Avanzan trabajos en el Río Verde; UNOPS pide paciencia

En conferencia de prensa, los responsables del proyecto destacaron que se ha avanzado fuertemente en el tema de estudios técnicos y la gobernanza del agua.

Agustín del Castillo / Guadalajara. MILENIO JALISCO. 

Ya se han incorporado 22 especialistas al trabajo de la tercería que está haciendo la Agencia de Naciones Unidas para Proyectos de Desarrollo (UNOPS) y el Programa de Naciones Unidas para Medio Ambiente en el caso de la cuenca del Río Verde en Jalisco.

Esto lo informaron los responsables del proyecto Alejandro Rossi y Eliana Ames Vega quienes destacaron que por el camino de la transparencia y de la apertura completa van a vencer las resistencias que se están encontrando tanto de los grupos de la sociedad civil que muestran desconfianza respecto al trabajo de la entidad como respecto a las instancias de gobierno que ya han comprometido la entrega completa de información para establecer el trabajo del organismo de forma plena.

En conferencia de prensa, los responsables del proyecto destacaron que habiendo arrancado los trabajos desde el primero de diciembre del 2015 se ha avanzado fuertemente en el tema de estudios técnicos y la gobernanza del agua, si bien reconocieron que todavía demorarán todo el año 2016 y parte de 2017, la conclusión de estos trabajos generarán una opinión objetiva sobre cuáles son los proyectos que demanda el Río Verde bajo la base del respeto a los derechos humanos de los habitantes interesados en el tema.

En el componente de estudios técnicos ya se puso en marcha el análisis de escenarios de regulación de la presa, lo cual incluye visitas técnicas a la cortina de El Zapotillo y recolección de información referente a los distintos escenarios de regulación de la presa. También ya empezó el trabajo de campo del balance hídrico a lo largo del cauce del Río Verde, identificando y georreferenciando los puntos de acceso para la realización de aforos referenciales, también se encuentra en proceso de análisis la información técnica recibida, es decir cartografía, hidrología, entre otros. Otro aspecto es la integración del grupo técnico de balance hídrico, el cual empezará a trabajar a fin de asegurar el acceso a la información oficial  de los organismos estatales  y federales y promoviendo la comprensión del proyecto a todos los niveles.

En cuanto a la gobernanza del agua  ya se puso en marcha una base de datos digital en línea en la web de la Secretaría de Medio Ambiente y Desarrollo Territorial, está actualmente en proceso de sistematización y ampliación de la totalidad de la información que sea insumo del proyecto. También se está desarrollando una metodología para lectura de entrevistas con actores de la cuenca incluyendo talleres de presentación  de proyectos que demorará dos meses más. Está la visita al territorio de Acasico, Palmarejo y Temacapulín  a fin de programar las próximas actividades del proyecto, entrevistas con actores clave, la emisión de observación de  constatación comunitaria del estado de la paralización de la obra de la construcción de la presa en el marco de la sentencia dictada por la Suprema Corte de Justicia de la Nación  y una interacción con la Comisión Estatal de Derechos Humanos a fin de dar cumplimiento a las recomendaciones 2001-2009 y 35-2009. El componente de comunicación ya está también en marcha en el sitio web UNOPS-PNUMA sobre toda la información del proyecto, también la elaboración del proyecto  de la estrategia de comunicación del proyecto, la documentación integral de actividades del proyecto, lanzamiento del hashtag #JaliscoSostenibleCuencaRíoVerde y la presentación del Jalisco Sostenible Cuenca Río Verde en el Consejo Académico de Jalisco

Medio ambiente, un federalismo que estorba

Experta jurídica destaca que la descentralización tramposa y el acaparamiento de atribuciones en el gobierno federal hace "cuesta arriba" la gestión del tema desde los municipios.

Agustín del Castillo / Guadalajara. MILENIO JALISCO.

El armazón constitucional mexicano, en teoría debería favorecer las soluciones locales de los problemas ambientales, pero en los hechos no ha sido tal, advierte María del Carmen Carmona Lara, del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM).

En el análisis titulado “El derecho constitucional y el ambiente en las constituciones estatales en México”, que forma parte de los estudios que actualmente se realizan en el marco de la nueva fiscalía ambiental de Tlajomulco, la experta destaca que los esquemas federalistas son concurrentes y subsidiarios, pero “para el caso ambiental, el federalismo a la mexicana no da respuesta a controversias que van en aumento, en las que la competencia entre la federación y los estados, y entre estos y los municipios, no tienen mecanismos de solución, sobre todo cuando implican el aprovechamiento de recursos naturales que, originalmente, son bienes nacionales”, como es el caso del agua, de los recursos minerales y de los bosques.

Añade: “tal vez esto tiene origen al federalismo mexicano que ha sido distintivo, dado que contra la naturaleza de un modelo federal, que significa equilibrio entre los nieveles de gobierno y las regiones, en México se ha traducido en la subordinación de los gobiernos locales al federal, la obstaculización de iniciativas regionales, la ausencia de recursos económicos en los estados y municipios, y por todo ello, el retraso de una maduración con unidad nacional, como sistema democrático, como sistema de equilibrios, de instituciones, de pesos y contrapesos”.

Los artículos 27 y 73 constitucionales son la fuente en el tema de competencias sobre lo ambiental, advierte la académica. De su análisis se deriva de forma clara como no hay real equilibrio, partiendo de que los bienes nacionales son competencia federal, aunque los territorios tengan como unidad política básica el municipio. “no queda clara la forma en que se conectan para distribuirse las competencias en materias que tiene que ver con aprovechamiento y distribución de los recursos naturales y los aspectos patrimoniales con respecto a ellos. Un ejemplo claro es el caso de los recursos hidráulicos, en el que no queda claro si las aguas son patrimonio de los estados, cuánta agua del total de las aguas nacionales corresponde a cada estado, ni qué ocurre en el caso de su distribución para su administración por cuenca, y qué ocurre cuando un estado comparta varias cuencas”.

El equilibrio constitucional “también está roto en el ámbito municipal respecto a las funciones del artículo 115 constitucional. Las atribuciones ambientales que contiene ese artículo son la regulación para los usos de suelo, la prestación de los servicios públicos de agua potable y alcantarillado, y el caso de los residuos sólidos”.

En el fondo, “el problema no es qué nivel tiene la competencia, sino más bien qué nivel de gobierno puede ser más eficiente y eficaz en la ejecución de sus atribuciones para determinado tipo de programas y acciones […] se requiere cambiar el rumbo hacia un nuevo tipo de relaciones intergubernamentales y de gestión que permitan cristalizar las potencialidades de un modelo federal y no hundirse en las trampas de los procesos descentralizadores mal llevados y endebles en sus fundamentos políticos y administrativos”, agrega.

Esta es la ventana de oportunidad que está abierta en el caso de las iniciativas de Tlajomulco, un municipio que enfrenta el colapso ambiental por la combinación inadecuada de sus condiciones ambientales limitativas, y el enorme volumen de negocio de corto plazo de los fraccionamientos que lo han hecho crecer, sin capacidades, a 10 por ciento anual en los últimos quince años. El artículo completo se puede leer en http://biblio.juridicas.unam.mx/libros/5/2429/10.pdf.

Si fiscalía ambiental falla, fraccionadores echarán a Uribe

Investigadora de la UNAM elogia el atrevimiento del alcalde de Tlajomulco, pero señala la urgencia de que la sociedad lo respalde, ante el poder de inmobiliarias.

Agustín del Castillo / Guadalajara. MILENIO JALISCO. 

La fiscalía ambiental de Tlajomulco, así como el resto de las nuevas instituciones que están planteadas para que la caótica urbanización del municipio metropolitano regrese a los cauces del interés público, demanda aliados poderosos, ante el enorme peso político y económico de quienes son, de facto, los principales interesados en su fracaso: los gigantes inmobiliarios que han regido la expansión urbana en los últimos 20 años.

“Yo creo que esta iniciativa del municipio, de emprender estrategias y de hacer políticas urbanas que tengan un sentido ambiental y también políticas ambientales que tengan que ver con las zonas agrícolas en general y naturales, en sentido de defensa del patrimonio natural, es una muy buena iniciativa, pero es insuficiente si este alcalde [Alberto Uribe] no tiene alianzas con los actores locales que puedan ser beneficiados con una mejor calidad de vida: agricultores, pescadores, colonos; porque se está enfrentando a intereses políticos y económicos fuertes, que no solo tiene que ver con el municipio sino con el área metropolitana, lo que implica no solo presiones de los grandes inversionistas inmobiliarios, o especuladores del suelo, sino también de intereses políticos; digamos que estos grandes grupos son los que influyen de alguna u otra manera para que estos alcaldes o gestores estén en el poder […] hay el peligro de que el alcalde se quede solo…”.

Quien lanza esta rotunda opinión no tiene que ver directamente con Jalisco, pero ha acudido a invitación del propio edil para la discusión de cómo diseñar instituciones eficientes que lleven más allá de la teoría jurídica la responsabilidad gubernamental de hacer prevalecer lo público sobre lo privado; es la doctora Patricia Ávila García, del campus Morelia de la Universidad Nacional Autónoma de México. Y que sea ajena no la hace desconocedora: en realidad es un conglomerado de fuerzas económicas que han marcado la ruta de todas las ciudades mexicanas desde los años 90 del siglo XX.

“Yo creo que la manera en que se va a proteger es con alianzas fuertes con los actores locales, y también con lograr consensos con estos grupos inmobiliarios, frenar sus voracidad; todos pueden salir ganando con este tipo de organización, para lo que es el desarrollo territorial, así que es importante que tenga un tejido político fuerte, con una base social”, destaca, en entrevista con MILENIO JALISCO.

¿Cuál es la prueba a pasar? “que sus políticas urbanas y ambientales sean consistentes con su discurso, porque lo que aquí veo es la herencia de una gestión municipal asquerosamente corrupta, no ésta Administración, pero sí las anteriores, que permitieron desarrollos inmobiliarios en zonas naturales, o en zonas rurales alejadas de la mancha urbana; el reto es ir del discurso a la praxis, si el alcalde va a hacer lo que promete; sin duda el proyecto de fiscalía ambiental es innovador, a los que somos expertos nos latió y por eso venimos para acá; me parece importante desde el ejercicio de un gobierno local, para vigilar que la ley se aplique y que nos rindan cuentas a los ciudadanos”.

La realidad es compleja. “Lo que vemos en el país es que los conflictos son, no solo porque los actores locales o privados estén violando [las normas], sino que la autoridad federal, estatal o municipal son los principales violadores de políticas urbanas y ambientales; ahí está el meollo de la corrupción, lo que hace que los ciudadanos se sientan indefensos, afectados en un derecho básico como es el derecho al medio ambiente, y a la calidad de vida”.

- La temática ambiental está casi completamente controlada por el gobierno federal, pero el uso del territorio urbano sí es municipal, ¿ese es el eje?

- Pues sí es un tema municipal, pero el ejemplo que nos están dando aquí con el Macrolibramiento en Guadalajara, es que hay una política federal que autorizó, el cambio de uso de suelo, y es como un proyecto de la AMG para ir ampliando su mancha urbana hacia municipios más deshabitados, cercanos, con poca solvencia económica pero que ofrecen el suelo regalado […] es un proyecto de especulación urbana, porque tener suelo barato y vialidad genera valor, y los municipios que traten de blindarse, como éste, se van a ver muy presionados con macroproyectos que traspasan la frontera municipal.

- Ese proyecto es un gran riesgo para la laguna de Cajititlán, mencionaba usted.

- Sí, y lo que ya está urbanizado es gravísimo, porque todas esas aguas se van a la laguna, y la ilusión de que existan plantas de tratamiento no es garantía de que haya un buen saneamiento, así que esta zona debe estar contenida para el desarrollo urbano, porque si no, será la muerte de la laguna.

La experta señala que el caos de la actualidad “es resultado de una política que empezó desde la reforma del artículo 27 constitucional, pero se aplicó con Fox y se incrementó con Calderón, de generar recursos a través del Infonavit para estos grandes sectores […] el estado transfiere funciones que Infonavit tenía para construir vivienda: brindar financiamientos a los trabajadores, pero los que maquilan e industrializan la viviendas son el sector privado, las viviendas nunca se venderían sino hubiera esta alianza, con créditos de Infonavit y Fovisste, para que se realice la venta y se haga el negocio para esta industria, aunque está construyendo viviendas de mala calidad en zona de alta vulnerabilidad, en zonas de costo de suelo baratísimo, que despojan de una u otra manera a los campesinos, y que timan al comprador, que compra una vivienda que no le va a durar como patrimonio, ya que cuando termine de pagarla ya se deterioró”.

- ¿Ha tenido alguna utilidad que el gobierno federal, a través de la Sedatu (Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano) haya determinado polígonos de contención para evitar los excesos?

- …no se está haciendo; al contrario, la Sedatu remata los ejidos y uno oye los grandes discursos de estos funcionarios, que lo único que hace es dar la flexibilidad estimulando la urbanización en zonas frágiles, en vez de proteger los ejidos para que sigan siendo zonas productivas en las zonas conurbadas […] claro que en los ayuntamientos hay un nivel de corrupción altísimo, que ofrecen autorizaciones en zonas donde no son factibles.

- ¿Con este sombrío panorama, puede tener éxito esta fiscalía ambiental?

- Yo la veo con límites; no deben comerse todo el pastel sino ir en acciones de transición, porque si se enfrenta con todos los especuladores inmobiliarios seguramente no terminará su gestión; entonces que sea con acciones en un nivel que le permitan avanzar, creo en una acción como esta de restaurar la cuenca de Cajititlán, meter una acción muy clara en vez de meterse con todos los intereses inmobiliarios: con éxitos parciales se puede meter a más, porque si quiere abarcar todo, o no termina su gestión o termina subordinándose a este capital.

No obstante –remata-, “es importante el precedente de que se está apoyando a la ciudadanía, que esto lo pone a examen; no puede ser tradicional y autoritario, creo que hay una buena intención, y todo eso tiene que armonizarse con las acciones a nivel municipal. Los hechos lo avalarán”.

Un proyecto de consolidación

La conformación de la nueva fiscalía ambiental de Tlajomulco va a demorar el tiempo necesario, porque no se quiere dar vida a un ente que no derive en soluciones a los problemas reales del municipio, advierte el director de Cajititlán Sustentable, Miguel León Corrales.

Señala que se trata no sólo de ejercer las atribuciones del municipio en la materia ambiental, sobre todo en el tema del desarrollo urbano, sino que también se ejerzan las concurrencias con los otros niveles de gobierno, y se gestionen esquemas de participación social y de protección ambiental que permitan “blindar” el ejercicio de gobierno en el tema. Por ejemplo, Cajititlán cubre las condiciones para ser elevado a la categoría de Sitio Ramsar, y eso compromete aún mejor las posibilidades de restaurarlo completamente.

“La idea es que se establezca una mesa en el trabajo del ayuntamiento donde el tema ambiental sea el eje de gobierno, de manera que no sea solamente un trabajo de algunas dependencias, sino que todas deban responder  para alcanzar el desarrollo sostenible”, puntualiza.

Crecimiento en Tlajomulco

68,250

 hectáreas es la superficie del municipio de Tlajomulco, de las cuales, 11,711 ha están urbanizadas

404,197 habitantes fue la población total del municipio en el censo de 2010. No obstante, en 2005 albergaba 220,630 habitantes, y en 2000, apenas rebasaba 100 mil habitantes

10.7% es la tasa de crecimiento poblacional anual registrada en el proceso. De albergar 2% de la población de la conurbación, ahora tiene 10%

80% de ese crecimiento se dio en zonas inapropiadas para uso urbano, lo que alteró ecosistemas y dejó en alta precariedad a sus nuevos moradores

3 problemas ambientales principales de Tlajomulco: la peor atmósfera respirable de la ciudad, los mantos subterráneos de agua más contaminados (contaminación natural) y la peor movilidad metropolitana

Oyamel del Nevado está "en peligro de extinción"

La publicación de la norma de protección, actualizada, será en las siguientes semanas; la Semarnat sugiere profundizar estudios del Abies para declararla especie distinta.

Agustín del Castillo / Guadalajara. MILENIO JALISCO. 

La Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat) ha determinado incluir la subespecie de oyamel Abies colimensis, que habita los bosques templados del Nevado de Colima, en Jalisco, y de Cerro Grande, en Jalisco y Colima, dentro de la categoría de "en peligro de extinción" en la norma oficial mexicana 059, que protege las formas de vida amenazadas en el país.

Esta determinación se dio tras la conclusión de la consulta pública a que convocó, con la finalidad de depurar y renovar la lista de especies bajo alguna de las categorías de riesgo. El biólogo Carlos Álvarez, de la dirección de Regulación, Biodiversidad y Recursos Genéticos de la Semarnat, notificó a la agrupación Carbono 14, una de las principales promotoras de la protección del abeto del occidente mexicano, que una vez concluido el periodo de consulta de la NOM 059, sólo habrá que esperar la publicación en el Diario Oficial de la Federación, en el curso del mes de marzo o a más tardar en abril.

"Se incluirá el estado de Jalisco como parte del hábitat ocupado por esta especie, según lo solicitamos todos nosotros en los escritos que hicimos llegar. Sugirió se lleven a cabo más estudios para elevarlo a la categoría de especie, ya que ahorita está registrado solamente como sub-especie", refirió en una breve comunicación a sus simpatizantes la citada organización.

Añade el texto: "De momento, todavía está trabajando en las respuestas y el llenado de formularios requeridos para el caso. Cuándo él concluya este proceso, se procederá a la revisión de las respuestas por parte del área jurídica y posteriormente se pedirá la aprobación por parte del Comité Nacional de Normalización, para ahora si proceder a publicar en el Diario Oficial".

La actualización del listado atiende a las cuatro categorías de riesgo de la NOM 059: probablemente extinta del medio silvestre (abreviada a E), en peligro de extinción (abreviada a P), amenazada (abreviada a A) y sujeta a protección especial (Pr). Las especies endémicas o exclusivas del país, a veces a algunas regiones e incluso a unas cuantas cañadas, se incorporan dentro de alguna de las cuatro categorías según su abundancia y la fragilidad de su entorno. Es el caso de los abetos que pueblan las partes medias y altas de las montañas más elevadas del occidente mexicano.

Los argumentos a favor de la protección del Abies colimensis son: uno "esta subespecie tiene una diversidad genética extremadamente baja, la más baja conocida entre todas las especies de Abies de Mesoamérica y en una de las más bajas entre las especies arbóreas del planeta"; dos "el área de ocupación de Abies religiosa subsp. colimensis es muy reducida, de aproximadamente 150.02 kilómetros cuadrados", es decir, 0.007 por ciento del territorio de México.

Tres "sólo tiene tres poblaciones, las cuales que presentan un alto grado de fragmentación y aislamiento geográfico [tanto natural como antropogénico], por lo que su acervo genético es muy diferente y único"; cuatro, "es endémica del sur de Jalisco y un solo cerro de Colima, en una sola provincia biogeográfica, en sólo dos tipos de vegetación".

Cinco, "presenta un alto impacto de deforestación de origen antropogénico por tala clandestina en las áreas naturales protegidas y fuera de ellas, por permisos de aprovechamiento injustificados, por incendios provocados para cambio de usos de suelo a pastizales ganaderos y cultivos, y por calentamiento global"; seis, "el calentamiento global aumenta la incidencia de plagas y enfermedades provenientes de ecosistemas bajos tropicales y reduce la superficie de hábitat adecuado para la especie por ubicarse ésta en las partes altas, picos y crestas de las montañas".

Siete "existe una alta presión de aprovechamiento insostenible y de cambio de uso de suelo; ocho, la capacidad de resiliencia o de recuperación de la especie es baja debido a su lenta tasa decrecimiento y su alto grado de erosión genética, que combinada con el calentamiento global y la migración de nubes a partes más altas (fuente de humedad indispensable para los oyameles), no permitirá que esta especie tenga una pronta respuesta adaptativa ni pueda migrar a partes más altas (no hay áreas más altas ni en el Nevado de Colima ni en la Sierra de Manantlán), lo que la conduciría inevitablemente a su extinción global".

Los autores de la propuesta son los investigadores Miguel Ángel Muñiz Castro, José Antonio Vázquez García, Ramón Cuevas Guzmán, Sonia Navarro Pérez, José Villa Castillo (además, director del parque nacional Nevado de Colima), Mary Hektner y Ricardo Guerrero Hernández. La Escuela para Actividades al Aire Libre Carbono Catorce AC, una agrupación que aglutina montañistas y turismo de la naturaleza, la hizo suya, y consiguió cientos de firmas de respaldo, lo que permite hoy recoger los primeros frutos.

Marzo frío dará paso a una primavera caliente en Jalisco

Ángel Meulenert destaca riesgo de incendios y pérdida de cosechas en algunos puntos del estado; la evolución podría ser de El Niño a La Niña a finales de año

Agustín  del Castillo / Guadalajara. MILENIO JALISCO. 

Las temperaturas inusualmente frías y la humedad de estos días en marzo no debe confundir a los jaliscienses sobre lo que les espera para el resto del año en materia de clima: en contraste, abril, mayo y junio tenderán a ser muy secos, lo que podría generar condiciones propicias para incendios forestales. El calor se sentirá fuerte entre abril y septiembre.

Esos son los datos esenciales del pronóstico hidrometeorológico que ofreció el investigador de la Universidad de Guadalajara (UdeG), Ángel Meulenert Peña, en el marco del IV foro del agua convocado por la Comisión Estatal del Agua (CEA) y el Consejo Académico del Agua (CAA).

“Indudablemente que las variables meteorológicas más importantes relacionadas con la economía del Estado, la agricultura, la salud, el turismo y en general la actividad de la población, como la temperatura y la precipitación. Actualmente la meteorología y la climatología ofrecen valiosa información para que los tomadores de decisión aprovechen a su favor las condiciones climáticas y mitiguen las pérdidas que pueden acarrear los fenómenos atmosféricos, así como, salvaguardar la vida de los seres vivos”, explicó el experto del Instituto de Astronomía y Meteorología. "De acuerdo con el análisis de los escenarios de temperatura se presenta un mes de marzo con llegadas de algunas masas frías a la región centro occidente, lo que mantendrá temperaturas ligeramente por debajo de la media histórica. Sin embargo, mayo y junio podrán ser muy cálidos y un poco menos desde julio hasta septiembre”, apuntó.

“El análisis de los escenarios pronosticados de la precipitación muestra un déficit importante de lluvias en el mes de abril y se extenderá hasta mayo. A partir de junio comienza una recuperación, principalmente del centro hacia la costa del estado”. Es un año de transición del fenómeno El Niño (que calienta los mares tropicales de América) a La Niña (que por contraste, los enfría).

“La influencia de El Niño en el comportamiento del tiempo y el clima en Jalisco, continuará al menos hasta principios del verano. Los meses de abril y mayo serán secos, lo que puede contribuir a mayor cantidad y frecuencia de incendios forestales en las zonas boscosas del estado”, añadió el académico de origen cubano.

De este modo, “algunos cultivos podrán verse afectados por tantos meses con temperaturas por encima de los valores normales para el período que se analiza. En marzo y abril persistirán las inversiones térmicas, por lo que se presentarán una buena cantidad de días con alta polución en el área metropolitana de Guadalajara, y por consiguiente afectaciones a la salud”.

Como los tapatíos lo han confirmado ayer, “en marzo se presentarán algunos episodios de llegada de masas de aire frío y con algunas lluvias”. El contexto es que “el océano Pacífico tropical pasará a un estado neutral desde finales de junio hasta septiembre, en que existe alguna probabilidad de que comience un episodio La Niña, aunque actualmente hay incertidumbre con este pronóstico”.

Por regiones, pronosticó que “las precipitaciones estarán por debajo de lo normal en zonas de Los Altos y la porción oriental de La Ciénega. Y más abundantes en el Centro, El Norte y La Costa”, lo que además de propiciar cosechas ubérrimas, permite atisbar problemas graves con inundaciones en los centros urbanos.

Posesionarios de Huajimic se manifestaron en Tepic

Aseguran detentar la zona con títulos de propiedad datados desde 1906; dicen que hay “intereses oscuros” detrás de los aborígenes y que la devolución arruinaría un emporio ganadero.

Agustín del Castillo / Guadalajara. MILENIO JALISCO.  

Posesionarios de Huajimic, el predio de diez mil hectáreas que los tribunales agrarios están regresando progresivamente a sus propietarios originales, los wixaritari (huicholes) de Wuaut+a (San Sebastián Teponahuaxtlàn), tomaron las calles de Tepic, Nayarit, en reclamo del “respeto a la propiedad privada” que aseguran detentar desde 1906… casi dos siglos después de los títulos del rey Felipe V a la comunidad indígena.


La protesta en las calles de la capital nayarita se dio al mediodía del pasado 7 de marzo; los voceros del grupo aseguraron que no son simples posesionarios sino que tienen escrituras que acreditan su propiedad de los terrenos, y descalificaron la restitución a favor de los aborígenes de la sierra por considerarla un acto de populismo gubernamental; que detrás de los huicholes hay intereses oscuros –incluso grandes mineras, aunque las zonas históricas de la minería se ubican al sur de la demarcación: La Yesca y Bolaños-, y que cederles las tierras las lleva a estas a la ociosidad: “la prueba es lo que pasó en Puente de Camotlán; se los regresaron, habían sido ranchos muy prósperos y ahora están en total abandono…”.


O sea, la pequeña propiedad se legitima por títulos… o por usufructo. “Si el gobierno o la autoridad quieren darles nuestras tierras a los indígenas, que lo hagan, pero que nos las compre a un precio justo”, dijo el vocero de los manifestantes, Ignacio Gamboa Juárez, de acuerdo a testimonios publicados por los diarios Meridiano Nayarit y el sitio web Nayarit me gusta.


Los manifestantes recorrieron las principales calles de la capital, y entregaron sus demandas por escrito tanto en el palacio de gobierno como en el Congreso del estado, en exigencia de que se revisen los asuntos y se llegue a indemnizaciones justas. Otro sitio que visitaron fue el tribunal unitario agrario 56, el cual tiene la misión de ejecutar las once sentencias firmes que ya se han emitido, aunque el número total de fracciones de Huajimic asciende a 45.


Este conflicto ha sido inscrito en el Programa de Atención a Conflictos Sociales en Medio Rural (Cosomer), pero hasta la fecha no ha derivado en la integración masiva de expedientes para indemnización, aunque según la delegación Nayarit de la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (Sedatu) asegura existe un avalúo que sería la base de los pagos. No hay, sin embargo, alguna partida presupuestal para atender el problema. Los indígenas han ganado los juicios porque demostraron mejor derecho con la antigüedad de sus títulos, además que de acuerdo al artículo 27 constitucional, son derechos que no prescriben pese a la pérdida de posesión, a diferencia de los títulos de propiedad privada.

Tribunal golpea al maíz transgénico

En juicio de amparo, ordena a la Sagarpa no emitir permisos para siembras de maíces transgénicos por el riesgo para 200 razas de maíz criollo mexicano, mientras desahoga juicio

Agustín del Castillo / Guadalajara. MILENIO JALISCO. 

El eslogan “sin maíz no hay país” tuvo eco en la decisión que dio a conocer hoy el Segundo Tribunal Unitario en materias Civil y Administrativa, encabezado por el magistrado federal, Benjamín Soto Sánchez, quien en segunda instancia corrigió al juez XII de distrito y otorgó “suspensión definitiva”  que exige a la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación (Sagarpa) “abstenerse de otorgar permisos de liberación o siembra de maíz transgénico hasta que se resuelva en definitiva el juicio colectivo promovido por científicos, especialistas y campesinos”, de acuerdo a un comunicado que estos colectivos difundieron esta tarde.

 Detallan: “Con esta resolución se revoca la decisión del Juzgado federal Décimo Segundo de Distrito en materia Civil, que el pasado agosto había negado la suspensión definitiva de siembra de transgénicos. A pesar de aquella decisión la suspensión de siembra permaneció vigente en su carácter provisional debido a la impugnación que inmediatamente presentó la Colectividad del Maíz. Hoy, podemos afirmar que la medida precautoria de suspensión es definitiva hasta que resuelva el juicio colectivo o algún juicio de amparo”, informaron la representante común de la colectividad, Adelita San Vicente Tello y el representante legal, René Sánchez Galindo.

 “Los científicos y especialistas que firman y encabezan la demanda colectiva actúan sin conflicto de interés, puesto que no dependen ni tienen relación alguna con las empresas trasnacionales. Los científicos demandantes son Antonio Turrent Fernández, en agronomía; Víctor Manuel Toledo, en el área socio ambiental; en las materias de antropología, historia y cultura, Julio Glockner y Narciso Barrera Bassols; en ética y patrimonio gastronómico, Raúl Hernández Garciadiego; en el área de derechos humanos, Miguel Concha Malo, director del centro Fray Vitoria; y en el ámbito de patrimonio alimentario, Luciano Concheiro y Patricia Moguel”, refiere el comunicado.

 Las empresas trasnacionales demandadas desde de julio de 2013 son Monsanto, Syngenta, Pioneer - Dupont y Dow, pero como era materia de amparo, se debió demandar a la autoridad en el tema: la Sagarpa, y de forma asociada, la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat).

 “La sentencia del magistrado Soto Sánchez establece que en el juicio de acción colectiva quedó demostrada la presencia ilícita de transgénicos en cultivos de maíces nativos, por lo que podemos afirmar que los demandantes comprobaron que se han violado las leyes mexicanas e internacionales. Por ello, con la sentencia de apelación no se podrán otorgar permisos de siembra de transgénicos en fase comercial”, advierten.

A juicio del colectivo, se trata de “doble triunfo”, dado que “la sentencia del tribunal de apelación federal otorgó otra victoria a los científicos, puesto que si hubiere siembras experimentales estarán sujetas al control y evaluación mensual que llevarán a cabo tanto el juez federal como los científicos que ganaron esta batalla legal”.

Los resultados de las siembras experimentales que se otorgaron en 2009 “nunca fueron objeto del escrutinio público; en cambio, ahora con la sentencia judicial se podrá evaluar mensualmente si se cumplen las medidas de contención y su eficacia, pudiendo el juez de oficio o a petición de los científicos, revocar los permisos experimentales que estuvieren vigentes”.

Además, “los transgénicos que pretendan sembrarse experimentalmente y que utilicen el herbicida glifosato, estarán sujetos a control judicial y de los científicos demandantes”. Recientemente, el coordinador nacional de la Comisión Nacional para Uso y Conocimiento de la Biodiversidad (Conabio), José Sarukhán Kermez, advirtió que en el caso del maíz y otros cultivos que fueron domesticados en Mesoamérica, el riesgo de los transgénicos es elevado y México estaría obligado a defender su patrimonio genético