus linderos eran mojoneras y descripciones geográficas que se han modificado. Hay versiones de que el terreno público total original era de 248 ha.
Sin embargo, un cuidadoso análisis cartográfico elaborado por la propia Sedeur a partir de 2004 arrojó los datos oficiales: 198.55 hectáreas en dos grandes poligonales.
La primer poligonal corresponde a Los Colomos I y II, El Colomo Grande (16.8 ha), Los Colomos de María Gil (6.97 ha), Loma del Colomo (2.82 ha), Miguel Rosales (40.4 ha), El Chochocate (16.5 ha), excedencia de El Chochocate (39.2 ha), y tres permutas con el señor José Verea (que suman poco más de 17 ha). Al total de 139.8 ha, se le deben restar poco más de 23 ha cedidas a José Verea, para totalizar 116.7 ha.
En Los Colomos III, es la suma de los predios La Coronilla (3.56 ha), Campana del Tabardillal (37.3 ha), Loma de los Coyotes (24.6 ha) y Los Coyotes (16.4 ha), para totalizar 81.85 ha.
Con el paso de los años, sobre todo medio siglo a la fecha, 26.7 ha del primer poligonal y 40 ha del segundo, fueron invadidos. Los intentos gubernamentales para poner orden y detenerlas fueron, en el mejor de los casos, tímidos.
1962, las invasiones
La escritura pública 434, del 20 de marzo de 1962, ante la fe del notario público 48, José García Delgadillo (inscripción 133, página 280 del libro 791, sección primera de la segunda oficina del Registro Público de la Propiedad), acredita la compra de Melquiades Orozco Vázquez del terreno rústico “denominado El Torreón y San Ramón, conocido también como Loma del Callejón y actualmente como Rancho el Gorupo”, con una extensión de tres hectáreas (una anotación marginal revela que la fracción vendida forma parte de un superficie total de 30 ha), cuya historia registral data aparentemente de 1934.
Melquiades Orozco solicitó rectificación de superficie, aludiendo error en la escritura. Es decir, no eran tres sino 30 ha (documento 15 del libro 2354 de documentos generales de la segunda oficina del RPP). Ya con ese logro, vendió a Guillermo Brocmann Obregón y socios 25.7 ha (escritura pública 3,094, 16 de junio de 1969, notario 65, Carlos Luviano Jaramillo).
19.7 de esas hectáreas pasaron a propiedad de Caro Quintero, el cual las perdió temporalmente. Pero el 6 de septiembre de 2000, la escritura 6,111 (del notario 50, Guillermo Conrado Figueroa) acredita la venta de 15.7 ha del predio por parte del propio narcotraficante, operación a cargo de su representante Juan Carlos Aguado Madrigal, a favor del grupo constructor Segundo Milenio SA de CV.
El 5 de diciembre de 2003, (escritura públicas 10,221 y 10,222 del notario 16 de Zapopan, Arturo Zamora Jiménez), se acredita la transmisión de las áreas de vialidad y de cesión para el desarrollo Zoto Grande.
De las propiedades estatales que detentó el miembro del cártel de Guadalajara entre 1984 y 2000, además del fraccionamiento citado, se derivan también los condominios La Reserva (escritura 523 del 17 de diciembre de 2003, notario 98, Manuel Cárdenas Ortega), de 6,911 m2.
Los descendientes de Melquiades Orozco no se conformaron con pasar de tres a 30 ha. El 6 de diciembre de 2006, Amparo Meneses viuda de Orozco solicitó una nueva rectificación de la superficie, a 33 ha, la cual se autorizó, según el documento 38, libro 10,634 del RPP.
Otras invasiones en Colomos III (que suman 40 ha) no tienen un pasado tan espectacular; son actos jurídicos considerablemente más recientes que solo por descuidos podrían ser mejores que los títulos públicos. En algunos casos ni siquiera se ha detectado al invasor. Pero la investigación de la Secretaría General de Gobierno señala nueve actos de posesión ilegal, que incluyen los fraccionamientos Pontevedra, Real del Bosque, La Reserva, una fracción de Puerta de Hierro, la escuela Greenlands, iglesia católica de San Juan Macías, plaza Andares (parcialmente) y agencia automotriz Mazda Acueducto, así como los particulares Corporativo Egyro, María del Rosario Lindoro Guerrero, Andrés Estrada Briseño, Marcela y Griselda Muñoz Morfín.
Las evidencias jurídicas abrumadoras no han impedido que estos espacios tengan licencias municipales en regla por parte de Zapopan.
En Los Colomos I y II se registran trece invasiones: fraccionamiento Rincón de Los Colomos, fraccionamiento Villas Colomos, Fernando Castillo Carrillo, Mario Martín del Campo, Jesús Oropeza Preciado, Yamel Gómez Márquez, club deportivo Atlas Colomos, constructora Rodríguez y Torres, y el reciente caso de Retorno del Torreón, de Oromont Inmobiliaria Sociedad Civil, con ocho presuntos codueños. También favorecidos con permisos municipales (de Zapopan y Guadalajara), ninguna de las escrituras de este grupo se remontan más allá de 1949.
La materia no se crea ni se destruye, sólo se transforma, dice el principio de Lavoisier. En Colomos no es la excepción: las tierras que fueron adquiridas a partir de hace 111 años para preservar el agua de la ciudad, simplemente han sido invadidas para negocios fabulosos en una madeja de mentiras, fraudes e historias oscuras que no excluyen lavado de dinero del crimen organizado.
Los Colomos: narco,
mentiras y terrenos
Simulación de escrituras, compraventas fraudulentas y lavado de dinero forman parte del historial de una propiedad pública en la zona más codiciada de la ciudad, que ahora el gobierno hace intentos por recuperar
Guadalajara. Agustín del Castillo. Público-Milenio, 16 de junio de 2008
La historia del rancho El Gorupo, enclavado en lo que hoy se conoce como Los Colomos III, sería un ejemplo de cómo el hombre a veces triunfa sobre las leyes universales de la física: su comprador de 1962, Melaquiades Orozco Vázquez, logró el prodigio de hacerlo crecer de tres hectáreas originales a 30. Hace apenas dos años, sus descendientes lo llevaron a 33 ha.
Hoy se sabe que esta sorprendente expansión de la materia no fue tal. Notarios diligentes se encargaron de “corregir” las escrituras y asentar la propiedad sobre el área pública, en la zona inmobiliaria más codiciada de la ciudad.
Gracias a esa paciente labor empresarial, el narcotraficante Rafael Caro Quintero pudo adquirir una fracción de casi 20 ha de El Gorupo (escritura pública 19,718), el 13 de enero de 1984, ante la fe del notario 55, Alberto Farías Martínez. Allí comenzó a edificar un proyecto faraónico que incluía un zoológico, caballerizas y lago artificial, además de una gran finca con aspecto de templo griego, ejemplo conspicuo del Art narcó.
Toda esta abierta actividad, bajo la mirada fascinada de buena parte de las elites tapatías, que abrieron sus puertas a las carretadas de dinero provenientes de actividades ilegales del cártel de Sinaloa, cuyos capos más prominentes huían a Jalisco de la agresiva Operación Cóndor del ejército mexicano, ejecutada a partir de 1977 en ese estado del noroeste. A partir de entonces se llamaría cártel de Guadalajara.
Pero el pequeño paraíso del célebre mafioso duraría poco, tras su detención en Costa Rica el 4 de abril de 1985 por el asesinato y la tortura del agente de la agencia antidrogas estadounidense (DEA, por sus siglas en inglés) Enrique Camarena Salazar, y el secuestro de la tapatía Sara Cosío. La Procuraduría General de la República (PGR) incautó sus bienes, y los predios en torno a la avenida Acueducto quedaron en el olvido.
De forma insospechada, pocos años después, estos lotes baldíos contiguas regresaron a la especulación: recuperados tras arduo proceso por los abogados del sinaloense, los terrenos terminarían de “limpiar” su doble origen ilegítimo con la venta a terceros. Hoy se ubican allí los exclusivos fraccionamientos Zoto Grande [sic] y La Reserva, además del templo católico de San Juan Masías, que tiene su propia historia. Los precios actuales por metro cuadrado en el área rondan los 10 mil pesos, los más elevados de la metrópoli.
La huella de Caro Quintero ha sido casi borrada. La de las invasiones a la propiedad pública, no.
1895, protección de cuencas
En los enredos legales por Los Colomos, un dato es esencial: todas las escrituras de los invasores de la zona remiten a actos jurídicos y escrituras que no van más allá de 1934. Los títulos que posee el gobierno de Jalisco comienzan en 1891, y se adquieren a partir de 1897. Esto alude a una premisa jurídica básica: el primero en tiempo es primero en derechos. Pero además, a una segunda, no menos contundente: la propiedad pública es inalienable, imprescriptible e inembargable. Es decir, su invasión no crea derechos.
El gobierno se hace de esos predios para asegurar el agua a la perla tapatía. “El 6 de diciembre de 1895, el Ayuntamiento de Guadalajara, en reunión de cabildo, acordó dirigirse al gobernador con el propósito de solicitarle la concesión de los manantiales y las corrientes llamadas El Colomo Grande, así como la autorización de desviar hacia la capital, en caso necesario, en arroyo del referido nombre y la expropiación de los terrenos necesarios para levantar edificios, depósitos y acueductos o canales”, señala Luis Basich Leija en Plan para la conservación de los acuíferos de Los Colomos para su mejor aprovechamiento en el abastecimiento de agua (1971, Descripciones Jaliscienses, El Colegio de Jalisco).
Tanto el Ayuntamiento de Zapopan como las fábricas de textiles de Atemajac, La Experiencia, El Batán y el Molino del Salvador se opusieron al planteamiento (temiendo escasez de agua), pero vencida la resistencia, el gobierno comenzó a adquirir predios. La primera compra fue el 10 de abril de 1897, a la señora Peña de Guevara (sic), 5.28 hectáreas, registrada ante el notario 14, Juan S. Castro (Análisis y diagnóstico de la tenencia de la tierra en la cuenca de Los Colomos, Secretaría de Desarrollo Urbano, 1999).
Las propiedades compradas pertenecían a María Gil Romero, Manuel Fernández del Valle, Mercedes Torres de Rosales, Miguel Rosales Cortés, Francisca Jiménez Ontiveros, Luis Castellanos y Tapia, Amado Vidrio y la propia Peña de Guevara; también se dieron permutas de superficie con José Verea, dueño de la hacienda La Providencia, la cual, según dijo a este diario el investigador del Departamento de Geografía de la UdeG, Enrique García Becerra, era un complejo de propiedades que no fueron adquiridas con fines productivos, sino a futuro, para el desarrollo urbano, lo cual hace a Verea un visionario de los negocios inmobiliarios.
A este patrimonio público heredado por los gobernadores Luis Curiel y Miguel Ahumada, el gobierno localiza una nueva adquisición de predios, por parte del Ayuntamiento de Guadalajara, el 7 de mayo de 1920 (registrado por el notario Arnulfo M. Matute en esa fecha, anexo 134).
Así se integra la propiedad pública original. En 1999 había dudas sobre su extensión, pues muchas escrituras están planteadas en fanegas (una fanega equivale a 6,459.6 metros cuadrados) y sus linderos eran mojoneras y descripciones geográficas que se han modificado. Hay versiones de que el terreno público total original era de 248 ha.
Sin embargo, un cuidadoso análisis cartográfico elaborado por la propia Sedeur a partir de 2004 arrojó los datos oficiales: 198.55 hectáreas en dos grandes poligonales.
La primer poligonal corresponde a Los Colomos I y II, El Colomo Grande (16.8 ha), Los Colomos de María Gil (6.97 ha), Loma del Colomo (2.82 ha), Miguel Rosales (40.4 ha), El Chochocate (16.5 ha), excedencia de El Chochocate (39.2 ha), y tres permutas con el señor José Verea (que suman poco más de 17 ha). Al total de 139.8 ha, se le deben restar poco más de 23 ha cedidas a José Verea, para totalizar 116.7 ha.
En Los Colomos III, es la suma de los predios La Coronilla (3.56 ha), Campana del Tabardillal (37.3 ha), Loma de los Coyotes (24.6 ha) y Los Coyotes (16.4 ha), para totalizar 81.85 ha.
Con el paso de los años, sobre todo medio siglo a la fecha, 26.7 ha del primer poligonal y 40 ha del segundo, fueron invadidos. Los intentos gubernamentales para poner orden y detenerlas fueron, en el mejor de los casos, tímidos.
1962, las invasiones
La escritura pública 434, del 20 de marzo de 1962, ante la fe del notario público 48, José García Delgadillo (inscripción 133, página 280 del libro 791, sección primera de la segunda oficina del Registro Público de la Propiedad), acredita la compra de Melquiades Orozco Vázquez del terreno rústico “denominado El Torreón y San Ramón, conocido también como Loma del Callejón y actualmente como Rancho el Gorupo”, con una extensión de tres hectáreas (una anotación marginal revela que la fracción vendida forma parte de un superficie total de 30 ha), cuya historia registral data aparentemente de 1934.
Melquiades Orozco solicitó rectificación de superficie, aludiendo error en la escritura. Es decir, no eran tres sino 30 ha (documento 15 del libro 2354 de documentos generales de la segunda oficina del RPP). Ya con ese logro, vendió a Guillermo Brocmann Obregón y socios 25.7 ha (escritura pública 3,094, 16 de junio de 1969, notario 65, Carlos Luviano Jaramillo).
19.7 de esas hectáreas pasaron a propiedad de Caro Quintero, el cual las perdió temporalmente. Pero el 6 de septiembre de 2000, la escritura 6,111 (del notario 50, Guillermo Conrado Figueroa) acredita la venta de 15.7 ha del predio por parte del propio narcotraficante, operación a cargo de su representante Juan Carlos Aguado Madrigal, a favor del grupo constructor Segundo Milenio SA de CV.
El 5 de diciembre de 2003, (escritura públicas 10,221 y 10,222 del notario 16 de Zapopan, Arturo Zamora Jiménez), se acredita la transmisión de las áreas de vialidad y de cesión para el desarrollo Zoto Grande.
De las propiedades estatales que detentó el miembro del cártel de Guadalajara entre 1984 y 2000, además del fraccionamiento citado, se derivan también los condominios La Reserva (escritura 523 del 17 de diciembre de 2003, notario 98, Manuel Cárdenas Ortega), de 6,911 m2.
Los descendientes de Melquiades Orozco no se conformaron con pasar de tres a 30 ha. El 6 de diciembre de 2006, Amparo Meneses viuda de Orozco solicitó una nueva rectificación de la superficie, a 33 ha, la cual se autorizó, según el documento 38, libro 10,634 del RPP.
Otras invasiones en Colomos III (que suman 40 ha) no tienen un pasado tan espectacular; son actos jurídicos considerablemente más recientes que solo por descuidos podrían ser mejores que los títulos públicos. En algunos casos ni siquiera se ha detectado al invasor. Pero la investigación de la Secretaría General de Gobierno señala nueve actos de posesión ilegal, que incluyen los fraccionamientos Pontevedra, Real del Bosque, La Reserva, una fracción de Puerta de Hierro, la escuela Greenlands, iglesia católica de San Juan Macías, plaza Andares (parcialmente) y agencia automotriz Mazda Acueducto, así como los particulares Corporativo Egyro, María del Rosario Lindoro Guerrero, Andrés Estrada Briseño, Marcela y Griselda Muñoz Morfín.
Las evidencias jurídicas abrumadoras no han impedido que estos espacios tengan licencias municipales en regla por parte de Zapopan.
En Los Colomos I y II se registran trece invasiones: fraccionamiento Rincón de Los Colomos, fraccionamiento Villas Colomos, Fernando Castillo Carrillo, Mario Martín del Campo, Jesús Oropeza Preciado, Yamel Gómez Márquez, club deportivo Atlas Colomos, constructora Rodríguez y Torres, y el reciente caso de Retorno del Torreón, de Oromont Inmobiliaria Sociedad Civil, con ocho presuntos codueños. También favorecidos con permisos municipales (de Zapopan y Guadalajara), ninguna de las escrituras de este grupo se remontan más allá de 1949.
La materia no se crea ni se destruye, sólo se transforma, dice el principio de Lavoisier. En Colomos no es la excepción: las tierras que fueron adquiridas a partir de hace 111 años para preservar el agua de la ciudad, simplemente han sido invadidas para negocios fabulosos en una madeja de mentiras, fraudes e historias oscuras que no excluyen lavado de dinero del crimen organizado.
INVASIÓN EN LOS COLOMOS
Desarrollos de lujo, torres, negocios, iglesias y plazas, en predios estatales
Grandes inversionistas
fraccionan Los Colomos
Grupos civiles exigen al gobierno estatal y a municipios reforzar defensa
Guadalajara. Agustín del Castillo. Público-Milenio, 12 de junio de 2008
El pasado 29 de mayo, la empresa Mazda Motors inauguró su nueva agencia sobre avenida Acueducto, con una amplia oferta de vehículos de lujo, deportivos y familiares de la marca japonesa, en una construcción anexa al fraccionamiento Puerta de Hierro, en el corazón residencial de la elite económica de esta ciudad.
El ambiente de opulencia y de fiesta que registra la reseña del suceso (Mural, 3 de junio de 2008) contrasta con el conflicto en que está inmersa la propiedad: las flamantes instalaciones forman parte de 40 de las 81 hectáreas que el gobierno de Jalisco compró allí (Colomos III) hace más de cien años para garantizar el abasto de agua de Guadalajara, que entonces apenas rebasaba 100 mil habitantes.
El hecho de que el gobierno estatal haya dado conocimiento del caso a la Procuraduría General de Justicia del Estado (PGJE) para recuperar esa posesión de casi cinco mil metros cuadrados no ha sido obstáculo para que la negociación obtenga permisos en regla para operar, por parte del Ayuntamiento de Zapopan. Y así sucede con todos los negocios y fraccionamientos de la demarcación, enclavados en la colindancia con avenida Acueducto: cinco fraccionamientos residenciales, una plaza (de forma parcial), una iglesia y una escuela tienen ya sus respectivos expedientes abiertos ante la PGJE, tan sólo en relación a ese polígono que se busca recuperar, según información oficial.
En el polígono que se conoce como Colomos I al poniente, y Colomos II al oriente, hay otros conflictos inmobiliarios, nacidos de la indefinición física de los linderos y de la -a juicio de los ecologistas y vecinos- “tibia” defensa de los predios por parte de las autoridades, a lo que se agregaría una presunta complicidad de actores públicos a favor de los intereses privados que pretenden cercenar la zona.
El caso más polémico es el predio de Retorno al Torreón 1815, que conoció la PGJE el 1 de abril pasado, y esta semana entabló la demanda civil 595/2008 como “acción reivindicatoria” ante el Juzgado 11 de lo Civil. En ese terreno de 1.5 hectáreas se sigue la demanda en contra de José Ávila Sánchez, Rodolfo Camacho Salazar, Alejandro Madrigal Orozco, Alejandro Marco Morales Pérez, Guillermo Orozco Salido, Ana Rosa Pelayo Velasco, María de los Ángeles Velasco Saldívar y Susana Ochoa Villaseñor. Sorprendentemente, no hay acción en contra de Álvaro Corvera y Tomás Colsá Chalita, dos empresarios amigos del regidor tapatío Juan Pablo de la Torre Salcedo que pretenden desarrollar la zona (ver entrevista página 11), pero sí en contra de una razón social: Oromont Inmobiliaria Sociedad Civil.
Según el gobierno, todas las acciones de “invasión”, que habrían afectado aproximadamente 116 hectáreas de las 248 ha originales de los dos grandes polígonos de Los Colomos, son nulas de derecho por tratarse de operaciones posteriores a la compra de 12 títulos realizada entre 1897 y 1903. Por si fuera poco, la propiedad pública es legalmente imprescriptible. Un invasor con 100 o 200 años de posesión no puede, teóricamente, adquirir el dominio pleno de un bien público.
Bajo ese argumento legal, la Asociación Civil Ciudadanos por los Colomos dio ayer un comunicado público en el que destaca “la reciente agresión al bosque con tala ilegal de más de quince mil m2 y el daño ambiental que se produjo, arrojando cientos de toneladas de material producto del desplame y nivelación, al manto acuífero del arroyo Chochocate, cauce natural de escurrimientos y recarga de Los Colomos”
Piden que se amplíe el proceso legal para recuperar las propiedades, y que los ayuntamientos involucrados –Zapopan y Guadalajara- dejen de emitir permisos de construcción o de operación para los giros invasores. Además, reclaman que se declare toda la zona como “área protegida estatal de protección hidrológica”, debido a que sus manantiales siguen produciendo agua en cantidad y calidad suficientes para decenas de miles de moradores de la metrópoli.
Virginia Acosta destacó el “viacrucis” que han debido seguir para frenar a los desarrolladores de Retorno al Torreón, debido a las maniobras de funcionarios tapatíos para retardar decisiones legales a que están obligados debido al comodato del predio estatal que tiene desde 1983 el ayuntamiento. En ese sentido, vio con buenos ojos la intervención a favor de su causa del rector de la UdeG, Carlos Briseño Torres, quien hizo eco a las acusaciones contra el regidor Juan Pablo de la Torre como presunto “cómplice” de los fraccionadores (Público, 6 de junio de 2008).
Raquel Gutiérrez y Jaime Eloy Barajas, asesores de los quejosos, advirtieron la necesidad de “terminar con la impunidad” de la especulación privada y tomar en serio la defensa legal del bosque, o de lo contrario, resignarse a verlo desaparecer.
Los asistentes al coctel de Mazda Motors, la espléndida noche del pasado 29 de mayo, nada sabían de esa enconada disputa territorial. Según el relato de la inauguración de la agencia, sólo se congratularon de tener más cerca de casa un sitio donde comprar poderosos autos japoneses, tal vez para correrlos entre las hermosas arboledas que le sobreviven a al parque centenario.
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CLAVES
Negocios riesgosos
Estos son algunos de los giros que ocupan la superficie que según las escrituras del gobierno de Jalisco, corresponden a los predios adquiridos hace más de un siglo para proteger la cuenca de Los Colomos y crear el parque público existente
Colomos I y II:
Guadalajara. Retorno del Torreón 1815, predio que pretende desarrollar Oromont Inmobiliaria Sociedad Civil, con ocho presuntos codueños en contra del gobierno estatal
Zapopan. Invasión de Yamel Gómez Márquez sobre 1,966 m2 en Manuel Ávila Camacho y Fermín Riestra
Invasión de Felipe de Jesús Oropeza Preciado sobre 300 m2, en Patria 3321
Invasor desconocido de 445.5 m2 en avenida Patria, entre Eva Briseño y Guadalupe Victoria
Autobaño 10 Car Wash664 m2 en avenida Patria 3541
Dos invasores desconocidos en avenida Patria esquina con Eva Briseño, banqueta sur, en 616 m2, y en 413 m2 en la banqueta norte
Colomos III
Zapopan. Ocupaciones de diversas superficie sobre un paño de terreno de unas 40 ha. Razones sociales: fraccionamientos Soto Grande, Pontevedra, Real del Bosque, La Reserva (condominios), y una fracción de Puerta de Hierro. Escuela Greenlands, iglesia católica de San Juan Macías, plaza Andares (parcialmente) y agencia automotriz Mazda Acueducto
Fuente: Secretaría General de Gobierno de Jalisco
Grandes inversionistas
fraccionan Los Colomos
Grupos civiles exigen al gobierno estatal y a municipios reforzar defensa
Guadalajara. Agustín del Castillo. Público-Milenio, 12 de junio de 2008
El pasado 29 de mayo, la empresa Mazda Motors inauguró su nueva agencia sobre avenida Acueducto, con una amplia oferta de vehículos de lujo, deportivos y familiares de la marca japonesa, en una construcción anexa al fraccionamiento Puerta de Hierro, en el corazón residencial de la elite económica de esta ciudad.
El ambiente de opulencia y de fiesta que registra la reseña del suceso (Mural, 3 de junio de 2008) contrasta con el conflicto en que está inmersa la propiedad: las flamantes instalaciones forman parte de 40 de las 81 hectáreas que el gobierno de Jalisco compró allí (Colomos III) hace más de cien años para garantizar el abasto de agua de Guadalajara, que entonces apenas rebasaba 100 mil habitantes.
El hecho de que el gobierno estatal haya dado conocimiento del caso a la Procuraduría General de Justicia del Estado (PGJE) para recuperar esa posesión de casi cinco mil metros cuadrados no ha sido obstáculo para que la negociación obtenga permisos en regla para operar, por parte del Ayuntamiento de Zapopan. Y así sucede con todos los negocios y fraccionamientos de la demarcación, enclavados en la colindancia con avenida Acueducto: cinco fraccionamientos residenciales, una plaza (de forma parcial), una iglesia y una escuela tienen ya sus respectivos expedientes abiertos ante la PGJE, tan sólo en relación a ese polígono que se busca recuperar, según información oficial.
En el polígono que se conoce como Colomos I al poniente, y Colomos II al oriente, hay otros conflictos inmobiliarios, nacidos de la indefinición física de los linderos y de la -a juicio de los ecologistas y vecinos- “tibia” defensa de los predios por parte de las autoridades, a lo que se agregaría una presunta complicidad de actores públicos a favor de los intereses privados que pretenden cercenar la zona.
El caso más polémico es el predio de Retorno al Torreón 1815, que conoció la PGJE el 1 de abril pasado, y esta semana entabló la demanda civil 595/2008 como “acción reivindicatoria” ante el Juzgado 11 de lo Civil. En ese terreno de 1.5 hectáreas se sigue la demanda en contra de José Ávila Sánchez, Rodolfo Camacho Salazar, Alejandro Madrigal Orozco, Alejandro Marco Morales Pérez, Guillermo Orozco Salido, Ana Rosa Pelayo Velasco, María de los Ángeles Velasco Saldívar y Susana Ochoa Villaseñor. Sorprendentemente, no hay acción en contra de Álvaro Corvera y Tomás Colsá Chalita, dos empresarios amigos del regidor tapatío Juan Pablo de la Torre Salcedo que pretenden desarrollar la zona (ver entrevista página 11), pero sí en contra de una razón social: Oromont Inmobiliaria Sociedad Civil.
Según el gobierno, todas las acciones de “invasión”, que habrían afectado aproximadamente 116 hectáreas de las 248 ha originales de los dos grandes polígonos de Los Colomos, son nulas de derecho por tratarse de operaciones posteriores a la compra de 12 títulos realizada entre 1897 y 1903. Por si fuera poco, la propiedad pública es legalmente imprescriptible. Un invasor con 100 o 200 años de posesión no puede, teóricamente, adquirir el dominio pleno de un bien público.
Bajo ese argumento legal, la Asociación Civil Ciudadanos por los Colomos dio ayer un comunicado público en el que destaca “la reciente agresión al bosque con tala ilegal de más de quince mil m2 y el daño ambiental que se produjo, arrojando cientos de toneladas de material producto del desplame y nivelación, al manto acuífero del arroyo Chochocate, cauce natural de escurrimientos y recarga de Los Colomos”
Piden que se amplíe el proceso legal para recuperar las propiedades, y que los ayuntamientos involucrados –Zapopan y Guadalajara- dejen de emitir permisos de construcción o de operación para los giros invasores. Además, reclaman que se declare toda la zona como “área protegida estatal de protección hidrológica”, debido a que sus manantiales siguen produciendo agua en cantidad y calidad suficientes para decenas de miles de moradores de la metrópoli.
Virginia Acosta destacó el “viacrucis” que han debido seguir para frenar a los desarrolladores de Retorno al Torreón, debido a las maniobras de funcionarios tapatíos para retardar decisiones legales a que están obligados debido al comodato del predio estatal que tiene desde 1983 el ayuntamiento. En ese sentido, vio con buenos ojos la intervención a favor de su causa del rector de la UdeG, Carlos Briseño Torres, quien hizo eco a las acusaciones contra el regidor Juan Pablo de la Torre como presunto “cómplice” de los fraccionadores (Público, 6 de junio de 2008).
Raquel Gutiérrez y Jaime Eloy Barajas, asesores de los quejosos, advirtieron la necesidad de “terminar con la impunidad” de la especulación privada y tomar en serio la defensa legal del bosque, o de lo contrario, resignarse a verlo desaparecer.
Los asistentes al coctel de Mazda Motors, la espléndida noche del pasado 29 de mayo, nada sabían de esa enconada disputa territorial. Según el relato de la inauguración de la agencia, sólo se congratularon de tener más cerca de casa un sitio donde comprar poderosos autos japoneses, tal vez para correrlos entre las hermosas arboledas que le sobreviven a al parque centenario.
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CLAVES
Negocios riesgosos
Estos son algunos de los giros que ocupan la superficie que según las escrituras del gobierno de Jalisco, corresponden a los predios adquiridos hace más de un siglo para proteger la cuenca de Los Colomos y crear el parque público existente
Colomos I y II:
Guadalajara. Retorno del Torreón 1815, predio que pretende desarrollar Oromont Inmobiliaria Sociedad Civil, con ocho presuntos codueños en contra del gobierno estatal
Zapopan. Invasión de Yamel Gómez Márquez sobre 1,966 m2 en Manuel Ávila Camacho y Fermín Riestra
Invasión de Felipe de Jesús Oropeza Preciado sobre 300 m2, en Patria 3321
Invasor desconocido de 445.5 m2 en avenida Patria, entre Eva Briseño y Guadalupe Victoria
Autobaño 10 Car Wash664 m2 en avenida Patria 3541
Dos invasores desconocidos en avenida Patria esquina con Eva Briseño, banqueta sur, en 616 m2, y en 413 m2 en la banqueta norte
Colomos III
Zapopan. Ocupaciones de diversas superficie sobre un paño de terreno de unas 40 ha. Razones sociales: fraccionamientos Soto Grande, Pontevedra, Real del Bosque, La Reserva (condominios), y una fracción de Puerta de Hierro. Escuela Greenlands, iglesia católica de San Juan Macías, plaza Andares (parcialmente) y agencia automotriz Mazda Acueducto
Fuente: Secretaría General de Gobierno de Jalisco
jueves, 3 de julio de 2008
REFORESTACIÓN 5 DE JULIO
420 mil árboles se plantarán en Jalisco
Greenpeace vs
“reforestación
histórica”
De 5 millones de arbolitos en el país, apenas sobrevivirán 500 mil, acusa
Guadalajara. Agustín del Castillo. Público-Milenio
Mientras la Comisión Nacional Forestal (Conafor) y los gobiernos estatales se preparan para la “histórica jornada de reforestación” de mañana, 5 de julio de 2008, la organización ambientalista Greenpeace (“paz verde”) criticó ayer dicho proceso como “un embuste” que abusa de la buena fe de la opinión pública y que tendrá resultados dramáticamente cortos para el tamaño de la inversión y el número de árboles plantados.
“La reforestación convocada por el presidente Felipe Calderón no beneficia a los bosques ni al medio ambiente, mal informa al público y abusa de la buena voluntad de la gente que participará en ella”, advirtió la organización por medio de un comunicado de prensa.
En la jornada denominada “Planta un árbol y sé parte de la historia”, se pretende “sembrar cinco millones de arbolitos, lo que establecería un récord: más árboles plantados en un solo día. Sin embargo, de acuerdo con las propias declaraciones del Secretario de Medio Ambiente, Juan Elvira, sólo sobrevivirá el 10 por ciento de los árboles plantados [ver sus declaraciones a Excélsior, 29 de enero de 2008], por lo tanto, se establecerá un segundo récord: el de más árboles tirados a la basura en un solo día”, señaló irónicamente el colectivo ambientalista.
Por su parte, la gerencia regional de la Conafor en Jalisco (que incluye Colima, Guanajuato, Aguascalientes y Nayarit), detallará hoy aspectos de la jornada en una conferencia de prensa en esta ciudad. Parte de la información a la comunidad de Guadalajara tiene relación con los predios que serán trabajados mañana y los modos de participar (ver gráfico anexo). La postura oficial indica que se trata de un proyecto exitoso y que el país está cumpliendo de forma sobrada sus compromisos internacionales en la materia, aunque parte de la acumulación de estadísticas –hasta un tercio- sea con el género opuntia: nopales y su parentela (Público, abril 28 a 30 de 2008).
“Sin duda el próximo sábado será jornada histórica. No sólo se romperán dos récords, sino que se tirarán a la basura miles de millones de pesos del Presupuesto de Egresos de la Federación. Si se considera la tasa tan baja de sobrevivencia de los árboles plantados, de los cinco millones de arbolitos que se sembrarán el próximo sábado, cuatro millones 500 mil se morirán antes de un año. A pesar de esto, es claro que el presidente Calderón pretende reforzar la reforestación como principal estrategia del Proárbol y, con esto, sentencia a nuestros bosques a seguir desapareciendo a un ritmo de 600 mil hectáreas por año”, acusó Héctor Magallón, coordinador de la campaña de bosques de Greenpeace.
La ONG ofreció datos preliminares de su evaluación de la campaña 2007. “El promedio de la tasa de sobrevivencia de los árboles plantados es de sólo 10 por ciento, a menos de un año de haberse sembrado. Estos resultados son consistentes con la tasa de supervivencia confesada a los medios de comunicación por el secretario de Medio Ambiente, en enero de este año”.
Añaden: “…hemos encontrado ejemplos de terrenos reforestados en donde la tasa de supervivencia es aún más baja. Por ejemplo, en Aguascalientes encontramos un caso de un predio de 70 hectáreas en el que, de acuerdo con el Resumen Ejecutivo Proárbol 2007, dado a conocer por la propia Conafor, se plantaron 56 mil plántulas de Eucaliptus camaldulensis (eucalipto), con una inversión de 74 mil 337.90 pesos. El índice de supervivencia, a tan sólo ocho meses de la plantación, es de cero”.
Es decir, es un “gran fraude” que no salvará los bosques. Aunque el gobierno federal piensa lo contrario.
Greenpeace vs
“reforestación
histórica”
De 5 millones de arbolitos en el país, apenas sobrevivirán 500 mil, acusa
Guadalajara. Agustín del Castillo. Público-Milenio
Mientras la Comisión Nacional Forestal (Conafor) y los gobiernos estatales se preparan para la “histórica jornada de reforestación” de mañana, 5 de julio de 2008, la organización ambientalista Greenpeace (“paz verde”) criticó ayer dicho proceso como “un embuste” que abusa de la buena fe de la opinión pública y que tendrá resultados dramáticamente cortos para el tamaño de la inversión y el número de árboles plantados.
“La reforestación convocada por el presidente Felipe Calderón no beneficia a los bosques ni al medio ambiente, mal informa al público y abusa de la buena voluntad de la gente que participará en ella”, advirtió la organización por medio de un comunicado de prensa.
En la jornada denominada “Planta un árbol y sé parte de la historia”, se pretende “sembrar cinco millones de arbolitos, lo que establecería un récord: más árboles plantados en un solo día. Sin embargo, de acuerdo con las propias declaraciones del Secretario de Medio Ambiente, Juan Elvira, sólo sobrevivirá el 10 por ciento de los árboles plantados [ver sus declaraciones a Excélsior, 29 de enero de 2008], por lo tanto, se establecerá un segundo récord: el de más árboles tirados a la basura en un solo día”, señaló irónicamente el colectivo ambientalista.
Por su parte, la gerencia regional de la Conafor en Jalisco (que incluye Colima, Guanajuato, Aguascalientes y Nayarit), detallará hoy aspectos de la jornada en una conferencia de prensa en esta ciudad. Parte de la información a la comunidad de Guadalajara tiene relación con los predios que serán trabajados mañana y los modos de participar (ver gráfico anexo). La postura oficial indica que se trata de un proyecto exitoso y que el país está cumpliendo de forma sobrada sus compromisos internacionales en la materia, aunque parte de la acumulación de estadísticas –hasta un tercio- sea con el género opuntia: nopales y su parentela (Público, abril 28 a 30 de 2008).
“Sin duda el próximo sábado será jornada histórica. No sólo se romperán dos récords, sino que se tirarán a la basura miles de millones de pesos del Presupuesto de Egresos de la Federación. Si se considera la tasa tan baja de sobrevivencia de los árboles plantados, de los cinco millones de arbolitos que se sembrarán el próximo sábado, cuatro millones 500 mil se morirán antes de un año. A pesar de esto, es claro que el presidente Calderón pretende reforzar la reforestación como principal estrategia del Proárbol y, con esto, sentencia a nuestros bosques a seguir desapareciendo a un ritmo de 600 mil hectáreas por año”, acusó Héctor Magallón, coordinador de la campaña de bosques de Greenpeace.
La ONG ofreció datos preliminares de su evaluación de la campaña 2007. “El promedio de la tasa de sobrevivencia de los árboles plantados es de sólo 10 por ciento, a menos de un año de haberse sembrado. Estos resultados son consistentes con la tasa de supervivencia confesada a los medios de comunicación por el secretario de Medio Ambiente, en enero de este año”.
Añaden: “…hemos encontrado ejemplos de terrenos reforestados en donde la tasa de supervivencia es aún más baja. Por ejemplo, en Aguascalientes encontramos un caso de un predio de 70 hectáreas en el que, de acuerdo con el Resumen Ejecutivo Proárbol 2007, dado a conocer por la propia Conafor, se plantaron 56 mil plántulas de Eucaliptus camaldulensis (eucalipto), con una inversión de 74 mil 337.90 pesos. El índice de supervivencia, a tan sólo ocho meses de la plantación, es de cero”.
Es decir, es un “gran fraude” que no salvará los bosques. Aunque el gobierno federal piensa lo contrario.
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